Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2025-05408-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
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Consejo de Estado · Sección Tercera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2025-05408-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Tercera
Radicado 11001-03-15-000-2025-05408-01
Consejero ponente: William Edgardo Barrera Muñoz
12 de diciembre de 2025
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN C
Consejero Ponente: WILLIAM BARRERA MUÑOZ
Bogotá D.C., doce (12) de diciembre de dos mil veinticinco (2025)
Radicación número: 11001-03-15-000-2025-05408-01
Solicitante: ANA BEATRIZ SALDARRIAGA LINARES
Autoridad: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL VALLE DEL CAUCA
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Temas: TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL-Requisitos generales y especiales de procedencia.
RELEVANCIA CONSTITUCIONAL-La acción de tutela no es una instancia adicional del proceso ordinario.
RELEVANCIA CONSTITUCIONAL-Los argumentos de la solicitud carecen de carga argumentativa en cuanto a
la vulneración de derechos fundamentales.
La Sala decide la impugnación interpuesta por la accionante contra el fallo proferido
el 26 de septiembre de 2025, por el Consejo de Estado-Sección Tercera-Subsección
A que declaró improcedente el amparo solicitado en la acción de tutela.
ANTECEDENTES
1. Solicitud de tutela
El 29 de agosto de 2025, la señora Ana Beatriz Saldarriaga Linares, a nombre propio,
formuló acción de tutela con el fin de obtener la protección de sus derechos
fundamentales al debido proceso, al acceso a la administración de justicia, al trabajo,
a la seguridad social y los «demás derechos que estén siendo vulnerados por el
Tribunal Administrativo del Valle del Cauca», con ocasión de la sentencia del 15 de
mayo de 2025, proferida dentro del medio de control de nulidad y restablecimiento
del derecho.
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Expediente nº. 11001-03-15-000-2025-05408-01
Solicitante: Ana Beatriz Saldarriaga Linares
Acción de tutela – Segunda instancia
En virtud del amparo, solicitó «REVOCAR la sentencia de segunda instancia No. 106
proferida el día 15 de mayo de 2025 por el Tribunal Administrativo del Valle del
Cauca, al interior del proceso identificado con radicado No. 76001-33-33-017-2023-
00290-01»
1. Hechos relevantes
La señora Ana Beatriz Saldarriaga Linares ingresó al servicio del Municipio de
Santiago de Cali en 1994, fecha desde la cual se vinculó de manera continua hasta
el año 2021, cuando accedió a la pensión de jubilación. Señaló que durante su
vinculación recibió las prestaciones extralegales previstas en el Decreto 0216 de 18
de febrero de 1991, norma mediante la cual el alcalde de la época fijó beneficios
adicionales en favor de los empleados públicos del municipio. Tales beneficios se
pagaron hasta el año 2000, cuando la administración municipal suspendió de manera
unilateral los efectos del Decreto, lo cual quedó acreditado, según manifestó, en los
tabulados de pago anexados al expediente.
Agregó que, en el año 2010, el Ministerio de Educación promovió demanda de
nulidad y restablecimiento del derecho en contra del Decreto 0216 de 1991, el cual
se tramitó bajo el radicado número 76001-23-31-000-2010-01485-01, mediante el
que solicitó la nulidad total del acto por haber sido expedido sin competencia legal.
En ese proceso, el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca declaró la nulidad del
decreto mediante sentencia del 20 de enero de 2012, decisión que fue confirmada
por la Sección Segunda, Subsección B del Consejo de Estado mediante providencia
del 8 de agosto de 2019, en la cual se reiteró la nulidad con efectos ex tunc y se
precisó que debían respetarse los derechos adquiridos que se encontraran
debidamente reconocidos al momento de la declaratoria.
Con fundamento en la afirmación contenida en la sentencia relativa al respecto de
los derechos adquiridos, el 26 de junio de 2023 presentó ante la administración del
Distrito Especial de Santiago de Cali una solicitud administrativa en la que pidió el
reconocimiento y pago retroactivo de las primas extralegales dejadas de percibir
desde el año 2000 hasta el 23 de octubre de 2020, fecha de ejecutoria de la sentencia
de nulidad. No obstante, la administración territorial negó la petición mediante oficio
del 30 de junio de 2023, en el cual expuso que ni la sentencia del Tribunal del año
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Expediente nº. 11001-03-15-000-2025-05408-01
Solicitante: Ana Beatriz Saldarriaga Linares
Acción de tutela – Segunda instancia
2012 ni la decisión del Consejo de Estado reconocieron de manera individual
derecho alguno en favor de la accionante, razón por la cual no existía situación
jurídica definida que habilitara el pago.
Como consecuencia de la negativa administrativa, la accionante presentó el 23 de
octubre de 2023 demanda en ejercicio del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho, orientada a obtener la declaratoria de nulidad del acto
administrativo que negó su petición y el pago retroactivo de las primas extralegales
desde el año 2000 hasta el 23 de octubre de 2020.
Al proceso iniciado por la accionante le correspondió el radicado No. 76001-33-33-
017-2023-00290-01 y fue resuelto en primera instancia por el Juzgado Diecisiete
Administrativo Oral del Circuito Judicial de Cali quien negó las pretensiones de la
demanda mediante providencia del 25 de febrero de 2025. La accionante, inconforme
con la decisión, presentó recurso de apelación que fue resuelto negativamente por
el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca en sentencia del 15 de mayo de 2025.
2. Fundamentos de la solicitud
La accionante sostiene que la autoridad judicial accionada vulneró sus derechos
fundamentales al debido proceso, al acceso a la administración de justicia, al trabajo,
y a la seguridad social. Lo anterior, pues incurrió en defecto fáctico por la caprichosa
valoración de las pruebas obrantes en el expediente, en especial, los desprendibles
de nómina y la sentencia del Consejo de Estado proferida dentro del proceso de
radicado número 76001-23-31-000-2010-01485-01 mediante la cual se declaró la
nulidad del Decreto 0216 de 1991.
Sostuvo que la indebida valoración probatoria llevó a los jueces de instancia a
concluir que la accionante no tenía un derecho adquirido frente a los emolumentos
extralegales consagrados en el Decreto 216 de 1991, pese a que el Consejo de
Estado, al declarar la nulidad de dicha norma, precisó que debían respetarse las
situaciones jurídicas consolidadas mientras el decreto estuvo vigente. Indicó que, en
su caso, cumplió con los requisitos para acceder a tales prestaciones y las recibió
entre 1991 y el año 2000, lo cual, en su criterio, consolidó un derecho cierto que
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Expediente nº. 11001-03-15-000-2025-05408-01
Solicitante: Ana Beatriz Saldarriaga Linares
Acción de tutela – Segunda instancia
ingresó a su patrimonio y debía ser reconocido aun después de la nulidad del
decreto.
Adicionó que las providencias incurrieron en defecto sustantivo y desconocimiento
del precedente judicial vertical establecido en la sentencia que declaró la nulidad del
Decreto 0216 de 1991. Providencia que para la accionante constituye un precedente
judicial de obligatorio cumplimiento, del que no puede apartarse el juez de instancia.
Finalmente, alegó la existencia de un defecto material por la indebida interpretación
de las disposiciones legales relativas al concepto de derechos adquiridos; lo que,
además, considera la accionante representó una violación directa de la Constitución.
3. Trámite de primera instancia
El 2 de septiembre de 2025 se admitió la acción de tutela y se ordenó su notificación
a la autoridad judicial accionada, así como al Juzgado Diecisiete Administrativo Oral
del Circuito de Cali, al Distrito Especial de Santiago de Cali, al Ministerio Público, y
a los demás intervinientes en el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho
con radicado número 76001-33-33-017-2023-00290-00/01 sen calidad de tercero
con interés.
En el escrito de contestación, el Distrito Especial Deportivo, Cultural, Turístico,
Empresarial y de Servicios de Santiago de Cali-en adelante Cali- solicito declarar la
improcedencia de la acción de tutela por ausencia de violación de un derecho
fundamental, además de considerar que la accionante únicamente pretende usar la
acción de tutela como una extensión del recurso de apelación, lo que no corresponde
a la naturaleza de la acción.
Agregó que no existe derecho adquirido en cabeza de la accionante, pues ninguna
situación jurídica puede consolidarse en contravía del orden legal y constitucional.
En consecuencia, los efectos de una norma expedida sin competencia —y
posteriormente declarada nula por el Consejo de Estado— no pueden generar
derechos ni beneficios válidos, ya que, conforme al artículo 58 de la Constitución
Política, la existencia de un derecho adquirido exige que este haya sido obtenido con
arreglo a la ley.
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Expediente nº. 11001-03-15-000-2025-05408-01
Solicitante: Ana Beatriz Saldarriaga Linares
Acción de tutela – Segunda instancia
Por ello, la accionante no ostenta un derecho adquirido, sino tan solo una mera
expectativa, la cual no tiene protección constitucional ni puede oponerse a la
declaratoria de nulidad del acto carente de competencia.
Por su parte, el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca solicitó negar el amparo
solicitado por no existir defecto en la decisión proferida ni violación de derechos
fundamentales. Aseguró que la accionante no tiene derecho a los beneficios
salariales y prestaciones derivadas del Decreto 216 de 1991, pues no consolidó una
situación jurídica que reconociera dichos derechos en vigencia de la norma. Agregó
que la accionante pretende reabrir el debate ya resuelto en el proceso ordinario,
desconociendo los principios de seguridad jurídica y cosa juzgada.
Mediante sentencia del 26 de septiembre de 2025, el Consejo de Estado-Sección
Tercera-Subsección A declaró improcedente la acción de tutela por no cumplir con
el requisito general de procedencia de relevancia constitucional.
La accionante impugnó. Sostuvo que en la acción de tutela expuso las presuntas
violaciones a derechos fundamentales contenidas en la sentencia recurrida, las
cuales —afirmó— se configuran a través de cuatro defectos principales, a saber:
i) defecto fáctico, ii) desconocimiento del precedente judicial, ii)i defecto sustantivo
y iv) violación directa a la Constitución.
Añadió que la acción no se limita a manifestar un simple desacuerdo con el fallo
proferido por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, sino que se desarrolló
una argumentación que expuso los defectos cometidos en la sentencia, y la
consecuente violación de derechos fundamentales. En consecuencia, solicito se
revoque la decisión impugnada y se analice de fondo la acción.
El 22 de octubre de 2025 se concedió la impugnación.
CONSIDERACIONES
4. Problema jurídico
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Expediente nº. 11001-03-15-000-2025-05408-01
Solicitante: Ana Beatriz Saldarriaga Linares
Acción de tutela – Segunda instancia
Corresponde a la Sala determinar si se debe confirmar la sentencia del 26 de
septiembre de 2025, proferida por el Consejo de Estado-Sección Tercera-
Subsección A, que declaró improcedente el amparo solicitado.
5. Análisis de la Sala
El Consejo de Estado conoce de la acción de tutela, de conformidad con los artículos
86 de la Constitución Política y 43 de la Ley Estatutaria de la Administración de
Justicia-LEAJ. La Sala es competente para decidir la impugnación contra el fallo de
primera instancia con arreglo a lo dispuesto por el artículo 32 del Decreto 2591 de
1991 y el Acuerdo n°. 80 del 12 de marzo de 2020 de la Sala Plena de la Corporación.
La Corte Constitucional ha señalado que la acción de tutela procede
excepcionalmente contra providencias judiciales, si se advierte la afectación
manifiesta y grosera de un derecho constitucional fundamental1. De conformidad con
su jurisprudencia, la tutela contra providencia judicial está sujeta al cumplimiento de
los siguientes requisitos: i) que la controversia tenga relevancia constitucional; ii) que
el afectado haya agotado todos los medios de defensa judicial ordinarios y
extraordinarios que tuvo al alcance, salvo que se configure un perjuicio irremediable;
iii) que la tutela se formule con inmediatez; iv) si se trata de una irregularidad
procesal, que esta trascienda a la decisión controvertida; v) que la solicitud señale
con claridad los hechos y argumentos en los que funda la presunta vulneración; vi)
que la providencia reprochada no se haya proferido en una acción de tutela2.
Si se encuentran satisfechos todos los requisitos generales, la tutela prosperará al
comprobarse alguno de estos defectos especiales: falta de competencia del juez;
trasgresión absoluta del procedimiento; valoración equivocada u omisión de una
prueba; falta de aplicación, indebida aplicación o interpretación errónea de un
precepto; error inducido; falta de motivación de la providencia; desconocimiento del
«precedente» constitucional que da alcance a un derecho fundamental y violación
directa de la Constitución.
Relevancia constitucional
1 Corte Constitucional, sentencia C-590 del 8 de junio de 2005.
2 Ibidem.
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Expediente nº. 11001-03-15-000-2025-05408-01
Solicitante: Ana Beatriz Saldarriaga Linares
Acción de tutela – Segunda instancia
La Sala Plena del Consejo de Estado ha indicado los siguientes elementos para
determinar si una acción de tutela cumple con el requisito de relevancia
constitucional3: (i) que el actor cumpla una carga argumentativa suficiente, para lo
cual no basta con enunciar la vulneración de derechos fundamentales, sino que se
deben expresar las razones de índole constitucional que revelan un juicio de desvalor
respecto de tales derechos, cuya fuente es la providencia judicial censurada; (ii) Que
la tutela no constituya una instancia adicional al proceso ordinario en el cual fue
proferida la providencia acusada y; (iii) que la controversia verse sobre un asunto
constitucional y no meramente legal y/o económico.
En sentencia SU-215 de 2022, la Corte Constitucional reiteró que los elementos
antes expuestos son criterios relevantes para estudiar el presupuesto de relevancia
constitucional. Sostuvo que «la tutela contra providencias judiciales implica un juicio
de validez y no un juicio de corrección del fallo cuestionado, circunstancia que
excluye su formulación para la discusión de asuntos de interpretación que dieron
origen a la controversia judicial». Precisó que el requisito de relevancia constitucional
es consecuencia del carácter subsidiario de la acción de tutela y de la especialidad
de los jueces naturales del asunto, tanto en materia ordinaria como constitucional.
Además de lo anterior, la Corte indicó que:
«(…) la exigencia de relevancia constitucional cumple cuatro finalidades
principales; a saber: (i) el respeto por las competencias de las jurisdicciones; (ii)
la protección de la autonomía e independencia de los jueces; (iii) la preservación
de la específica finalidad de la acción de tutela, instituida para la protección y
restablecimiento de los derechos fundamentales; y (iv) la prevención del uso
indebido de la acción como una instancia adicional de los procesos adelantados
ante las jurisdicciones competentes o para la solución de discusiones de
naturaleza eminentemente legal».
Caso concreto
Del análisis del escrito de tutela se advirtió que la señora Ana Beatriz Saldarriaga
Linares sostuvo que la autoridad judicial accionada vulneró sus derechos
fundamentales al debido proceso, al acceso a la administración de justicia, al trabajo,
a la seguridad social, con ocasión de la sentencia del 15 de mayo de 2025, proferida
por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca dentro del medio de control de
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Sentencia del 5 de agosto de 2014 proferida por la Sala Plena del Consejo de Estado. Radicado número: 11001
03 15 000 2012 02201 01 (IJ).
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Expediente nº. 11001-03-15-000-2025-05408-01
Solicitante: Ana Beatriz Saldarriaga Linares
Acción de tutela – Segunda instancia
nulidad y restablecimiento del derecho de radicado número 76001-33-33-017-2023-
00290-01.
Su inconformidad radicó en que, a su juicio, los jueces de instancia omitieron valorar
las pruebas que, según afirmó, demostraban la existencia de un derecho adquirido
frente a los emolumentos salariales y de prestaciones sociales previstos en el
Decreto 0216 de 1991, circunstancia que, en su criterio, consolidó un derecho
susceptible de protección aun después de la declaratoria de nulidad. Asimismo,
alegó la existencia de defectos fácticos y sustantivos, así como el desconocimiento
del precedente relativo a la protección de situaciones jurídicas consolidadas frente a
actos anulados con efectos ex tunc.
Al respecto, la Sala advierte que la providencia del 15 de mayo de 2025, proferida
por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, negó las pretensiones orientadas
al reconocimiento del pago retroactivo de las prestaciones sociales y factores
salariales previstos en el Decreto 0216 de 1991, causados hasta el 23 de octubre de
2020. Lo anterior, por cuanto el juez natural consideró que la accionante no acreditó
la existencia de un derecho adquirido ni de una situación jurídica consolidada con
anterioridad a la declaratoria de nulidad del referido Decreto, proferida por el Consejo
de Estado mediante sentencia del 8 de agosto de 2019.
El fallo también destacó que dicho Decreto fue expedido en contravía de las normas
legales y constitucionales que determinan la competencia, razón por la cual no podía
generar efectos válidos en favor de la demandante.
En sentencia de primera instancia constitucional, se destacó que:
«La peticionaria se limitó a enunciar de manera abstracta, la existencia de diversos
defectos específicos de la sentencia cuestionada, sin exponer de forma clara,
articulada y fundamentada cómo tales yerros habrían afectado sus derechos
fundamentales. En particular, la tutelante tenía la obligación de justificar por qué la
supuesta indebida valoración de las pruebas aportadas al proceso habrían sido
determinantes para la decisión adoptada por el Juzgado Diecisiete Administrativo
Oral del Circuito de Cali y el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, lo que no se
explicó. Del mismo modo, la actora no sustentó las razones por las cuales, a su juicio,
se habría aplicado erróneamente el artículo 58 de la Constitución Política.
Finalmente, tampoco desarrolló la razón por la que las providencias judiciales citadas
en el escrito de tutela debían considerarse precedentes vinculantes para el caso en
concreto ni de qué manera fueron desconocidas por las autoridades judiciales
accionadas. »
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Expediente nº. 11001-03-15-000-2025-05408-01
Solicitante: Ana Beatriz Saldarriaga Linares
Acción de tutela – Segunda instancia
Si bien la accionante, en su escrito de impugnación, sostuvo que la acción de tutela
satisface plenamente los requisitos de procedencia —pues, a su juicio, identifica de
manera concreta los derechos fundamentales presuntamente afectados y expone
con claridad la forma en que habrían sido desconocidos por la providencia
cuestionada—, la Sala concuerda con la decisión de primera instancia, en tanto
considera que tales argumentos no demuestran una vulneración ni una amenaza
cierta de derechos fundamentales.
Por el contrario, lo planteado por la accionante se orienta a reabrir la controversia ya
resuelta por el juez natural, sin acreditar la configuración de alguno de los defectos
específicos que habilitan la intervención excepcional del juez constitucional.
Adicionalmente, una vez revisados los fundamentos jurídicos que sustentan la
decisión adoptada por el Tribunal accionado, la Sala advierte que estos derivan de
una interpretación razonable del acervo probatorio, así como del marco normativo y
jurisprudencial aplicable al caso, lo cual descarta la existencia de arbitrariedad o de
un defecto de relevancia constitucional.
Aunado a lo anterior, se advierte que la discusión planteada en el escrito de tutela
está motivada en el desacuerdo con el contenido de la providencia dictada por el
juez natural. Luego, de cara a la seguridad jurídica y la garantía de independencia y
autonomía de los jueces, como elementos fundamentales para el cimiento de la
actividad judicial del Estado, no corresponde al juez de tutela cuestionar las
decisiones adoptadas por los jueces naturales, cuando estas son tomadas de
acuerdo con el ordenamiento legal y jurisprudencial.
Al no advertirse una actuación caprichosa o arbitraria por parte de la autoridad
judicial accionada, resulta improcedente que el juez del amparo revise o evalúe la
interpretación y alcance dado por el juez natural del asunto. La acción de tutela no
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Expediente nº. 11001-03-15-000-2025-05408-01
Solicitante: Ana Beatriz Saldarriaga Linares
Acción de tutela – Segunda instancia
es una instancia adicional al proceso ordinario, ni está prevista para desconocer la
autonomía e independencia que caracterizan las actuaciones judiciales. Por las
razones expuestas, la demanda de tutela no cumple con el requisito general de
relevancia constitucional.
Ahora bien, en gracia de discusión, aún si la acción incoada fuera procedente,
revisado el expediente del proceso No. 76001-33-33-017-2023-00290-01, la Sala
advierte que el Tribunal sustentó plenamente la inexistencia de derecho adquirido
por parte de la accionante. Señaló que:
«Acorde con lo anterior, tampoco puede hablarse de que la demandante hubiera sido
titular de un derecho adquirido, en primer lugar, porque con el escaso material
probatorio allegado al plenario no pudo demostrarlo y además, porque tampoco se
acreditó que existiera un acto administrativo particular en firme o una providencia
judicial que hiciera tránsito a cosa juzgada que hubiera ordenado el reconocimiento
de derechos subjetivos a su favor en cuanto a las primas extralegales de que trataba
dicho Decreto.
39. En consecuencia, el Decreto 0216 de 1991 desde su creación estaba viciado de
nulidad, al carecer el alcalde de Santiago de Cali de competencia para expedirlo y la
parte actora no acreditó encontrarse en el evento excepcional de la situación jurídica
consolidada en los términos de la sentencia del Consejo de Estado que declaró la
nulidad del mencionado decreto.»
De manera que se trata de una decisión plenamente motivada y justificada en la ley,
la jurisprudencia y las pruebas obrantes en el expediente, sin encontrar en ella algún
tipo de arbitrariedad o negligencia de parte del juez.
Así las cosas, la Sala confirmará la sentencia del 26 de septiembre de 2025, proferida
por el Consejo de Estado-Sección Tercera-Subsección A, que declaró improcedente
el amparo solicitado, en tanto la acción no superó los requisitos de procedencia, en
particular el de relevancia constitucional.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección C, administrando justicia en nombre de
la República y por autoridad de la ley,
FALLA:
PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia proferida el 26 de septiembre de 2025 por el
Consejo de Estado-Sección Tercera-Subsección A.
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Expediente nº. 11001-03-15-000-2025-05408-01
Solicitante: Ana Beatriz Saldarriaga Linares
Acción de tutela – Segunda instancia
SEGUNDO: ENVIAR esta actuación a la Corte Constitucional para su eventual
revisión.
TERCERO: NOTIFICAR a las partes por el medio más expedito y eficaz.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
WILLIAM BARRERA MUÑOZ
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
ADRIANA POLIDURA CASTILLO NICOLÁS YEPES CORRALES
vf
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