Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2025-05379-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
Jurisprudencia › Consejo de Estado › Radicado 11001-03-15-000-2025-05379-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2025-05379-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 11001-03-15-000-2025-05379-01
Consejero ponente: Gloria María Gómez Montoya
6 de noviembre de 2025
Demandante: Diana Constanza Ramírez Hernández
Demandado: Tribunal Administrativo del Huila,
Sala Segunda de Decisión y otro
Radicado: 11001-03-15-000-2025-05379-01
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA
Magistrada Ponente: GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA
Seis (6) de noviembre de dos mil veinticinco (2025)
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2025-05379-01
Demandante: DIANA CONSTANZA RAMÍREZ HERNÁNDEZ
Demandados: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL HUILA, SALA SEGUNDA DE
DECISIÓN Y OTRO
Tema: Tutela contra providencia judicial – Confirma improcedencia por no
superar el requisito de inmediatez.
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
OBJETO DE LA DECISIÓN
Procede la Sala a resolver la impugnación presentada por la parte actora contra la
sentencia proferida el 18 de septiembre de 2025 por el Consejo de Estado, Sección
Segunda, Subsección A, a través de la cual se declaró improcedente la acción de
tutela de la referencia por no cumplir con el requisito de inmediatez.
I. ANTECEDENTES
1.1. Solicitud de amparo
La señora Diana Constanza Ramírez Hernández, actuando en nombre propio
promovió acción de tutela1 contra el Juzgado Décimo Administrativo Oral del
Circuito Judicial de Neiva y el Tribunal Administrativo del Huila, Sala Segunda de
Decisión, a efectos de que le fueran amparados sus derechos fundamentales de
acceso a la administración de justicia; a la vida, a la integridad personal; a la
seguridad social; a la igualdad y a la «no discriminación».
Para la accionante, la trasgresión de tales garantías constitucionales encontró
sustento en los autos proferidos el 1 de marzo de 2024 y el 4 de febrero de 2025,
respectivamente, al interior del medio de control de nulidad y restablecimiento del
derecho con radicado 41001-33-33-003-2022-00269-00/01.
1.2. Pretensiones
Con base en lo anterior, la parte actora solicitó el amparo de los derechos
fundamentales invocados y, en consecuencia, pidió:
1 La cual fue radicada el 28 de agosto de 2025 con secuencia: 8651 – índice 02 del aplicativo Samai.
1
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Demandante: Diana Constanza Ramírez Hernández
Demandado: Tribunal Administrativo del Huila,
Sala Segunda de Decisión y otro
Radicado: 11001-03-15-000-2025-05379-01
[…] 1. Que se declare la vulneración de los derechos fundamentales de la accionante
por parte de las decisiones judiciales proferidas por el Juzgado Décimo Administrativo
de Neiva y el Tribunal Contencioso Administrativo del Huila.
2. Que se ordene dejar sin efectos dichas providencias y se ordene al juez de primera
instancia admitir la demanda y estudiar el fondo del vínculo laboral, aplicando el
principio de primacía de la realidad.
3. Que se garantice el acceso efectivo a la justicia, conforme al bloque de
constitucionalidad y los estándares del Sistema Interamericano de Derechos
Humanos […]2
1.3. Hechos
La solicitud de amparo se fundamentó en los siguientes supuestos fácticos que, a
juicio de la Sala, son relevantes para la decisión que se adoptará:
La señora Diana Constanza Ramírez Hernández, presentó demanda ordinaria
laboral3 contra la Empresa Social del Estado María Auxiliadora de Garzón, Huila y
la Agremiación Sindical Proactiva, con el fin de que se declarara la existencia de un
contrato realidad entre las partes.
Inicialmente, el conocimiento del asunto fue avocado por el Juzgado Único Laboral
del Circuito Judicial de Garzón4 que, a través de providencia del 25 de mayo de
2021, declaró probada la falta de jurisdicción y competencia para conocer del
proceso, ordenando remitir el expediente a los Juzgados Administrativos.
El proceso correspondió por reparto al Juzgado Tercero Administrativo Oral del
Circuito Judicial de Neiva5 que, en auto del 29 de agosto de 2022 ordenó adecuar
la demanda al medio de control respectivo, procediéndose después de ello con su
admisión, y con posterioridad ordenó remitir el expediente al Juzgado Décimo
Administrativo del referido Circuito Judicial, en cumplimiento a lo ordenado por el
Consejo Superior y Seccional de la Judicatura mediante los Acuerdos PCSJA22-
12026 del 15 de diciembre de 2022 y CSJHUA23-5 del 02 de febrero de 2023.
Mediante proveído del 1º de marzo de 2024, el referido despacho judicial declaró
probada la excepción formulada por la E.S.E. María Auxiliadora de Garzón, Huila, y
que denominó «acto no susceptible de control judicial» al estimar que los actos
administrativos acusados, no eran susceptibles de control jurisdiccional ante esta
jurisdicción, por lo que ordenó la terminación del proceso, conforme lo previsto en
el inciso 3 del parágrafo 2 del artículo 175 del CPACA6.
2 Transcripción del texto original con posibles errores.
3 El 23 de septiembre de 2019 en Garzón (Huila).
4 Radicado 41298310500120190011800.
5 Asignándole el número de radicado 41001-33-33-003-2022-00269-00.
6 Antes de la audiencia inicial, en la misma oportunidad para decidir las excepciones previas, se declarará la
terminación del proceso cuando se advierta el incumplimiento de requisitos de procedibilidad.
2
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Demandante: Diana Constanza Ramírez Hernández
Demandado: Tribunal Administrativo del Huila,
Sala Segunda de Decisión y otro
Radicado: 11001-03-15-000-2025-05379-01
El fallo aludido fue recurrido por la parte actora y confirmado por el Tribunal
Administrativo del Huila, Sala Segunda de Decisión, en auto del 4 de febrero de
2025 al considerar que el Oficio del 11 de marzo de 2019, no constituye la expresión
de la voluntad de la administración, capaz de producir efectos que creen, modifiquen
o extingan una situación jurídica particular o general, que pudiese ser objeto de
debate a través del medio de control instaurado.
En consecuencia, determinó que la demandante no acreditó el agotamiento de la
actuación administrativa ante las entidades demandadas E.S.E. Hospital María
Auxiliadora de Garzón y la Agremiación Sindical PROACTIVA, tendiente al
reconocimiento de su vínculo laboral en configuración del contrato realidad.
La anterior decisión le fue notificada a las partes por estado el 11 de febrero de
20257.
1.4. Fundamentos de la solicitud de amparo
La accionante manifestó que, al haberse declarado la terminación del medio de
control instaurado, sin emitirse una decisión de fondo, las autoridades judiciales
accionadas se apartaron de los fines esenciales del Estado, como lo es, el
garantizar la efectividad de los derechos, facilitar el acceso a la justicia y proteger la
dignidad humana.
Acto seguido, trajo a colación apartes de las sentencias C-037 de 1996, T-396 de
2019, T-760 de 2008, T-122 de 2011, SU-1219 de 2001, SU-917 de 2010, T-140 de
2013, C-578 de 2002, y T-558 de 2003 de la Corte Constitucional, en las que se
hizo referencia a la carga dinámica de la prueba.
1.5. Trámite de la acción de tutela
Mediante providencia del 29 de agosto de 2025, el magistrado ponente de primera
instancia avocó el conocimiento de la solicitud de amparo y ordenó notificar al
Juzgado Décimo Administrativo Oral del Circuito Judicial de Neiva8 y al Tribunal
Administrativo del Huila, Sala Segunda de Decisión9, como autoridades judiciales
accionadas.
Así mismo, vinculó como terceros interesados en el resultado del proceso, a la E.S.E
Hospital María Auxiliadora de Garzón10, a la Agremiación Sindical Proactiva11 y a la
Compañía de Seguros del Estado S.A.12
7 Índice 11 del expediente ordinario.
8 Notificación realizada al correo: j10admnei@cendoj.ramajudicial.gov.co.
9 Notificación realizada al correo: sectriadmhui@cendoj.ramajudicial.gov.co
sgtadminhla@notificacionesrj.gov.co.
10 Notificación realizada al correo: secretaria@esegarzon-huila.gov.co gerencia@esegarzon-huila.gov.co.
11 Notificación realizada al correo: activaltda900@yahoo.es agremiacionproactiva269@gmail.com.
12 Notificación realizada al correo: juridico@segurosdelestado.com.
3
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Demandante: Diana Constanza Ramírez Hernández
Demandado: Tribunal Administrativo del Huila,
Sala Segunda de Decisión y otro
Radicado: 11001-03-15-000-2025-05379-01
1.6. Intervenciones
1.6.1. Juzgado Décimo Administrativo Oral del Circuito Judicial de Neiva
La titular del Despacho rindió informe en el que después de realizar un recuento de
las actuaciones surtidas en el trámite de primera instancia, manifestó que las
razones expuestas en la sentencia acusada se fundamentaron conforme a derecho,
reseñando nuevamente algunas de las consideraciones en ellas expuestas.
Por lo anterior, solicitó que se declare la improcedencia de la acción de tutela
formulada al no evidenciarse vulneración de derecho fundamental alguno, máxime
cuando las actuaciones se encuentran ajustadas y amparadas en derecho,
tomándose decisiones conforme a las normas legales vigentes y al precedente
jurisprudencial actual.
1.6.2. Compañía de Seguros del Estado S.A.
Manifestó que, la acción de tutela formulada por la señora Diana Constanza
Ramírez Hernández constituye un uso indebido del presente mecanismo al
pretender que el juez constitucional reabra un debate ya definido por las instancias
judiciales competentes, lo cual no solo desconoce el principio de seguridad jurídica,
sino que además contraría la naturaleza subsidiaria y residual de la acción , que no
fue concebida como un recurso adicional o como una tercera instancia, por lo que
solicitó que, se declare su improcedencia.
1.6.3. Agremiación Sindical Proactiva
Allegó escrito en el que solicitó se desestime la acción de la referencia por carecer
de fundamentos de hecho y de derecho.
1.6.4. El Tribunal Administrativo del Huila, Sala Segunda de Decisión, y la E.S.E
Hospital María Auxiliadora de Garzón, pese a estar debidamente notificados de la
presente acción, guardaron silencio.
1.7. Sentencia de primera instancia
El Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, mediante fallo del 18 de
septiembre de 2025, declaró improcedente la acción de tutela de la referencia por
no cumplir con el requisito de inmediatez, toda vez que la notificación de la decisión
cuestionada se efectuó el 11 de febrero de 2025 y quedó ejecutoriada el 14 del
mismo mes y año; así, y como la acción de tutela fue radicada el 28 de agosto de
2025, coligió que la misma no se presentó dentro del término prudencial de los seis
meses establecido por la jurisprudencia, para entenderse presentada de manera
oportuna y razonable.
4
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Demandante: Diana Constanza Ramírez Hernández
Demandado: Tribunal Administrativo del Huila,
Sala Segunda de Decisión y otro
Radicado: 11001-03-15-000-2025-05379-01
Así mismo precisó que, revisado el escrito de amparo no se evidencia que la señora
Ramírez hubiere señalado algún motivo que le hubiere impedido acudir de forma
inmediata ante la jurisdicción constitucional, para entender que la acción se formuló
en un tiempo razonable.
1.8. Impugnación
La parte actora solicitó que se revoque la decisión de primera instancia y, en su
lugar, se amparen los derechos fundamentales invocados por considerar que,
aunque la acción de tutela fue presentada seis meses y catorce días después de la
ejecutoria del fallo acusado, dicho exceso no puede considerarse impeditivo, ya que
el término de seis meses es orientativo mas no perentorio, y debe aplicarse con
criterio de razonabilidad, especialmente cuando el margen excedido es mínimo y
existe una afectación grave.
Sobre el particular, señalo que mediante diferentes jurisprudencias, en especial la
sentencia T-063 de 2010 la Corte Constitucional se ha admitido la procedencia del
mecanismo constitucional aludido, incluso cuando el término ha sido superado por
pocos días, siempre que se evidencie afectación grave y persistente.
Refirió que, la interpretación rígida del término aludido vulnera de manera flagrante
su derecho de acceso a la justicia y desconoce además, el bloque de
constitucionalidad integrado por tratados internacionales ratificados por Colombia,
que exigen garantizar el acceso efectivo a mecanismos de protección judicial.
Así mismo, manifestó que, la vulneración de los derechos fundamentales que se
alega no solo se materializó con el fallo judicial que se cuestiona, sino que la misma
se proyecta en el tiempo, pues la negativa a reconocer derechos laborales
esenciales afecta de forma continua la subsistencia de la accionante, lo que justifica
la intervención urgente del juez constitucional.
II. CONSIDERACIONES
2.1. Competencia.
Esta Sala es competente para resolver la impugnación formulada por la parte
accionante, conforme lo establecido en el Decreto 2591 de 1991, el numeral 5. º del
artículo 2.2.3.1.2.1. del Decreto 1069 de 2015, modificado por el Decreto 333 de
2021, y el Acuerdo 080 de 2019.
2.2. Problema jurídico.
La Sala advierte que, como lo precisó el juez de primera instancia si bien la parte
actora también le atribuye la presunta vulneración de sus derechos fundamentales
al Juzgado Décimo Administrativo Oral del Circuito Judicial de Neiva, el estudio del
5
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Demandante: Diana Constanza Ramírez Hernández
Demandado: Tribunal Administrativo del Huila,
Sala Segunda de Decisión y otro
Radicado: 11001-03-15-000-2025-05379-01
presente asunto se abordará a partir de los argumentos contenidos en la
providencia dictada el 4 de febrero de 2025 proferida por el Tribunal Administrativo
del Huila, Sala Segunda de Decisión, comoquiera que fue la que puso fin al proceso
objeto de debate.
Conforme lo establecido en los antecedentes, la pretensión invocada por la parte
accionante, el material probatorio recaudado y la decisión emitida en primera
instancia, corresponde a la Sala definir si confirma, modifica o revoca la sentencia
proferida por el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A el 18 de
septiembre de 2025. Para lo cual, se deberán abordar los siguientes interrogantes:
• ¿Se superan los requisitos generales de procedencia de la acción de tutela
en contra de providencias judiciales?
En caso de ser positiva la anterior respuesta, se resolverá lo siguiente:
• ¿El Tribunal Administrativo del Huila, Sala Segunda de Decisión, vulneró los
derechos fundamentales invocados por la accionante, con ocasión del auto
proferido el 4 de febrero de 2025, a través del cual se confirmó la decisión
adoptada por el Juzgado Décimo Administrativo Oral del Circuito Judicial de
Neiva en providencia del 1 de marzo de 2024, por medio de la cual declaró
probada la excepción denominada «Acto no susceptible de control judicial»
y, por ende, ordenó la terminación del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho identificado con el radicado 41001-33-33-003-
2022-00269-00/01?
Para resolver los interrogantes planteados, se analizarán los siguientes temas: (i) el
criterio de la Sección sobre la procedencia excepcional de la acción de tutela contra
providencia judicial; (ii) el requisito de inmediatez como presupuesto de
procedibilidad y (iii) el caso en concreto.
2.3. Procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencia judicial
La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, en fallo de 31 de julio de 2012 13
unificó la diversidad de criterios que esta corporación tenía sobre la acción de tutela
contra providencias judiciales, por cuanto las distintas Secciones y la misma Sala
Plena habían adoptado posturas diversas sobre el tema14 y declaró su
procedencia15.
Así pues, esta Sección de manera reiterada ha establecido como parámetros para
realizar su estudio, que cumpla con los siguientes requisitos: i) que supere la
13 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, M.P. María Elizabeth García González,
Sentencia 31.07.12, Rad. 11001-03-15-000-2009-01328-01.
14 El recuento de esos criterios se encuentra en las páginas 13 a 50 del fallo de la Sala Plena antes reseñado.
15 Se dijo en la mencionada sentencia «DECLÁRASE la procedencia de la acción de tutela contra providencias
judiciales, de conformidad con lo expresado a folios 2 a 50 de esta providencia».
6
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Demandante: Diana Constanza Ramírez Hernández
Demandado: Tribunal Administrativo del Huila,
Sala Segunda de Decisión y otro
Radicado: 11001-03-15-000-2025-05379-01
relevancia constitucional; ii) que no se trate de tutela contra tutela; iii) inmediatez; y
iv) subsidiariedad, es decir, agotamiento de los requisitos ordinarios y
extraordinarios, siempre y cuando ellos sean idóneos y eficaces para la protección
del derecho que se dice vulnerado. De modo que, de no observarse el cumplimiento
de uno de estos presupuestos, se declara la improcedencia del amparo solicitado,
sin que se analice el fondo del asunto.
Por el contrario, cumplidos esos parámetros, corresponderá a la Sala adentrarse en
la materia objeto del amparo, a partir de los argumentos expuestos en la solicitud y
de los derechos fundamentales que se afirmen vulnerados, en donde para la
prosperidad o negación del amparo impetrado, se requerirá: i) que la causa, motivo
o razón a la que se atribuya la transgresión sea de tal entidad que incida
directamente en el sentido de la decisión y ii) que la acción no intente reabrir el
debate de instancia.
Igualmente, se debe resaltar que esta acción constitucional no puede ser
considerada como una «tercera instancia» que se emplee, por ejemplo, para revivir
términos, interpretaciones o valoraciones probatorias que son propias del juez
natural. Bajo las anteriores directrices se entrará a estudiar el caso de la referencia.
2.4. Inmediatez
Frente a este requisito se ha insistido en que la acción de tutela debe ejercerse en
un plazo razonable16, el cual debe ser ponderado por el juez en cada caso, pues de
lo contrario se burlaría el alcance jurídico establecido por el constituyente y se
desvirtuaría su finalidad de ser un medio de protección actual, inmediato y efectivo.17
De acuerdo con lo anterior, esta Sección18 ha considerado como plazo prudencial
el de 6 meses desde la ocurrencia del hecho generador – el cual es la notificación
o ejecutoria de la providencia judicial cuestionada, según sea el caso – que da lugar
a la solicitud de protección, su presentación y, cuando este es excesivo, se declara
su improcedencia.
Al respecto, la Sala Plena de esta corporación ha expresado que “como regla
general, [se] acoge un plazo de seis meses, contados a partir de la notificación o
16
Dicho criterio fue expuesto por la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sentencia 05.08.14, Rad.
11001-03-15-000-2012-02201-01, Acción de tutela-Importancia jurídica. Actor: Alpina Productos Alimenticios,
M.P. Jorge Octavio Ramírez Ramírez. Así mismo, reiterado entre otras en: Consejo de Estado, Sección Quinta,
Sentencia 26.02.15, Rad. 11001-03-15-000-2015-00045-00, M.P. Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez;
Consejo de Estado, Sección Quinta, Sentencia 15.10.15, Rad. 11001-03-15-000- 2015-01605-01, M.P. Alberto
Yepes Barreiro.
17 Corte Constitucional, Sala Séptima de Revisión, Sentencia T-290 14.04.11., M.P. Jorge Ignacio Pretelt
Chaljub.
18 Ver, entre otras, Sentencia 18.04.13, Rad. 11001-03-15-000-2012-01172-01, M.P. Susana Buitrago Valencia;
Sentencia 03.07.13, Rad. 11001-03-15-000-2012-01891-01, M.P. Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez;
Sentencia 03.07.13, Rad. 11001-03-15-000-2013-00142-01, M.P. Alberto Yepes Barreiro; Sentencia 21.09.16,
Rad. 11001-03-15-000-2016-01549-01, M.P. Rocío Araújo Oñate.
7
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Demandante: Diana Constanza Ramírez Hernández
Demandado: Tribunal Administrativo del Huila,
Sala Segunda de Decisión y otro
Radicado: 11001-03-15-000-2025-05379-01
ejecutoria de la sentencia, según el caso, para determinar si la acción de tutela
contra providencias judiciales se ejerce oportunamente”19.
En efecto, a la luz de la sentencia de unificación del 5 de agosto de 2014 20, la Sala
Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado adoptó los criterios
fijados por la Corte Constitucional en la sentencia C-590 de 200521, para determinar
la procedencia de la acción constitucional contra providencia judicial y reiteró que 6
meses es el término razonable para acudir y solicitar el amparo de los derechos
fundamentales que se estimen vulnerados con ocasión de providencias judiciales.
No obstante, se analiza en cada caso concreto si median razones suficientes que
justifiquen el retardo, como para omitir su consideración y entrar al fondo del debate
jurídico planteado.
En relación con aquellas circunstancias que justifican el retardo para promover la
acción de tutela en un término razonable, la Corte Constitucional en sentencia T-
256 de 201522, cuya tesis es acogida por esta Sala como criterio auxiliar, indicó que
la acción de tutela será procedente:
cuando fuere promovida en un extenso espacio entre el hecho que generó la
vulneración, siempre que: i) exista un motivo válido para la inactividad de los
accionantes, por ejemplo, el estado de indefensión, interdicción, abandono, minoría
de edad, incapacidad física, entre otros; ii) la inactividad injustificada vulnere el núcleo
esencial de los derechos de terceros afectados con la decisión; iii) exista un nexo
causal entre el ejercicio inoportuno de la acción y la vulneración de los derechos de
los interesados; o iv) cuando se demuestre que la vulneración es permanente en el
tiempo y que, pese a que el hecho que la originó es muy antiguo respecto de la
presentación de la tutela, la situación desfavorable del actor derivada del irrespeto por
sus derechos, continúa y es actual23.
2.5. Caso concreto
La Sala anticipa que confirmará la decisión de primera instancia por cuanto la acción
de tutela promovida por la señora Diana Constanza Ramírez Hernández no
satisface el presupuesto antes estudiado, dado que, entre la ejecutoria de la
sentencia cuestionada y la interposición del amparo, transcurrieron más de seis
meses.
19 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sentencia de 5 de agosto de 2014, Rad:
11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ). Acción de tutela-Importancia jurídica. Actor: Alpina Productos
Alimenticios. M. P: Jorge Octavio Ramírez.
20
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sentencia de 5 de agosto de 2014, Rad:
11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ). Acción de tutela-Importancia jurídica. Actor: Alpina Productos
Alimenticios. M. P: Jorge Octavio Ramírez.
21 c. Que se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, que la tutela se hubiere interpuesto en un término
razonable y proporcionado a partir del hecho que originó la vulneración. De lo contrario, esto es, de permitir que
la acción de tutela proceda meses o aún años después de proferida la decisión, se sacrificarían los principios
de cosa juzgada y seguridad jurídica ya que sobre todas las decisiones judiciales se cerniría una absoluta
incertidumbre que las desdibujaría como mecanismos institucionales legítimos de resolución de conflictos.
22 Corte Constitucional, Sala Octava de Decisión, Sentencia T-256 05.05.15, M.P. Martha Victoria Sáchica
Méndez.
23 “Ver sentencias T-1229 de 2000, T-684 de 2003, T-016 de 2006 y T-1044 de 2007, T- 1110 de 2005, T-158
de 2006, T-166 de 2010, T-502 de 2010, T-574 de 2010, T-576 de 2010”.
8
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Demandante: Diana Constanza Ramírez Hernández
Demandado: Tribunal Administrativo del Huila,
Sala Segunda de Decisión y otro
Radicado: 11001-03-15-000-2025-05379-01
De la revisión del expediente ordinario se corroboró que la providencia del 4 de
febrero de 2025 que se cuestiona se notificó por estado a las partes el 11 de febrero
de 202524, por lo que quedó ejecutoriada el 14 siguiente:
Así mismo, obra constancia de ejecutoria proferida por la secretaria del Tribunal
Administrativo del Huila25 en la que se indica:
A su turno, la solicitud de amparo fue radicada el 28 de agosto de 2025, por lo que,
entre una y otra fecha transcurrió un término prudencial para hacer uso de la acción
de tutela.
Aunado a lo anterior, debe precisarse que, si bien, la parte actora en la impugnación
formulada es enfática en señalar que, aun cuando la acción de tutela fue presentada
seis meses y catorce días después de la ejecutoria del auto acusado, dicho exceso
no puede considerarse impeditivo, ya que la Corte Constitucional en diferentes
oportunidades, ha admitido la procedencia del mecanismo constitucional
instaurado, incluso cuando el término ha sido superado por pocos días, siempre que
se evidencie una afectación grave y persistente.
Sin embargo, para la Sala, no se allegó siquiera prueba sumaria que dé cuenta que
24 Índice 12 de Samai.
25 Índice 14 de Samai.
9
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Demandante: Diana Constanza Ramírez Hernández
Demandado: Tribunal Administrativo del Huila,
Sala Segunda de Decisión y otro
Radicado: 11001-03-15-000-2025-05379-01
la señora Ramírez Hernández se encuentra en estado de indefensión, interdicción,
abandono o incapacidad física o algún tipo de circunstancia o situación particular
que de manera eventual permita acceder a la flexibilización del mencionado
presupuesto, como tampoco se evidencia la existencia de un nexo causal entre el
ejercicio inoportuno de la acción y la vulneración de los derechos que se invocan.
En línea con lo expuesto, ha de recordarse que, conforme a las pautas
jurisprudenciales en cita, la acción de tutela debe interponerse de manera oportuna
y razonable en relación con la ocurrencia de los hechos que originaron la afectación
o amenaza de los derechos fundamentales invocados, toda vez que la inactividad o
la demora del accionante para promover la referida acción impide que la misma
resulte procedente; no obstante, la Corte Constitucional ha establecido que existen
ciertas circunstancias que el juez debe verificar cuando está frente a un caso de
inmediatez, así:
i) Si existe un motivo válido para la inactividad de los accionantes;
ii) Si esta inactividad injustificada vulnera el núcleo esencial de los derechos de
terceros afectados con la decisión;
iii) Si existe un nexo causal entre el ejercicio inoportuno de la acción y la
vulneración de los derechos de los interesados; y
iv) Si el fundamento de la acción de tutela surgió después de acaecida la
actuación violatoria de los derechos fundamentales, de cualquier forma, en un plazo
no muy alejado de la fecha de interposición.
Por lo que, no encuentra esta Sala acreditados ninguno de los eventos relacionados
en líneas anteriores que permita inferir la justificación de la inactividad del
accionante, como tampoco puede llegar a considerarse que la vulneración de las
garantías constitucionales que se invocan permanece en el tiempo como lo sostiene
la tutelante, pues como se indicó en el caso sub examine no se avizora circunstancia
alguna que hubiese impedido a la parte actora ejercer de manera oportuna su
derecho de acción.
Así, y si pese a que la accionante es reiterativa en señalar que el término de seis
meses establecido por la jurisprudencia para determinar el ejercicio oportuno de la
acción cuando se alega la vulneración de los derechos fundamentales de las partes
es orientativo mas no perentorio, y por ende, el mismo debe aplicarse con criterio
de razonabilidad, especialmente cuando el margen excedido es mínimo y existe una
afectación grave; lo cierto es que en el sub judice no se encuentra demostrado el
perjuicio irremediable que se alega, ya que del acervo probatorio no es posible
establecer que la actora se encuentre en una situación de debilidad manifiesta que
implique adoptar medidas urgentes, impostergables e inmediatas para la protección
de sus garantías constitucionales; aunado a que tales argumentos no se tornan
suficientes para que de manera eventual se permita acceder a la flexibilización de
este presupuesto.
10
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Demandante: Diana Constanza Ramírez Hernández
Demandado: Tribunal Administrativo del Huila,
Sala Segunda de Decisión y otro
Radicado: 11001-03-15-000-2025-05379-01
Así las cosas, la Sala confirmará la decisión adoptada por la Sección Segunda,
Subsección A de esta colegiatura en primera instancia, a través de la cual declaró
la improcedencia del amparo solicitado, al estimar que no se supera el requisito de
la inmediatez
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República y
por autoridad de la Ley,
III. FALLA
PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia proferida el 18 de septiembre de 2025 por el
Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, en cuanto declaró
improcedente la acción de tutela de la referencia por no cumplir con el requisito de
inmediatez.
SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes, en la forma prevista en el artículo 30 del
Decreto Ley 2591 de 1991.
TERCERO: Dentro de los diez (10) días siguientes a la ejecutoria de esta
providencia, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual
revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
GLORA MARÍA GÓMEZ MONTOYA
Presidente
LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado
OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ
Magistrado
PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Magistrado
Este documento fue firmado electrónicamente. Usted puede consultar la providencia oficial con el
número de radicación en https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/procesos.aspx
11
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Sigue leyendo
RuleX es la IA para el trabajo legal: inteligencia artificial y software jurídico, todo en una sola plataforma. Crea tu cuenta y RuleX abre esta providencia completa, te explica sus reglas y la lleva a tu escrito con la cita puesta. Siete días de prueba sin tarjeta.