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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-05334-00

Fecha
17 de octubre de 2025
Consejero ponente
Maria Adriana Marin
Citada por
1 providencia

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-05334-00

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

FALLA: PRIMERO. Declarar improcedente la solicitud de amparo constitucional de las sociedades OPP Graneles, BGP Container & Logistics y Grupo Portuario. SEGUNDO.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2025-05334-00

Consejero ponente: Maria Adriana Marin

17 de octubre de 2025

Radicado: 11001-03-15-000-2025-05334-00
Demandantes: OPP Graneles S.A. y otras

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN A

CONSEJERA PONENTE: MARÍA ADRIANA MARÍN

Bogotá, D.C., diecisiete (17) de octubre de dos mil veinticinco (2025)

Radicado: 11001-03-15-000-2025-05334-00
Demandantes: OPP GRANELES S.A. Y OTRAS
Demandado: TRIBUNAL ARBITRAL CONVOCADO POR LA SOCIEDAD
PORTUARIA REGIONAL DE BUENAVENTURA S.A. CONTRA LA
AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

Temas: INCUMPLIMIENTO DEL REQUISITO DE PROCEDENCIA DE RELEVANCIA
CONSTITUCIONAL – Los argumentos de la parte demandante no evidenciaron una decisión
caprichosa que demandara la intervención del juez de tutela, sino que demostraron la
intención de defender intereses netamente patrimoniales y de acceder a una instancia
adicional.

La Sala1 resuelve la demanda de tutela instaurada por las sociedades OPP Graneles,
BGP Container & Logistics y Grupo Portuario contra el tribunal arbitral conformado para
resolver una controversia entre la Sociedad Portuaria Regional de Buenaventura S.A.
(en adelante SPR Buenaventura) y la Agencia Nacional de Infraestructura (en adelante
ANI), e integrado por su secretario, Carlos Mayorca Escobar, y los árbitros Henry
Sanabria Santos (presidente), Anne Marie Mürrle Rojas y Santiago Talero Rueda.

I. ANTECEDENTES

A. Pretensiones, hechos y argumentos de la demanda de tutela

1. El 27 de agosto de 20252, el abogado Álvaro Ceballos Suárez instauró demanda de
tutela en nombre de las sociedades OPP Graneles, BGP Container & Logistics y Grupo
Portuario, y en contra del tribunal arbitral conformado para resolver una controversia
entre la SPR Buenaventura y la ANI, a fin de obtener el amparo de los derechos
fundamentales al debido proceso y de acceso a la administración de justicia de dichas
sociedades.

1 Se advierte que el expediente ingresó al despacho de la magistrada ponente el 16 de septiembre de

2025, para elaborar el proyecto de sentencia correspondiente.
2 Samai, índice 2.

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2. En consecuencia, solicitó ordenar al mencionado tribunal que revoque los autos 06 y
08 del 3 y 21 de julio de 2025, respectivamente, y que admita a las sociedades aludidas
como coadyuvantes de la ANI.

3. De la demanda de tutela y de los medios probatorios obrantes en el expediente, se
extraen los siguientes hechos y argumentos jurídicamente relevantes:

4. El 21 de mayo de 20253, las sociedades OPP Graneles, BGP Container & Logistics y
Grupo Portuario, integrantes del grupo empresarial Ventura Group, le solicitaron al
tribunal demandado que las admitiera como terceros intervinientes «sui generis» en el
trámite arbitral respectivo, permitiéndoles presentar pruebas.

5. Para sustentar esa solicitud, las mencionadas sociedades expusieron que, por varios
años, han desarrollado actividades de carga, descarga, almacenamiento y porteo en el
puerto de Buenaventura, utilizando infraestructura que es administrada por la SPR
Buenaventura, en virtud del contrato de concesión 009 de 1994, celebrado entre esa
sociedad (concesionaria) y la ANI (concedente).

6. También expusieron que, como el tribunal arbitral fue conformado para resolver una
controversia sobre la modificación de la cláusula 12.19 del mencionado contrato, en la
cual se estableció la obligación de SPR Buenaventura de permitir la prestación de
servicios de operación portuaria por parte de terceros dentro de sus instalaciones y de
abstenerse de operar el puerto mientras no resulte estrictamente necesario, el laudo
correspondiente podría afectar sus intereses.

7. Además, calificaron su participación como esencial para garantizar que el tribunal
arbitral cumpliera el artículo 17 de la Ley 1 de 1997, que supeditó la modificación de las
condiciones de concesiones portuarias a la no causación de perjuicios graves e
injustificados a terceros, y advirtieron que su solicitud de intervención no se enmarcaba
en ninguna de las figuras establecidas en los artículos 61 a 65 del Código General del
Proceso (CGP), aplicable en virtud del artículo 37 de la Ley 1563 de 20124.

8. Mediante auto 05 del 10 de junio de 2025, el tribunal arbitral requirió a las sociedades
aquí demandantes para que (i) indicaran clara y precisamente en cuál de las figuras
establecidas en la ley se sustentaba su solicitud de intervención, y (ii) explicaran su
relación con el contrato de concesión 009 de 1994 y con el pacto arbitral contenido en
él.

9. El 16 de junio siguiente5, aquellas manifestaron que su intención era intervenir como
coadyuvantes de la ANI y explicaron, primero, que se encontraban registradas como

3 Archivo 0051 del expediente del trámite arbitral, aportado con la contestación del tribunal demandado

(Samai, índice 11).
4 «La intervención en el proceso arbitral del llamado en garantía, del denunciado en el pleito, del

interviniente excluyente y demás partes, se someterá a lo previsto en las normas que regulan la materia
en el Código de Procedimiento Civil [subrogado por el Código General del Proceso]».
5 Archivo 0058 del expediente del trámite arbitral.

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operadoras del puerto de Buenaventura; y, segundo, que una de ellas, OPP Graneles,
suscribió un contrato de arrendamiento de infraestructura portuaria con SPR
Buenaventura, cuya vigencia se extiende hasta 2034. Además, presentaron documentos
para acreditar una y otra circunstancia.

10. El 25 de junio de 2025, la ANI le solicitó al tribunal arbitral que admitiera la solicitud
de intervención de las sociedades integrantes de Ventura Group.

11. A través de auto 06 del 3 de julio siguiente, el tribunal negó dicha solicitud, con
fundamento en que las mencionadas sociedades no demostraron la existencia de una
relación sustancial con la ANI, lo cual era indispensable para admitir su intervención
como coadyuvantes de esa entidad, en virtud de lo establecido en el artículo 71 del CGP.

12. Las sociedades integrantes de Ventura Group interpusieron recurso de reposición6
contra la anterior decisión, por considerar que el tribunal arbitral (i) interpretó errónea y
restrictivamente el artículo 71 del CGP y que (ii) efectuó una indebida valoración
probatoria.

13. Para sustentar el primero de esos alegatos, expusieron que en el artículo 71 del CGP
simplemente se supeditó la procedencia de la coadyuvancia a la demostración de una
relación sustancial «con una de las partes», mas no a la prueba de esa relación,
específicamente, con la parte a la cual se pretenda coadyuvar.

14. Para sustentar el segundo, afirmaron que el tribunal no valoró integralmente el
contrato de arrendamiento suscrito entre OPP Graneles y SPR Buenaventura, el cual
evidenciaba una relación sustancial con la ANI, derivada de la incidencia de sus
decisiones sobre el contrato de concesión 009 de 1994 en la celebración y prórroga de
dicho contrato de arrendamiento.

15. Por medio de auto 08 del 21 de julio del mismo año7, el tribunal arbitral confirmó la
denegación de la solicitud de intervención de las mencionadas sociedades, por lo
siguiente:

16. Primero, que de la lectura completa del artículo 71 del CGP, mas no de una parte de
él, se desprende claramente que quien pretenda intervenir coadyuvante debe demostrar
una relación sustancial con la parte a la cual busca coadyuvar.

17. Segundo, que el vínculo que pueda existir entre el contrato de arrendamiento y el de
concesión no conlleva una relación sustancial con la ANI, puesto que cada uno de ellos
implica una relación jurídica distinta.

18. Según el abogado Álvaro Ceballos Suárez, el tribunal arbitral vulneró los derechos
fundamentales de Ventura Group porque, al denegar su solicitud de intervención, impidió

6 Archivo 0076 del expediente del trámite arbitral.
7 Archivo 0083 del expediente del trámite arbitral.

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que ejercieran actos de contradicción en un trámite cuyo resultado podría afectar su
patrimonio de manera significativa, e incurrió en los siguientes defectos:

19. Sustantivo, pues desconoció caprichosamente el requerimiento contenido en el auto
05 del 10 de junio de 2025, relativo a la demostración de una relación con el contrato de
concesión, en tanto exigió la acreditación de una relación sustancial con la ANI.

20. Fáctico, porque no valoró los medios probatorios aportados tras el mencionado
requerimiento ni examinó la contestación de la ANI frente a la demanda arbitral,
desconociendo así la demostración de la relación sustancial y el interés necesarios para
la procedencia de la intervención de las mencionadas sociedades en el trámite, en
calidad de «terceros».

21. Expuesto lo anterior, el abogado Álvaro Ceballos Suárez sostuvo que la solicitud de
amparo cumple el requisito de subsidiariedad, en tanto se agotó el único mecanismo de
defensa judicial distinto a la acción de tutela disponible para cuestionar la decisión del
tribunal: el recurso de reposición. Además, señaló que el laudo con el cual finalice el
trámite arbitral podría afectar los derechos contractuales y patrimoniales de las
sociedades integrantes de Ventura Group, lo que implica un riesgo de perjuicio
irremediable.

B. Trámite impartido e intervenciones

22. Mediante auto del 4 de septiembre de 20258, el despacho sustanciador admitió la
demanda de tutela y ordenó notificar, como parte demandada, a los árbitros integrantes
del tribunal convocado para resolver la controversia entre SPR Buenaventura y la ANI.
Además, dispuso notificar a los representantes legales de esa sociedad y de esa entidad,
en calidad de terceros con interés.

23. Igualmente, requirió al abogado Álvaro Ceballos Suárez para que aportara el
documento mediante el cual se le confiriera poder especial para presentar la demanda
de tutela en nombre de las sociedades OPP Graneles, BGP Container & Logistics y
Grupo Portuario. Tal requerimiento fue cumplido el 10 de septiembre de 20259.

24. La Agencia Nacional de Infraestructura10 manifestó que carece de legitimación en
la causa por pasiva, por cuanto no causó la vulneración de derechos fundamentales
alegada por la parte demandante ni posee ninguna competencia relacionada con las
pretensiones formuladas.

25. Además, al igual que los árbitros integrantes del tribunal convocado para resolver
la controversia entre esa entidad y SPR Buenaventura11, sostuvo que la solicitud de
amparo no cumple el requisito de procedencia de relevancia constitucional, puesto que
8 Samai, índice 5.
9 Samai, índice 9.
10 Samai, índice 10.
11 Samai, índice 11.

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los argumentos expuestos en ella son los mismos del recurso de reposición interpuesto
contra el auto 06 del 3 de julio de 2025 y, por ende, evidencian que la pretensión de la
parte demandante es acceder a una instancia adicional por vía de tutela.

26. SPR Buenaventura12 también adujo que la solicitud de amparo no cumple el requisito
de relevancia constitucional, con fundamento en que la parte demandante no formuló
una controversia de tipo iusfundamental, sino que planteó una discusión sobre la
interpretación del artículo 71 del CGP y la valoración de los medios probatorios aportados
en el trámite arbitral, con el propósito de acceder a una instancia adicional.

27. Además, afirmó que dicho tribunal garantizó el derecho fundamental al debido
proceso de las sociedades integrantes de Ventura Group, al punto de requerirlas para
que precisaran bajo qué modalidad pretendían intervenir en el trámite. Igualmente,
señaló que la decisión cuestionada se sustentó en una interpretación adecuada del
artículo 71 del CGP y en una valoración probatoria completa, motivo por el cual, en su
criterio, no se configuraron los defectos alegados en la demanda de tutela ni se produjo
una afectación de derechos fundamentales.

II. CONSIDERACIONES

C. Competencia

28. La Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de Estado es competente para
proferir sentencia de tutela de primera instancia, de conformidad con lo establecido en el
artículo 86 de la Constitución Política y en los artículos 29 y 37 del Decreto 2591 de 1991,
en armonía con los artículos 13 y 17 del Acuerdo 080 de 2019 (Reglamento Interno del
Consejo de Estado).

D. Aclaración previa

29. La Corte Constitucional ha explicado que, en tanto el acceso a la justicia arbitral es
resultado de un acto voluntario e implica la renuncia a la justicia ordinaria, la procedencia
de la acción de tutela contra las decisiones de tribunales de arbitramento es excepcional
y se encuentra supeditada a la comprobación de una vía de hecho que implique la
vulneración directa de un derecho fundamental. Esto, bajo el entendido de que los árbitros
no están exentos de cumplir las disposiciones de la Constitución Política 13.

30. Adicionalmente, la Corte ha establecido que las solicitudes de amparo mediante las
cuales se cuestionen decisiones arbitrales se encuentran sometidas a las mismas reglas
de procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales, en la medida en
dichas decisiones son producto del ejercicio de la función jurisdiccional y hacen tránsito a
cosa juzgada. No obstante, dada la particularidad que caracteriza a la justicia arbitral, por

12 Samai, índice 13.
13 Al respecto, se pueden consultar las sentencias T-608 de 1998, SU-837 de 2002, SU-058 de 2003, T-

1228 de 2003, T-920 de 2004 y T-131 de 2021, entre otras.

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cuenta de la renuncia de las partes a la justicia ordinaria y su sometimiento voluntario a
un tribunal de arbitramento, el examen sobre el cumplimiento de tales requisitos debe ser
más riguroso y estricto14. Esto supone analizar «con especial detenimiento el requisito de
relevancia constitucional».

E. Problema jurídico

31. De conformidad con lo expuesto en el acápite anterior, la Sala establecerá si la
solicitud de amparo cumple el requisito de relevancia constitucional. Solo en caso
afirmativo, también determinará si satisface los demás requisitos generales de
procedencia del ejercicio de la acción de tutela contra providencias judiciales y, de
encontrarlos cumplidos, analizará si el tribunal arbitral demandado incurrió en algún
defecto o causal específica de procedibilidad y, por ende, violó los derechos
fundamentales de las sociedades demandantes, al proferir los autos 06 y 08 del 3 y 21
de julio de 2025, mediante los cuales se negó a las sociedades aquí actoras la solicitud
de intervención como coadyuvantes de la ANI, en el proceso arbitral promovido por SPR
Buenaventura contra dicha entidad.

F. Análisis de la Sala

32. Mediante sentencia del 5 de agosto de 201415, la Sala Plena de esta corporación
estableció que el objeto del requisito de relevancia constitucional es (i) proteger la
autonomía e independencia judicial, y (ii) evitar que el juez de tutela se inmiscuya en
asuntos cuya resolución corresponde a otras jurisdicciones. De ahí que, para determinar
si una solicitud de amparo tiene relevancia constitucional, sea necesario examinar dos
elementos:

33. Primero, que el actor cumpla una carga argumentativa mínima y justifique con
suficiencia la vulneración de los derechos fundamentales. Es decir, no basta
simplemente con invocar los derechos, sino que es necesario que se ofrezcan serias y
amplias razones en clave constitucional que le permitan al juez de tutela adentrarse en
el estudio de las causales específicas de procedibilidad que han sido invocadas y
debidamente sustentadas.

14 En sentencia SU-174 de 2007 se explicó que en la tutela contra laudo arbitral «(1) [existe] un respeto

por el margen de decisión autónoma de los árbitros, que no ha de ser invadido por el juez de tutela e
impide a éste pronunciarse sobre el fondo del asunto sometido a arbitramento; (2) la procedencia
excepcional de la acción de tutela exige que se haya configurado, en la decisión que se ataca, una
vulneración directa de derechos fundamentales; (3) si bien es posible y procedente aplicar la doctrina de
las vías de hecho a los laudos arbitrales, dicha doctrina ha de aplicarse con respeto por los elementos
propios de la naturaleza del arbitraje, los cuales implican que su procedencia se circunscribe a hipótesis
de vulneración directa de derechos fundamentales; y (4) el carácter subsidiario de la acción de tutela se
manifiesta con especial claridad en estos casos, ya que sólo procede cuando se ha hecho uso de los
recursos provistos por el ordenamiento jurídico para controlar los laudos, y a pesar de ello persiste la vía
mediante la cual se configura la vulneración de un derecho fundamental (…)».
15 Proceso identificado con el radicado 11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ) (MP: Jorge Octavio Ramírez

Ramírez).

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34. Segundo, que la acción de tutela no se erija en una instancia adicional del proceso
en el cual fue proferida la providencia acusada, pues ese valioso mecanismo de estirpe
constitucional fue creado para proteger derechos fundamentales, no para que las partes
de un proceso judicial ventilen sus discrepancias con las providencias que allí se dicten.

35. En resumen, el requisito de relevancia constitucional no se agota con señalar los
derechos fundamentales vulnerados e identificar los defectos de la providencia. Por el
contrario, se requiere que la solicitud de amparo (i) contenga una carga argumentativa
mínima y (ii) no sea utilizada como una instancia adicional a las establecidas por el
legislador.

36. La tesis expuesta se ajusta al precedente reiterado de la Corte Constitucional, la cual,
de manera consistente y consolidada16, ha sostenido que la acción de tutela no puede
convertirse en una instancia adicional a los procesos ordinarios, ni en el escenario para
discutir aspectos de mera legalidad o de índole patrimonial, o la interpretación propia de
los jueces naturales. Por consiguiente, aquella es inidónea si lo pretendido es que el juez
constitucional se adentre en juicios de corrección, de rectificación o de interpretación
propios de las especialidades de cada jurisdicción.

37. En este caso, las sociedades accionantes alegaron que, al denegar su solicitud de
intervención, el tribunal arbitral demandado les impidió ejercer actos de contradicción en
un trámite cuyo resultado podría afectar su patrimonio de manera significativa.

38. Ese alegato, en principio, lejos de sugerir una vulneración de derechos
fundamentales que justifique la intervención del juez constitucional, devela la clara
intención de la parte actora de defender intereses netamente económicos, los cuales
pretende encubrir bajo el cariz de un error de interpretación normativa (defecto
sustantivo) de una falta de valoración probatoria (defecto fáctico), para lo cual no se
encuentra instituida la acción de tutela. En consecuencia, de ninguna manera demuestra
que el asunto posea relevancia constitucional.

39. Ahora, aunque se aceptara que las sociedades demandantes no acudieron a la
acción de tutela animadas por intereses puramente patrimoniales, lo cierto es que
tampoco se cumpliría el requisito general de relevancia constitucional, pues resulta
evidente que su finalidad es prolongar el debate planteado en el proceso arbitral,
respecto de si procedía o no tenerlas como coadyuvantes de la ANI, discusión que fue
abordada y razonablemente zanjada mediante los autos censurados.

40. En efecto, dichas sociedades adujeron que el tribunal demandado incurrió en un
defecto sustantivo, puesto que desconoció caprichosamente el requerimiento contenido
en el auto 05 del 10 de junio de 2025, relativo a la demostración de una relación con el
contrato de concesión, al exigir la acreditación de una relación sustancial con la ANI.

16 En ese sentido, ver las sentencias de unificación 128 de 2021, 103 de 2022 y 215 de 2022, así como la

sentencia T-131 de 2021.

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41. Al respecto, la Sala debe indicar que, según la Corte Constitucional 17, el defecto
sustantivo se configura cuando el administrador de justicia «emplea una norma
inaplicable al caso concreto, deja de aplicar la norma adecuada o interpreta de forma
contraria a la razonabilidad jurídica».

42. El supuesto desconocimiento del requerimiento contenido en el auto 05 del 10 de
junio de 2025, claramente, no corresponde a ninguno de los escenarios en los cuales se
materializa un defecto sustantivo. Por consiguiente, no constituye un motivo para siquiera
sospechar de una posible configuración de tal defecto, en virtud de la cual resulte
necesaria la intervención del juez constitucional.

43. Por último, las sociedades demandantes sostuvieron que el tribunal arbitral incurrió
en un defecto fáctico, debido a que no valoró los elementos probatorios aportados tras
el mencionado requerimiento ni examinó la contestación de la ANI frente a la demanda
arbitral, con lo cual desconoció la demostración de la relación sustancial y el interés
necesarios para la procedencia de su participación en el trámite.

44. Ciertamente, lo anterior constituye una reproducción de los argumentos expuestos
en el recurso de apelación interpuesto contra el auto 06 del 3 de julio de 2025, citados a
continuación18:

1. Error de Interpretación o interpretación restrictiva del Artículo 71 del CGP

El Auto No. 6 concluye que Ventura Group no acredita una relación sustancial con
la ANI, limitando la coadyuvancia a un vínculo directo con la parte coadyuvada. Esto
constituye un error de interpretación i interpretación restrictiva, pues el artículo 71
del CGP establece que la coadyuvancia procede cuando el tercero tiene una
relación sustancial “con una de las partes”, sin exigir que sea específicamente con
la parte coadyuvada (ANI). Nuestra relación contractual con SPRBUN, derivada del
contrato de arrendamiento de 9 de mayo de 2013, cumple este requisito, ya que un
laudo desfavorable a la ANI afectaría nuestros derechos contractuales.
(…)

2. Relación Jurídica sustancial con la ANI

La contestación de la demanda de la ANI reconoce explícitamente la
existencia de relaciones contractuales entre SPRBUN y terceros operadores
portuarios, como Ventura Group, que podrían verse afectados por el resultado del
proceso arbitral.
(…)

2.3. Interés Jurídico en el Resultado del Proceso

La contestación de la ANI (págs. 23, 26, 43, 85) reconoce que el proceso arbitral
versa sobre la cláusula 12.19, que prohíbe a SPRBUN operar graneles sólidos
directamente, y que un laudo que declare su nulidad tendría efectos sobre terceros
operadores, como Ventura Group.

17 Sentencia de unificación 380 de 2021.
18 Archivo 0076 del expediente del trámite arbitral.

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(…)

3. Vía de hecho por defecto fáctico en la valoración probatoria

El Tribunal incurrió en una vía de hecho por defecto fáctico al omitir la valoración
integral del contrato de arrendamiento de 9 de mayo de 2013, aportado como
prueba. El Auto No. 6 se limitó a reconocer nuestra relación con SPRBUN,
ignorando los elementos que demuestran la vinculación sustancial con la ANI
(…)19.

45. Lo expuesto evidencia que las sociedades demandantes utilizaron la acción de tutela
para reabrir el debate formulado en el trámite arbitral, lo cual, a su vez, conduce a inferir
sin mayor dificultad que su intención es acceder a una instancia adicional en la que el
juez constitucional realice una labor de corrección o rectificación frente a lo decidido por
el juez natural, tarea que, como se vio, torna improcedente la petición de amparo.

46. Ahora, dicho debate fue abordado por el tribunal demandado a través del auto 08 del
21 de julio de 2025, en los siguientes términos:

El artículo 71 del CGP establece lo siguiente:

(…) Quien tenga con una de las partes determinada relación sustancial a la
cual no se extiendan los efectos jurídicos de la sentencia, pero que pueda
afectarse si dicha parte es vencida, podrá intervenir en el proceso como
coadyuvante de ella, mientras no se haya dictado sentencia de única o de
segunda instancia.
(…)

Con base en la norma transcrita, las Solicitantes han puntualizado que, bajo una
interpretación literal de esta última, la coadyuvancia procede si se acredita una
relación sustancial con “una de las partes”, esto es, con cualquiera de ellas.

Sin embargo, la norma citada va más allá y consagra, de forma precisa, clara y
literal, unos requisitos puntuales para que proceda la coadyuvancia.

Dichos requisitos se sintetizan así:

(i) Que exista una relación sustancial con una de las partes;

(ii) Que los efectos jurídicos de la sentencia o del laudo no se extiendan a esa
relación sustancial;

(iii) Que ésta pueda afectarse si dicha parte, con la que se tiene la relación
sustancial, resulta vencida; y

(iv) Acto seguido, la norma indica expresamente que procederá coadyuvar a la parte
mencionada, esto es, a aquella con la cual se tiene la relación sustancial que se
vería afectada, si el fallo le fuese desfavorable.

En criterio del Tribunal, que fue el expresado en la providencia recurrida, el primer
requisito que debe acreditarse para acceder a la intervención de un tercero

19 Énfasis añadido.

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como coadyuvante, es la existencia de una relación sustancial con la parte
que se pretende coadyuvar.

Así, el inciso primero de la norma se debe leer e interpretar sistemática e
integralmente, y no de manera parcial o segmentada como lo plantea el recurrente.

Por ende, no es viable concluir, con base exclusivamente en el primer renglón
del artículo, en el cual se hace referencia al requisito de la existencia de una
relación sustancial “con una de las partes”, que tal relación pueda predicarse,
de manera indiferente, con la parte demandante o con la parte demandada, y
no solamente con la que se pretende ayudar, que es lo que aparece claro del
texto completo de la norma.
(…)

En este orden de ideas, y conforme a la interpretación integral y sistemática de
la norma, apoyada en su propia literalidad, se reitera que la solicitud de
coadyuvancia en el presente caso no cumple con lo exigido por el artículo 71
del CGP .
(…)

[L]as Solicitantes plantearon que el contrato de arrendamiento también acreditaría
que ellas tienen una relación sustancial con la ANI. Dicha relación la han
sustentado, de manera principal, en la dependencia que existiría entre el contrato
de arrendamiento suscrito por OPP Graneles y la convocante, y el contrato de
concesión entre esta última y la ANI.
(…)

Independientemente del tipo de vínculo o conexidad que pudiese existir entre el
contrato de arrendamiento y el contrato de concesión, y al margen del análisis de
fondo que el Tribunal deberá realizar bajo los límites de su competencia, se observa
que cada uno de los contratos implica o comporta una relación jurídica distinta.

En últimas, la posible cercanía entre los contratos no implica de suyo que se
generen vínculos o relaciones sustanciales directas entre una de las partes
de uno de ellos [OPP Graneles] y una parte del otro [la ANI]20.

47. Lo expuesto evidencia que el tribunal arbitral explicó detalladamente el sentido del
artículo 71 del CGP y, con fundamento en él y en lo argumentado por las sociedades
aquí demandantes, concluyó que su intervención como coadyuvantes de la ANI era
improcedente.

48. Debido a lo anterior, no puede considerarse que la decisión del tribunal demandado
haya sido irrazonable o caprichosa ni, por ende, que amerite la intervención del juez de
tutela, pese a la evidente intención de la parte accionante de acceder a una instancia
adicional.

49. Por todo lo explicado, la Sala concluye que la solicitud de amparo constitucional de
las sociedades OPP Graneles, BGP Container & Logistics y Grupo Portuario no cumple
el requisito de relevancia constitucional y, en consecuencia, la declarará improcedente.

20 Énfasis añadido.

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www.consejodeestado.gov.co

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Radicado: 11001-03-15-000-2025-05334-00
Demandantes: OPP Graneles S.A. y otras

50. En virtud de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando justicia en nombre de la
República de Colombia y por autoridad de la ley,

FALLA:

PRIMERO. Declarar improcedente la solicitud de amparo constitucional de las
sociedades OPP Graneles, BGP Container & Logistics y Grupo Portuario.

SEGUNDO. Notifíquese a las partes y a los interesados por el medio más expedito y
eficaz.

TERCERO. Si no se impugna esta sentencia, por Secretaría General, envíese el
expediente de tutela a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

Se deja constancia de que esta providencia fue aprobada por la Sala en la fecha de su
encabezado y que se suscribe en forma electrónica mediante el aplicativo SAMAI, de
manera que el certificado digital que arroja el sistema permite validar la integridad y
autenticidad del presente documento en el enlace señalado a continuación:
https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/documentos/evalidador.aspx.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
MARÍA ADRIANA MARÍN FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ

Firmado electrónicamente
JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ
VF

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