Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2025-05412-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2025-05412-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 11001-03-15-000-2025-05412-00
Consejero ponente: Wilson Ramos Giron
10 de octubre de 2025
Radicado: 11001-03-15-000-2025-05412-00
Demandante: Yomaira Better Hurtado
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA
CONSEJERO PONENTE: WILSON RAMOS GIRÓN
Bogotá, D C., 10 de octubre de 2025
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2025-05412-00
Demandante: YOMAIRA BETTER HURTADO
Demandado: CONSEJO DE ESTADO, SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN A
Tema: Contra providencia que decidió en segunda instancia demanda de
nulidad y restablecimiento del derecho relacionada con revocatoria
directa de un acto administrativo. Improcedencia de la acción de tutela.
Requisito general de relevancia constitucional
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
La Sala decide la acción de tutela interpuesta por Yomaira Better Hurtado contra el
Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A.
I. ANTECEDENTES
1. Solicitud de amparo
El 1º de septiembre de 20251, en ejercicio de la acción de tutela y en nombre propio, la
demandante pidió la protección de sus derechos fundamentales al mínimo vital, vida
digna, seguridad social, debido proceso y de acceso a la administración de justicia.
A juicio de la tutelante, la vulneración de dichas garantías superiores se deriva de la
sentencia del 20 de marzo de 2025, con la que el Consejo de Estado, Sección Segunda,
Subsección A, decidió en segunda instancia la demanda de nulidad y restablecimiento
del derecho 47001-23-33-000-2016-00241-00/01.
2. Pretensiones
La accionante formuló las siguientes pretensiones:
2. Dejar sin efectos la sentencia del 20 de marzo de 2025 y, en consecuencia, ordenar al Consejo de
Estado, Sección Segunda, Subsección A, que profiera una nueva decisión, en la que corrija los defectos
identificados.
3. Como medida provisional, de conformidad con el artículo 7 del Decreto 2591 de 1991, ordenar a la
Unidad de Gestión Pensional y Parafiscales –UGPP– que reanude de manera inmediata y transitoria el
pago de la mesada pensional en los términos de la Resolución 1492 de 1995, hasta tanto se adopte la
decisión definitiva en esta acción de tutela, para evitar un perjuicio irremediable frente al mínimo vital de
una persona de la tercera edad, con graves afecciones de salud y en condición de vulnerabilidad.
3. Hechos
Del expediente, la Sala destaca los siguientes hechos relevantes:
3.1 Actuación administrativa
Mediante Resolución 145712 del 20 de agosto de 1993 la Empresa Puerto de Colombia
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Demandante: Yomaira Better Hurtado
(Foncolpuertos), Terminal Marítimo de Santa Marta, le reconoció pensión de jubilación a la
tutelante, que reliquidó con Resolución 1492 de 1995.
Luego, la última resolución fue revocada por el Grupo Interno de Trabajo para la Gestión
del Pasivo Social de Puertos de Colombia del Ministerio de la Protección Social, con
Resolución 1393 del 24 de septiembre de 2008, para reducir la cuantía de la prestación, al
estimar que con sentencia del 30 de mayo de 2008 el Juzgado Segundo Penal de
Descongestión del Circuito de Bogotá declaró que hubo corrupción en el reconocimiento y
reajuste de pensiones en Foncolpuertos, dentro de las que se encontraba la de la
demandante.
El 5 de marzo y el 1º de junio de 2012 la tutelante pidió a Foncolpuertos revocar la
Resolución 1393 del 24 de septiembre de 2008, comoquiera que el reconocimiento de su
pensión de jubilación no estaba relacionado con casos de corrupción al interior de la
entidad, petición que desestimó la UGPP con Resolución RDP 015613 del 15 de noviembre
de 2012, al estimar que aquel acto administrativo era de ejecución porque obedeció lo
decidido en las correspondientes diligencias penales.
3.2 Demanda de nulidad y restablecimiento del derecho
La señora Yomaira Better Hurtado promovió demanda de nulidad y restablecimiento del
derecho contra la UGPP (a la que se le asignó el número de radicación 47001-23-33-000-
2016-00241-00/01), con el fin de obtener (i) la nulidad de las Resoluciones 1393 del 24
de septiembre de 2008 y RDP 015613 del 15 de noviembre de 2012; y (ii) el incremento de
su mesada, habida cuenta de que la reliquidación prevista en la Resolución 1492 de 1995
atendió el ordenamiento jurídico y no se fundó en actos fraudulentos.
El asunto lo conoció el Tribunal Administrativo del Magdalena, con sentencia del 25 de julio
de 2018, que denegó las pretensiones al considerar que se acreditó que el exdirector de
Foncolpuertos reconoció pensiones de jubilación de trabajadores de la entidad y las
reajustó con fundamento en documentos falsos y sin que se cumplieran los
correspondientes requisitos y, aunque en la sentencia penal del 30 de mayo de 2008
proferida contra el exdirector del organismo no se haya hecho referencia expresa a la
mesada de la actora, ello no desvirtuaba la legalidad de la Resolución 1393 del 24 de
septiembre de 2008, máxime cuando al actora no allegó pruebas de que el monto de la
prestación se calculó en debida forma.
Contra la anterior decisión la demandante interpuso recurso de apelación, con el
argumento de que se desconoció el procedimiento establecido en el ordenamiento jurídico
para revocar actos administrativos, lo que involucraba trasgresión de su garantía superior
al debido proceso, tal como lo había concluido la Corte Constitucional en la sentencia T-
199 de 2018, en la que examinó casos parecidos al suyo. Que en el fallo penal del 30 de
mayo de 2008 no se hizo mención a su pensión, tampoco se probó que la haya obtenido
por medios fraudulentos y no tenía conocimiento de las diligencias penales, por lo que no
podía aplicársele lo decidido en ellas.
A través de sentencia del 20 de marzo de 2025, el Consejo de Estado, Sección Segunda,
Subsección A, confirmó la decisión de primera instancia en razón a que quedó acreditado
el desfalco a Foncolpuertos en el reconocimiento y reliquidación de pensiones, lo que
derivó en el fallo condenatorio contra su exdirector del 24 de septiembre de 2004, emitido
por el Juzgado Primero Penal de Descongestión de Bogotá, en el que se indicó que varias
prestaciones se reajustaron sin sustento legal, dentro de las que se encontraba la
reliquidada con Resolución 1482 de 1995, de ahí que se infiriera que la revocatoria prevista
en la Resolución 1393 del 24 de septiembre de 2008 no contrariaba el sistema normativo
por demostrarse una situación de fraude.
Que si bien la Corte Constitucional señaló que no era dable revocar pensiones reconocidas
por Foncolpuertos cuando no se identificaban en los procesos penales, ello sí aconteció
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frente a la Resolución 1482 de 1995, pues se hizo expresa referencia a esta en la sentencia
penal del 24 de septiembre de 2004, con la que el Juzgado Primero Penal de
Descongestión de Bogotá condenó a su exdirector. Además, el hecho de que la
demandante no conociera las actuaciones penales no afectaba la legalidad del acto
administrativo demandado, pues lo relevante era acreditar que hubo fraude, tal como
aconteció.
4. Fundamentos de la tutela
La tutelante expuso las razones por las que consideraba que la acción de tutela cumplía
los requisitos generales de procedibilidad contra providencia judicial. En cuanto al fondo
del asunto, señaló que la providencia cuestionada incurrió en:
Defecto sustantivo porque al avalar la revocatoria directa de la Resolución 1393 del 24
de septiembre de 2008 sin advertir que en las diligencias penales surtidas contra el
exdirector de Foncolpuertos no se hizo referencia de manera expresa a su pensión,
desconoció el criterio de la Corte Constitucional previsto en las sentencias C-835 de 2003,
T-381 de 2012 y SU-182 de 2019, según el cual la revocatoria de actos administrativos
solo procede cuando se acredita una situación que involucre algún delito, como también lo
dijo el Consejo de Estado2.
Defecto fáctico pues no advirtió que las pruebas obrantes en el expediente 47001-23-
33-000-2016-00241-00/01 no acreditaban que su pensión se hubiera calculado en
desconocimiento del ordenamiento jurídico, por tanto, no era procedente la revocatoria
directa de la Resolución 1492 de 1995, máxime cuando no fue parte de las diligencias
penales, lo que impedía trasladarle los efectos de las decisiones allí emitidas3.
5. Trámite procesal
Por auto del 9 de septiembre de 2025, el Despacho sustanciador admitió la acción de la
referencia, denegó la medida provisional solicitada4 y, entre otras cosas, ordenó notificar
a la autoridad accionada y vincular como terceros con interés a los magistrados del
Tribunal Administrativo del Magdalena y al director de la UGPP.
En cumplimiento de las anteriores órdenes, la Secretaría General del Consejo de Estado
practicó las notificaciones correspondientes mediante correos electrónicos enviados el
15 de septiembre de 2025.
6. Intervenciones
La UGPP, por conducto de apoderado, pidió que se declarara improcedente la acción de
tutela en razón a que «no se cumple el requisito de perjuicio irremediable» ni las exigencias
de inmediatez y subsidiariedad, ya que trascurrió un lapso considerable entre la fecha en
que se emitió la sentencia cuestionada y la presentación de la solicitud de amparo y esa
decisión podía cuestionarse mediante el recurso extraordinario de revisión.
Que la providencia reprochada se emitió en atención a una valoración razonable de las
pruebas obrantes en el expediente 47001-23-33-000-2016-00241-00/01 y bajo una
interpretación plausible de las normas que regulaban la controversia, las cuales indicaban
que la revocatoria de actos administrativos relacionados con pensiones era procedente
cuando se evidenciaba que se reconocían o reliquidaban de forma ilícita, como aconteció
con el reajuste de la mesada de la actora, pues en las diligencias penales surtidas contra
el exdirector de Foncolpuertos se probó que la Resolución 1482 de 1995 se emitió con
fundamento en documentos falsos.
2 Sentencia del 25 de febrero de 2016, expediente 11001-03-25-000-2012-00386-00, M. P. Carmelo Perdomo Cuéter.
3 Cabe advertir que si bien el actor invocó falta de motivación y defecto procedimental, esos cargos los fundó en los
mismos argumentos en los que justificó las demás causales específicas que adujo.
4 Consistente en ordenar el pago de la mesada de la actora en los términos señalados en la Resolución 1492 de 1995.
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Demandante: Yomaira Better Hurtado
El Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, y el Tribunal Administrativo
del Magdalena guardaron silencio a pesar de que se les notificó el auto admisorio de la
acción de tutela de la referencia.
II. CONSIDERACIONES
1. Problema jurídico y solución
Corresponde a la Sala determinar si procede la acción de tutela presentada por la
demandante con el fin de dejar sin efectos la sentencia del 20 de marzo de 2025, con la
que el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, decidió en segunda instancia
la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho 47001-23-33-000-2016-00241-
00/01.
La Sala anticipa que declarará improcedente la tutela de la referencia, toda vez que no
colma la exigencia de procedibilidad de relevancia constitucional.
Para llegar a esas conclusiones, la Sala se referirá a (i) la acción de tutela contra
providencias judiciales, (ii) la relevancia constitucional y, finalmente, (iii) el análisis del
caso concreto.
2. La acción de tutela contra providencias judiciales
La Corte Constitucional, en la sentencia C-590 de 2005, fijó dos tipos de requisitos para
la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales. Por un lado, los
requisitos generales5 o de procedibilidad, que son de naturaleza procesal, y se estudian
de manera previa a cualquier análisis de fondo; y por el otro lado, los requisitos
específicos6 o vicios de fondo que son de naturaleza sustancial y se analizan cuando se
han superado los requisitos generales.
3. La relevancia constitucional
A partir de la sentencia del 11 de febrero de 2021, dictada en el proceso 11001-03-15-
000-2020-05131-007, la Sección Cuarta del Consejo de Estado fijó cinco criterios para
determinar si un asunto tiene relevancia constitucional.
En concreto, esos criterios son (i) que el asunto objeto de estudio realmente involucre la
amenaza o vulneración de derechos fundamentales, (ii) que el interesado argumente de
manera suficiente y razonable la relevancia constitucional por vulneración de derechos
fundamentales, (iii) que los argumentos de la solicitud de amparo se acompasen con las
razones de la decisión objeto de tutela, (iv) que no se propongan nuevos argumentos que
no fueron expuestos en el proceso ordinario y (v) que la acción de tutela no se convierta
en una instancia adicional del proceso ordinario en el que fue proferida la providencia
acusada.
En cuanto al quinto criterio, esto es, que no se ejerza la acción de tutela como una
instancia adicional del proceso ordinario, la Sala ha explicado que por más informal que
sea la tutela, y aunque sus objetivos sean la salvaguarda de derechos fundamentales, el
interesado está en la obligación de interponer la demanda con serios y fuertes
argumentos para derribar las decisiones de los jueces, que se dictan previo agotamiento
de los procedimientos reglados y conforme con una sólida razonabilidad.
5 Estos son: la relevancia constitucional del asunto; la inmediatez; el agotamiento de los recursos judiciales ordinarios
y extraordinarios; cuando se trate de una irregularidad procesal, debe incidir directamente en la decisión objeto de
tutela; la identificación razonable de los hechos que generan la amenaza o vulneración del derecho fundamental, y que
no se cuestione un fallo de tutela.
6 Se clasifican en: defecto orgánico, sustantivo, procedimental, fáctico, error inducido, decisión sin motivación,
desconocimiento del precedente judicial o violación directa de la Constitución.
7 M.P. Julio Roberto Piza Rodríguez.
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Demandante: Yomaira Better Hurtado
Es decir, no se trata de controvertir las decisiones de los jueces como si fuera una
instancia adicional del proceso ordinario. Justamente por eso no se debe insistir en los
argumentos que se ofrecieron en el proceso ordinario, pues ya fueron decididos por los
jueces competentes.
4. Análisis del caso concreto
De la revisión de los argumentos expuestos en la solicitud de amparo, la Sala advierte
que coinciden con los propuestos en el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho
47001-23-33-000-2016-00241-00/01. Básicamente, tanto en ese asunto contencioso-
administrativo como en la acción de tutela de la referencia, la demandante argumentó
que la Resolución 1393 del 24 de septiembre de 2008, con la que se revocó la Resolución
1482 de 1995, no atendió el procedimiento de revocatoria previsto en el ordenamiento
jurídico porque no se acreditó alguna situación de fraude relacionada con su mesada en
las diligencias penales surtidas contra el exdirector de Foncolpuertos.
En efecto, en el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra el fallo
del 25 de julio de 2018, con el que el Tribunal Administrativo de Magdalena denegó en
primera instancia las pretensiones de la demanda de nulidad y restablecimiento del
derecho 47001-23-33-000-2016-00241-00/01, se lee lo siguiente:
Decisiones judiciales proferidas en la jurisdicción penal, que según el fallo recurrido de fecha 25 de julio
de 2018, emitido por el Tribunal Administrativo del Magdalena, fueron los fundamentos justificativos de
legalidad de la resolución No 001393 de fecha 24 de septiembre de 2008, revocatoria de la Resolución
No 1492 de 1995; lo cual es absolutamente equivocado, si examinamos el contenido de la decisión
administrativa demandada, por lo que se incurrió en un error de juicio, contrario a la realidad,
encontrándose falsamente motivada la sentencia objeto de apelación, ameritándose su revocatoria.
2.2.- Desde la propia óptica o texto de la resolución No 001393 de fecha 24 de septiembre de 2008,
demandada, no se visualiza la sentencia de fecha 24 de septiembre de 2004, dictada por el Juzgado
Primero Penal de Descongestión de Bogotá, su confirmatoria y lo expresado por la Corte Suprema de
Justicia, aducida por el operador judicial de primera instancia, para negar las suplicas de la demanda;
conforme a las voces de la mencionada resolución y menos de la supuesta sentencia, no figura que el
Juez Penal, le haya ordenado a la autoridad administrativa, respetando el debido proceso administrativo,
que REVOCARA la resolución No 1492 de 1995, mediante la cual se le incrementó la pensión de
jubilación a la demandante […].
2.4.1.- El análisis de legalidad debe hacerse, confrontando el acto administrativo revocatorio,
demandado, contenido en la resolución No 001393 de fecha 24 de septiembre de 2008, expedida por
el Ministerio De La Protección Social, con la parte motiva y resolutiva de la sentencia penal de fecha 30
de mayo de 2008, proferida por el Juzgado Segundo Penal del Circuito de Descongestión; teniéndose
que en ninguna de sus partes en la providencia judicial, se hizo alusión a la ordenación judicial dirigida
a dejar sin efecto o a que se revocara por parte del G.LT, la resolución No 1492 de 1995 […].
2.4.2.- El texto mismo de la sentencia de fecha 30 de mayo de 2008, proferida por el Juzgado Segundo
Penal del Circuito de Descongestión, en donde no aparece relacionada la resolución No 1492 de 1995
como tampoco mi mandante; señaló que con fundamento en el artículo 21 del Código de Procedimiento
Penal, dada su manifiesta ilegalidad “declara la cesación de los — efectos jurídicos los actos
administrativos relacionados en el cuadro adjunto al acápite de los hechos”, (folios 1a 11 de la
sentencia), expresando a su vez que tal determinación no constituye una injerencia indebida en asuntos
de competencia de la jurisdicción contenciosa administrativa. Determinación, “que conlleva que se dé
inicio a las actuaciones administrativas o contenciosas administrativas, por lo cual ordena a comunicar
la decisión judicial al G-L T, para que en un término no mayor de dos (2) meses, adelante las gestiones
administrativas a que haya lugar de conformidad a lo ordenado en la ley 797 de 2003, para no dejar en
la indefensión la actuación administrativa de los beneficiarios”, folios 82 y 83 de la sentencia penal de
fecha 30 de mayo de 2008.
2.4.3.- La resolución No 001393 de fecha 24 de septiembre de 2008, expedida por el Ministerio De La
Protección Social, constituye una clara manifestación unilateral de la voluntad, posible de ser enjuiciada
en su legalidad; advirtiéndose que lo dispuesto en la sentencia de fecha 30 de mayo de 2008, proferida
por el Juzgado Segundo Penal del Circuito de Descongestión, fue el adelantamiento de una actuación
administrativa en un término máximo de dos (2) meses, no que se adoptara decisión de revocar de
manera directa los actos administrativos allí examinado, en donde no aparece por demás la resolución
No 1492 de 1995 […].
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Demandante: Yomaira Better Hurtado
8.- La Resolución No 1492 de 1995, emitida a favor de la señora YOMAIRA BETTER HURTADO, no se
consiguió por medios ilegales ní fue producto del silencio administrativo positivo, para que se ameritara
su revocatoria, como se puede constatar desde la óptica o texto de la resolución No 001393 de fecha
24 de septiembre de 2008; encontrándose esta decisión administrativa y la providencia Judicial,
impugnada, y que la avala, falsamente motivadas. Además, violaron los artículos 74 y 73 del CCA;
normas vigentes para la fecha en que fue expedida la decisión administrativa demandada, las cuales
son aplicables al caso que nos asiste (sic para toda la cita).
Por su parte, en la acción de tutela la actora señaló que la autoridad accionada no advirtió
que la Resolución 1393 del 24 de septiembre de 2008 desatendió las reglas de la
revocatoria directa de los actos administrativos, porque revocó la Resolución 1482 de 1995
sin advertir que su pensión no fue obtenida por medios fraudulentos y que en las diligencias
penales adelantadas contra el exdirector de Foncolpuertos no se hizo alusión a su mesada
ni se probó que contrariara el ordenamiento jurídico. Así lo indicó la tutelante en la solicitud
de amparo:
El Consejo de Estado, en la sentencia del 20 de marzo de 2025, avaló la revocatoria de la Resolución
1492 de 1995 sobre la base de decisiones penales dictadas contra el exdirector de Foncolpuertos, Luis
Hernando Rodríguez Rodríguez, pese a reconocer que en dichas providencias no se mencionaba
expresamente la resolución de la demandante. En la práctica, la Sala extendió los efectos de condenas
proferidas contra un tercero para suprimir un derecho pensional individual, sin exigir prueba directa ni
específica de que el acto concreto de la señora Yomaira Better Hurtado hubiese sido obtenido mediante
fraude o conducta delictiva atribuible a ella.
Esta interpretación desconoce el precedente constitucional vinculante. En la Sentencia C-835 de 2003,
la Corte Constitucional declaró exequible el artículo 19 de la Ley 797 de 2003, pero lo condicionó a que
la revocatoria directa de actos de reconocimiento pensional sin consentimiento del titular solo procede
cuando se acredite plenamente que la prestación fue reconocida mediante conducta tipificada como
delito, debidamente probada en el procedimiento administrativo y no meramente inferida de manera
general.
En consecuencia, al presumir la ilegalidad de la Resolución 1492 de 1995 con fundamento en la
“ilegalidad generalizada” de los actos del exdirector de Foncolpuertos, sin aportar la copia íntegra del
proceso penal ni demostrar la vinculación directa de la actora con alguna conducta ilícita, el Consejo de
Estado incurrió en un defecto sustantivo. La decisión contradijo expresamente la regla de la Corte según
la cual la revocatoria de un acto pensional solo es viable si existe prueba clara, plena y concreta de
fraude o delito relacionado con el acto individual de reconocimiento […].
La falta de copia íntegra del expediente penal es una falencia probatoria determinante, pues impidió
verificar si el acto de reconocimiento de la pensión de la señora Yomaira Better Hurtado estaba
efectivamente comprendido en las resoluciones cuestionadas. Al suplir esa carencia con afirmaciones
sobre la “ilegalidad generalizada”, el Consejo de Estado incurrió en un defecto fáctico que habilita la
procedencia de la acción de tutela contra la providencia.
No obstante, la discusión sobre si la revocatoria de la Resolución 4192 de 1995 era
procedente en atención a las diligencias penales adelantadas contra el exdirector de
Foncolpuertos, en las que se estableció el reconocimiento irregular de algunas pensiones
de jubilación y reajustes, entre ellas la de la demandante, fue desatada por el Consejo de
Estado, Sección Segunda, Subsección A, en la sentencia que decidió en segunda
instancia la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho 47001-23-33-000-2016-
00241-00/01, en los siguientes términos:
Del conjunto de pruebas remitidas, se encuentra acreditado el fraude configurado al interior de
Foncolpuertos entre los años 1994 y 1996, el cual consistió en el reconocimiento de prestaciones y
reajustes que no tenían sustento fáctico ni jurídico, cuyo propósito era el apoderamiento de los dineros
del Estado. Situación en la que se beneficiaron los servidores de la entidad, las personas a quienes se
les concedió el derecho y los abogados involucrados.
Como resultado de tales acciones delincuenciales, la Fiscalía General de la Nación adelantó distintas
investigaciones en contra del señor Luis Hernando Rodríguez Rodríguez, quien se desempeñaba como
gerente de la entidad en ese entonces.
En el expediente consta que el Juzgado Primero Penal de Descongestión de Bogotá, mediante fallo del
24 de septiembre de 2004, señaló que el señor Hernando Rodríguez, junto con otros empleados del
citado Fondo, procedieron a conceder y pagar varias acreencias que no tenían respaldo legal,
incluyendo la Resolución 1492 de 1995 […].
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Demandante: Yomaira Better Hurtado
También que, el 30 de mayo de 2008, el Juzgado Segundo Penal del Circuito de Descongestión de
Bogotá emitió una sentencia anticipada en el proceso penal adelantado contra Luis Hernando
Rodríguez, quien fue hallado responsable del delito de peculado por apropiación en favor de terceros.
En dicha providencia, se analizaron varios actos administrativos expedidos por él, con base en los
cuales se reconocieron, reliquidaron y pagaron múltiples pensiones a favor de numerosos
exfuncionarios de la Empresa Puertos de Colombia, sin que estos cumplieran los requisitos establecidos
para el efecto. Entre estos actos, la Sala advierte que no se encontró la Resolución 1492 del 23 de junio
de 1995.
Observa la Subsección que, precisamente, las condenas impuestas al exgerente del Fondo de Pasivo
Social de la Empresa Puertos de Colombia sirvieron de fundamento para motivar cada uno de los actos
administrativos por medio de los cuales se revocaron los derechos de los pensionados que fueron
favorecidos durante el período de vinculación del exfuncionario en mención. Dentro de las decisiones
ilegales de incremento pensional, se encuentra la Resolución 1492 del 23 de junio de 1995, que según
la sentencia emitida el 24 de septiembre de 2004 por el Juzgado Primero Penal de Descongestión de
Bogotá, fue concedida sin los soportes documentales que permitieran constatar que la señora Yomaira
Better era efectivamente titular de la reliquidación que en su momento reclamó […].
De lo expuesto, se concluye que el fundamento para adoptar la decisión de revocatoria fue uno de los
procesos penales adelantados contra el entonces gerente de la mencionada entidad, quien fue hallado
responsable de la comisión del delito continuado de peculado por apropiación y en el que se determinó
que el incremento o reajuste reconocido a la actora hizo parte de los que, en los procesos penales,
fueron considerados como ilegales por no tener respaldo […].
Por las razones expuestas y de acuerdo con el material probatorio revisado, no cabe duda de que el
otorgamiento en cuestión se originó en una conducta delictiva cometida, entre otros servidores, por el
exdirector de Foncolpuertos, lo cual es suficiente para que la administración acudiera a la figura citada,
sin que fuera necesario solicitar el consentimiento de la titular del derecho. En este escenario, el ejercicio
de tal potestad no implica la vulneración del derecho al debido proceso ni de los principios de buena fe
y seguridad jurídica que obran en favor de la afectada, dado que el derecho obtenido de forma ilegal no
es intocable, tiene como límite el interés público.
Como se ve, el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, ya determinó que
la Resolución 1393 del 24 de septiembre de 2008 no contrarió el ordenamiento jurídico al
revocar la Resolución 1482 de 1995, comoquiera que dentro de las diligencias penales
surtidas por los actos de corrupción ocurridos en Foncolpuertos quedó acreditado que este
acto administrativo fue uno de los señalados como proferidos con irregularidades que
comportaban delitos.
En el escenario que propone la demandante, la Sala estaría obligada a examinar
nuevamente un asunto que ya fue resuelto por la autoridad judicial demandada en el
proceso ordinario, finalidad para la que no está previsto este mecanismo constitucional.
Debe advertirse que si bien la actora afirma que la tutela satisface la exigencia de relevancia
constitucional porque es una persona de la tercera edad y padece varias afecciones de
salud, en virtud de esas situaciones no es dable dar por superado dicho requisito de
procedibilidad, pues para que se satisfaga es necesario advertir que el amparo no se utilice
como una instancia adicional al proceso ordinario, lo cual no ocurre en el sub lite, de ahí que
no sea procedente un estudio de fondo. Además, debe advertirse que la accionante recibe
la pensión de jubilación en el monto determinado en la Resolución 1393 del 24 de
septiembre de 2008.
Asimismo, la improcedencia de la tutela se justifica si se tiene en cuenta que quien dictó
la providencia cuestionada de segunda instancia fue el órgano de cierre de la jurisdicción
de lo contencioso administrativo, evento en el que los requisitos de procedibilidad son
más estrictos. Así lo explicó la propia Corte Constitucional, en la sentencia T-398 de 2017:
Cuando se trata de una acción de tutela contra una providencia de la Corte Suprema de Justicia o del
Consejo de Estado, la jurisprudencia de esta Corporación ha sido clara en manifestar que los requisitos
de procedibilidad son más estrictos, pues se trata de decisiones judiciales de los órganos de cierre de la
jurisdicción ordinaria y contenciosa administrativa, quienes se encargan de unificar jurisprudencia. Por
ello, “la tutela contra providencias judiciales de las Altas Corporaciones es más restrictiva, en la medida
en que sólo tiene cabida cuando una decisión riñe de manera abierta con la Constitución y es
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Radicado: 11001-03-15-000-2025-05412-00
Demandante: Yomaira Better Hurtado
definitivamente incompatible con la jurisprudencia trazada por la Corte Constitucional al definir el alcance
y límites de los derechos fundamentales o cuando ejerce el control abstracto de constitucionalidad, esto
es, cuando se configura una anomalía de tal entidad que exige la imperiosa intervención del juez
constitucional. En los demás eventos los principios de autonomía e independencia judicial, y
especialmente la condición de órganos supremos dentro de sus respectivas jurisdicciones, exigen
aceptar las interpretaciones y valoraciones probatorias aun cuando el juez de tutela pudiera tener una
percepción diferente del caso y hubiera llegado a otra conclusión
Así las cosas, la Sala declarará improcedente la acción de tutela con no colmar la
exigencia de procedibilidad de relevancia constitucional, ya que la demandante insiste en
los argumentos que fueron desestimados a través de la providencia cuestionada.
Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección
Cuarta, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de
la ley,
III. FALLA
1. Declarar improcedente la acción de tutela presentada por Yomaira Better Hurtado,
conforme a lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.
2. Notificar la presente decisión a las partes, tal y como lo dispone el artículo 30 del
Decreto 2591 de 1991.
3. Publicar la presente providencia en la página web del Consejo de Estado.
4. Si no se impugna, enviar el expediente de tutela a la Corte Constitucional para lo de
su cargo.
Notifíquese y cúmplase.
La anterior providencia fue discutida y aprobada en sesión de la fecha.
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
WILSON RAMOS GIRÓN MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO
Presidente
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
LUIS ANTONIO RODRÍGUEZ MONTAÑO CLAUDIA RODRÍGUEZ VELÁSQUEZ
La validez e integridad pueden comprobarse acudiendo a la siguiente dirección electrónica:
https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/documentos/evalidador
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