Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2025-05347-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
Jurisprudencia › Consejo de Estado › Radicado 11001-03-15-000-2025-05347-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2025-05347-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Tercera
Radicado 11001-03-15-000-2025-05347-01
Consejero ponente: Juan Enrique Bedoya Escobar
3 de diciembre de 2025
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN B
CONSEJERO PONENTE: JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR
Bogotá, D. C., tres (3) de diciembre de dos mil veinticinco (2025)
Referencia: Tutela
Radicación: 11001-03-15-000-2025-05347-01
Demandante: Elecofasa Internacional SAS
Demandado: Tribunal Administrativo de Casanare
Temas: Tutela contra providencia judicial / Acción Popular / Defectos
fáctico, sustantivo y desconocimiento del precedente
Decisión: Revocar la decisión del a quo para, en su lugar, negar el amparo
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
La Sala decide la impugnación interpuesta por Elecofasa Internacional SAS, en
contra de la sentencia proferida el 2 de octubre de 2025 por el Consejo de Estado,
Primera, mediante la cual se decidió la solicitud de amparo de la referencia.
1. Antecedentes
1.1. La solicitud1
1. Elecofasa Internacional SAS promovió solicitud de tutela con el fin de que se
ampararan sus derechos fundamentales al debido proceso y a la defensa, los cuales
consideró vulnerados con ocasión de las providencias proferidas el 3 de abril y el 17
de julio de 2025 en medio de control de protección de los derechos en intereses
colectivos identificado con el radicado 850013333002-2020-00074-00/01.
2. Como fundamento de la solicitud de amparo expuso lo siguiente:
2.1. El 24 de diciembre de 2019, la empresa de Servicios Públicos de Aguazul SA
ESP2 suscribió un contrato de joint venture con las sociedades Elecofasa
Internacional SAS y la Compañía Promotora de Proyectos SAS, con el objeto de
«celebrar una alianza estratégica con el fin de diseñar e implementar un parque tecnológico
y ambiental para el tratamiento y transformación de los residuos sólidos urbanos en aceites
pirolíticos, gases de síntesis (syngas), energía y biocarbón (biochar) dentro del marco de
economía circular, en el municipio de Aguazul (Casanare)». Para el efecto, las partes
1 Ver índice 2 de Samai, radicado: 11001031500020250534700. Actuación denominada
«3_DemandaWeb_Demanda_TUTELACONCEJODEESTAD(.pdf) NroActua 2».
2 En adelante ESPA SA ESP.
Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (57-1) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicado: 11001-03-15-000-2025-05347-01
Demandante: Elecofasa Internacional SAS
acordaron que ESPA SA ESP entregaría el valor del bien inmueble, la maquinaria y
el equipo de la planta de manejo integral de residuos sólidos « PMIRS».
2.2. El 3 de marzo de 2020, la ESPA SA ESP interpuso el medio de control de
controversias contractuales, con el fin de que se declarara la nulidad del mencionado
contrato de joint venture, con radicado 2020-0040-00.
2.3. En ejercicio del medio de control de protección de los derechos en intereses
colectivos, la Personería municipal de Aguazul presentó demanda en contra del
municipio de Aguazul y ESPA SA ESP, con la finalidad de obtener la protección de
los derechos colectivos a la defensa del patrimonio público y a la moralidad
administrativa, presuntamente vulnerados con la suscripción del mencionado
contrato, a través del cual se entregó la planta de manejo residuos sólidos del ente
territorial.
2.4. El Juzgado Segundo Administrativo del Circuito de Yopal, en sentencia del 6 de
mayo de 2024 declaró la vulneración del derecho colectivo a la defensa del patrimonio
público por parte de ESPA SA ESP y las sociedades Elecofasa Internacional SAS y
Promotora de Proyectos SAS, en el marco de la celebración del contrato de joint
venture del 24 de diciembre de 2019.
2.5. Como medida de protección del mencionado derecho colectivo, les ordenó a las
empresas contratantes la suscripción de un documento adicional en que se
incluyeran las cláusulas excepcionales o exorbitantes al derecho común, en los
términos del artículo 14 del manual de contratación de la ESPA SA ESP (Acuerdo
010 de 2014), dentro de los 20 días siguientes a la ejecutoria de la sentencia. Una
vez suscrito el mencionado documento, la misma empresa debía determinar la
necesidad de aplicación de aquellas cláusulas, previos los trámites y procedimientos
legales establecidos para esos efectos. Negó las demás pretensiones.
2.6. El Tribunal Administrativo del Casanare profirió la sentencia del 3 de abril de 2025,
por medio de la cual modificó el numeral tercero de la de primera instancia, en el
sentido de ordenar suspender la ejecución del contrato de joint venture del 24 de
diciembre de 2019 «hasta tanto se profiera sentencia de segunda instancia dentro del
proceso de controversias contractuales radicado con el No. 850012333000-202000040-00».
Mientras ello no ocurriera, la providencia dispuso que la ESPA SA ESP debía retomar
de forma inmediata el manejo y la administración de la planta de manejo integral de
residuos sólidos y de todo lo relacionado con el servicio público de aseo
2.7. Elecofasa Internacional SAS y ESPA S.A. E.S.P. solicitaron la aclaración de la
sentencia del 3 de abril de 2025, la cual fue negada mediante providencia del 17 de
julio del mismo año.
2.8. La corporación judicial demandada vulneró sus derechos fundamentales al incurrir
en los siguientes defectos:
2
Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (57-1) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicado: 11001-03-15-000-2025-05347-01
Demandante: Elecofasa Internacional SAS
2.8.1. Orgánico: el Tribunal Administrativo de Casanare se arrogó una competencia
que no le correspondía, pues actuó como coadministrador de un contrato regido por
el régimen del derecho privado, de conformidad con el artículo 31 de la Ley 142 de
1994. Al suspender el contrato, sustituyó la voluntad contractual y la autonomía de
gestión de una empresa de servicios públicos de naturaleza mixta, sin estar habilitado
para ello.
2.8.2. La decisión del tribunal afectó a Elecofasa Internacional SAS sin que existiera
una pretensión en su contra ni se le hubiera garantizado la oportunidad de defender
sus derechos. Por ende, se desconoció el principio de congruencia.
2.8.3. Fáctico: el tribunal omitió apreciar pruebas determinantesque lo condujo a
conclusiones abiertamente contrarias a la realidad económica y técnica.
2.8.4. Sustantivo: por aplicación de la Ley 142 de 1994, al sostener que el contrato
constituía una privatización encubierta. En realidad, la norma permitía que las
empresas de servicios públicos adoptaran la forma de sociedades por acciones y se
rigieran por el derecho privado (arts. 14 y 17).
2.8.5. Desconocimiento del precedente: las providencias cuestionadas desconocieron
los criterios jurisprudenciales fijados en las sentencias SU-961 de 1999, C-590 de
2005 y T-622 de 2016 de la Corte Constitucional y el auto del Consejo de Estado del
26 de abril de 2021, sobre la limitación de la jurisdicción frente a contratos de ESP.
1.1.1. Pretensiones
3. Con fundamento en la situación fáctica expuesta, solicitó:
«1. Amparar los derechos fundamentales al debido proceso, a la defensa, al ambiente
sano, al patrimonio público, a la libertad económica y a la seguridad jurídica.
2. Dejar sin efectos la sentencia del 03 de abril de 2025 y el auto del 17 de julio de
2025 del Tribunal Administrativo de Casanare, en cuanto suspendieron el contrato
ESPA–ELECOFASA.
3. Ordenar la reactivación del contrato, garantizando la continuidad del modelo de
valorización de residuos.
[...]
5. Ordenar al Tribunal accionado abstenerse de adoptar medidas regresivas en
materia ambiental sin sustento técnico, conforme al principio de precaución y no
regresión». (sic)
1.2. Informes rendidos en el proceso
4. El Tribunal Administrativo de Casanare3 se opuso a la prosperidad de la solicitud
de tutela, puesto que no cumplió con los requisitos de procedibilidad contra
providencias judiciales definidos por la jurisprudencia de la Corte Constitucional. Lo
3 Ver índice 13 de Samai, radicado: 11001031500020250534700. Archivo denominado
«27_MemorialWeb_ContestaciOnDemanda-RESPUESTATUTELADR(.pdf) NroActua 13».
3
Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (57-1) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicado: 11001-03-15-000-2025-05347-01
Demandante: Elecofasa Internacional SAS
anterior, en razón a que las decisiones cuestionadas se fundamentaron en la
normativa y jurisprudencia del Consejo de Estado aplicables.
5. Eljuez segundo administrativo del circuito de Yopal4 manifestó que los
argumentos expuestos en la tutela no debían ser objeto de estudio, puesto que
hacían parte del debate del proceso de protección a los derechos e intereses
colectivos que ya fue tramitado y que resultó adverso a sus intereses. Además no se
observaba irregularidad procesal alguna que tuviera incidencia directa en las
decisiones adoptadas.
6. El personero municipal de Aguazul (Casanare)5 expuso que no se demostraron
los defectos en los que presuntamente incurrió la autoridad judicial, por lo siguiente:
6.1. No era cierto que el tribunal estuviera «coadministrando». Aunque a las empresas
de servicios públicos les aplicara un régimen exceptuado según la Ley 142 de 1994,
el hecho de ejecutar recursos públicos hacía que estuvieran sometidas a los
principios de la contratación pública, como la transparencia, publicidad, concurrencia,
y eficiencia, aunque pudieran operar bajo disposiciones contractuales diferentes del
citado estatuto.
6.2. No se evidenció la señalada regresión ambiental, pues se ha evidenciado un
manejo adecuado de los residuos sólidos que se depositan en la PMIRS de Aguazul.
6.3. El tribunal sí valoró las pruebas y con sustento en ellas adoptó la decisión. El
hecho de que no les haya concedido a los medios de convicción el valor que
pretendía, no vulneró sus derechos. En este caso, la conclusión fue que existía falta
de solidez financiera de la empresa.
6.4. No existía una relación de causalidad entre la decisión controvertida y el
precedente presuntamente desconocido. En este sentido, el solicitante no realizó
análisis alguno.
6.5. Por lo demás, Elecofasa Internacional SAS no demostró su experiencia en
proyectos anteriores, por tanto, carecía de aquella que indicó. Por otra parte, esa
personería había recibido quejas sobre el incumplimiento de obligaciones laborales,
que fueron remitidas al Ministerio del Trabajo, Defensoría del Pueblo, ESPA SA ESP
y al ente territorial para su conocimiento y trámite.
4 Ver índice 14 de Samai, radicado: 11001031500020250534700. Archivo denominado
«31_MemorialWeb_Respuesta-CONTESTAATUTELASE(.pdf) NroActua 14».
5 Ver índice 15 de Samai, radicado: 11001031500020250534700. Archivo denominado».
4
Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (57-1) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicado: 11001-03-15-000-2025-05347-01
Demandante: Elecofasa Internacional SAS
1.3 . Sentencia de primera instancia6
7. El Consejo de Estado, Sección Primera, en sentencia del 2 de octubre de 2025
declaró improcedente la solicitud de tutela por ausencia del requisito de relevancia
constitucional. Para el efecto, consideró:
7.1. La argumentación de la parte actora no demostraba que el presente asunto giraba
en torno al alcance de algún derecho fundamental. Por el contrario, solo expuso su
inconformidad con la decisión adoptada en segunda instancia en el marco del medio
de control de protección de derechos e intereses colectivos con radicado: 85001-33-
33-002-2020-00074-02.
7.2. En efecto, el escrito inicial no puso de presente que el Tribunal Administrativo de
Casanare hubiera incurrido en una arbitrariedad judicial ni hizo una exposición a partir
de la cual fuera posible deducir que el caso tenía la « entidad de interpretar, aplicar,
desarrollar la Constitución Política o determinar el alcance de un derecho fundamental» y
mucho menos justifica «[…] razonablemente una afectación desproporcionada a derechos
fundamentales».
7.3. El argumento según el cual, la autoridad accionada se atribuyó una competencia
que no le correspondía y sustituyó la voluntad contractual, al decretar la suspensión
de la ejecución del contrato de joint venture, con aplicación errónea de los artículos
14 y 17 de la Ley 142 de 1994 y omisión de la valoración de pruebas determinantes,
se traducía en la reapertura de un asunto que ya fue resuelto por el juez natural de
la causa judicial.
7.4. En esas condiciones, más que una cuestión que fuera de «verdadera relevancia
constitucional» que conllevara la presunta trasgresión de derechos fundamentales, lo
que demostraba era la inconformidad con las decisiones adoptadas por la autoridad
accionada, como si este mecanismo se tratase de un recurso o instancia adicional.
Por ello, el juez de tutela no podía inmiscuirse en dicho asunto, so pena de otorgar a
la tutela un carácter que no le es propio de su naturaleza y de paso invadir la
competencia y la independencia del juez natural.
1.4. El escrito de impugnación7
8. Elecofasa Internacional SAS impugnó la sentencia de primera instancia, para lo
cual insistió en que las providencias proferidas el 3 de abril y el 17 de julio de 2025
por el Tribunal Administrativo de Casanare incurrieron en los siguientes defectos:
8.1. Fáctico:
por la omisión en la valoración integral de las pruebas técnicas,
financieras y ambientales, que acreditaban que la operación desarrollada por
6 Ver índice 18 de Samai. Archivo denominado «36Sentencia_20250534700ELECOFASA(.pdf) NroActua
18».
7 Ver índice 22 de Samai. Archivo denominado «42_MemorialWeb_Recurso-
IMPUGNACIONDETUTEL(.pdf) NroActua 22».
5
Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (57-1) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicado: 11001-03-15-000-2025-05347-01
Demandante: Elecofasa Internacional SAS
Elecofasa Internacional SAS era viable y beneficiosa para el patrimonio público y el
medio ambiente.
8.2. Sustantivo: al suspender un contrato ambientalmente sostenible y
financieramente equilibrado, bajo el argumento de un riesgo patrimonial, sin que se
demostrara un detrimento económico con aplicación indebida e inconstitucional de
las normas que regulan la libertad de empresa, la buena fe contractual y la confianza
legítima. Con el cumplimiento de lo acordado se habrían garantizado ingresos en
favor de la entidad pública.
8.3. Desconocimiento del precedente: el Tribunal Administrativo de Casanare reiteró
una medida de suspensión provisional que ya había sido revocada por la Sección
Tercera, Subsección C del Consejo de Estado en el proceso de nulidad contractual
85001-23-33-000-2020-00040-01 (66.334) por considerar que los jueces no estaban
facultados para suspender un contrato ni tenían capacidad para coadministrar un
contrato privado ni de sustituir la voluntad contractual y la autonomía de gestión de
una empresa de servicios públicos. Esta decisión generaba un «precedente vinculante»
y una estabilidad jurídica que el tribunal debía acatar. Además, se desconoció el
principio de proporcionalidad en la restricción de derechos fundamentales o
económicos.
8.4. Igualmente, las providencias cuestionadas incurrieron en vulneración del derecho
al trabajo y mínimo vital de los trabajadores de Elecofasa Internacional SAS, de sus
inversionistas y aliados, con los cual se generó un perjuicio irremediable. Además, se
desconoció el principio de no regresión ambiental, pues la suspensión de la operación
tecnológica impidió el funcionamiento de la planta de valorización de residuos sólidos
urbanos. Con ello, se debió retomar la disposición final en relleno sanitario, lo que
representaba un retroceso grave en materia ambiental, social y económica.
2. Consideraciones
9. En atención a los argumentos expuestos en el escrito de impugnación y a las
pruebas que obran en el expediente se decidirá el asunto sometido a consideración
en el siguiente orden: i) competencia para decidir; ii) procedencia de la tutela contra
providencia judicial; iii) determinación del problema jurídico; y iv) análisis de la Sala.
2.1. Competencia
10. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 86 de la Constitución Política, el
Decreto 1382 de 20008 y el Acuerdo 80 del 12 de marzo de 2019 9, esta Sala es
competente para conocer de la impugnación contra la sentencia de tutela proferida
por el Consejo de Estado, Sección Primera.
8 Por medio del cual se establecen competencias para el reparto de la acción de tutela.
9 Por medio del cual se expide el reglamento interno del Consejo de Estado.
6
Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (57-1) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicado: 11001-03-15-000-2025-05347-01
Demandante: Elecofasa Internacional SAS
2.2. Procedencia de la tutela contra providencia judicial
11. En fallo del 31 de julio de 2012, la Sala Plena de lo Contencioso-administrativo del
Consejo de Estado10 unificó el criterio de la corporación en cuanto a la procedencia
de la tutela contra providencias judiciales, en consideración a las distintas posturas
que en su interior se habían desarrollado sobre el tema11. Al respecto señaló lo
siguiente:
«[…] De lo que ha quedado reseñado se concluye que si bien es cierto que el criterio
mayoritario de la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo ha sido el de considerar
improcedente la acción de tutela contra providencias judiciales, no lo es menos que las
distintas Secciones que la componen, antes y después del pronunciamiento de 29 de junio
de 2004 (Expediente AC-10203), han abierto paso a dicha acción constitucional, de
manera excepcional, cuando se ha advertido la vulneración de derechos constitucionales
fundamentales, de ahí que se modifique tal criterio radical y se admita, como se hace en
esta providencia, que debe acometerse el estudio de fondo, cuando se esté en presencia
de providencias judiciales que resulten violatorias de tales derechos, observando al efecto
los parámetros fijados hasta el momento Jurisprudencialmente. […]».
12. Como consecuencia de lo anterior, esta corporación ha considerado que es
necesario estudiar las solicitudes de tutela que se presenten contra providencia
judicial y analizar si ellas vulneran algún derecho fundamental, para lo cual
corresponde verificar cuáles son esos «parámetros fijados hasta el momento
jurisprudencialmente» como se indica en aquella decisión.
13. Sobre el particular, el Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso-
administrativo12 adoptó los criterios expuestos por la Corte Constitucional en la
sentencia C-590 de 2005 para establecer la procedencia de la tutela como
mecanismo residual y excepcional para la protección de derechos fundamentales
como lo señala el artículo 86 Constitucional. En ese sentido, se consideró que esta
solicitud se puede presentar además contra decisiones de las altas cortes que
desconozcan derechos fundamentales.
14. Ahora bien, la Corte Constitucional13 ha señalado que la solicitud de amparo debe
cumplir con unos requisitos generales de procedencia. Estos son: i) que sea relevante
constitucionalmente; ii) que no se trate de tutela contra tutela; iii) que se haya
presentado dentro de un plazo prudencial, el cual se ha denominado inmediatez; y
iv) que se haya acudido a ella en forma subsidiaria, es decir, que se hayan agotado
los recursos ordinarios y extraordinarios, siempre y cuando ellos sean idóneos y
eficaces para la protección del derecho que se dice vulnerado. Cuando no se cumpla
10 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso-administrativo, radicado 11001-03-15-000-2009-
01328-01, MP María Elizabeth García González.
11 El recuento de esos criterios se encuentra en las páginas 13 a 50 del fallo de la Sala Plena antes
reseñada.
12 Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso-administrativo. Sentencia del 5 de agosto de 2014,
Ref.: 11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ). Tutela-Importancia jurídica. Actor: Alpina Productos
Alimenticios. CP Jorge Octavio Ramírez Ramírez.
13 Entre otras en las sentencias T-949 del 16 de octubre de 2003; T-774 del 13 de agosto de 2004 y C-590
de 2005.
7
Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (57-1) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicado: 11001-03-15-000-2025-05347-01
Demandante: Elecofasa Internacional SAS
con uno de esos presupuestos, la decisión a tomar será declarar improcedente el
amparo solicitado y no se analizará el fondo del asunto.
15. A continuación, y de acreditarse el cumplimiento de los anteriores requisitos, 14 el
juez deberá realizar un análisis de los posibles yerros en que incurrió la autoridad
judicial, a partir de los argumentos expuestos en la tutela y de los derechos
fundamentales que se afirman vulnerados. En ese escenario, para la prosperidad del
amparo, debe verificarse lo siguiente: i) la configuración de alguno de los requisitos
específicos alegados por el interesado; y ii) que el vicio o defecto sea de tal
trascendencia que implique la amenaza o la afectación de derechos fundamentales15.
16. Es decir, el operador judicial debe verificar que la transgresión sea de tal entidad
que incida en el sentido de la decisión y que con la solicitud no se intente reabrir el
debate que se había planteado en la instancia correspondiente.
2.3. Problema jurídico
17. De acuerdo con el escrito de impugnación, la Sala deberá definir: ¿si el Tribunal
Administrativo de Casanare vulneró los derechos fundamentales de Elecofasa
Internacional SAS con ocasión de la sentencia del 3 de abril de 2025, a través de la
cual, en segunda instancia, ordenó suspender la ejecución del contrato de joint
venture del 24 de diciembre de 2019, hasta tanto se profiriera sentencia de segunda
instancia dentro del proceso de controversias contractuales con radicado
850012333000-202000040-00, con la que incurrió, al parecer, en defectos fáctico y
sustantivo y desconocimiento del precedente judicial?
2.4. Análisis de la Sala
2.4.1. Requisitos de procedibilidad adjetiva
18. En relación con el requisito de la relevancia constitucional, contrario a lo señalado
por el a quo, se entiende superado, toda vez que puede llevar consigo la violación de
derechos fundamentales, los cuales constituyen bienes jurídicos constitucionalmente
amparados.
19. Aclarado lo anterior, la Sala encuentra superados los requisitos de procedibilidad
de la solicitud de tutela y, en consecuencia, sin encontrar causal de nulidad que
invalide lo actuado, procederá a efectuar el estudio del fondo del asunto planteado.
2.4.2. Defecto fáctico
20. El defecto fáctico, de acuerdo con la jurisprudencia constitucional 16, tiene una
dimensión negativa y otra positiva.
14 Corte Constitucional, Sentencia T-309 de 2015, MP Jorge Ignacio Pretelt Chaljub.
15 Corte Constitucional, Sentencia SU-337 de 2017, MP Antonio José Lizarazo Ocampo.
16 Corte Constitucional, sentencias SU-159 de 2002, T-781 de 2011, T-267 de 2013, SU-172 de 2015, T-
605 de 2015, T-463 de 2016 y T-643 de 2016 entre otras.
8
Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (57-1) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicado: 11001-03-15-000-2025-05347-01
Demandante: Elecofasa Internacional SAS
21. La primera se configura cuando en desarrollo de la actividad probatoria el juez
omite la «valoración de pruebas determinantes para identificar la veracidad de los hechos
analizados por el juez»17, «o cuando sin razón valedera da por no probado el hecho o la
circunstancia que de la misma emerge clara y objetivamente»18. La segunda, se acredita
cuando el operador judicial «aprecia pruebas que no ha debido admitir ni valorar porque,
por ejemplo, fueron indebidamente recaudadas»19.
22. Empero, la intervención del juez constitucional en el análisis de las pruebas que
adelanta el juez natural, solo se justifica cuando resulta en una manifiesta vía de
hecho y, tiene una clara incidencia en el sentido de la decisión; por supuesto, en
vigencia y garantía de los derechos constitucionales fundamentales.
2.4.3. Defecto sustantivo
23. En cuanto al defecto sustantivo, es importante recordar que la Corte Constitucional
ha señalado que este se presenta cuando, el juez adopta una decisión que desborda
del marco constitucional y legal, al apoyarse en una norma evidentemente inaplicable
al caso concreto20. En su jurisprudencia, la corporación ha resaltado que este defecto
encuentra su origen en el hecho de que, si bien los jueces gozan de autonomía e
independencia judicial para interpretar y aplicar normas jurídicas, esta no es una
facultad absoluta21, para lo cual precisó que los límites se encuentran en el orden
jurídico preestablecido y los valores, principios, derechos y garantías que identifican
al actual Estado Social de Derecho.
24. El Alto Tribunal de lo Constitucional ha identificado una serie de situaciones en las
que se detecta el defecto sustantivo, a saber: (i) la sentencia se fundamenta en una
norma que no es aplicable; (ii) a pesar de la autonomía judicial, la interpretación o
aplicación de la norma al caso concreto no está dentro del margen de razonabilidad,
es de forma abierta contra evidente o perjudicial para los intereses legítimos de las
partes o es manifiestamente errada; (iii) no se toman en cuenta sentencias que hayan
definido el alcance de la norma aplicada; (iv) la disposición aplicada se torna
regresiva o contraria a la Constitución; (v) no se efectúa una interpretación sistémica
de la norma y (vi) se desconoce la norma constitucional o legal aplicable al caso.
25. A partir de lo anterior, es claro que no cualquier diferencia en la interpretación en
que se funde una decisión judicial configura este defecto; pues para tener tal entidad
debe ser considerada irrazonable, desproporcionada, arbitraria o caprichosa.
Además, la irregularidad debe ser de tal gravedad e importancia, que la decisión
proferida por la autoridad judicial obstaculice o lesione la efectividad de los derechos
17 Corte Constitucional, sentencia T-442 de 1994, MP Antonio Barrera Carbonell.
18 Sentencia SU-159 de 2002, MP Manuel José Cepeda Espinosa. SV. Jaime Araujo Rentería, Rodrigo
Escobar Gil y Alfredo Beltrán Sierra.
19 Sentencia T-538 de 1994.
20 Corte Constitucional, sentencias T-008 de 1999 y SU-416 de 2015.
21 Corte Constitucional, sentencias T-757 de 2009 y T-367 de 2018
9
Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (57-1) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicado: 11001-03-15-000-2025-05347-01
Demandante: Elecofasa Internacional SAS
fundamentales de los sujetos procesales22.
2.4.4. Desconocimiento del precedente judicial
26. En este punto, en cuanto al desconocimiento de precedente alegado se recuerda
que un análisis sistemático del artículo 230 de la Constitución Política permite afirmar
que los jueces guardan una carga de respetar los precedentes relevantes como un
imperativo derivado del principio de igualdad y un medio para promover la seguridad
jurídica, la confianza de la sociedad en la estabilidad, la predictibilidad de las
decisiones judiciales y la unificación de la interpretación de las normas jurídicas.
Adicionalmente, el principio de legalidad ordena un manejo adecuado de estos, como
medio para erradicar la arbitrariedad de las decisiones judiciales, presupuesto
esencial del Estado Social de Derecho.
27. La Corte Constitucional ha considerado que el precedente es toda decisión previa
adoptada principalmente por los órganos de cierre de las diferentes jurisdicciones
que, por abordar un problema jurídico originado en hechos idénticos o semejantes
desde un punto de vista jurídicamente relevante al que debe resolver el juez, debe
ser tenido en cuenta como condición de eficacia del principio de igualdad. El
adecuado manejo del precedente conlleva entonces la obligación de seguir el curso
de decisión trazado en la ratio decidendi de una o varias sentencias previas, salvo si
existen razones jurídicas particularmente poderosas que impongan modificarlo.
28. Esas razones pueden provenir de un cambio en el ordenamiento positivo, de la
modificación de las bases axiológicas del sistema jurídico o de una drástica
transformación de las condiciones sociales en las que se adoptaron aquellas
decisiones, de tal entidad que las torna en injustas o incorrectas en el orden de cosas
actual. De igual manera, el juez puede apartarse del precedente si, pese a la
existencia de algunas similitudes entre uno y otro caso, encuentra diferencias de
mayor peso que justifican un tratamiento diverso a la situación objeto de estudio.
Finalmente, eventos en los que se evidencia una incompatibilidad en el sentido de
decisiones precedentes, relevan al juez de obediencia pues, en términos prácticos,
no existe un precedente claro que lo vincule.
29. En cualquier caso, el juez debe cumplir una carga de transparencia, identificando
los precedentes relevantes; de suficiencia, dando a conocer las razones que en su
concepto justifican el cambio de dirección decisional, y precisando por qué esa
modificación lleva a una mejor interpretación del orden jurídico además de ello reporta
mayores beneficios que el detrimento en la seguridad jurídica y la igualdad que se
derivara de la desobediencia al precedente.
2.4.5. Sobre el caso concreto
30. Elecofasa Internacional SAS acudió al juez de tutela con el fin de que se
ampararan sus derechos fundamentales y, en consecuencia, se dejara sin efectos la
sentencia proferida el 3 de abril de 2025 por el Tribunal Administrativo de Casanare,
mediante la cual, en segunda instancia, ordenó suspender la ejecución del contrato
22 Corte Constitucional, sentencias SU-050 de 2017 y T-367 de 2018
10
Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (57-1) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicado: 11001-03-15-000-2025-05347-01
Demandante: Elecofasa Internacional SAS
de joint venture del 24 de diciembre de 2019, hasta tanto se profiriera sentencia de
segunda instancia dentro del proceso de controversias contractuales con radicado
850012333000-202000040-00.
31. A continuación se analizarán cada uno de los defectos aludidos en la impugnación
de la sentencia de primera instancia:
2.4.5.1. El defecto fáctico
32. Se consideró que la sentencia del 3 de abril de 2005 incurrió en defecto fáctico
porque omitió la valoración integral de las pruebas técnicas, financieras y
ambientales, que acreditaban que la operación desarrollada por Elecofasa
Internacional SAS era viable y beneficiosa para el patrimonio público y el medio
ambiente. En concreto, destacó que la autoridad judicial omitió solicitar la información
para poder valorar los medios de convicción allegados, entre ellas las siguientes:
32.1. El Informe de Gestión 2024 según el cual ESPA SA ESP generaba márgenes
netos de utilidad aproximados de $14.000.000 mensuales, al cobrar una tarifa de
$80.000 por tonelada de residuos recolectados y pagar a Elecofasa Internacional
SAS $50.000 por tonelada tratada mediante revalorización, lo que representaba una
operación económicamente sostenible y beneficiosa para el erario.
32.2. Los reportes de operación tecnológica de la instalación de la fase cero y fase 1
de la planta, con la implementación de la tecnología TECNOPIROPOLD®, con
capacidad de transformar plásticos residuales y bolsas de aseo en biodiésel F50, y
procesar biomasas hasta obtener bioestimulantes agrícolas.
32.3. Los registros fotográficos y certificaciones técnicas ambientales, que
demostraban la recuperación y puesta en marcha de equipos que habían sido
abandonados por la administración anterior de ESPA SA ESP, así como la
estabilización de la operación sin impacto negativo al patrimonio público.
33. No obstante, la parte accionante aclaró que estas pruebas no fueron aportadas al
proceso, puesto que el proyecto continuó durante los años 2023 y 2024, con ocasión
del auto que revocó la suspensión provisional decretada por el Tribunal
Administrativo de Casanare.
34. En efecto, en cuanto a las oportunidades probatorias que obran en el expediente
de la acción popular con radicado: 850013333002-2020-0007423, se constata que por
auto del 31 de mayo de 2021, el Juzgado Segundo Administrativo de Yopal decretó
las pruebas aportadas por Elecofasa Internacional SAS, así como las solicitadas por
el mismo sujeto procesal, en los siguientes términos:
«[...]
23 Ver índice 21 de Samai de Juzgado Administrativo de Yopal radicado: 85001333300220200007400.
Archivo denominado « 4_AAUTODECRETAPRACTICADEPRUEBAS_PRUEBAS(.pdf) NroActua 21».
11
Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (57-1) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicado: 11001-03-15-000-2025-05347-01
Demandante: Elecofasa Internacional SAS
4.- Se tiene como prueba los documentos aportados por Elecofasa Internacional S.A.S.,
visibles i) en dos subcarpetas (“PRUEBAS – parte 1” y “PRUEBAS parte 2”) de la carpeta
15 del cuaderno principal; ii) en dos subcarpetas (04 y 05) de la carpeta 08 del cuaderno
de medidas cautelares y iii) en las páginas 69 a 165 archivo 10 ibídem.
Se decreta la prueba documental solicitada por esta parte, tanto al contestar la demanda
como al descorrer el traslado de la solicitud de medida cautelar y al recurrir el auto que
decretó medidas cautelares, consistente en requerir de ESPA SA ESP:
“1. Informe de gestión adelantado por la ESPA SA ESP, que denota entre sus acápites,
la inviabilidad financiera y organizacional de la misma para el ejercicio de la PMIRS sin
un apoyo financiero
2. Informe final de consultoría del proceso contractual 033 de 2018, ejecutado en la ESPA
SA ESP, que tenía como fin el análisis integral de la PMIRS sobre el manejo de la ESPA
SA ESP. Toda vez que se presenta un indicio de prueba allegando el informe parcial del
mismo.”». (sic)
35. En este punto, es posible deducir que los documentos que el recurrente solicitó
correspondían a los años de 2023 y 2024, fechas posteriores a aquella en la que se
agotó la etapa probatoria en la primera instancia del medio de control de protección
de los derechos e intereses colectivos.
36. Asimismo, se advierte que, más adelante, Elecofasa Internacional SAS interpuso
recurso de apelación en contra de la sentencia de primera instancia proferida por el
Juzgado Segundo Administrativo de Yopal en el que solicitó «se sirva requerir a la
Empresa de Servicios Públicos de Aguazul ESPA S.A. E.S.P., para que remita con destino
al despacho el Acta de reinicio contractual suscrita entre los extremos contractuales de fecha
marzo de 2022»24.
37. Por medio de auto del 6 de febrero de 2025, el Tribunal Administrativo de Casanare
negó la solicitud de pruebas en segunda instancia, por cuanto no fue presentada
dentro del término de ejecutoria del auto que admitió los recursos de apelación, en
aplicación del artículo 212 del CPACA25.
38. En ese orden, no puede admitirse que se configuró el defecto fáctico expuesto por
la accionante, puesto que los documentos cuya falta de valoración acusó no fueron
aportados legalmente al trámite del proceso de protección de los derechos e intereses
colectivos. Ello se explica, precisamente por la razón expuesta por la solicitante, esto
es, que fueron elementos de prueba producidos después de las oportunidades que
la ley establece para aportar y solicitar pruebas.
2.4.5.2. El defecto sustantivo
39. Se sostuvo que, la sentencia del Tribunal Administrativo de Casanare suspendió
un contrato ambientalmente sostenible y financieramente equilibrado, bajo el
argumento de un riesgo patrimonial. Sin embargo, no se demostró un detrimento
24 Ver índice 33 de Samai de Juzgado Administrativo de Yopal radicado: 5001333300220200007400.
Archivo denominado «RECURSO DE APELACIÓN(.pdf) NroActua 33».
25 Ver índice 13 de Samai. Archivo denominado «30RECIBEMEMORIAL_85001333300220200007(.zip)
NroActua 13».
12
Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (57-1) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicado: 11001-03-15-000-2025-05347-01
Demandante: Elecofasa Internacional SAS
económico con aplicación indebida e inconstitucional de las normas que regulan la
libertad de empresa, la buena fe contractual y la confianza legítima. De haberse
cumplido con lo pactado se habrían garantizado ingresos en favor de la entidad
pública.
40. Para resolver el anterior planteamiento, se observa que la sentencia del 3 de abril
de 2025 expuso la valoración del Tribunal Administrativo de Casanare sobre la
presunta vulneración del derecho colectivo al patrimonio público, en los siguientes
términos:
«[…] a.- VULNERACIÓN AL DERECHO COLECTIVO A LA DEFENSA DEL
PATRIMONIO PÚBLICO: la defensa del patrimonio público se encuentra garantizada con
la ejecución del contrato si se tiene en cuenta que el grave riesgo biológico generado por
la desidia administrativa en la que se incurrió por la controversia suscitada con este
contrato ha sido resuelta con la intervención realizada por la empresa; y, que esta no
asumió actividades propias del servicio público de aseo que son exclusiva de la ESPA
sino que se trataba del apoyo financiero a través de una alianza estratégica que permitiera
diseñar e implementar un parque tecnológico y ambiental para el tratamiento y
transformación de los residuos sólidos, habida cuenta que a la fecha la PMIRS no se
encuentra prestando tales servicios.
Frente al derecho mencionado el H. Consejo de Estado refirió:
“(…) 135. La defensa del patrimonio público, conforme lo ha determinado el Consejo
de Estado, tiene una doble naturaleza. La primera es la dimensión subjetiva, la cual le
otorga el calificativo de derecho, y la segunda, una objetiva o de principio, que se
convierte en la obligación de las entidades públicas de gestionarlo de acuerdo a lo
establecido en el artículo 209 de la Constitución Política, de forma eficiente y
transparente y observando la legalidad presupuestal vigente.
136. En consecuencia, para que se configure la vulneración a la garantía colectiva a la
defensa del patrimonio público se requiere de la confluencia de los elementos: i)
subjetivo, referido al análisis de la gestión de ese patrimonio a cargo del funcionario,
de modo que si ésta se hace de forma irresponsable, deshonesta o negligente, se
transgrede el interés colectivo protegido y, ii) objetivo, que se relaciona con el deber
de las entidades estatales de gestionar el patrimonio público, de acuerdo con los
postulados de eficiencia y transparencia contemplados en el artículo 209 de la
Constitución Política.
(…)
140. De conformidad con los criterios jurisprudenciales expuestos, que se prohíjan en
esta providencia y precisado el concepto de lo que se de entender por patrimonio
público, la Sala especial concluye que la garantía colectiva a su defensa propugna por
la protección del patrimonio estatal, en orden a resguardar la totalidad de bienes,
derechos y obligaciones públicas y procura porque su administración sea eficiente,
proba y transparente, de acuerdo a la legislación vigente y con el cuidado y diligencia
propios de un buen servidor, de modo que se evite cualquier detrimento. (…)”26
Con fundamento en lo anterior se considera que, contrario a lo señalado por el recurrente
con las pruebas aportadas al plenario se acreditó que en la cláusula tercera del contrato
joint venture, la Empresa de Servicios Públicos de Aguazul se comprometió a suministrar
26 Citó: «CONSEJO DE ESTADO, SALA DÉCIMA ESPECIAL DE DECISIÓN. Consejera ponente:
SANDRA LISSET IBARRA VÉLEZ. Febrero 1º. de 2022. Radicación: 73001-33-31-006-2008-00027-
01 Actor: GERMÁN EDUARDO TRIANA LÓPEZ. Demandado: COMPAÑÍA ENERGÉTICA DEL
TOLIMA S.A - E.S.P. – ENERTOLIMA S.A. E.S.P. Y ELECTRIFICADORA DEL TOLIMA S.A E.S.P. –
ELECTROLIMA S.A. E.S.P. EN LIQUIDACIÓN».
13
Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (57-1) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicado: 11001-03-15-000-2025-05347-01
Demandante: Elecofasa Internacional SAS
la infraestructura, maquinaria y equipo de la Planta de Manejo Integral de Residuos
Sólidos (PMIRS) por el término de treinta años lo que implica que, no se trata de una
alianza estratégica.
Es indiscutible que la disposición de residuos de acuerdo con lo dispuesto por los artículos
14.24 de la Ley 142 de 1994 y 2.3.2.2.2.1.13 del Decreto 1077 de 2015 hace parte del
servicio público de aseo, actividad que se encuentra en cabeza de la empresa de servicios
públicos, pero con dicho convenio se transfiere a ELECOFASA INTERNACIONAL S.A.S.
sin haber adelantado el proceso contractual en los términos del manual de contratación
de la entidad.
Ahora, no existe prueba que demuestre el presunto riesgo biológico generado por la
desidia administrativa en la que se incurrió por la controversia suscitada ni se trata de una
situación discutida en primera instancia por lo que, no hay mérito para que la Sala se
manifieste al respecto.
De esta manera se concluye que, la vulneración del derecho al patrimonio público radica
en el contrato que comporta un riesgo tanto a nivel financiero como sobre los bienes de
la Planta de Manejo Integral de Residuos Sólidos (PMIRS) esto porque, a pesar de que
hasta el momento no se ha causado erogación alguna, la falta de claridad en el
clausulado, el tiempo de ejecución del negocio y las condiciones pactadas impiden que
haya claridad sobre los dividendos y la inversión que comporta para la empresa de
servicios públicos a largo plazo al permitir que el particular disponga sin limitaciones del
predio y de los bienes de la PMIRS (bienes públicos); y, adicionalmente, no se señala
nada en lo que hace a la sanción pecuniaria en caso de incumplimiento por parte de las
empresas asociadas lo que implica que, el cargo en estudio no tiene vocación de
prosperidad. […]».
41. De acuerdo con lo anterior, la providencia objeto de la solicitud de tutela tuvo como
sustento normativo los artículos 14.24 de la Ley 142 de 1994, según el cual el servicio
público domiciliario de aseo comprende no solo la recolección de residuos,
principalmente sólidos, sino también las actividades complementarias de «transporte,
tratamiento, aprovechamiento y disposición final de tales residuos», y 2.3.2.2.2.1.13 del
Decreto 1077 de 2015 que reitera la disposición.
42. A partir del sustento normativo citado, el tribunal verificó las cláusulas del contrato
de joint venture del 24 de diciembre de 2019 y constató que la ESPA SA ESP se
comprometió a suministrar la infraestructura, maquinaria y equipo de la PMIRS por el
término de treinta (30) años, para diseñar e implementar un parque tecnológico y
ambiental para el tratamiento y transformación de los residuos sólidos. Ello en
atención a que dicha empresa no prestaba tales servicios.
43. En atención a la relación que advirtió entre el objeto contractual y la actividad propia
del servicio público de aseo, consideró que de conformidad con el artículo 14 de la
Ley 80 de 1993, en concordancia con el artículo 14 del manual de contratación de la
entidad [Acuerdo 010 de 2014], era necesario que se pactaran cláusulas
excepcionales al derecho común. Fue así, por cuanto el ejercicio del objeto contractual
estaba relacionado con la prestación de un servicio público. Sin embargo, el acto
jurídico no cumplió con tal condición, de lo cual derivó el riesgo del interés colectivo
del patrimonio público.
14
Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (57-1) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicado: 11001-03-15-000-2025-05347-01
Demandante: Elecofasa Internacional SAS
44. Las anteriores premisas fueron analizadas por la sentencia bajo la esfera de la
competencia del juez de la acción popular. Sobre el punto, es importante destacar que
la protección de derechos e intereses colectivos no solamente es procedente frente a
su efectiva vulneración, sino también cuando se encuentran en riesgo de que ello
suceda. Ciertamente, el diseño jurídico de este medio judicial permite la adopción de
las medidas necesarias para evitar el daño contingente, hacer cesar el peligro, la
amenaza, la vulneración o agravio sobre tales derechos, o restituir las cosas a su
estado anterior cuando fuere posible, tal y como se desprende de los artículos 144 del
CPACA y 2 de la Ley 472 de 1998.
45. En este punto, conviene destacar que la solicitante señaló que el artículo 333 27 de
la C.P. establece que la actividad económica y la iniciativa privada son libres, la misma
disposición determina responsabilidades en la función social que tiene la empresa y
somete a la actividad económica al bien común. Este último aspecto es precisamente
el que identifica como propósito de la acción popular la defensa de los derechos
colectivos.
46. En este sentido, la sentencia del 3 de abril de 2025 atendió la postura
jurisprudencial del Consejo de Estado contenida en las sentencias del 13 de febrero
de 201828 y del 21 de julio de 202329 en relación con la posibilidad de decretar las
medidas necesarias para hacer cesar la vulneración o amenaza del derecho colectivo,
sin que ello pueda extenderse a la declaratoria de nulidad de contratos y actos
administrativos.
47. De acuerdo con lo anterior, la interpretación expuesta por la sentencia objeto de la
solicitud de amparo atendió las normas y jurisprudencia relevantes a la materia de
estudio, su valoración se enmarca en los parámetros de razonabilidad, autonomía e
independencia judicial. En suma, la decisión no se presenta como desproporcionada,
arbitraria o caprichosa. Además, no se expone una irregularidad que sea de tal
gravedad e importancia, que evidencie que la decisión proferida por la autoridad
judicial obstaculice o lesione la efectividad de los derechos fundamentales invocados.
27 ARTICULO 333. La actividad económica y la iniciativa privada son libres, dentro de los límites del
bien común. Para su ejercicio, nadie podrá exigir permisos previos ni requisitos, sin autorización de la
ley.
La libre competencia económica es un derecho de todos que supone responsabilidades.
La empresa, como base del desarrollo, tiene una función social que implica obligaciones. El Estado
fortalecerá las organizaciones solidarias y estimulará el desarrollo empresarial.
El Estado, por mandato de la ley, impedirá que se obstruya o se restrinja la libertad económica y evitará
o controlará cualquier abuso que personas o empresas hagan de su posición dominante en el mercado
nacional.
La ley delimitará el alcance de la libertad económica cuando así lo exijan el interés social, el ambiente
y el patrimonio cultural de la Nación.
28 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia del febrero 13 2018,
radicado: 25000-23-15-000-2002-02704-01, demandante: Antonio José Rengifo Lozano. M.P. William
Hernández Gómez.
29 Consejo de Estado, Sección Primera, sentencia del 21 de julio de 2023, radicado: 44001-23-40-000-
2020-00019-01. Demandantes: Procurador 91 Judicial I Para Asuntos Administrativos de la Guajira y
Procuradora 42 Judicial II Para Asuntos Administrativos de La Guajira. M.P.: Roberto Augusto Serrato
Valdés.
15
Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (57-1) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicado: 11001-03-15-000-2025-05347-01
Demandante: Elecofasa Internacional SAS
48. Por lo tanto, el argumento del impugnante que sostiene que no se demostró un
detrimento económico con aplicación indebida e inconstitucional de las normas que
regulan la libertad de empresa, la buena fe contractual y la confianza legítima, no
conlleva el defecto sustantivo que pretendió sustentar, puesto que el juez tenía la
posibilidad de adoptar las medidas necesarias para hacer cesar el riesgo al interés
colectivo del patrimonio público al concluir que la situación fáctica llevaba su amenaza.
2.4.5.3. Desconocimiento del precedente
49. Elecofasa Internacional SAS sostuvo que el Tribunal Administrativo de Casanare
reiteró una medida de suspensión provisional que ya había sido revocada por la
Sección Tercera, Subsección C, del Consejo de Estado en el proceso de nulidad
contractual 85001-23-33-000-2020-00040-01 (66.334). De acuerdo con la
providencia, los jueces no estaban facultados para suspender un contrato de
naturaleza privada ni tenían capacidad para coadministrarlo ni de sustituir la voluntad
contractual y la autonomía de gestión de una empresa de servicios públicos. Esta
decisión generaba un precedente vinculante y una estabilidad jurídica que el tribunal
debía acatar. Además, se desconoció el principio de proporcionalidad en la restricción
de derechos fundamentales o económicos.
50. De acuerdo con lo anterior, se observa que se presentan 2 planteamientos: i)
desconocimiento del auto que revocó el decreto de medida cautelar en el proceso de
controversias contractuales; y ii) desconocimiento del principio de proporcionalidad
en la restricción de derechos fundamentales.
51. En cuanto a lo primero, esto es, sobre el valor como precedente vinculante del
auto del 26 de abril de 2021 que resolvió acerca de la medida cautelar, proferido por
la Sección Tercera, Subsección C, del Consejo de Estado, dentro del proceso con
radicado 850012333000202000040 01, se observa que no implica prejuzgamiento,
de conformidad con el artículo 229 del CPACA que dispone:
ARTÍCULO 229. Procedencia de medidas cautelares. En todos los procesos declarativos
que se adelanten ante esta jurisdicción, antes de ser notificado, el auto admisorio de la
demanda o en cualquier estado del proceso, a petición de parte debidamente sustentada,
podrá el Juez o Magistrado Ponente decretar, en providencia motivada, las medidas
cautelares que considere necesarias para proteger y garantizar, provisionalmente, el
objeto del proceso y la efectividad de la sentencia, de acuerdo con lo regulado en el
presente capítulo.
La decisión sobre la medida cautelar no implica prejuzgamiento.
PARÁGRAFO . Las medidas cautelares en los procesos que tengan por finalidad la
defensa y protección de los derechos e intereses colectivos y en los procesos de
tutela30 del conocimiento de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo se regirán
por lo dispuesto en este capítulo y podrán ser decretadas de oficio. [se destaca]
52. Lo anterior es coherente con el carácter de preventivas, conservativas,
anticipativas, o de suspensión que les asigna el artículo 230 ibidem que prevé, a su
30 Aparte subrayado declarado exequible por la Corte Constitucional en la sentencia C-284 de 2014.
16
Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (57-1) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicado: 11001-03-15-000-2025-05347-01
Demandante: Elecofasa Internacional SAS
vez, un listado enunciativo de aquellas. La competencia para dictarlas es del juez o
magistrado ponente, pueden decretarse una o varias en un solo proceso. De ahí que
su principal función está íntimamente ligada con la tutela judicial efectiva, con el fin
de garantizar el objeto del proceso, de forma temprana y provisional. Asimismo, está
dirigida a garantizar la efectividad de la sentencia31.
53. Aquellas particularidades y, en especial, su naturaleza provisional, implican que la
decisión sobre la medida cautelar no cumple con las características de estabilidad y
predictibilidad de las decisiones judiciales que tienen la fuerza vinculante del
precedente, que favorece la unificación en la interpretación de las normas, en
condiciones de igualdad y seguridad jurídica.
54. A lo anterior se agrega el hecho de que el auto del 26 de abril de 2021 revocó la
medida cautelar que se había decretado en primera instancia por lo siguiente:
«[…] La parte demandante solicitó la suspensión del contrato de alianza estratégica
celebrado el 24 de diciembre de 2019, para diseñar e implementar un parque tecnológico
y ambiental para el tratamiento y transformación de los residuos sólidos urbanos en el
municipio de Aguazul, Casanare. Como el contrato deviene de la voluntad de las partes
y no de un acto administrativo de carácter unilateral, la suspensión de sus efectos, en
principio, requiere un acuerdo de voluntades de ambas partes. Además, la demandante
no acreditó que no exista otra posibilidad de superar la situación que justifique la
suspensión de los efectos del contrato. Además, la solicitud de medida cautelar se
fundamentó en hechos que sólo podrán estudiarse en el fallo en el que se revise la
alegada nulidad del contrato, como el cumplimiento del manual de contratación, la
experiencia del contratista y el cumplimiento de los requisitos legales para su celebración.
El demandante tampoco sustentó con suficiencia los requisitos previstos en el artículo
231 CPACA, pues no acreditó, entre otras, que resultara más gravoso para el interés
público negar la medida cautelar que suspender los efectos de un contrato cuya existencia
y validez son objeto de estudio en el presente proceso y que al no otorgarse la medida se
causa un perjuicio irremediable, por ello, se revocará la decisión apelada. […]». (sic)
55. De acuerdo con lo transcrito, en la etapa procesal que cursaba el litigio de
controversias contractuales no era posible determinar los hechos que fundamentaron
la solicitud, pues ello se estudiaría en el respectivo fallo.
56. Por su parte, la sentencia del 3 de abril de 2025 resolvió los siguientes problemas
jurídicos:
«[…] a. ¿En el asunto sub lite se acreditó la vulneración al derecho colectivo a la moralidad
administrativa?
b. ¿Es procedente disponer en la sentencia de una popular como lo es la que nos ocupa
que se incluyan cláusulas exorbitantes en el contrato de joint venture que fundamenta la
misma? […]». (sic)
57. Así las cosas, mientras en el auto que se invocó como precedente se resolvió
sobre la procedencia de una medida cautelar en una controversia contractual, en la
31 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, auto del 11 de noviembre de 2020,
radicado: 11001-03-25-000-2019-00457 00 (3474-2019), demandante: Duverney Eliud Valencia
Ocampo. M.P. William Hernández Gómez.
17
Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (57-1) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicado: 11001-03-15-000-2025-05347-01
Demandante: Elecofasa Internacional SAS
sentencia del 3 de abril de 2025 se decidió sobre la vulneración de derechos
colectivos. Sin negar la evidente relación que existe entre ambas providencias
comoquiera que se estudió el mismo contrato de joint venture del 24 de diciembre de
2019, lo cierto es que no había identidad en los problemas jurídicos planteados
respectivamente. Por ende, aunque se admitiera que el auto del 21 de abril de 2021
tenía el carácter de precedente, lo cierto es que no lo era para el proceso de
protección de los derechos e intereses colectivos que resolvió la providencia objeto
de la solicitud de tutela.
58. Ahora, en cuanto al presunto desconocimiento del principio de proporcionalidad
en la restricción de derechos fundamentales, se advierte que la ponderación que la
impugnación anunció como omitida era «entre los supuestos riesgos económicos
alegados y los beneficios sociales, ambientales y financieros comprobados de la operación
de ELECOFASA». De tal argumento no se deduce cuáles eran los derechos
fundamentales limitados con la medida adoptada por la decisión judicial que debieron
ponderarse.
59. En todo caso, la solicitud de amparo no se instituye en una instancia adicional para
imponer al juez natural la herramienta hermenéutica que debe implementar para el
ejercicio de valoración probatoria y normativa propia del debate procesal. Admitir lo
contrario, sería tanto como desconocer el carácter residual y subsidiario de la tutela
para convertirla en juicio de corrección del razonamiento judicial. En consecuencia,
no se configuró el defecto por desconocimiento del precedente alegado por la
accionante.
60. Por último, no se pasa por alto que la impugnación señaló que las providencias
cuestionadas incurrieron en vulneración del derecho al trabajo y mínimo vital de los
trabajadores de Elecofasa Internacional SAS, de sus inversionistas y aliados, con los
cual se generó un perjuicio irremediable. Además, se desconoció el principio de no
regresión ambiental, pues la suspensión de la operación tecnológica impidió el
funcionamiento de la planta de valorización de residuos sólidos urbanos. Con ello, se
debió retomar la disposición final en relleno sanitario, lo que representaba un
retroceso grave en materia ambiental, social y económica.
61. Con todo, los derechos laborales no fueron objeto del debate jurídico y probatorio
que resolvieron las providencias objeto de la tutela, motivo por el cual no es viable un
pronunciamiento adicional en esta instancia, pues no se configura en ningún de los
defectos invocados. Además, la posible «regresión ambiental» es un aspecto que debe
valorarse y ponderarse en las etapas del negocio jurídico, pero que por sí mismo no
se presenta como suficiente para enervar las consideraciones expuestas en la
sentencia del 3 de abril de 2025 de cara a las falencias advertidas respecto del
contrato de joint venture del 24 de diciembre de 2019.
3. Conclusión
62. En este orden de ideas, al quedar desvirtuadas las inconformidades en las que la
parte demandante centró sus esfuerzos, la Sala revocará la decisión del a quo, para,
18
Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (57-1) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicado: 11001-03-15-000-2025-05347-01
Demandante: Elecofasa Internacional SAS
en su lugar, negar el amparo de los derechos fundamentales de Elecofasa
Internacional SA, en la solicitud de tutela presentada en contra del Tribunal
Administrativo de Casanare.
En mérito de lo expuesto el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-
administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia y por
autoridad de la ley,
F A L L A:
Primero. Revocar la sentencia proferida el 2 de octubre de 2025 por el Consejo de
Estado, Sección Primera. En su lugar, negar el amparo de los derechos
fundamentales de Elecofasa Internacional SAS, en la solicitud de tutela presentada
contra el Tribunal Administrativo de Casanare.
Segundo. Notificar a las partes y a los intervinientes en la forma prevista en el artículo
30 del Decreto 2591 de 1991.
Tercero. Remitir el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión,
dentro de los diez (10) días siguientes a la ejecutoria de esta providencia.
La anterior providencia fue estudiada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR ELIZABETH BECERRA CORNEJO
Firmado Electrónicamente Firmado Electrónicamente
JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA
Firmado Electrónicamente
LMMO/LXRR
Se deja constancia de que esta providencia se firma en forma electrónica mediante el aplicativo Samai,
de manera que el certificado digital que arroja el sistema valida la integridad y autenticidad del presente
documento en el link http://relatoria.consejodeestado.gov.co:8081/Vistas/documentos/evalidador
19
Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (57-1) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Sigue leyendo
RuleX es la IA para el trabajo legal: inteligencia artificial y software jurídico, todo en una sola plataforma. Crea tu cuenta y RuleX abre esta providencia completa, te explica sus reglas y la lleva a tu escrito con la cita puesta. Siete días de prueba sin tarjeta.