Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-05385-01
Consejo de Estado · Sala Plena
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Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-05385-01
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2025-05385-01
Consejero ponente: Pablo Andrés Córdoba Acosta
12 de marzo de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
Consejero ponente: Dr. Pablo Andrés Córdoba Acosta
Bogotá, D.C., doce (12) de marzo de dos mil veintiséis (2026)
Referencia: Acción de tutela.
Parte actora: José Gabriel Zuleta de la Espriella.
Parte accionada: Tribunal Administrativo de Norte de Santander.
Radicación: 11001-03-15-000-2025-05385-01.
Asunto: Acción de tutela contra providencia judicial. Se confirma el fallo
impugnado. Improcedencia por no cumplir con los requisitos de
subsidiariedad y relevancia constitucional.
Sentencia de segunda instancia
La Sala decide la impugnación interpuesta por la parte actora contra el fallo de
15 de diciembre de 2025 proferido por la Subsección B de la Sección Segunda
del Consejo de Estado.
I. ANTECEDENTES
1. Hechos
De la solicitud de amparo y de los documentales obrantes en el expediente se
extraen los siguientes supuestos fácticos jurídicamente relevantes:
1.1. La señora Jeniffer Zuleima Ramírez Bitar en ejercicio del medio de
control de nulidad y restablecimiento del derecho promovió demanda
contra la Nación – Rama Judicial – Dirección Ejecutiva de Administración
Judicial, con el fin de que se declarara la nulidad de los actos
administrativos mediante los cual se publicaron los resultados de la prueba
de aptitudes y conocimientos correspondiente al concurso de méritos para
la provisión de los cargos de funcionarios de la Rama Judicial, se
resolvieron los recursos de reposición y se le negó la recalificación y, a título
de restablecimiento del derecho, se ordenara la recalificación de la prueba
de aptitudes que realizó dentro del concurso de méritos de la Convocatoria
27.
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Como medida cautelar solicitó que se ordenara a la Rama Judicial -
Dirección Ejecutiva de Administración Judicial que, a través de la Escuela
Judicial Rodrigo Lara Bonilla, se le permitiera realizar la inscripción en el IX
Curso de Formación Judicial y, subsidiariamente, que se suspendiera de
manera inmediata el concurso.
1.2. El Juzgado Séptimo Administrativo del Circuito de Cúcuta, mediante
providencias de 11 y 12 de octubre de 2023, negó la solicitud de medida
cautelar y admitió la demanda, respectivamente.
1.3. Inconforme con la decisión de 11 de octubre de 2023 mediante la
cual se negó la medida cautelar, la señora Ramírez Bitar presentó
recurso de apelación.
1.4. El Tribunal Administrativo de Norte de Santander, mediante
providencia de 10 de abril de 2025, revocó el auto de 11 de octubre de
2023 y, en su lugar, decretó la medida cautelar solicitada por la señora
Jeniffer Zuleima Ramírez Bitar consistente en “[…] ordenar a la Nación –
Rama Judicial – Dirección de la Escuela Judicial “Rodrigo Lara Bonilla”
Unidad del Consejo Superior de la Judicatura, permitir al prenombrada la
inscripción y participación del IX Curso de Formación Judicial de que trata
el Acuerdo No. PCSJA18-11077 del 16 de agosto de 2018 […]”.
1.5. Respecto de la anterior decisión los señores Carlos Eduardo Salinas
Alvarado, Nataly Hernández Hernández, Jonathan Castellanos Ortiz,
Johanna Andrea Parra Bedoya, William Alexander Silva, Laura Marcela
Forero Forero, José Miguel Páez Meza, Diana Carolina Ascanio Cassab,
Fabián Fernando Micán Naranjo, Richard Ordoñez López, Simón
Castillejo Galvis, Carlos Andrés Zuleta Villamil, Daniel Guillermo Carrillo
Corzo, Esteban Hernández Martínez, Carlos Fernando Bohórquez
Rangel, Oscar Eduardo Rojas Rincón, Juan Alfonso Villanueva Cabas,
Felipe David González Palma, Leidy Paola Chinchilla Silva, Diana
Carolina López Ramírez, John Fredy Soto Duque, Francisco Elías
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Sinisterra Landazuri, y William Efraín Castellanos Borda presentaron
solicitud de aclaración.
1.6. El Tribunal Administrativo de Norte de Santander, mediante
providencia de 2 de mayo de 2025, resolvió rechazar la solicitud de
aclaración del auto de 10 de abril de 2025 por falta de legitimación de los
solicitantes; sin embargo, aclaró de oficio que la participación de la
señora Jeniffer Zuleima Ramírez Bitar estaba condicionada a que
superara las fases del concurso.
2. Fundamentos de la solicitud de amparo
La parte actora manifestó que la autoridad accionada incurrió en defecto
sustantivo al haber decretado la medida cautelar dado que no cumplía con los
criterios dispuestos en el artículo 231 de la Ley 1437 de 2011.
Adujo que el tribunal accionado no se basó en el aporte de elementos objetivos
como lo era el banco oficial de preguntas, las guías institucionales de
construcción de ítems o certificaciones que acreditaran que las fuentes
cuestionadas eran ajenas al material oficial, es decir que los reclamos hechos
en la demanda se basaron en un listado genérico de supuestos errores sin una
demostración técnica individualizada.
Relató que la autoridad accionada incumplió con su deber de realizar un
examen preliminar sustancial sobre la solidez jurídica de la pretensión y, en la
práctica, relevó a la demandante de su carga probatoria.
Señaló que con la decisión adoptada por el tribunal accionado se dilató de
forma indefinida la convocatoria la cual para el momento de la decisión de
decretar la medida cautelar ya tenía “[…] más del 75% de avance […]”.
Asimismo, refirió que se incurrió en una falsa motivación al manifestar el
tribunal accionado que “[…] resultaría más gravoso no acceder a la solicitud
de medida cautelar", pero lo hace desde una óptica que ignora por completo
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la realidad del concurso y los derechos de los demás […]”.
Afirmó que la decisión acusada se sustentó en pronunciamientos de la Corte
Constitucional como si la medida cautelar solicitada se tratara de una acción
de tutela que buscaba amparar derechos fundamentales, razón por la cual
dicha providencia se encuentra viciada.
Alegó que la providencia objeto de tutela impuso un trato preferente e
injustificado a quien no acreditó el puntaje mínimo exigido en el examen de
admisión y, además, alteró el curso natural de todo el proceso modificando las
condiciones iniciales.
Manifestó que la autoridad accionada incurrió en violación directa de la
Constitución porque paralizó el nombramiento de los concursantes que si
demostraron su mérito, para “[…] proteger la expectativa de alguien que, hasta
ahora, no lo ha demostrado […]”.
Sostuvo que la accionada incurrió en defecto procedimental porque con la
orden de incluir a la señora Jeniffer Zuleima Ramírez Bitar “[…] en el IX Curso
de Formación Judicial, cuando este ya estaba prácticamente culminado, no es
un asunto que afecte únicamente a las partes del proceso contencioso. Por el
contrario, tiene un impacto directo, masivo y perjudicial sobre los derechos y
las expectativas legítimas de los más de 2.300 concursantes que superamos
todas las etapas reglamentarias. El Tribunal tenía el deber procesal ineludible
de advertir que su decisión afectaría a un grupo claramente identificable de
personas y, en consecuencia, debió notificarnos y permitirnos intervenir para
ejercer nuestro derecho de defensa […]”.
3. Pretensiones
La parte actora formuló las siguientes pretensiones:
“[…] PRIMERA: TUTELAR los derechos fundamentales a la igualdad, al
debido proceso, al acceso a cargos públicos con base en el mérito, y a la
confianza legítima, vulnerados al suscrito y demás participantes activos
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de la Convocatoria 27 - discentes aprobados del IX Curso de Formación
Judicial, por el Tribunal Administrativo de Norte de Santander en
virtud de la providencia de fecha 10 de abril de 2025 que decretó una
medida cautelar dentro del proceso con radicado 54-001-33-33-007-
2023-00424-01.
SEGUNDA: DEJAR SIN EFECTOS el auto adiado 10 de abril de 2025
proferido por el Tribunal Administrativo de Norte de Santander que
decretó medida cautelar en favor de la señora Jenniffer Zuleima Ramírez
Bitar dentro del proceso con radicado 54-001-33-33-007-2023- 00424-01.
TERCERA: De manera subsidiaria, en caso de no accederse a la
pretensión principal, solicito se ORDENE al Tribunal Administrativo de
Norte de Santander que, en un término perentorio de cuarenta y ocho
(48) horas, MODULE y/o ACLARE la medida cautelar decretada en el
sentido de que sus efectos no impliquen la suspensión o retraso de la
conformación y publicación del registro de elegibles, ni de los
subsiguientes nombramientos y posesiones de quienes, como yo,
superamos todas las etapas eliminatorias de la Convocatoria 27 […]”.
[Negrillas del texto original]
II. TRÁMITE DE LA ACCIÓN DE TUTELA
1. La Subsección C de la Sección Tercera del Consejo de Estado, mediante
auto de 2 de septiembre de 2025 admitió la presente acción de tutela en contra
del Tribunal Administrativo de Norte de Santander y vinculó a la Escuela
Judicial Rodrigo Lara Bonilla, a la Unidad de Administración de Carrera Judicial
del Consejo Superior de la Judicatura, al Consejo Superior de la Judicatura, a
la Unión Temporal Formación Judicial 2019, al Juzgado Séptimo
Administrativo de Cúcuta y a la señora Jenniffer Zuleima Ramírez Bitar, en
calidad de terceros con interés en el resultado del proceso. En dicha
providencia se negó la medida provisional solicitada por el actor.
2. Mediante auto de 29 de septiembre de 2025, el despacho sustanciador
aceptó las solicitudes de coadyuvancia propuestas por la Escuela Judicial
Rodrigo Lara Bonilla y los señores Lorena Rebeca Lepesqueur Martínez, Ninfa
María Guzmán Moscote, Rocío Cecilia Castillo Mariño, Judy Rossini Trujillo
Navarro, Ana María Botero Piñeros, Paola Andrea Cadavid Acevedo, Mario
Alberto Delgado Peña, Daniel Felipe Diaz Guevara, Julián Felipe Gómez
Tabares, Andrés Felipe Lenis Carvajal, Marión de Jesús Gaviria Díaz,
Valentina Hernández Tabares, Carlos Humberto Vergara Agudelo, Liany
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Yetzira Hernández Granados, César Andrés Tirado Pertuz y Oscar Iván Marín
Cano.
3. Mediante auto de 20 de octubre de 2025, el despacho sustanciador dispuso
remitir el expediente a la Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de
Estado, toda vez que coincidía con el asunto discutido en el trámite
constitucional con radicado núm. 11001-03-15-000-2025-05192-00.
4. El 20 de noviembre de 2025, la Subsección B de la Sección Segunda del
Consejo de Estado avocó conocimiento de la presente acción de tutela.
5. El 15 de diciembre de 2025, la Subsección B de la Sección Segunda del
Consejo de Estado profirió sentencia de primera instancia declarando
improcedente la acción de tutela de la referencia.
6. Por auto de 6 de febrero de 2026, se concedió la impugnación presentada
por el actor contra el fallo de primera instancia.
III. INTERVENCIONES
1. El Tribunal Administrativo de Norte de Santander manifestó que la medida
decretada fue el resultado de un análisis jurídico y del material probatorio
aportado al expediente ordinario, con la acreditación de los requisitos para su
procedencia.
Indicó que la medida adoptada por esa autoridad judicial no genera un perjuicio
irreparable, sino que previene la consumación de uno porque la alteración del
cronograma no constituye por sí sola una afectación definitiva, máxime cuando
se trata de una inclusión provisional adoptada en el curso de una acción judicial
que se vislumbra como necesaria para garantizar los derechos fundamentales
de una de las concursantes.
Agregó que la expectativa legítima de los demás concursantes no se ve
frustrada, pues la inclusión de la demandante no impide la continuidad del
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proceso ni la conformación del registro, sino que busca evitar que una eventual
sentencia estimatoria resulte ineficaz por el avance irreversible de las etapas
eliminatorias.
2. La Unidad de Administración de Carrera Judicial solicitó su desvinculación
de la acción constitucional porque no vulneró derechos fundamentales y no es
competente para resolver la situación particular del accionante.
3. La Unión Temporal Formación Judicial 2019 señaló que su intervención se
circunscribía al ámbito técnico, académico y logístico de la ejecución del IX
Curso de Formación Inicial (CFJI).
Aseguró que dio estricto cumplimiento a las obligaciones contractuales,
aplicando las evaluaciones en condiciones de igualdad y transparencia, lo cual
ha permitido que más de 1.800 discentes culminen satisfactoriamente las
fases del curso. Finalmente, solicitó su desvinculación del presente trámite.
4. La Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla manifestó que coadyuvaba la
acción de tutela y solicitaba que se ampararan los derechos fundamentales del
accionante y que, en consecuencia, se revocara la decisión contenida en el
auto objeto de cuestionamiento.
Señaló que en el proceso ordinario no se aportaron elementos probatorios que
demostraran la existencia de un perjuicio irremediable, ni se realizó un ejercicio
de ponderación de intereses que permitiera concluir que la no adopción de la
medida resultaría más gravosa para el interés público que su concesión.
Aseguró que la decisión del Tribunal Administrativo de Norte de Santander
genera un desgaste administrativo, logístico y presupuestal injustificado, que
compromete la planeación institucional y los recursos públicos asignados para
el desarrollo del programa, lo que afecta el interés general y los derechos de
los demás concursantes quienes no fueron informados, ni vinculados al
proceso judicial.
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Afirmó que la acción de tutela promovida es un mecanismo idóneo y necesario
para la protección de sus derechos fundamentales, “[…] por cuanto permite,
de manera subsidiaria el análisis de una decisión judicial que, por su contenido
y efectos, excede los límites de razonabilidad y proporcionalidad exigidos […]”.
5. La Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia manifestó que se
oponía a las pretensiones de la acción de tutela toda vez que no vulneró
ninguno de los derechos fundamentales invocados por la parte accionante, en
razón a que sus actuaciones se enmarcaron en los acuerdos expedidos por el
Consejo Superior de la Judicatura que rigen la convocatoria y reglas del IX
Curso de Formación Judicial Inicial.
IV. FUNDAMENTOS DEL FALLO IMPUGNADO
La Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado, mediante
sentencia de 15 de diciembre de 2025, declaró la falta de legitimación en la
causa por activa.
Al respecto, el a quo señaló que “[…] el actor no tiene legitimación en la causa
por activa para iniciar la presente acción de tutela, superar este presupuesto
por el interés que pudiera tener como discente del concurso y emitir una
decisión de fondo, implicaría suplantar los mecanismos judiciales ordinarios
previstos por el legislador para controvertir el decreto de una medida cautelar
[…]”.
V. FUNDAMENTOS DE LA IMPUGNACIÓN
La parte actora impugnó el fallo de primera instancia reiterando en términos
generales los argumentos del escrito de tutela y, adicionalmente por las
siguientes razones:
Manifestó que al declararse la falta de legitimación en la causa por activa en
la sentencia de tutela de primera instancia se incurrió en un defecto fáctico por
no considerar elementos de juicio que son determinantes para el análisis de
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procedibilidad de la acción de tutela, toda vez que se omitió valorar el auto de
16 de septiembre de 2025 proferido por el Juzgado Séptimo Administrativo del
Circuito de Cúcuta en el cual se ordenó “[…] expresamente la vinculación como
terceros interesados de la totalidad de los aspirantes inscritos al cargo de Juez
de Familia dentro de la Convocatoria 27 […]”.
VI. CONSIDERACIONES DE LA SALA
1. Competencia
Esta Sección es competente para conocer de la presente impugnación, de
conformidad con lo previsto en el Decreto Ley 2591 de 19911, en concordancia
con lo dispuesto en el artículo 13 del Acuerdo 80 de 12 de marzo de 2019,
modificado por el Acuerdo 434 del 10 de diciembre de 2024 proferido por la
Sala Plena del Consejo de Estado que regula la distribución de procesos entre
las secciones.
2. Problemas jurídicos
De acuerdo con la situación fáctica planteada, y teniendo en cuenta que
corresponde al juez de tutela, en segunda instancia, verificar si el fallo
impugnado debe ser confirmado, modificado o revocado2, la Sección debe
establecer:
A) Si en el presente asunto se cumplen los requisitos generales de
procedencia de la acción de tutela contra decisiones judiciales y, si
ello es así, se deberá:
B) Determinar si la providencia acusada vulneró los derechos
fundamentales invocados por la parte accionante.
1
“Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política”.
2 Artículo 32 del Decreto Ley 2591 de 1991.
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3. Caso concreto
La Sala advierte que, contrario a lo considerado por el a quo, el accionante sí
se encuentra legitimado para controvertir por vía de tutela cualquier actuación
u omisión en el marco del proceso con radicado núm. 54001-33-33-007-2023-
00424-00 dado que, a través del auto de 16 de septiembre de 20253 fue
vinculado al mismo como tercero con interés.
Así las cosas, la Sala analizará los requisitos generales de procedencia de la
acción de tutela contra decisiones judiciales para determinar si estos se
encuentran satisfechos.
3.1. Análisis de los requisitos generales de procedibilidad de la acción de
tutela
La jurisprudencia pacífica tanto de la Corte Constitucional4 como del Consejo
de Estado5 ha sostenido que la procedencia de la acción de tutela contra
providencias judiciales está supeditada, en primer lugar, al cumplimiento de
unos requisitos generales y, como segunda medida, a la configuración de
alguno de los requisitos especiales para dicha procedencia.
Como requisitos generales de procedencia de la acción de tutela contra
providencias judiciales se han establecido, los siguientes: i) la relevancia
constitucional del asunto; ii) el agotamiento de todos los medios de defensa
judicial, salvo la existencia de un perjuicio irremediable; iii) el cumplimiento del
principio de inmediatez; iv) si se trata de una irregularidad procesal, que ésta
tenga efecto decisivo en la providencia objeto de inconformidad; v) la
identificación clara de los hechos causantes de vulneración y su alegación en
3 En el numeral cuarto de la parte resolutiva se dispuso “[…] VINCÚLENSE al presente medio
de control en calidad de terceros interesados, a la totalidad de aspirantes inscritos al cargo de
Juez de Familia, dentro de la Convocatoria No. 27 adelantada para la provisión de cargos de
funcionarios de la Rama Judicial […]”.
4 Ver sentencia C-590 de 2005, entre otras.
5 Sentencias del 5 de julio de 2012 y del 5 de agosto de 2014, expedientes 2009-01328-01(IJ) y 2012-
02201-01, respectivamente. Entre otras.
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el proceso, y vi) que la acción no se dirija contra un fallo de tutela, salvo las
excepciones previstas en la sentencia SU-627 de 2015.
Esta acción constitucional fue instituida como un instrumento subsidiario
excepcional y residual, es decir, que solo procede cuando el afectado no
dispone de otros medios de defensa judicial, salvo que se utilice como
mecanismo transitorio, con miras a evitar un perjuicio irremediable, de
conformidad con lo previsto en el inciso 3º del artículo 86 de la Constitución
Política y en el numeral 1º del artículo 6º del Decreto Ley 2591 de 1991.
El concepto de perjuicio irremediable está relacionado con la existencia de una
grave e inminente afectación o detrimento del derecho fundamental que deba
ser conjurada con medidas urgentes, de aplicación inmediata e impostergable,
para neutralizar, cuando ello sea posible, la vulneración del derecho6.
De acuerdo con lo expuesto, se tiene que, para acudir a la acción de amparo
el interesado debe agotar todos los medios que prevea el ordenamiento legal
(acción, recurso, incidente o cualquier mecanismo de defensa judicial
cualquiera que sea su naturaleza7), lo que significa que la parte accionante
tiene la obligación de interponer en tiempo los recursos establecidos en la ley
o las acciones que estén a su alcance.
Adicionalmente, esta Sección8, de manera reiterada, ha considerado,
tratándose de acciones de tutela contra providencias judiciales, que el requisito
de subsidiariedad tampoco se cumple cuando se encuentra en trámite el
proceso donde se profirió la decisión objeto de tutela.
En el caso objeto de estudio, la parte actora solicitó el amparo de sus derechos
fundamentales y, en consecuencia, se deje sin efectos la providencia de 10 de
abril de 2025 proferida por el Tribunal Administrativo de Norte de Santander
6 Sentencia T-225 de1993, reiterado en la sentencia SU-617 de 2013.
7 Corte Constitucional, auto 132 de 2015, M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado.
8 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 15 de
diciembre de 2017, C.P. doctor Roberto Augusto Serrato Valdés, número único de radicación 11001-03-
15-000-2017-03006-00.
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dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho con número de
radicación 54001-33-33-007-2023-00424-01, mediante la cual se revocó el auto
de 11 de octubre de 2023 y, en su lugar, se decretó la medida cautelar
solicitada por la señora Jeniffer Zuleima Ramírez Bitar.
Nótese, que la providencia a la cual la parte actora le atribuyó la supuesta
afectación de sus garantías fundamentales no puso fin a la litis, dado que el
proceso de nulidad y restablecimiento del derecho aún se encuentra en trámite
en primera instancia.
Bajo este escenario, la intervención del juez constitucional en este asunto se
encuentra vedada, en razón a que, tal como lo ha considerado esta Sección:
“[…] cuando el proceso se encuentra en curso, la acción de tutela no es
procedente para cuestionar cualquier decisión adversa a las partes, aún luego
de agotados los recursos que contra ellas proceden dentro del proceso, si el
desarrollo del medio de control no ha finalizado y, por tanto, no se puede
tener certeza de la trascendencia de esa presunta irregularidad procesal
en la decisión que pone fin al proceso […]”9. [Negrillas de la Sala]
Así las cosas, la Sala advierte que la presente solicitud de amparo deviene
improcedente por no satisfacer el requisito de subsidiariedad, máxime cuando
de la revisión del escrito de tutela no se evidencia la ocurrencia de un perjuicio
irremediable que habilite la intervención del juez constitucional como
mecanismo transitorio.
Adicionalmente, la Sala advierte que en todo caso el presente asunto no
satisface el requisito general de relevancia constitucional dado que los
argumentos expuestos por el accionante asociados a que la autoridad
accionada resolvió decretar la medida cautelar imponiendo un trato preferente
e injustificado a quien no acreditó el puntaje mínimo exigido en el examen de
admisión y que, además alteró el curso natural de todo el proceso modificando
las condiciones iniciales, no develan que el presente asunto gire en torno al
9
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 15 de diciembre de 2017,
número único de radicación 11001-03-15-000-2017-03006-00.
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alcance de algún derecho fundamental, sino, únicamente, frente a la mera
inconformidad con la decisión adoptada en el marco del proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho con radicación núm. 54001-33-33-007-2023-
00424-00.
En consecuencia, se considera que los argumentos de la parte actora más que
develar la existencia de una cuestión que sea de “verdadera relevancia
constitucional” que conlleve la presunta trasgresión de derechos
fundamentales, demuestra una inconformidad con la decisión adoptada por la
autoridad accionada como si este mecanismo se tratase de un recurso o
instancia adicional, por lo cual el juez de tutela no puede inmiscuirse en dicho
asunto, so pena de otorgar a la acción de tutela un carácter que no le es propio
de su naturaleza y de paso invadir la competencia y la independencia del juez
natural.
Bajo las anteriores consideraciones, esta Sección confirmará el fallo
impugnado que declaró improcedente la acción de tutela de la referencia.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la Ley,
F A L L A:
PRIMERO: CONFIRMAR el fallo de tutela de 15 de diciembre de 2025
proferido por la Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado,
por las razones expuestas en la parte motiva de esta decisión.
SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes por el medio más expedito y eficaz.
TERCERO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual
revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,
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Se deja constancia de que la anterior providencia fue leída, discutida y
aprobada por la Sala en la sesión de la fecha.
PABLO ANDRÉS CÓRDOBA ACOSTA CARLOS FERNANDO MANTILLA NAVARRO
Consejero de Estado Consejero de Estado
Presidente
GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
Consejero de Estado Consejera de Estado
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de
la Sección Primera en la sede electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se
garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con la
ley.
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