Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-05331-00
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-05331-00
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2025-05331-00
Consejero ponente: Jose Roberto Sachica Mendez
7 de noviembre de 2025
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN A
Consejero ponente: JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ
Bogotá D.C., siete (07) de noviembre de dos mil veinticinco (2025)
Radicación: 11001-03-15-000-2025-05331-00
Demandante: Jorge Alexander Villota Aceros
Demandado: Tribunal Administrativo de Norte de Santander y otros
Referencia: Acción de tutela
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
Temas: ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL / Falta de
relevancia constitucional – tercera instancia.
Surtido el trámite de ley1, sin que se advierta irregularidad que invalide lo actuado,
procede la Sala a dictar sentencia de primera instancia dentro del proceso de amparo
constitucional de la referencia.
I. A N T E C E D E N T E S
A. Demanda y sus fundamentos
1. El 27 de agosto de 2025, el señor Jorge Alexander Villota Aceros instauró acción
de tutela contra el Juzgado Noveno Administrativo del Circuito de Cúcuta, el Tribunal
Administrativo de Norte de Santander y la Policía Nacional, en busca de obtener la
protección de sus derechos fundamentales al debido proceso, igualdad y vida digna.
2. Sostuvo que tales prerrogativas fueron vulneradas con ocasión de las sentencias
del 19 de diciembre de 2022 y 14 de agosto de 2025, proferidas por las autoridades
judiciales accionadas al interior del proceso de nulidad y restablecimiento del
derecho2 que promovió, junto con otras3, en contra de la Nación – Ministerio de
Defensa – Policía Nacional, con el propósito de que se declarara la nulidad del acto
mediante el cual fue retirado del servicio por voluntad de la Dirección General.
3. En la providencia del 14 de agosto de 2025, el Tribunal accionado confirmó la
decisión de primera instancia que negó las pretensiones de la demanda, tras estimar
que el actor no logró desvirtuar la legalidad del acto acusado. La autoridad judicial
1 Cfr. Decreto 1983 de 2017 “Por el cual se modifican los artículos 2.2.3.1.2.1., 2.2.3.1.2.4. y 2.2.3.1.2.5 del
Decreto 1069 de 2015, Único Reglamentario del sector Justicia y del Derecho, referente a las reglas de reparto
de la acción de tutela”.
2 Con radicado número 54001-33-40-009-2016-00627-00/01.
3 María Alejandra Perdomo Córdoba y Nicole Gabriela Villota Perdomo.
Radicación: 11001-03-15-000-2025-05331-00
Demandante: Jorge Alexander Villota Aceros
Demandado: Tribunal Administrativo de Norte de Santander y otros
Referencia: Acción de tutela (sentencia de primera instancia)
consideró que la decisión de retiro del servicio del señor Villota Aceros se ajustó a
los criterios de razonabilidad y proporcionalidad, en tanto se fundamentó en razones
objetivas y verificables. En particular, en el concepto emitido por la Junta de
Evaluación y Clasificación, en el que se efectuó un análisis integral de su hoja de
vida, antecedentes disciplinarios, órdenes judiciales, informes de inteligencia e
investigaciones en curso, a partir de lo cual se encontró: (i) la existencia de una
investigación penal en trámite, (ii) una orden de captura vigente, y (iii) antecedentes
disciplinarios previos. Con base en ello, la Junta concluyó que la permanencia del
accionante en la institución afectaba la función policial. Recomendación que, indicó,
fue acogida por el Comandante de la Policía Metropolitana de Cúcuta, en ejercicio
legítimo de la facultad discrecional que le ha sido otorgada constitucional y
legalmente.
4. En el escrito de subsanación de la demanda de tutela, el actor alegó que las
autoridades judiciales enjuiciadas incurrieron en un defecto orgánico, fáctico,
sustantivo y procedimental “por omitir el análisis de sus argumentos”.
5. Arguyó que si bien presentó argumentos fácticos y jurídicos que desvirtuaban la
legalidad de las pruebas obrantes en el expediente, estos no fueron tenidos en
cuenta por el Tribunal, tras considerar erróneamente que fueron presentados de
forma extemporánea, cuando en realidad se radicaron antes de la adopción del fallo.
6. A su juicio, los elementos probatorios que sirvieron de fundamento a la actuación
administrativa que dio lugar a su retiro del servicio, e incorporados al proceso
contencioso-administrativo, debieron haberse excluido y no ser valorados por los
juzgadores. Sin embargo, estos fueron objeto de estudio, en desconocimiento del
principio de exclusión y del precedente constitucional en materia de prueba ilícita.
7. Por otra parte, señaló que el Juzgado accionado omitió valorar las declaraciones
del testigo Jorge Eliécer Rodríguez Mogollón, así como incorporó al proceso
extemporáneamente copia del proceso penal que fue considerado para retirarlo del
servicio.
8. Manifestó que tampoco fueron objeto de valoración las intervenciones quirúrgicas
a las que fue sometido durante su permanencia en la institución, las cuales no fueron
reconocidas oportunamente por la institución.
9. Cuestionó que las autoridades accionadas hubiesen concluido que la decisión de
retirarlo del servicio atendió los criterios de razonabilidad y proporcionalidad, pese a
que las pruebas demostraban lo contrario. Sostuvo que durante su trayectoria
institucional mantuvo un desempeño destacado, por lo que recibió múltiples
felicitaciones y reconocimientos. Adujo que los hechos invocados en su contra no
configuraban faltas graves ni afectaban el normal funcionamiento del servicio. Añadió
Radicación: 11001-03-15-000-2025-05331-00
Demandante: Jorge Alexander Villota Aceros
Demandado: Tribunal Administrativo de Norte de Santander y otros
Referencia: Acción de tutela (sentencia de primera instancia)
que los antecedentes disciplinarios considerados para sustentar el acto de retiro ya
habían sido utilizados en actuaciones anteriores, en las que fue objeto de sanción.
10. Expresó que la decisión de retirarlo del servicio ha afectado su patrimonio y ha
generado graves repercusiones en su familia, pues no cuenta con los recursos
necesarios para garantizar su manutención y educación.
11. Aseveró que la negativa sistemática de las autoridades judiciales a admitir y
valorar los elementos de su defensa configuran un estado de indefensión y
arbitrariedad, contrario a los principios de razonabilidad y proporcionalidad que debe
regir toda actuación administrativa.
12. Aseguró que ha recibido un trato desproporcionado frente a otros casos similares,
al imponérsele la sanción más gravosa.
13. Con fundamento en lo expuesto, solicitó que se ordenara: (i) “a la Policía Nacional
dejar sin efectos fallo administrativo 00809 proferido por el juzgado 9 y ratificado por
tribunal”; (ii) su reintegro al cargo que venía desempeñando o a uno de igual o
superior jerarquía; (iii) el reconocimiento y pago de los salarios y las prestaciones
dejadas de percibir desde la fecha de su retiro; (iv) la reparación integral por los
perjuicios ocasionados a su vida laboral, personal y familiar; (v) el reconocimiento y
pago de las secuelas médicas derivadas de las cirugías practicadas durante sus
servicios; y (iv) una indemnización subsidiaria, en caso de que la decisión adoptada
afecte de manera prolongada sus derechos fundamentales.
B. Trámite procesal
14. Mediante auto del 3 de septiembre de 2025, se resolvió inadmitir la demanda para
que la parte actora procediera a su corrección, precisando las autoridades
accionadas, las pretensiones de la demanda y, con base en ellas, delimitara los
hechos en las que se fundan. Asimismo, debía especificar en qué condición actúa
en la tutela respecto a los integrantes de su núcleo familiar.
15. En respuesta, el actor remitió un escrito de subsanación, en el que atendió algunos
de los requerimientos efectuados a través del proveído del 3 de septiembre de la
presente anualidad.
16. En virtud de lo anterior, por medio de auto del 23 de septiembre de 2025, se
dispuso: (i) admitir la acción de tutela; (ii) tener como autoridades accionadas al
Juzgado Noveno Administrativo del Circuito de Cúcuta, al Tribunal Administrativo de
Norte de Santander y a la Policía Nacional, (iii) vincular a María Alejandra Perdomo
Córdoba y Nicole Gabriela Villota Perdomo, en calidad de terceros con interés; (iv)
comunicar la decisión a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado; (v)
requerir al Juzgado Noveno Administrativo del Circuito de Cúcuta para que remitiera
Radicación: 11001-03-15-000-2025-05331-00
Demandante: Jorge Alexander Villota Aceros
Demandado: Tribunal Administrativo de Norte de Santander y otros
Referencia: Acción de tutela (sentencia de primera instancia)
copia digital del expediente con radicado número 54001-33-40-009-2016-00627-
00/01; y (v) negar la solicitud de medida provisional formulada por la parte actora.
(i) Tribunal Administrativo de Norte de Santander4
17. Se opuso a las pretensiones de la demanda, al considerar que la providencia
acusada se encuentra ajustada a derecho. Ello, por cuanto: (i) se sustentó en un
análisis del acervo probatorio conforme a la sana crítica; (ii) se profirió dentro del
ámbito de sus competencias; (iii) se aplicó la normatividad vigente de forma
razonable; y (iv) se garantizó plenamente el derecho de defensa y contradicción de
las partes, sin que se hubiese omitido etapa procesal alguna.
18. Afirmó que, en el trámite contencioso-administrativo, no se acreditó la ilicitud de
las pruebas obrantes en el plenario ni se solicitó su exclusión, por lo que el análisis
del caso se soportó en elementos debidamente incorporados al proceso. Precisó que
las pruebas aportadas por el demandante fueron objeto de valoración. Sin embargo,
no tuvieron la entidad suficiente para desvirtuar la presunción de legalidad del acto
acusado.
19. Refirió que la exclusión de los memoriales allegados por el accionante en el trámite
de segunda instancia se fundamentó en lo dispuesto en el artículo 303 del Código
General del Proceso, por haber sido presentados de manera extemporánea.
20. Adujo que las afectaciones médicas alegadas por el accionante no fueron objeto
del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho, y que, en todo caso, su
reconocimiento corresponde a otras vías ordinarias, ya sea en la jurisdicción laboral
o en la contencioso-administrativa. Agregó que la acción de tutela tampoco es el
mecanismo idóneo para obtener indemnizaciones o prestaciones económicas.
21. Por último, sostuvo que aun cuando comprende el impacto familiar derivado del
retiro, la decisión acusada no vulneró de manera directa ni grave los derechos del
núcleo familiar del actor, pues la afectación alegada es consecuencia indirecta de
una decisión legalmente sustentada.
(ii) Juzgado Noveno Administrativo del Circuito de Cúcuta5
22. Solicitó
negar la solicitud de amparo, en la medida en que las actuaciones
adelantadas por su despacho en el marco del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho objeto de reproche se ajustaron a la ley y a la
jurisprudencia.
4 Intervención digital contenida en 7 folios.
5 Intervención digital contenida en 3 folios.
Radicación: 11001-03-15-000-2025-05331-00
Demandante: Jorge Alexander Villota Aceros
Demandado: Tribunal Administrativo de Norte de Santander y otros
Referencia: Acción de tutela (sentencia de primera instancia)
(iii) Policía Nacional6
23. Manifestó que la parte actora no acreditó la vulneración de derechos que alega,
toda vez que el acto administrativo por medio del cual fue retirado del servicio se
expidió conforme al marco normativo y jurisprudencial aplicable al asunto y su
legalidad fue debatida ante el juez natural de la causa. Agregó que el demandante
tampoco probó la ocurrencia de un perjuicio irremediable.
(iv) María Alejandra Perdomo Córdoba7
24. Expuso la difícil situación económica, familiar y emocional que ha afrontado su
núcleo familiar a raíz de la desvinculación de su esposo -el señor Villota Aceros- de
la Policía Nacional. En razón a ello, solicitó que se garantice la protección de los
derechos fundamentales del actor y de su familia, a fin de evitar un daño irremediable
y restablecer las condiciones mínimas de vida digna del núcleo familiar.
25. Con posterioridad a la admisión de la demanda, el tutelante allegó un memorial, a
través del cual amplió los supuestos fácticos y jurídicos en relación con la
investigación penal que fue tenida en cuenta para la decisión de retirarlo del servicio.
II. C O N S I D E R A C I O N E S
C. Cuestiones previas
26. LaSala precisa que, en caso de encontrarse acreditados los presupuestos
generales de procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial, el análisis
del presente asunto se centrará en determinar la posible la vulneración de los
derechos fundamentales del señor Jorge Alexander Villota Aceros.
27. Lo anterior, por cuanto si bien en el escrito inicial de la demanda se formuló una
pretensión encaminada a obtener la protección de los derechos fundamentales de
su núcleo familiar y, en virtud de ello, se le requirió para que precisara la calidad en
la que actuaba respecto de sus integrantes, en el escrito de subsanación no se aclaró
esa situación ni se replicó dicha pretensión. Motivo por el cual se entendió que la
solicitud de amparo se dirige exclusivamente a la protección de sus derechos. Ello,
sin perjuicio de la afectación familiar que el actor refiere, ni del hecho de que los
miembros de su núcleo familiar hayan sido vinculados al presente trámite en calidad
de terceros con interés, pues esto último obedeció a que también fungieron como
demandantes en el proceso ordinario objeto de reproche.
D. Caso concreto
6 Intervención digital contenida en 6 folios.
7 Intervención digital contenida en 6 folios.
Radicación: 11001-03-15-000-2025-05331-00
Demandante: Jorge Alexander Villota Aceros
Demandado: Tribunal Administrativo de Norte de Santander y otros
Referencia: Acción de tutela (sentencia de primera instancia)
28. Esta Subsección declarará la improcedencia de la solicitud de amparo, por no
satisfacer el requisito general de relevancia constitucional, toda vez que su propósito
es emplear la acción de tutela como una instancia adicional al proceso dentro del
cual fue proferida la providencia que se acusa8.
29. Aunque la parte actora encuadró sus reproches en la configuración de un defecto
orgánico, sustantivo, procedimental y fáctico, se advierte que, en realidad, los cargos
se enmarcan en un yerro de tipo fáctico, en tanto se orientan a cuestionar la
valoración probatoria efectuada por el juez de lo contencioso-administrativo. El
demandante alegó, por un lado, que la autoridad accionada apreció de forma
indebida las pruebas obrantes en el plenario y, por otro, que la sentencia enjuiciada
se fundamentó en medios de prueba obtenidos irregularmente, los cuales, según
afirmó, debieron ser excluidos del debate probatorio.
30. En cuanto a lo primero, se tiene que, al igual que en sede de tutela, en el recurso
de apelación interpuesto contra el fallo dictado por el Juzgado Noveno Administrativo
del Circuito de Cúcuta, el actor sostuvo que no se valoraron adecuadamente las
pruebas, las cuales acreditaban su desempeño destacado en la institución, reflejado
en múltiples felicitaciones y reconocimientos, circunstancia que, a su juicio,
evidenciaba la falta de proporcionalidad y razonabilidad del acto acusado.
31. En la providencia del 14 de agosto de 2025, el Tribunal Administrativo de Norte
de Santander destacó que, de acuerdo con la jurisprudencia del Consejo de Estado,
el ejercicio de la facultad discrecional de retiro del servicio del personal de la Policía
Nacional debe sustentarse en criterios de razonabilidad, proporcionalidad y
motivación suficiente. Resaltó que, para tales efectos, es indispensable que la Junta
de Evaluación y Clasificación realice un estudio integral de la hoja de vida del
uniformado, en el que se valore tanto las anotaciones negativas como las positivas,
en la medida en que dichos elementos resultan esenciales para determinar si la
desvinculación obedece efectivamente al interés del servicio y a la preservación de
la confianza institucional.
32. Acorde con lo anterior, y tras efectuar un análisis conjunto del acervo probatorio,
el Tribunal estimó que la decisión de retiro del señor Villota Aceros se encontraba
debidamente soportada en la recomendación emitida por la Junta de Evaluación y
Clasificación, que incluyó un examen completo de su hoja de vida, antecedentes
disciplinarios, órdenes judiciales, informes de inteligencia e investigaciones en
trámite, a partir de lo cual se encontró: (i) la existencia de una investigación penal en
curso; (ii) una orden de captura vigente; y (iii) antecedentes disciplinarios. Elementos
que revelaron una pérdida de confianza institucional que afectaba de manera grave
8 Si bien la parte accionante cuestionó tanto el fallo de primera instancia como el de segunda instancia proferidos
al interior del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho que instauró en contra de la Policía
Nacional, la Sala centrará su análisis en este último, dado que fue el que resolvió de forma definitiva la litis.
Radicación: 11001-03-15-000-2025-05331-00
Demandante: Jorge Alexander Villota Aceros
Demandado: Tribunal Administrativo de Norte de Santander y otros
Referencia: Acción de tutela (sentencia de primera instancia)
la función policial, especialmente en contextos de alta sensibilidad como el control
fronterizo.
33. En ese sentido, precisó que si bien el actor registraba condecoraciones,
felicitaciones y calificaciones satisfactorias en su hoja de vida -aspectos que fueron
valorados por la junta-, tales méritos no le conferían un derecho absoluto a
permanecer en el cargo. Indicó que, conforme la jurisprudencia constitucional y
contenciosa administrativa, la continuidad en la institución está condicionada a que
no se vea comprometida la idoneidad y confiabilidad del funcionario, las cuales
pueden verse afectados incluso sin la existencia de una condena penal o una sanción
disciplinaria, cuando se verifican hechos graves y debidamente acreditados.
34. Enconsecuencia, concluyó que la decisión de retirar de servicio al actor se
encontraba debidamente motivada, por lo que no se logró desvirtuar su legalidad.
35. Bajo ese escenario, se hace evidente que las inconformidades planteadas en
relación con la indebida valoración probatoria también fueron expuestas en el
proceso ordinario y, además, que aquellas fueron abordadas de forma clara y
razonable por la autoridad judicial accionada en la providencia cuestionada.
36. En ejercicio de su autonomía judicial y en aplicación de los principios de libre
apreciación probatoria y la sana crítica, el fallador efectuó una valoración integral del
acervo probatorio, que incluyó las pruebas aportadas tanto por la parte demandante
como por la parte demandada, así como aquellas decretadas de oficio. Otra cosa es
que, a partir de dicho análisis, no arribara a la misma conclusión que pretende la
parte actora, lo cual no se presenta, en modo alguno, como un ejercicio arbitrario o
caprichoso que pueda derivar en una vulneración de derechos fundamentales.
37. Tanto la Corte Constitucional como el Consejo de Estado han enfatizado que
corresponde al juez natural de la causa, como director del proceso, establecer el
valor de cada medio de prueba, a partir de criterios objetivos, razonables,
discrecionales y bajo las reglas de la sana crítica, sin que la acción de tutela pueda
convertirse en una instancia adicional para revaluar su criterio.
38. Así las cosas, resulta claro que la intención del accionante es reabrir un debate
probatorio, en busca de imponer su tesis bajo un ejercicio argumentativo que no
amerita censura alguna desde la óptica constitucional.
39. Lo propio ocurre de cara a los reproches acerca de la supuesta ilicitud de las
pruebas que fundamentaron la decisión acusada, con la particularidad de que tales
cuestionamientos no fueron ventilados de forma oportuna en el proceso ordinario.
40. Dela revisión del expediente requerido, se constató que el demandante no
presentó ninguna objeción por la recolección de los medios de prueba al momento
de su decreto, ni durante la audiencia de pruebas, que era el momento procesal
Radicación: 11001-03-15-000-2025-05331-00
Demandante: Jorge Alexander Villota Aceros
Demandado: Tribunal Administrativo de Norte de Santander y otros
Referencia: Acción de tutela (sentencia de primera instancia)
idóneo para ello. Únicamente solicitó la exclusión de las mismas una vez ejecutoriada
la decisión que admitió el recurso de apelación interpuesto contra el fallo de primera
instancia, es decir, de forma extemporánea, tal como lo indicó el Tribunal enjuiciado
en la sentencia de segunda instancia.
41. De manera que, al haber sido planteados extemporáneamente, el juez natural de
la causa no tuvo la oportunidad de pronunciarse sobre tales reparos, lo que impide
que sean objeto de estudio en sede de tutela.
42. Igual conclusión se predica frente a la alegada omisión en la valoración de las
intervenciones quirúrgicas a las que el actor afirma haber sido sometido durante su
permanencia en la institución, ya que dicho aspecto tampoco fue debatido en el
proceso ordinario.
43. De acuerdo con la jurisprudencia constitucional9, para acudir al mecanismo de
amparo, además de demostrarse la vulneración de derechos que se alega, el
interesado también debe probar que ello fue puesto a consideración del juez natural
de la causa o que, en su defecto, no fue posible por razones ajenas a su voluntad,
lo que no fue acreditado en el caso bajo estudio.
44. Lo expuesto en precedencia, permite concluir que el accionante pretende
prolongar un debate ya zanjado, no solo bajo argumentos que ya fueron debidamente
abordados por la autoridad accionada, sino también bajo reproches que no fueron
planteados en las instancias respectivas, lo que desnaturaliza la finalidad del
mecanismo de amparo, pues este no fue concebido como una tercera instancia, ni
como un medio para revivir etapas procesales precluidas por la negligencia de las
partes.
45. En consecuencia, la Sala declarará improcedente el amparo deprecado en la
demanda.
46. Enmérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando justicia en nombre de
la República y por autoridad de la ley,
III. RESUELVE
PRIMERO: DECLARAR IMPROCEDENTE el amparo constitucional solicitado, por
las razones expuestas en la parte motiva de la presente providencia.
SEGUNDO: Se ordena NOTIFICAR a las partes por el medio más expedito y eficaz.
9 Al respecto, ver sentencia T-186 de 2015.
Radicación: 11001-03-15-000-2025-05331-00
Demandante: Jorge Alexander Villota Aceros
Demandado: Tribunal Administrativo de Norte de Santander y otros
Referencia: Acción de tutela (sentencia de primera instancia)
TERCERO: De no ser impugnada la presente providencia, ENVIAR esta actuación
a la Corte Constitucional para su eventual revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
MARÍA ADRIANA MARÍN FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE10
JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ
Nota: se deja constancia de que esta providencia fue aprobada por la Sala en la fecha de su encabezado
y que se suscribe en forma electrónica mediante el aplicativo SAMAI del Consejo de Estado, de manera
que el certificado digital que arroja el sistema permite validar su integridad y autenticidad en el enlace
https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8081/Vistas/documentos/evalidador. Igualmente puede acceder
al aplicativo de validación escaneando con su teléfono celular el código QR que aparece a la derecha.
Se recuerda que, con la finalidad de tener acceso al expediente, los abogados tienen la responsabilidad
de registrarse en el sistema Samai.
10 VF
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