RuleX

Jurisprudencia › Consejo de Estado › Radicado 11001-03-15-000-2025-05325-00

Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-05325-00

Fecha
25 de septiembre de 2025
Consejero ponente
Claudia Rodríguez Velásquez

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-05325-00

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

FALLA 1. Negar la solicitud de desvinculación invocada por el municipio de Yopal (Casanare), de conformidad a lo expuesto. 2. Declarar improcedente la acción de tutela en relación con el cargo denominado decisión incongruente y extrapetita, por las razones expuestas. 3. Negar las demás pretensiones de la acción de tutela interpuesta por la señora Rocío del Socorro Martínez Prieto. 4. En caso de no ser impugnada la presente providencia, enviar a la Corte Constitucional para su eventual revisión. 5. Notificar a las partes por el medio más expedito posible. 6. Publicar la presente providencia en la página web del Consejo de Estado.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2025-05325-00

Consejero ponente: Claudia Rodríguez Velásquez

25 de septiembre de 2025

Radicado: 11001-03-15-000-2025-05325-00
Demandante: Rocío del Socorro Martínez Prieto

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA

CONSEJERO PONENTE: CLAUDIA RODRÍGUEZ VELÁSQUEZ

Bogotá D.C., veinticinco (25) de septiembre de dos mil veinticinco (2025)

Referencia: Acción de tutela
Radicación: 11001-03-15-000-2025-05325-00
Demandante: Rocío del Socorro Martínez Prieto
Demandado: Tribunal Administrativo de Casanare

Tema: Tutela contra providencia judicial, medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho, retiro del servicio por abandono del
cargo.

SENTENCIA PRIMERA INSTANCIA

La Sala decide la acción de tutela interpuesta, en nombre propio, por la señora Rocío
del Socorro Martínez Prieto contra el Tribunal Administrativo de Casanare, de
conformidad con lo establecido en el artículo 1° del Decreto 333 de 2021.

I. ANTECEDENTES

1. Pretensiones

El 27 de agosto de 2025, la señora Rocío del Socorro Martínez Prieto presentó acción
de tutela contra la referida autoridad judicial, por estimar vulnerados los derechos
fundamentales al debido proceso, al trabajo, a la estabilidad laboral, la igualdad y de
acceso a la administración de justicia. En consecuencia, formuló las siguientes
pretensiones:

«1. Que se amparen los derechos fundamentales de la señora Rocío Socorro Martínez
Prieto al debido proceso, al trabajo, a la igualdad y al acceso a la justicia.

2. Que se dejen sin efectos la sentencia de segunda instancia proferida por el
Tribunal Administrativo de Casanare el 27 de febrero de 2025.

3. Que se ordene mantener los efectos de la sentencia de primera instancia que declaró
la nulidad de las resoluciones 201 de 2018 y 608 de 2018, y en su defecto, que se disponga
la emisión de un nuevo fallo ajustado a los parámetros constitucionales.

4. Que se ordene al Municipio de Yopal adoptar las medidas necesarias para garantizar la
estabilidad laboral y la protección de los derechos de la accionante»

2. Hechos

De la lectura del expediente, se advierten como hechos relevantes los siguientes:

Actuación administrativa que dio lugar al proceso de nulidad y restablecimiento
del derecho

El 4 de abril de 1994, la señora Rocío del Socorro Martínez Prieto ingresó a trabajar
en la planta de personal de la alcaldía de Yopal (Casanare), en el cargo de auxiliar
administrativo código 407, grado 03.
1
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601-350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 11001-03-15-000-2025-05325-00
Demandante: Rocío del Socorro Martínez Prieto

Mediante Resolución 201 del 13 de abril de 2018, el alcalde de Yopal declaró vacante
el empleo de auxiliar administrativo código 407, grado 03 de la planta de empleos de
la alcaldía, por abandono injustificado del cargo de la empleada Rocío del Socorro
Martínez Prieto y dispuso su retiro del servicio.

La señora Martínez Prieto interpuso recurso de reposición contra la anterior decisión,
el cual se resolvió de manera desfavorable en Resolución 608 del 26 de noviembre
de 2018.

Medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho

La señora Rocío del Socorro Martínez Prieto promovió medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho contra el municipio de Yopal, con el fin de que se
declarara la nulidad de las Resoluciones 201 del 13 de abril de 2018 y 608 del 26 de
noviembre de 2018, en las cuales se declaró la vacancia del cargo y se dispuso su
retiro del servicio y, como consecuencia, solicitó su reintegro y pago de salarios y
prestaciones.

El Juzgado Segundo Administrativo de Yopal, en sentencia del 9 de septiembre de
2024, declaró la nulidad de los actos administrativos demandados y, como
restablecimiento del derecho, ordenó la suspensión temporal de la demandante y el
pago de aportes al sistema de seguridad social.

Lo anterior al considerar que, en el caso concreto se configuraba una causal de
suspensión, porque la demandante se encontraba inmersa en un proceso penal, en el
que se dictó medida de aseguramiento, situación de la cual tenía conocimiento la parte
demandada. Que no se ordenaba el reintegro al cargo, porque el proceso penal no
había concluido, por lo tanto, lo procedente era ordenar que se expidiera acto
administrativo de suspensión temporal en el cargo, mientras se definía la situación de
la demandante en cuanto a la responsabilidad penal.

El municipio de Yopal y el Ministerio Público interpusieron recurso de apelación contra
la anterior decisión. El primero indicó que el a quo hizo una indebida valoración
normativa, al concluir que debía operar una causal de suspensión, cuando era claro
que se configuraba una de declaración en vacancia en contra de la demandante y, el
segundo señaló que, no se valoraron en debida forma las pruebas, pues se evidenció
que desde antes de que se hiciera efectiva la medida de aseguramiento a la actora
había dejado de presentarse en el lugar de trabajo, que «(…) no fue en virtud de la orden
de captura levantada en su contra, sino que, su acción se debía a querer ocultarse de las
autoridades, razón insuficiente para justificar su no comparecencia al trabajo con la convicción
errada de que su conducta constituía una justa causa».

El Tribunal Administrativo de Casanare, en sentencia del 27 de febrero de 2025,
revocó la providencia de primera instancia y, en su lugar, negó las pretensiones de la
demanda, al considerar que el municipio de Yopal adelantó la actuación administrativa
para determinar la configuración del abandono del cargo de la actora, conforme con
las disposiciones del CPACA y la jurisprudencia desarrollada sobre el tema.

Que, la demandante no expuso ninguna justificación para haberse ausentado de sus
labores, más que la intención de impedir que se materializara una orden de captura
en su contra, conducta evasiva al deber de colaborar con la administración de justicia
y contraria al débito de responsabilidad, que no puede generar derecho en su favor.
Que, en esa medida, al tratarse de un procedimiento sumario y no disciplinario, no se

2
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601-350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 11001-03-15-000-2025-05325-00
Demandante: Rocío del Socorro Martínez Prieto

advirtió alguna irregularidad que conllevara a declarar la nulidad de los actos
demandados.

3. Argumentos de la acción de tutela

La parte actora aseguró que, la autoridad judicial accionada incurrió en defecto
sustantivo, porque aplicó de manera errónea la figura del abandono de cargo,
prevista en los artículos 41 de la Ley 909 de 2004 y 2.2.11.1.9 del Decreto 1083 de
2015, pues no valoró la existencia de una justa causa plenamente acreditada, esto es,
la vinculación a un proceso penal con medida restrictiva.

Que, la Corte Constitucional en las sentencias C-1189 de 2005, T-1263 de 2001,
precisó que el retiro por abandono exige ponderar la causa de la ausencia. Que, en el
caso concreto, la accionante solicitó licencia no remunerada y aportó constancias del
proceso penal que impedían su asistencia, lo que constituía una causa objetiva y
razonable que debía ser analizada. Que, ignorar estas circunstancias constituye un
error sustantivo en la aplicación del derecho.

Aseveró que la sentencia acusada ignoró la irregularidad advertida por el juez de
primera instancia, consistente en que el ente territorial omitió el procedimiento
señalado en los artículos 34 y siguientes del CPACA, al no expedir auto de inicio, no
garantizar descargos ni contradicción probatoria, lo cual denominó un defecto
procedimental.

Por otra parte, señaló que se configuró un defecto fáctico, porque se desconocieron
las siguientes pruebas: (i) la solicitud de licencia no remunerada del 15 de marzo de
2018; (ii) la constancia judicial de la medida penal restrictiva; (iii) los oficios enviados
por la Administración reconociendo la existencia de un proceso penal en curso. Que,
al desconocer estas pruebas, el Tribunal incurrió en un error manifiesto en la
valoración probatoria.

Que la decisión fue incongruente y extra petita. Que la autoridad judicial accionada
desconoció el núcleo de las pretensiones de la demanda, sustituyendo el debate sobre
la legalidad del acto por un análisis formalista de congruencia. Que, tal desviación
vulnera el principio de justicia material y el acceso a una tutela judicial efectiva.
Aseveró que, la Corte Constitucional en sentencia SU-447 de 2011, precisó que el
principio de congruencia no puede convertirse en un formalismo vacío que anule el
deber del juez de garantizar la justicia material. Que, en este caso, el Tribunal centró
su fallo en un reproche formal al a quo, dejando sin resolver la afectación de derechos
fundamentales de la demandante. Afirmó que, se constituyó un defecto por
incongruencia, pues la sentencia de segunda instancia se apartó de los hechos y
pretensiones de la demanda, resolviendo en sentido contrario a la esencia del litigio.

4. Trámite previo

En auto del 28 de agosto de 2025, el despacho sustanciador admitió la acción de
tutela, ordenó notificar a la parte demandante, a los magistrados integrantes del
Tribunal Administrativo de Casanare, en calidad de demandados, y al Juez Segundo
Administrativo de Yopal y al municipio de Yopal, en calidad de terceros con interés en
el proceso.

5. Oposición

El Tribunal Administrativo de Casanare guardó silencio.

3
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601-350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 11001-03-15-000-2025-05325-00
Demandante: Rocío del Socorro Martínez Prieto

6. Intervención de los terceros con interés

El Juzgado Segundo Administrativo de Yopal pidió que se declarara improcedente
la acción de tutela de la referencia, porque no se cumple con el requisito general de
relevancia constitucional, toda vez que, las pretensiones están orientadas a constituir
una tercera instancia del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho.

Luego de relatar las actuaciones dadas en primera instancia dentro del proceso de
nulidad y restablecimiento del derecho adelantado por la actora contra el municipio de
Yopal, indicó que en el trámite no se vulneraron los derechos deprecados por la actora
ni evidencian una irregularidad procesal, por el contrario, la decisión adoptada por el
Tribunal, en segunda instancia, atendió a las garantías del debido proceso y analizó,
entre otras cosas -, « i) la suspensión del ejercicio del cargo público, ii) Los presupuestos de
la vacancia por abandono del cargo, como sustento a la decisión al final adoptada, sin que se
avizore o vislumbre al menos tenuemente amenaza o vulneración de derecho fundamental
individual alguno de la accionante.»

Que los argumentos propuestos por la tutelante son propios del proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho, por lo tanto, la acción de tutela no es el escenario para
entrar a debatir aspectos que ya fueron analizados por el juez natural del asunto.

El municipio de Yopal solicitó que se declarara su falta de legitimación en la causa
por pasiva, toda vez que no ha vulnerado derechos fundamentales de la parte actora,
ni es la llamada a atender las pretensiones de la acción de tutela, pues se está
cuestionando una providencia judicial en la cual no tuvo injerencia.

Precisó que, el ente territorial actuó conforme con la normatividad vigente, con la
expedición de los actos administrativos pertinentes y observó los procedimientos
legales establecidos. Que, la acción de tutela carece de sustento fáctico y jurídico,
toda vez que, la accionante no acreditó afectación cierta, actual o inminente de
derechos fundamentales que justifique la intervención del juez constitucional.

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

La acción de tutela está consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política,
reglamentado por el Decreto 2591 de 1991, que en el artículo 1.º establece: “Toda
persona tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces, en todo momento y lugar, mediante
un procedimiento preferente y sumario, por sí misma o por quien actúe en su nombre, la protección
inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales, cuando quiera que estos resulten
vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública o de los
particulares en los casos que señala este decreto”.

Esta acción procede cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa
judicial, salvo que se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio
irremediable.

Acción de tutela contra providencias judiciales

En cuanto a la acción de tutela como mecanismo para controvertir providencias
judiciales, se precisa que, de manera excepcional, se reconoce la procedencia cuando
se advierte la afectación manifiesta de los derechos constitucionales fundamentales.

La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, en sentencia
de 31 de julio de 2012, Exp. 2009-01328-01, aceptó la acción la tutela contra
4
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601-350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 11001-03-15-000-2025-05325-00
Demandante: Rocío del Socorro Martínez Prieto

providencia judicial y acogió el criterio de la procedencia excepcional1, para lo cual
aplicó la metodología desarrollada por la Corte Constitucional en la sentencia C-590
de 2005 para estudiar si, en un caso concreto, procede o no el amparo solicitado,
mediante el empleo de las causales generales2 y específicas3 de procedencia de la
acción de tutela.

Problema jurídico

Mediante el ejercicio de la presente acción la señora Rocío del Socorro Martínez Prieto
pretende que se deje sin efecto la sentencia del 27 de febrero de 2025, en la cual el
Tribunal Administrativo de Casanare revocó la decisión de primera instancia y, en su
lugar, negó las pretensiones de la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho,
que promovió contra el municipio de Yopal por declarar la vacante el empleo de
auxiliar administrativo código 407, grado 03 que ocupaba en la planta de empleos de
la alcaldía, por abandono injustificado del cargo y disponer su retiro del servicio.

A juicio de la parte actora, la autoridad judicial accionada incurrió en defectos
sustantivo, procedimental, fáctico y constituye una decisión incongruente y extra
petita.

La Sala anticipa que la acción de tutela se declarara improcedente respecto al cargo
denominado decisión incongruente y extrapetita, porque no cumple con el requisito
general de subsidiariedad y se negaran las demás pretensiones del recurso de
amparo por no configurarse los defectos invocados.

De manera previa se hará referencia a la falta de legitimación en la causa por pasiva
invocada por el municipio de Yopal.

Falta de legitimación en la causa por pasiva

En relación con la solicitud de declarar la falta de legitimación en la causa por pasiva
planteada por el municipio de Yopal, se aclara que dicho ente territorial estaba
vinculado al presente trámite constitucional en calidad de tercero con interés, dado
que fue demandado en el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho en el cual
se emitió la sentencia cuestionada, lo que justifica su vinculación. Por lo tanto, se
negarán la solicitud.

Del requisito de subsidiariedad4 frente al cargo denominado decisión
incongruente y extrapetita
1
La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo y las distintas Secciones que la componen, antes y después del pronunciamiento
de 29 de junio de 2004 (Expediente AC-10203), han abierto paso la acción de tutela, de manera excepcional, cuando se ha
advertido la vulneración de derechos constitucionales fundamentales. De ahí que en esa oportunidad - sentencia de 31 de julio
de 2012 - se admita, que debe acometerse el estudio de fondo, cuando se esté en presencia de providencias judiciales que
resulten violatorias de derechos fundamentales, observando al efecto los parámetros fijados hasta el momento
jurisprudencialmente. (Se destaca)
2
Causales genéricas de procedibilidad o requisitos generales de procedencia de la tutela contra providencia judicial son: (i) Que
la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia constitucional; (ii) Que se hayan agotado todos los medios ordinarios y
extraordinarios de defensa judicial al alcance de la persona afectada, salvo que se trate de evitar la consumación de un perjuicio
iusfundamental irremediable; (iii) Que se cumpla con el requisito de la inmediatez; (iv) Cuando se trate de una irregularidad
procesal ésta debe tener un efecto determinante en la sentencia que se impugna y afectar los derechos fundamentales de la
parte actora; (v) Que la parte actora identifique de manera razonable tanto los hechos que generaron la vulneración como los
derechos que se transgredieron y que tal vulneración hubiere sido alegada en el proceso judicial siempre que esto hubiere sido
posible y, (vi) Que no se trate de sentencias de tutela.
3
La configuración de una causal especial de procedibilidad, supone que la providencia controvertida haya incurrido en alguno de
los siguientes defectos: (i) orgánico; (ii) procedimental absoluto; (iii) fáctico, (iv) material o sustantivo; (v) error inducido; (vi)
decisión sin motivación; (vii) desconocimiento del precedente constitucional que establece el alcance de un derecho fundamental
y, (viii) violación directa de la Constitución.
4
La subsidiariedad consiste en impedir que la acción de tutela, que tiene un campo restrictivo de aplicación, se convierta en un
mecanismo principal de protección de los derechos fundamentales, pues eso sería tanto como desconocer que la Constitución y
la ley estipulan una serie de mecanismos judiciales igualmente eficaces e idóneos para garantizar el ejercicio pleno de los
derechos.
5
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601-350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 11001-03-15-000-2025-05325-00
Demandante: Rocío del Socorro Martínez Prieto

La señora Rocío del Socorro Martínez Prieto aseguró que el Tribunal Administrativo
de Casanare al negar las pretensiones del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho que promovió contra el municipio de Yopal incurrió en
una decisión incongruente y extrapetita, porque considera que remplazó el estudio de
legalidad que debió efectuar por un enfoque formalista sobre la congruencia, lo cual
vulnera el principio de justicia material y el acceso a una tutela judicial efectiva.

Además, citó la sentencia SU-447 de 2011 de la Corte Constitucional, que establece
que el principio de congruencia no debe ser un formalismo vacío que impida garantizar
la justicia material. Que, en este caso, el Tribunal se centró en un reproche formal al
fallo de primera instancia, sin abordar la afectación de los derechos fundamentales de
la demandante, generando un defecto por incongruencia al resolver en sentido
contrario a las pretensiones y hechos del litigio.

Sin embargo, la Sala advierte que en el presente caso, la situación descrita por la
actora en la acción de tutela puede controvertirse en ejercicio del recurso
extraordinario de revisión, bajo la causal prevista en el numeral quinto del artículo 250
del CPACA, según la cual la nulidad que se configure en la sentencia que puso fin al
proceso y contra la que no procede recurso de apelación.

Debe precisarse que, el Consejo de Estado ha previsto que la causal de nulidad
originada en la sentencia también comprende la violación al principio de congruencia,
así:

«Ahora bien, la causal quinta del artículo 250 del CPACA también comprende la violación
del principio de congruencia cuando al accionado es condenado por cantidad superior, o
por objeto distinto del pretendido en la demanda o por causa diferente a la invocada en
ésta; también se configura en el evento que la sentencia no se pronuncie sobre todos los
puntos litigiosos objeto del debate (cifra petita)» 5

De lo anterior, la Sala concluye que frente al cargo invocado, no se cumple con uno
de los requisitos de procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial, esto
es, que se agoten en debida forma los medios de defensa que la demandante tiene a
su alcance para que le sean protegidos los derechos fundamentales que considera
vulnerados, porque el recurso extraordinario de revisión es el mecanismo legal, idóneo
y eficaz para cuestionar si la sentencia cuestionada constituye una decisión
incongruente o si decidió más allá de lo solicitado.

En esa medida, se declarará improcedente la acción de tutela respecto del cargo
denominado decisión incongruente y extrapetita, por no cumplir con el requisito
general de subsidiariedad.

Por lo tanto, la sala pasa a estudiar el cumplimiento de los requisitos generales de
procedibilidad respecto de los defectos sustantivo, procedimental y fáctico invocados.

(i) Del cumplimiento de los requisitos generales de procedencia de la acción de
tutela en el presente caso

No en vano los artículos 86 de la Constitución Política y el 6, numeral 1, del Decreto 2591 de 1991 prevén como causal de
improcedencia de la acción de tutela la existencia de otros medios de defensa para la protección de los derechos invocados. De
manera que la acción de tutela sólo puede utilizarse cuando se han agotado los mecanismos de protección que el ordenamiento
jurídico ha dispuesto para la protección idónea y eficaz de los derechos fundamentales.
Entonces, para que el juez estudie una solicitud de tutela, el interesado debe, por lo menos, probar que se agotaron los recursos
que tenía a su disposición, pues, de lo contrario, la tutela deviene improcedente. El requisito de subsidiariedad no solo involucra
la interposición de los recursos que proceden, sino también que en éstos se cuestionen las decisiones que, en concreto, se
atacan en la acción de tutela.
5
Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 7 de septiembre de 2018, Rad. REV 2014- 00440-00.
6
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601-350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 11001-03-15-000-2025-05325-00
Demandante: Rocío del Socorro Martínez Prieto

(i) Requisito general de relevancia constitucional: La Sala anota que la acción de tutela
cumple con el referido requisito general porque la parte actora invoca la protección de
los derechos fundamentales al debido proceso, al trabajo, a la estabilidad laboral, la
igualdad y de acceso a la administración de justicia; se sustentan con suficiencia las
razones por las que la decisión judicial cuestionada afecta dichos derechos, no se
trata de un asunto de mera legalidad o económico y los cuestionamientos tienen que
ver con la ratio decidendi de la sentencia. Tampoco se emplea como una instancia
adicional, porque en primera instancia se había accedido a las pretensiones de la
demanda y fue con ocasión a la providencia acá cuestionada que se desestimaron los
cargos propuestos de la parte actora respecto de los actos demandados.

Además, en caso de que se configure alguno de los requisitos especiales de tutela
contra providencia judicial se estaría afectando el derecho al trabajo de la parte actora,
en la medida en que la decisión cuestionada implica mantener incólume la decisión
de retirarla del cargo que ocupaba en carrera en la planta de personal del municipio
de Yopal.

Se cumple con el (ii) Requisito general de subsidiariedad, porque los argumentos
invocados no se enmarcan en las causales del recurso extraordinario de revisión o de
algún otro medio de defensa idóneo para la defensa de los derechos que invoca
vulnerados. En igual sentido, el (iii) Requisito general de inmediatez se satisface,
pues, el ejercicio de la presente acción de tutela resulta oportuno toda vez que la
sentencia de segunda instancia que se cuestiona por esta vía fue proferida el 27 de
febrero de 2025, notificada por correo electrónico del 3 de marzo del mismo año y el
ejercicio de acción de tutela tuvo lugar el 27 de agosto de 2025.

En lo demás, la Sala encuentra que se encuentran satisfechos los requisitos generales
de procedencia, si se tiene en cuenta que la parte actora: (iv) alega una irregularidad
que genera un efecto determinante y afecta los derechos fundamentales invocados;
(v) identificó de manera razonable los hechos que generaron la vulneración y, (vi) no
se está cuestionando sentencias de tutela.

Del defecto sustantivo6 en el caso concreto

La señora Rocío del Socorro Martínez Prieto asegura que el Tribunal Administrativo
de Casanare vulneró sus derechos fundamentales al proferir la sentencia del 27 de
febrero de 2025, en la cual revocó el fallo proferido por el Juzgado Segundo
Administrativo de Yopal y, en su lugar, negó las pretensiones de la demanda de
nulidad y restablecimiento del derecho, en la cual solicitó que se dejaran sin efecto los
actos administrativos en los cuales la alcaldía de Yopal declaró la vacancia del empleo
de auxiliar administrativo código 407, grado 03 que ocupaba en propiedad, por
abandono injustificado del cargo y dispuso su retiro del servicio.

6
Como lo ha reiterado esta Sala, en los términos de la sentencia T – 1009 de 2000 de la Corte Constitucional, se presenta el denominado
defecto sustantivo cuando la decisión judicial es proferida con fundamento en una norma claramente inaplicable al caso concreto, ya sea
porque perdió vigencia, porque su aplicación resulta del todo inconstitucional o, porque su contenido no guarda relación de conexidad
material con los presupuestos de hecho a los cuales se ha aplicado. Sin embargo, para que se predique tal defecto es preciso tener en
cuenta que la acción de tutela no puede interponerse para controvertir la razonable interpretación de una norma legal o reglamentaria, en
razón de que los jueces son autónomos para escoger entre diversas interpretaciones de una disposición legal, la que consideren más
acorde con el ordenamiento jurídico (art. 230 de la Constitución Política).
Para la Corte Constitucional, una providencia judicial adolece de un defecto sustantivo cuando: (i) la norma aplicable al caso es claramente
inadvertida o no tenida en cuenta por el fallador, (ii) a pesar del amplio margen interpretativo que la Constitución le reconoce a las
autoridades judiciales, la aplicación final de la regla es inaceptable por tratarse de una interpretación contraevidente (interpretación contra
legem) o claramente perjudicial para los intereses legítimos de una de las partes (irrazonable o desproporcionada), y, finalmente, (iii)
cuando el fallador desconoce las sentencias con efectos erga omnes tanto de la jurisdicción constitucional como de la jurisdicción de lo
contencioso administrativo, cuyos precedentes se ubican en el mismo rango de la norma sobre la que pesa la cosa juzgada respectiva
(Sentencia T – 462 de 2003, Corte Constitucional).
7
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601-350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 11001-03-15-000-2025-05325-00
Demandante: Rocío del Socorro Martínez Prieto

Adujo que se incurrió en un defecto sustantivo, por indebida aplicación de los artículos
417 de la Ley 909 de 2004 y 2.2.11.1.98 del Decreto 1083 de 2015, sobre abandono
del cargo, pues, a su juicio, existía una causa justa por las cuales se ausentó del lugar
de trabajo, consiste en el proceso penal con medida restrictiva en su contra. Además,
señaló que en sentencias C-1189 de 2005, T-1263 de 2001, la Corte Constitucional
precisó que el retiro por abandono exige ponderar la causa de la ausencia. Que, en
su caso, solicitó licencia no remunerada y aportó constancias del proceso penal que
impedían su asistencia, lo que constituía una causa objetiva y razonable que debía
ser analizada.

Sin embargo, la Sala encuentra que no se configuró el defecto sustantivo alegado,
pues la autoridad judicial accionada hizo una análisis detallado de: (i) la suspensión
del ejercicio del cargo público; y, (ii) los presupuestos de la vacancia por abandono
del cargo, en donde estudió la situación de la actora, esto es, el tiempo en que se
ausentó del servicio y las circunstancias que rodearon el caso, para determinar si se
encontraba o no justificada la inasistencia al trabajo, como se pasa a explicar:

Al respecto, se advierte que previo a resolver los cargos planteados en el recurso de
apelación, la autoridad judicial accionada se refirió a los supuestos de hecho
acreditados en el proceso, así:

«8.3. Supuestos de hecho relevantes

8.3.1. Antes de desarrollar los cargos planteados, la Sala considera pertinente hacer un
recuento de las situaciones de hecho que demuestran la ausencia de la señora Rocío
Socorro Martínez Prieto de su puesto de trabajo.

8.3.2. La demandante no asistió a su puesto de trabajo los días 12 y 13 de marzo de 2018.
En consecuencia, solicitó, por oficio radicado el 15 de marzo de dicha anualidad, descanso
compensatorio por haber sido jurado de votación.

8.3.3. El mismo 15 de marzo de 2018, la actora solicitó la concesión de licencia no
remunerada entre los días 14 y 23 de marzo de ese año, “a fin de atender asuntos de
carácter personal fuera de esta ciudad”.

8.3.4. Esto refleja que la ausencia de la demandante se prolongó hasta la declaratoria de
vacancia de su empleo.

8.3.5. Se tiene constancia de acta de audiencia adelantada por el Juzgado Segundo Penal
municipal de Yopal, los días 13 y 14 de marzo de 2018, en la que se aprecia que se libró
orden de captura en contra de la señora Rocío Socorro Martínez Prieto, quien no pudo ser
encontrada en su sitio de trabajo y, al allanar su vivienda, tampoco fue hallada.

8.3.6. Por oficio de 2 de abril de 2018, la señora Rocío Socorro Martínez Prieto fue
requerida por el ente territorial, a fin de garantizar su debido proceso y que, en
consecuencia, expusiera los motivos de su inasistencia.

8.3.7. A través de comunicación de 4 de abril de 2018, la demandante se pronunció,
manifestando que se había enterado, desde el 13 de marzo de 2018, de la existencia de
un proceso penal en su contra y que, en razón a la protección de su derecho a la libertad,
no podía concurrir al lugar de trabajo.

7
Artículo 41. Causales de retiro del servicio. «El retiro del servicio de quienes estén desempeñando empleos de libre
nombramiento y remoción y de carrera administrativa se produce en los siguientes casos:
(…)
i) Por declaratoria de vacancia del empleo en el caso de abandono del mismo; (…)»
8
Artículo 2.2.11.1.9 Abandono del cargo. «El abandono del cargo se produce cuando un empleado público sin justa causa:
1. No reasume sus funciones al vencimiento de una licencia, permiso, vacaciones, comisión, o dentro de los treinta (30) días
siguientes al vencimiento de la prestación del servicio militar.
2. Deje de concurrir al trabajo por tres (3) días consecutivos.
3. No concurra al trabajo antes de serle concedida autorización para separarse del servicio o en caso de renuncia antes de
vencerse el plazo de que trata el presente decreto.
4. Se abstenga de prestar el servicio antes de que asuma el cargo quien ha de reemplazarlo.»
8
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601-350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 11001-03-15-000-2025-05325-00
Demandante: Rocío del Socorro Martínez Prieto

8.3.8. Esto conllevó a la expedición de las resoluciones 201 de 13 de abril de 2018 y 608
de 26 de noviembre de 2018, ahora demandadas en este medio de control.

8.3.9. Solo hasta el 7 de mayo de 2018, la demandante fue sometida a medida de
aseguramiento no privativa de la libertad en su lugar de residencia, en la causa judicial
850016109530201500260.»

Descrita la anterior situación, en la providencia acusada entró a determinar si procedía
la suspensión temporal de las funciones como lo concluyó la autoridad judicial de
primera instancia o si resultaba acertada la decisión de la demandada de declarar la
vacancia del empleo por abandono del cargo. Para el efecto indicó:

«8.5.1. A juicio del a quo, los actos demandados estaban viciados de nulidad porque el
municipio de Yopal no podía declarar vacante el cargo de la señora Rocío Socorro
Martínez Prieto, sino que debía acudir a la figura de la suspensión temporal, conforme a
lo previsto en el Título V del Capítulo 5, Decreto 1083 de 2015, por cuanto la demandante
se encontraba inmersa en un proceso judicial.

(…)
8.5.3. El artículo 2.2.5.5.47. del Decreto 1083 de 2015, preceptúa que:

“La suspensión provisional consiste en la separación temporal del empleo que se ejerce como
consecuencia de una orden de autoridad judicial, fiscal o disciplinaria, la cual deberá ser
decretada mediante acto administrativo motivado y generará la vacancia temporal del empleo.

El tiempo que dure la suspensión no es computable como tiempo de servicio para ningún efecto y
durante el mismo no se cancelará la remuneración fijada para el empleo. No obstante, durante este
tiempo la entidad deberá seguir cotizando al Sistema Integral de Seguridad Social, en la proporción
que por ley le corresponde” (resaltado fuera de texto).

8.5.4. Sin necesidad de elaborar amplias elucubraciones al respecto, es claro que el
supuesto que la norma prevé no depende del conocimiento o no del municipio encartado
respecto de la existencia de un proceso penal que se adelantaba en contra de la señora
Rocío Socorro Martínez Prieto, sino que debía emanar de orden de la autoridad judicial,
para el caso particular, pues, de lo contrario, el municipio de Yopal actuaría contra legem,
lo que sí hubiera dado lugar a causal de nulidad.

8.5.5. Además, la acá demandante solo suscribió diligencia de compromiso para acatar
medida de aseguramiento (no privativa de la libertad), hasta el 7 de mayo de 2018; si no
asistió a su lugar de trabajo anteriormente, fue únicamente con la intención de no ser
capturada y puesta a disposición de la autoridad competente.

8.5.6. Por tanto, al plenario no se aportó oficio, auto o decisión de la autoridad judicial que
ordenara la suspensión provisional del cargo que ostentaba la señora Rocío Socorro
Martínez Prieto, por lo que el a quo incurrió en una interpretación errónea de la norma
sustantiva, fuera del marco de los cargos de la demanda y de sus pretensiones, y sin
prueba idónea para la configuración de la causal de suspensión, por lo que las razones
que le llevaron a declarar la nulidad de los actos demandados no resulta acertada para
resolver el caso concreto.»

De lo anterior, no se advierte que la autoridad judicial accionada haya incurrido en el
defecto sustantivo alegado por la actora, lo que se advierte es su inconformidad con
la valoración probatoria desplegada en el caso concreto, porque a juicio de la
demandante el hecho de tener un proceso penal en contra en la cual se declaró una
medida privativa de la libertad constituía una razón justificable para su ausencia del
trabajo.

Sin embargo, del contenido de la providencia, se evidencia que la accionada hizo un
análisis más detallado, en el que puso de presente que la ausencia de la actora al
trabajo se dio mucho antes de imponerse la medida de aseguramiento, pues no se
presentó en el lugar de trabajo desde el 12 de marzo de 2018, razón por la que, el 2

9
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601-350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 11001-03-15-000-2025-05325-00
Demandante: Rocío del Socorro Martínez Prieto

de abril de ese mismo año, fue requerida por para justificar su inasistencia y la medida
de aseguramiento fue impuesta hasta el 7 de mayo de ese año.

Tal y como refirió el tutelante la Corte Constitucional ha previsto que, para aplicar la
causal de retiro del servicio, por declaratoria de vacancia del empleo en el caso de
abandono del mismo, prevista en el literal i) del artículo 41 de la Ley 909 de 2004,
«(…) es requisito indispensable que se dé cumplimiento al procedimiento establecido en el
inciso primero del artículo 35 del Código Contencioso Administrativo para la expedición de
cualquier acto administrativo de carácter particular y concreto, esto es, que se permita al
afectado el ejercicio de su derecho de defensa, previa la expedición del acto administrativo
que declare el retiro del servicio.»

Al respecto, encuentra la Sala que en la providencia cuestionada, el Tribunal indicó:

«8.6.6. En este orden de ideas, la Sala destaca que:

• La señora Rocío Socorro Martínez Prieto se ausentó de su lugar de trabajo a
partir del 12 de marzo de 2018, hasta la declaratoria de vacancia por Resolución
201 de 13 de abril de 2018.

• Por oficio de 2 de abril de 2018, en vista de que la demandante no se presentó
al sitio de trabajo desde el 12 de marzo de 2018, la Subsecretaria de Talento
Humano, mediante comunicación 1191.202 del 02 de abril de 2018, le informó
sobre el inicio de la actuación administrativa para declarar la vacancia del empleo
por abandono del cargo, y le solicitó que dentro de los tres días siguiente al
recibido de la comunicación sustentara las razones de su ausencia.

• Así procedió la señora Rocío Socorro Martínez Prieto, que remitió el día 4 de
abril respuesta al oficio, del que se transcribe:

“Dando alcance a oficio de la referencia de manera comedida, me permito informar que como es de
conocimiento público y de la administración municipal, desde el 12 de marzo me encuentro inmerso
en una investigación penal, en la cual me pretenden imputar varios delitos, situación de la cual me
entere apenas el día 13 de marzo, en horas de la tarde.

Ahora bien, como la libertad es un bien protegido constitucionalmente debe ser salvaguardado por
encima de cualquier evento, dejo en conocimiento que he estado organizando documentos y demás
pruebas que considero de gran utilidad para ejercer mi defensa y poder demostrar mi inocencia, y
por razones lógicas no puedo asistir a mi sitio de trabajo.

De otra parte, estoy tratando de buscar acercamientos con alguno de mis colegas para que pueda
prestarme acompañamiento y asesoría y que además me represente para ponerme a disposición de
la autoridad que me requiere, labor que ha sido dispendiosa, pues al no contar con los recursos
económicos para sufragar los honorarios, debo buscar quien me colabore por humanidad puesto que
no percibirá honorarios".

8.6.7. Con base en lo anterior, la Sala concluye que el municipio de Yopal, a través de su
dependencia de talento humano, inició actuación administrativa, sumaria, conforme al
CPACA y en concordancia con la jurisprudencia sobre la materia, en primer lugar,
requiriendo a las autoridades judiciales, a fin de conocer la situación de la señora Rocío
Socorro Martínez Prieto.

8.6.8. Posteriormente, configurado el primer elemento normativo del abandono, es decir,
la ausencia de la empleada pública por el término de tres (3) días consecutivos, le requirió
para que ofreciera justificación de su inasistencia, garantizando así el derecho de defensa
y contradicción.

8.6.9. Sin embargo, no se advierte que la señora Rocío Socorro Martínez Prieto expusiere
razonablemente alguna situación que ameritara su ausencia laboral sin configurar
abandono, pues:

• Solicitó disfrute de compensación por los días 13 y 14 de marzo de 2018, por haber sido jurado
de votación, pero la petición se radicó el día 15 del mismo mes y año, es decir, ya luego de los
días no laborados. - Solicitó licencia no remunerada a partir del 14 de marzo de 2018, con oficio
del mismo 15 de ese mes y año, sin que se demostrara que se concedió dicha licencia,
entendiéndose que la demandante se encontraba ausente de sus labores.

10
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601-350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 11001-03-15-000-2025-05325-00
Demandante: Rocío del Socorro Martínez Prieto

• En su respuesta de 4 de abril de 2018 reconoció su vinculación a la causa penal y, además, el
haberse sustraído de la orden de captura emanada de la autoridad, al manifestar que “estoy
tratando de buscar acercamientos con alguno de mis colegas para que pueda prestarme
acompañamiento y asesoría y que además me represente para ponerme a disposición de la
autoridad que me requiere”.

• Adicionalmente, como se demostró al interior del proceso, solo hasta el 7 de mayo de 2018 se
impuso medida de aseguramiento a la demandante, por lo que no podría decirse que operara
alguna medida privativa de la libertad, para el lapso de su ausencia laboral, ni a la fecha de la
Resolución que declaró la vacancia del empleo.

8.6.10. Como puede apreciarse, la señora Rocío Socorro Martínez Prieto no expuso
ninguna justificación para haberse ausentado de sus labores, más que la intención de
impedir que se materializara una orden de captura en su contra, conducta evasiva al deber
de colaborar con la administración de justicia y contraria al débito de responsabilidad, que
no puede generar derecho en su favor.

8.6.11. Por estas razones, siendo este un procedimiento sumario, no disciplinario, y no
haberse advertido irregularidad alguna, como se propuso en la demanda, no se encuentra
razón para declarar la nulidad de los actos administrativos demandados.»

Como se ve, la decisión acusada analizó si se protegió el debido proceso a la actora
dentro del trámite de declaratoria de vacancia del empleo, concluyó que se le
garantizaron los derechos de defensa y contradicción, pues en la oportunidad debida
se le requirió para que justificara la inasistencia al trabajo.

Sin embargo, advirtió que las razones expuestas y las pruebas aportadas no
resultaron suficientes, pues pudo determinar que mucho tiempo antes de la imposición
de la medida privativa la demandante no se presentó a su lugar de trabajo y la única
razón fue evitar la materialización de la orden de captura que pesaba en su contra,
conducta que no podía generar un derecho a su favor.

En conclusión, para la Sala la sentencia cuestionada no involucra defecto sustantivo,
por cuanto las normas en las que el demandante funda esta causal específica se
tuvieron en cuenta al momento de estudiar el caso particular y determinar si dentro del
procedimiento administrativo de declaratoria de vacancia del empleo que
desempeñaba la actora, se configuraron los supuestos de abandono del cargo.

Del defecto fáctico9 en el caso concreto

Ahora, en cuanto al defecto fáctico alegado, la actora aseveró que la autoridad judicial
accionada no tuvo en cuenta las siguientes pruebas que fueron aportadas al proceso
de nulidad y restablecimiento del derecho:

«(…)
• La solicitud de licencia no remunerada del 15 de marzo de 2018;
• La constancia judicial de la medida penal restrictiva;
• Los oficios enviados por la Administración reconociendo la existencia de un proceso
penal en curso. Que, al desconocer estas pruebas, el Tribunal incurrió en un error
manifiesto en la valoración probatoria.»

Sin embargo, la Sala encuentra que las mencionadas pruebas fueron relacionadas en
la providencia acusada en el acápite denominado «8.3. Supuestos de hecho
relevantes», el cual fue transcrito, como se observa en los numerales 8.3.3., 8.3.5.,
8.3.7 y 8.3.9.

9
Respecto del defecto fáctico, la Corte Constitucional en la sentencia T-015 de 2012 señaló que se produce cuando de la actividad probatoria ejercida por el
juez se desprende, -en una dimensión negativa-, que se omitió
la valoración de pruebas determinantes para identificar la veracidad de los hechos analizados por el juez. Esta situación ocurre cuando se produce la negación
o valoración arbitraria, irracional y caprichosa de la prueba, cuando el juez simplemente la ignora u omite, o cuando sin razón valedera da por no probado el
hecho o la circunstancia que de la misma emerge clara y objetivamente.
11
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601-350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 11001-03-15-000-2025-05325-00
Demandante: Rocío del Socorro Martínez Prieto

Además, se evidencia que las mencionadas pruebas fueron valoradas en el desarrollo
del caso concreto, pues como se indicó el análisis del tribunal demandado se centró
en determinar si dada la situación particular de la actora, al estar incursa en un proceso
penal y decretarse una medida privativa, debió declararse la suspensión del
desempeño de las funciones, como concluyó la autoridad judicial de primera instancia,
o si por el contrario, procedía la declaratoria de vacancia del cargo como se determinó
en los actos administrativos demandados.

Resultado del análisis de las pruebas aportadas, la autoridad judicial accionada
concluyó que, la actora «(…) no expuso ninguna justificación para haberse ausentado de
sus labores, más que la intención de impedir que se materializara una orden de captura en su
contra, conducta evasiva al deber de colaborar con la administración de justicia y contraria al
débito de responsabilidad, que no puede generar derecho en su favor.»

La Sala no advierte que la valoración probatoria realizada por el tribunal resulte
contraevidente o desconozca los principios fundamentales de la lógica o la sana
crítica, puesto que resulta razonable concluir que la situación de la demandante no
justificaba su inasistencia al trabajo.

Del defecto procedimental10

Ahora, la señora Martínez Prieto aseveró que, la autoridad judicial accionada incurrió
en defecto procedimental, porque no tuvo en cuenta que el ente territorial al adelantar
el trámite de declaratoria de vacancia del cargo de auxiliar administrativo código 407,
grado 03, desconoció lo previsto en los artículos 34 y siguientes del CPACA, por no
expedir auto de inicio, no garantizar descargos ni contradicción probatoria.

Sin embargo, para la Sala los argumentos expuestos no se enmarcan en un defecto
procedimental, toda vez que lo alegado por la actora no constituye una irregularidad
en el trámite del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho donde se
profirió la providencia cuestionada.

Los alegatos podrían constituir un defecto sustantivo, en la medida en que lleva
implícito el desconocimiento de la disposición dentro del trámite en el que se
profirieron los actos administrativos cuestionados, que fueron inobservados en la
sentencia acusada en el momento de determinar la configuración de la nulidad
propuesta.

Ahora, a la luz de dicho defecto, la Sala no advierte que se haya configurado la
irregularidad planteada por la accionante, pues como se indicó en la sentencia
cuestionada, la declaratoria de vacancia del cargo esta precedido de un procedimiento
administrativo y no constituye un proceso disciplinario. Por esa razón, analizó el
trámite adelantado por la alcaldía de Yopal y concluyó que se garantizó el debido
proceso a la actora, porque una vez se constituyó la ausencia en el trabajo, la requirió
10
El defecto procedimental ocurre cuando el juez actúa completamente al margen del procedimiento establecido, al respecto,
en la sentencia T-310 de 2009 la Corte Constitucional señaló que se trata de un defecto de naturaleza cualificada, que implica
que el trámite judicial “(…) se haya surtido bajo la plena inobservancia de las reglas de procedimiento que le eran aplicables, lo
que ocasiona que la decisión adoptada responde únicamente al capricho y la arbitrariedad del funcionario judicial” . Además, la
desviación del procedimiento debe ser de tal magnitud que afecte los derechos fundamentales de las partes, en especial el
derecho al debido proceso.
Así, se han reconocidos dos modalidades de defecto procedimental, uno absoluto, que se produce cuando el funcionario judicial
se aparta por completo del procedimiento legalmente establecidos para el trámite de un asunto concreto, bien sea porque: i)
sigue un trámite totalmente ajeno al pertinente y en esa medida equivoca la orientación del asunto, u ii) omite etapas sustanciales
del procedimiento establecido, afectando el derecho de defensa y contradicción de una de las partes del proceso. Y un defecto
procedimental por exceso ritual manifiesto, que tiene lugar cuando el funcionario arguye razones formales a manera de un
impedimento, que sobrevienen en una denegación de justicia.
No obstante, en definitiva, el desconocimiento del procedimiento debe tener unos rasgos adicionales para configurar el defecto
bajo estudio: a) debe ser un error trascendente que afecte de manera grave el derecho al debido proceso y que tenga una
influencia directa en la decisión de fondo adoptada y, b) debe ser una deficiencia no atribuible al afectado.
12
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601-350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 11001-03-15-000-2025-05325-00
Demandante: Rocío del Socorro Martínez Prieto

para que justificara su inasistencia, sin que las pruebas o descargos que presentó le
resultaran suficientes y válidos para justificar el abandono del cargo.

Por lo anterior, considera la Sala que no se incurrió en los defectos alegados, toda vez
que se decidió de acuerdo con lo demostrado en el proceso y, el hecho de que la
decisión le fuera desfavorable a la actora, no significa que se haya vulnerado el debido
proceso o algún derecho fundamental.

En el sub lite, no se advierte entonces que el Tribunal Administrativo de Casanare
haya adoptado una decisión arbitraria o caprichosa, ni trasgresora de los derechos
fundamentales cuyo amparo aquí se reclama, luego, corresponde a la Sala negar el
amparo solicitado.

En efecto, en el presente caso la demanda de tutela tiene como fin dejar sin efecto
una decisión que fue adoptada conforme con los parámetros legales y
jurisprudenciales.

En suma, en el presente caso se impone declarar improcedente la acción de tutela en
relación con el cargo denominado decisión incongruente y extrapetita y negar las
demás pretensiones de la acción de tutela interpuesta por la señora Rocío del Socorro
Martínez Prieto.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, por medio de la Sección Cuarta –
Sala de lo Contencioso Administrativo, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la ley,

FALLA

1. Negar la solicitud de desvinculación invocada por el municipio de Yopal (Casanare),
de conformidad a lo expuesto.
2. Declarar improcedente la acción de tutela en relación con el cargo denominado
decisión incongruente y extrapetita, por las razones expuestas.
3. Negar las demás pretensiones de la acción de tutela interpuesta por la señora Rocío
del Socorro Martínez Prieto.
4. En caso de no ser impugnada la presente providencia, enviar a la Corte
Constitucional para su eventual revisión.
5. Notificar a las partes por el medio más expedito posible.
6. Publicar la presente providencia en la página web del Consejo de Estado.

Notifíquese y cúmplase.

La anterior providencia fue considerada y aprobada en la sesión de la fecha.

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
WILSON RAMOS GIRÓN MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO
Presidente

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
LUIS ANTONIO RODRÍGUEZ MONTAÑO CLAUDIA RODRÍGUEZ VELÁSQUEZ
La validez e integridad pueden comprobarse acudiendo a la siguiente dirección electrónica:
https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/documentos/evalidador

13
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601-350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Sigue leyendo

Lee la providencia completa en RuleX

RuleX es la IA para el trabajo legal: inteligencia artificial y software jurídico, todo en una sola plataforma. Crea tu cuenta y RuleX abre esta providencia completa, te explica sus reglas y la lleva a tu escrito con la cita puesta. Siete días de prueba sin tarjeta.