Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-05395-01
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-05395-01
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2025-05395-01
Consejero ponente: Omar Joaquín Barreto Suárez
20 de noviembre de 2025
Demandante: Guillermo Velasco Echeverry
Demandado: Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, Sala Segunda
de Decisión.
Radicado: 11001-03-15-000-2025-05395-01
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA
Magistrado ponente: OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ
Veinte (20) de noviembre de dos mil veinticinco (2025)
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2025-05395-01
Demandante: GUILLERMO VELASCO ECHEVERRY
Demandado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL VALLE DEL CAUCA,
SALA SEGUNDA DE DECISIÓN
Temas: Acción de tutela contra providencia judicial. Confirma decisión
de primera instancia por no cumplir con el requisito de
inmediatez.
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
OBJETO DE LA DECISIÓN
La sala decide la impugnación instaurada por la parte actora contra la sentencia
del 2 de octubre de 2025, por la cual la Subsección A de la Sección Segunda del
Consejo de Estado declaró improcedente la acción de tutela presentada por
considerar que no se acreditó el requisito de inmediatez.
I. ANTECEDENTES
1.1. La petición de amparo
El señor Guillermo Velasco Echeverry, actuando en nombre propio, presentó
acción de tutela contra el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, Sala
Segunda de Decisión1 con el fin de que se amparen sus derechos fundamentales,
al debido proceso, al acceso a la administración de justicia, al trabajo, a la
seguridad social y a los derechos adquiridos.
Estimó vulneradas dichas garantías constitucionales con ocasión de la sentencia
del 30 de septiembre de 2024, mediante el cual la autoridad judicial confirmó la
providencia del 4 de junio de 2024, a través de la cual el Juzgado Dieciséis
Administrativo del Circuito Judicial de Cali negó las pretensiones de la demanda
de nulidad y restablecimiento del derecho con radicado 76001-33-33-016-2023-
00260-00/01, promovida por la parte actora contra el Distrito Especial de Santiago
de Cali.
1 Sala integrada por los magistrados Ronald Otto Cedeño Blume, Jhon Erick Chaves Bravo Y
Fernando Augusto García Muñoz.
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Demandante: Guillermo Velasco Echeverry
Demandado: Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, Sala Segunda
de Decisión.
Radicado: 11001-03-15-000-2025-05395-01
1.2. Pretensiones
En consecuencia, la parte actora pretende:
PRIMERA. TUTELAR los derechos fundamentales al debido proceso,
acceso a la administración de justicia, derecho al trabajo, derecho a la
seguridad social, al igual que los principios de legalidad, confianza legitima,
interpretación de normas procesales, buena fe, no reformatio in pejus, y
todos aquellos que llegaren a probarse vulnerados conforme a lo expuesto
en los fundamentos jurídicos y caso concreto de este escrito.
SEGUNDA. REVOCAR la sentencia de segunda instancia del 30 de
septiembre de 2024, proferida por el Tribunal Administrativo del Valle del
Cauca, al interior del proceso identificado con radicado No. 76001-33-33-
016-2023-00260-012.
1.3. Hechos
La parte actora narró los siguientes supuestos fácticos que, a juicio de la Sala,
resultan relevantes para la decisión que se va a adoptar en el presente asunto.
El señor Guillermo Velasco Echeverry explicó que estuvo vinculado a la alcaldía
de Cali desde el año 1993, periodo en el cual recibió primas extralegales y otros
beneficios otorgados a los empleados públicos del municipio, amparados por el
Decreto 216 de 19913.
Señaló que, en el año 2000, el municipio de Santiago de Cali suspendió de
manera unilateral y arbitraria los efectos del decreto de 1991, privándolo del pago
de prestaciones sociales y factores salariales que venía percibiendo
legítimamente.
Indicó que, en el año de 2010, el Ministerio de Educación Nacional interpuso una
demanda de nulidad contra el municipio4, con el propósito de obtener la
declaratoria de nulidad del citado Decreto. Como resultado de dicha acción,
mediante providencia de primera instancia del 20 de enero de 2012, el Tribunal
Administrativo del Valle del Cauca declaró la nulidad del acto acusado.
Dicha decisión fue confirmada por la Sección Segunda, Subsección B del
Consejo de Estado en sentencia del 8 de agosto de 20195, en la que precisó que,
2 Transcripción literal del escrito de tutela presentado, con posibles errores.
3 Expedido por el alcalde del municipio de Santiago de Cali el 18 de febrero de 1991, mediante el
cual se fijaron prestaciones sociales y otros beneficios para los empleados públicos del ente
territorial.
4 Radicado. 76001-23-31-000-2010-01485-01.
5 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B. Sentencia del 8 de agosto de 2019. M.P.
César Palomino Cortés, Rad. 76001-23-31-000-2010-01485-01(0046-13). De forma general la
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Demandante: Guillermo Velasco Echeverry
Demandado: Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, Sala Segunda
de Decisión.
Radicado: 11001-03-15-000-2025-05395-01
aunque la nulidad tendría efectos ex tunc, se debían respetar los derechos
adquiridos de los servidores públicos del municipio de Santiago de Cali.
Resaltó que, por lo anterior, solicitó a la administración de Santiago de Cali el 24
de agosto de 2023 el reconocimiento y pago de las primas extralegales dejadas
de percibir desde el año 2000 hasta la fecha de ejecutoria de la providencia
emitida por el Consejo de Estado, esto es, el 23 de octubre de 2020; la
administración respondió negativamente el 5 de septiembre de 2023, indicando
que el fallo no ordenaba un reconocimiento o pago a favor de ninguna persona
natural y que el solicitante debía exhibir un justo título como soporte de pago.
Ante la respuesta negativa, el actor interpuso el 18 de septiembre de 2023 el
medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, contra el Distrito
Especial de Santiago de Cali, con el fin de obtener el reconocimiento y pago
retroactivo de las prestaciones sociales y factores salariales consagrados en el
Decreto 216 de 1991, causados desde el año 1992 hasta el 23 de octubre de
2020, fecha en que se confirmó la nulidad del Decreto 216 de 1991, por un valor
de $939.296.176.
Expuso que el proceso fue tramitado ante el Juzgado Dieciséis Administrativo del
Circuito Judicial de Santiago de Cali, el cual, en sentencia del 4 de junio de 2024,
negó las pretensiones de la demanda por considerar que, al encontrarse el caso
aún en sede judicial, no se configuraba una situación jurídica consolidada, y que
los derechos obtenidos en virtud de una norma contraria al orden constitucional
no podían ser reconocidos como adquiridos.
Explicó que el juzgado negó las pretensiones argumentando que el Decreto 216
de 1991, que creó los beneficios salariales extralegales, fue expedido por el
alcalde municipal sin tener la competencia constitucional o legal para hacerlo,
resultando en un acto inconstitucional e ilegal. Aunque la sentencia de nulidad
del Consejo de Estado de 2019 respetó los efectos causados por el decreto en
cuanto a situaciones jurídicas consolidadas, se aplicaron efectos ex tunc a las no
consolidadas.
Asimismo, precisó que, el demandante no tenía derecho al reconocimiento
porque no había solicitado el pago de los emolumentos antes de que se profiriera
el fallo de nulidad, por lo tanto, su situación no se configuró como un derecho
consolidado.
Manifestó que interpuso recurso de apelación el 11 de junio de 2024 mediante
apoderado judicial, el cual fue resuelto por el Tribunal Administrativo del Valle del
sentencia expresó: «[…]se respetarán los efectos que causó mientras estuvo vigente, por cuanto
de su aplicación se han consolidado situaciones jurídicas en lo referente a los factores salariales
y prestaciones sociales, por lo que no es pertinente perturbar los derechos adquiridos de buena
fe que surgieron en razón de ello». Ejecutoriada el 23 de octubre de 2020.
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Demandante: Guillermo Velasco Echeverry
Demandado: Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, Sala Segunda
de Decisión.
Radicado: 11001-03-15-000-2025-05395-01
Cauca, Sala Segunda de Decisión, a través de providencia del 30 de septiembre
de 2024, confirmando la decisión apelada.
1.4. Sustento de la vulneración
La parte actora alegó que la providencia cuestionada desconoció sus derechos
fundamentales al debido proceso, de acceso a la administración de justicia, al
trabajo, a la seguridad social y a los derechos adquiridos.
A juicio del recurrente, el fallo debatido incurrió en un defecto fáctico pues en su
sentir el tribunal omitió valorar y aplicar el concepto de derecho adquirido, así
como también existió una valoración caprichosa de las pruebas allegadas como
lo fueron los desprendibles de nómina y la sentencia de segunda instancia del
Consejo de Estado6.
Indicó que, tanto el a quo como el tribunal, omitieron valorar y aplicar el concepto
de derecho adquirido en la decisión sobre el medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho, a pesar de que dicho concepto había sido
expresamente reconocido y ordenado respetar por el Consejo de Estado en la
sentencia del 8 de agosto de 2019 por medio de la cual se declaró la nulidad del
Decreto 0216 de 1991.
Señaló la existencia de un defecto sustantivo al omitir la aplicación del concepto
de derechos adquiridos y abstenerse de aplicar la norma pertinente, en
contravención de los principios de seguridad jurídica e irretroactividad de la ley,
lo que derivó en una afectación injustificada de derechos fundamentales.
Asimismo, insistió en que el tribunal incurrió en desconocimiento del precedente
judicial al interpretar que no se había configurado una situación jurídica
consolidada, restringiendo erróneamente dicho concepto a procesos con efectos
de cosa juzgada. Esta interpretación contravino el precedente constitucional,
según el cual el derecho adquirido se configura con el cumplimiento de los
requisitos legales, y desatendió el precedente vinculante del Consejo de Estado
que ordenaba respetar las situaciones jurídicas consolidadas.
De igual manera sostuvo que la providencia judicial desconoció derechos
constitucionales al omitir la aplicación de preceptos fundamentales. En particular,
advirtió una vulneración al artículo 58 de la Carta Política, dado que el tribunal no
reconoció los derechos adquiridos por el actor durante la vigencia del Decreto
0216 de 1991, pese a que los beneficios extralegales se incorporaron a su
patrimonio. Además, señaló una infracción al artículo 29 constitucional y al
6 Radicado No. 76001-23-31-000-2010-01485-01 «[…]Finalmente, es preciso advertir que,
aunque se confirmará la sentencia que decretó la nulidad del Decreto 0216 del 18 de febrero de
1991 expedido por el alcalde municipal de Santiago de Cali, se respetarán los efectos que causó
mientras estuvo vigente, por cuanto de su aplicación se han consolidado situaciones jurídicas en
lo referente a los factores salariales y prestaciones sociales, por lo que no es pertinente perturbar
los derechos adquiridos de buena fe que surgieron en razón de ello».
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principio de congruencia, toda vez que el fallo omitió pronunciarse sobre la
pretensión de reconocimiento de dichos derechos, sin ofrecer motivación alguna,
contrariando el artículo 281 del CGP.
Además, la decisión judicial implicó una vulneración estructural al bloque de
constitucionalidad, al desconocer derechos adquiridos consolidados durante la
vigencia del Decreto 0216 de 1991. Afirmó que se infringieron los principios de
progresividad y no regresividad (arts. 48 y 93 CP), al retroceder en garantías
sociales reconocidas, y que se quebrantó la seguridad jurídica y la confianza
legítima, al variar sin justificación las reglas previamente aplicadas por la
Administración. Igualmente, denunció la omisión del principio de favorabilidad o
pro homine, al no privilegiarse la interpretación más beneficiosa para el titular de
derechos subjetivos, y advirtió la vulneración directa de los artículos 48 y 49
constitucionales, al negarse el derecho de los empleados públicos a reclamar
prestaciones extralegales, afectando la coherencia del régimen de seguridad
social.
Finalmente resaltó su condición de adulto mayor, en calidad de sujeto de especial
protección constitucional conforme a los artículos 13 y 46 de la Carta Política, lo
que exige del juez constitucional la adopción de un criterio de análisis
eminentemente garantista.
1.5. Trámite de la acción de tutela en primera instancia
Mediante auto del 4 de septiembre del 2025, la Sección Segunda, Subsección A
del Consejo de Estado admitió la acción de tutela y ordenó notificar en calidad de
demandado al Tribunal Administrativo del Valle del Cauca. Tambien dispuso
vincular como tercero con interés al Distrito Especial de Santiago de Cali y al
Juzgado Dieciséis Administrativo del Circuito Judicial de Santiago de Cali.
1.6. Contestaciones
1.6.1. Juzgado Dieciséis Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá
El titular del juzgado allegó contestación el 9 de septiembre de 20257, en la que
se limitó a adjuntar los enlaces de los expedientes de primera y segunda instancia
del proceso con radicado 76001-33-33-016-2023-00260-00/01, sin efectuar un
análisis sustantivo de su contenido.
1.6.2. Alcaldía de Santiago de Cali
Con escrito del 10 de septiembre de 2025, la directora del Departamento
Administrativo de Gestión Jurídica Pública de la Alcaldía del municipio de
Santiago de Cali rindió informe en los siguientes términos:
7 Índice 8 de Samai, rad. 11001-03-15-000-2025-05395-00.
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Demandante: Guillermo Velasco Echeverry
Demandado: Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, Sala Segunda
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Argumentó la improcedencia de la acción de tutela en que, dentro del medio de
control de nulidad y restablecimiento del derecho garantizó el debido proceso en
todas sus fases, conforme a los estándares constitucionales.
Asimismo, que las sentencias de primera y segunda instancia se ajustaron a
derecho, resolvieron los recursos conforme a las exigencias procesales y
realizaron un estudio detallado de las normas aplicables y de las pruebas
obrantes en el expediente.
Sostuvo que el accionante desnaturalizó la acción de tutela al emplearla como un
mecanismo sustitutivo de la jurisdicción ordinaria, buscando reabrir un debate ya
resuelto mediante sentencia ejecutoriada, en contravía del principio de
subsidiariedad.
Invocó el principio de residualidad, señalando que la acción de tutela no
constituye un mecanismo alternativo ni paralelo, y no puede utilizarse para reabrir
oportunidades procesales vencidas o instancias agotadas. Sostuvo que no se
acreditó el agotamiento de los medios ordinarios y extraordinarios de defensa
judicial, como el recurso extraordinario de revisión previsto en el artículo 248 del
CPACA, considerado idóneo y eficaz salvo en casos excepcionales no
demostrados. En consecuencia, al no cumplirse los requisitos generales y
específicos de procedencia, se configuró un uso indebido de la tutela.
Finalmente solicitó que se denieguen las pretensiones del accionante o, en
subsidio, que se disponga la desvinculación del Distrito Especial de Santiago de
Cali y de su alcalde.
1.6.3. El Tribunal Administrativo del Valle del Cauca no se pronunció a pesar de
haber sido debidamente notificado.
1.7. Sentencia de primera instancia
Mediante sentencia del 2 de octubre de 2025, la Subsección A de la Sección
Segunda del Consejo de Estado declaró improcedente la acción de tutela por
incumplimiento del requisito de inmediatez.
La Sala constató que, entre la notificación de la sentencia, ocurrida el 17 de
octubre de 2024, y la radicación de la acción de tutela, el 29 de agosto de 2025,
transcurrió un lapso superior a diez meses.
Argumentó que el Consejo de Estado, en sentencia del 5 de agosto de 2014,
estableció como regla general un plazo razonable de seis meses [contados desde
la notificación o ejecutoria] para ejercer la acción de tutela contra providencias
judiciales, dada la relevancia de los principios de cosa juzgada y seguridad
jurídica.
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Demandante: Guillermo Velasco Echeverry
Demandado: Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, Sala Segunda
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Indicó que en el caso del señor Velasco Echeverry, no se aportaron pruebas que
acreditaran circunstancias excepcionales ni se demostró la existencia de un
perjuicio irremediable que justificara la tardanza superior a diez meses; por ello,
al no cumplirse el requisito de inmediatez, la Sala se abstuvo de analizar los
demás requisitos de procedencia de la acción.
1.8. Impugnación
Mediante escrito radicado el 20 de octubre de 2025, la parte actora impugnó la
sentencia de primera instancia del 2 de octubre de 2025, que fue notificada
electrónicamente el día 15 del mismo mes y año.
A juicio del solicitante, la inmediatez fue entendida como un requisito que debía
analizarse conforme a criterios de razonabilidad y proporcionalidad, y no como
un término rígido de caducidad o prescripción, en atención a la naturaleza
residual y efectiva de la acción de tutela.
Alegó que la sentencia impugnada incurrió en un defecto procedimental por
exceso ritual manifiesto, al priorizar el análisis formal del requisito de inmediatez
sobre el estudio de los derechos sustanciales, aplicándolo de manera rígida y sin
considerar las excepciones jurisprudenciales, en contravía del artículo 228 de la
Constitución y del principio de acceso efectivo a la justicia.
Señaló que incurrió en defecto sustantivo al conferir al requisito de inmediatez un
carácter absoluto, desconociendo la jurisprudencia que ordena su flexibilización
en casos de vulneraciones persistentes a derechos fundamentales, como las que
afectan al adulto mayor.
Además, ignoró el precedente vigente del propio Consejo de Estado, establecido
en la sentencia del 8 de agosto de 2019, que reconoció como derechos
adquiridos las primas extralegales incorporadas al patrimonio, lo que implicó una
afectación al derecho sustancial y generó un estado de inseguridad jurídica
contrario al deber de unificación jurisprudencial.
Sostuvo que se cumplen las excepciones que justifican la inactividad o la
flexibilidad del requisito, a saber: (i) vulneración actual y continua, (ii) sujeto de
especial protección constitucional, y (ii) la complejidad del debate jurídico.
Por último, solicitó que se revoque la sentencia, admitir la acción constitucional
pese a la inmediatez, y analizar a fondo las causales alegadas: la omisión en la
valoración completa de los hechos [defecto fáctico], el desconocimiento del
precedente judicial [defecto sustantivo] y la vulneración material del orden
jurídico.
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Demandante: Guillermo Velasco Echeverry
Demandado: Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, Sala Segunda
de Decisión.
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II. CONSIDERACIONES DE LA SALA
2.1. Competencia
La Sala es competente para conocer de la impugnación presentada contra la
sentencia de primera instancia, en atención a lo consagrado por el Decreto 2591
de 19918, el artículo 2.2.3.1.2.1. del Decreto 1069 de 2015, modificado por el
Decreto 333 de 2021, así como por el artículo 25 del Acuerdo 080 de 2019, de la
Sala Plena de esta corporación.
2.2. Cuestión previa
El Distrito Especial de Santiago de Cali solicitó su desvinculación del presente
trámite constitucional; sin embargo, la Sección no accederá a dicha petición, dado
que la entidad fue vinculada a la acción de tutela como tercero, en su calidad de
sujeto procesal dentro del medio de control de nulidad y restablecimiento del
derecho identificado con el radicado 76001-33-33-016-2023-00260-00/01, así
que le asiste un interés en las resultas del trámite constitucional de la referencia.
2.3. Problema jurídico
Corresponde a la Sala establecer si hay lugar a confirmar, revocar o modificar el
fallo adoptado en primera instancia, que declaró improcedente la acción de tutela
instaurada por el señor Guillermo Velasco Echeverry contra el Tribunal
Administrativo del Valle del Cauca, Sala Segunda de Decisión, por la presunta
vulneración de sus derechos fundamentales al debido proceso y de acceso a la
administración de justicia, con ocasión de la sentencia de 30 de septiembre de
2024 proferida en el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho Radicado
76001-33-33-016-2023-00260-01, por considerar que no se cumplió con el
requisito de inmediatez.
Para resolver este problema, se analizarán los siguientes aspectos: i) el criterio
de la Sección sobre la procedencia de la acción de tutela contra providencias
judiciales; ii) los requisitos adjetivos de procedibilidad; y finalmente, de
encontrarse superados se estudiará, iii) el fondo del reclamo.
2.4. Procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial
La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, en sentencia de 31 de julio de
20129, unificó la diversidad de criterios que la corporación tenía respecto a la
procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales y concluyó:
8 Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución
Política.
9 M.P. María Elizabeth García González, rad. 11001-03-15-000-2009-01328-01.
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Demandante: Guillermo Velasco Echeverry
Demandado: Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, Sala Segunda
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Radicado: 11001-03-15-000-2025-05395-01
(…) [S]i bien es cierto que el criterio mayoritario de la Sala Plena de lo Contencioso
Administrativo ha sido el de considerar improcedente la acción de tutela contra
providencias judiciales, no lo es menos que las distintas Secciones que la
componen, antes y después del pronunciamiento de 29 de junio de 2004
(Expediente AC-10203), han abierto paso a dicha acción constitucional, de manera
excepcional, cuando se ha advertido la vulneración de derechos constitucionales
fundamentales, de ahí que se modifique tal criterio radical y se admita, como se
hace en esta providencia, que debe acometerse el estudio de fondo, cuando se
esté en presencia de providencias judiciales que resulten violatorias de tales
derechos, observando al efecto los parámetros fijados hasta el momento
Jurisprudencialmente.
Conforme al anterior precedente, la Corporación modificó su criterio sobre la
procedencia de la acción de tutela y, en consecuencia, es necesario estudiar
aquellas que se presenten contra providencia judicial y analizar si se vulnera
algún derecho fundamental, observando al efecto los parámetros fijados hasta el
momento por la jurisprudencia, como expresamente lo indicó la decisión de
unificación.
Así, para la Sala ahora es importante precisar bajo qué parámetros se hará ese
estudio, pues la sentencia de unificación se refirió a los «(…) fijados hasta el
momento jurisprudencialmente (…)». En efecto, sabido es que la tutela es un
mecanismo residual y excepcional para la protección de derechos fundamentales
como lo señala el artículo 86 constitucional y, por ende, la procedencia de esta
acción no puede ser ajena a esas características.
La Corte Constitucional se ha referido en forma amplia a unos requisitos
generales y otros específicos de procedencia de la acción de tutela, los cuales
dan origen a que se conceda o niegue el derecho al amparo –procedencia
sustantiva– o que impiden efectivamente adentrarnos en el fondo del asunto –
procedencia adjetiva–.
En ese orden, primero se verifica que la solicitud de tutela cumpla unos
presupuestos generales de procedibilidad. Estos requisitos son: i) que sea
relevante constitucionalmente, ii) que no se trate de tutela contra tutela; iii)
inmediatez, y iv) subsidiariedad, es decir, agotamiento de los requisitos ordinarios
y extraordinarios, siempre y cuando ellos sean idóneos y eficaces para la
protección del derecho que se dice vulnerado.
Cuando no se cumpla con uno de esos presupuestos, la Sección declarará
improcedente el amparo solicitado y no entrará a analizar el fondo del asunto.
Por el contrario, cumplidos esos parámetros corresponderá adentrarse en la
materia objeto del amparo, a partir de los argumentos expuestos en la solicitud y
de los derechos fundamentales que se afirmen vulnerados, en donde para la
prosperidad o negación del amparo se requerirá: i) que la causa, motivo o razón
a la que se atribuya la transgresión sea de tal entidad que incida directamente en
el sentido de la decisión y ii) que la acción no intente reabrir el debate de
instancia.
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Demandante: Guillermo Velasco Echeverry
Demandado: Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, Sala Segunda
de Decisión.
Radicado: 11001-03-15-000-2025-05395-01
Cabe reiterar que esta acción constitucional no puede ser considerada como una
«tercera instancia» que se emplee, por ejemplo, para revivir términos,
interpretaciones o valoraciones probatorias que son propias del juez natural.
2.5. Examen de los requisitos: procedencia adjetiva
2.5.1. En lo referente al requisito de inmediatez cabe señalar que este
presupuesto exige que la tutela se presente tan pronto se produce el hecho, acto
u omisión al que se le atribuye la vulneración de los derechos fundamentales, o
por lo menos dentro de un término prudencial y consecuencial a su ocurrencia.
Esto es así, debido a que la tutela fue estatuida por el constituyente con el objeto
de proveer una protección inmediata de los derechos fundamentales
conculcados, lo que supone que el amparo sea rápido, urgente, actual y eficaz.10
En criterio de la Sección, el plazo prudencial para acudir a este mecanismo
constitucional es el de 6 meses desde la ocurrencia del hecho generador, el cual
se calcula desde el día hábil siguiente a la ejecutoria de la última providencia
judicial cuestionada, que da lugar a la solicitud de protección y la presentación de
la misma, y cuando este es excesivo se declara su improcedencia.
A pesar de lo anterior, en cada caso concreto se estudia si median razones
suficientes que justifiquen el retardo, para que se flexibilice su consideración y se
pueda entrar al fondo del debate jurídico planteado, tales circunstancias fueron
fijadas por la Corte Constitucional en sentencia T-256 de 2015, cuya tesis es
acogida por esta Sala como criterio auxiliar, en los siguientes términos:
(...) i) [E]xista un motivo válido para la inactividad de los accionantes, por
ejemplo, el estado de indefensión, interdicción, abandono, minoría de edad,
incapacidad física, entre otros; ii) la inactividad injustificada vulnere el
núcleo esencial de los derechos de terceros afectados con la decisión; iii)
exista un nexo causal entre el ejercicio inoportuno de la acción y la
vulneración de los derechos de los interesados; o iv) cuando se demuestre
que la vulneración es permanente en el tiempo y que, pese a que el hecho
que la originó es muy antiguo respecto de la presentación de la tutela, la
situación desfavorable del actor derivada del irrespeto por sus derechos,
continúa y es actual.11
En el asunto que ocupa a la Sala, el accionante controvierte la providencia del 30
de septiembre de 2024, que confirmó el fallo de 4 de junio de 2024 que negó las
pretensiones de la demanda, proferido por el Juzgado Dieciséis Administrativo
del Circuito Judicial de Cali.
10 El artículo 86 de la Carta prevé que «toda persona tendrá acción de tutela para reclamar ante
los jueces, en todo momento y lugar, mediante un procedimiento preferente y sumario, por sí
misma o por quien actúe a su nombre, la protección inmediata de sus derechos (...)».
11 Ver sentencias T-166 de 2010, T-502 de 2010, T-574 de 2010 y T-576 de 2010.
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Demandante: Guillermo Velasco Echeverry
Demandado: Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, Sala Segunda
de Decisión.
Radicado: 11001-03-15-000-2025-05395-01
De la revisión del expediente del medio de control antes reseñado, se constató
que la decisión controvertida por el actor se notificó a las partes mediante correo
electrónico enviado el 17 de octubre de 2024, y quedó ejecutoriada el día 24 del
mismo mes y año, al tenor del artículo 8 de la Ley 2213 de 202212 y del artículo
302 del Código General del Proceso13.
No obstante, el señor Guillermo Velasco Echeverry presentó la solicitud de tutela
el 29 de agosto de 2025, esto es, más de 6 meses [un periodo de 10 meses y 5
días] después de ejecutoriada la sentencia cuestionada, lo cual resulta
irrazonable en este caso para acudir al juez constitucional.
Esto quiere decir que no se cumplió el presupuesto de procedibilidad bajo
estudio, pues aquel no es un término que se considere razonable para acudir al
juez constitucional, dado que el plazo prolongado del tiempo permite deducir que
se ha disipado la gravedad de la lesión y la urgencia de la protección deprecada,
desvirtuándose así la inminencia de la afectación.
Aunque el actor señalo en el escrito de impugnación que « […] en el caso
concreto se configuran plenamente las excepciones señaladas por la
jurisprudencia constitucional. En primer lugar, por mi edad, lo que implica la
calidad de sujeto de especial protección constitucional […]», lo cierto es que dicho
argumento no se encuentra debidamente sustentado, pues la parte actora no
logra demostrar la existencia de circunstancias excepcionales que permitan a
esta Sala justificar el análisis de la acción fuera del término considerado
razonable por la jurisprudencia.
Aunque el accionante es considerado sujeto de especial protección constitucional
por contar con 63 años, edad superior al umbral fijado por la Corte Constitucional,
dicha circunstancia no implica, por sí sola, la flexibilización del requisito de
inmediatez, ya que para ello deben concurrir factores adicionales que ya han sido
expuestos14:
12
NOTIFICACIONES PERSONALES. Las notificaciones que deban hacerse personalmente
también podrán efectuarse con el envío de la providencia respectiva como mensaje de datos a la
dirección electrónica o sitio que suministre el interesado en que se realice la notificación, sin
necesidad del envío de previa citación o aviso físico o virtual. Los anexos que deban entregarse
para un traslado se enviarán por el mismo medio. […] La notificación personal se entenderá
realizada una vez transcurridos dos días hábiles siguientes al envío del mensaje y los términos
empezarán a contarse cuándo el iniciador recepcione acuse de recibo o se pueda por otro medio
constatar el acceso del destinatario al mensaje. […] Cuando exista discrepancia sobre la forma
en que se practicó la notificación, la parte que se considere afectada deberá manifestar bajo la
gravedad del juramento, al solicitar la declaratoria de nulidad de lo actuado, que no se enteró de
la providencia, además de cumplir con lo dispuesto en los artículos 132 a 138 del Código General
del Proceso.
13 «(…) Las que sean proferidas por fuera de audiencia quedan ejecutoriadas tres (3) días
después de notificadas (...)».
14 Sentencia T-077 de 2024.
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Demandante: Guillermo Velasco Echeverry
Demandado: Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, Sala Segunda
de Decisión.
Radicado: 11001-03-15-000-2025-05395-01
(...) Ahora bien, la jurisprudencia constitucional entiende la “tercera edad” como la
etapa que inicia cuando la persona mayor supera la expectativa de vida certificada
por el DANE15.De acuerdo con la Corte,
“la calidad de “persona de la tercera edad” solo puede ostentarla quien
no solo es un adulto mayor, sino que ha superado la esperanza de vida.
No todos los adultos mayores son personas de la tercera edad; por el
contrario, cualquier persona de la tercera edad será un adulto mayor”16.
54. De lo anterior es posible concluir, como lo ha establecido la Corte, que los
instrumentos de protección de los derechos de las personas mayores
amparan, por regla general, a quienes cuentan con 60 años de edad o más17,
por lo que cobijan a las personas que superan la expectativa de vida y por tanto se
consideran de la tercera edad.18
También conviene resaltar que el actor no ofrece elementos probatorios que
permitan establecer con suficiente certeza que se encuentra en una condición de
indefensión, interdicción o incapacidad física, que amerite abordar su situación
desde una perspectiva distinta y flexibilizar el presupuesto objeto de análisis.
Tampoco le asiste razón al accionante al sostener que en los Juzgados
Administrativos de Cali cursan procesos de nulidad y restablecimiento del
derecho sobre materias similares a las discutidas en la acción de tutela, pues tal
circunstancia no demuestra por sí sola la vigencia del conflicto. La Sala concluye
que ese argumento no basta para desconocer el término razonable fijado por la
Corporación, especialmente ante la ausencia de prueba de un perjuicio
irremediable que permita flexibilizar el análisis temporal. Por tanto, se reafirma la
exigencia de inmediatez como requisito indispensable de procedencia.
Por lo tanto, para la Sala no son admisibles los argumentos presentados por el
accionante para superar el requisito de inmediatez, toda vez que no se enmarcan
en alguna de las situaciones que la Corte Constitucional ha establecido como
justificación, es decir, que (i) se encuentre en una situación que lo ubique en
estado de vulnerabilidad (indefensión, interdicción, abandono, minoría de edad,
incapacidad física, entre otros); (ii) la inactividad vulnera el núcleo esencial de los
derechos de terceros afectados con la decisión; (iii) existe un nexo causal entre
el ejercicio inoportuno de la acción y la vulneración de los derechos de los
interesados; y iv) la vulneración a sus derechos ha sido permanente en el tiempo.
Finalmente, cabe indicar que al no encontrarse superado el estudio de
inmediatez, la Sala no advierte la necesidad de verificar si se superan los demás
requisitos de procedibilidad de la acción de tutela contra providencia judicial.
15 «A esta se le conoce como la “tesis de la vida probable”».
16 «Sentencia T-013 de 2020».
17 «La sentencia SU-109 de 2022 estableció que: “Un adulto mayor es aquel que cuenta con
sesenta (60) años de edad o más y, excepcionalmente, a la persona ‘mayor de 55, cuando sus
condiciones de desgaste físico, vital y psicológico así lo determinen’, a efectos de acceder a
determinados programas sociales” ».
18 «Sentencias T-086 de 2015, C-177 de 2016, T-598 de 2017, T-394 de 2021 y T-005 de 2023,
entre otras». Destacado por la Sala.
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Demandante: Guillermo Velasco Echeverry
Demandado: Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, Sala Segunda
de Decisión.
Radicado: 11001-03-15-000-2025-05395-01
En consecuencia, la Sala confirmará el fallo de primera instancia que declaró la
improcedencia de la acción de tutela de la referencia.
Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad
de la ley,
III. FALLA
PRIMERO: Deniégase la solicitud de desvinculación presentada por el Distrito
Especial de Santiago de Cali.
SEGUNDO: Confírmase el fallo de primera instancia que declaró improcedente
la acción de tutela interpuesta por Guillermo Velasco Echeverry por
incumplimiento del requisito de inmediatez.
TERCERO: Notifíquese a las partes y a los terceros en la forma prevista en el
artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.
CUARTO: Dentro de los diez (10) días siguientes a la ejecutoria de esta
providencia, remítase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual
revisión, y envíese copia de esta al despacho de origen.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,
GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA
Presidente
LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado
OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ
Magistrado
PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Magistrado
Este documento fue firmado electrónicamente. Usted puede consultar la providencia
oficial con el número de radicación en el siguiente enlace:
https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/Casos/procesos.aspx
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