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Consejo de Estado · Sección Primera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-15-000-2025-05415-01

Fecha
22 de enero de 2026
Consejero ponente
Pablo Andrés Córdoba Acosta

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-15-000-2025-05415-01

Consejo de Estado · Sección Primera

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO: CONFIRMAR el fallo de tutela de 31 de octubre de 2025 proferido por la Sección Cuarta del Consejo de Estado, por las razones expuestas en la 7 Corte Constitucional, Sala Plena, Sentencia SUI-627 del 1 de octubre de 2015, Magistrado Ponente: Dr. Mauricio González Cuervo. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Número único de radicación: 11001-03-15-000-2025-05415-01 parte motiva de esta decisión. SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes por el medio más expedito y eficaz. TERCERO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Primera

Radicado 11001-03-15-000-2025-05415-01

Consejero ponente: Pablo Andrés Córdoba Acosta

22 de enero de 2026

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Consejero ponente: Dr. Pablo Andrés Córdoba Acosta

Bogotá, D.C., veintidós (22) de enero de dos mil veintiséis (2026)

Referencia: Acción de tutela
Parte actora: Jorge Alfredo Ortiz Gutiérrez
Parte accionada: Tribunal Administrativo de Cundinamarca - Sección
Primera - Subsección B y otros
Radicación: 11001-03-15-000-2025-05415-01
Asunto: Acción de tutela contra sentencia de tutela. Se confirma el fallo
impugnado. Improcedencia por no cumplir con los requisitos
excepcionales de procedencia

Sentencia de segunda instancia

La Sala decide la impugnación interpuesta por la parte actora contra la
sentencia de 31 de octubre de 2025 proferida por la Sección Cuarta del
Consejo de Estado.

1. ANTECEDENTES

1. Hechos

De la solicitud de amparo y de los documentales obrantes en el expediente se
extraen los siguientes supuestos fácticos jurídicamente relevantes:

1.1. Mediante Resolución 3024 de 6 de noviembre de 1998 Foncolpuertos
le reconoció al accionante la reliquidación de su pensión de jubilación y
ordenó su pago a partir de julio del mismo año, así como de las sumas
adeudadas por ese concepto.

1.2. El accionante presentó diversas solicitudes ante el Ministerio de Salud
y Protección Social, con el fin de obtener información sobre la fecha de
pago de la suma reconocida en la Resolución No. 3024 de 6 de
noviembre de 1998.

Número único de radicación: 11001-03-15-000-2025-05415-01

1.3. Mediante comunicación de 22 de octubre de 2024, el Ministerio de
Salud y Protección Social le informó al accionante que, conforme al
orden secuencial de pagos, su trámite había sido asignado al turno
8.635 entre 11.850 trámites vigentes, de los cuales solo se había
avanzado hasta el turno 191.

1.4. Debido a lo anterior, el actor interpuso acción de tutela contra el
Ministerio de Salud y Protección Social, con el fin de que se le
ampararan sus derechos fundamentales de acceso a la administración
de justicia, a la igualdad, al debido proceso, a la seguridad social, al
mínimo vital y a la vida digna. En consecuencia, solicitó el pago de la
reliquidación de la pensión de jubilación, así como de los “[…] demás
valores reconocidos en la Sentencia n.º 097 del 23 de julio de 1997,
proferida por el Juzgado Primero Laboral de Buenaventura (Valle) […]”.

1.5. Mediante sentencia de 20 de febrero de 2025, el Juzgado Cuarenta y
Ocho Administrativo del Circuito de Bogotá declaró improcedente la
acción de tutela por no cumplir con el requisito de inmediatez.

1.6. Contra la decisión anterior, la parte actora presentó impugnación que
fue resuelto por la Subsección B de la Sección Primera del Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, mediante sentencia de 7 de abril de
2025 confirmando la sentencia de primera instancia.

2. Fundamentos de la solicitud de amparo

La parte actora manifestó que es sujeto de especial protección en razón a que
tiene 79 años, por lo que reclama una atención inmediata y prioritaria, la cual
no ha sido garantizada y se le ha negado el pago de la suma reconocida
mediante la Resolución 3024 de 6 de noviembre de 1998, por lo que se
configura una amenaza al mínimo vital y a la vida en condiciones dignas y
considera que se cumplen los requisitos generales de procedibilidad de la
acción de tutela.

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Indicó que se deben tener en cuenta las sentencias T-501 de 1992, C-543 de
1992, T-086 de 2003, T-960 de 2000, T-217 de 2010, SU-695 de 2015, T-217
de 2010 y SU-128 de 2021 proferidas por la Corte Constitucional que
reconocen la posibilidad excepcional de presentar acción de tutela contra
providencias judiciales para la protección de derechos fundamentales cuando
se configura una vía de hecho, por lo que consideró que la acción de tutela es
el medio idóneo para controvertir las decisiones proferidas por la Subsección
B de la Sección Primera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca y el
Juzgado Cuarenta y Ocho Administrativo del Circuito de Bogotá dentro del
trámite de acción de tutela con número de radicación: 11001-33-42-048-2025-
00034-00.

Afirmó que las autoridades accionadas incurrieron en defecto fáctico por no
haber valorado la Resolución 3024 de 6 de noviembre de 1998 que reconoció
la reliquidación de la pensión de jubilación, la cual goza de presunción de
legalidad.

Mencionó que en la sentencia SP3754 proferida por la Sala de Casación Penal
de la Corte Suprema de Justicia, en la que se absolvió por cargos penales a
la directora de Foncolpuertos, que fue quien suscribió la resolución, desvirtúa
cualquier insinuación sobre el origen fraudulento del acto administrativo.

Adujo que las autoridades judiciales accionadas incurrieron en defecto
procedimental absoluto por exceso ritual manifiesto por no flexibilizar el
requisito de inmediatez para acudir a la acción de tutela tratándose de una
persona de la tercera edad e ignorando la configuración de un perjuicio
irremediable y señaló que por ser una pensión de tracto sucesivo el requisito
debe ser analizado bajo un criterio flexible.

Reiteró que la tardanza en el cumplimiento del pago del reajuste pensional y
de las demás prestaciones sociales afectan su estabilidad financiera y tienen
impacto en el acceso a una atención médica adecuada y a una vida en
condiciones dignas, y resaltó que la falta de pago de las prestaciones
económicas afecta de manera desproporcionada a los adultos mayores, lo que

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refuerza la necesidad de medidas urgentes para evitar que siga en estado de
vulnerabilidad.

Sostuvo que el Ministerio de Salud y Protección Social no le ha ofrecido una
solución alternativa para garantizar su mínimo vital, como lo es la de hacerle
un pago parcial o darle prelación en el orden secuencial que le permita acceder
al derecho adquirido.

Enfatizó en que padece estenosis del canal neural por tejido conjuntivo,
generándole dolor, debilidad, entumecimiento y problemas de movilidad, por
lo que requiere tratamientos y cuidados constantes, que no han mejorado,
entre otras causas, por la falta de pago de la obligación.

Sostuvo que tiene una deuda con diferentes entidades bancarias por valor de
$376.329.645 y que el 35% de sus ingresos mensuales son destinados a los
gastos de alimentación y manutención de su núcleo familiar.

Refirió que la Procuraduría General de la Nación declaró improcedente el
trámite de insistencia en el trámite de eventual revisión ante la Corte
Constitucional sin que hubiera analizado los argumentos presentados que
demostraban la trascendencia del caso.

Finalmente, adujo que en un caso similar la Sala de Casación Penal de la Corte
Suprema de Justicia ordenó a la Unidad de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social -UGPP reconocer los
derechos del pensionado y, en consecuencia, la entidad profirió la resolución
SOP202301009746, con lo cual creó un precedente que debe ser tenido en
cuenta para dirimir este tipo de controversias.

3. Pretensiones

La parte actora planteó las siguientes pretensiones:

“[…] “PRIMERO: DEJAR SIN EFECTOS las providencias del Juzgado
Cuarenta y Ocho Administrativo del Circuito de Bogotá del 20 de febrero

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de 2025 y del Tribunal Administrativo de Cundinamarca del 7 de abril de
2025, por las cuales se declaró la improcedencia de la acción de tutela.
En consecuencia, TUTELAR mis derechos fundamentales a la vida digna,
mínimo vital, seguridad social, acceso a la administración de justicia,
igualdad y debido proceso.

SEGUNDO: ORDENAR al accionado MINISTERIO DE SALUD Y
PROTECCIÓN SOCIAL que, en un término no mayor a 1 mes, efectúe el
pago de la reliquidación de la pensión en mi favor, y demás valores
reconocidos en la Resolución No. 3024 del 6 de noviembre de 1998
expedida por el Fondo de Pasivo Social de la Empresa Puertos de
Colombia (Foncolpuertos), garantizando la indexación correspondiente
desde la fecha en que debió efectuarse el pago.

TERCERO: ORDENAR que se le otorgue prioridad al caso de marras,
dentro del Orden Secuencial de Pagos, dado que mi estado de salud,
avanzada edad y condición económica son críticos. […]”. [negrillas del
texto original y sic en toda la cita]

II. TRÁMITE DE LA ACCIÓN DE TUTELA

1. Mediante auto de 12 de septiembre de 2025, se admitió la presente acción
de tutela contra la Subsección C de la Sección Primera del Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, el Juzgado Cuarenta y Ocho Administrativo
del Circuito de Bogotá, el Ministerio de Salud y de la Protección Social y la
Procuraduría General de la Nación.

2. El 31 de octubre de 2025, la Sección Cuarta del Consejo de Estado profirió
sentencia de primera instancia declarando improcedente el mecanismo de
amparo de la referencia.

3. Mediante auto de 21 de noviembre de 2025, se concedió la impugnación
presentada por la parte actora contra el fallo de primera instancia.

III. INTERVENCIONES

1. La Subsección B de la Sección Primera del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca señaló que no ha vulnerado los derechos fundamentales
alegados por el accionante y que la sentencia fue proferida de conformidad
con las pruebas obrantes en el expediente y en aplicación a la jurisprudencia
aplicable al caso.

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2. El Consorcio Fopep solicitó declarar improcedente la acción de tutela al
considerar que no es el mecanismo adecuado para ordenar la reliquidación
pensional y resaltó que no hay prueba de la configuración de un perjuicio
irremediable.

Resaltó que el accionante se encuentra incluido en nómina de pensionado, por
lo que recibe una mesada pensional de $6.091.667 sobre la que se aplican
descuentos por alimentos y por 3 obligaciones contraídas mediante libranza.

Manifestó que el Ministerio de Salud y Protección Social no es la entidad
competente para atender solicitudes de reconocimiento, reliquidación
pensional y demás trámites relacionados con el extinto Foncolpuertos, pues a
partir del Decreto 1833 de 2016, la competencia es de la Unidad Administrativa
Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección
Social UGPP, por lo que el consorcio no puede efectuar pagos que no hayan
sido previamente reconocidos.

Finalmente, solicitó su desvinculación del presente trámite al considerar que
carece de falta de legitimación en la causa por pasiva para atender las súplicas
de la demanda.

3. La Procuraduría General de la Nación indicó que el amparo es
improcedente por cuanto no existe actuación u omisión del agente accionado
que haya amenazado o vulnerado las garantías fundamentales y que sea
desvinculada al trámite ante la inexistencia de vulneración a los derechos
fundamentales invocados por el accionante. Indicó que su actuación fue
conforme lo establecido en el Acuerdo 02 de 20151 y la Resolución 013 de
20222.

Señaló que la facultad de insistencia es discrecional y precisó que mediante
auto de 6 de agosto de 2025 que fue notificado el 11 del mismo mes y año
declaró improcedente la solicitud, con lo cual se dio por terminado el trámite

1 “Por medio del cual se unifica y actualiza el Reglamento de la Corte Constitucional”
2 “Por la cual se establece el procedimiento y/o trámite de las solicitudes de insistencia presentadas

ante la Procuradora General de la Nación”

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administrativo.

Manifestó que la coordinadora del Grupo de Insistencias de Tutela dio a
conocer que el 6 de mayo de 2025 el accionante había hecho solicitud de
insistencia en el trámite de eventual revisión de la acción de tutela T-
11.175.972 que fue excluida por la Corte Constitucional, mediante auto de 26
de junio de 2025, proferido por la Sala de Sección Seis, comunicado el 14 de
julio de 2025.

4. La Defensoría del Pueblo solicitó que la acción de tutela sea declarada
improcedente por cuanto el accionante no atendió los requerimientos que
hiciera esa entidad para dar trámite a su solicitud y, por tanto, no fueron
vulnerados los derechos fundamentales invocados.

5. El Juzgado Cuarenta y Ocho Administrativo del Circuito de Bogotá remitió
el enlace digital del proceso con el número de radicación 11001-33-42-048-
2025-00034-00.

IV. FUNDAMENTOS DEL FALLO IMPUGNADO

La Sección Cuarta del Consejo de Estado, mediante sentencia de 31 de
octubre de 2025, declaró improcedente el mecanismo de amparo al considerar
que carecía de relevancia constitucional y no se demostró la cosa juzgada
fraudulenta.

El a quo indicó que no es procedente interponer una nueva acción de tutela
contra decisiones adoptadas en procesos de tutela, dado que el ordenamiento
jurídico contempla mecanismos específicos como la impugnación y el recurso
extraordinario de revisión por parte de la Corte Constitucional para corregir
posibles errores judiciales, con lo cual, una vez agotados estas herramientas,
la decisión queda en firme y amparada con la garantía de cosa juzgada
constitucional y solo si se configura una cosa juzgada fraudulenta podría
reabrirse el debate, conforme con los estrictos criterios jurisprudenciales, sin
que sean las circunstancias del caso, al carecer una argumentación en la

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sustentación de la presunta vulneración de los derechos fundamentales, sino
porque el accionante no allegó pruebas que demostraran de manera clara,
cierta, suficiente y coherente que la sentencia reprochada fuera fraudulenta.

Igualmente, precisó que la inclusión de la Procuraduría General de la Nación
no modifica la improcedencia de la acción de tutela porque lo que se pretende
es dejar sin efectos las dos sentencias de tutela respecto de las cuales no se
demostró una situación de fraude, como lo señala la jurisprudencia.

Resaltó que, si bien el accionante es un sujeto de especial protección debido
a su edad de 79 años, la realidad es que dicha circunstancia por si sola no
permite demostrar una cosa juzgada fraudulenta en la que hayan podido
incurrir las autoridades judiciales accionadas, máxime cuando el accionante
se encuentra activo en nómina de pensionado y recibe una pensión de
jubilación de $6.091.667,82.

V. FUNDAMENTOS DE LA IMPUGNACIÓN

La parte actora impugnó el fallo de primera instancia reiterando en términos
generales los argumentos expuestos en el escrito de tutela y adicionalmente
expuso las siguientes razones:

Indicó que el a quo incurrió en defecto fáctico al exigir la demostración de un
fraude cuando lo que se presenta en una vía de hecho judicial por parte del
Juzgado Cuarenta y Ocho Administrativo del Circuito de Bogotá y del Tribunal
Administrativo de Cundinamarca por omitir la valoración probatoria que
consideró determinante.

Sostuvo que la relevancia constitucional radica en la gravedad del error
judicial, por cuanto los jueces de tutela anteriores declararon la improcedencia
a partir de una sentencia laboral revocada ignorando la Resolución 3024 de
1998, siendo un acto administrativo autónomo que reconoció y ordenó el pago
de una obligación pensional. Por eso, al omitir su análisis, las autoridades
judiciales convirtieron un título de cobro claro y expreso en una obligación

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inexistente o incierta, siendo una omisión probatorio trascendental y configura
un defecto que amerita la intervención del juez constitucional.

Precisó que la relevancia constitucional está demostrada por el mínimo vital y
la seguridad social de un adulto mayor de 79 años, la fuente de violación es la
arbitrariedad judicial al aplicar formalismos (inmediatez y subsidiariedad) y al
ignorar la prueba documental que garantiza el derecho fundamental y por
exigirle la prueba de fraude de las partes para corregir un fraude institucional,
lo que considera es un formalismo excesivo que impide la materialización de
la justicia y la protección de los derechos de un ciudadano con amparo
especial, al dejar incólume una decisión judicial que es contraria a la prueba y
a la justicia material.

Indicó que se incurrió en error categórico por haber tenido en cuenta la
existencia de un ingreso sin que lo hubiera contrastado con las cargas
económicas reales que tiene. Señaló que el mínimo vital se refiere al ingreso
que, una vez descontadas las obligaciones impostergables, permite la
subsistencia digna y que demostró que los gastos superan su ingreso que lo
tiene en un déficit constante.

Manifestó que la causa del perjuicio irremediable es la decisión administrativa
de relegar el pago al turno 8635 siendo él un sujeto de especial protección y
que el Consejo de Estado debió reconocer que es un sujeto de especial
protección por su edad, por lo que la vía idónea es la orden en la prelación de
pago en lugar de declarar la improcedencia de la acción de tutela.

Señaló que la Sala utiliza la ausencia de un fraude tradicional para excusar su
inactividad, lo que es contrario a la doctrina constitucional. El engaño no es de
las partes sino de la administración al ignorar que le fue traicionada su
confianza por el incumplimiento estatal de la Resolución 3024 de 1998, y la
omisión de pago durante 27 años sumada al vicio judicial de ignorar la prueba
fundamental, es un engaño institucional que se traduce en un perjuicio
irreparable aumentando la relevancia constitucional.

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La vía de hecho por defecto procedimental absoluto originada en las
actuaciones del Juez Cuarenta y Ocho Administrativo del Circuito de Bogotá y
del Tribunal Administrativo de Cundinamarca por incumplir los términos para
fallar y notificarle la acción de tutela, situación que se puso de presente y que
fue reiterada en la solicitud de insistencia ante la Procuraduría General de la
Nación, sin que sea un formalismo, es una vulneración directa al derecho al
acceso a la administración de justicia pronta y efectiva conforme al artículo 86
de la Constitución Política y el Decreto 2591 de 1991.

Señaló que el juez de tutela no puede declarar la falta de inmediatez cuando
él mismo ha vulnerado la celeridad que rige la acción de tutela, sin que hubiera
sido una tardanza justificada.

Consideró que la vulneración al derecho de petición por parte de la
Procuraduría General de la Nación es un elemento constitutivo de la
denegación sistemática de justicia que ha padecido. Manifestó que el a quo
incurrió en error grave al considerar la actuación como irrelevante siendo la
última oportunidad para corregir las vías de hecho cometidas por los jueces de
tutela.

Indicó que el juez de primera instancia erró al considerar que la actuación de
la Procuraduría General de la Nación no modifica la procedencia de la acción
de tutela, con lo cual omite el análisis del impacto instrumental y decisivo que
tiene el derecho de petición en el acceso a la administración de justicia
constitucional.

Afirmó que el derecho de petición no es un fin en sí mismo sino un derecho
instrumental fundamental para que el ciudadano ponga en marcha la
administración pública y judicial. La solicitud de insistencia ante la
Procuraduría General de la Nación era el último recurso legal y la única puerta
de entrada para que el expediente pudiera ser seleccionado por la Corte
Constitucional.

La respuesta de la Procuraduría General de la Nación fue tardía y formalista.

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El trámite de insistencia por su naturaleza de última instancia en la protección
de derechos fundamentales exige celeridad reforzada, la cual fue violada. El
auto 393 de 6 de agosto de 2025 que declaró improcedente el trámite de
insistencia fue genérico e inmotivado, limitándose a afirmar que los fallos
anteriores fueron razonables sin que hubiera tenido en cuenta el argumento
central de la insistencia, que fue el defecto fáctico alegado por la omisión de
la Resolución 3024 de 1998.

Indicó que la falta de respuesta de fondo que analice la entidad del defecto es
una denegación de justicia en sede administrativa, la Sala debió reconocer que
la omisión por parte de la Procuraduría General de la Nación lo cual considera
que es la culminación de la cadena de violaciones, al validar una respuesta
administrativa que evade el fondo del asunto, siendo el defecto fáctico, lo cual
convalida la negligencia institucional y cierra de manera definitiva la posibilidad
de la revisión constitucional.

Por último, indicó que la Procuraduría General de la Nación tenía el deber de
corregir de fondo si hubiera analizado la insistencia y al no hacerlo, reforzó la
apariencia de legalidad del fallo improcedente con lo cual contribuyó el
argumento de la Corte Constitucional para no seleccionar el caso. En
consecuencia, el argumento de que esta actuación no modifica la
improcedencia es inaceptable porque la vulneración del artículo 23 en el
trámite de insistencia es la prueba de indefensión a la que fue sometido por lo
que solicitó que se reabra el debate.

V. CONSIDERACIONES DE LA SALA

1. Competencia

La Sala es competente para conocer del presente asunto, de conformidad con
lo previsto en el Decreto Ley 2591 de 1991, en concordancia con el artículo 13
del Acuerdo número 80 de 12 de marzo de 2019, proferido por la Sala Plena
del Consejo de Estado.

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2. Problemas jurídicos

De acuerdo con la situación fáctica planteada, y teniendo en cuenta que
corresponde al juez de tutela, en segunda instancia, verificar si el fallo
impugnado debe ser confirmado, modificado o revocado3, la Sección debe
establecer:

A) Si en el presente asunto se cumplen los requisitos generales y
excepcionales de procedencia de la acción de tutela contra fallo de
tutela y, si ello es así, se deberá:

B) Determinar si las providencias aquí enjuiciadas vulneraron los
derechos fundamentales invocados por la parte accionante.

3. Caso concreto

3.1. Análisis de los requisitos generales de procedibilidad de la acción de
tutela

La jurisprudencia pacífica tanto de la Corte Constitucional4 como del Consejo
de Estado5 ha sostenido que la procedencia de la acción de tutela contra
providencias judiciales está supeditada, en primer lugar, al cumplimiento de
unos requisitos generales y, como segunda medida, a la configuración de
alguno de los requisitos especiales para dicha procedencia.

Como requisitos generales de procedencia de la acción de tutela contra
providencias judiciales se han establecido, los siguientes: i) la relevancia
constitucional del asunto; ii) el agotamiento de todos los medios de defensa
judicial, salvo la existencia de un perjuicio irremediable; iii) el cumplimiento del
principio de inmediatez; iv) si se trata de una irregularidad procesal, que ésta
tenga efecto decisivo en la providencia objeto de inconformidad; v) la
identificación clara de los hechos causantes de vulneración y su alegación en

3 Artículo 32 del Decreto Ley 2591 de 1991.
4 Ver sentencia C-590 de 2005, entre otras.
5 Sentencias del 5 de julio de 2012 y del 5 de agosto de 2014, expedientes 2009-01328-01(IJ) y 2012-

02201-01, respectivamente. Entre otras.

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el proceso, y vi) que la acción no se dirija contra un fallo de tutela, salvo las
excepciones previstas en la sentencia SU-627 de 2015.

De acuerdo con las reglas establecidas en la sentencia SU-627 de 2015, la
acción de tutela procede excepcionalmente contra fallos judiciales dictados en
el curso de una acción de tutela, cuando se cumplen los siguientes supuestos:

[…] a) La acción de tutela presentada no comparte identidad procesal
con la solicitud de amparo cuestionada, es decir no se está frente al
fenómeno de la cosa juzgada.

b) Debe probarse de manera clara y suficiente, que la decisión adoptada
en una anterior acción de tutela fue producto de una decisión de
fraude, que atenta contra el ideal de justicia presente en el derecho
(Fraus Omnia corrumpit),

c) No existe otro mecanismo legal para resolver tal situación, esto es, que
tiene un carácter residual […]6.

De lo anterior, esta Sala de Decisión destaca que la acción de tutela procede
excepcionalmente contra fallos de tutela siempre y cuando se logre acreditar
que el mismo fue proferido fraudulentamente y, en consecuencia, se encuentra
revestido de “cosa juzgada fraudulenta”.

En el presente caso, la Sala advierte que los argumentos expuestos por la
parte actora asociados con que las autoridades judiciales accionadas no hayan
valorado la Resolución 3024 de 1998 que reconoció el pago del retroactivo por
concepto de reliquidación pensional no están orientados a demostrar que el
fallo de tutela objeto de censura por esta vía constitucional fue proferido
fraudulentamente.

Por tanto, la Sala encuentra que no se cumple con el requisito excepcional de
procedencia de la acción de tutela contra sentencias proferidas dentro de una
acción de misma naturaleza, toda vez que la parte actora no demostró que la
sentencia cuestionada fue adoptada a partir de una situación fraudulenta.

6
Sentencia SU-627 de 2015.

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Cabe destacar que la cosa juzgada fraudulenta “[…] se predica de un proceso
que ha cumplido formalmente con todos los requisitos procesales y que
materializa en esencia un negocio fraudulento a través de medio procesales,
que implica un perjuicio ilícito a terceros y a la comunidad […]”7.

Adicionalmente, la Sala concuerda a plenitud con el juez de primera instancia
cuando consideró que “[…] la inclusión de la Procuraduría General de la
Nación en el asunto no modifica la improcedencia de la acción de tutela, pues,
en últimas, lo que se pretende es dejar sin efectos las dos sentencias de tutela
respecto de las cuales no se demostró una situación de fraude, conforme a los
términos precisados por la jurisprudencia constitucional. Sumado a que, según
se vio al momento en que la entidad profirió el auto de 6 de agosto de 2025, la
acción de tutela ya había sido objeto de exclusión en el trámite de revisión
eventual”.

Así las cosas, se considera que no concurren los presupuestos de procedencia
de la acción de tutela contra un fallo de igual naturaleza, comoquiera que tal
posibilidad resulta excepcional y su propósito es “[…] revertir o detener
situaciones fraudulentas y graves, suscitadas por el cumplimiento de una
orden proferida en un proceso de amparo […]”.

Bajo las anteriores consideraciones, esta Sección confirmará el fallo
impugnado que declaró improcedente la acción de tutela de la referencia.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la Ley.

FALLA

PRIMERO: CONFIRMAR el fallo de tutela de 31 de octubre de 2025 proferido
por la Sección Cuarta del Consejo de Estado, por las razones expuestas en la

7
Corte Constitucional, Sala Plena, Sentencia SUI-627 del 1 de octubre de 2015, Magistrado Ponente: Dr. Mauricio
González Cuervo.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Número único de radicación: 11001-03-15-000-2025-05415-01

parte motiva de esta decisión.

SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes por el medio más expedito y eficaz.

TERCERO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual
revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Se deja constancia de que la anterior providencia fue leída, discutida y
aprobada por la Sala en la sesión de la fecha.

NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN PABLO ANDRÉS CÓRDOBA ACOSTA
Consejera de Estado Consejero de Estado
Presidenta

CARLOS FERNANDO MANTILLA GERMÁN EDUARDO OSORIO
NAVARRO CIFUENTES
Consejero de Estado Consejero de Estado

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de
la Sección Primera en la sede electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se
garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con la
ley.

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