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Consejo de Estado · Sección Quinta

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 11001-03-15-000-2025-05428-01

Fecha
5 de diciembre de 2025
Consejero ponente
Adriana Polidura Castillo

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 11001-03-15-000-2025-05428-01

Consejo de Estado · Sección Quinta

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO: MODIFICAR la sentencia proferida el 25 de septiembre de 2025 por el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A y, en su lugar, DECLARAR IMPROCEDENTE la acción de tutela presentada por Joaquín Felipe Negrette Sepúlveda en contra del Consejo de Estado, Sección Quinta y del Tribunal Administrativo del Córdoba por no cumplir con los requisitos de subsidiariedad y relevancia constitucional, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia. SEGUNDO: NOTIFICAR la presente decisión a las partes y a los interesados, por el medio más expedito. TERCERO: REMITIR la presente providencia a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Quinta

Radicado 11001-03-15-000-2025-05428-01

Consejero ponente: Adriana Polidura Castillo

5 de diciembre de 2025

Radicado: 11001-03-15-000-2025-05428-01
Accionante: Joaquín Felipe Negrette Sepúlveda

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN C

CONSEJERA PONENTE: ADRIANA POLIDURA CASTILLO

Bogotá D.C., cinco (5) de diciembre de dos mil veinticinco (2025)

Radicación: 11001-03-15-000-2025-05428-01
Accionante: Joaquín Felipe Negrette Sepúlveda
Accionado: Consejo de Estado, Sección Quinta y Tribunal Administrativo de
Córdoba
Referencia: Acción de tutela

Tutela contra providencia judicial. Requisitos de procedencia. Subsidiariedad. Relevancia
Constitucional.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

La Sala resuelve la impugnación formulada por la parte accionante en contra de la
sentencia del 25 de septiembre de 2025 proferida por el Consejo de Estado-Sección
Segunda-Subsección A que declaró improcedente el amparo solicitado frente a los
reparos expuestos en contra del Tribunal Administrativo de Córdoba y negó la solicitud
con relación a la Sección Quinta de esta Corporación.

I. ANTECEDENTES

1. Solicitud de tutela

Joaquín Felipe Negrette Sepúlveda, en nombre propio1, presentó escrito en el que
solicitó el amparo de sus derechos fundamentales al debido proceso, a la igualdad y de
acceso a la administración de justicia, los cuales consideró vulnerados por el Consejo
de Estado-Sección Quinta y el Tribunal Administrativo del Córdoba, con ocasión de los
autos proferidos el 13 de agosto de 2025 y el 15 y 28 de julio del mismo año,
respectivamente, en el trámite del medio de control de nulidad electoral identificado bajo
el radicado número 23001-23-33-000-2024-00002-00/01/02/03.

2. Hechos

El escrito de tutela se sustenta en la siguiente relación fáctica2:
2.1. La parte accionante manifestó que el ciudadano Rubén Darío Bula Castaño
promovió demanda en ejercicio del medio de control de nulidad electoral en contra del
1 Índice 00002 expediente primera instancia aplicativo SAMAI con certificado núm. 1985AAD5DF4411DE
96405974E486639E B5A36B61DD151220 00BBB1DF2B2FE3E6.
2 Ibidem / actuaciones del proceso ordinario incorporadas en SAMAI, en el siguiente enlace electrónico:

https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/list_procesos.aspx?guid=230012333000202400002031100103

Radicado: 11001-03-15-000-2025-05428-01
Accionante: Joaquín Felipe Negrette Sepúlveda

acto de elección de Ovidio Miguel Hoyos Paternina como alcalde del municipio de
Pueblo Nuevo, Córdoba.

2.2. El asunto le correspondió por reparto al Tribunal Administrativo de Córdoba, bajo el
radicado número 23001-23-33-000-2024-00002-00, autoridad que dictó auto admisorio
del 12 de enero de 2024. Impartido el trámite correspondiente, el actor solicitó ante la
autoridad ser tenido como coadyuvante del demandante, lo cual fue decidido
desfavorablemente.

2.3. Mediante sentencia del 9 de junio de 2025, el tribunal negó las pretensiones de la
demanda; decisión que fue notificada a través de correo electrónico del 24 de junio de
2025.

2.4. Con ocasión de lo anterior, expuso que presentó recurso de apelación dentro del
término legal, el cual fue rechazado por el Despacho ponente mediante auto del 15 de
julio de 2025, al considerar que fue interpuesto de forma extemporánea. Inconforme con
esa decisión, promovió recurso de reposición que fue resuelto el 28 de julio de 2025, en
el sentido de mantener la decisión incólume.

2.5. El 4 de agosto de 2025, el expediente fue remitido a la Sección Quinta del Consejo
de Estado para resolver el recurso de apelación radicado por el demandante. En
proveído del 13 de agosto siguiente fue admitido y, a su juicio, de manera tácita, resolvió
a su favor el reclamo expuesto frente a la presentación oportuna del recurso, por lo que
pidió la adición y/o aclaración de la providencia, para incluir de manera expresa la
admisión de este en la parte resolutiva.

2.6. En ese orden, la mencionada Sección rechazó de plano su solicitud, dado que el
actor carecía de facultad autónoma para actuar en su condición de coadyuvante, en la
medida que el demandante del proceso ordinario no solicitó la aplicación de tal figura,
de conformidad con lo expuesto en el artículo 228 de la Ley 1437 de 2011 3 y su
competencia respecto a la admisión del recurso de apelación se limitaba al concedido
en primera instancia.

3. Pretensiones y argumentos de la tutela

3.1. La parte actora solicitó al juez constitucional amparar sus derechos fundamentales
al debido proceso, a la igualdad y de acceso a la administración de justicia. Como
consecuencia de ello, pidió: i) dejar sin efectos los autos del 15 y 28 de julio de 2025
proferidos por el Tribunal Administrativo de Córdoba y del 13 de agosto de 2025 dictado
por el Consejo de Estado, Sección Quinta, y que se ii) ordene a la Sección Quinta de

3 Ley 1437 de 2011. Artículo 228. Intervención de terceros en procesos electorales e improcedencia en los

procesos de pérdidas de investidura. En los procesos electorales cualquier persona puede pedir que se la tenga
como impugnador o coadyuvante. Su intervención solo se admitirá hasta el día inmediatamente anterior a la fecha de
celebración de la audiencia inicial. En los procesos de pérdida de investidura de miembros de corporaciones de
elección popular no se admitirá intervención de terceros.

Radicado: 11001-03-15-000-2025-05428-01
Accionante: Joaquín Felipe Negrette Sepúlveda

esta Corporación admitir el recurso de apelación propuesto en su calidad de
coadyuvante.

3.2. Como fundamento de la acción de tutela manifestó, que la parte accionada incurrió
en un defecto procedimental absoluto al impedir su acceso a la segunda instancia,
pese a que interpuso de manera oportuna el recurso de apelación en contra de la
sentencia proferida por el a quo.

3.3. Además, adujo la configuración del defecto sustantivo, en atención a la indebida
interpretación del contenido del artículo 205 del CPACA4, pues no tuvo en cuenta que
los dos días hábiles siguientes al envío del mensaje de datos allí previstos “deben de
pasar o concluir” para que se entienda notificada la providencia, lo que conllevó a
desconocer la jurisprudencia del Consejo de Estado y de la Corte Constitucional sobre
la forma en que debe contabilizarse el término de las providencias notificadas
electrónicamente.

Por lo anterior, la notificación debió entenderse surtida el 27 de junio de 2025, por lo que
el término para interponer recurso inició el 1° de julio del mismo año y finalizó el 7 de
julio siguiente.

A su juicio, el ad quem, aunque reconoció ese error, no lo subsanó en el auto del 13 de
agosto de 2025, por lo que desconoció sus obligaciones procesales, dando prevalencia
al derecho formal sobre el sustancial y apartándose del contenido obligatorio del artículo
292 del CPACA5.

3.4. También indicó que hubo un exceso ritual manifiesto, al no tener en cuenta que
la solicitud de aclaración o adición del auto del 13 de agosto de 2025 no se opuso a las
actuaciones de la parte que coadyuvaba ni la afectaba, conforme a lo establecido en el
artículo 228 del CPACA, en consonancia con el artículo 71 del CGP6, por lo cual era
procedente.

4 Ley 1437 de 2011. Artículo 205. Notificación por medios electrónicos. La notificación electrónica de las
providencias se someterá a las siguientes reglas: 1. La providencia a ser notificada se remitirá por el Secretario al
canal digital registrado y para su envío se deberán utilizar los mecanismos que garanticen la autenticidad e integridad
del mensaje. 2. La notificación de la providencia se entenderá realizada una vez transcurridos dos (2) días hábiles
siguientes al envío del mensaje y los términos empezarán a correr a partir del día siguiente al de la notificación. Se
presumirá que el destinatario ha recibido la notificación cuando el iniciador recepcione acuse de recibo o se pueda
por otro medio constatar el acceso del destinatario al mensaje. El Secretario hará constar este hecho en el
expediente. De las notificaciones realizadas electrónicamente se conservarán los registros para consulta permanente
en línea por cualquier interesado.
5 Ley 1437 de 2011. Artículo 292. Apelación de sentencia. El recurso se interpondrá y sustentará ante él a quo en

el acto de notificación o dentro de los cinco (5) días siguientes, y se concederá en el efecto suspensivo. Si el recurso
no es sustentado oportunamente el inferior lo declarará desierto y ejecutoriada la sentencia. Sustentado el recurso,
se enviará al superior a más tardar al día siguiente para que decida sobre su admisión. Si reúne los requisitos legales,
será admitido mediante auto en el que ordenará a la Secretaría poner el memorial que lo fundamente a disposición
de la parte contraria, por tres (3) días. Si ambas partes apelaren, los términos serán comunes. Contra el auto que
concede y el qué admite la apelación no procede recurso. PARÁGRAFO. Los Secretarios serán responsables de las
demoras que ocurran en el envío de los expedientes.
6 Ley 1564 de 2012. Artículo 71. Coadyuvancia. Quien tenga con una de las partes determinada relación sustancial

a la cual no se extiendan los efectos jurídicos de la sentencia, pero que pueda afectarse si dicha parte es vencida,
podrá intervenir en el proceso como coadyuvante de ella, mientras no se haya dictado sentencia de única o de
segunda instancia. El coadyuvante tomará el proceso en el estado en que se encuentre en el momento de su
intervención y podrá efectuar los actos procesales permitidos a la parte que ayuda, en cuanto no estén en oposición

Radicado: 11001-03-15-000-2025-05428-01
Accionante: Joaquín Felipe Negrette Sepúlveda

3.5. Finalmente, consideró que el superior jerárquico debió resolver de manera oficiosa
sobre la admisibilidad o no del recurso, corregir errores de fondo o forma en garantía del
acceso efectivo a la administración de justicia.

4. Trámite de tutela e intervenciones en primera instancia

4.1. El Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A mediante auto del 2 de
septiembre de 20257 admitió la acción de tutela, dispuso la vinculación como terceros
con interés a los señores Rubén Darío Bula Castaño y Ovidio Miguel Hoyos Paternina.
Asimismo, se requirió a la Sección Quinta del Consejo de Estado para que allegara al
trámite constitucional el expediente adelantado bajo el radicado núm. 23001-23-33-000-
2024-00002-00/01/02/03.

4.2. El Consejo de Estado, Sección Quinta8 expuso que, una vez revisada la solicitud
de amparo evidenció que la verdadera pretensión del accionante es convertir el
escenario constitucional en una tercera instancia, toda vez que el asunto debatido fue
resuelto ante el juez natural, en concordancia con el criterio jurisprudencial vigente que
rige la materia.

Adicionalmente, destacó que no se demostró el cumplimiento del requisito de
subsidiariedad, pues el actor no interpuso el recurso de queja previsto en el artículo 245
del CPACA, actuación que permitió concluir que pretendió trasladar esa discusión al juez
constitucional.

Por lo anteriormente expuesto, solicitó declarar la improcedencia de la acción o, en su
lugar, negar el amparo constitucional.

5. Sentencia de tutela de primera instancia

El 25 de septiembre de 20259, el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A
profirió sentencia de primera instancia en la que declaró la improcedencia de la acción
respecto a los reparos expuestos, en cuanto a los autos proferidos por el Tribunal
Administrativo de Córdoba y negó el amparo en relación con el auto del 13 de agosto de
2025 que dictó la Sección Quinta del Consejo de Estado.

con los de esta y no impliquen disposición del derecho en litigio. La coadyuvancia solo es procedente en los procesos
declarativos. La solicitud de intervención deberá contener los hechos y los fundamentos de derecho en que se apoya
y a ella se acompañarán las pruebas pertinentes. Si el juez estima procedente la intervención, la aceptará de plano y
considerará las peticiones que hubiere formulado el interviniente. La intervención anterior al traslado de la demanda
se resolverá luego de efectuada esta.
7 Índice 00004 expediente primera instancia aplicativo SAMAI, con certificado núm. 7BBE0EAB2BF4CE05

3B5AAD1A0F4AFFE0 D0CA868DF5D363C4 9A329CE56B100962.
8 Índice 00010 expediente primera instancia aplicativo SAMAI, con certificado núm. AF26EC1744654663

A4A53DC85C6728E8 541D272F631F02A5 34E3CE33222EAB89.
9 Índice 00015 expediente primera instancia aplicativo SAMAI, con certificado núm. F046156822F98C49

5B7561F93362C2F2 3383AA717D0D98D6 4C41423203AF87F6.

Radicado: 11001-03-15-000-2025-05428-01
Accionante: Joaquín Felipe Negrette Sepúlveda

Frente al primero de ellos, concluyó que no se cumplió con el requisito de subsidiariedad
en relación con el auto proferido por el Tribunal el 15 de julio de 2025, en el que concedió
el recurso de apelación interpuesto por el demandante contra la sentencia de primera
instancia del 9 de enero de 2025 y rechazó por extemporáneo el formulado en su
condición de coadyuvante, dado que contaba con el recurso de queja, en los términos
del artículo 245 del CPACA, para discutir dicho proveído.

Destacó que, si bien, el accionante afirmó que dicho recurso es facultativo, no es idóneo
ni eficaz, así como el hecho de que su interposición hubiera dilatado el proceso de
nulidad electoral, dichos argumentos no resultaron de recibo, en el entendido de que
quien pretende discutir una providencia judicial debe agotar todos los mecanismos de
defensa judicial con los que cuenta para lograr la salvaguarda de sus derechos
fundamentales antes de acudir a la acción residual de protección.

Por lo anterior, consideró que no podía aceptar que el actor utilizara el medio tuitivo para
pretermitir los medios establecidos en el ordenamiento jurídico ni para que se otorgara
un trámite más célere al previsto en el medio de control, en atención a la naturaleza
excepcional de la tutela.

De otro lado, en relación con los autos proferidos por la Sección Quinta del Consejo de
Estado el 13 y 27 de agosto de 2025, mediante los cuales se admitió el recurso de
apelación y se rechazó por extemporánea la solicitud de aclaración y/o adición del
accionante, consideró que se dio cumplimiento a los requisitos generales de
procedencia, por lo que efectuó el análisis de los reparos expuestos frente a aquellos.

En ese orden, observó que lo pretendido por la parte accionante era que el juez
constitucional subsanara el yerro que él cometió al no recurrir la decisión del despacho
judicial que rechazó por extemporáneo el recurso de apelación. De la revisión de la
actuación ordinaria concluyó que, el superior actuó de conformidad con la competencia
que le asiste, que es pronunciarse frente a los recursos interpuestos, no subsanar las
falencias del actor.

Bajo esa línea, consideró que tampoco se configuró el defecto procedimental por exceso
ritual manifiesto alegado, ya que la decisión de no acceder a la solicitud de aclaración o
adición del auto del 13 de agosto de 2025 atendió a la posición jurisprudencial de la Sala
Electoral, acorde con la cual los coadyuvantes no pueden actuar de forma independiente
frente a la parte a la que coadyuvan, la cual adoptó acorde con los principios de
autonomía e independencia judicial.

En todo caso, aclaró que más allá de dicha discusión, lo cierto es que esa solicitud no
tenía la entidad para modificar la decisión adoptada por el a quo en relación con el
rechazo del recurso de alzada, pues, su competencia no podía exceder la decisión sobre
la concesión de los recursos interpuestos.

Radicado: 11001-03-15-000-2025-05428-01
Accionante: Joaquín Felipe Negrette Sepúlveda

6. Impugnación

La parte actora presentó escrito de impugnación10 en el que solicitó revocar la
sentencia proferida en primera instancia, al estimar que el recurso de queja es opcional,
dado que las normas que rigen el proceso ordinario no impusieron la queja como
requisito de procedibilidad.

Sumado a lo anterior, consideró que la interpretación de la Sala privilegió lo formal sobre
lo sustancial, pues exigir el recurso que es facultativo no tiene soporte legal, por lo que
ignoró la naturaleza de la acción de tutela como un mecanismo de amparo.

Mediante auto del 10 de octubre de 202511, el magistrado ponente de primera instancia
concedió la impugnación.

II. CONSIDERACIONES

1. Competencia

La Sala es competente para conocer de la impugnación presentada, de conformidad con
lo dispuesto en el artículo 86 de la Constitución Política y en el artículo 32 del Decreto
2591 de 1991.

2. Legitimación en la causa

El artículo 1° del Decreto 2591 de 1991 dispone que “Toda persona tendrá acción de
tutela para reclamar ante los jueces, en todo momento y lugar, mediante un
procedimiento preferente y sumario, por sí misma o por quien actúe a su nombre, la
protección inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales, cuando quiera
que éstos resulten vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier
autoridad pública o de los particulares en los casos que señale este Decreto”.12

Por su parte, el artículo 10 del mismo decreto establece que la acción de tutela podrá
ser interpuesta directamente por la persona que se considera vulnerada, o a través de
apoderado judicial. Al respecto, la Corte Constitucional13 ha indicado que se encuentra
legitimado por activa quien promueva la solicitud de amparo siempre que se presenten
las siguientes condiciones: i) que la persona actúe a nombre propio, a través de
representante legal, por medio de apoderado judicial o mediante agente oficioso; y ii)
procure la protección inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales.

10 Índices 00025, 00026, 00027 expediente primera instancia aplicativo SAMAI, con certificado núm.
5A66A62B88C5CB24 A98768A0A97CFEDB 6487A753EAF085FB F56726DB8B54EE95.
11 Índice 00029 expediente primera instancia aplicativo SAMAI, con certificado núm. 0FE0557BA8CBD9BA

EDE8E641FFD75529 3D630F72B45B373B 20F9C4F164490CBC.
12 Aparte subrayados declarado EXEQUIBLES por la Corte Constitucional, mediante Sentencia C018 de 1993, M.P.

Alejandro Martínez Martínez.
13 Sentencias T-435 de 2016, T-511 de 2017 y T-165 de 2020

Radicado: 11001-03-15-000-2025-05428-01
Accionante: Joaquín Felipe Negrette Sepúlveda

En esta línea, la Corte Constitucional, en sentencia T-1020 de 200314, manifestó que la
acción de tutela es un medio de defensa que se encuentra al alcance de todas las
personas y que la legitimidad para interponerla radica en la persona afectada, quien
podrá interponerla directamente o por quien actúe en su nombre. Por consiguiente, no
se “[…] requiere ser abogado, ni tener conocimientos jurídicos, ni mucho menos saber
escribir, es decir, la Constitución y la ley no exigen calidad alguna para el sujeto activo
de la acción. Inclusive, no es requisito esencial presentarla por escrito, la ley consagra
la posibilidad de que la misma se pueda incoar verbalmente en casos de urgencia o
cuando el solicitante no sepa escribir o sea menor de edad […]”.15

A partir de este marco normativo, en el caso en concreto es preciso señalar que,
conforme a la jurisprudencia constitucional, cuando la tutela se dirige contra
providencias judiciales, están legitimados por activa no solo quienes hayan sido parte
en el proceso en el que se profirió la decisión, sino también quienes demuestren un
interés directo y particular en él16, así como aquellos que no fueron parte, pero acrediten
que la decisión cuestionada les genera efectos lesivos en sus derechos
fundamentales17.

Adicionalmente, el Consejo de Estado ha indicado que “en los casos en los que se
ataque por vía de tutela una providencia judicial, el accionante debe ser parte del
proceso o, de no serlo, acreditar que se podrían ver transgredidos sus derechos
fundamentales por las órdenes o determinaciones adoptadas en la providencia que se
controvierte”18.

2.1. En el presente caso, Joaquín Felipe Negrette Sepúlveda solicitó dejar sin efectos
las providencias dictadas el 15 y 28 de julio y el 13 de agosto de 2025 por el Tribunal
Administrativo de Córdoba y el Consejo de Estado, Sección Quinta, respectivamente,
en el trámite del medio de control de nulidad electoral identificada con el radicado
número 23001-23-33-000-2024-00002-00/01/02/03, en los cuales se rechazó por
extemporáneo el recurso de apelación que presentó en su calidad de tercero en el
proceso en mención, así como el recurso de reposición que mantuvo incólume tal
decisión y la negativa de aclaración y/o adición de aquél; situación que, a su juicio,
vulneró sus garantías fundamentales, dado que, no permitió su intervención en el trámite
del proceso mencionado.

En este punto, la Sala recuerda que la legitimación en la causa es un elemento esencial
para el ejercicio de la acción de tutela, no solo por constituir un requisito que permite
vislumbrar la afectación directa y clara frente a los derechos del accionante y que
justifican el ejercicio de la acción constitucional, sino, además, porque está

14 M.P. Jaime Córdoba Triviño.
15 «Todo lo relacionado con el contenido de la solicitud de tutela está contemplado en el artículo 14 del Decreto 2591

de 1991».
16 Sentencias T-019 de 2023 y T-034 de 2014.
17 Sentencia T-256 de 2023.
18 Sección Cuarta, en sentencia de tutela de 18 de junio de 2015, expediente No. 2015-0758-00. Sección Quinta, en

sentencia del 21 de abril de 2016. Radicación número: 11001-03-15-000-2015-03250-01(AC).

Radicado: 11001-03-15-000-2025-05428-01
Accionante: Joaquín Felipe Negrette Sepúlveda

intrínsecamente relacionada con el cumplimiento de las exigencias generales de
procedibilidad.

Por lo expuesto, la Sala encuentra acreditada la legitimación en la causa por activa
de Joaquín Felipe Negrette Sepúlveda, al ser el titular de los derechos que afirmó fueron
vulnerados, dada su condición de tercero afectado con las decisiones proferidas en el
trámite del medio de control de nulidad electoral adelantado bajo el radicado núm.
23001-23-33-000-2024-00002-00/01/02/03.

2.2. También está probada la legitimación en la causa por pasiva del Consejo de
Estado, Sección Quinta y el Tribunal Administrativo de Córdoba, por cuanto actuaron
como jueces dentro del mencionado proceso, y fue su actuación a la que la parte
accionante atribuyó la vulneración de sus garantías constitucionales.

3. Problema jurídico

Corresponde a la Sala determinar si los argumentos expuestos en el escrito de la
impugnación tienen el alcance para confirmar, modificar o revocar el fallo de primera
instancia que declaró improcedente el amparo solicitado frente a los reparos expuestos
en contra del Tribunal Administrativo de Córdoba y negó la solicitud con relación a la
Sección Quinta de esta Corporación.

4. Procedibilidad de la acción

En los casos en que la solicitud de amparo ataca una providencia judicial, la doctrina
constitucional ha indicado que el juez de tutela debe, en forma preliminar, realizar un
examen de procedibilidad general de la acción, pues solo una vez verificada la
observancia de los requisitos que la determinan procede el pronunciamiento de fondo
sobre la problemática jurídica que el extremo actor plantea, en función de los defectos
que reprocha a la actuación acusada y conforme a las causales específicas de
procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales.

Es así como, tratándose de acciones de tutela contra providencias judiciales, la Corte
Constitucional en la sentencia C-590 de 200519 indicó que estas proceden si se cumplen
ciertos y rigurosos requisitos de procedibilidad, unos de carácter general que habilitan
la interposición de la tutela20, y otros de carácter específico, que tocan con la
procedencia misma del amparo, una vez interpuesto21.

19 Corte Constitucional, sentencia C-590 de 2005. M.P. Jaime Córdoba Triviño.
20 De acuerdo con la sentencia C-590 de 2005, la tutela en contra de providencia judicial está sujeta al cumplimiento

de los siguientes requisitos generales de procedibilidad: que el asunto sometido a estudio del juez de tutela tenga
relevancia constitucional; que el actor haya agotado los recursos judiciales ordinarios y extraordinarios antes de acudir
al juez de tutela; que la petición cumpla con el requisito de inmediatez; que en el evento de fundamentarse la solicitud
en una irregularidad procesal, esta tenga incidencia directa en la decisión de fondo que se estima violatoria de los
derechos fundamentales; que se identifiquen en forma razonable los hechos que generan la vulneración de los
derechos y, de ser posible, hayan sido cuestionados al interior del proceso y; que el fallo censurado no sea de tutela
21 Las causales específicas de procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial se concretan en los

defectos o errores en que puede incurrir la decisión cuestionada, de modo que, si en una decisión judicial se presenta
alguna de las causales específicas, podrá ser razón suficiente para el amparo constitucional. A saber: a) Defecto

Radicado: 11001-03-15-000-2025-05428-01
Accionante: Joaquín Felipe Negrette Sepúlveda

Bajo esta línea jurisprudencial, en este tipo de tutelas “la función del juez de tutela no es
la de fungir como una instancia adicional del procedimiento judicial que se cuestiona
pues ello desconocería la competencia y finalidad de administración de justicia por parte
de los jueces naturales, así como su autonomía funcional”22.

4.1. Subsidiariedad

El carácter subsidiario de la acción de tutela está definido expresamente en el artículo
86 Superior como presupuesto general de procedencia de esta, al establecer que “solo
procederá cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial, salvo que
aquella se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable”. A
su vez, dicho presupuesto se desarrolló en el artículo 6º numeral 1º del Decreto 2591 de
1991.

Estas disposiciones son claras al establecer que la acción de tutela no es un mecanismo
principal de defensa de los derechos fundamentales, por lo tanto, se debe acudir a los
mecanismos ordinarios y extraordinarios de defensa que resulten idóneos y eficaces
para su amparo, con el fin de: i) prevenir la intromisión indebida de una autoridad distinta
a la que adelanta el proceso ordinario; ii) que no se alteren o sustituyan de manera
fraudulenta los mecanismos de defensa diseñados por el Legislador; y iii) que los
ciudadanos observen un mínimo de diligencia en la gestión de sus asuntos, pues no es
esta la forma de enmendar deficiencias, errores o descuidos, ni de recuperar
oportunidades vencidas al interior de un proceso judicial23.

Sobre el particular, la Corte Constitucional en la sentencia T – 053 de 2020 precisó los
siguientes tres eventos que hacen improcedente la tutela contra providencia judicial por
no superar el requisito de subsidiariedad:

“[...] (i) cuando el asunto está en trámite; (ii) en el evento en que no se han agotado
los medios de defensa judicial ordinarios y extraordinarios; y (iii) si se usa para revivir
etapas procesales en donde se dejaron de emplear los recursos previstos en el
ordenamiento jurídico”

Por lo anterior, la Corte Constitucional precisa que la tutela no se puede emplear para
“obtener un pronunciamiento más rápido sin el agotamiento de las instancias ordinarias

orgánico, que se presenta cuando el juez carece de competencia; b) defecto procedimental, que ocurre cuando la
autoridad judicial actuó al margen del procedimiento establecido; c) defecto fáctico, esto es, cuando el juez no tuvo
en cuenta el material de prueba obrante en el expediente para proferir decisión; d) defecto material o sustantivo, el
que se origina en el evento en que se decida con fundamento en normas inexistentes o inconstitucionales, en
contravía de ellas, o existe una evidente y grosera contradicción entre los fundamentos y la decisión; e) error inducido,
cuando la autoridad judicial es víctima de engaño por terceros y el mismo lo condujo a tomar una decisión que afecta
derechos fundamentales; f) decisión sin motivación, que implica el incumplimiento de los servidores judiciales de dar
cuenta de los fundamentos fácticos y jurídicos de sus decisiones en el entendido que precisamente en esa motivación
reposa la legitimidad de su órbita funcional; g) desconocimiento del precedente constitucional, cuando la Corte
Constitucional establece el alcance de un derecho fundamental y el juez ordinario aplica una ley limitando
sustancialmente dicho alcance y h) violación directa de la Constitución Política, cuando los jueces desconocen la
aplicación de la Ley Fundamental, conforme al mandato consagrado en el artículo 4º de la Carta Política que antepone
de manera preferente la aplicación de sus postulados.
22 Corte Constitucional, sentencia T-066 de 2019, que, a su vez reitera la T-336 de 2004.
23 Ver sentencia de la Corte Constitucional T-017 de 2012. M.P. María Victoria Calle Correa.

Radicado: 11001-03-15-000-2025-05428-01
Accionante: Joaquín Felipe Negrette Sepúlveda

de la respectiva jurisdicción”24, los tutelantes no pueden pretender que el juez
constitucional invada las competencias del juez ordinario para resolver el conflicto.

En atención al carácter exceptivo de la acción de tutela, la Corte Constitucional en
Sentencia T-396 de 2014, advierte que el amparo constitucional resulta improcedente
cuando se pretende emplear para reabrir un asunto litigioso que, por negligencia,
descuido o distracción de las partes, se encuentra debidamente resuelto. En tal sentido,
desde los primeros pronunciamientos de la Corporación Constitucional, se ha indicado:

“Si existiendo el medio judicial, el interesado deja de acudir a él y, además, pudiendo
evitarlo, permite que su acción caduque, no podrá más tarde apelar a la acción de
tutela para exigir el reconocimiento o respeto de un derecho suyo.

En este caso, tampoco la acción de tutela podría hacerse valer como mecanismo
transitorio, pues esta modalidad procesal se subordina a un medio judicial ordinario
que sirva de cauce para resolver de manera definitiva el agravio o lesión
constitucional.”25

Con fundamento en lo anterior, se reitera la posición de la Corte Constitucional, pues la
acción de tutela no puede usarse como un mecanismo accesorio para reabrir términos
de caducidad vencidos, pues con esto se vulneraría la seguridad jurídica y desvirtuaría
su propósito. Quien alegue la vulneración de sus derechos fundamentales debe haber
agotado previamente los mecanismos de defensa previstos en la ley. Esto responde al
principio de subsidiariedad, que impide que la tutela se convierta en una instancia
adicional del proceso judicial o en un medio para corregir omisiones y errores de las
partes.

4.2. Relevancia constitucional

Dado que la acción de tutela no es una instancia adicional para controvertir las
decisiones judiciales y, por el contrario, es un mecanismo excepcional cuyo objeto
exclusivo es la protección efectiva de los derechos fundamentales, se requiere que el
asunto que origina la solicitud de amparo contra una providencia judicial tenga una clara,
marcada e indiscutible importancia constitucional, lo que impide que el juez
constitucional invada la órbita de competencia del juez natural de la causa, a la vez que
garantiza la autonomía e independencia judicial.

Así, la Corte Constitucional ha resaltado que la relevancia constitucional tiene por
finalidad: “(i) preservar la competencia y la independencia de los jueces de las
jurisdicciones diferentes a la constitucional y, por tanto, evitar que la acción de tutela se
utilice para discutir asuntos de mera legalidad; (ii) restringir el ejercicio de la acción de
tutela a cuestiones de relevancia constitucional que afecten los derechos fundamentales

24 Corte Constitucional, Sentencia SU-599 de 1999, reiterada en la Sentencia T-610 de 2015.
25 sentencia SU-111 de 1997, reiterado, entre otras, en las sentencias T-1588 de 2000, T-983 de 2001, T-1217 de

2003, T-1140 de 2005, T-1009 de 2006, T-373 de 2007, T-472 de 2008, T-175 de 2011 y T-882 de 2009.

Radicado: 11001-03-15-000-2025-05428-01
Accionante: Joaquín Felipe Negrette Sepúlveda

y, finalmente, (iii) impedir que la acción de tutela se convierta en una instancia o recurso
adicional para controvertir las decisiones de los jueces”26.

En línea con lo anterior, en la SU-215 de 2022 la Corte Constitucional fijó como criterios
para definir el cumplimiento del requisito de relevancia constitucional: i) que el debate
en tutela gire en torno al contenido, alcance y goce de un derecho fundamental; ii) que
la controversia no se limite a asuntos de mera legalidad o económicos; y, iii) que el reparo
formule argumentos suficientes dirigidos a demostrar la configuración de un defecto.

Además, indicó que, si la providencia objeto de reparo fue emitida por una alta corte, el
estudio de procedibilidad debe ser mucho más estricto, lo que implica verificar la
existencia de una actuación claramente arbitraria y violatoria de derechos
fundamentales.

De modo que, en las acciones de tutela interpuestas contra las decisiones judiciales, el
análisis de la relevancia constitucional como requisito de procedibilidad implica la
necesidad de establecer: i) que el asunto tenga la entidad para interpretar, aplicar,
desarrollar la Constitución Política o determinar el alcance de un derecho fundamental;
ii) que la controversia no se limite a una discusión meramente legal o de contenido
estrictamente económico con connotaciones particulares o privadas; iii) que se justifique
razonablemente una afectación desproporcionada a derechos fundamentales; y iv) que
se advierta una verdadera vulneración arbitraria o violatoria de derechos fundamentales.
De manera que la intervención del juez constitucional se establezca, exclusivamente,
ante graves defectos constitucionales.

Como corolario de lo expuesto, el cumplimiento del requisito de procedibilidad
relacionado con la relevancia constitucional implica que el asunto en cuestión afecte de
manera directa y significativa los derechos fundamentales consagrados en la
Constitución. Esto permite determinar la procedencia y el alcance de la intervención del
juez constitucional con base en tres aspectos: i) La afectación directa o repercusión en
la vulneración de los derechos fundamentales; ii) el impacto en el interés público, ya que
el asunto debe trascender el interés particular de las partes y generar un efecto más
amplio en la sociedad o en el orden jurídico y, iii) la claridad y fundamentación de la
petición de amparo, con el fin de justificar su importancia.

Respecto de esta última, debe destacarse que quien solicita el amparo debe cumplir con
la carga de exponer las razones por las que el reproche a una providencia que ha hecho
tránsito a cosa juzgada trasciende de la controversia litigiosa propia de la causa
ordinaria, a una cuestión con relevancia constitucional, en términos de los defectos
definidos por la jurisprudencia como únicas causales que habilitan el control
constitucional concreto27.

26 Corte Constitucional, SU 573 de 2019.
27 Cfr. sentencia C-590 de 2005.

Radicado: 11001-03-15-000-2025-05428-01
Accionante: Joaquín Felipe Negrette Sepúlveda

5. Caso concreto

La Sala anuncia que modificará la decisión de primera instancia porque la presente
acción constitucional no cumple con los requisitos de subsidiariedad y relevancia
constitucional, por las razones que se exponen a continuación:

5.1. Al analizar el escrito de tutela, se advierte que la parte actora argumentó que la
providencia cuestionada adolecía de un defecto procedimental absoluto y defecto
sustantivo, en razón a que la autoridad judicial de segunda instancia impidió su acceso
a la administración de justicia en segunda instancia, debido a una interpretación errónea
del contenido del artículo 205 de la Ley 1437 de 2011, que conllevó a declarar
extemporáneo su recurso de apelación. En su sentir, aunque el superior reconoció tal
error, no lo subsanó al momento de pronunciarse.

También consideró que hubo un exceso ritual manifiesto, al no tener en cuenta que la
solicitud de aclaración o adición del auto del 13 de agosto de 2025 no se opuso a las
actuaciones de la parte que coadyuvaba [demandante] ni la afectaba, por lo cual era
procedente.

Finalmente, consideró que el superior jerárquico debió resolver de manera oficiosa sobre
la admisibilidad o no del recurso, corregir errores de fondo o forma en garantía del
acceso efectivo a la administración de justicia.

5.2. Ahora bien, la Sala procederá a efectuar el análisis de los aspectos abordados en
los autos proferidos por el Tribunal Administrativo de Córdoba y del Consejo de Estado,
Sección Quinta, así como de las pruebas aportadas al proceso, de la siguiente manera:

5.2.1. Auto del 15 de julio de 2025 proferido por el Tribunal Administrativo de
Córdoba

5.2.1.1. Frente a los reproches planteados por la parte actora respecto de la orden
impartida por el tribunal, en el sentido de declarar extemporánea la presentación del
recurso de apelación, la Sala advierte que, según los términos del artículo 245 del
CPACA28 el actor podía ejercer el recurso de queja, el cual procede en contra del auto
que no concede, rechaza o declara desierta la apelación, para que esta se conceda, de
ser procedente, sin embargo, el actor no lo presentó dado que, a su juicio, es un recurso
facultativo y no imperativo.

5.2.1.2. Según lo expuesto, la Sala concluye que la parte actora incumplió el requisito
de subsidiariedad, pues contaba con otro mecanismo judicial para proteger sus
derechos fundamentales, esto es, la interposición del recurso de queja previsto en el

28 Ley 1437 de 2011. Artículo 245. Queja. Este recurso se interpondrá ante el superior cuando no se conceda, se

rechace o se declare desierta la apelación, para que esta se conceda, de ser procedente. Asimismo, cuando el recurso
de apelación se conceda en un efecto diferente al señalado en la ley y cuando no se concedan los recursos
extraordinarios de revisión y unificación de jurisprudencia previstos en este código. Para su trámite e interposición se
aplicará lo establecido en el artículo 353 del Código General del Proceso.

Radicado: 11001-03-15-000-2025-05428-01
Accionante: Joaquín Felipe Negrette Sepúlveda

artículo 245 del CPACA, pues el problema aquí planteado debe resolverlo el juez natural
de la causa, sin que corresponda al juez constitucional intervenir en el asunto. En este
contexto, la acción de tutela no puede ser utilizada como un medio alternativo o
sustitutivo de los recursos ordinarios y extraordinarios disponibles, salvo que se acredite
su ineficacia o insuficiencia para la protección de los derechos invocados, circunstancia
que no se demostró en este caso.

Por ende, la Sala considera que la presente acción de tutela es improcedente, pues
aceptar lo contrario implicaría reemplazar los mecanismos ordinarios previstos por el
legislador para la protección de los derechos y suplir la inactividad de la parte que no
hizo uso de estos oportunamente. La solicitud de amparo constitucional es de carácter
supletorio y residual, lo que conlleva a que no sea utilizada como un elemento alternativo
de aquellos a los que el legislador ha determinado para solución de conflictos, por cuanto
estos mecanismos establecen las pautas conforme deben debatirse y darle solución a
las controversias que se deriven del proceso ordinario.

5.2.1.3. Tampoco procede la solicitud de amparo como mecanismo transitorio de
protección, ya que la parte actora no acreditó un perjuicio irremediable que justifique la
flexibilización de la regla de subsidiariedad, pues no basta con la sola mención de este,
sino que debe demostrarse, situación que no ocurrió en este caso.

5.2.1.4. La mera inconformidad con lo decidido en el auto censurado no faculta al juez
constitucional para examinar los cargos y pruebas que la autoridad judicial contra la que
se dirige la acción consideró o no al resolver el asunto. En este sentido, compete al
interesado demostrar, conforme los requisitos exigidos por la jurisprudencia
constitucional, que la actuación de aquella fue consecuencia de una afectación al debido
proceso.

5.2.2. Auto del 13 de agosto de 2025 proferido por el Consejo de Estado, Sección
Quinta

Ahora bien, una vez revisado los argumentos consignados en el auto del 13 de agosto
de 2025, se advierte que el ad quem arribó a las siguientes conclusiones:
“(…)

I. ANTECEDENTES

(…)

6. El 7 de julio de 2025, el coadyuvante Joaquín F. Negrette Sepúlveda, mediante
apoderado judicial, fundamentó su apelación en que el recuento ordenado por las
comisiones escrutadoras no se llevó a cabo; el acto electoral fue expedido bajo
la premisa incorrecta de que dicho conteo se efectuó y existen «220» sufragios
alterados, cifra que supera la diferencia final de 94 votos entre los aspirantes.

7. Mediante auto del 15 de julio de 2025, el tribunal concedió el recurso
presentado por el demandante y rechazó por extemporáneo el del
coadyuvante. Esta última providencia fue objeto de reposición por parte del

Radicado: 11001-03-15-000-2025-05428-01
Accionante: Joaquín Felipe Negrette Sepúlveda

señor Negrette Sepúlveda, sin embargo, fue confirmada el día 28 siguiente. Con
fecha del 6 de agosto del presente año, el proceso fue asignado a este despacho,
en virtud del respectivo reparto.

II. CONSIDERACIONES

8. El artículo 292 del CPACA establece la forma en que se debe interponer y
sustentar el recurso de apelación, al disponer que se presentará ante el juez de
primera instancia en el acto de notificación de la sentencia o dentro de los cinco
(5) días posteriores a ello. Además, señala que la alzada se concede en el efecto
suspensivo.

9. A su vez, corresponde al magistrado ponente pronunciarse sobre la admisión
del medio de impugnación propuesto, en virtud del ordinal 1.º del artículo 293 de
dicho código.

10. En el caso concreto, la sentencia apelada fue notificada mediante correo
electrónico del 25 de junio de 2025, actuación que se surtió a los dos (2) días
hábiles siguientes al envío del mensaje de datos correspondiente. En
consecuencia, el término máximo para presentar el recurso se extendió hasta el
7 de julio del presente año y, como la impugnación se radicó desde el día 2 de
ese mes y año, su ejercicio es oportuno.

11. Además, se encuentra que el escrito de apelación contiene una
argumentación en punto a controvertir lo resuelto por el tribunal de primera
instancia, razón por la que se cumplen los requisitos para su admisión, conforme
se dispondrá en la parte resolutiva de esta providencia.
(…)”

En virtud de lo anterior, la Sala advierte que, una vez el ponente estudió la procedencia
del recurso de apelación interpuesto por el demandante dentro del proceso de nulidad
electoral, concluyó que este cumplía con los requisitos legales de oportunidad y
sustentación establecidos en los artículos 292 y 293 del CPACA. Por lo anterior,
procedió a admitir el recurso interpuesto por el extremo activo sin mencionar nada
relacionado con el del coadyuvante, pues fue rechazado por el a quo al presentarse de
forma extemporánea.

5.2.3. Auto del 27 de agosto de 2025 proferido por el Consejo de Estado, Sección
Quinta

Al examinar los fundamentos expuestos en la providencia del 27 de agosto de 2025, se
desprende que el juez de segunda instancia determino que:

“(…)

II. CONSIDERACIONES

(…)

5. Según el artículo 228 del CPACA «[e]n los procesos electorales cualquier
persona puede pedir que se la tenga como impugnador o coadyuvante» y «su
intervención solo se admitirá hasta el día inmediatamente anterior a la fecha de
celebración de la audiencia inicial».

Radicado: 11001-03-15-000-2025-05428-01
Accionante: Joaquín Felipe Negrette Sepúlveda

6. Respecto del alcance material de la figura y los límites en su ejercicio, el artículo
71 del CGP precisa que los coadyuvantes podrán «efectuar los actos procesales
permitidos a la parte que ayuda[n], en cuanto no estén en oposición con los de
esta y no impliquen disposición del derecho en litigio».

7. Esto último significa un límite de postulación para los intervinientes, en tanto
implica que el ejercicio activo de la litis, asociado a la parte a la que pretenden
apoyar, sea coherente y armónico. De tal manera, aquellos no podrán exceder el
marco razonable que subyace a la causa petendi y la pretensión del coadyuvado.

(…)

9. En este sentido, la jurisprudencia de esta Sección estableció que los terceros
interesados solo podrán hacer uso de los instrumentos procesales concebidos
por el ordenamiento cuando los coadyuvados actúan, de manera que su
participación se circunscribe a enriquecer argumentativamente la posición
asumida por estos. En palabras de esta Sala Electoral:

(…)

11. En virtud de lo expuesto, el despacho rechazará de plano la solicitud
presentada por el coadyuvante porque su petición sobrepasa las atribuciones que
le confiere el artículo 228 del CPACA. En efecto, el demandante no solicitó la
aclaración ni la adición del auto de fecha 13 de agosto de 2025, por lo que el
señor Joaquín F. Negrette Sepúlveda no tenía facultad para hacerlo de manera
independiente.

12. Conviene aclarar que, conforme con lo dispuesto por el artículo 292 del
CPACA, la competencia de este despacho respecto de la admisión del recurso
de apelación se limita exclusivamente a aquellos recursos que, en primera
instancia, hayan sido concedidos por el tribunal, escenario a partir del cual no se
admiten interpretaciones extensivas o contrarias al marco procesal vigente, como
lo pretende el tercero.

13. Por las razones expuestas, es pertinente reiterar, conforme a lo señalado en
el auto de este despacho de fecha 13 de agosto de 2025, que el Tribunal
Administrativo de Córdoba concedió únicamente el recurso de apelación
interpuesto por la parte demandante y, por esta razón, al cumplir con los requisitos
legales se dispuso su admisión. A su vez, se aclara que como la impugnación
presentada por el coadyuvante fue rechazada por el tribunal, no fue objeto de
pronunciamiento.

(…)”

En virtud de lo anterior, al resolver la solicitud de aclaración y/o adición presentada por
el accionante, el magistrado rechazó de plano la solicitud planteada, en atención a los
límites de la coadyuvancia, pues estos últimos pueden realizar actos procesales
únicamente en armonía con la parte que apoyan y sin disponer del derecho en litigio, lo
que significa que, no puede actuar de manera autónoma.

En ese sentido, dado que el demandante no solicitó adición ni aclaración del auto
proferido el 13 de agosto de 2025, el señor Negrette carecía de facultad para formular
la petición de manera autónoma.

Radicado: 11001-03-15-000-2025-05428-01
Accionante: Joaquín Felipe Negrette Sepúlveda

Finalmente, aclaró que su competencia se limita a decidir sobre los recursos concedidos
por el juez de primera instancia, por lo cual excluyó cualquier pronunciamiento sobre los
recursos rechazados por aquel, por lo que únicamente podía estudiar la admisión del
recurso presentado por la parte demandante.

5.3. Los elementos señalados en precedencia le permiten a la Sala inferir, con claridad,
que el debate planteado en este caso fue adecuadamente examinado por el juez
competente. Asimismo, no se aprecia que la decisión haya sido dictada de forma
arbitraria, sin respaldo o análisis de los hechos y fundamentos normativos, ni que se
hayan trasgredido los derechos fundamentales de la parte actora durante el desarrollo
del proceso ordinario.

Al punto, es pertinente recordar que, en relación con la carga argumentativa y explicativa
que se encuentra en cabeza de quien acude a solicitar la protección a través del amparo,
la jurisprudencia de la Corte Constitucional ha indicado que no basta la simple mención
de la vulneración de los derechos al debido proceso y de acceso a la administración de
justicia, sino que, para entender como acreditado el requisito general de procedencia de
relevancia constitucional, se requiere demostrar: i) su existencia; ii) su carácter
desproporcionado; y iii) su carácter arbitrario. Así, quien acude a la tutela debe aportar
elementos suficientes que permitan al juez constitucional advertir tal vulneración29.

5.4. A partir de lo anterior, para la Sala es claro que la parte accionante pretende imponer
su interpretación normativa sobre las consideraciones expuestas por la autoridad
enjuiciada, así como reiterar su discrepancia frente a la decisión adoptada y continuar
con el debate surtido en el trámite del proceso primigenio, sin que haya demostrado la
violación de los derechos fundamentales para los que pidió su protección.

Bajo estas condiciones, la Subsección estima que la acción de tutela formulada por la
parte accionante está encaminada a continuar con el debate surtido en el trámite del
proceso de nulidad electoral, toda vez que reitera argumentos de índole legal y
probatorio desarrollados en el marco del proceso ordinario, sin esbozar las razones
concretas por las cuales los derechos fundamentales invocados fueron vulnerados con
la providencia atacada, lo que escapa de la órbita del juez constitucional, toda vez que
la decisión censurada se sustenta en el principio de autonomía judicial.

En consecuencia, la Sala advierte la improcedencia de la presente acción de tutela por
falta de cumplimiento de los requisitos de subsidiariedad y relevancia constitucional, en
ese orden, modificará la decisión impugnada, conforme a los argumentos expuestos ut
supra.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección C administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la ley,
29 Sentencia SU215 de 2022.

Radicado: 11001-03-15-000-2025-05428-01
Accionante: Joaquín Felipe Negrette Sepúlveda

FALLA

PRIMERO: MODIFICAR la sentencia proferida el 25 de septiembre de 2025 por el
Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A y, en su lugar, DECLARAR
IMPROCEDENTE la acción de tutela presentada por Joaquín Felipe Negrette Sepúlveda
en contra del Consejo de Estado, Sección Quinta y del Tribunal Administrativo del
Córdoba por no cumplir con los requisitos de subsidiariedad y relevancia constitucional,
de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: NOTIFICAR la presente decisión a las partes y a los interesados, por el
medio más expedito.

TERCERO: REMITIR la presente providencia a la Corte Constitucional para su eventual
revisión.

Notifíquese y cúmplase

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
WILLIAM BARRERA MUÑOZ
Presidente de la Sala
Magistrado

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
ADRIANA POLIDURA CASTILLO NICOLÁS YEPES CORRALES
Magistrada Magistrado

LMMT

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