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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-05384-01

Fecha
12 de diciembre de 2025
Consejero ponente
Alberto Montaña Plata

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-05384-01

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

RESUELVE PRIMERO: CONFIRMAR la Sentencia proferida el 2 de octubre de 2025 por la Sección Primera del Consejo de Estado, mediante la cual declaró improcedente la acción de tutela presentada por María Andrea Castro Rodríguez, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. SEGUNDO: NOTIFICAR la presente decisión a las partes por el medio más expedito (artículo 30 del Decreto 2591 de 1991), enviándoles copia de la decisión que se adopta y advirtiéndoles que para interponer cualquier solicitud contra la misma deberán dirigirla, dentro del término legal, al correo electrónico dispuesto por la Secretaría General para tal fin9. 9 secgeneral@consejodeestado.gov.co 7 de 8 Radicación: 11001-03-15-000-2025-05384-01 Demandante: María Andrea Castro Rodríguez Demandado: Tribunal Administrativo de Valle del Cauca Referencia: Acción de tutela. Sentencia de segunda instancia Decisión: Confirma ______________________________________________________________________________________________________________ TERCERO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2025-05384-01

Consejero ponente: Alberto Montaña Plata

12 de diciembre de 2025

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN B

Magistrado ponente: Alberto Montaña Plata

Bogotá D.C, 12 de diciembre de 2025

Radicación: 11001-03-15-000-2025-05384-01
Demandante: María Andrea Castro Rodríguez
Demandado: Tribunal Administrativo de Valle del Cauca
Referencia: Acción de tutela. Sentencia de segunda instancia

Temas: ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL | Inmediatez - confirma

Síntesis del caso: La parte actora enjuició la sentencia que confirmó la decisión que negó
las pretensiones de la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho, relacionadas
con el reconocimiento de las primas extralegales previstas en el Decreto 216 de 1991.

De acuerdo con la competencia asignada1, procede la Sala a decidir la
impugnación presentada por la parte accionante contra la Sentencia de 2
de octubre de 2025, proferida por la Sección Primera del Consejo de Estado,
en la cual se declaró improcedente la acción2.

Contenido: 1. Antecedentes. 2. Consideraciones. 3. Decisión.

1. ANTECEDENTES

Contenido: 1.1. Posición de la parte actora. 1.2. Sentencia de primera instancia e
impugnación.

1.1. Posición de la parte actora

1. El 29 de agosto de 2025, María Andrea Castro Rodríguez, en nombre
propio, presentó una acción de tutela contra el Tribunal Administrativo de
Valle del Cauca, por la presunta vulneración de sus derechos
fundamentales al debido proceso, acceso a la administración de justicia,
trabajo, igualdad y seguridad social, junto con los principios de legalidad,
confianza legítima, interpretación de normas procesales y buena fe, con
ocasión de la Sentencia de 25 de septiembre de 2024, proferida por dicha
autoridad judicial dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del
derecho No. 76001-33-33-008-2023-00150-01.

1 El artículo 86 de la Constitución Política, Decretos 2591 de 1991, 1069 de 2015, 1983 de 2017 y 333 de 2021 y

Acuerdo 80 de 2019 de esta Corporación.
2
“PRIMERO: NEGAR la solicitud de desvinculación presentada por el Distrito Especial de Santiago de Cali, conforme
lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.
SEGUNDO: DECLARAR IMPROCEDENTE la acción de tutela interpuesta por la señora María Andrea Castro
Rodríguez, según lo expuesto en la parte considerativa de esta sentencia.”

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicación: 11001-03-15-000-2025-05384-01
Demandante: María Andrea Castro Rodríguez
Demandado: Tribunal Administrativo de Valle del Cauca
Referencia: Acción de tutela. Sentencia de segunda instancia
Decisión: Confirma
______________________________________________________________________________________________________________

2. A título de amparo constitucional, la parte actora solicitó (se
trascribe):

“PRIMERA. TUTELAR mis derechos fundamentales al debido proceso, acceso a la
administración de justicia, derecho al trabajo, derecho a la seguridad social,
igualdad, al igual que los principios de legalidad, confianza legítima,
interpretación de normas procesales, buena fe, y todos aquellos que llegaren a
probarse vulnerados conforme a lo expuesto en los fundamentos jurídicos y caso
concreto de este escrito.

SEGUNDA. REVOCAR la sentencia de segunda instancia proferida el día 25 de
septiembre de 2024 por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, al interior
del proceso identificado con radicado No. 76001333300820230015001.”

3. Como hechos relevantes, a partir del escrito de tutela y sus anexos, se
destacan los siguientes:

4. 1) El 18 de febrero de 1991, el alcalde de Santiago de Cali expidió el
Decreto 216 de 1991, mediante el cual se fijaron prestaciones sociales y otros
beneficios para empleados públicos del municipio, y, en 1992, el señor
Vásquez Millán se vinculó a la alcaldía.

5. 2) En el 2000, el municipio de Santiago de Cali suspendió los efectos
del decreto y dejó de pagar a favor de los empleados públicos las
prestaciones sociales y factores salariales contenidos en el Decreto 216 de
1991.

6. 3) En el 2010, el Ministerio de Educación interpuso demanda de
nulidad y restablecimiento, con el fin de obtener la declaratoria de nulidad
del Decreto 216 de 1991, expedido por el alcalde Municipal de Santiago de
Cali y, en virtud de dicha demanda, el 20 de enero de 2012, el Tribunal
Administrativo de Valle del Cauca profirió sentencia mediante la cual
declaró la nulidad del referido decreto. Posteriormente, el 8 de agosto de
2019, la Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado
confirmó la declaratoria de nulidad, precisó que tendría efectos “ex tunc” y
dispuso que debían respetarse los derechos adquiridos de los servidores
públicos del Municipio de Santiago de Cali. La sentencia quedó
ejecutoriada el 23 de octubre de 2020.

7. 4) Con ocasión de la decisión anterior, el 6 de septiembre de 2022, la
accionante presentó ante la Administración de Santiago de Cali una
solicitud con el fin de que se le reconocieran y pagaran las primas
extralegales dejadas de percibir desde el año 2000 hasta la fecha de
ejecutoria de la sentencia del Consejo de Estado. Dicha solicitud fue
negada mediante acto administrativo de 24 de noviembre de 2022.

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Radicación: 11001-03-15-000-2025-05384-01
Demandante: María Andrea Castro Rodríguez
Demandado: Tribunal Administrativo de Valle del Cauca
Referencia: Acción de tutela. Sentencia de segunda instancia
Decisión: Confirma
______________________________________________________________________________________________________________

8. 5) El 9 de mayo de 2023, la accionante promovió el medio de control
de nulidad y restablecimiento del derecho contra el Distrito Especial de
Santiago de Cali, con el propósito de obtener la nulidad del acto
administrativo de 24 de noviembre de 2022 y el reconocimiento y pago del
retroactivo correspondiente a las prestaciones sociales y factores salariales
previstos en el Decreto 216 de 1991, causados entre 1992 y el 23 de octubre
de 2020.

9. 6) Mediante Sentencia de 11 de junio de 2024, el Juzgado 8
Administrativo de Cali negó las pretensiones de la demanda, debido a que
las entidades territoriales carecían de competencia para crear factores
salariales y prestacionales a favor de sus empleados y por eso eran ilegales,
pues ello le correspondía al Gobierno Nacional, de acuerdo con los
parámetros señalados por el legislador.

10. Adicionalmente, indicó que pese a que el Consejo de Estado en la
sentencia de 8 de agosto de 2019, que declaró la nulidad del decreto 216
de 1991, señaló que se respetarían los efectos que causó mientras estuvo
vigente, es decir, las situaciones jurídicas consolidadas por los servidores
públicos del municipio de Santiago de Cali, lo cierto era que, en el presente
caso, no se probó que existiera un acto administrativo particular en firme o
una providencia judicial que hiciera tránsito a cosa juzgada respecto del
reconocimiento de derechos subjetivos a favor de la actora, por lo que su
situación jurídica no se encontraba consolidada al momento de proferirse el
fallo de nulidad.

11. 7) La anterior decisión fue apelada por la parte actora3 y confirmada,
en segunda instancia, por el Tribunal Administrativo de Valle del Cauca, en
Sentencia de 25 de septiembre de 2025. Adujo que sobre los efectos de la
sentencia de nulidad del Decreto 216 de 1991, el Consejo de Estado precisó
que serían «ex tunc», o sea, desde el momento mismo de expedición del
acto declarado nulo, advirtiendo que se respetarían los efectos que causó
mientras estuvo vigente, debido a que, de su aplicación, se consolidaron
situaciones jurídicas en lo referente a los emolumentos allí contemplados,
evento en el que no se encontraba la señora Castro Rodríguez, ya que no
se acreditó que existiera un acto administrativo concreto y particular en
firme o una providencia judicial con tránsito a cosa juzgada que
reconociera a favor de la actora el derecho de percibir las primas
extralegales reguladas por el Decreto declarado nulo, y no podía hablarse

3 Insistió en los argumentos expuestos en la demanda y consideró que este no era el escenario para debatir si el

Decreto 0216 constituía título de derechos adquiridos porque ello ya había sido definido por el Consejo de estado
al declarar la nulidad. Consideró que el juez de instancia debió validar la vinculación de la demandante como
servidora pública de la planta de cargos de la entidad y el cumplimiento de los requisitos fijados por el decreto
0216 durante su vigencia. Además, recalcó que se presentó una condición jurídica individual de desigualdad
porque ingresó a ser parte de la planta con un salario inferior al de sus compañeros que tenían una vinculación
previa.

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Radicación: 11001-03-15-000-2025-05384-01
Demandante: María Andrea Castro Rodríguez
Demandado: Tribunal Administrativo de Valle del Cauca
Referencia: Acción de tutela. Sentencia de segunda instancia
Decisión: Confirma
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de derechos adquiridos por cumplir con los requisitos del decreto mientras
se encontraba vigente.

12. Como fundamento de la vulneración, la parte actora sostuvo que la
decisión judicial cuestionada incurrió en un defecto fáctico, al valorar de
forma caprichosa y arbitraria el material probatorio relacionado con la
consolidación del derecho adquirido que debía ser respetado,
concretamente, el contenido de los desprendibles de nómina y la Sentencia
de segunda instancia, proferida por el Consejo de Estado, bajo radicación
No. 76001-23-31-000-2010-01485-01. A su juicio, dichas pruebas demostraban
que se había vinculado al municipio de Santiago de Cali durante la vigencia
del decreto 216 de 1991 y los emolumentos derivados de aquel habían
ingresado a su patrimonio.

13. Asimismo, señaló la existencia de un defecto sustantivo y
desconocimiento del precedente porque el tribunal omitió la aplicación de
una norma, así como la observancia de la jurisprudencia constitucional
sobre la protección de derechos adquiridos y situaciones jurídicas
consolidadas sin precisar cuáles, al considerar que dichos conceptos sólo
tenían lugar en procesos judiciales promovidos con anterioridad y decididos
mediante sentencia con efectos de cosa juzgada. Manifestó que ello iba en
contravía de los principios de seguridad jurídica e irretroactividad de la ley.

14. También hizo alusión a una violación directa de la Constitución Política
porque no se aplicó el concepto de derecho adquirido y se ignoraron los
mandatos constitucionales sobre irretroactividad de la ley, con lo cual se
trasgredieron los derechos fundamentales y principios invocados.

1.2. Sentencia de primera4 instancia e impugnación

15. En Sentencia de 2 de octubre de 2025, la Sección Primera del Consejo
de Estado declaró improcedente la acción de tutela por no cumplir con el
requisito de inmediatez. Como sustento de su decisión indicó que como la
providencia acusada fue notificada el 1 de octubre de 2024 y la acción de
tutela fue radicada el 28 de agosto de 2025, se había superado el término
de seis meses previstos en la jurisprudencia. Además, señaló que la parte
accionante no ofreció ningún motivo que justificara su inactividad en la
interposición de la acción en un término prudencial.

16. La parte accionante impugnó la decisión anterior. Afirmó que la
inmediatez debía analizarse bajo un criterio de razonabilidad y
proporcionalidad, y que, en su caso, se habían configurado las excepciones

4 Mediante Auto de 2 de septiembre de 2025, el despacho ponente de la Sección Primera del Consejo de Estado

admitió la acción de tutela, tuvo como accionado al Tribunal Administrativo de Valle del Cauca y vinculó como
tercero interesado al Distrito Especia de Santiago de Cali y al Juzgado 8 Administrativo de Cali.

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Radicación: 11001-03-15-000-2025-05384-01
Demandante: María Andrea Castro Rodríguez
Demandado: Tribunal Administrativo de Valle del Cauca
Referencia: Acción de tutela. Sentencia de segunda instancia
Decisión: Confirma
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señaladas por la jurisprudencia constitucional5, porque por su edad es sujeto
de especial protección constitucional y, actualmente, en los juzgados
administrativos de Cali continuaban resolviéndose procesos de nulidad y
restablecimiento del derecho sobre materias de la misma naturaleza que
aquí se controvierten, por lo que su caso conservaba plena actualidad y
relevancia jurídica y debía resolverse de fondo para la concreción del
principio de seguridad jurídica.

17. Insistió en la vulneración de sus derechos fundamentales por la falta
de reconocimiento de las primas extralegales reclamadas que ingresaron
legítimamente a su patrimonio. En concordancia con lo anterior, adujo que
la Corte Constitucional ha sostenido que el paso del tiempo no torna
improcedente la acción de tutela cuando la vulneración es actual y su
impacto económico es persistente, razón por la cual la exigencia de dicho
requisito debía ceder o flexibilizarse.

18. Precisó que, más allá de la omisión frente al requisito de inmediatez, lo
decisivo era que el debate de fondo se originaba en la contradicción
introducida por la sentencia del 8 de agosto de 2019 del propio Consejo de
Estado, la cual, al tiempo que fijó efectos ex tunc, reconoció la existencia
de derechos adquiridos respecto de las primas extralegales. En ese orden,
adujo que la negativa del Tribunal a reconocer tales rubros, y la posterior
decisión de improcedencia de la tutela, prolongaban esa ambigüedad y
agravaban la inseguridad jurídica, pues dejaban sin respuesta el alcance
del precedente del órgano de cierre en una materia que afectó de manera
directa derechos pensionales consolidados.

2. CONSIDERACIONES DE LA SALA

Contenido. 2.1 Procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial. 2.2.
Conclusión.

2.1. Procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial

19. La Sala confirmará la decisión que declaró improcedente la acción
de tutela por no superar el requisito de inmediatez, por las siguientes razones:

20. La Corte Constitucional6 ha sostenido que, aunque la acción de tutela
no tiene un término de caducidad, la misma debe presentarse dentro de un
“término razonable y proporcionado”, contado a partir del hecho u omisión
generadora de la vulneración o amenaza de derechos fundamentales,
pues, de no ser así, se afectaría la seguridad jurídica, los derechos de
terceros, e incluso, se desnaturalizaría la acción misma. Aunado a ello, en

5
Corte Constitucional, Sentencias SU-961 de 1999, SU-961 de 2019, SU-184 de 2019 y T-87 de 2018.
6 Sentencia SU-018 de 2018.

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Radicación: 11001-03-15-000-2025-05384-01
Demandante: María Andrea Castro Rodríguez
Demandado: Tribunal Administrativo de Valle del Cauca
Referencia: Acción de tutela. Sentencia de segunda instancia
Decisión: Confirma
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relación con la acción de tutela contra providencias judiciales, se
comprometería la cosa juzgada y la firmeza de las decisiones judiciales, por
lo cual, según la Corte, aquí, el examen de inmediatez debe ser más estricto.

21. En ese orden, la Corte Constitucional ha señalado que el estudio y
análisis de la inmediatez se debe efectuar a partir del concepto de
razonabilidad, (se trascribe) “teniendo en cuenta las particularidades de
cada caso concreto”.

22. Por su parte, la Sala Plena de esta Corporación, mediante Sentencia
de unificación de 5 de agosto de 20147 , estableció, como regla general,
que el mecanismo de amparo debe promoverse en un plazo máximo de 6
meses contados a partir de la notificación o ejecutoria de la providencia
objeto de reproche constitucional. No obstante, al igual que la Corte
Constitucional, sostuvo que (se trascribe) “en cada caso concreto deberá
evaluarse este requisito a fin de que no se desvirtúe la razón de ser de la
acción de tutela”.

23. Para estudiar o valorar la inmediatez en concreto y establecer si la
acción es procedente, se ha considerado que el plazo oportuno es de 6
meses, salvo que, según la Corte Constitucional, se configuren alguna de
estas circunstancias, que no son taxativas, en el caso sometido a revisión: (1)
el accionante presente razones válidas para su tardanza en presentar la
acción constitucional, (2) que a pesar del paso del tiempo, la vulneración o
amenaza de los derechos fundamentales continúe y sea actual o (3) que la
exigencia de la interposición de la acción en un término razonable resulte
desproporcionada, dadas las circunstancias de debilidad manifiesta en la
que se encuentra el demandante.

24. En el presente caso, tal como lo señaló en su momento el juez de
tutela de primera instancia, se advierte que la Sentencia de 25 de
septiembre de 2024 se notificó mediante mensaje de datos enviado el 1 de
octubre de 20248. En consecuencia, entre la notificación y la presentación
de la solicitud de amparo (29 de agosto de 2025), transcurrieron más de 10
meses.

25. Adicionalmente, la Sala advierte que la accionante no justificó la
inactividad o demora en presentar la acción de tutela, pues, aunque en la
impugnación alegó que era sujeto de especial protección constitucional,
en razón de su avanzada edad y que la vulneración permanecía y era
actual, debido a que los juzgados administrativos continuaban resolviendo
procesos de nulidad y restablecimiento del derecho sobre materia de la

7 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sentencia de unificación por importancia
jurídica de 5 de agosto de 2014. Exp. 11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ).
8
Índice 14 en SAMAI del proceso ordinario.

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Radicación: 11001-03-15-000-2025-05384-01
Demandante: María Andrea Castro Rodríguez
Demandado: Tribunal Administrativo de Valle del Cauca
Referencia: Acción de tutela. Sentencia de segunda instancia
Decisión: Confirma
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misma naturaleza a su caso, dichos argumentos no explican la tardanza
presentada, pues, precisamente, la vulneración se dio con la Sentencia de
25 de septiembre de 2024, cuyos efectos se conocieron desde el momento
de su notificación, ni tampoco se configuró algunos de los supuestos
especiales o circunstancias relacionadas en el párrafo 23 de esta
providencia que permitieran aceptar una interposición después del plazo
razonable.

26. En relación con el tema de la edad es pertinente señalar que la
jurisprudencia constitucional ha sostenido que la condición de sujeto de
especial protección constitucional no constituye, por si sola, razón suficiente
para admitir la procedencia de la acción de tutela, ya que, se debe justificar
el motivo de su inactividad con el fin de atenuar la exigencia del requisito
en mención.

2.2. Conclusión

27. La Sala confirmará la sentencia de primera instancia que declaró
improcedente la acción de tutela de la referencia por no cumplir con el
requisito de inmediatez.

3. DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, la Subsección B de la Sección Tercera del Consejo
de Estado, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad
de la ley,

RESUELVE

PRIMERO: CONFIRMAR la Sentencia proferida el 2 de octubre de 2025 por
la Sección Primera del Consejo de Estado, mediante la cual declaró
improcedente la acción de tutela presentada por María Andrea Castro
Rodríguez, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: NOTIFICAR la presente decisión a las partes por el medio más
expedito (artículo 30 del Decreto 2591 de 1991), enviándoles copia de la
decisión que se adopta y advirtiéndoles que para interponer cualquier
solicitud contra la misma deberán dirigirla, dentro del término legal, al correo
electrónico dispuesto por la Secretaría General para tal fin9.

9 secgeneral@consejodeestado.gov.co

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Radicación: 11001-03-15-000-2025-05384-01
Demandante: María Andrea Castro Rodríguez
Demandado: Tribunal Administrativo de Valle del Cauca
Referencia: Acción de tutela. Sentencia de segunda instancia
Decisión: Confirma
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TERCERO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual
revisión.

NOTIFÍQUESE, CÓPIESE Y CÚMPLASE
Fallo discutido y aprobado en sesión de Sala de la misma fecha.

Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
DIEGO ENRIQUE FRANCO VICTORIA FREDY IBARRA MARTÍNEZ

Firmado electrónicamente
ALBERTO MONTAÑA PLATA

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