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Consejo de Estado · Sección Tercera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2025-05421-00

Fecha
6 de noviembre de 2025
Consejero ponente
Omar Joaquín Barreto Suárez

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2025-05421-00

Consejo de Estado · Sección Tercera

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO: Deniégase la solicitud de desvinculación de la Nación, Fiscalía General de la Nación. SEGUNDO: Declárase improcedente la acción de tutela presentada por los 11 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D. C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Demandantes: Jaime Sánchez Arévalo y otros Demandados: Tribunal Administrativo del Caquetá, Sala Tercera de Decisión y otro Radicado: 11001-03-15-000-2025-05421-00 señores Jaime Sánchez Arévalo, (en nombre propio y en representación de los menores Karol Julieth y Andrés Felipe Sánchez Jiménez), Ana Yibe Ariza Penagos, José Heriberto Sánchez Clavijo, Yefferson Fernando Sánchez Enciso, Yenifer Fernanda Sánchez Enciso, Faned Sánchez Arévalo, Jhon Jairo Sánchez Arévalo, Rubén Darío Sánchez Arévalo, Julieth Sánchez Arévalo y Nubia Leidy Sánchez Arévalo por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. TERCERO:

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Tercera

Radicado 11001-03-15-000-2025-05421-00

Consejero ponente: Omar Joaquín Barreto Suárez

6 de noviembre de 2025

Demandantes: Jaime Sánchez Arévalo y otros
Demandados: Tribunal Administrativo del Caquetá,
Sala Tercera de Decisión y otro
Radicado: 11001-03-15-000-2025-05421-00

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA

Magistrado Ponente: OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ

Seis (6) de noviembre de dos mil veinticinco (2025)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2025-05421-00
Demandantes: JAIME SÁNCHEZ ARÉVALO Y OTROS
Demandados: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL CAQUETÁ, SALA
TERCERA DE DECISIÓN Y OTRO

Temas: Tutela contra providencia judicial. Declara improcedencia
de la acción por incumplimiento del requisito de relevancia
constitucional.

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

OBJETO DE LA DECISIÓN

Procede la Sala a decidir la solicitud presentada por la parte actora en
ejercicio de la acción de tutela prevista en el artículo 86 de la Constitución y
desarrollada en los Decretos 2591 de 1991 y 1069 de 2015, modificado por el
Decreto 333 de 2021, y el artículo 13 del Acuerdo 080 de 2019 de la Sala
Plena de la Corporación.

I. ANTECEDENTES

1.1. La demanda

Con escrito radicado el 29 de agosto de 2025, el señor Jaime Sánchez
Arévalo y otros1, actuando a través de apoderado judicial, presentaron
solicitud de amparo contra el Tribunal Administrativo del Caquetá, Sala
Tercera de Decisión y el Juzgado Quinto Administrativo del Circuito Judicial de
Florencia, con el fin de que se amparen sus derechos fundamentales a la
igualdad, al debido proceso y de acceso a la administración de justicia.

La parte actora consideró vulneradas tales garantías con ocasión de la
providencia del 26 de febrero de 2025, proferida por el Tribunal Administrativo
del Caquetá, Sala Tercera de Decisión, que confirmó el fallo del 15 de
diciembre de 2021, dictado por el Juzgado Quinto Administrativo del Circuito
Judicial de Florencia, en el que se negaron las pretensiones de la demanda

1 Ana Yibe Ariza Penagos, José Heriberto Sánchez Clavijo, Yefferson Fernando Sánchez
Encizo, Yenifer Fernanda Sánchez Enciso, Faned Sánchez Arévalo, Jhon Jairo Sánchez
Arévalo, Rubén Darío Sánchez Arévalo, Julieth Sánchez Arévalo y Nubia Leidy Sánchez
Arévalo; además, el señor Jaime Sánchez Arévalo actúa en representación de los menores
Karol Julieth y Andrés Felipe Sánchez Jiménez.

1

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Demandantes: Jaime Sánchez Arévalo y otros
Demandados: Tribunal Administrativo del Caquetá,
Sala Tercera de Decisión y otro
Radicado: 11001-03-15-000-2025-05421-00

ejercida en el medio de control de reparación directa, identificado con el
radicado 18001-33-33-003-2019-00156-00/01, promovido por el señor Jaime
Sánchez Arévalo y otros contra la Nación, Fiscalía General de la Nación y la
Nación, Rama Judicial.

1.2. Pretensiones

En consecuencia, la parte actora solicitó:

PRIMERO: Tutelar el derecho fundamental a la igualdad, debido proceso y
garantías judiciales consagrados en la Constitución, vulnerados a los tutelantes
con las decisiones del juzgado quinto Administrativo de Circuito de Florencia y
el Tribunal Administrativo del Caquetá, así como los demás derechos
fundamentales que se consideren vulnerados, extrapetita al estudio de la
presente acción.

SEGUNDO: Declarar nula, sin valor ni efecto, las sentencias proferidas el 15 de
diciembre de 2021 y el 26 de febrero de 2025 por el Juzgado Quinto
Administrativo del Circuito de Florencia y el Tribunal Administrativo del Caquetá
respectivamente, dentro del medio de reparación directa promovida por Jaime
Sánchez Arévalo y otros.

TERCERO: Ordenar que, en un término prudencial contado a partir de la
notificación del fallo de tutela, se profiera una nueva sentencia con base en los
lineamientos que para el efecto se realice.2

1.3. Hechos

La petición de tutela tuvo como fundamento los siguientes:

El señor Jaime Sánchez Arévalo fue capturado en flagrancia el 3 de enero de
2013 por la presunta comisión del delito de extorsión, y al día siguiente le fue
impuesta medida de aseguramiento consistente en detención privativa de la
libertad en establecimiento carcelario, permaneciendo recluido desde el 5 de
enero de 2013 hasta el 25 de noviembre de 2014.

En sentencia del 31 de marzo de 2014, el Juzgado Único Promiscuo
Municipal de El Paujil con Función de Conocimiento profirió sentencia
absolutoria, la cual fue confirmada en segunda instancia por el Tribunal
Superior del Distrito Judicial de Florencia, mediante providencia del 7 de
mayo de 2018.

Los accionantes instauraron demanda de reparación directa en contra de la
Nación, Fiscalía General de la Nación y la Nación, Rama Judicial, cuyo
conocimiento correspondió al Juzgado Quinto Administrativo del Circuito
Judicial de Florencia, con radicado 18001-33-33-003-2019-00156-00.

El a quo ordinario, por medio de sentencia del 15 de diciembre de 2021, negó
las pretensiones de la demanda. Posteriormente, la parte demandante
interpuso recurso de apelación, el cual fue resuelto por el Tribunal
Administrativo del Caquetá, mediante providencia del 26 de febrero de 2025,

2 Transcripción del texto original con posibles errores.

2

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Demandantes: Jaime Sánchez Arévalo y otros
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en la cual se confirmó la decisión de primera instancia, al considerar que no
se logró probar que la privación de la libertad impuesta al demandante fuera
ilegal, abiertamente arbitraria o desproporcionada, en aplicación de las
normas que regulaban la adopción de dichas medidas.

1.4. Sustento de la vulneración

La parte actora sostuvo que las decisiones cuestionadas incurrieron en los
siguientes defectos:

1.4.1 Desconocimiento del precedente:

Mencionó que las autoridades judiciales accionadas se apartaron de manera
injustificada de la jurisprudencia consolidada por la Corte Constitucional y la
Sección Tercera del Consejo de Estado sobre la privación injusta de la
libertad.

Señaló la parte demandante que, según el criterio contenido en la sentencia
SU-072 de 2018, en aquellos casos en los que la absolución de una persona
previamente privada de la libertad se fundamenta en la inexistencia del hecho
o en la atipicidad de la conducta, debe aplicarse el régimen objetivo de
responsabilidad del Estado, dada la configuración de un daño antijurídico
imputable a la administración de justicia.

Trajo a colación las sentencias C-037 de 1996 y SU-363 de 2021, y al
respecto de esta última, señaló que, en los casos de análisis de culpa
exclusiva de la víctima, este debe realizarse con respeto del debido proceso y
sin invadir la órbita de competencia del juez natural, es decir, que se debe
determinar por la conducta que despliega el sujeto dentro de la actuación
penal y no por la conducta que originó la investigación.

De igual forma, puso de presente los estándares internacionales establecidos
por la Convención Americana sobre Derechos Humanos y el Pacto
Internacional de Derechos Civiles y Políticos, sobre la privación injusta de la
libertad.

También hizo alusión a la sentencia proferida el 6 de mayo de 2024 por la
Sección Tercera del Consejo de Estado, dentro del proceso con radicado
número 11001-03-15-000-2023-05020-01, aduciendo que es deber del juez
administrativo realizar un análisis detallado y puntual sobre las
consideraciones del fallo absolutorio, por cuanto, si llega a concluir que la
absolución obedeció a la atipicidad de la conducta, el precedente citado obliga
a evaluar la responsabilidad del estado bajo un régimen de imputación
objetiva. Argumentó que esta omisión constituye una falla en el deber de
motivación.

1.4.2 Defecto fáctico:

Arguyó la parte actora que las autoridades enjuiciadas omitieron valorar

3

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integralmente la sentencia penal absolutoria, lo que afectó la decisión de
fondo sobre la responsabilidad del Estado y, con ello, produjeron una
vulneración grave de sus derechos fundamentales. Lo anterior, puesto que no
se realizó un examen detallado y contextual de la providencia, lo cual impidió
aplicar el régimen de responsabilidad correspondiente, al no advertir la
configuración de la atipicidad objetiva de la conducta.

1.4.3 Violación directa de la Constitución:

Manifestó que las providencias cuestionadas vulneraron de manera flagrante
e injustificada los derechos fundamentales al debido proceso, a la igualdad y
de acceso a la administración de justicia.

Refirió que el derecho al debido proceso fue desconocido por la omisión en el
análisis completo de la providencia penal absolutoria.

De igual forma, alegó que se incurrió en la vulneración al derecho a la
igualdad, al no haber sido aplicada la jurisprudencia vigente, por cuanto le fue
dado un tratamiento desigual frente a personas en situaciones equivalentes.
Consideró que la arbitrariedad en la elección del régimen de imputación
aplicable al caso condujo una decisión que desconoce el principio de igualdad
en la aplicación de la ley, así como la garantía del trato jurídico igual ante
iguales supuestos de hecho, lo cual carece de justificación constitucional
suficiente.

Por último, puntualizó que le fue restringido el derecho del acceso a la
administración de justicia, pues el desconocimiento de la obligación del juez
de valorar todas las decisiones judiciales relevantes frustró la posibilidad del
accionante de obtener el resarcimiento por el daño injusto causado por la
privación ilegítima de su libertad.

1.5. Trámite de la acción de tutela

El 4 de septiembre de 2025, el magistrado ponente de esta decisión manifestó
impedimento invocando la causal prevista en el numeral 1° del artículo 56 del
Código de Procedimiento Penal3; sin embargo, mediante auto del 18 de
septiembre de la misma anualidad, la Sala declaró infundado el impedimento
manifestado al no encontrar demostrado el interés invocado.

Posteriormente, por medio de providencia del 30 de septiembre de 2025, se
inadmitió la acción constitucional para que la apoderada de la parte actora
aportara los registros civiles de nacimiento de los menores Karol Julieth y
Andrés Felipe Sánchez Jiménez, con el fin de constatar que el señor Jaime
Sánchez Arévalo actúa en condición de representante de estos, como se
3 Lo anterior, debido a que su cónyuge se encuentra vinculada en carrera como fiscal adscrita

a una unidad nacional de la Fiscalía General de la Nación, entidad demandada dentro del
proceso de reparación directa del cual se derivaron las decisiones judiciales cuya presunta
vulneración de derechos fundamentales es objeto de estudio en la presente acción de tutela,
y, si bien con motivo del otorgamiento de licencia no remunerada de hasta por tres años está
desempeñando un cargo en la Rama Judicial, continúa con el vínculo en carrera en esa
entidad.

4

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afirmó en el escrito de amparo.

La parte demandante allegó, mediante correo electrónico, un escrito en el cual
aclaró que el señor Sánchez Arévalo es el padre de los menores, y adjuntó a
este los documentos requeridos.

Subsanado lo anterior, mediante auto del 15 de octubre de 2025, se admitió la
solicitud de tutela y se ordenó notificar esta decisión a los accionantes, a los
magistrados que integran el Tribunal Administrativo del Caquetá y al juez
quinto administrativo del circuito judicial de Florencia, a quienes se les otorgó
el término de 3 días para que se pronunciaran.

De igual manera, se vincularon como terceros con interés a la Nación, Fiscalía
General de la Nación y a la Nación, Rama Judicial; demandadas en el proceso
ordinario del cual se derivaron las decisiones judiciales enjuiciadas, en
ocasión al interés que les asiste en las resultas del presente trámite.

Adicionalmente, se requirió el expediente del proceso ordinario y se reconoció
personería a la apoderada de la parte actora.

1.6 Intervenciones

Efectuadas las notificaciones respectivas, se presentaron las siguientes
intervenciones:

1.6.1. Juzgado Quinto Administrativo del Circuito Judicial de Florencia

La autoridad remitió el enlace del expediente digital del proceso con radicado
18001-33-33-003-2019-00156-00, sin pronunciarse respecto a la controversia
planteada por la parte actora.

1.6.2 Nación, Fiscalía General de la Nación

Por medio de escrito allegado por la Profesional Especializada de la Dirección
de Asuntos Jurídicos de la entidad, solicitó que se declare la falta de
legitimación en la causa por pasiva, al no existir relación de causalidad de
acción u omisión del organismo con la presunta vulneración de los derechos
fundamentales alegados por los accionantes, y al no tener las facultades ni la
competencia para acceder a las pretensiones de la parte actora.

De igual forma, argumentó que el amparo no cumple con los requisitos de
subsidiariedad y relevancia constitucional, y consideró que no se evidencia, en
el caso concreto, vulneración alguna a las garantías iusfundamentales
invocadas, motivos por los cuales solicitó a su vez declarar la improcedencia
de la acción constitucional.

1.6.3 Los demás vinculados, pese a ser notificados en debida forma,
guardaron silencio.

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Demandantes: Jaime Sánchez Arévalo y otros
Demandados: Tribunal Administrativo del Caquetá,
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II. CONSIDERACIONES

2.1. Competencia

La Sección Quinta del Consejo de Estado es competente para conocer de la
presente acción de tutela, según lo previsto en los Decretos 2591 de 1991 y
1069 de 20154, así como en el Acuerdo 80 de 12 de marzo de 2019.

2.2. Cuestión previa

La Fiscalía General de la Nación, en su escrito de intervención, solicitó la
desvinculación por no haber incurrido en vulneración a derecho fundamental
alguno, al no ser la entidad frente a la cual se formulan las pretensiones.

Sin embargo, la Sala denegará lo solicitado puesto que, según los informes
rendidos en este trámite constitucional, a pesar de que no se le endilga la
vulneración a los derechos fundamentales, esta actuó como parte demandada
dentro del proceso de reparación directa con radicado 18001-33-33-003-2019-
00156-00/01, en el que se dictaron las providencias que están siendo
cuestionadas en el presente trámite constitucional, así que su comparecencia
devenía indispensable por el interés que le asiste en las resultas del proceso.

2.3. Problema jurídico

Corresponde a la Sala verificar si se vulneraron los derechos fundamentales
de la parte actora con las providencias del 15 de diciembre de 2021 y del 26
de febrero de 2025 proferidas por el Juzgado Quinto Administrativo del
Circuito Judicial de Florencia y el Tribunal Administrativo del Caquetá, Sala
Tercera de Decisión, a través de las cuales se negaron, en primera y segunda
instancia, respectivamente, las pretensiones del proceso de reparación directa
impetrado por los accionantes contra la Nación, Fiscalía General de la Nación
y la Nación, Rama Judicial.

Para resolver este problema, se analizarán los siguientes aspectos: i) el
criterio de la Sección sobre la procedencia de la acción de tutela contra
providencias judiciales; ii) el estudio sobre los requisitos adjetivos de
procedibilidad; y finalmente, de encontrarse superados se estudiará, iii) el
fondo del asunto.

2.4. Procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial

La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, en sentencia de 31 de julio de
20125, unificó la diversidad de criterios que la corporación tenía respecto a la
procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales y concluyó:

(…) [S]i bien es cierto que el criterio mayoritario de la Sala Plena de lo
Contencioso Administrativo ha sido el de considerar improcedente la acción de

4 Modificado por el artículo 1º del Decreto 333 de 2021.
5 M.P. María Elizabeth García González, rad. 11001-03-15-000-2009-01328-01.

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tutela contra providencias judiciales, no lo es menos que las distintas Secciones
que la componen, antes y después del pronunciamiento de 29 de junio de 2004
(Expediente AC-10203), han abierto paso a dicha acción constitucional, de
manera excepcional, cuando se ha advertido la vulneración de derechos
constitucionales fundamentales, de ahí que se modifique tal criterio radical y se
admita, como se hace en esta providencia, que debe acometerse el estudio de
fondo, cuando se esté en presencia de providencias judiciales que resulten
violatorias de tales derechos, observando al efecto los parámetros fijados hasta
el momento Jurisprudencialmente.

Conforme al anterior precedente, la Corporación modificó su criterio sobre la
procedencia de la acción de tutela y, en consecuencia, es necesario estudiar
aquellas que se presenten contra providencia judicial y analizar si se vulnera
algún derecho fundamental, observando al efecto los parámetros fijados hasta
el momento por la jurisprudencia, como expresamente lo indicó la decisión de
unificación.

Así, para la Sala ahora es importante precisar bajo qué parámetros se hará
ese estudio, pues la sentencia de unificación se refirió a los «(…) fijados hasta
el momento jurisprudencialmente (…)». En efecto, sabido es que la tutela es
un mecanismo residual y excepcional para la protección de derechos
fundamentales como lo señala el artículo 86 constitucional y, por ende, la
procedencia de esta acción no puede ser ajena a esas características.

La Corte Constitucional se ha referido en forma amplia a unos requisitos
generales y otros específicos de procedencia de la acción de tutela, los cuales
dan origen a que se conceda o niegue el derecho al amparo –sustantiva– o
que impiden efectivamente adentrarnos en el fondo del asunto –adjetiva–.

En ese orden, primero se verifica que la solicitud de tutela cumpla unos
presupuestos generales de procedibilidad. Estos requisitos son: i) que sea
relevante constitucionalmente, ii) que no se trate de tutela contra tutela; iii)
inmediatez, y iv) subsidiariedad, es decir, agotamiento de los requisitos
ordinarios y extraordinarios, siempre y cuando ellos sean idóneos y eficaces
para la protección del derecho que se dice vulnerado.

Cuando no se cumpla con uno de esos presupuestos, la Sección declarará
improcedente el amparo solicitado y no entrará a analizar el fondo del
asunto. Por el contrario, cumplidos esos parámetros corresponderá adentrarse
en la materia objeto del amparo, a partir de los argumentos expuestos en la
solicitud y de los derechos fundamentales que se afirmen vulnerados, en
donde para la prosperidad o negación del amparo se requerirá: i) que la
causa, motivo o razón a la que se atribuya la transgresión sea de tal entidad
que incida directamente en el sentido de la decisión y ii) que la acción no
intente reabrir el debate de instancia.

Cabe reiterar que esta acción constitucional no puede ser considerada como
una «tercera instancia» que se emplee, por ejemplo, para revivir términos,
interpretaciones o valoraciones probatorias que son propias del juez natural.

2.5. Examen de los requisitos: procedencia adjetiva

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2.5.1 En lo referente al requisito de relevancia constitucional cabe señalar
que la Corte Constitucional en la sentencia SU-215 de 2022 explicó que, dado
que las sentencias hacen tránsito a cosa juzgada, cuando se presente un
mecanismo de amparo constitucional contra una decisión judicial «(...) el juez
de tutela debe limitarse a analizar los yerros puntuales de la providencia
cuestionada señalados por el accionante, pues tiene vedado adelantar un
control oficioso y exhaustivo de la providencia reprochada.»

Enfatizó en que cuando se cuestiona una providencia de una alta Corte, el
análisis de procedencia debe ser más restrictivo teniendo en cuenta que la
decisión fue proferida por un órgano de cierre. En ese sentido, el alto tribunal
constitucional consideró que la tutela implica un juicio de validez y no una
corrección del fallo objeto de reparo, por lo que no se puede utilizar este
instrumento como una instancia adicional para discutir cuestiones probatorias
o formas de interpretación de las normas que se zanjaron por el juez natural.

Igualmente, dicha corporación precisó que el requisito de la relevancia
constitucional «protege el carácter subsidiario de la acción de tutela, las
competencias tanto del juez de tutela como del ordinario, y previene que este
mecanismo se convierta en una instancia o recurso adicional para reabrir
debates meramente legales» y explicó en detalle los criterios que se deben
tener en cuenta para verificar si se supera esta exigencia, los cuales son:

(...) (i) [Q]ue el asunto tenga la entidad para interpretar, aplicar, desarrollar la
Constitución Política o determinar el alcance de un derecho fundamental; (ii)
que la controversia no se limite a una discusión meramente legal o de
contenido estrictamente económico con connotaciones particulares o privadas;
y, (iii) que se justifique razonablemente una afectación desproporcionada a
derechos fundamentales. Finalmente, cuando la acción de tutela se dirige
contra una providencia judicial de una alta corte, se exige advertir, además, una
vulneración arbitraria o violatoria de derechos fundamentales.

Visto lo anterior y, como quedó expuesto en los antecedentes de este
proveído, la parte actora cuestiona las providencias del 15 de diciembre del
2021 y del 26 de febrero de 2025, a través de las cuales se negaron las
pretensiones en primera y segunda instancia, al concluir que la medida de
aseguramiento impuesta al señor Sánchez Arévalo estuvo fundamentada en
las versiones rendidas por este, así como por las actas de incautación del
dinero, el informe de captura en flagrancia, entre otros elementos materiales
de prueba.

La parte tutelante señaló que los fallos cuestionados incurrieron en
desconocimiento del precedente aplicable para el caso en concreto,
específicamente con respecto a las sentencias SU-072 de 2018 y SU-363 de
2021, proferidas por la Corte Constitucional, así como la proferida el 6 de
mayo de 2024 por la Sección Tercera del Consejo de Estado, dentro el
proceso de radicado número 11001-03-15-000-2023-05020-01.

Esto, al considerar que el Tribunal se limitó a valorar la legalidad de la medida
de aseguramiento impuesta, sin analizar de forma integral la sentencia que

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absolvió al señor Sánchez Arévalo, fundamentada en la atipicidad de la
conducta. Expuso que dicha omisión constituyó una falla en el deber de
motivación y un desconocimiento del precedente judicial obligatorio, puesto
que la decisión absolutoria, al demostrar la configuración de un daño
antijurídico, obliga al juez administrativo a evaluar el caso bajo el régimen de
responsabilidad objetiva, en virtud de la sentencia SU-072 de 2018.

En lo que concierne a este cargo, se advierte que los argumentos presentados
no acreditan la relevancia constitucional requerida, pues el actor pretende
reabrir el debate ya zanjado por el juez natural, ya que se observa en la
sentencia de segunda instancia que el Tribunal Administrativo del Caquetá,
Sala Tercera de Decisión, se refirió a dicho precedente, de la siguiente forma:

Posteriormente, la Corte Constitucional en sentencia de unificación SU-072
del 5 de julio de 2018 indicó que no era procedente acordar una única
fórmula rigurosa e inflexible para el juzgamiento del Estado en los casos de
privación injusta de la libertad, debiéndose establecer en cada caso el
régimen de imputación aplicable; además que el juez administrativo, al
momento de valorar si la privación de la libertad podía calificarse como
injusta, debía llevar a cabo las respectivas valoraciones que superaran el
simple juicio de causalidad, en tanto una interpretación adecuada del artículo
68 de la Ley 270 ed 1996 imponía considerar, independientemente del título
de atribución que se elija, si la decisión adoptada por el funcionario judicial
penal se enmarcaba o no en los presupuestos de razonabilidad,
proporcionalidad y legalidad.

…

Finalmente, es de observar que el referido fallo de tutela del 15 de noviembre
de 2019 se seleccionó para revisión por la Corte Constitucional, quien
mediante sentencia SU-363 de 2021, bajo el radicado 7.785.966, resolvió la
misma, indicando que la sentencia del Consejo de Estado de fecha de 15 de
agosto de 2018 presuntamente había desconocido los derechos a la igualdad
y debido proceso de los accionantes, al negarles las pretensiones dentro de
proceso de reparación directa por privación injusta de la libertad, en la que se
manifestó que la conducta pre-procesal en materia penal no puede constituir
culpa exclusiva de la víctima para eximir responsabilidad patrimonial al
estado.

…

Corresponde a la Sala entrar a analizar si el daño, consistente en la privación
de la libertad de la que fue objeto el señor Jaime Sánchez Arévalo, se reputa
antijurídico y si, por ende, el precitado no se encontraba en el deber jurídico
de soportarlo. Para tal efecto y teniendo en cuenta que, de conformidad con la
jurisprudencia del honorable Consejo de Estado, la imposición de una medida
de aseguramiento privativa de la libertad a una persona que posteriormente
es absuelta en virtud de sentencia ejecutoriada, no conlleva, per sé, a la
declaratoria de responsabilidad patrimonial del Estado; con el fin de
determinar si la decisión restrictiva de la libertad adoptada por el funcionario
judicial se apartó o no de los criterios de legalidad, razonabilidad y
proporcionalidad que gobiernan la imposición de medidas de aseguramiento.

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Sala Tercera de Decisión y otro
Radicado: 11001-03-15-000-2025-05421-00

A partir de lo anterior, para la Sala es evidente que más allá de una
controversia de índole constitucional, lo que se advierte es el desacuerdo con
la conclusión a la que se llegó en las providencias cuestionadas, por el hecho
de no concordar con los intereses de la parte accionante, inconformidad que
no presenta un debate iusfundamental que justifique invadir la órbita del juez
natural.

De la misma forma, de la revisión de la sentencia enjuiciada se advierte que la
autoridad accionada consideró que la decisión que se tomó en el proceso
penal, con relación a la imposición de la medida de aseguramiento, cumplió el
estudio de los criterios de razonabilidad, proporcionalidad y legalidad, en
atención a los elementos materiales de prueba, la naturaleza del delito y las
circunstancias de aquella.

Así las cosas, se evidencia, que lo que plantea la parte actora como
argumentos del presunto desconocimiento del precedente, es en realidad un
desacuerdo en relación con lo decidido en el medio de control de reparación
directa, lo cual no puede ser razón para que el juez constitucional intervenga
en el caso concreto, y no comporta relevancia constitucional.

Ahora bien, los demandantes alegaron también la configuración de un defecto
fáctico por la presunta valoración incompleta de las pruebas, especialmente
de la providencia penal absolutoria, la cual consideran que fue apreciada de
forma incompleta, omitiendo realizar un estudio integral de la misma, lo cual
hubiera resultado, a su juicio, en la aplicación del régimen objetivo de
imputación.

De la revisión de lo argumentado en este cargo, resulta claro que no cumple
con el requisito de relevancia constitucional, toda vez que los reparos de la
parte actora sobre el análisis de la estimación probatoria realizada por los
despachos accionados, solo demuestran una inconformidad con lo resuelto
por ser contrario a sus intereses, mas no conducen a efectuar un estudio
sobre el alcance de los derechos fundamentales presuntamente invocados,
frente a la providencia judicial cuestionada.

En este orden, lo que se pretende es reabrir un debate que se encuentra
superado por el ad quem, pues no existe una argumentación tendiente a
demostrar la grave violación de sus derechos fundamentales y solo plantea un
desacuerdo con la supuesta ausencia de valoración probatoria, con el fin de
que el juez de tutela reevalúe la postura finalmente adoptada por los
despachos enjuiciados, circunstancia que es improcedente.

Lo anterior es de especial importancia, por cuanto el juez constitucional no
puede realizar nuevamente el análisis que respaldó la decisión proferida por el
juez natural, máxime si se tiene en cuenta que los jueces están amparados
por los principios de autonomía e independencia judicial que imponen el
respeto por la cosa juzgada.

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Demandantes: Jaime Sánchez Arévalo y otros
Demandados: Tribunal Administrativo del Caquetá,
Sala Tercera de Decisión y otro
Radicado: 11001-03-15-000-2025-05421-00

Es oportuno señalar que en las sentencias SU-128 de 2021 y SU-215 de 2022
la Corte Constitucional puntualizó que para determinar si un asunto ventilado
tiene relevancia constitucional se debe analizar si la solicitud de amparo
trasciende la mera «inconformidad con las decisiones adoptadas por los
jueces naturales» y que dicho enfoque impide que la tutela sea utilizada
indebidamente para debatir «asuntos de índole probatorio o de interpretación
de la ley que dieron origen a la controversia judicial».

Al no advertirse la transcendencia constitucional de la controversia planteada,
no puede este juez constitucional atribuirse las facultades del funcionario
judicial de instancia, en tanto que implicaría un menoscabo de los principios
de autonomía judicial y de juez natural; además porque la acción de tutela no
es un «juicio de corrección» de la estimación o valoración probatoria que
compete al juez natural. Por lo anterior, el defecto fáctico planteado tampoco
cumple con el requisito de relevancia constitucional.

Lo mismo sucede con la presunta violación directa de la Constitución a partir
del desconocimiento los derechos fundamentales al debido proceso, a la
igualdad y al acceso a la administración de justicia. A pesar de lo
argumentado, se evidencia que este cargo está dirigido a que se varíe el
análisis probatorio realizado por el Tribunal Administrativo del Caquetá, Sala
Tercera de Decisión, tras ser desfavorable a los intereses de los
demandantes, sin que lo pretendido sea trascendente para la determinación
del contenido y alcance de las garantías iusfundamentales invocadas.

Esto, por cuanto el debate sugerido por los actores se centró en la
discrepancia de criterios en torno al raciocinio que sustentó la providencia
cuestionada para negar las pretensiones, reiterando su desacuerdo con la
estimación probatoria y la aplicación del precedente judicial, mas no se
señalaron reparos que denotaran la existencia de una transgresión desmedida
a una garantía constitucional producto de una actuación arbitraria de las
autoridades cuestionadas.

Así las cosas, la Sala declarará improcedente la acción de tutela de la
referencia por no cumplir el requisito de relevancia constitucional, toda vez
que el accionante no desarrolló planteamientos que permitan considerar,
prima facie, que su caso amerita algún pronunciamiento adicional al realizado
en la providencia objeto de reproche.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la ley,

FALLA

PRIMERO: Deniégase la solicitud de desvinculación de la Nación, Fiscalía
General de la Nación.

SEGUNDO: Declárase improcedente la acción de tutela presentada por los

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Demandantes: Jaime Sánchez Arévalo y otros
Demandados: Tribunal Administrativo del Caquetá,
Sala Tercera de Decisión y otro
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señores Jaime Sánchez Arévalo, (en nombre propio y en representación de
los menores Karol Julieth y Andrés Felipe Sánchez Jiménez), Ana Yibe Ariza
Penagos, José Heriberto Sánchez Clavijo, Yefferson Fernando Sánchez
Enciso, Yenifer Fernanda Sánchez Enciso, Faned Sánchez Arévalo, Jhon
Jairo Sánchez Arévalo, Rubén Darío Sánchez Arévalo, Julieth Sánchez
Arévalo y Nubia Leidy Sánchez Arévalo por las razones expuestas en la parte
motiva de esta providencia.

TERCERO: Notifíquese a las partes y a los intervinientes en la forma prevista
en el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.

CUARTO: De no ser impugnada la presente providencia, remítase el
expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA
Presidente

LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado

OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ
Magistrado

PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Magistrado

«Este documento fue firmado electrónicamente. Usted puede consultar la providencia
oficial con el número de radicación en el siguiente enlace:
https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/Casos/procesos.aspx»

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