Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2025-05407-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2025-05407-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 11001-03-15-000-2025-05407-01
Consejero ponente: Fredy Hernando Ibarra Martínez
4 de noviembre de 2025
REPÚBLICA DE COLOMBIA
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA - SUBSECCIÓN B
Bogotá DC, cuatro (4) de noviembre de dos mil veinticinco (2025)
Magistrado Ponente: FREDY IBARRA MARTÍNEZ
Expediente: 11001-03-15-000-2025-05407-01
Demandante: CARLOS ALBERTO HOLGUÍN GARCÍA
Demandado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL VALLE DEL CAUCA
Medio de control: ACCIÓN DE TUTELA
Asunto: ACCÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL.
RECONOCIMIENTO DE PRIMAS EXTRALEGALES
CONTENIDAS EN UN DECRETO MUNICIPAL.
Síntesis del caso: el demandante consideró que la autoridad judicial demandada vulneró sus
derechos fundamentales en el marco del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho con
ocasión del fallo que confirmó la decisión que negó el reconocimiento y pago de unas primas
extralegales creadas por el municipio. Sin embargo, la Sala confirmará la decisión impugnada
que declaró improcedente el amparo solicitado por el incumplimiento del requisito de inmediatez.
La Sala decide la impugnación interpuesta por la parte demandante en contra de la
sentencia de 18 de septiembre de 2025 proferida por la Subsección A de la Sección
Segunda del Consejo de Estado mediante la cual se dispuso:
“Primero: DECLARAR IMPROCEDENTE la acción de tutela interpuesta por
el señor Carlos Alberto Holguín García, en nombre propio, en contra del
Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, conforme a las consideraciones
plasmadas en esta providencia.”. (archivo disponible en medio magnético a
través del aplicativo SAMAI, índice 13, primera instancia, negrillas y
mayúsculas del original)
I. ANTECEDENTES
La demanda
El 28 de agosto de 20251, el señor Carlos Alberto Holguín García promovió proceso de
acción de tutela en contra del Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, con el fin de
que se protegieran sus derechos constitucionales fundamentales del debido proceso,
acceso a la administración de justicia, trabajo y seguridad social y, por tanto, se
accediera a las siguientes súplicas:
1 Índice 2, Samai, primera instancia.
2
Expediente: 11001-03-15-000-2025-05407-01
Demandante: Carlos Alberto Holguín García
Acción de tutela
“PRIMERA. TUTELAR mis derechos fundamentales al debido proceso,
acceso a la administración de justicia, derecho al trabajo, derecho a la
seguridad social, igualdad, al igual que los principios de legalidad, confianza
legítima, interpretación de normas procesales, buena fe, y todos aquellos que
llegaren a probarse vulnerados conforme a lo expuesto en los fundamentos
jurídicos y caso concreto de este escrito.
SEGUNDA. REVOCAR la sentencia de segunda instancia No. 038 proferida
el día 6 de marzo de 2024 por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca,
al interior del proceso identificado con radicado No. 76001-33-33-001-2023-
00088-01.”. (archivo disponible en medio magnético a través del aplicativo
SAMAI, índice 2, primera instancia).
Hechos
Como fundamento fáctico de la acción la parte demandante señaló, en síntesis, lo
siguiente:
1) El demandante tiene 71 años y desde el año 1994 se encuentra adscrito a la Alcaldía
de Santiago de Cali.
2) El 18 de febrero de 1991, el alcalde del municipio de Santiago de Cali expidió el
Decreto 0216, mediante el cual fijó prestaciones sociales y otros beneficios para los
empleados públicos del municipio.
3) Disfrutó de las primas extralegales hasta el año 2000, momento en que el ente
territorial de “manera unilateral y arbitraria” suspendió los efectos del acto y dejó de
pagar dichos emolumentos.
4) En el año 2010, el Ministerio de Educación Nacional presentó demanda de nulidad
simple en contra del municipio de Santiago de Cali, para que se declarara la nulidad del
Decreto 0216 de 1991.
5) El 20 de enero de 2012, el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca accedió a las
pretensiones, decisión que fue confirmada por la Subsección B de la Sección Segunda
del Consejo de Estado, mediante sentencia del 8 de agosto de 20192, en la cual se
precisó que “la nulidad tendrá efectos “ex tunc” y que se debían respetar los derechos
adquiridos de los servidores públicos del municipio de Santiago de Cali.
2 Proceso con radicación no. 76001-23-31-000-2010-01485-00/01.
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Expediente: 11001-03-15-000-2025-05407-01
Demandante: Carlos Alberto Holguín García
Acción de tutela
6) El 28 de septiembre de 2022, le solicitó al municipio de Santiago de Cali el
reconocimiento y pago de las primas extralegales dejadas de percibir desde el año 2000
hasta el 23 de octubre de 2020, fecha en la que cobró ejecutoria la sentencia que declaró
la nulidad del Decreto 0216 de 1991, petición que se despachó de forma desfavorable.
7) En consideración a lo anterior, formuló demanda de nulidad y restablecimiento del
derecho en contra del municipio de Santiago de Cali, con el fin de obtener el
reconocimiento del retroactivo de las prestaciones sociales y factores salariales
establecidos en el Decreto 0216 de 1991, consistentes en la prima semestral de junio y
diciembre, prima de navidad, prima de antigüedad e intereses a las cesantías, causados
desde el año 1992 hasta el 23 de octubre de 2020.
8) El Juzgado Primero Administrativo del Circuito Judicial de Cali3, mediante sentencia
de 19 de octubre de 2023, negó las pretensiones de la demanda, decisión que fue
confirmada por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca en fallo del 6 de marzo de
20244, por cuanto el demandante presentó reclamación administrativa en 2022 cuando
se había anulado el Decreto 0216 de 1991 y no aportó pruebas que demostraran que
antes de la nulidad había reclamado, es decir, no consolidó su derecho a los pagos
extralegales.
El fundamento de la vulneración
El demandante señaló que la autoridad judicial demandada vulneró sus derechos
constitucionales fundamentales antes mencionados, con ocasión del fallo del 6 de marzo
de 2024, por cuanto, a su juicio, incurrió en los defectos fáctico, desconocimiento del
precedente judicial, sustantivo y violación directa de la Constitución.
Frente al defecto fáctico, señaló que se valoraron de manera caprichosa los
desprendibles de nómina y la sentencia del Consejo de Estado que declaró la nulidad
del Decreto 0216 de 1991, las cuales demostraban que cumplía con los requisitos
exigidos, esto es, haber sido vinculado al municipio de Santiago de Cali durante la
vigencia del acto administrativo y que los beneficios económicos derivados del acto
administrativo ya habían ingresado a su patrimonio, por lo que su situación jurídica se
encontraba consolidada.
3 Proceso con radicación no. 76001-33-33-001-2023-00088-00/01.
4 Decisión notificada el 8 de marzo de 2024.
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Expediente: 11001-03-15-000-2025-05407-01
Demandante: Carlos Alberto Holguín García
Acción de tutela
Asimismo, indicó que se desconoció el precedente judicial de la Corte Constitucional
pues, no es cierto que el concepto de derecho adquirido solo tenga lugar en procesos
judiciales promovidos con anterioridad y decididos mediante sentencia con efectos de
cosa juzgada.
En cuanto al defecto sustantivo y la violación directa de la Constitución, manifestó que
la omisión de la aplicación del concepto de derechos adquiridos, reconocido tanto por el
Consejo de Estado como por la Corte Constitucional, constituye un error en la
interpretación y aplicación del derecho.
Actuación procesal
Por medio de auto de 2 de septiembre de 20255, la Subsección A de la Sección Segunda
del Consejo de Estado admitió la acción de tutela y ordenó la notificación a los
magistrados que integran del Tribunal Administrativo del Valle del Cauca y del Distrito
Especial de Santiago de Cali, con el fin de que allegaran un informe sobre los hechos
que motivaron el ejercicio de la acción.
Sentencia de primera instancia
La Subsección A de la Sección Segunda de esta Corporación en sentencia de 18 de
septiembre de 20256 declaró improcedente la acción de tutela por el incumplimiento del
requisito inmediatez, en la medida que la notificación de la decisión cuestionada se
efectuó el 8 de marzo de 2024 y la demanda se presentó el 29 de agosto del 2025, esto
es, por fuera del término prudencial de los seis meses establecido por la jurisprudencia.
Impugnación
La parte demandante presentó impugnación contra el fallo de primera instancia,
concedida en auto del 10 de octubre de 20257.
Insistió en que debe flexibilizarse el término para presentar la acción de tutela, en
consideración a que es un adulto mayor, sujeto de especial protección constitucional.
5 Índice 4 Samai, primera instancia.
6 Índice 13 Samai, primera instancia.
7 Índice 20 Samai, primera instancia.
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Expediente: 11001-03-15-000-2025-05407-01
Demandante: Carlos Alberto Holguín García
Acción de tutela
Afirmó que en los Juzgados Administrativos de Cali se siguen tramitando procesos de
nulidad y restablecimiento del derecho sobre materias de la misma naturaleza, lo cual
evidencia que el asunto conserva plena actualidad, por lo que es necesario que se
resuelva de fondo la acción de tutela.
II. CONSIDERACIONES DE LA SALA
Cumplidos los trámites propios del proceso, sin que exista causal alguna de nulidad que
invalide lo actuado la Sala procede a resolver el asunto sometido a consideración con el
siguiente derrotero: 1) finalidad de la acción de tutela y 2) el caso concreto.
1. Finalidad de la acción de tutela
Según el artículo 86 de la Constitución Política y el Decreto 2591 de 1991, disposiciones
que regulan la acción de tutela, tal mecanismo se ejerce mediante un procedimiento
preferente y sumario cuyo objeto es proteger de manera inmediata y eficaz los derechos
constitucionales fundamentales amenazados o vulnerados por una acción u omisión de
una autoridad pública o de un particular.
Sin embargo, este instrumento no puede ser utilizado válidamente para pretender
sustituir los recursos idóneos previstos por el legislador y tampoco para desplazar o
variar los procedimientos de reclamo judicial preestablecidos ni para revivir términos
precluidos o acciones caducadas.
De igual forma, dichas normas establecen la improcedencia de esta acción cuando
exista otro medio de defensa judicial, salvo que se utilice como mecanismo transitorio
para evitar un perjuicio irremediable sobre uno o varios derechos fundamentales del
demandante.
2. El caso concreto
En el asunto de la referencia se demanda por esta vía constitucional al Tribunal
Administrativo del Valle del Cauca con el fin de que se protejan los derechos
constitucionales fundamentales antes mencionados, presuntamente vulnerados por
motivo del fallo del 6 de marzo de 2024, por cuanto, incurrió en los defectos fáctico,
desconocimiento del precedente judicial, sustantivo y violación directa de la
Constitución.
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Expediente: 11001-03-15-000-2025-05407-01
Demandante: Carlos Alberto Holguín García
Acción de tutela
La Subsección A de la Sección Segunda de esta Corporación declaró improcedente la
acción de tutela por el incumplimiento del requisito de inmediatez.
En su escrito de impugnación el demandante afirmó que debe flexibilizarse el término
de inmediatez, debido a que es un adulto mayor, sujeto de especial protección
constitucional.
En los términos en que fue propuesta la controversia la Sala confirmará la sentencia de
primera instancia que declaró la improcedencia de la acción de tutela por el
incumplimiento del requisito de inmediatez, por las razones que se procederán a
exponer:
2.1 El presupuesto general de la inmediatez en las acciones de tutela
El requisito de inmediatez constituye una exigencia que reclama la verificación de una
correlación temporal entre la solicitud de amparo y el hecho judicial vulnerador de los
derechos fundamentales.
Dicho presupuesto propugna porque los afectados sean diligentes en sus reclamos con
el fin de que acudan ante los jueces de manera inmediata a ventilar las situaciones que
vulneren o amenacen sus garantías constitucionales en aras de que se puedan tomar
medidas urgentes y pertinentes para el amparo de tales derechos.
En otros términos, lo que se busca es que la acción de tutela se promueva en un término
prudencial y razonable en la medida que, en tanto mecanismo de protección “inmediata8”
de derechos fundamentales, este amparo constitucional pueda cumplir su cometido y el
paso del tiempo no sea tan significativo, irrazonable ni desproporcionado que torne
ineficaz o inane el control constitucional de la actividad judicial por vía de la acción de
tutela.
Al respecto, la Corte Constitucional se ha pronunciado para explicar el sentido y alcance
de este requisito, así:
8 En efecto, el artículo 86 de la Constitución Política que consagró la acción de tutela establece:
“ARTICULO 86. Toda persona tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces, en todo
momento y lugar, mediante un procedimiento preferente y sumario, por sí misma o por quien actúe a su
nombre, la protección inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales, cuando quiera
que éstos resulten vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública.”.
(negrillas adicionales).
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Expediente: 11001-03-15-000-2025-05407-01
Demandante: Carlos Alberto Holguín García
Acción de tutela
“En ese sentido, es necesario promover la acción de tutela contra providencias
judiciales tan pronto se produce la vulneración o amenaza de los derechos
fundamentales, o en un plazo prudencial, porque de lo contrario la necesidad
de la protección constitucional por vía de tutela queda en entredicho, ya que
no se entiende por qué si la amenaza o violación del derecho era tan
perentoria, no se acudió al mecanismo constitucional con anterioridad. Como
consecuencia de ello, permitir un excesivo paso del tiempo ante la posibilidad
de una reclamación constitucional contra una providencia judicial, puede
afectar además el principio de seguridad jurídica; de tal manera que la
inmediatez sea claramente una exigencia ineludible en la procedencia de la
acción de tutela contra providencias judiciales9”.
En esos términos, es claro que resulta de la esencia de este medio de defensa judicial
la “urgencia” en la protección de las garantías fundamentales, de ahí que se exija a los
afectados el ejercicio de la acción tan pronto como tengan conocimiento de la
vulneración o amenaza.
Tal requisito cobra mayor relevancia tratándose de acciones de tutelas contra
providencias judiciales, en tanto que en este caso lo que se pretende es dejar sin efectos
una decisión judicial, de modo que el lapso que transcurra entre la notificación o
ejecutoria de la providencia y la presentación de la acción debe ser razonable, so pena
de que como una de las consecuencias lógicas del principio de seguridad jurídica el solo
paso del tiempo conlleve a que la providencia se proyecte, consolide sus efectos y se
legitime.
De lo contrario se generaría una total incertidumbre sobre la firmeza de las decisiones
con la consecuente afectación al principio de la cosa juzgada y los derechos de los
terceros, quienes se verían abocados a tener que esperar de manera indefinida a que
su contraparte no haga uso de esta herramienta o someterse a procesos sempiternos,
lo que desde luego desdibuja la esencia de este mecanismo e implicaría sacrificar
principios tan valiosos de cualquier ordenamiento jurídico como lo son la seguridad
jurídica y la cosa juzgada.
Ahora bien, sin perjuicio de lo expuesto, la jurisprudencia constitucional también ha sido
enfática en cuanto a que el presupuesto de la inmediatez no puede ser equiparado en
toda su extensión al fenómeno extintivo de caducidad propio de las acciones ordinarias,
pues, si consideramos que la finalidad del primero justamente es erigirse en la principal
herramienta de protección y defensa ante acciones u omisiones que pongan en riesgo
o vulneren garantías iusfundamentales, en ocasiones, aplicar de manera estricta el
término de 6 meses puede resultar en estricto riguroso.
9 Corte Constitucional, sentencia SU-184 de 2019.
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Expediente: 11001-03-15-000-2025-05407-01
Demandante: Carlos Alberto Holguín García
Acción de tutela
Ello es así, en la medida que no siempre el simple transcurso del tiempo puede llevar al
juez a concluir que la acción de tutela se ha presentado de forma tardía ante la
posibilidad de que existan circunstancias especiales que no solo justifiquen que la
demanda no se hubiere presentado en un término razonable, sino que demuestren que
el hecho o la omisión que vulnera el derecho fundamental son permanentes, persisten
en el tiempo y hacen que la violación sea siempre actual.
Para ello, la jurisprudencia constitucional ha construido varias excepciones que deben
analizarse en cada caso concreto en aras de racionalizar la exigencia de la inmediatez,
a saber:
“(i) que exista un motivo válido para la inactividad de los accionantes;
(ii) que la inactividad justificada no vulnere el núcleo esencial de los
derechos de terceros afectados con la decisión;
(iii) que exista un nexo causal entre el ejercicio tardío de la acción y la
vulneración de los derechos fundamentales del interesado y;
(iv) que el fundamento de la acción de tutela surja después de acaecida la
actuación violatoria de los derechos fundamentales, de cualquier forma, en un
plazo no muy alejado de la fecha de interposición”10.
En suma y con la claridad de que tales eventos “no son taxativos11”, el juez debe valorar
si la tardanza en el ejercicio de la acción tuvo origen en razones jurídicamente válidas
que expliquen de manera razonable la inactividad del accionante, hipótesis en las cuales
el amparo constitucional siempre será procedente.
2.2 Verificación del cumplimiento del requisito de inmediatez en el caso concreto
1) En el asunto sub examine, la parte actora alegó que se vulneraron sus derechos
constitucionales fundamentales antes mencionados, con ocasión del fallo del 6 de marzo
de 2024, que negó el reconocimiento y pago del retroactivo de las prestaciones sociales
y factores salariales establecidos en el Decreto 0216 de 1991, por cuanto, a su juicio,
incurrió en los defectos fáctico, desconocimiento del precedente judicial, sustantivo y
violación directa de la Constitución.
10 Corte Constitucional, sentencia T-189 de 2009.
11 Ibidem.
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2) En cuanto al requisito de inmediatez, el demandante manifestó que, si bien han
pasado más de seis meses desde que se notificó la providencia que negó las
pretensiones de la demanda, es procedente tener por superado el requisito de
inmediatez, en la medida que es un adulto mayor, sujeto de especial protección
constitucional, y, además, porque en los Juzgados Administrativos del Circuito Judicial
de Cali se siguen tramitando procesos de nulidad y restablecimiento del derecho sobre
materias de la misma naturaleza, lo cual evidencia que el asunto conserva plena
actualidad.
3) Sobre el particular, la Sala destaca que no asiste razón al demandante, pues, aun
cuando se trate de una persona de avanzada edad, a partir de los documentos obrantes
en el expediente no es posible avizorar el estado de vulneración alegado que haga
imperiosa la intervención del juez constitucional.
4) En relación con el tema de la edad, es pertinente señalar que la jurisprudencia
constitucional ha sostenido que la condición de sujeto de la tercera edad no constituye,
por sí sola, razón suficiente para admitir la procedencia de la acción de tutela.
5) En efecto, se encuentran pronunciamientos en los cuales se ha indicado que una
persona es de la tercera edad cuando tiene más de setenta (70) años 12; en otros, se ha
considerado que la edad mínima es de sesenta (60) años13, e incluso, se han referido
promedios etarios de 72.1 años para los hombres y 78.5 para las mujeres, como lo indicó
la Corte Constitucional en la sentencia T-138 de 2010.
6) Independientemente del criterio adoptado para determinar a partir de qué edad puede
considerarse a una persona como de la tercera edad, la jurisprudencia ha reiterado que,
si bien son sujetos de especial protección constitucional, también deben justificar el
motivo de su inactividad con el fin de atenuar la exigencia del requisito de inmediatez, o
bien acreditar la existencia de un perjuicio irremediable que amerite la intervención
excepcional del juez de tutela.
7) En esa medida, la Sala advierte que en este caso no se cumplió con el presupuesto
de inmediatez, puesto que la providencia cuestionada fue proferida el 6 de marzo de
2024 y notificada, por correo electrónico, a través de mensaje de datos enviado el 8 de
marzo del mismo año, mientras que la acción de tutela se presentó el 28 de agosto del
12 Sentencias T-463 de 2003, T-1226 de 2000, T-456 de 1994 y T-425 de 2004.
13 Sentencias T-533 de 2010 y T-822 de 2009.
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Demandante: Carlos Alberto Holguín García
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2025, esto es, por fuera del plazo de los 6 meses que se estableció como razonable
para presentar el amparo, lo cual permite denotar que se ejerció extemporáneamente,
cuando habían transcurrido más de 1 año y 5 meses.
8) Asimismo, la Sala observa que en este caso no se explicó ni justificó la presentación
tardía de la acción, pues la parte actora no esgrimió ningún i) motivo válido o situación
personal que justificara su inactividad; ii) no se aprecia que se esté ante una vulneración
o amenaza permanente; iii) que el fundamento de la acción haya surgido después de
acaecida la actuación violatoria de los derechos; o iv) ninguna otra circunstancia
especial que permita flexibilizar el término de inmediatez.
9) En ese orden de ideas, como la acción de tutela no se presentó en un plazo razonable
y tampoco se avizora la existencia de un perjuicio irremediable que amerite la
intervención del juez constitucional o justifique la interposición tardía del proceso de
acción de tutela se deberá declarar improcedente la acción de tutela por incumplimiento
del requisito de inmediatez.
10) En consecuencia, la Sala confirmará la decisión impugnada que declaró
improcedente el amparo solicitado por el incumplimiento del requisito de inmediatez, por
las razones hasta aquí expuestas.
En mérito de lo expuesto, el CONSEJO DE ESTADO, SALA DE LO CONTENCIOSO
ADMINISTRATIVO, SECCIÓN TERCERA, SUBSECCIÓN B, administrando justicia en
nombre de la República y por autoridad de la Ley,
FALLA:
1°) Confírmase la sentencia de primera instancia que declaró improcedente el amparo
solicitado por el incumplimiento del requisito de inmediatez, de conformidad con las
razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.
2º) Notifíquese esta decisión personalmente a las partes o mediante telegrama,
telefónica, electrónicamente o por cualquier medio expedito y eficaz.
3º) Comuníquesele este fallo a la Sala que resolvió la controversia en primera instancia
y remítasele copia del mismo.
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Demandante: Carlos Alberto Holguín García
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4º) Ejecutoriada esta providencia remítase el expediente a la Corte Constitucional para
su eventual revisión, con las respectivas anotaciones secretariales previas.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
La anterior providencia fue discutida y aprobada en sesión de la fecha.
FREDY IBARRA MARTÍNEZ ALBERTO MONTAÑA PLATA
Magistrado Magistrado
(firmado electrónicamente) (firmado electrónicamente)
DIEGO ENRIQUE FRANCO VICTORIA
Magistrado
(firmado electrónicamente)
Constancia. La presente providencia fue firmada electrónicamente en la plataforma SAMAI, en
consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta de
conformidad con el artículo 2 de la Ley 2213 de 2022.
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