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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-05359-00

Fecha
25 de septiembre de 2025
Consejero ponente
Germán Eduardo Osorio Cifuentes

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-05359-00

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO: DECLARAR IMPROCEDENTE la acción de tutela interpuesta por el señor Juan Carlos Valencia Soto, por las razones expuestas en la parte motiva. SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes e intervinientes en la forma prevista en los artículos 16 y 30 del Decreto Ley 2591 de 1991. TERCERO: De no ser impugnada oportunamente la presente providencia en los términos señalados por la ley, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión, de acuerdo con lo establecido en el inciso 2° del artículo 31 del Decreto Ley 2591 de 1991. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 11 Radicado: 11001 03 15 000 2025 05359 00 Accionante: Juan Carlos Valencia Soto

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2025-05359-00

Consejero ponente: Germán Eduardo Osorio Cifuentes

25 de septiembre de 2025

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Radicado: 11001 03 15 000 2025 05359 00
Accionante: Juan Carlos Valencia Soto

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA

Consejero Ponente (E): GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES

Bogotá, D.C., veinticinco (25) de septiembre de dos mil veinticinco (2025)
Expediente: 11001 03 15 000 2025 05359 00
Accionante: Juan Carlos Valencia Soto
Accionado: Tribunal Administrativo del Valle del Cauca
Tesis: Es improcedente la acción de tutela que se interpone contra una providencia
judicial después seis (6) meses de proferida.

ACCIÓN DE TUTELA - PRIMERA INSTANCIA

La Sala decide la acción de tutela presentada por el señor Juan Carlos Valencia
Soto en contra del Tribunal Administrativo del Valle del Cauca.

I. SÍNTESIS DEL CASO

1.1. El señor Juan Carlos Valencia Soto interpuso acción de tutela contra el Tribunal
Administrativo del Valle del Cauca, al considerar vulnerados sus derechos
fundamentales al debido proceso, al acceso a la administración de justicia, al
trabajo, a la seguridad social en concordancia con los principios de legalidad,
confianza legítima, interpretación de normas procesales, buena fe, no reformatio in
pejus, seguridad jurídica y supremacía constitucional con la sentencia nro. 131 de
19 de junio de 2024, proferida dentro del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho con número de radicado 76001 33 33 014 2023 00042
01.

Para el efecto, formuló las siguientes pretensiones:

«IV. PETICIONES

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Accionante: Juan Carlos Valencia Soto

PRIMERA. TUTELAR los derechos fundamentales al debido proceso, acceso a
la administración de justicia, derecho al trabajo, derecho a la seguridad social,
al igual que los principios de legalidad, confianza legitima, interpretación de
normas procesales, buena fe, no reformatio in pejus, y todos aquellos que
llegaren a probarse vulnerados conforme a lo expuesto en los fundamentos
jurídicos y caso concreto de este escrito.

SEGUNDA. REVOCAR la sentencia de segunda instancia No. 131 del 19 de
junio de 2024, proferida por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, al
interior del proceso identificado con radicado No. 76001-33-33-014-2023-
00042-01.»1.

1.1. Como fundamento de su solicitud, en el apartado de hechos indicó que desde
de 1987 labora en la Alcaldía de Santiago de Cali.

Manifestó que en 1991 dicha entidad territorial expidió el Decreto nro. 0216, mediante
el cual reguló las prestaciones sociales y los factores salariales de sus empleados. No
obstante, ese acto fue declarado ilegal mediante sentencia del 20 de enero de 2012,
por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, decisión que fue confirmada por el
Consejo de Estado en fallo del 8 de agosto de 2019. En este último se precisó que la
nulidad tendría efectos “ex tunc” y que debían ser respetados los derechos adquiridos
por los servidores públicos de la Alcaldía de Santiago de Cali.

Expuso que, con base en la decisión de la Alta Corte, el 9 de agosto de 2022 solicitó
a la citada autoridad territorial el reconocimiento y pago de las primas extralegales
dejadas de percibir desde el año 2000. Sin embargo, en oficio del 20 de septiembre
de 2022, esta negó la petición.

Indicó que el 16 de febrero de 2023, interpuso demanda de nulidad y restablecimiento
del derecho con el fin de obtener el pago retroactivo de las prestaciones sociales y los
factores salariales establecidos en el Decreto nro. 0216 de 1991, la cual fue asignada
para su conocimiento al Juzgado Catorce Administrativo del Circuito de Cali, el cual,
mediante sentencia nro. 224 de 4 de diciembre de 2023, negó las pretensiones.
Señaló que, contra esa decisión presentó recurso de apelación, el cual fue resuelto
por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca del 19 de junio de 2024 en el sentido
de confirmar la decisión.

1 Visible a índice 2 del Sistema de Gestión Judicial Samai.

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Accionante: Juan Carlos Valencia Soto

1.2. Adujo que, la demandada había incurrido en defecto fáctico con el que vulneró
los derechos al debido proceso y a la defensa, pues actuó de forma “caprichosa”2 al
momento de valorar como pruebas el contenido de los desprendibles de nómina, la
sentencia proferida por el Consejo de Estado en el expediente con radicado 76001 23
31 000 2010 01485 01 y el concepto de derecho adquirido. Aseguró que, esas pruebas
servían para demostrar que el actor gozaba de un derecho adquirido el cual debía ser
respetado.

Sostuvo que, el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca erró al considerar que la
garantía adquirida por el demandante desapareció debido a la falta de pago de la
bonificación por parte del Distrito Especial de Santiago de Cali; situación que carecía
de certeza, dado que esos derechos permanecían vigentes hasta que el acto que los
concedió fuera declarado nulo, por lo cual la entidad debía seguir pagando los
beneficios extralegales.

1.3. Asimismo, anunció que la sentencia del 19 de junio de 2024 se había apartado
del precedente dictado en materia de derechos adquiridos y situaciones jurídicas
consolidadas, sin contar con una justificación para ello. Lo cual también generó que
se incurriera en un defecto material, pues desconoció la protección que la
jurisprudencia constitucional le otorgó a dicha garantía y dejó de aplicar las normas
correspondientes, vulnerando así los principios de seguridad jurídica y de
irretroactividad de la ley.

1.4. Respecto de la violación directa de la Constitución, afirmó que el Tribunal
Administrativo del Valle del Cauca transgredió la seguridad jurídica, el principio de
confianza legitima y los artículos 25, 29, 48, 49, 53, 58, 93 y 229 de la Carta Política,
al no tener en cuenta que durante la vigencia del Decreto nro. 0216 de 1991, los
empleados del Distrito de Cali contaban con el derecho a exigir el pago de las
prestaciones extralegales. Por lo que, la decisión de la administración que negó el
reconocimiento de esos beneficios debía ser declarada nula, por vulnerar de forma
sistemática el principio de legalidad de los actos administrativos.

Mencionó que, se había infringido el derecho al debido proceso al no haber estudiado
la pretensión relacionada con el reconocimiento del pago del retroactivo de las

2 Ibidem.

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prestaciones sociales y los factores salariales establecidos en el Decreto nro. 216 de
1991, de cara al concepto de derecho adquirido.

1.5. Señaló que, al ser adulto mayor ostenta la calidad de sujeto de especial
protección, de acuerdo con lo previsto en la sentencia C 503 de 2014 de la Corte
Constitucional, por lo que era obligación del Juez Constitucional obrar de forma
diligente en la presente acción de tutela.

1.6. Por último, manifestó que con la sentencia del 19 de junio de 2024, se
desconoció el principio de no “reformatio in pejus”, debido a que fue condenado en
costas a pesar de que en el fallo de primera instancia estas no fueron consideradas.

II. TRÁMITE DE LA TUTELA

2.1. El expediente fue sometido a reparto el 28 de agosto de 20253 y allegado al
Despacho el 29 del mismo mes y año4.

2.2. El proceso de la referencia fue admitido mediante providencia del 1 de septiembre
de 20255, en el que particularmente se ordenó notificar a los Magistrados del Tribunal
Administrativo del Valle del Cauca y comunicar al Juzgado Catorce Administrativo del
Circuito de Cali, al Distrito Especial de Santiago de Cali y a la Agencia Nacional de
Defensa Jurídica del Estado.

2.3. El 9 de septiembre de 20256, el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca
solicitó que se negara el amparo constitucional, argumentando que no se cumplía con
el requisito de inmediatez, debido a que la sentencia atacada era del 19 de junio de
2024, fue notificada el 24 del mismo mes y año y quedó ejecutoriada el 2 de julio de
2024. Por lo tanto, transcurrieron más de seis (6) meses hasta la radicación de la
acción de tutela que fue el 28 de agosto de 2025.

3 Visible a índice 1 ibidem.
4 Visible a índice 3 ibidem.
5 Visible a índice 4 ibidem.
6 Visible a índice 8 ibidem

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Asimismo, adujo que no había incurrido en defecto fáctico, pues los documentos
allegados al proceso ordinario fueron valorados de forma razonada. Además, el actor
no logró demostrar la existencia de situaciones jurídicas consolidadas.

Afirmó que, aplicó la jurisprudencia del Consejo de Estado relacionada con la nulidad
del Decreto nro. 216 de 1991; pero el señor Valencia Soto no acreditó que contara con
un acto administrativo particular o una sentencia que evidenciara la existencia de un
derecho adquirido.

2.4. La Alcaldía de Santiago de Cali7 solicitó que se declarara improcedente la acción
de tutela respecto de esa entidad, debido a que no se logró acreditar ninguna conducta
que le fuera atribuible. Adicionalmente, expuso que el proceso de la referencia estaba
siendo utilizado para reabrir el debate ordinario.

2.5. El Juzgado Catorce Administrativo del Circuito de Cali puso de presente que
la petición de amparo no estaba llamada a prosperar debido a que la nulidad del
Decreto nro. 0216 de 1991 tenía efectos ex tunc, por lo que cualquier pago que se
efectuara después de que este perdiera vigencia sería ilegal. Concluyó que, solo se
amparan las prestaciones pagadas antes de la declaratoria de ilegalidad; sin embargo,
para el caso del actor no se afectaron derechos adquiridos.

III. CONSIDERACIONES

3.1. Competencia

De conformidad con lo previsto por el numeral quinto del artículo 2.2.3.1.2.1. del
Decreto 1069 del 26 de mayo de 2015, modificado por el artículo 1° del Decreto 333
de 20218, y en virtud del artículo 13 del Acuerdo 80 de 12 de marzo de 2019 de la
Sala Plena del Consejo de Estado, que asignó a esta Sección el conocimiento de

7 Visible a índice 9 ibidem.
8 “Artículo 1°. Modificación del artículo 2.2.3.1.2.1 del Decreto 1069 de 2015. Modifíquese el artículo

2.2.3.1.2.1 del Decreto 1069 de 2015, el cual quedará así:
(…)
5.⁠ ⁠Las acciones de tutela dirigidas contra los Jueces o Tribunales serán repartidas, para su
conocimiento en primera instancia, al respectivo superior funcional de la autoridad jurisdiccional
accionada.”

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este tipo de acciones constitucionales, esta Sala es competente para conocer del
presente asunto.

3.2. Hechos relevantes

3.2.1. El señor Juan Carlos Valencia Soto presentó el 16 de febrero de 2023 una
demanda de nulidad y restablecimiento del derecho contra el Distrito de Santiago
de Cali, con el fin de obtener el reconocimiento y pago del retroactivo de las
prestaciones sociales y factores salariales que se encontraban regulados en el
Decreto nro. 0216 de 1991.

3.2.2. El Juzgado Catorce Administrativo del Circuito de Cali, a través de sentencia
del 16 de mayo de 2023, negó las pretensiones de la demanda.

3.2.3. Contra la mencionada decisión el actor interpuso recurso de apelación y,
mediante proveído del 19 de junio de 2024, el Tribunal Administrativo del Valle del
Cauca la confirmó.

3.2.4. Inconforme con lo resuelto, el accionante interpuso la acción de tutela de la
referencia.

3.3. De la verificación del cumplimiento de los requisitos generales de
procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial

3.3.1. El requisito de inmediatez en la acción de tutela contra providencia
judicial

La jurisprudencia constitucional ha considerado que, dado que la finalidad de la
tutela es la protección urgente e inmediata de los derechos fundamentales, ésta
debe formularse en un plazo razonable contado a partir del hecho que originó la
amenaza o vulneración, pues aceptar lo contrario desvirtuaría su carácter
excepcional.

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En este sentido, en sentencia SU-354 de 2017, la Corte Constitucional destacó que
la importancia de exigir un término razonable entre la notificación de la providencia
que se controvierte y la interposición de la acción de tutela radica en que dicho
requisito: “(i) garantiza una protección urgente de los derechos fundamentales
presuntamente amenazados o vulnerados; (ii) evita una lesión desproporcionada a
atribuciones jurídicas de terceros; (iii) resguarda la seguridad jurídica; y (iv)
desestima las solicitudes negligentes”.

La citada Corporación9 estableció dos eventos en los que es posible valorar la
admisibilidad de una acción de tutela presentada luego de que hubiese transcurrido
un largo período respecto de la vulneración o amenaza de derechos: “(i) cuando se
demuestre que la vulneración es permanente en el tiempo y que, pese a que el
hecho que la originó por primera vez es muy antiguo respecto de la presentación de
la tutela, la situación es continua y actual. Y (ii) cuando la especial situación de
aquella persona a quien se le han vulnerado sus derechos fundamentales, hace
desproporcionado el hecho de adjudicarle la carga de acudir a un juez; por ejemplo,
el estado de indefensión, interdicción, abandono, minoría de edad, incapacidad
física, entre otros”.

La razonabilidad del plazo debe ser valorada en cada caso concreto, teniendo en
cuenta, entre otros, los siguientes criterios: (i) si existe un motivo válido para la
inactividad del accionante; (ii) si la inactividad injustificada vulnera el núcleo esencial
de los derechos de terceros afectados con la decisión; (iii) si existe un nexo causal
entre el ejercicio inoportuno de la acción y la vulneración de los derechos de los
interesados, y (iv) si el fundamento de la acción de tutela surgió después de
acaecida la actuación violatoria de los derechos fundamentales, de cualquier forma
en un plazo no muy alejado de la fecha de interposición.

La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, en sentencia
del 5 de agosto de 2014, unificó su jurisprudencia10 y, en cuanto al requisito de
inmediatez, estableció que “a Sala Plena, como regla general, acoge un plazo de
seis meses, contados a partir de la notificación o ejecutoria de la sentencia, según

9 Sentencia T-584 de 2011, SU-499 de 2016.
10 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sentencia del 5 de agosto de

2014. M.P. Jorge Octavio Ramírez Ramírez. Rad.:11001-03-15-000-2012- 02201-01.

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el caso, para determinar si la acción de tutela contra providencias judiciales se
ejerce oportunamente”.

Así las cosas, en los casos que se controvierten providencias judiciales, por regla
general, la acción de amparo debe interponerse dentro de los seis (6) meses
siguientes a la notificación de la providencia que se cuestiona, teniendo en cuenta
la naturaleza del acto jurisdiccional, los plazos previsto en la ley para la interposición
de los recursos ordinarios y extraordinarios y la necesidad de que las situaciones
jurídicas resueltas logren certeza y estabilidad, plazo que deberá ser analizado en
cada caso particular, tomando en consideración las circunstancias especiales de
modo, tiempo y lugar en que se encuentra el demandante.

3.3.1.1. En el asunto, como bien se expuso con anterioridad, se cuestiona el fallo
del 19 de junio de 2024, proferido por el Tribunal Administrativo de Valle del Cauca
en el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho con número de
radicado 76001 33 33 014 2023 00042 01, el cual fue notificado el 24 de junio de
202411.

Por su parte, la demanda de amparo fue radicada el 28 de agosto de 2025, de donde
se desprende que la acción de tutela de la referencia no cumple con el requisito de
inmediatez, dado que se instauró pasado más de un (1) año y dos (2) meses desde
que se comunicó la providencia atacada. De igual forma, cabe resaltar que la
vulneración se desprende exclusivamente de la citada sentencia, de donde se
infiere que la presunta afectación no es continua, actual, ni permanente.

Adicionalmente, resulta pertinente señalar que el actor manifestó en su escrito de
tutela contar con sesenta (60) años de edad, circunstancia frente a la cual sostuvo
que el juez constitucional debía velar por la protección reforzada de sus derechos,
al considerarse adulto mayor.

Si bien es cierto que el artículo 3 de la Ley 1251 de 200812 reconoce como adulto
mayor a las personas que superan dicha edad, y que la jurisprudencia constitucional

11 Visible a índice 8 ibidem.
12 Por la cual se dictan normas tendientes a procurar la protección, promoción y defensa de los

derechos de los adultos mayores. «Artículo 3°. Definiciones. Para la interpretación y aplicación de
la presente ley téngase en cuenta las siguientes definiciones:
(…)

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ha destacado que este grupo poblacional goza de especial protección, también lo
es que esta condición, por sí sola, no basta para flexibilizar el requisito de inmediatez
en la interposición de la acción de tutela. En efecto, conforme a lo expuesto por la
Corte Constitucional, la verificación de la inmediatez en los casos de tutela contra
providencias judiciales debe ser particularmente rigurosa, dado que se discuten
decisiones que han hecho tránsito a cosa juzgada y cuya estabilidad resulta
indispensable para la seguridad jurídica. En ese sentido, se ha dicho lo siguiente:

«Además de lo anterior, la jurisprudencia constitucional ha considerado que,
tratándose de la verificación de la inmediatez en tutela contra providencias
judiciales, su examen debe ser más exigente respecto a la actualidad en la
vulneración de los derechos fundamentales, pues como consecuencia de la
acción de tutela podría dejar sin efecto una decisión judicial. En ese sentido, de
acuerdo con la jurisprudencia constitucional, la carga de la argumentación en
cabeza del demandante aumenta de manera proporcional a la distancia
temporal que existe entre la presentación de la acción de tutela y el momento
en que se consideró vulnerado un derecho, pues, en ausencia de justificación,
el paso del tiempo reafirma la legitimidad de las decisiones judiciales y consolida
los efectos de la sentencia.

A partir de lo anterior, la jurisprudencia constitucional, en aras de determinar
que no existe una tardanza injustificada o irrazonable al momento de acudir a
la acción de tutela, ha evaluado dicho periodo a partir de las siguientes reglas:

(i) que exista un motivo válido para la inactividad de los accionantes.

(ii) que la inactividad justificada no vulnere el núcleo esencial de los derechos
de terceros afectados con la decisión.

(iii) que exista un nexo causal entre el ejercicio tardío de la acción y la
vulneración de los derechos fundamentales del interesado y;

(iv) que el fundamento de la acción de tutela surja después de acaecida la
actuación violatoria de los derechos fundamentales, de cualquier forma, en un
plazo no muy alejado de la fecha de interposición.»13

En esa línea, el hecho de pertenecer al grupo etario de adultos mayores no convierte
de manera automática al actor en sujeto de especial protección para efectos de
eximirlo de la carga argumentativa que le corresponde. La jurisprudencia ha sido
enfática en que la condición de edad debe analizarse conjuntamente con las demás
circunstancias de hecho y de derecho acreditadas en el caso, y exige que el
demandante explique de manera concreta las razones fácticas o jurídicas que le
impidieron acudir con prontitud al mecanismo constitucional.

Adulto mayor. Es aquella persona que cuenta con sesenta (60) años de edad o más.».
13 Corte Constitucional, sentencia SU 184 del 8 de mayo de 2019, M.P. Alberto Rojas Ríos.

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En el asunto bajo examen, el señor Valencia Soto no expuso motivo alguno que
justificara la tardanza en la presentación de la tutela. De manera que, al no
acreditarse una situación de indefensión, incapacidad física, abandono o cualquier
otra circunstancia extraordinaria que hiciera desproporcionado exigirle la diligencia
en el uso oportuno de este mecanismo, no es posible flexibilizar el requisito de
inmediatez.

Por el contrario, el hecho de haber dejado transcurrir más de un (1) año y dos (2)
meses desde la notificación de la providencia cuestionada hasta la interposición de
la acción, sin explicación razonable, reafirma la conclusión de que la acción de
amparo fue presentada de manera extemporánea y, por ende, resulta improcedente.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la República y
por autoridad de la Ley,

IV. FALLA

PRIMERO: DECLARAR IMPROCEDENTE la acción de tutela interpuesta por el
señor Juan Carlos Valencia Soto, por las razones expuestas en la parte motiva.

SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes e intervinientes en la forma prevista en los
artículos 16 y 30 del Decreto Ley 2591 de 1991.

TERCERO: De no ser impugnada oportunamente la presente providencia en los
términos señalados por la ley, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para
su eventual revisión, de acuerdo con lo establecido en el inciso 2° del artículo 31 del
Decreto Ley 2591 de 1991.

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Radicado: 11001 03 15 000 2025 05359 00
Accionante: Juan Carlos Valencia Soto

notifíquese y cúmplase.

Se deja constancia que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la
Sala en la sesión del 25 de septiembre de 2025.

NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN PABLO ANDRÉS CÓRDOBA ACOSTA
Consejera de Estado Consejero de Estado
Presidenta

GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES
Consejero de Estado (E)

La presente sentencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección Primera en la
sede electrónica para la gestión judicial Samai. En consecuencia, se garantiza la autenticidad,
integridad y conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley.

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