Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-15-000-2025-05415-00
Consejo de Estado · Sección Primera
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Consejo de Estado · Sección Primera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-15-000-2025-05415-00
Consejo de Estado · Sección Primera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Primera
Radicado 11001-03-15-000-2025-05415-00
Consejero ponente: Luis Antonio Rodríguez Montaño
31 de octubre de 2025
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA
CONSEJERO PONENTE: LUIS ANTONIO RODRÍGUEZ MONTAÑO
Bogotá D.C., treinta y uno (31) de octubre de dos mil veinticinco (2025)
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2025-05415-00
Accionante: JORGE ALFREDO ORTIZ GUTIÉRREZ
Accionado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA, SECCIÓN
PRIMERA, SUBSECCIÓN B Y OTROS
Temas: Tutela contra fallo de la misma naturaleza. Cosa juzgada
constitucional fraudulenta -Fraus omnia corrumpit-. Reglas precisadas
en la jurisprudencia constitucional para su análisis
SENTENCIA PRIMERA INSTANCIA
La Sección Cuarta del Consejo de Estado procede a decidir la acción de tutela
promovida por el señor Jorge Alfredo Ortiz Gutiérrez, quien actúa en nombre propio,
en contra de la Subsección B de la Sección Primera del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, el Juzgado Cuarenta y Ocho Administrativo del Circuito de Bogotá,
la Procuraduría General de la Nación y el Ministerio de Salud y Protección Social.
I. ANTECEDENTES
1. Pretensiones
El 29 de agosto de 2025, la parte actora interpuso acción de tutela en la que solicitó
al juez constitucional la protección de sus derechos fundamentales de acceso a la
administración de justicia, a la igualdad, al debido proceso, a la seguridad social, al
mínimo vital y a la vida digna, supuestamente vulnerados por las autoridades
accionadas.
En el escrito de tutela formuló las siguientes:
“PRIMERO: DEJAR SIN EFECTOS las providencias del Juzgado Cuarenta y Ocho
Administrativo del Circuito de Bogotá del 20 de febrero de 2025 y del Tribunal
Administrativo de Cundinamarca del 7 de abril de 2025, por las cuales se declaró la
improcedencia de la acción de tutela. En consecuencia, TUTELAR mis derechos
fundamentales a la vida digna, mínimo vital, seguridad social, acceso a la administración
de justicia, igualdad y debido proceso.
SEGUNDO: ORDENAR al accionado MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN
SOCIAL que, en un término no mayor a 1 mes, efectúe el pago de la reliquidación de la
pensión en mi favor, y demás valores reconocidos en la Resolución No. 3024 del 6 de
noviembre de 1998 expedida por el Fondo de Pasivo Social de la Empresa Puertos de
Colombia (Foncolpuertos), garantizando la indexación correspondiente desde la fecha
en que debió efectuarse el pago.
TERCERO: ORDENAR que se le otorgue prioridad al caso de marras, dentro del Orden
Secuencial de Pagos, dado que mi estado de salud, avanzada edad y condición
económica son críticos.
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Demandante: Jorge Alfredo Ortiz Gutiérrez
CUARTO: EXHORTAR al Juzgado Cuarenta y Ocho Administrativo del Circuito de
Bogotá, al Tribunal Administrativo de Cundinamarca y a la Procuraduría General de la
Nación, para que se abstengan de cometer conductas similares a las descritas en el
acápite de hechos, en las que se incumplen los términos procesales y se vulneran
derechos fundamentales”.
2. Hechos
La parte accionante expuso que laboró durante más de quince años en la empresa
Puertos de Colombia, Terminal Marítimo de Buenaventura, y que al momento de
culminar la relación laboral no se tuvieron en cuenta ciertos factores salariales,
como las primas de antigüedad y de servicios.
Indicó que promovió demanda ordinaria laboral contra el Fondo de Pasivo Social de
la Empresa Puertos de Colombia (Foncolpuertos), con el propósito de que se le
reconociera y cancelara la reliquidación de la pensión de jubilación, el reajuste de
las primas de antigüedad y proporcional de servicios, las cesantías y la
indemnización por mora.
Adujo que dicho proceso fue asignado por reparto al Juzgado Primero Laboral del
Circuito de Buenaventura, que mediante sentencia de 23 de julio de 1997, accedió
a las pretensiones de la demanda y ordenó la reliquidación de la pensión de
jubilación.
Señaló que esa decisión fue revocada por el Tribunal Superior del Distrito Judicial
de Guadalajara de Buga, mediante sentencia de 1 de diciembre de 1997, en la que
se ordenó únicamente el pago del reajuste por concepto de cesantías y se absolvió
a Foncolpuertos de los demás emolumentos pretendidos en la demanda.
Manifestó que, no obstante lo anterior, a través de otro mecanismo de defensa el
Fondo de Pasivo Social de la Empresa Puertos de Colombia (Foncolpuertos)
mediante Resolución n.º 3024 de 6 de noviembre de 1998 le reconoció la
reliquidación de la pensión de jubilación y ordenó su pago a partir de julio del mismo
año, así como el pago de las sumas adeudadas por dicho concepto.
Informó que presentó diversas solicitudes ante el Ministerio de Salud y Protección
Social, con el fin de obtener información sobre la fecha de pago de la suma
reconocida en la Resolución n.º 3024 de 6 de noviembre de 1998, frente a lo cual
obtuvo respuesta el 22 de octubre de 2024 en la que se le indicó que, conforme al
orden secuencial de pagos, su trámite había sido asignado al turno 8.635 entre
11.850 trámites vigentes, de los cuales solo se había avanzado hasta el turno 191.
En virtud de lo anterior, mencionó que el 6 de febrero de 2025 interpuso acción de
tutela contra el Ministerio de Salud y Protección Social, con el fin de que se le
ampararan sus derechos fundamentales de acceso a la administración de justicia,
a la igualdad, al debido proceso, a la seguridad social, al mínimo vital y a una vida
digna. En consecuencia, solicitó el pago de la reliquidación de la pensión de
jubilación, así como de los “demás valores reconocidos en la Sentencia n.º 097 del
23 de julio de 1997, proferida por el Juzgado Primero Laboral de Buenaventura
(Valle)”.
Sostuvo que el asunto fue asignado por reparto al Juzgado Cuarenta y Ocho
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Administrativo del Circuito de Bogotá , que por sentencia de 20 de febrero de 2025
declaró improcedente la acción de tutela, al considerar que no se cumplió con el
requisito de inmediatez, dado que la presunta vulneración se derivaba del
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Demandante: Jorge Alfredo Ortiz Gutiérrez
incumplimiento de órdenes judiciales proferidas en el proceso ordinario laboral, cuya
ejecutoria se surtió el 14 de enero de 1998. Adicionalmente, señaló que aunque se
trataba de una persona de la tercera edad, estaba demostrado que devengaba una
pensión de jubilación de $6.091.667,82 y que cuenta con el proceso ejecutivo como
mecanismo para reclamar el pago solicitado.
Por otra parte, el Juzgado Cuarenta y Ocho Administrativo del Circuito de Bogotá
negó el amparo del derecho fundamental de petición, por no encontrar elementos
de juicio que permitieran establecer su vulneración.
Aludió que contra dicha decisión presentó escrito de impugnación, el cual fue
resuelto por la Subsección B de la Sección Primera del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca mediante providencia del 7 de abril de 2025, en la que se confirmó
la sentencia de primera instancia.
Finalmente, señaló que el 6 de mayo de 2025 presentó solicitud de insistencia ante
la Procuraduría General de la Nación con el fin de que se surtiera la revisión por la
Corte Constitucional. Sin embargo, sostuvo que fue declarada improcedente
mediante auto del 6 de agosto de 2025, con fundamento en que la decisión de
insistir o no en la selección de un asunto ante la Corte Constitucional constituye una
atribución potestativa y discrecional, sin que en el caso concreto existiera lugar para
ello.
3. Fundamentos de la acción
La parte accionante manifestó que es sujeto de especial protección constitucional
en razón de su edad -79 años-, por lo cual requiere atención inmediata y prioritaria,
que considera no ha sido garantizada ante la falta de pago de la suma reconocida
mediante Resolución n.º 3024 de 6 de noviembre de 1998, lo que configura una
amenaza a su mínimo vital y a una vida en condiciones dignas. Asimismo, indicó
que en el caso se cumplen los requisitos generales de procedencia de la acción de
tutela contra providencias judiciales.
En respaldo de su argumento, citó las sentencias T-501 de 1992, C-543 de 1992,
T-086 de 2003, T-960 de 2000, T-217 de 2010, SU-695 de 2015, T-217 de 2010 y
SU-128 de 2021 de la Corte Constitucional, en las que se reconoce la posibilidad
excepcional de presentar acción de tutela contra providencias judiciales para la
protección de derechos fundamentales, cuando se configura una “vía de hecho”.
En ese sentido, consideró que la vía constitucional constituye el mecanismo idóneo
para controvertir las decisiones proferidas por la Subsección B de la Sección
Primera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca y el Juzgado Cuarenta y Ocho
Administrativo del Circuito de Bogotá, dentro del trámite de la acción de tutela con
radicado n.º 11001-33-42-048-2025-00034-00 promovida contra el Ministerio de
Salud y Protección Social, con el fin de obtener el pago de los emolumentos
reconocidos por Foncolpuertos y aquellos derivados del proceso ordinario laboral.
Expuso que en el caso se configuró un defecto fáctico, consistente en la falta de
valoración de la Resolución n.º 3024 de 6 de noviembre de 1998, que le otorgó la
reliquidación pensional y que goza de presunción de legalidad. Hizo mención a la
sentencia SP3754 de la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia,
en la que se absolvió de cargos penales a la directora de Foncolpuertos que,
suscribió dicha resolución, lo que según indicó desvirtúa cualquier insinuación sobre
un posible origen fraudulento del acto administrativo.
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Demandante: Jorge Alfredo Ortiz Gutiérrez
Señaló que las autoridades judiciales accionadas incurrieron en un defecto
procedimental absoluto por exceso ritual manifiesto, al no flexibilizar el requisito
de la inmediatez para acudir a la acción de tutela tratándose de una persona de la
tercera edad, ignorando la configuración de un perjuicio irremediable. Añadió que,
por tratarse de una pensión de tracto sucesivo, dicho requisito debe ser analizado
bajo un criterio flexible.
Sostuvo que la tardanza en el cumplimiento del pago del reajuste pensional y de las
demás prestaciones sociales, “no solo afecta mi estabilidad financiera, sino que
impacta directamente en mi acceso a una atención médica adecuada y a una vida
en condiciones dignas. La falta de pago de prestaciones económicas afecta de
manera desproporcionada a los adultos mayores, lo que refuerza la necesidad de
medidas urgentes para evitar que sigan en estado de vulnerabilidad”.
Refirió que el Ministerio de Salud y Protección Social no le ha ofrecido una solución
alternativa para garantizar su mínimo vital, como realizar un pago parcial o darle
prelación en el orden secuencial que le permita acceder al derecho adquirido.
Manifestó que se encuentra diagnosticado con estenosis del canal neural por tejido
conjuntivo, lo que le genera dolor, debilidad, entumecimiento y problemas de
movilidad, por lo que requiere tratamientos y cuidados constantes, los cuales no han
mejorado, entre otros aspectos, por la falta de pago de la obligación.
Indicó que tiene una deuda con distintas entidades bancarias que asciende a
$376.329.645, además del pago del 35 % de sus ingresos mensuales para atender
gastos de alimentación y manutención de su núcleo familiar.
Expuso que la Procuraduría General de la Nación declaró improcedente la solicitud
de insistencia en el trámite de eventual revisión ante la Corte Constitucional,
mediante una motivación genérica que no atendió los argumentos presentados, los
cuales demostraban la trascendencia del caso.
Por último, adujo que en un caso con contornos fácticos similares, la Sala de
Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia ordenó a la Unidad Administrativa
Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social
(UGPP) reconocer los derechos del pensionado y, en consecuencia, dicha entidad
profirió la Resolución n.º SOP202301009746, creando un precedente que, a su
juicio, debe ser considerado para dirimir este tipo de controversias.
4. Trámite procesal
Por auto de 12 de septiembre de 2025, el despacho del magistrado sustanciador
admitió la solicitud de tutela. En la misma decisión se ordenó notificar a la parte
accionante y a la autoridades accionadas -Subsección B de la Sección Primera del
Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Juzgado Cuarenta y Ocho Administrativo
del Circuito de Bogotá, Procuraduría General de la Nación y Ministerio de Salud y
Protección Social-.
De igual modo, se dispuso vincular como tercero interesado en el resultado del
proceso al Fondo de Pensiones Públicas del Nivel Nacional Fopep, al ser la
autoridad que asumió las obligaciones pensionales de Foncolpuertos. Finalmente,
a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, en virtud de lo dispuesto en
el artículo 610 del Código General del Proceso.
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Demandante: Jorge Alfredo Ortiz Gutiérrez
La Secretaría General de esta Corporación libró las notificaciones electrónicas n.º
132677 a 132685 de 16 de septiembre de 2025, con el fin de dar cumplimiento a la
referida decisión.
5. Oposición
5.1. Respuesta de la Subsección B de la Sección Primera del Tribunal
Administrativo de Cundinamarca
El magistrado ponente de la decisión objeto de reproche se pronunció sobre los
hechos que dieron origen a la acción de tutela y mencionó que no se han vulnerado
los derechos fundamentales alegados por el accionante, debido a que la sentencia
se profirió de conformidad con las pruebas obrantes en el expediente y la
jurisprudencia aplicable al caso.
5.2. Respuesta del Consorcio Fopep
El director jurídico del Consorcio Fopep rindió informe en el que solicitó declarar
improcedente la acción de tutela, al considerar que no constituye el mecanismo
adecuado para ordenar la reliquidación pensional, máxime cuando no existe prueba
de la configuración de un perjuicio irremediable. Agregó, además, que el consorcio
carece de legitimación en la causa por pasiva para atender las súplicas de la
demanda.
Indicó que el actor se encuentra incluido en nómina con pensión de jubilación
nacional de Foncolpuertos, percibiendo una mesada pensional de $6.091.667,
sobre la cual se aplican descuentos por alimentos y por tres obligaciones contraídas
mediante libranza.
Adujo que el Ministerio de Salud y Protección Social no es la entidad competente
para atender solicitudes de reconocimiento, reliquidación pensional y demás
trámites relacionados con el extinto Foncolpuertos, toda vez que, conforme a lo
dispuesto en el Decreto 1833 de 2016, dicha competencia corresponde a la Unidad
Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la
Protección Social (UGPP). En ese sentido, precisó que el consorcio no puede
proceder a efectuar pagos que no han sido previamente reconocidos.
5.3. Respuesta de la Procuraduría General de la Nación
La apoderada judicial de la entidad presentó informe en el que pidió declarar
improcedente la acción de tutela y proceder con la desvinculación del trámite
constitucional, por considerar que no se vulneraron los derechos fundamentales
alegados por el actor, en tanto la actuación administrativa realizada se dio conforme
al Acuerdo 02 de 2015 y la Resolución n.° 013 de 2022.
En esa medida, expuso que la coordinadora del Grupo de Insistencias de Tutela
informó que el accionante presentó, el 6 de mayo de 2025, solicitud de insistencia
en el trámite de eventual revisión de la acción de tutela n.º T-11.175.972, la cual fue
excluida por la Corte Constitucional mediante auto de 26 de junio de 2025, proferido
por la Sala de Selección Seis, comunicado el 14 de julio del mismo año.
A lo que agregó que la facultad de insistencia es discrecional y precisó que,
mediante auto de 6 de agosto de 2025, notificado el 11 del mismo mes y año, se
declaró improcedente la solicitud, dando por terminado el trámite administrativo.
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Demandante: Jorge Alfredo Ortiz Gutiérrez
5.4. El Ministerio de Salud y Protección Social no rindió informe, aun cuando fue
debidamente notificado del auto admisorio de la acción de tutela, y el Juzgado
Cuarenta y Ocho Administrativo del Circuito de Bogotá remitió el enlace del
expediente digital.
II. CONSIDERACIONES DE LA SALA
1. Competencia
De conformidad con lo previsto en los artículos 86 de la Constitución Política, 29 del
Decreto 2591 de 1991 y el 13 del reglamento interno (Acuerdo No. 080 de 2019), la
Sección Cuarta del Consejo de Estado es competente para decidir el asunto objeto
de estudio.
2. Cuestión preliminar
En el escrito de contestación, el Consorcio Fopep y la Procuraduría General de la
Nación solicitaron la desvinculación del trámite constitucional, al considerar que
carecen de legitimación en la causa por pasiva para atender las pretensiones de la
demanda.
Conforme lo disponen los artículos 86 de la Constitución Política, el 5 del Decreto
2591 de 1991 y en atención a la jurisprudencia de la Corte Constitucional, en la que
al estudiar la falta de legitimación en la casa por pasiva ha explicado que este
requisito “hace referencia a la aptitud legal de la entidad contra quien se dirige la acción,
de ser la llamada a responder por la vulneración o amenaza del derecho fundamental, en
caso de que la transgresión del derecho alegado resulte demostrada” , la Sala negará las
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solicitudes de desvinculación de las referidas entidades, teniendo en consideración
que el Consorcio Fopep es la autoridad administrativa que asumió las obligaciones
pensionales del extinto Foncolpuertos y, dado que el accionante incluyó dentro de
la parte accionada a la Procuraduría General de la Nación por ser la autoridad que
profirió el auto del 6 de agosto de 2025, mediante el cual se declaró improcedente
la solicitud de insistencia en el trámite de eventual revisión.
3. Planteamiento del problema jurídico
Le corresponde a la Sala determinar si la acción de tutela presentada por el señor
Jorge Alfredo Ortiz Gutiérrez resulta procedente, conforme a los requisitos
generales de procedencia cuando se cuestiona un fallo de la misma naturaleza y,
en caso afirmativo, si la autoridad judicial accionada vulneró los derechos
fundamentales invocados por el actor al incurrir en los defectos fáctico y
procedimental alegados.
4. Improcedencia general de la acción de tutela contra providencias de la
misma naturaleza
La Sala, en un primer momento, había sostenido que la acción de tutela contra fallos
de la misma naturaleza era improcedente, en virtud de las diferentes sentencias de
la Corte Constitucional que tuvieron como sustento la SU-1219 de 2001.
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Sobre ese particular, esa corporación judicial en la sentencia T-272 de 2014 , indicó
“no es procedente la tutela contra tutela porque de lo contrario (i) implicaría instituir un
recurso adicional para insistir en la revisión de tutelas que con anterioridad no fueron
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Sentencia T-005 de 2022.
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M.P. María Victoria Calle Correa.
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Demandante: Jorge Alfredo Ortiz Gutiérrez
seleccionadas, (ii) supondría crear una cadena interminable de demandas, con lo cual
resultaría afectado el principio de seguridad jurídica, (iii) se afectaría el mecanismo de cierre
hermenéutico de la Constitución, confiado a la Corte Constitucional, y (iv) la tutela perdería
su efectividad, pues ‘quedaría indefinidamente postergada hasta que el vencido en un
proceso de tutela decidiera no insistir en presentar otra tutela contra el fallo que le fue
adverso para buscar que su posición coincida con la opinión de algún juez. En este evento,
seguramente el anteriormente triunfador iniciará la misma cadena de intentos hasta volver
a vencer”.
Con posterioridad, la Corte Constitucional en la sentencia SU-627 de 20154 rectificó
su jurisprudencia e indicó que, excepcionalmente, la acción de tutela procede contra
sentencias de tutela cuando se adviertan casos de fraude, supuesto que se agrega
a los dos que habían sido contemplados por la jurisprudencia: irregularidad grave
en el curso de una acción de tutela e incidente de desacato, con la precisión de que
la improcedencia absoluta, sin ninguna excepción, recae en las sentencias de tutela
que dicte la Sala Plena o las Salas de Revisión de esa Corporación. En esa ocasión,
la Corte expresó:
“4.6.1. Para establecer la procedencia de la acción de tutela, cuando se trata de un
proceso de tutela, se debe comenzar por distinguir si ésta se dirige contra la sentencia
proferida dentro de él o contra una actuación previa o posterior a ella.
4.6.2. Si la acción de tutela se dirige contra la sentencia de tutela, la regla es la de que
no procede.
4.6.2.1. Esta regla no admite ninguna excepción cuando la sentencia ha sido proferida
por la Corte Constitucional, sea por su Sala Plena o sea por sus Salas de Revisión de
Tutela. En este evento solo procede el incidente de nulidad de dichas sentencias, que
debe promoverse ante la Corte Constitucional.
4.6.2.2. Si la sentencia de tutela ha sido proferida por otro juez o tribunal de la
República, la acción de tutela puede proceder de manera excepcional, cuando
exista fraude y por tanto, se esté ante el fenómeno de la cosa juzgada fraudulenta,
siempre y cuando, además de cumplir con los requisitos genéricos de
procedibilidad de la tutela contra providencias judiciales, (i) la acción de tutela
presentada no comparta identidad procesal con la solicitud de amparo cuestionada; (ii)
se demuestre de manera clara y suficiente, que la decisión adoptada en la sentencia
de tutela fue producto de una situación de fraude (Fraus omnia corrumpit); y (iii) no
exista otro medio, ordinario o extraordinario, eficaz para resolver la situación.
4.6.3. Si la acción de tutela se dirige contra actuaciones del proceso de tutela diferentes
a la sentencia, se debe distinguir si éstas acaecieron con anterioridad o con
posterioridad a la sentencia.
4.6.3.1. Si la actuación acaece con anterioridad a la sentencia y consiste en la omisión
del juez de cumplir con su deber de informar, notificar o vincular a los terceros que
serían afectados por la demanda de tutela, y se cumplen los requisitos generales de
procedibilidad de la acción de tutela, la acción de tutela sí procede, incluso si la Corte
Constitucional no ha seleccionado el asunto para su revisión.
4.6.3.2. Si la actuación acaece con posterioridad a la sentencia y se trata de lograr el
cumplimiento de las órdenes impartidas en dicha sentencia, la acción de tutela no
procede. Pero si se trata de obtener la protección de un derecho fundamental que
habría sido vulnerado en el trámite del incidente de desacato, y se cumplen los
requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias
judiciales, la acción de tutela puede proceder de manera excepcional”.
Con fundamento en lo anterior, la Corte Constitucional en la sentencia T-313 de
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2018 , consideró que la acción de tutela es procedente contra la providencia que
rechaza la impugnación en un trámite de la misma naturaleza. Al respecto, sostuvo:
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Sentencia de 1° de octubre de 2015, M.P. Mauricio González Cuervo.
5
M.P. Carlos Bernal Pulido.
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Demandante: Jorge Alfredo Ortiz Gutiérrez
“En el asunto que se examina, la acción de tutela no se dirige contra un fallo de tutela,
sino contra ciertos autos proferidos en el curso del trámite de amparo. La Corte
Constitucional unificó su jurisprudencia en la sentencia SU-627 de 2015, en la que
consideró que la tutela sí era procedente frente a actuaciones arbitrarias de los jueces
de tutela, que se hubieran realizado antes o después de proferir el fallo, por lo que este
requisito de procedencia se encuentra superado”.
El citado criterio jurisprudencial ha sido acogido por esta Sala, teniendo en cuenta
que la unificación realizada por la Corte Constitucional trasciende del caso concreto
y fija reglas de derecho que deben ser acatadas por todas las autoridades públicas.
6
De otra parte, en la sentencia T-322 de 2019 , la Corte Constitucional resaltó que
previó a la verificación de la existencia de un fraude, es pertinente constatar si el
fallo de tutela reprochado ya fue objeto de la eventual revisión que le ha sido
atribuida a esa corporación judicial, pues de lo contrario tornaría improcedente la
solicitud de amparo.
Ahora bien, superada la revisión ante la Corte Constitucional, ya sea porque fue
seleccionado o, en su defecto, porque no se seleccionó, le corresponde a la parte
accionante demostrar el fraude en la sentencia de tutela. Sobre este particular, la
Corte Constitucional en la referida sentencia T-322 de 20197, con el fin de identificar
los criterios seguidos por las diferentes Salas de Revisión, precisó de manera
indicativa en qué casos existe una situación de fraude, para lo cual elaboró el
siguiente cuadro:
Jurisprudencia constitucional y cosa juzgada constitucional fraudulenta
Improcedencia de la Procedencia de la acción de tutela
acción de tutela
• La acción de tutela Condiciones necesarias
no se soporta en Actuación prima facie dolosa o Decisión judicial Indicios de la existencia de una
hechos objetivos (T- gravemente culposa. evidentemente incorrecta situación de fraude.
951/13).
Esta calificación puede Esta calificación puede 81. Evidencia de que el
4 El fundamentarse fundamentarse fallo de tutela fue
accionante proferido sin que se
discrepa sobre 63 En la 73. En la verificaran las
una decisión de existencia de condiciones de
interpretación autoridad una procedibilidad de este
sustantiva competente interpretación mecanismo excepcional
o donde se declare normativa (T-218/12, T- 399/13, T-
probatoria (T- laconducta abiertamente 272/14 y T-073/19)
373/14, T- dolosa del juez contraria a los
093/18 y T- (T- 218/12) postulados 82. Ausencia de
470/18) constitucional certeza del derecho
64 En la es y a la reconocido (T-218/12, T-
5 Se apertura de buena fe 399/13)
incumple con la investigaciones judicial (T-
carga de disciplinarias o 073/19). 83. Protección de un
demostrar la penales acerca elevado número de
existencia de de la 74. En la peticionarios, cuya
fraudulenta (T- configuración afectación del situación individual no
072/18). del delito (T- patrimonio alcanza a ser
399/13) público (T- debidamente examinada
218/12, T- dentro del término de
65 En la 399/13, T- diez
materialización del 272/14 y T- (10) días del que dispone el juez para
dolo enla sentencia 073/19). decidir (T-272/14).
judicial (T-218/12,
T- 951/13, T- - Se presenta acción de tutela contra
373/14, T-427/17 y una entidad que, por estar sumida en
T- 470/18) un estado de cosas inconstitucional,
presenta una limitada capacidad para
ofrecer respuesta oportuna a las
demandas de sus afiliados y
beneficiarios (T-272/14).
• El cumplimiento del fallo de tutela
proferido en las circunstancias
descritas amenaza el goce efectivo de
derechos fundamentales de terceros
(T-272/14).
• El reconocimiento de una prestación
de forma manifiestamente ilegal.
Adicionalmente, la Corte Constitucional ha considerado que quien pretenda la
revocatoria de una sentencia de tutela que ha hecho tránsito a cosa juzgada
constitucional debido a su no selección, debe cumplir con una exigente carga
argumentativa dirigida a demostrar i) que el juez de tutela incumplió un deber básico
de conducta que se opone a los requerimientos medulares que se anudan a la tarea
de administrar justicia, manifiesta en una actuación dolosa o extremadamente
negligente y ii) que el fallo de tutela objetado no pueda ser admitido debido a que
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M.P. José Fernando Reyes Cuartas.
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Demandante: Jorge Alfredo Ortiz Gutiérrez
resulta evidentemente incorrecto, implicando, además, una afectación grave del
patrimonio público.
Así mismo, “la parte interesada debe demostrar, con base en fundamentos claros, ciertos,
serios y coherentes la situación de fraude alegada, la incidencia en la decisión adoptada, la
evidente violación de un derecho fundamental y que la afectación sea significativa y
trascendental (trasgredir de manera grave el patrimonio público). En este sentido, no serán
de recibo razones o interpretaciones que obedezcan al disgusto o inconformismo del
solicitante por la sentencia atacada. Ese presupuesto tiene fundamento en el principio de
seguridad jurídica y cosa juzgada constitucional”.
Con todo, la jurisprudencia constitucional ha precisado las subreglas que
determinan la procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencias
que se dicten dentro de un trámite tutelar, a saber: (i) cuando la providencia acusada
haya sido proferida por otro juez o tribunal diferente a la Corte Constitucional (ii) que
la decisión superó el trámite de la revisión ante esa corporación judicial, es decir,
que no hubiera sido seleccionada para revisión y (iii) que en ésta se configure el
fenómeno de la cosa juzgada fraudulenta, a partir de las particularidades
mencionadas en precedencia, bajo el cumplimiento de una importante carga
argumentativa que permita demostrar el fraude alegado.
5. Estudio y solución del caso concreto
El señor Jorge Alfredo Ortiz Gutiérrez, quien actúa en nombre propio, presentó
acción de tutela contra la Subsección B de la Sección Primera del Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, el Juzgado Cuarenta y Ocho Administrativo del
Circuito de Bogotá, la Procuraduría General de la Nación y el Ministerio de Salud y
Protección Social, por la supuesta vulneración de sus derechos fundamentales de
acceso a la administración de justicia, a la igualdad, al debido proceso, a la
seguridad social, al mínimo vital y a la vida digna, con ocasión de las sentencias
proferidas por las autoridades judiciales el 7 de abril y el 20 de febrero de 2025, en
su orden, dentro del trámite de la acción de tutela identificada con radicado n.º
11001-33-42-048-2025-00034-00/01, mediante las cuales se declaró su
improcedencia y se negó el amparo al derecho fundamental de petición.
Teniendo en cuenta que en el caso se pretende dejar sin efecto las decisiones
proferidas dentro del precitado trámite de tutela, la Sala observa que la Corte
Constitucional excluyó el asunto de revisión, como se evidencia en la siguiente
imagen8:
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Información verificada en la página web de la Corte Constitucional.
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La información anterior resulta relevante, dado que la Corte Constitucional en la
sentencia T-023 de 2023, estableció que, en principio, las acciones de tutela contra
decisiones de la misma naturaleza devienen improcedentes mientras no se haya
surtido el trámite eventual revisión.
Por lo tanto, dado que la acción de tutela interpuesta por el señor Jorge Alfredo Ortiz
Gutiérrez no fue seleccionada por la Corte Constitucional para revisión eventual, se
procederá a analizar los demás requisitos de procedencia de la tutela frente a
actuaciones dentro de un proceso de tutela, conforme a lo establecido en la
sentencia SU-627 de 2015, la cual tiene carácter unificador en esta materia.
Así las cosas, en la mencionada decisión la Corte Constitucional unificó su
jurisprudencia sobre la procedencia de la acción de tutela contra providencias
emitidas en el marco de otra acción de tutela. En dicha sentencia se explicó la
necesidad de distinguir entre dos supuestos: cuando la tutela se interpone contra
una sentencia de tutela y cuando se interpone contra una actuación anterior o
posterior a dicha providencia.
En los casos de acciones de tutela que impugnan fallos de tutela, como el presente,
la Corte Constitucional ha establecido que, cuando la acción de tutela se interpone
contra una sentencia dictada por un juez de tutela (distinto de la Corte
Constitucional), el amparo puede ser procedente de manera excepcional, siempre
que se cumplan los siguientes requisitos:
(i) El cumplimiento de los requisitos generales de procedibilidad de la acción de
tutela conta providencias judiciales.
(ii) La acción de tutela presentada no comparte identidad procesal con la solicitud de
amparo cuestionada.
(iii) Se demuestre de manera clara y suficiente que la decisión adoptada en la
sentencia fue producto de una situación de fraude (cometida por una de las partes,
por las dos o, incluso, con anuencia del juez).
(iv) No exista otro mecanismo judicial eficaz para conjurar la situación.
En términos de la Corte Constitucional, los anteriores presupuestos se sustentan
que la institución de la cosa juzgada es un pilar esencial de la administración de
justicia, que para el caso de los fallos de tutela se configura cuando se ha decidido
no seleccionarlos para revisión, o en caso de selección, después de que se profiera
la sentencia de revisión.
En sentencia T-023 de 2023, la Corte Constitucional sostuvo que “el respeto por la
cosa juzgada constitucional implica que, por regla general, la tutela contra fallos de tutela
no es procedente. Esta regla, sin embargo, no es absoluta. La Corte Constitucional ha
sostenido que la tutela contra sentencias de tutela que no han sido seleccionadas para
revisión y han cobrado ejecutoria es procedente cuando se configura el fenómeno de
la cosa juzgada fraudulenta”. Y precisó que “el estándar de prueba requerido para dar
por demostrada una situación de fraude es particularmente exigente. El interesado en
revertir fallos de tutela tiene el deber de aportar medios de prueba que demuestren
con un alto grado de certeza, es decir, de manera “clara”, “cierta”, “suficiente” y
“coherente” que las decisiones cuestionadas son fraudulentas”. (Negrilla por fuera
del texto original).
De conformidad con lo anterior, la Sala observa que resulta necesario analizar el
cumplimiento de los requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela
contra providencias judiciales. Esto, se insiste, debido a que ya se surtió el trámite
de revisión eventual y no se trata de una sentencia proferida por la Corte
Constitucional.
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En esa medida, la Sala advierte que en el presente asunto no se cumple con el
presupuesto de relevancia constitucional, como se explicará a continuación.
La jurisprudencia constitucional y de esta corporación ha señalado que la
procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales está condicionada
a que el asunto tenga una evidente relevancia constitucional, con el fin de
proteger la autonomía funcional y la independencia judicial, dado que los jueces de
tutela no tienen competencia para sustituir al juez natural del proceso ni para
resolver la controversia que debe ser dirimida mediante los procedimientos
ordinarios o especiales, pues su función se limita a proteger derechos
fundamentales vulnerados y a emitir órdenes orientadas a su restablecimiento.
Además, este requisito se torna más exigente cuando se cuestionan decisiones de
tutela con el fin de evitar que se prolonguen de manera indefinida discusiones que
hacen tránsito a cosa juzgada constitucional. Ese entendimiento se deriva de la
procedencia excepcionalísima de la acción de tutela contra tutela, línea
jurisprudencial que se ha ido decantando paulatinamente, de lo cual dan cuenta las
sentencias SU-1219 de 2001 y SU-627 de 2015.
Para determinar cuáles casos revisten relevancia constitucional y cuáles no, esta
Sala ha adoptado, como guía y de manera indicativa, los criterios establecidos por
la Sala Plena del Consejo de Estado en la sentencia de 5 de agosto de 2014 y por
la Corte Constitucional en la sentencia T-248 de 2018, que exige la verificación de
los siguientes elementos:
i. Que el asunto objeto de estudio realmente involucre la amenaza o vulneración de
derechos fundamentales. En principio, la acción de tutela no puede utilizarse para
plantear situaciones inexistentes o para discutir asuntos eminentemente económicos o
de mera legalidad, pues ese tipo de discusiones se alejan del objeto de la acción de
tutela.
ii. Que el interesado argumente de manera suficiente y razonable la relevancia
constitucional por vulneración de derechos fundamentales. Debe tenerse en cuenta,
para el efecto, que «no basta, entonces, aducir la vulneración de derechos
fundamentales para cumplir este requisito de procedibilidad de la tutela contra
providencias judiciales». Es necesario que el interesado exponga de manera clara las
razones por las que considera que la providencia judicial amenaza o vulnera los derechos
fundamentales.
iii. Que los argumentos de la solicitud de amparo se acompasen con las razones de
la decisión objeto de tutela. La discusión propuesta en la demanda de tutela debe
referirse a las razones fundamentales de la decisión cuestionada, deben tener relación
con la ratio decidendi. De modo que pueda abordarse el estudio con una expectativa de
incidencia en el sentido de la propia decisión cuestionada.
iv. Que no se propongan nuevos argumentos que no fueron expuestos en el proceso
ordinario. La acción de tutela contra providencias judiciales no está concebida como un
mecanismo que permita a las partes adicionar, completar o modificar los argumentos que
dejaron de plantearse o proponerse ante el juez natural.
v. Que la acción de tutela no se convierta en una instancia adicional del proceso
ordinario en el que fue proferida la providencia acusada. Por más informal que sea
la tutela, y aunque sus objetivos sean la salvaguarda de derechos fundamentales, el
interesado está en la obligación de interponer la demanda con serios y fuertes
argumentos para derribar las decisiones de los jueces, que se dictan previo agotamiento
de los procedimientos reglados y conforme con una sólida razonabilidad. Es decir, no se
trata de controvertir las decisiones de los jueces como si fuera una instancia adicional
del proceso ordinario. Justamente por eso no se debe insistir en los argumentos que se
ofrecieron en el proceso ordinario, pues ya fueron decididos por los jueces competentes.
De acuerdo con lo anterior, la Sala observa que, aunque el accionante afirmó la
existencia de los defectos fáctico y procedimental por exceso ritual manifiesto, no
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explicó de manera suficiente las razones que sustentan estas afirmaciones para
demostrar la configuración de la cosa juzgada fraudulenta.
El accionante promovió acción de tutela contra el Ministerio de Salud y Protección
Social con el fin de que se ordenara el pago de la suma reconocida en la Resolución
n.º 3024 de 6 de noviembre de 1998, así como de los “demás valores reconocidos
en la Sentencia n.º 097 del 23 de julio de 1997, proferida por el Juzgado Primero
Laboral de Buenaventura (Valle)”.
En ese contexto, el Juzgado Cuarenta y Ocho Administrativo del Circuito de Bogotá
resolvió declarar improcedente la acción de tutela por no cumplir el requisito de
subsidiariedad, al considerar que el accionante cuenta con el proceso ejecutivo
para perseguir el pago de la obligación contenida en el acto administrativo. Además,
por constatar que el hecho que originó la vulneración alegada data del 14 de enero
de 1998, fecha en la que se surtió la ejecutoria de la sentencia de segunda instancia
proferida en el proceso ordinario laboral. Finalmente, concluyó que no se demostró
la vulneración al derecho fundamental de petición, toda vez que el ministerio
accionado informó el estado del trámite administrativo para surtir el respectivo
desembolso.
Esta decisión fue confirmada por la Subsección B de la Sección Primera del
Tribunal Administrativo de Cundinamarca mediante providencia de 7 de abril de
2025, por lo que fue remitida a trámite de eventual revisión ante la Corte
Constitucional donde fue excluida de revisión. El actor presentó solicitud de
insistencia el 6 de mayo del presente año ante la Procuraduría General de la
Nación, con el fin de que se revisara la acción de tutela y el 6 de agosto del presente
año, la mencionada autoridad administrativa resolvió declarar improcedente la
solicitud, al considerar que dicha revisión constituye una facultad discrecional.
Bajo el contexto expuesto, para la Sala la discusión propuesta por la parte actora
concerniente a que se deje sin efectos las sentencias proferidas en la acción de
tutela y se ordene al Ministerio de Salud y Protección Social el pago de la obligación
contenida en la Resolución n.º 3024 del 6 de noviembre de 1998 o se disponga la
prelación en el orden de turnos, carece del presupuesto de la relevancia
constitucional, debido a que el actor no argumentó de manera mínima y razonable
la relevancia superior de la acción de tutela frente a la supuesta vulneración de sus
derechos para demostrar la configuración de una situación de fraude que haya
afectado la cosa juzgada constitucional, por lo que se reitera que no basta aducir la
afectación de garantías iusfundamentales para cumplir este requisito de
procedencia de la tutela contra providencias de tutela, sino que es imperativo que
el interesado exponga de manera clara las razones por las cuales las considera
vulneradas, lo que no ocurre en esta oportunidad.
En el caso en concreto, se observa que los argumentos esbozados en el escrito de
tutela están dirigidos principalmente a expresar su inconformidad con la decisión
proferida por la Subsección B de la Sección Primera del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, que confirmó la de primera instancia mediante la cual se declaró
improcedente la acción de tutela y se negó el amparo al derecho fundamental de
petición, pues a juicio del accionante debió efectuarse un estudio de fondo sobre el
asunto y ordenarse el pago de la reliquidación pensional contenido en la Resolución
n.º 3024 de 6 de noviembre de 1998.
En esa medida, la Sala reitera que la exigencia de la carga argumentativa se justifica
porque la acción de tutela contra providencias judiciales es excepcional, más aún
cuando se trata de decisiones de la misma naturaleza, es decir, procede únicamente
bajo los supuestos especiales desarrollados por la jurisprudencia. En consecuencia,
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el análisis sobre el cumplimiento de los requisitos se limita a los argumentos
presentados por las partes intervinientes en el proceso.
Asimismo, ese carácter excepcional es aún más riguroso cuando se trata de una
tutela contra una providencia dictada en el trámite de una acción de la misma
naturaleza, como es el caso que ocupa la atención de esta Sala.
Sobre la procedencia de la acción de tutela para cuestionar un fallo de la misma
naturales, la Corte Constitucional en sentencia T-298 de 2023 explicó que “la tensión
entre los derechos fundamentales y el principio de seguridad jurídica que justifica admitir
excepcionalmente la acción de tutela en contra providencias judiciales, se disuelve
al excluir este recurso contra fallos en materia de tutela, ya que en este escenario la
protección de los derechos y la seguridad jurídica no entran en conflicto, sino que
confluyen hacia un mismo fin consistente en el goce efectivo de los citados derechos
constitucionales. De este modo, el trámite para corregir los eventuales errores de los
jueces de tutela es el recurso de impugnación y, dado el caso, la eventual revisión que
se surte ante la Corte Constitucional como órgano de cierre de la jurisdicción
constitucional. Una vez finalizado este proceso, ya sea porque este tribunal adopta una
sentencia de fondo o porque decide no seleccionar un asunto para su revisión, la
controversia planteada llega a su fin y estaría amparada por la garantía de la cosa juzgada.
Tan solo en casos verdaderamente excepcionales y extraordinarios se podría reabrir
un debate, lo cual ha sido categorizado por la Corte a través de la figura de la cosa
juzgada constitucional fraudulenta”. (Negrilla por fuera del texto original)
Por lo tanto, la Sala concluye que no es procedente interponer una nueva acción de
tutela contra decisiones adoptadas en procesos de tutela, dado que el ordenamiento
jurídico contempla mecanismos específicos para corregir posibles errores judiciales,
como la impugnación y la eventual revisión por parte de la Corte Constitucional. Así,
una vez agotadas estas vías, la decisión queda amparada por la garantía de cosa
juzgada constitucional y solo en circunstancias verdaderamente excepcionales,
como cuando se configura una cosa juzgada constitucional fraudulenta podría
reabrirse el debate, conforme a los estrictos criterios definidos por la jurisprudencia,
los cuales no se configuran en el presente asunto, no solo por carecer de
argumentación en la sustentación de la vulneración de los derechos fundamental,
sino porque no se allegaron pruebas que demostraran de manera, clara, cierta,
suficiente y coherente que las sentencias objeto de reproche son fraudulentas. Se
insiste, únicamente se indicaron los motivos de inconformidad con la declaratoria de
improcedencia ante la existencia de otro mecanismo de defensa, por la valoración
del plazo razonable para acudir a la vía constitucional y la falta de amparo del
derecho fundamental de petición.
Adicionalmente, para la Sala la inclusión de la Procuraduría General de la Nación
en el asunto no modifica la improcedencia de la acción de tutela, pues, en últimas,
lo que se pretende es dejar sin efectos las dos sentencias de tutela respecto de las
cuales no se demostró una situación de fraude, conforme a los términos precisados
por la jurisprudencia constitucional. Sumado a que, según se vio al momento en
que la entidad profirió el auto de 6 de agosto de 2025, la acción de tutela ya había
sido objeto de exclusión en el trámite de revisión eventual.
Finalmente, se observa que el accionante manifestó que es un sujeto de especial
protección constitucional debido a su edad -79 años-, lo cual no es desconocido por
la Sala. Sin embargo, dicha circunstancia, por sí sola no permite demostrar una
situación de cosa juzgada fraudulenta en la que hayan podido incurrir las
autoridades judiciales accionadas. A lo que se agrega que, en la contestación
allegada al trámite por parte del Consorcio FOPEP, se indicó que el actor se
encuentra activo en la nómina, con una pensión de jubilación de $6.091.667,82, y
está afiliado al Fondo de Pasivo Social de los Ferrocarriles Nacionales de Colombia,
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en el régimen contributivo, en calidad de cotizante9.
Por las razones expuestas, la Sala declarará la improcedencia de la acción de tutela
interpuesta por el señor Jorge Alfredo Ortiz Gutiérrez, quien actúa en nombre propio,
contra la Subsección B de la Sección Primera del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, el Juzgado Cuarenta y Ocho Administrativo del Circuito de Bogotá,
la Procuraduría General de la Nación y el Ministerio de Salud y Protección Social.
III. DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, la Sección Cuarta del Consejo de Estado, Sala de lo
Contencioso Administrativo, administrando justicia en nombre de la República y por
autoridad de la ley,
FALLA
Primero.- Negar las solicitudes desvinculación del Consorcio Fopep y de la
Procuraduría General de la Nación.
Segundo.- Declarar improcedente la acción de tutela presentada por el señor
Jorge Alfredo Ortiz Gutiérrez, quien actúa en nombre propio, contra la Subsección
B de la Sección Primera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, el Juzgado
Cuarenta y Ocho Administrativo del Circuito de Bogotá, la Procuraduría General de
la Nación y el Ministerio de Salud y Protección Social, por las razones aquí
expuestas.
Tercero.- Notificar esta decisión por el medio más eficaz y expedito posible, como
lo dispone el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.
Cuarto.- Publicar esta providencia en la página web del Consejo del Consejo.
Quinto.- En caso de no ser impugnada esta providencia, remitir el expediente de
tutela a la Corte Constitucional para que surta el trámite de eventual revisión previsto
en el artículo 86 de la Constitución Política.
Notifíquese y cúmplase.
Esta sentencia fue discutida y aprobada en la sesión de la fecha.
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
WILSON RAMOS GIRÓN MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO
Presidente
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
LUIS ANTONIO RODRÍGUEZ MONTAÑO CLAUDIA RODRÍGUEZ VELÁSQUEZ
Este documento fue firmado electrónicamente. Su validez e integridad puede comprobarse a través de la
siguiente dirección electrónica: http://relatoria.consejodeestado.gov.co/Vistas/documentos/evalidador.aspx.
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Información consultada en la página web: https://www.adres.gov.co/consulte-su-eps
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