Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2025-05365-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2025-05365-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 11001-03-15-000-2025-05365-00
Consejero ponente: Gloria María Gómez Montoya
18 de septiembre de 2025
Demandante: Rodrigo Rada Barona
Demandado: Tribunal Administrativo del Valle del Cauca
Radicado: 11001-03-15-000-2025-05365-00
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA
Magistrada Ponente: GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA
Dieciocho (18) de septiembre de dos mil veinticinco (2025)
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2025-05365-00
Demandante: RODRIGO RADA BARONA
Demandado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL VALLE DEL CAUCA
Tema: Tutela contra providencia judicial – Declara improcedente por no
superar el requisito general de relevancia constitucional
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
OBJETO DE LA DECISIÓN
La Sala resuelve el mecanismo constitucional de la referencia, de conformidad con
los Decretos 2591 de 1991, 333 de 2021 y el Acuerdo 080 de 2019 de la Sala Plena
de esta corporación.
I. ANTECEDENTES
1.1. Solicitud de amparo
El señor Rodrigo Rada Barona, actuando en nombre propio, presentó acción de
tutela1 contra el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca2, a efectos de que le
sean amparados sus derechos fundamentales al debido proceso y de acceso a la
administración de justicia.
Lo anterior, con ocasión del fallo proferido por la autoridad judicial accionada el 28
de febrero de 2025, que confirmó la sentencia del 26 de septiembre de 2024 dictada
por el Juzgado 15 Administrativo Oral del Circuito Judicial de Cali, mediante la cual
se negaron las pretensiones elevadas al interior del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho, identificado con el radicado 76001-33-33-015-2023
00131-00/01.
1.2. Pretensiones
Con base en lo anterior, la parte actora solicitó el amparo de los derechos
fundamentales invocados y, en consecuencia, pidió:
1 Radicada el 28 de agosto de 2025 con secuencia: 8637
2Sala conformada por los magistrados Patricia del Pilar Feuillet Palomares, Luz Elena Sierra
Valencia y Óscar Alfonso Valero Nisimblat.
1
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Demandante: Rodrigo Rada Barona
Demandado: Tribunal Administrativo del Valle del Cauca
Radicado: 11001-03-15-000-2025-05365-00
SEGUNDA. REVOCAR la sentencia de segunda instancia proferida el día 31 de
octubre de 2024 [sic] por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, al interior del
proceso identificado con radicado No. 76001-33-33-015-2023-00131-013.
1.3. Hechos probados y/o admitidos
La solicitud de amparo se fundamentó en los siguientes supuestos fácticos que, a
juicio de la Sala, son relevantes para la decisión que se adoptará:
En ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho el señor
Rodrigo Rada Barona interpuso demanda contra el Distrito Especial de Santiago de
Cali, a efectos de que se declarara la nulidad del oficio 202241370400073451 del
21 de noviembre de 2022, por medio del cual se le negó el reconocimiento y pago
de las primas semestrales de navidad y de antigüedad establecidas en el Decreto
216 de 1991 expedido por la referida entidad, y a título de restablecimiento del
derecho solicitó que, se ordenara a la referida entidad reconociera y pagara a su
favor cada uno de los emolumentos enunciados.
Así mismo, solicitó que, se efectuara el reconocimiento del valor correspondiente a
los intereses a las cesantías causadas desde el año 2000 y hasta el 30 de junio de
2001.
La demanda correspondió por reparto al Juzgado Quince Administrativo Oral del
Circuito Judicial de Cali que, mediante sentencia del 26 de septiembre de 2024,
negó las pretensiones de la demanda.
Lo anterior, al estimar que si bien el Decreto 0216 de 1991, establecía beneficios
extralegales a favor de los trabajadores de la entidad territorial como primas
semestrales, de vacaciones y de antigüedad para empleados públicos, lo cierto es
que el Consejo de Estado, lo declaró nulo debido a que el alcalde de Santiago de
Cali no tenía competencia para fijar el régimen salarial y prestacional de los
empleados públicos, ya que dicha competencia corresponde de manera exclusiva
al Congreso de la República y, en algunos casos, al presidente de la República.
De igual forma, señaló que, al momento en que se declaró la nulidad de la citada
norma, esto es, para el año 2019, la situación jurídica del demandante no estaba
consolidada, ya que, el demandante aún no había solicitado ante el Distrito de
Santiago de Cali el reconocimiento y pago de los emolumentos en ella otorgados,
además de considerar que el derecho reclamado por el actor se encontraba
prescrito, teniendo en cuenta que el plazo para su exigencia era de 3 años, contados
a partir de la suspensión del Decreto 0216 de 1991, es decir, desde el año 2000
hasta el 2003.
3 Transcripción del texto original con posibles errores.
2
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Esta decisión fue recurrida por la parte actora y confirmada por el Tribunal
Administrativo del Valle del Cauca mediante fallo del 28 de febrero de 2025 al
considerar que, acorde con la jurisprudencia del Consejo de Estado las prestaciones
y asignaciones salariales creadas a partir del Acto Legislativo 01 de 1968 por las
autoridades territoriales son contrarias al ordenamiento jurídico, por lo que es
improcedente reconocer derechos adquiridos en los casos de prestaciones y
salarios.
En consecuencia, concluyó que, a la luz de los términos del artículo 58 de la
Constitución Política, la situación jurídica del demandante no se encontraba
consolidada, ya que no se estaba en presencia de una situación individual y
subjetiva que tuviera el carácter de derecho adquirido.
La anterior decisión, fue notificada a las partes a través de correo electrónico el 28
de febrero de 20254.
1.4. Fundamentos de la solicitud de amparo
En primer lugar, el accionante hizo un bosquejo de los requisitos generales
establecidos por la jurisprudencia para la procedencia de la acción de tutela contra
providencia judicial.
Acto seguido, precisó que la autoridad judicial accionada incurrió en los siguientes
defectos respecto de la sentencia cuestionada:
(i) Fáctico: al considerar que el Tribunal accionado valoró de manera caprichosa el
contenido de los desprendibles de nómina y la sentencia proferida por el Consejo
de Estado, al interior del proceso identificado con el radicado 76001-23-31-000-
2010-01485-01, piezas procesales que resultaban decisivas para adoptar una
decisión de fondo.
Acorde con lo anterior, precisó que, si las pruebas enunciadas se hubieran
analizado de manera adecuada y en forma conjunta se hubiere demostrado que el
accionante tenía un derecho adquirido que debía ser respetado, por cuanto i) había
cumplido con los requisitos establecidos en el Decreto 0216 de 1991, esto es, ser
vinculado al Municipio de Santiago de Cali durante su vigencia y, ii) los beneficios
económicos derivados del acto administrativo ya habían ingresado a su patrimonio.
Es decir, que su situación jurídica se encontraba consolidada y ostentaba, además,
el derecho a seguir percibiendo los beneficios otorgados hasta tanto el citado
Decreto no fuera anulado, derecho que el Municipio de Cali le negó y por ello, se
decidió promover el medio de control de nulidad y restablecimiento.
4 Índice 15 del expediente ordinario.
3
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Refirió que, el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca obró de forma equivocada
al considerar que, por el simple hecho de que el Distrito Especial de Santiago de
Cali hubiera dejado de pagar las bonificaciones, el derecho adquirido dejaba de
existir y a su vez, dejaba de ser una situación jurídica consolidada, pues según su
criterio, dichos derechos continuaban en cabeza de los empleados públicos de la
entidad territorial, hasta tanto el acto administrativo no hubiere sido declarado nulo,
ya que, mientras tanto se presumía legal y era obligación de la administración
continuar pagando los beneficios extralegales.
Adujo que, tanto el A quo, como su superior jerárquico al momento de resolver su
caso, omitieron valorar y aplicar el concepto de “derecho adquirido” reconocido por
el Consejo de Estado en la sentencia del ocho de agosto del 2019, configurándose
así un defecto fáctico en su dimensión negativa.
(ii) Desconocimiento del precedente: al considerar que existe jurisprudencia en la
que de manera reiterada se ha determinado que en materia de derechos adquiridos
y situaciones jurídicas consolidadas el precedente judicial es obligatorio, por lo cual,
el funcionario solo puede apartarse del mismo siempre que explique de manera
seria y razonable los motivos que determinan el separarse de la regla, circunstancia
que fue omitida por el Tribunal accionado quien además incurrió en un error al
estimar que en su caso particular no se había configurado una situación jurídica
consolidada, y a su vez afirmó que dicho concepto solo tenía lugar en procesos
judiciales promovidos con anterioridad a la declaratoria de nulidad del Decreto 0216
de 1991 y en los procesos decididos mediante sentencia con efectos de cosa
juzgada.
Precisó que la interpretación realizada por la autoridad accionada resulta contraria
a lo señalado por la Corte Constitucional, la cual ha sostenido que basta con el
cumplimiento de las condiciones previstas en la ley para que se configure un
derecho adquirido. Es decir, contrario a lo afirmado por el Tribunal Administrativo
del Valle del Cauca, no necesariamente debe promoverse un proceso litigioso y
haberse resuelto ante autoridad administrativa o judicial el asunto de fondo para que
exista una situación jurídica consolidada.
(iii) Material o sustantivo: por cuanto la providencia acusada desconoce la
protección que la jurisprudencia constitucional le ha otorgado a los derechos
adquiridos al omitir la aplicación de una norma, lo cual va en contravía de los
principios de seguridad jurídica e irretroactividad de la ley.
Sostuvo que la falta de observancia del precedente judicial y la inaplicación de
normas pertinentes, generaron una afectación directa a sus derechos
fundamentales, en especial al debido proceso y a la igualdad, toda vez que lo
sometieron a una decisión contraria a la normatividad constitucional vigente.
4
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(iv) Violación directa de la Constitución: al considerar que con la decisión acusada
se vulneraron sus derechos fundamentales a la seguridad social; al debido proceso;
de acceso a la administración de justicia; el derecho fundamental al trabajo y la
calidad de sujetos de especial protección constitucional que se les otorga a los
adultos mayores.
Por último, señaló que, con el actuar de la autoridad judicial accionada se
trasgredieron de manera flagrante los principios de legalidad, confianza legítima,
prevalencia del derecho formal sobre el sustancial, favorabilidad o pro homine,
progresividad y no regresividad, supremacía de la constitución, seguridad jurídica e
interpretación.
1.5. Trámite de la acción de tutela
Mediante providencia del 1º de septiembre de 20255, la magistrada ponente de esta
decisión avocó el conocimiento de la solicitud de amparo y ordenó notificar a los
Magistrados Patricia del Pilar Feuillet Palomares6, Luz Elena Sierra Valencia7 y
Óscar Alonso Valero Nisimblat8 del Tribunal Administrativo del Valle del Cauca9,
como autoridad judicial accionada, y vinculó como terceros interesados en el
resultado del proceso, al Juzgado Quince Administrativo Oral del Circuito Judicial
de Cali10 (A quo ordinario); y al Distrito Especial de Santiago de Cali11 (demandada
en el ordinario).
1.6. Intervenciones
Realizadas las notificaciones ordenadas de manera electrónica, se presentaron las
siguientes:
1.6.1. Juzgado Quince Administrativo Oral del Circuito Judicial de Cali12
Allegó escrito en el que remitió copia del aviso a través del cual se le informó a la
comunidad de la existencia de la presente acción, sin pronunciarse frente a los
hechos que dieron lugar a la presente acción, y respecto de los cuáles se predica la
vulneración a los derechos fundamentales de los accionantes.
5 Índice 4 de Samai.
6 Notificación realizada a los correos electrónicos pfeuillp@cendoj.ramajudicial.gov.co
s02tadvalle@cendoj.ramajudicial.gov.co des06sinsecotadmcali@cendoj.ramajudicial.gov.co – Índice 7 de
Samai
7
Notificación realizada a los correos electrónicos: lsierrav@cendoj.ramajudicial.gov.co
s02tadvalle@cendoj.ramajudicial.gov.co des04sinsectadmcali@cendoj.ramajudicial.gov.co – Índice 7 de
Samai
8 Notificación realizada a los correos electrónicos: ovaleron@cendoj.ramajudicial.gov.co
des10ssinsecoraltadmcali@cendoj.ramajudicial.gov.co s02tadvalle@cendoj.ramajudicial.gov.co - índice 7 de
Samai
9 Notificación realizada a los correos electrónicos s01tadvalle@cendoj.ramajudicial.gov.co
s02tadvalle@cendoj.ramajudicial.gov.co; rpmemorialestadmvcauca@cendoj.ramajudicial.gov.co - Índice 7 de
Samai
10 Notificación realizada al correo electrónico: adm15cali@cendoj.ramajudicial.gov.co Índice 7 de Samai
11 Notificación realizada al correo electrónico: notificacion.tutelas@cali.gov.co Índice 7 de Samai
12 Índice 8 de Samai.
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1.6.2. Tribunal Administrativo del Valle del Cauca13
Mediante memorial del 3 de septiembre de 2025, remitió copia íntegra del medio de
control de nulidad y restablecimiento del derecho, identificado con el radicado
76001-33-33-015-2023-00131-00/01, sin pronunciarse frente a los hechos que
dieron lugar a la presente acción, y respecto de los cuáles se predica la vulneración
a los derechos fundamentales de los accionantes.
1.6.3. Distrito Especial, Deportivo, Cultural, Turístico, Empresarial y de
Servicios de Santiago de Cali14
Indicó que, las pretensiones de la parte actora, no se configuran como causales de
hecho ni de derecho para que proceda la acción de tutela contra la providencia
judicial ejecutoriada, por lo que en el presente asunto resulta evidente que se está
utilizando la acción constitucional como un recurso o instancia adicional para
controvertir decisiones judiciales con el fin de revocar la sentencia proferida en
derecho, pues dentro de los argumentos facticos no se logra observar claramente
un fundamento convincente para nulitar un fallo judicial.
Manifestó que según lo narrado en el escrito de amparo, lo único diferente a la
demanda de Nulidad y Restablecimiento del Derecho enunciada, es que "ahondaron
en el concepto de derecho adquirido, omitiendo la aplicación de precedentes judiciales
claros" pero no soporta jurídicamente su argumentación, pues solo se dedica a
transcribir en sus fundamentos de derecho, enunciaciones de altas cortes, normas
y principios pero sin aplicarlos al caso bajo estudio, os cuales además también
fueron utilizados en la demanda que dio lugar a la tutela.
Refirió que, el medio de control promovido ante el Juzgado 21 Administrativo15 Oral
del Circuito Judicial de Cali y el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca en
segunda instancia, se tramitó en debida forma, respetándose cada una de sus
etapas y estudiando de fondo las pruebas aportadas y decretadas, con oportunidad
de oposición por cada una de las partes, y a su vez, se resolvieron los recursos de
apelación interpuestos de manera correcta y oportuna.
1.6.4. Procuradora 19 Judicial II Administrativo16
Allegó escrito en el que manifestó que, revisado en la plataforma SAMAI, el proceso
con radicado 76001-33-33-015-2023-00131-01, es evidente que no se vulneró
derecho fundamental alguno al accionante, ya que se surtieron todas las
actuaciones conforme a la normatividad vigente, de suerte que no se observa ni
13 Índice 9 de Samai.
14 Índice 11 de Samai
15 Sic
16 Pese a que en el auto admisorio no se dispuso la vinculación del Ministerio Público al presente asunto,
mediante oficio 124360 del 2 de septiembre de 2025, la Secretaría de esta Corporación efectuó su notificación,
frente a lo cual, la procuradora delegada ante la autoridad accionada realizó su respectiva intervención - Índices
7 y 12 de Samai
6
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Demandante: Rodrigo Rada Barona
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siquiera lejanamente que las actuaciones surtidas vulneraran las garantías aducidas
en el escrito de tutela, especialmente por cuanto lo que el accionante echa de
menos en la sentencia acusada [Análisis de Derechos adquiridos], se encuentra
estudiado con suficiencia en el acápite denominado «De los efectos de las
sentencias de nulidad de actos administrativos generales. Situaciones jurídicas
consolidadas y no consolidadas.»
Sostuvo que, si bien el análisis de los presupuestos de hecho y de derecho, al igual
que la definición del litigio en segunda instancia les resultaron desfavorables al
accionante, dicha situación es ajena y distante a que efectivamente se haya
desconocido derecho fundamental alguno, por lo que solicitó que, se nieguen las
invocadas por la parte actora mediante el presente asunto.
II. CONSIDERACIONES
2.1. Competencia
Esta Sala es competente para asumir el conocimiento de la acción de tutela
presentada por el señor Rodrigo Rada Barona, de conformidad con lo dispuesto por
los artículos 86 de la Constitución Política, 37 del Decreto Ley 2591 de 1991, los
artículos 2.2.3.1.2.4 y 2.2.3.1.2.1 numeral 5° del Decreto 1069 de 2015, modificado
por el artículo 1° del Decreto 333 de 2021, por cuanto se dirige contra el Tribunal
Administrativo del Valle del Cauca.
2.2. Problema jurídico
Conforme lo establecido en los antecedentes, las pretensiones invocadas por la
parte accionante, el material probatorio recaudado y las intervenciones
presentadas, corresponde a la sala resolver el siguiente problema jurídico:
• ¿Se superan los requisitos generales de procedencia de la acción de tutela
en contra de providencias judiciales?
En caso de ser positiva la anterior respuesta, se resolverá lo siguiente:
• ¿El Tribunal Administrativo del Valle del Cauca vulneró los derechos
fundamentales del accionante con ocasión de la sentencia dictada el 28 de
febrero de 2025, que confirmó la sentencia del 26 de septiembre de 2024
dictada por el Juzgado 15 Administrativo Oral del Circuito Judicial de Cali, y
mediante la cual se negaron las pretensiones elevadas al interior del medio
de control de nulidad y restablecimiento del derecho, identificado con el
radicado 76001-33-33-015-2023 00131-00/01?
Para resolver los interrogantes planteados, se analizarán los siguientes temas: (i) el
criterio de la Sección sobre la procedencia excepcional de la acción de tutela contra
7
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providencia judicial; (ii) de los requisitos de procedibilidad adjetiva y; (iii) el caso
concreto.
2.3. Procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencia judicial
La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, en fallo de 31 de julio de 2012 17
unificó la diversidad de criterios que esta corporación tenía sobre la acción de tutela
contra providencias judiciales, por cuanto las distintas Secciones y la misma Sala
Plena habían adoptado posturas diversas sobre el tema18 y declaró su
procedencia19.
Así pues, esta Sección de manera reiterada ha establecido como parámetros para
realizar su estudio, que cumpla con los siguientes requisitos: i) que supere la
relevancia constitucional; ii) que no se trate de tutela contra tutela; iii) inmediatez; y
iv) subsidiariedad, es decir, agotamiento de los requisitos ordinarios y
extraordinarios, siempre y cuando ellos sean idóneos y eficaces para la protección
del derecho que se dice vulnerado. De modo que, de no observarse el cumplimiento
de uno de estos presupuestos, se declara la improcedencia del amparo solicitado,
sin que se analice el fondo del asunto.
Por el contrario, cumplidos esos parámetros, corresponderá a la Sala adentrarse en
la materia objeto del amparo, a partir de los argumentos expuestos en la solicitud y
de los derechos fundamentales que se afirmen vulnerados, en donde para la
prosperidad o negación del amparo impetrado, se requerirá: i) que la causa, motivo
o razón a la que se atribuya la transgresión sea de tal entidad que incida
directamente en el sentido de la decisión y ii) que la acción no intente reabrir el
debate de instancia.
Igualmente, se debe resaltar que esta acción constitucional no puede ser
considerada como una «tercera instancia» que se emplee, por ejemplo, para revivir
términos, interpretaciones o valoraciones probatorias que son propias del juez
natural. Bajo las anteriores directrices se entrará a estudiar el caso de la referencia.
2.4. Estudio sobre los requisitos de procedibilidad
2.4.1. Relevancia constitucional
Previo a resolver si se cumple el presupuesto de la referencia, resulta pertinente
recordar el criterio adoptado por la Corte Constitucional en la sentencia SU-215 de
17 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, M.P. María Elizabeth García
González, Sentencia 31.07.12, Rad. 11001-03-15-000-2009-01328-01.
18 El recuento de esos criterios se encuentra en las páginas 13 a 50 del fallo de la Sala Plena antes
reseñado.
19 Se dijo en la mencionada sentencia «DECLÁRASE la procedencia de la acción de tutela contra
providencias judiciales, de conformidad con lo expresado a folios 2 a 50 de esta providencia».
8
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202220, en cuanto a la procedencia de la acción constitucional de cara a este
requisito.
En este fallo de unificación la Corte explicó que, dado que las providencias judiciales
hacen tránsito a cosa juzgada, cuando se interponga un mecanismo de amparo
constitucional contra una decisión judicial:
[…] el juez de tutela debe limitarse a analizar los yerros puntuales de la
providencia cuestionada señalados por el accionante, pues tiene “vedado
adelantar un control oficioso y exhaustivo de la providencia reprochada”.
Asimismo, enfatizó en que, cuando se cuestiona una providencia de una alta
corte el análisis de procedencia debe ser más restrictivo teniendo en cuenta que
la decisión fue proferida por un órgano de cierre y “no solo tienen relevancia en
términos de seguridad jurídica, sino que también son fundamentales en la
búsqueda de uniformidad de las decisiones de los jueces de menor jerarquía y,
por esta vía, en la materialización del principio de igualdad”.
Al abordar el caso concreto, el alto tribunal constitucional precisó que la acción de
tutela contra providencias judiciales implica un juicio de validez y no una corrección
del fallo cuestionado. En ese sentido, no se puede utilizar este instrumento como
una instancia adicional para discutir cuestiones probatorias o formas de
interpretación de las normas que se zanjaron por el juez natural. Lo anterior como
un eje fundamental para:
[…] lograr un correcto entendimiento de los hechos y del problema jurídico, pues
así se previene la irrupción del juez de tutela en asuntos que no son de su
competencia y se garantiza que la cuestión sea analizada a la luz de la
Constitución.
Refirió que las finalidades de este requisito son las siguientes:
[…] (i) el respeto por las competencias de las jurisdicciones; (ii) la protección de
la autonomía e independencia de los jueces; (iii) la preservación de la específica
finalidad de la acción de tutela, instituida para la protección y restablecimiento
de los derechos fundamentales; y (iv) la prevención del uso indebido de la
acción como una instancia adicional de los procesos adelantados ante las
jurisdicciones competentes o para la solución de discusiones de naturaleza
eminentemente legal21 (Énfasis de la Sala).
De ese modo, expuso que los criterios relevantes para determinar si un asunto
reviste relevancia constitucional son los siguientes:
En primer lugar, el caso debe involucrar algún debate jurídico que gire en torno
al contenido, alcance y goce de algún derecho fundamental y no referirse
exclusivamente a un asunto meramente legal y/o económico22; es decir, la
cuestión “debe revestir una “clara”, “marcada” e “indiscutible” relevancia
constitucional23.
20 Corte Constitucional, Sala Plena. Sentencia SU-215 del 16.06.22. M.P. Natalia Ángel Cabo.
21 Sentencia SU-573 de 2019.
22 Sentencia SU-103 de 2022.
23 Sentencia SU-103 de 2022.
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[…]
En segundo lugar, la controversia no debe limitarse a una puramente legal y/o
económica.
[…]
Al respecto, la jurisprudencia ha sido clara en señalar que “la tutela contra
providencias judiciales no da lugar a una tercera instancia, ni puede reemplazar
los recursos ordinarios, pues la competencia del juez de tutela se restringe a los
asuntos de relevancia constitucional y a la protección efectiva de los derechos
[fundamentales] y no a problemas de carácter legal24”. En este orden, se reitera
que el examen de relevancia constitucional exige que la solicitud de amparo
trascienda la mera “inconformidad con las decisiones adoptadas por los jueces
naturales25”.
En tercer lugar, la acción de tutela debe plantear argumentos suficientes
dirigidos a demostrar que la providencia judicial afectó de manera grave un
derecho fundamental […]
Por último, y como arriba se indicó, el examen de la acción de tutela dirigida
contra decisiones de las altas cortes debe ser estricto26, lo que implica verificar
que en efecto se haya presentado una actuación judicial claramente arbitraria o
violatoria de los derechos fundamentales. Así, la tutela contra providencias
judiciales no debe representar una instancia adicional de los litigios ordinarios,
ni es un escenario para definir controversias doctrinarias o interpretativas de
corrección legal27. (Resaltado de la Sala)
2.5. Caso concreto
Como se señaló, la parte actora atribuye la vulneración de sus garantías
constitucionales al fallo proferido por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca
el 28 de febrero de 2025, que confirmó la sentencia del 26 de septiembre de 2024
dictada por el Juzgado 15 Administrativo Oral del Circuito Judicial de Cali, y
mediante la cual se negaron las pretensiones elevadas al interior del medio de
control de nulidad y restablecimiento del derecho, identificado con el radicado
76001-33-33-015-2023 00131-00/01.
De la revisión del expediente, los cargos planteados por el accionante, el material
probatorio recaudado y las intervenciones presentadas, la Sala estima que el asunto
debatido no goza de relevancia constitucional y, por ende, se debe declarar su
improcedencia.
Lo anterior, por cuanto analizados los argumentos expuestos por la parte actora en
los defectos fáctico, material o sustantivo y violación directa a la Constitución, se
evidencia que los mismos denotan la inconformidad del accionante frente a la
decisión adoptada por la autoridad judicial accionada, toda vez que, según su
criterio, el Tribunal Administrativo accionado omitió dar aplicación al concepto de
derecho adquirido, ignorando así los mandatos constitucionales sobre la
24 Sentencia SU-103 de 2022.
25 Sentencia SU-128 de 2021.
26 Sentencia SU-573 de 2019.
27 Ib.
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irretroactividad de la ley; circunstancia que no solo vulnera el derecho fundamental
al debido proceso, sino que también afecta la seguridad jurídica y el principio de
confianza legítima.
En línea con lo anterior, precisó que, al momento de resolverse el fondo del asunto,
su situación jurídica se encontraba consolidada y ostentaba además, el derecho a
seguir percibiendo los beneficios contemplados en el Decreto 0216 de 1991, ya que
dichos derechos continuaban en cabeza de los empleados públicos de la entidad
territorial, hasta tanto el acto administrativo no hubiere sido declarado nulo, dada su
presunción de legalidad y por ende, era obligación de la administración continuar
pagando los beneficios extralegales a su favor.
En este orden, y revisada la motivación desplegada por el ad quem en la sentencia
censurada, se observa que frente a los reparos realizados por el actor se dejó
precisado lo siguiente:
«51. El Consejo de Estado (2020)20 sostuvo que, según el artículo 58 de la CP, los
derechos adquiridos son situaciones jurídicas consolidadas bajo una ley vigente que,
al cumplir con los requisitos y condiciones establecidos, se integran de manera
definitiva al patrimonio del titular. Esos derechos adquiridos no pueden ser
desconocidos o vulnerados por leyes posteriores, salvo en casos donde el interés
público lo requiera. También enfatizó que los derechos adquiridos se respetan si
fueron obtenidos conforme a la ley y con un justo título.
52. El actor dice que desde el momento de su vinculación cumplía con los requisitos
establecidos en el Decreto 0216 de 1991 para ser acreedor de los beneficios
prestacionales dictados en ese decreto, que, a su juicio, son derechos adquiridos,
pero olvida que ese decreto era ilegal desde su origen.
53. Ello se debe a que el alcalde de Santiago de Cali no tenía la competencia para
expedirlo, pues la autoridad para establecer salarios y prestaciones sociales a los
empleados públicos corresponde al Congreso y al presidente de la República. Es
decir, que el Decreto 0216 de 1991 se profirió en contravía del ordenamiento
constitucional (el artículo 150, numeral 19, literal e de la CP) y legal.
[…]
55. En consecuencia, para la Sala, la situación jurídica del demandante no se
encontraba consolidada, ya que no se está en presencia de una situación individual y
subjetiva que tenga el carácter de derecho adquirido, es decir, consolidada, definitiva
y que ha entrado al patrimonio de una persona…»
Lo anterior, permite concluir que, contrario a lo señalado por el accionante, la
autoridad judicial accionada al momento de adoptar la decisión que se cuestiona, sí
realizó un pronunciamiento puntual y detallado respecto al concepto de los derechos
adquiridos, análisis que realizó además de cara a los pronunciamientos realizados
por la Sección Segunda del Consejo de Estado en la sentencia proferida el 7 de
abril de 2022, al interior del proceso identificado con el radicado 23001-23-33-000-
2013-00176-02 (2035-2019), y en la sentencia SU 011 del 21 de enero de 2020 de
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la Corte Constitucional, en armonía con lo preceptuado en el artículo 58 de la
Constitución Política.
En este orden se evidencia que para sustentar la decisión cuestionada el Tribunal
Administrativo del Valle del Cauca efectuó un análisis fáctico, probatorio y jurídico
conforme a los elementos de pruebas aportados, teniendo en cuenta para el efecto
los supuestos fácticos y pretensiones elevadas al interior del proceso, arribando así
a sus propias conclusiones.
En ese sentido, se resalta que la administración de justicia garantiza que los
funcionarios judiciales gocen de autonomía e independencia en sus decisiones,
circunstancia por la que, en principio, no es procedente reprochar sus decisiones
vía acción de tutela; máxime cuando se advierte, como en el presente caso, que el
debate planteado por la accionante busca mutar el amparo constitucional en una
tercera instancia.
Así mismo, es menester advertir que el juez natural de la causa se enfrenta a
múltiples posibilidades hermenéuticas en su labor de interpretación y aplicación de
normas a un caso en específico28, y no le corresponde al juez constitucional señalar
cuál de tales posibilidades es la «correcta», ya que ello vulneraría la independencia
y autonomía con la que cuenta el funcionario que conoce el trámite ordinario.
En consecuencia, se considera que, si bien, la parte actora intenta exponer las
razones por las cuales considera que la autoridad judicial accionada incurrió en una
vulneración de sus derechos fundamentales, en realidad lo que se advierte es una
simple inconformidad con lo dispuesto por el ad quem en la sentencia censurada, y
las conclusiones a las cuales arribó, lo cual, per se, no implica una trasgresión de
los mencionados derechos.
De otro lado, y pese a que el señor Rada Barona es insistente en indicar que, la
corporación accionada valoró de manera caprichosa el contenido de los
desprendibles de nómina y la sentencia proferida por el Consejo de Estado, al
interior del proceso identificado con el radicado 76001-23-31-000-2010-01485-01,
piezas procesales que resultaban decisivas para adoptar una decisión de fondo, ya
que según su juicio, si dichas pruebas hubieran sido analizadas de manera
adecuada y en forma conjunta se hubiere demostrado que el mismo tenía un
derecho adquirido que debía ser respetado; observa la Sala que dichos argumentos
tienen como finalidad que el juez de tutela realice una nueva valoración del material
probatorio allegado al proceso, con el propósito de obtener una interpretación más
favorable a sus pretensiones, y se realice un ejercicio hermenéutico que en principio
es competencia del juez contencioso.
Sobre la valoración de los medios de prueba, es preciso mencionar que es un
ejercicio intelectual en el que el director del proceso, aplicando las reglas de la sana
28 Ver al respecto: Corte Constitucional sentencia T-192 de 2015.
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crítica y las máximas de la experiencia, determina el valor que asigna a cada uno
de estos. Lo cual, se encuentra cobijado por la independencia y autonomía que
gozan las autoridades judiciales, por lo que, salvo en casos excepcionalísimos, no
es viable su reproche en esta instancia judicial.
En consecuencia, es claro que la controversia esbozada por el señor Rada no
satisface el requisito de relevancia constitucional, debido a que la discusión se
circunscribe a aspectos legales, y lo que busca es imponer su criterio, el cual estima
más acertado, sobre el del operador judicial, lo cual denota un desconcierto respecto
al sentido de la decisión, ya que se observa una simetría con los argumentos
expuestos en la demanda constitucional con los esbozados en el recurso de
apelación
Aunado a lo anterior, advierte la Sala que el cargo formulado como desconocimiento
del precedente, tampoco supera el requisito de relevancia constitucional, como
quiera que en reiterados pronunciamientos esta Sección ha considerado que la
parte que invoca el desconocimiento de un precedente judicial debe cumplir con la
carga mínima de identificar en su proceder argumentativo: (i) la decisión que
considera desatendida; (ii) la ratio de esta aplicable a la solución del nuevo caso
que se somete a la jurisdicción dada la analogía con la litis anterior y (iii) la incidencia
de esta en la decisión final que adopte el fallador de instancia.
En este orden, se observa que si bien el accionante adujo que existe jurisprudencia
en la que de manera reiterada se ha determinado que en materia de derechos
adquiridos y situaciones jurídicas consolidadas el precedente judicial es obligatorio,
lo cierto es que no identificó las sentencias que de manera presunta fueron
desatendidas por parte de la autoridad judicial accionada, como tampoco demostró
que los casos en ellas analizados fueran similares o idénticos a su situación
particular, ni precisó la regla aplicable y mucho menos argumentó el por qué su
proceso debe ser fallado en sentido contrario.
Al respecto, se hace menester recordar que esta Sección en repetidas ocasiones
ha explicado que el concepto de precedente hace referencia a la regla de derecho
determinante del sentido de la decisión y su contenido específico. Es decir, la ratio
decidendi, la cual no está atada al número de decisiones, dado que solo basta una
providencia en donde se especifique una regla o sub-regla de derecho. En
consecuencia, este defecto se configura cuando una autoridad se aparta del
precedente establecido por los tribunales de cierre, sin cumplir con la carga de
justificar de forma suficiente y razonada por qué no va a aplicar aquel.
Por último, y si bien el tutelante alegó la trasgresión de ciertos principios laborales
y planteó además una posible violación directa de la Constitución, se hace menester
recordar que, la afirmación consistente en que se vulneraron determinadas
prerrogativas superiores no conlleva a que el asunto puesto en conocimiento del
juez de tutela revista necesariamente de relevancia constitucional, pues para ello
se requiere que en el escrito inicial medie un ejercicio hermenéutico y argumentativo
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que permita vislumbrar que la controversia gira en torno al alcance, contenido o
goce de un derecho fundamental.
Acorde con lo analizado y de las argumentaciones expuestas en la acción de tutela,
concluye la Sala que la controversia planteada ya fue estudiada y definida por la
autoridad judicial accionada con fundamento en la normativa y precedente aplicable
al caso, sin que sea permitido reabrir el debate ya zanjado por el juez natural, so
pretexto de la interpretación legal y de la sentencia de unificación mencionada por
el accionante.
Así las cosas, para el caso concreto, no es evidente la tensión entre derechos
fundamentales en contraste con lo decidido por la autoridad judicial demandada,
que amerite la intervención del juez constitucional, en tanto que, la acción de tutela
no se encuentra instituida para resolver asuntos de tal naturaleza legal.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República y
por autoridad de la Ley,
III. FALLA
PRIMERO: DECLARAR la improcedencia de la acción de tutela presentada por el
señor Rodrigo Rada Barona, al no haberse superado el requisito general de
relevancia constitucional.
SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes, en la forma prevista en el artículo 30 del
Decreto Ley 2591 de 1991.
TERCERO: Si no se impugna esta providencia dentro de los tres (3) días siguientes
a su notificación, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual
revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA
Presidente
LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado
OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ
Magistrado
PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Magistrado
«Este documento fue firmado electrónicamente. Usted puede consultar la providencia oficial con el
número de radicación en https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/procesos.aspx»
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