Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-05421-01
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-05421-01
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2025-05421-01
Consejero ponente: Juan Camilo Morales Trujillo
29 de enero de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Bogotá, D. C., veintinueve (29) de enero de dos mil veintiséis (2026)
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2025-05421-01
Demandante: Jaime Sánchez Arévalo y otros
Demandado: Tribunal Administrativo del Caquetá y otros.
Temas: Impugnación. Tutela contra providencia judicial. Reparación
directa. Privación de la libertad por medida de aseguramiento.
Decisión: Revoca improcedencia y niega amparo.
La Sala decide la impugnación presentada por Jaime Sánchez Arévalo y otros
contra la Sentencia de 6 de noviembre de 2025 de la Sección Quinta del Consejo
de Estado, mediante la cual declaró improcedente la acción de tutela bajo estudio
por falta de relevancia constitucional.
I. ANTECEDENTES
Solicitud de amparo
1. El 1 de septiembre de 2025, Jaime Sánchez Arévalo, en nombre propio y
en representación de sus hijos JSJK1, JSFA, Ana Yibe Ariza Penagos, José
Heriberto Sánchez Clavijo, Yefferson Fernando Sánchez Encizo, Yenifer Fernanda
Sánchez Enciso, Faned Sánchez Arévalo, Jhon Jairo Sánchez Arévalo, Ruben
Dario Sánchez Arévalo, Julieth Sánchez Arévalo y Nubia Leidy Sánchez Arévalo, a
través de apoderado judicial, presentaron una acción de tutela contra el Juzgado 5
Administrativo de Florencia y el Tribunal Administrativo del Caquetá, tras considerar
que las Sentencias de 15 de diciembre de 2021 y 26 de febrero de 20252 expedidas
dentro del proceso de reparación directa No. 18001-33-33-003-2019-00156-00/01,
vulneraron sus derechos fundamentales al debido proceso, acceso a la
administración de justicia e igualdad.
2. A título de amparo constitucional, solicitó dejar sin efectos las sentencias
del 15 de diciembre de 2021 y 26 de febrero de 2025 proferidas por el Juzgado 5
Administrativo de Florencia y el Tribunal Administrativo del Caquetá y, en su lugar,
que se profiera una nueva decisión en la que se accedan a las pretensiones de la
demanda.
1
En aras de proteger la intimidad de los niños, niñas y adolescentes, así como su interés superior, se suprime su nombre de
las providencias judiciales.
2
Decisión que se notificó a través de mensaje de datos enviado el 3 de marzo de 2025.
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Radicación: 11001-03-15-000-2025-05421-01
Demandante: Jaime Sánchez Arévalo y otros
3. Como fundamentos fácticos, el accionante señaló que fue privado de la
libertad entre el 5 de enero de 2013 y el 25 de noviembre de 2014. Periodo durante
el cual permaneció recluido en un establecimiento carcelario, con ocasión de la
presunta comisión del delito de extorsión3.
4. El 31 de marzo de 2014, el Juzgado Único Promiscuo de Paujil – Caquetá,
con función de conocimiento, profirió sentencia absolutoria, decisión que fue
confirmada mediante Sentencia del 7 de mayo de 2018 por el Tribunal Superior de
Florencia. La absolución se sustentó en la ausencia de prueba que permitiera
acreditar una división de tareas entre el señor Sánchez Arévalo y la persona que
realizó la llamada extorsiva, de modo que no fue posible establecer su participación
en la intimidación ejercida contra las victimas para la entrega del dinero.
5. El accionante, junto a otras personas4, promovió demanda de reparación
directa con el fin de que se declarara la responsabilidad del Estado por la privación
de la libertad sufrida entre el 5 de enero de 2013 y el 25 de noviembre de 2014 y,
en consecuencia, se reconociera una indemnización por los perjuicios
ocasionados5.
6. Mediante Sentencia del 15 de diciembre de 2021, el Juzgado 5
Administrativo de Florencia negó las pretensiones de la demanda, al considerar que
el daño derivado de la privación de la libertad del señor Sánchez Arévalo no era
antijuridico, en tanto la medida de aseguramiento impuesta se sustentó en actas de
captura e incautación de dinero, la declaración juramentada de un testigo y diversos
informes.
7. El 21 de enero de 2021, la parte demandante interpuso recurso de
apelación, argumentando que la privación de la libertad fue injusta, pues nunca
existió prueba suficiente que justificara la prolongación de la medida de detención
preventiva intramural. Añadió que no se cumplieron los requisitos subjetivos
previstos en el artículo 308 de la Ley 906 de 2004, dado que la Fiscalía no explicó
ni demostró por qué el accionante representaba un peligro para la sociedad.
Sostuvo que la sentencia de primera instancia avaló de manera indebida la privación
de la libertad, reviviendo el debate propio del juez penal.
8. Mediante Sentencia de 26 de febrero de 2024, el Tribunal Administrativo del
Caquetá confirmó la decisión de primera instancia, tras considerar que la imposición
de una medida de aseguramiento intramural a una persona posteriormente absuelta
no conduce de manera automática a la declaratoria de responsabilidad patrimonial
del Estado. Indicó que era necesario establecer si la decisión restrictiva de la libertad
se apartó de los criterios de legalidad, razonabilidad y proporcionalidad que rigen la
imposición de tales medidas.
3
El accionante fue capturado el 4 de enero de 2013 en el municipio de Cartagena del Chairá en medio de un operativo dirigido
por miembros del Ejército Nacional con ocasión a una denuncia presentada por un propietario de un establecimiento comercial
que había sido víctima de una llamada con fines extorsivos, en la cual le habrían exigido a uno de sus empleados 1.000.000
de pesos y habrían enviado al señor Sánchez Arévalo a recoger el dinero producto de la extorsión. La Fiscalía General de la
Nación elevó solicitud de imposición de medida de aseguramiento intramural, solicitud que fue resulta favorablemente por la
Juez 1 Municipal de Florencia con función de control de garantías.
4
Hijos, padres y hermanos
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Rad. 18001-33-33-003-2019-00156-00.
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Demandante: Jaime Sánchez Arévalo y otros
9. Precisó que debía acreditarse la vulneración de una obligación a cargo del
Estado. Tras verificar el cumplimiento de los requisitos legales tanto por quien
solicitó la medida como por quien la impuso, sin revivir la responsabilidad penal,
concluyó que la decisión se sustentó en las versiones rendidas por la víctima, las
actas de incautación del dinero y el informe de captura en flagrancia, elementos que
permitieron inferir de manera razonable, una posible participación del accionante
como coautor, cómplice o coparticipe. Por ello, determinó que la medida de
detención preventiva intramural no desconoció los criterios de legalidad y que el
daño alegado no era imputable a la Nación – Rama Judicial y Fiscalía General de
la Nación.
10. Como fundamento de la vulneración, el accionante sostuvo que la acción
de tutela cumplía los requisitos de procedibilidad exigidos para controvertir
providencias judiciales, al considerar que la sentencia cuestionada desconoció
precedentes vinculantes, pues evaluó la existencia de una falla en el servicio sin
analizar la aplicación del régimen objetivo de responsabilidad estatal.
11. Afirmó que se desconoció el precedente judicial al sostener que cuando la
absolución de una persona previamente privada de la libertad se fundamenta en la
inexistencia del hecho o en la atipicidad de la conducta, debe aplicarse el régimen
objetivo de responsabilidad del Estado, en la medida en que se configura un daño
antijuridico imputable a la administración de justicia. Para sustentar su posición citó
las Sentencias C-037 de 1996, SU-072 de 2018, y SU-363 de 2021 de la Corte
Constitucional, así como los casos Trabajadores Cesados del Congreso (Aguado
Alfaro y otros) contra Perú y López Alvares contra Honduras de la Corte
Interamericana de Derechos Humanos.
12. En igual sentido, señaló que, al haberse absuelto en el proceso penal, la
responsabilidad debía analizarse bajo el régimen objetivo, conforme a lo dispuesto
en la Sentencia SU-072 de 2018 y a diversos pronunciamientos del Consejo de
Estado6.
13. Finalmente, alegó la configuración de un defecto fáctico, al estimar que el
Tribunal realizó una valoración deficiente, fragmentada e incompleta del material
probatorio, en especial de la providencia absolutoria, y advirtió una violación de la
Constitución por el desconocimiento de los derechos fundamentales al debido
proceso, igualdad y acceso a la administración de justicia.
Intervenciones7
14. El Juzgado 5 Administrativo de Caquetá adjunto el link del expediente
digital.
6
Mencionó la Sentencia del 6 de julio de 2020, Rad. 85001-2331-000-2012-00018-02 del Consejo de Estado, Sentencia del
28 de octubre de 2022, Rad. 08001-2331-000-2011-00573-01, Sentencia del 6 de mayo de 2024, Rad. 11001-03-15-000-
2023-05020-01 del Consejo de Estado.
7
Mediante Auto del 15 de septiembre de 2025, se admitió la acción de tutela y se ordenó su notificación al Tribunal
Administrativo de Caquetá y al Juzgado 5 Administrativo de Florencia, así como a la Fiscalía General de la Nación y a la
Nación – Rama Judicial
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Demandante: Jaime Sánchez Arévalo y otros
15. La Fiscalía General de la Nación alegó su falta de legitimación por pasiva,
en la medida en que no puede desplegar actuación alguna orientada a satisfacer lo
pretendido por los accionantes. Asimismo, consideró que la acción de tutela no
cumple los requisitos de procedencia.
16. Agregó que la entidad no ha vulnerado derechos fundamentales de los
accionantes, dado que no existe una relación de causalidad entre las actuaciones
de la Fiscalía General de la Nación y la presunta afectación de tales garantías.
17. Señaló que la acción de tutela no satisfizo el requisito de subsidiariedad,
por cuanto existen otros mecanismos idóneos para ventilar la controversia. En
consecuencia, solicitó declarar la improcedencia de la acción y la falta de
legitimación en la causa por pasiva.
18. El Tribunal Administrativo del Caquetá y la Rama Judicial no se
pronunciaron, a pesar de haber sido debidamente notificados.
Sentencia impugnada
19. El 6 de noviembre de 2025, la Sección Quinta del Consejo de Estado
declaró improcedente la acción de tutela al considerar que no se cumplía el requisito
de relevancia constitucional. Indicó que los accionantes cuestionaron el
razonamiento que sustentó la providencia atacada, reiterando su desacuerdo con el
análisis probatorio y la aplicación del precedente, sin demostrar una trasgresión
desproporcionada de sus garantías constitucionales.
Impugnación
20. Los accionantes impugnaron la decisión, al estimar que el juez de instancia
desconoció que el asunto trasciende el ámbito meramente legal o probatorio, pues
plantearon un problema de interpretación relacionado con el alcance del derecho
fundamental a la libertad personal y con la responsabilidad patrimonial del Estado
por privación injusta de la libertad, conforme al artículo 90 de la Constitución Política.
21. Sostuvieron que el caso presenta una clara dimensión fundamental, razón
por la cual supera el examen de relevancia constitucional. Indicaron que el Tribunal
Administrativo del Caquetá incurrió en desconocimiento del precedente judicial y en
un defecto fáctico, al aplicar un régimen de responsabilidad subjetiva cuando
correspondía aplicar el régimen objetivo. Añadieron que no se realizó un análisis
integral del fallo penal absolutorio, el cual evidenció la existencia de atipicidad en la
conducta, lo que condujo a una motivación insuficiente para apartarse del
precedente judicial.
22. Alegaron la vulneración directa de la Constitución Política, al desconocer el
mandato de responsabilidad objetiva del Estado previsto en el artículo 90, al
supeditar la procedencia de la indemnización a la demostración de una falla en el
servicio judicial.
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Demandante: Jaime Sánchez Arévalo y otros
II. CONSIDERACIONES
Competencia
23. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 86 de la Constitución Política, el
Decreto 1069 de 2015, Único Reglamentario del Sector Justicia, y el Acuerdo No.
80 de 2019, Reglamento Interno del Consejo de Estado, esta Sala es competente
para conocer del proceso de la referencia.
Cuestión previa
24. En la acción de tutela se estudiará únicamente la posible vulneración de los
derechos fundamentales alegados frente a la Sentencia de 26 de febrero de 2025
proferida por del Tribunal Administrativo del Caquetá debido a que se trata de
autoridad que definió el asunto en segunda instancia y, en todo caso, sería la
autoridad competente para dar cumplimiento a las órdenes que eventualmente se
impartan.
25. Si bien los accionantes mencionaron expresamente una violación directa de
la Constitución, la Sala lo analizará de manera conjunta con los demás defectos
alegados debido a que los argumentos utilizados se enmarcan en una misma línea
argumentativa.
Problema jurídico
26. Corresponde a la Sala determinar si la presente acción de tutela cumple con
los requisitos generales de procedibilidad para controvertir la Sentencia del 26 de
febrero de 2025. De ser así, deberá establecerse si esa providencia judicial
desconoció los derechos fundamentales a la igualdad, debido proceso y acceso a
la administración de justicia, al no aplicar el régimen de responsabilidad objetiva
dentro del medio de control de reparación directa, en el que se debatía la
responsabilidad del Estado derivada de la imposición de una medida de
aseguramiento intramural a una persona que posteriormente fue absuelta por el juez
penal.
Procedibilidad de la acción de tutela contra providencia judicial
27. La Sala revocará la Sentencia de 6 de noviembre de 2025 de la Sección
Quinta del Consejo de Estado, por las razones que pasan a explicarse:
28. Contrario a lo que sostuvo el juez de tutela de primer grado, la controversia
sí posee relevancia constitucional, pues el asunto en discusión se centra en la
posible vulneración de los derechos fundamentales a la igualdad, debido proceso y
acceso a la administración de justicia de cara a la Sentencia del 26 de febrero de
2025 del Tribunal Administrativo del Caquetá, en la que se discutió la
responsabilidad del Estado por la privación de la libertad del señor Sánchez Arévalo.
Aunado a ello, no puede perderse de vista que los reparos fueron dirigidos contra el
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análisis y valoración que hizo concretamente el juez de segunda instancia del
proceso ordinario y el asunto bajo estudio no es de carácter eminentemente legal o
económico.
29. Frente a los demás requisitos generales de procedencia la Sala advirtió que:
(1) se encontró satisfecha la legitimación en la causa, tanto activa como pasiva,
puesto que el accionante participó como parte demandante dentro del proceso No.
18001-33-33-003-2019-00156-00/01 y la decisión objeto de cuestionamiento fue
emitida por el Tribunal Administrativo del Caquetá; (2) se cumplió con el requisito
de subsidiariedad, ya que la parte actora agotó todos los recursos judiciales
disponibles para procurar la defensa de sus derechos; (3) la acción de tutela fue
presentada el 1 de septiembre de 2025, esto es, dentro del plazo de 6 meses
contados a partir de la notificación de la providencia enjuiciada8; (4) no se alegó una
irregularidad procesal; (5) los hechos y fundamentos en los que se basó la presunta
vulneración de derechos fueron identificados de manera razonable; y (6) la tutela no
fue presentada contra una providencia de la misma naturaleza.
Análisis de vulneración alegada: estudio de defectos
30. La Sala negará la solicitud de amparo, por las siguientes razones:
31. Para analizar el defecto fáctico alegado, se revisará la presunta indebida
valoración de la sentencia la sentencia absolutoria. Para ello, es necesario revisar
lo que dijo el Tribunal Administrativo del Caquetá a la hora de estudiar esta prueba:
«Así pues, sometida a análisis la decisión por medio de la cual el juez de control de
garantías decretó la imposición de la medida de aseguramiento consistente en
detención preventiva en establecimiento de reclusión contra el encausado, encuentra
la sala que esta satisfizo el estudio de los requisitos objetivos y subjetivos que
comprenden el test de procedencia, necesidad, razonabilidad y proporcionalidad que
gobierna la imposición de medidas de esta índole; análisis que, confrontado con los
elementos materiales de prueba recaudados por la Fiscalía, debe ofrecerle al Juez por
lo menos una inferencia razonable de la autoría o participación del imputado en las
conductas punibles investigadas, tal como ocurrió en el asunto sub examine.
En ese orden, la decisión de la Jueza Primera Penal Municipal de Florencia estuvo
motivada en las versiones rendidas por la misma víctima, las actas de incautación del
dinero, el informe de captura en flagrancia, entre otros elementos materiales de prueba
que, en esa etapa de la investigación, pese a no brindar al Funcionario Judicial una
certeza sobre la responsabilidad penal del procesado en la comisión del delito, sí le
permitieron inferir que este, probablemente, podría ser coautor, cómplice o copartícipe
de la misma, lo cual en nada vulneró los principios de legalidad y de presunción de
inocencia.
Bajo ese entendimiento, las documentales aportadas a esta actuación permiten advertir
que el Juez de control de garantías accedió a la solicitud de imposición de medida de
aseguramiento elevada por la fiscalía atendiendo las exigencias constitucionales y
legales en lo relativo al test de ponderación, sin que sea de recibo el argumento de la
alzada según el cual los elementos materiales de prueba no soportaban la imposición
de una medida de aseguramiento, pues amén de la captura en flagrancia, la gravedad
y modalidad de la conducta punible investigada y en virtud de lo dispuesto por la Ley
1121 de 2007, la funcionaria judicial logró determinar el peligro que la libertad del
imputado representaba para la comunidad y para las víctimas, lo que a su vez tornaba
8
Decisión que se notificó a través de mensaje de datos enviado el 3 de marzo de 2025.
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Demandante: Jaime Sánchez Arévalo y otros
objetiva y subjetivamente necesaria la imposición de una medida esa naturaleza.
Véase: (…)
Tanto es así, que que fue “ratificada” por el Juez Tercero Penal Municipal y el Juez
Segundo Penal del Circuito de Florencia, quienes fueron contestes al negar en primera
y segunda instancia la solicitud de revocatoria de la medida de aseguramiento
impetrada por la defensa con fundamento en diferentes certificaciones sobre el arraigo
y el buen nombre del imputado, al considerar que dichas documentales no constituyen
prueba suficiente “que desvirtúe la flagrancia y por ende se pueda inferir
razonablemente que desapareció el requisito previsto en el numeral segundo del
artículo 308 de la ley 906 de 2004”; circunstancia que nos permite descartar la ilegalidad
o desproporcionalidad de la medida.»
32. No se advierte que el Tribunal haya incurrido en una actuación arbitraria o
irrazonable. Por el contrario, partiendo del criterio según el cual la imposición de una
medida de aseguramiento privativa de la libertad a una persona que posteriormente
resulta absuelta mediante sentencia ejecutoriada no genera, por si misma, la
responsabilidad patrimonial del Estado. La autoridad enjuiciada realizó una
valoración integral de la sentencia absolutoria en concordancia con la medida de
aseguramiento consistente en detención preventiva en establecimiento de
reclusión. A partir de dichos análisis, concluyó que la medida cumplió con los
requisitos objetivos y subjetivos de procedencia, necesidad, razonabilidad y
proporcionalidad, al encontrarse debidamente motivada en los medios materiales
probatorios propios de esa etapa de la investigación.
33. Conviene recordar que las autoridades judiciales actúan con independencia
y autonomía, y que dentro de sus funciones se encuentra la valoración del acervo
probatorio recaudado en el proceso. En este contexto, la intervención del juez
constitucional solo resulta procedente cuando se evidencia un error manifiesto que
contraríe los principios de la sana crítica. El hecho de que la decisión adoptada por
el Tribunal no coincida con las pretensiones de la parte accionante no implica, por
sí mismo, la configuración de un defecto fáctico, máxime cuando la interpretación
probatoria fue razonable y no se advierten omisiones ni yerros en su valoración.
34. En consecuencia, la Sala concluye que el Tribunal Administrativo del
Caquetá efectuó una valoración razonable de los elementos probatorios y sustentó
su decisión en un análisis debidamente motivado. El simple desacuerdo de una de
las partes con el sentido del fallo no constituye, por sí solo, una irregularidad ni una
vulneración de derechos fundamentales.
35. En relación con el presunto desconocimiento del precedente, la Sala no
advierte que este se haya configurado. Los accionantes alegan la vulneración de
las Sentencias C-037 de 19969, SU-072 de 201810 y SU-363 de 202111 de la Corte
Constitucional, las cuales se refieren a la determinación de la responsabilidad del
9
La sentencia en cuestión adelantó el estudio de constitucionalidad del proyecto de ley estatutaria que dio origen a la Ley
270 de 1996.
10
En dicha oportunidad, la Corte Constitucional examinó 2 acciones de tutela interpuestas contra fallos proferidos por el
Consejo de Estado dentro de procesos de reparación directa por privación injusta de la libertad. Como resultado de este
análisis, la Corte concluyó que el artículo 90 de la Constitución Política no consagra un régimen específico de imputación
estatal, ni tampoco lo hacen el artículo 68 de la Ley 270 de 1996 ni la Sentencia C-037 de 1996, cuando el hecho generador
del presunto daño antijurídico es la privación de la libertad. En consecuencia, corresponde al juez administrativo determinar,
en cada caso concreto, el régimen de imputación aplicable, atendiendo a sus particularidades fácticas y jurídicas.
11
La Corte reiteró las reglas fijadas en la Sentencia SU-072 de 2018, según las cuales es necesario analizar, caso por caso,
si la medida restrictiva de la libertad fue manifiestamente irrazonable o desproporcionada, pues no puede predicarse, como
regla general, la existencia de una responsabilidad objetiva del Estado.
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Demandante: Jaime Sánchez Arévalo y otros
Estado en los procesos de reparación directa por privación injusta de la libertad. Sin
embargo, dichas providencias coinciden en señalar que no existe un régimen único
o predeterminado de responsabilidad aplicable a este tipo de casos y que
corresponde al juez administrativo definir en cada asunto concreto el régimen de
imputación procedente. En este sentido, se observa que el Tribunal Administrativo
del Caquetá sustentó su decisión en la Sentencia SU-072 de 2018, postura vigente
que constituye precedente vinculante. Ello desvirtúa el planteamiento de los
accionantes, según el cual la privación de la libertad derivada de una detención
preventiva seguida de absolución debía analizarse, de manera automática, bajo un
régimen de responsabilidad objetiva.
36. Ahora bien, frente a las Sentencias del 6 de julio de 2020, Rad. 85001-23-
31-000-2012-00018-0212, del 28 de octubre de 2022, Rad. 08001-23-31-000-2011-
00573-0113 y del 6 de mayo de 2024, Rad. 11001-03-15-000-2023-05020-0114,
todas proferidas por el Consejo de Estado, se concluye que no resultan aplicables
como precedente en el presente caso. Las dos primeras no presentan identidad
fáctica ni jurídica con el asunto bajo estudio y, aunque en la sentencia
correspondiente al radicado No. 08001-23-31-000-2011-00573-01 se confirmó la
aplicación del régimen objetivo de responsabilidad estatal por parte del tribunal de
primera instancia, dicho criterio obedeció a un supuesto distinto, relacionado con la
preclusión de la actuación penal. Por su parte, la sentencia proferida dentro del
radicado No. 11001-03-15-000-2023-05020-01 fue emitida en el marco de una
acción de tutela, razón por la cual no constituye precedente aplicable para el análisis
del caso concreto.
37. Finalmente, en cuanto a los casos Trabajadores Cesados del Congreso
(Aguado Alfaro y otros) vs. Perú15 y López Álvarez vs. Honduras16, resueltos por la
Corte Interamericana de Derechos Humanos, tampoco resultan pertinentes, en la
medida en que se sustentan en contextos fácticos y jurídicos sustancialmente
distintos a los que se examinan en el presente asunto.
En mérito de lo expuesto, la Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de
Estado, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por
autoridad de la ley,
12
Estudió una demanda de reparación directa por privación injusta de la libertad promovida por varias personas acusadas de
los delitos de secuestro simple, homicidio agravado y rebelión, respecto de quienes se declaró la extinción de la acción penal.
En dicho caso, las pretensiones fueron negadas al no haberse acreditado la existencia de un daño antijurídico.
13
Resolvió una demanda encaminada a obtener la reparación por la privación injusta de la libertad de una persona investigada
por el delito de acto sexual violento. El Consejo de Estado confirmó la sentencia de primera instancia que declaró la
responsabilidad de la Fiscalía General de la Nación y de la Rama Judicial.
14
Analizó una acción de tutela interpuesta contra una providencia judicial que negó las pretensiones de una persona que
demandaba a la Nación – Rama Judicial y a la Fiscalía General de la Nación por privación injusta de la libertad. En este caso,
se ampararon los derechos fundamentales de los accionantes, al evidenciarse que en la sentencia del proceso ordinario no
se examinó adecuadamente la decisión absolutoria penal ni se tuvo en cuenta el precedente fijado en la Sentencia SU-072
de 2018.
15
Hizo referencia a un caso en el que se declaró la responsabilidad del Estado por la vulneración de las garantías y de la
protección judicial de 257 trabajadores despedidos arbitrariamente tras el autogolpe de 1992, al habérseles impedido el
acceso a recursos judiciales efectivos de amparo.
16
Abordó la responsabilidad internacional del Estado por la detención ilegal y arbitraria de Alfredo López Álvarez, las
condiciones de su reclusión y la ausencia de un debido proceso que permitiera cuestionar dicha situación.
8
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Radicación: 11001-03-15-000-2025-05421-01
Demandante: Jaime Sánchez Arévalo y otros
III. RESUELVE
PRIMERO. REVOCAR la Sentencia de 6 de noviembre de 2025 de la Sección
Quinta del Consejo de Estado y, en su lugar, NEGAR el amparo presentado por
Jaime Sánchez Arévalo, actuando en nombre propio y en representación de sus
hijos JSJK, JSFA, Ana Yibe Ariza Penagos, José Heriberto Sánchez Clavijo,
Yefferson Fernando Sánchez Encizo, Yenifer Fernanda Sánchez Enciso, Faned
Sánchez Arévalo, Jhon Jairo Sánchez Arévalo, Ruben Dario Sánchez Arévalo,
Julieth Sánchez Arévalo y Nubia Leidy Sánchez Arévalo, de conformidad con los
argumentos expuestos en la parte motiva de esta sentencia.
SEGUNDO. REMITIR el expediente de tutela a la Corte Constitucional para su
eventual revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,
JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Consejero de Estado
Firmado electrónicamente
JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Consejero de Estado
Firmado electrónicamente
LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Consejero de Estado
Firmado electrónicamente
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente a través de la plataforma del
Consejo de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad,
conservación y posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.
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Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
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