Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2025-05441-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2025-05441-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 11001-03-15-000-2025-05441-01
Consejero ponente: Germán Eduardo Osorio Cifuentes
7 de noviembre de 2025
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
Bogotá D.C., siete (7) de noviembre de dos mil veinticinco (2025)
Consejero Ponente: GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación núm.: 11001-03-15-000-2025-05441-01
Accionante: ÁNGELA GISELL VELÁSQUEZ LEÓN
Accionado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA –
SECCIÓN SEGUNDA – SUBSECCIÓN E
Tema: TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL - Se confirma el fallo
impugnado. El amparo es improcedente porque no cumple con el requisito
general de procedencia de subsidiariedad.
Sentencia de segunda instancia
La Sala decide la impugnación presentada por la accionante contra la sentencia de
25 de septiembre de 2025, proferida por la Sección Cuarta del Consejo de Estado.
I. LA SOLICITUD DE TUTELA
1. La señora Ángela Gisell Velásquez León solicitó, a través de apoderado judicial,
la protección de los derechos fundamentales a la igualdad, al trabajo y debido
proceso, cuya vulneración le atribuyó a la providencia de 27 de junio de 2025,
proferida por la Subsección E de la Sección Segunda del Tribunal Administrativo
de Cundinamarca dentro del medio de control de nulidad y restablecimiento del
derecho con radicado número 11001-33-42-052-2021-00316-03.
II. HECHOS Y RAZONES DE LA TUTELA
2. De conformidad con lo planteado en el escrito de amparo, los hechos y razones que
motivan el ejercicio de la acción de tutela se contraen, en síntesis, a lo siguiente:
2.1. Relató que presentó el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
núm. 11001-33-42-052-2021-00316-03 contra la E.S.E. Hospital Universitario de la
Samaritana, con el fin de que se declarara la nulidad del Oficio núm. 2021401007785-
1 de 6 de septiembre de 2021, por medio del cual la entidad le negó el pago de las
acreencias laborales derivadas de la existencia de la presunta relación laboral, por el
periodo comprendido entre el 1.º de febrero de 2015 hasta el 29 de enero de 2019.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
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Radicación: 11001-03-15-000-2025-05441-01
Accionante: Ángela Gisell Velásquez León
2.2. Señaló que el conocimiento del proceso le correspondió al Juzgado Cincuenta y
Dos Administrativo del Circuito de Bogotá, autoridad judicial que, mediante sentencia
de 23 de mayo de 2023, accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda.
2.3. Refirió que contra la anterior decisión se interpusieron recursos de apelación y la
Subsección E de la Sección Segunda del Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
mediante sentencia de 27 de junio de 2025, modificó lo resuelto en primera
instancia.
2.4. Adujo que dicha providencia vulneró sus derechos fundamentales a la igualdad,
al trabajo y debido proceso por haber incurrido en los defectos fáctico y sustantivo,
lo que derivó en una decisión incongruente porque “[…] no guarda relación alguna
con las pretensiones de la demanda, con lo probado en el proceso ni tampoco con los
antecedentes que en la misma sentencia el tribunal describió […]”.
2.5. Señaló que hubo una “[…] motivación totalmente apartada de los supuestos
fácticos del caso, así como también del petitum de la demanda pues debe
recordarse que, el empleo público, contempla rubros diferentes al derecho laboral
privado, los cuales están descritos en el decreto 1045 de 1978. Justamente, son
las prestaciones contenidas en el decreto en cita, las que jamás percibió la
demandante y que se reclamaron a través de demanda teniendo en cuenta que,
entre la accionante y el Hospital Universitario de la Samaritana E.S.E. hubo una
relación laboral encubierta […]”.
2.6. Sostuvo que, “[…] el defecto sustantivo en el sub judice, se consumó cuando el
tribunal Contencioso Administrativo de Cundinamarca concluyó que, no procedía el
restablecimiento del derecho solicitado por cuánto las E.S.T. y C.T.A le pagaron a
la demandante los rubros previstos en el Código Sustantivo del Trabajo, omitiendo
que, a la demandante jamás le pagaron las prestaciones propias del empleo
público previstas en el decreto 1045 de 1978 los cuales fueron solicitados en
demanda […]”. [Negrilla del texto].
III. PRETENSIONES
3. La parte accionante formuló las siguientes pretensiones:
“[…] 1. Se tutelen los derechos fundamentales a la igualdad (Art. 13), al
trabajo (Art.25) y al debido proceso (Art. 29) previstos en la Constitución
Política de Colombia de 1991.
2. Se deje sin efectos la sentencia de segunda instancia de fecha 27 de
junio de 2025 notificada el día 1° de julio de 2025, proferida por el
honorable TRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE
CUNDINAMARCA – SECCIÓN SEGUNDA – SUBSECCIÓN “E”
MAGISTRADO PONENTE DR. JAIME ALBERTO GALEANO
GARZÓN, dentro del proceso 110013342052-2021-00316-03, por medio
de la cual se modificó la sentencia de primera instancia proferida por el
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Radicación: 11001-03-15-000-2025-05441-01
Accionante: Ángela Gisell Velásquez León
JUZGADO CINCUENTA Y DOS (52) ADMINISTRATIVO DE BOGOTÁ
D.C.
3. Que, como consecuencia de lo anterior, se le ordene al TRIBUNAL
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA –
SECCIÓN SEGUNDA – SUBSECCIÓN “E” MAGISTRADO PONENTE
DR. JAIME ALBERTO GALEANO GARZÓN, a proferir una nueva
sentencia dentro del proceso 110013342052-2021-00316-03 a través de
la cual se condene al Hospital Universitario de la Samaritana E.S.E. a
pagar a favor de la parte actora las prestaciones sociales previstas en el
decreto 1045 de 1978 y los aportes a pensión, por el periodo
comprendido entre el 1° DE FEBRERO DE 2014 HASTA EL 29 DE
ENERO DE 2019 […]”. [Negrilla del texto]
IV. TRÁMITE DE LA TUTELA
4. Mediante auto de 4 de septiembre de 2025, el magistrado a cargo de la
sustanciación del proceso de la Sección Cuarta del Consejo de Estado admitió la
acción de tutela. Asimismo, vinculó como terceros con interés directo en el
resultado del proceso al Juez Cincuenta y Dos Administrativo del Circuito de
Bogotá, a la E.S.E. Hospital Universitario de la Samaritana, a Seguros del Estado
S.A. y a Mapfre Seguros Generales de Colombia S.A.
V. INTERVENCIONES
5. Una vez efectuada la notificación a la autoridad accionada y a los vinculados, se
allegaron los siguientes informes:
5.1. La Subsección E de la Sección Segunda del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca solicitó declarar improcedente la acción de tutela por carecer del
requisito de subsidiariedad, en razón a que las inconformidades planteadas por la
accionante pueden ser analizadas en ejercicio del recurso extraordinario de
revisión.
5.2. La E.S.E. Hospital Universitario la Samaritana señaló que los
cuestionamientos expuestos en el escrito de tutela se encuentran enmarcados en
las causas de procedibilidad del recurso extraordinario de revisión. Motivo por el
cual, la presente acción constitucional resulta improcedente.
VI. EL FALLO IMPUGNADO
6. Mediante fallo de tutela de 25 de septiembre de 2025, la Sección Cuarta del
Consejo de Estado declaró improcedente la acción de amparo por incumplimiento
del requisito general de subsidiariedad, al concluir que “[…] el recurso extraordinario
de revisión es el mecanismo legal adecuado y efectivo para controvertir una posible
vulneración del principio de congruencia […]”.
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Radicación: 11001-03-15-000-2025-05441-01
Accionante: Ángela Gisell Velásquez León
7. Al respecto indicó que “[…] En lo que respecta a los defectos sustantivo y
fáctico, la Sala considera que encuentra estrechamente ligado a la falta de
congruencia planteada, pues para determinar: (i) si la vinculación que tuvo la actora
a través de la empresa de servicios temporales Coltempora SAS – del 1° de febrero
de 2015 al 29 de enero de 2019, se constituyó un contrato realidad con la ESE
Hospital Universitario La Samaritana – HULS, y por ende reconocerse las
prestaciones de un enfermero de planta de la entidad, descritas en el Decreto 1045
de 1978; y, (ii) si la prescripción debía contarse desde la terminación de la última
vinculación con Coltempora SAS y no de manera independiente, frente a cada
intermediación. Dicha precisión es el núcleo del debate que la parte actora respecto
a la declaratoria del contrato realidad y el correspondiente reconocimiento de
prestaciones sociales, por lo que correspondería al juez del recurso extraordinario
de revisión pronunciarse al respecto. En consecuencia, resulta improcedente que
en esta sede se efectúe valoración de fondo sobre este planteamiento […]”.
VII. FUNDAMENTOS DE LA IMPUGNACIÓN
8. La accionante impugnó el fallo de primera instancia, para lo cual argumentó que
“[…] podía escoger el recurso extraordinario de revisión o la acción de tutela por
vía de hecho, ambos, mecanismos extraordinarios diferentes al trámite ordinario
establecido por el legislador cual es el de nulidad y restablecimiento del derecho,
no son una camisa de fuerza para el ciudadano a quien se le han vulnerado sus
derechos fundamentales a través de sentencias que hicieron tránsito a cosa
juzgada. Por ende, dependiendo de cada caso en concreto, el ciudadano podrá
decidir si ejerce el amparo constitucional o el recurso de revisión […]”.
9. Expuso que “[…] a diferencia del trámite ordinario, el recurso extraordinario, por
su naturaleza, no requiere que su interposición sea obligatoria para determinados
asuntos […]”.
VIII. CONSIDERACIONES DE LA SALA
VIII.1. Competencia de la Sala
10. Esta Sala de Decisión es competente para conocer de la presente acción de
tutela, de conformidad con lo establecido en el Decreto Ley núm. 2591 de 19 de
noviembre de 19911, en concordancia con el artículo 2.2.3.1.2.1 del Decreto núm.
1069 de 26 de mayo de 20152, modificado por el artículo 1.º del Decreto núm. 333
de 6 de abril de 20213 y el Decreto 799 de 9 de julio de 20254, y el artículo 13 del
1 “Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política”.
2 “Por medio del cual se expide el decreto único reglamentario del sector justicia y del derecho”.
3 “Por la cual se modifican los artículos 2.2.3.1.2.1, 2.2.3.1.2.4 y 2.2.3.1.2.5 del Decreto 1069 de 2015, Único
Reglamentario del sector Justicia y del Derecho, referente a las reglas de reparto de la acción de tutela”.
4 “Por el cual se modifica el artículo 2.2.3.1.2.1 del Decreto 1069 de 2015, Único Reglamentario del sector
Justicia y del Derecho”.
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Radicación: 11001-03-15-000-2025-05441-01
Accionante: Ángela Gisell Velásquez León
Acuerdo núm. 080 de 12 de marzo de 20195, modificado por el Acuerdo núm. 434
de 10 de diciembre de 20246.
VIII.2. Problemas jurídicos
11. Deacuerdo con la situación fáctica planteada, y teniendo en cuenta que
corresponde al juez de tutela, en segunda instancia, verificar si el fallo impugnado
debe ser confirmado, modificado o revocado7, la Sala debe establecer:
a) Si en el presente asunto se cumplen los requisitos generales de
procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial. Y, si ello es
así, se deberá:
b) Determinar si la providencia aquí enjuiciada vulneró los derechos
fundamentales invocados por la parte accionante.
12. Con el fin de resolver tales interrogantes, resulta pertinente pronunciarse de
manera previa sobre: i) la procedencia de la acción de tutela contra providencias
judiciales. Requisitos generales y especiales de procedibilidad; para posteriormente
ii) resolver el caso concreto, adentrándose en el fondo del asunto, siempre y cuando
se satisfagan a cabalidad las exigencias adjetivas.
VIII.3. Procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales.
Requisitos generales y especiales de procedibilidad
13. La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, en
sentencia de 31 de julio de 20128, cambió su postura inicial y decidió asumir el
estudio de fondo de las acciones de tutela dirigidas en contra de providencias
judiciales violatorias de derechos fundamentales siguiendo los lineamientos
dispuestos por la Corte Constitucional y su propia jurisprudencia.
14. Ahora bien, la sentencia C-590 de 8 de junio de 2005, proferida por la Corte
Constitucional, estableció los siguientes presupuestos generales y especiales para
que proceda la acción de tutela en contra de decisiones judiciales:
15. Como requisitos generales de procedibilidad fijó: i) la relevancia constitucional
del asunto; ii) el agotamiento de todos los medios de defensa judicial, salvo la
existencia de un perjuicio irremediable; iii) el cumplimiento del principio de
inmediatez; iv) si se trata de una irregularidad procesal, que ésta tenga efecto
decisivo en la providencia objeto de inconformidad; v) la identificación clara de los
hechos causantes de vulneración y su alegación en el proceso; y vi) que la acción
5 Por el cual se expide el Reglamento Interno del Consejo de Estado.
6 Por medio del cual se modifican los artículos 13, 67, 80, 81 y 82 del Acuerdo 080 de 2019, y se le adicionan
los artículos 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89 y 90.
7 Artículo 32 del Decreto Ley 2591 de 1991.
8 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Radicación: 2009-01328-01(IJ), sentencia
de 31 de julio de 2012. Consejera Ponente: Dra. María Elizabeth García González.
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Accionante: Ángela Gisell Velásquez León
no se dirija contra un fallo de tutela, salvo las excepciones previstas en la sentencia
SU-627 de 2015.
16. Como requisitos especiales de procedencia del amparo, y que permiten al juez
constitucional dejar sin efectos una providencia judicial9, la sentencia C-590 de
2005 estableció la existencia de los siguientes defectos: orgánico, procedimental
absoluto, fáctico, material o sustantivo, error inducido, decisión sin motivación,
desconocimiento del precedente judicial y violación directa de la Constitución10.
17. De lo expuesto, la Sala advierte que, cuando el juez constitucional conoce una
demanda impetrada en ejercicio de la acción de tutela y en la que se alega la
vulneración de derechos fundamentales con ocasión de la expedición de una
providencia judicial, en primer lugar, debe verificar la presencia de los requisitos
generales y, en segundo lugar, le corresponde examinar si en el caso objeto de
análisis se configura uno de los defectos especiales explicados, permitiéndole de
esta manera “[…] dejar sin efecto o modular la decisión […]”11 que encaje en dichos
parámetros.
18. Se trata, entonces, de una rigurosa constatación de los presupuestos de
procedibilidad, por cuanto resulta a todas luces necesario evitar que este
instrumento excepcional se convierta en una manera de desconocer principios y
valores constitucionales tales como los de cosa juzgada, debido proceso, seguridad
jurídica e independencia judicial que gobiernan todo proceso jurisdiccional.
19. El criterio expuesto fue reiterado en pronunciamiento de la Sala Plena de la
Corporación, en sentencia de unificación de 5 de agosto de 2014, radicado: 11001-
03-15-000-2012-02201-01.
VIII.4. El caso concreto
20. La señora Ángela Gisell Velásquez León solicitó, a través de apoderado judicial,
la protección de los derechos fundamentales a la igualdad, al trabajo y debido
9 Corte Constitucional, Sala Novena de Revisión, Sentencia T-619 de 3 de septiembre de 2009, Magistrado
Jorge Iván Palacio Palacio.
10 Defecto orgánico, que tiene lugar cuando el funcionario judicial que emite la decisión carece, de manera
absoluta, de jurisdicción o competencia para ello.
Defecto procedimental absoluto, que tiene lugar cuando el juez actuó al margen del procedimiento establecido.
Defecto fáctico, que surge cuando la providencia judicial carece del apoyo probatorio que permita la aplicación
del supuesto legal en el que se sustenta la decisión, valora erradamente los elementos de juicio; o da por
demostrada una situación fáctica sin existir evidencia probatoria de la misma.
Defecto material o sustantivo, existe cuando las decisiones se fundamentan en normas inexistentes o
inconstitucionales, o que presentan una evidente contradicción entre los fundamentos y la decisión.
Error inducido, que se presenta cuando la autoridad judicial ha sido engañada por las partes o intervinientes y
ese engaño lo llevó a tomar una determinación que afecta derechos fundamentales.
Decisión sin motivación, que tiene lugar cuando el funcionario judicial no expone los fundamentos fácticos y
jurídicos de la decisión adoptada en la parte resolutiva de la providencia judicial.
Desconocimiento del precedente, que se origina cuando el juez ordinario desconoce o limita el alcance dado
por esta Corte Constitucional a una disposición constitucional o derecho fundamental, apartándose del
contenido constitucionalmente vinculante del derecho fundamental vulnerado.
Violación directa de la Constitución, que se presenta cuando la actuación de la autoridad se opone de manera
directa a las normas establecidas en la Constitución Política.
11 Corte Constitucional, Sala Segunda de Revisión, Sentencia T- 225 del 23 de marzo de 2010, Magistrado
Ponente: Dr. Mauricio González Cuervo.
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Accionante: Ángela Gisell Velásquez León
proceso, cuya vulneración le atribuyó a la providencia de 27 de junio de 2025,
proferida por la Subsección E de la Sección Segunda del Tribunal Administrativo
de Cundinamarca dentro del medio de control de nulidad y restablecimiento del
derecho con radicado número 11001-33-42-052-2021-00316-03.
21. Precisado lo anterior, la Sala estudiará el cumplimiento de los requisitos
generales de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales, en
especial el de subsidiariedad.
VIII.4.1. Del incumplimiento del requisito de procedencia de subsidiariedad
22. La acción de tutela es un medio de defensa judicial que, de conformidad con el
artículo 86 de la Constitución Política, tiene carácter subsidiario, excepcional y
residual. Esto significa que por regla general este instrumento de protección de
derechos fundamentales solo será procedente cuando se hayan agotado todos los
medios de defensa judicial previstos por el legislador o cuando los mismos no sean
idóneos para la protección de los derechos fundamentales que se consideran
vulnerados.
23. Se destaca que este carácter excepcional y residual se encuentra previsto en el
artículo 6º del Decreto Ley 2591 de 1991. La norma aludida dispone:
“[…] CAUSALES DE IMPROCEDENCIA DE LA TUTELA. La acción de tutela
no procederá:
1. Cuando existan otros recursos o medios de defensa judiciales, salvo que
aquélla se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio
irremediable. La existencia de dichos medios será apreciada en concreto, en
cuanto a su eficacia, atendiendo las circunstancias en que se encuentra el
solicitante.
[…]”.
24. De acuerdo con lo anterior, para acudir a la acción de amparo el interesado debe
agotar todos los medios que prevea el ordenamiento legal [acción, recurso,
incidente o cualquier mecanismo de defensa judicial cualquiera que sea su
naturaleza12], lo que significa que el solicitante tiene la obligación de interponer en
tiempo los recursos establecidos en la ley o las acciones que estén a su alcance.
25. La Corte Constitucional se ha pronunciado respecto del carácter subsidiario de
la acción de tutela, en los siguientes términos:
“[…] Dado el carácter subsidiario y residual de la acción de tutela, el afectado
sólo podrá acudir a ella en ausencia de otro medio de defensa judicial para la
protección del derecho invocado, ya que debe entenderse que esta acción
constitucional no puede entrar a sustituir los recursos o medios ordinarios
previstos por el legislador para el amparo de un derecho.”
12 Corte Constitucional. Sala Plena. Auto 132 de 2015, M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado; 16 de abril de 2015.
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Radicación: 11001-03-15-000-2025-05441-01
Accionante: Ángela Gisell Velásquez León
“La naturaleza subsidiaria y excepcional de la acción de tutela, permite
reconocer la validez y viabilidad de los medios y recursos ordinarios de
protección judicial, como dispositivos legítimos y prevalentes para la
salvaguarda de los derechos. Al existir tales mecanismos, los ciudadanos se
encuentran obligados a acudir de manera preferente a ellos, cuando son
conducentes para conferir una eficaz protección constitucional. De allí que
quien alega la vulneración de sus derechos fundamentales deba haber agotado
los medios de defensa disponibles por la legislación para el efecto.
Exigencia que se funda en el principio de subsidiariedad de la tutela descrito,
que pretende asegurar que una acción tan expedita no sea considerada en sí
misma una instancia más en el trámite jurisdiccional, ni un mecanismo de
defensa que reemplace aquellos diseñados por el legislador, y menos aún, un
camino excepcional para solucionar errores u omisiones de las partes en los
procesos judiciales […]”13.
26. En ese sentido, “[…] la jurisprudencia constitucional ha identificado tres causales
que conllevan a la improcedencia de la acción de tutela contra una providencia
judicial, por no cumplir con el requisito de subsidiariedad. Estas son: “(i) el asunto
está en trámite14; (ii) no se han agotado los medios de defensa judicial
ordinarios y extraordinarios15; y (iii) se usa para revivir etapas procesales en
donde se dejaron de emplear los recursos previstos en el ordenamiento
jurídico16”17[…]”18. [Negrilla fuera del texto].
27. Esta Sala de Decisión, en sentencia de 25 de abril de 2019, al respecto expuso
lo siguiente: “[…] la tutela no puede ser utilizada como acción judicial sustitutiva de
los mecanismos judiciales ordinarios, salvo que estos medios ordinarios no sean
13 Al respecto, ver Corte Constitucional. Sentencias T-890 de 24 de noviembre de 2011, Magistrado Ponente:
Dr. Jorge Iván Palacio Palacio y T-580 de 26 de julio de 2006, Magistrado Ponente: Dr. Manuel José Cepeda
Espinosa.
14 La subregla mencionada ha sido aplicada en las sentencias SU-1299 de 2001, T-886 de 2001, T-212 de
2006, T-113 de 2013, T-103 de 2014, entre otras.
15 Al respecto, la sentencia C-590 de 2005 afirmó que es “un deber del actor desplegar todos los mecanismos
judiciales ordinarios que el sistema jurídico le otorga para la defensa de sus derechos. De no ser así, esto es,
de asumirse la acción de tutela como un mecanismo de protección alternativo, se correría el riesgo de
vaciar las competencias de las distintas autoridades judiciales, de concentrar en la jurisdicción
constitucional todas las decisiones inherentes a ellas y de propiciar un desborde institucional en el
cumplimiento de las funciones de esta última”. Corte Constitucional, Sentencia C-590 de 2005, M.P. Jaime
Córdoba Triviño. La subregla jurisprudencial expuesta previamente fue aplicada en la sentencia SU-858 de
2001, SU-1299 de 2001, entre otras.
16 “En atención al carácter exceptivo de la acción de tutela, la misma resulta improcedente cuando se pretende
emplear para reabrir un asunto litigioso que por negligencia, descuido o distracción de las partes, se encuentra
debidamente resuelto (…)Entonces, por vía de tutela, no es viable revivir términos de caducidad agotados, en
la medida que se convertiría en un mecanismo que atentaría contra el principio de seguridad jurídica y se
desnaturalizaría el propósito mismo de la acción constitucional de protección de los derechos fundamentales.”.
Corte Constitucional, Sentencia T-103 de 2014, M.P. Jorge Iván Palacio Palacio. En la sentencia T-396 de 2014
se declaró la improcedencia de la acción de tutela, por cuanto no se cumplió el requisito de subsidiariedad, en
el análisis del caso concreto se afirmó: “Bajo esas condiciones, esta Sala de Revisión confirmará el fallo
mencionado teniendo en cuenta que la acción presentada por el señor Emen Quinayas incumple el requisito
de subsidiariedad en la medida en que no fue presentado el recurso de apelación contra la sentencia que
resolvió la acción popular, lo que es suficiente para declarar la improcedencia de la tutela contra providencia
judicial” Corte Constitucional, Sentencia T-396 de 2014, M.P. Esta subregla también fue aplicada en la
sentencia T-006 de 2015, en la que la se afirmó: “la acción de tutela es improcedente, ya que por negligencia
o descuido del actor no puede pretender que a través de este medio se reabran etapas procesales que se
encuentran debidamente resueltas por no haber presentado a tiempo los respectivos recursos en el desarrollo
del proceso ordinario laboral. Así, al no cumplir la tutela con uno de los requisitos generales de procedibilidad,
relativo al agotamiento de los medios ordinarios de defensa judicial, la Sala se abstendrá de emitir
pronunciamiento alguno respecto de los demás criterios generales y específicos de procedibilidad”.
17 Corte Constitucional, Sentencia T-103 de 2014, M.P. Jorge Iván Palacio Palacio.
18 Corte Constitucional. Sentencia T-001 de 16 de enero de 2017, M.P.: Luis Ernesto Vargas Silva.
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Radicación: 11001-03-15-000-2025-05441-01
Accionante: Ángela Gisell Velásquez León
idóneos o eficaces para proteger los derechos fundamentales controvertidos o
cuando la acción de tutela se utilice como mecanismo transitorio para evitar un
perjuicio irremediable […]”19.
28. Sin embargo, el mismo texto constitucional y el Decreto Ley 2591 de 1991 señalan
una excepción a la regla anteriormente expuesta, consistente en que cuando se trate
de evitar un perjuicio irremediable se podrá interponer la acción de tutela sin agotar
los mecanismos judiciales ordinarios. Es decir, no es necesario, bajo este supuesto
excepcional, agotar los mecanismos judiciales ordinarios cuando con la acción de
tutela se pretende evitar un perjuicio irremediable.
29. El concepto de perjuicio irremediable está relacionado con la existencia de una
grave e inminente afectación o detrimento del derecho fundamental que deba ser
conjurada con medidas urgentes, de aplicación inmediata e impostergable, para
neutralizar, cuando ello sea posible, la vulneración del derecho.
30. Descendiendo al caso objeto de estudio, se observa que la accionante alega que
la autoridad accionada vulneró sus derechos fundamentales a la igualdad, al trabajo
y debido proceso por haber incurrido en los defectos fáctico y sustantivo, lo que
derivó en una decisión incongruente porque “[…] no guarda relación alguna con las
pretensiones de la demanda, con lo probado en el proceso ni tampoco con los
antecedentes que en la misma sentencia el tribunal describió […]”.
31. Como fundamento de su solicitud de amparo indicó que hubo una “[…]
motivación totalmente apartada de los supuestos fácticos del caso, así como
también del petitum de la demanda pues debe recordarse que, el empleo público,
contempla rubros diferentes al derecho laboral privado, los cuales están descritos
en el decreto 1045 de 1978. Justamente, son las prestaciones contenidas en el
decreto en cita, las que jamás percibió la demandante y que se reclamaron a través
de demanda teniendo en cuenta que, entre la accionante y el Hospital Universitario
de la Samaritana E.S.E. hubo una relación laboral encubierta […]”.
32. Sostuvo que, “[…] el defecto sustantivo en el sub judice, se consumó cuando el
tribunal Contencioso Administrativo de Cundinamarca concluyó que, no procedía el
restablecimiento del derecho solicitado por cuánto las E.S.T. y C.T.A le pagaron a
la demandante los rubros previstos en el Código Sustantivo del Trabajo, omitiendo
que, a la demandante jamás le pagaron las prestaciones propias del empleo
público previstas en el decreto 1045 de 1978 los cuales fueron solicitados en
demanda […]”. [Negrilla del texto].
33. En criterio de la Sala, como lo consideró el juez de tutela de primera instancia,
los argumentos expuestos en el escrito de tutela buscan cuestionar un presunto
desconocimiento del principio de congruencia de la sentencia porque dicha
decisión, a su juicio, “[…] no guarda relación alguna con las pretensiones de la
19 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 25 de abril de
2019, expediente número 11001-03-15-000-2018-04033-01, C.P. Roberto Augusto Serrato Valdés.
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Radicación: 11001-03-15-000-2025-05441-01
Accionante: Ángela Gisell Velásquez León
demanda, con lo probado en el proceso ni tampoco con los antecedentes que en la
misma sentencia el tribunal describió […]”.
34. Esta Sala de Decisión ha sostenido que el recurso extraordinario de revisión,
amparado en la causal 5°, es el medio judicial idóneo para controvertir la falta de
congruencia externa y/o interna de la sentencia. Al respecto se dijo en el fallo de 16
de febrero de 202320:
“[…] De la revisión del contenido de los argumentos planteados en esta acción
de amparo es dable inferir que la inconformidad del actor se concreta en que la
sentencia de 6 de julio de 2022 violó el principio de congruencia y la garantía
constitucional de doble instancia porque no resolvió de fondo los
planteamientos que se efectuaron contra la decisión de primera instancia.
39. En ese sentido, para esta Sección el debate propuesto en el escrito de tutela
está encaminado a demostrar que el fallo judicial incurrió en una nulidad por
desconocer el principio de congruencia de la sentencia, en tanto que el juez
contencioso se abstuvo injustificadamente de analizar los argumentos
señalados en el recurso de apelación.
40. En relación con el desconocimiento principio de congruencia como causal
de nulidad de la sentencia, cabe traer a colación el siguiente pronunciamiento
de la Sala Octava Especial de Revisión de esta Corporación:
[...] La congruencia corresponde a un atributo de la decisión judicial y se traduce
en la armonía que deber estar presente en su estructura interna, esto es, la
parte motiva y resolutiva del fallo, como en la externa, entendida como la
coherencia entre la decisión y lo pedido por las partes. Este principio es una
garantía de que gozan las partes para exigir del fallador una decisión que
resuelva la controversia formulada, no solo frente a las pretensiones que
formula el actor, sino respecto del pronunciamiento que el juez debe realizar de
la defensa de quien funge como parte accionada y que, generalmente, se
propone a título de excepciones. Ahora, la congruencia en la decisión de
segunda instancia está atada a la competencia del superior funcional y al
examen que le corresponde realizar como consecuencia de la revisión de
la providencia de primer grado y el reproche de los apelantes, para que,
según su análisis, la revoque, modifique o si lo encuentra pertinente, la
confirme, de acuerdo con el artículo 320 armonizado con el 281, ambos
del CGP [...].
41. En consecuencia, esta Sección debe concluir que la supuesta omisión que
se atribuye por la parte actora a la Subsección A de la Sección Tercera del
Consejo de Estado es susceptible de ser invocada como causal de revisión,
motivo por el cual la acción de amparo resulta improcedente ante el
desconocimiento del principio de subsidiariedad […]”. [Negrilla fuera del texto].
35. En ese orden de ideas, la Sala considera que los argumentos expuestos por la
accionante son susceptibles de plantearse a través de otro mecanismo de defensa
20
Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Sentencia de 16 de febrero de 2023. Exp. N°
11001-03-15-000-2023-6776-00. C.P.: Roberto Augusto Serrato Valdés.
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Radicación: 11001-03-15-000-2025-05441-01
Accionante: Ángela Gisell Velásquez León
judicial y, además, en el asunto de la referencia no se demostró la configuración de
un perjuicio irremediable21.
36. Con fundamento en los anteriores razonamientos, esta Sección confirmará la
sentencia de 25 de septiembre de 2025, proferida por la Sección Cuarta del
Consejo de Estado, por las razones expuestas en esta providencia.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la Ley,
FALLA:
PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia de 25 de septiembre de 2025, proferida por
Sección Cuarta del Consejo de Estado, por las razones expuestas en la parte
motiva de esta providencia.
SEGUNDO: NOTIFICAR esta providencia por el medio más expedito, en los
términos de los artículos 16 y 30 del Decreto Ley 2591 de 1991.
TERCERO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual
revisión.
Se deja constancia que la anterior sentencia fue leída, discutida y aprobada por la
Sala en la sesión de la fecha.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,
NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN PABLO ANDRÉS CÓRDOBA ACOSTA
Consejera de Estado Consejero de Estado
Presidenta
GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES
Consejero de Estado
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección Primera en la sede
electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior
consulta, de conformidad con la ley.
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Los requisitos para tal efecto son los siguientes: “[…] Es el daño causado a un bien jurídico como consecuencia de acciones
u omisiones manifiestamente ilegítimas y contrarias a derecho que, una vez producido, es irreversible y por tanto no puede
ser retornado a su estado anterior (…) se presenta un perjuicio irremediable cuando concurran los siguientes requisitos: (1)
el perjuicio es inminente, es decir, que se producirá indefectiblemente si no opera la protección judicial transitoria; (2) las
medidas que se requieren para conjurar el perjuicio deben ser urgentes; (3) el daño o menoscabo ha de ser grave, esto es,
que una vez que aquel se haya producido es imposible retornar la situación a su estado anterior; y, (4) la urgencia y la
gravedad determinan que la acción de tutela sea impostergable […]” (Sentencia T-348 de 1997).
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