Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-05442-00
Consejo de Estado · Sala Plena
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Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-05442-00
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2025-05442-00
Consejero ponente: Alberto Montaña Plata
18 de noviembre de 2025
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN B
Magistrado Ponente: Alberto Montaña Plata
Bogotá D.C., 18 de noviembre de 2025
Radicación: 11001-03-15-000-2025-05442-00
Demandante: Jesús Alberto Cabrera Zambrano
Demandado: Tribunal Administrativo de Nariño
Referencia: Acción de tutela. Sentencia de primera instancia
Temas: ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL | Acción popular - Órdenes del
juez popular | Defecto sustantivo – Prohibición normativa – Ampara | Defecto sustantivo –
Imprecisión normativa – Niega
Síntesis del caso: El accionante enjuició el fallo de segunda instancia que confirmó la
vulneración de los derechos colectivos y revocó la orden impartida en primera instancia de
modificación del POT, la cual fue sustituida por otras medidas.
De acuerdo con la competencia asignada1, procede la Sala a resolver, en
primera instancia, la acción de tutela presentada por Jesús Alberto Cabrera
Zambrano contra el Tribunal Administrativo de Nariño.
Contenido: 1. Antecedentes. 2. Consideraciones. 3. Decisión.
1. ANTECEDENTES
Contenido: 1.1. Posición de la parte actora. 1.2. Posición de la parte accionada y demás
vinculados. 1.3. Trámite relevante en primera instancia.
1.1. Posición de la parte actora
1. El 1 de septiembre de 2025, Jesús Alberto Cabrera Zambrano presentó,
en nombre propio, una acción de tutela contra el Tribunal Administrativo de
Nariño, por la presunta vulneración de su derecho fundamental al debido
proceso, con ocasión de la Sentencia de 20 de mayo de 2025, proferida en
el proceso de acción popular Rad. 52001-23-33-000-2022-00166-01.
2. A título de amparo constitucional, la parte demandante solicitó (se
trascribe):
“1. Que se declare la vía de hecho en que incurrió el Tribunal Administrativo de
Nariño dentro del Fallo de segunda instancia de la Acción Popular No.
520013333009 – 2022 – 00166-01.
2. Como consecuencia de lo anterior, tutelar el derecho al debido proceso y
se ordene al Tribunal Administrativo de Nariño, que, dentro del término
prudencial, se ordene al Tribunal dejar sin efectos dicha sentencia y, en su lugar
1 Artículo 86 de la Constitución Política, Decretos 2591 de 1991, 1382 de 2000, 1069 de 2015, 1983 de 2017 y 333 de
2021 y Acuerdo 80 de 2019 de esta Corporación.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicación: 11001-03-15-000-2025-05442-00
Demandante: Jesús Alberto Cabrera Zambrano
Demandado: Tribunal Administrativo de Nariño
Referencia: Acción de tutela. Sentencia de primera instancia
Decisión: Ampara – niega
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profiera una nueva sentencia donde se estudie el amparo de derechos
colectivos de los accionantes, aplicando la legislación vigente; que incluya las
normas urbanísticas de uso de suelo, salubridad, seguridad y de no afectación
a la convivencia ciudadana”.
3. Como hechos relevantes, a partir del escrito de tutela y sus anexos, se
identificaron los siguientes:
4. 1) El 12 de enero de 2022, algunos residentes de los barrios Las Cuadras
y Parque Infantil, entre ellos Jesús Alberto Cabrera, Carlos Santamaría, Raúl
González y Alfonso Agreda Putumayo, interpusieron una acción popular
contra el municipio de Pasto para la protección de los derechos e intereses
colectivos al ambiente sano, al espacio público, a la tranquilidad y a la
seguridad. Solicitaron la suspensión de permisos para discotecas, bares,
gastrobares y demás establecimientos con fuentes sonoras que perturbaran
el sector comprendido entre las calles 18 y 20 y las carreras 29 y 31C, así
como el control de vendedores ambulantes, la recuperación del espacio
público y el cumplimiento de las normas del Código de Policía.
5. Afirmaron que el conflicto se originó en el Plan de Ordenamiento
Territorial (POT), al permitir el uso mixto del suelo residencial para actividades
comerciales. Indicaron que, tras el cierre de los establecimientos, los
asistentes permanecían en la vía pública, donde ingerían licor y drogas,
generaban ruido, desechos y alteraciones al orden público, pese a las
múltiples quejas y requerimientos presentados.
6. 2) El 21 de septiembre de 2023, el Juzgado 9 Administrativo de Pasto
declaró vulnerados los derechos colectivos al ambiente sano, al espacio
público y al desarrollo urbano ordenado, al considerar que la mezcla de usos
aprobada por el POT resultaba incompatible con la actividad comercial de
expendio y consumo de licor. Sin embargo, decidió adoptar medidas
distintas a las solicitadas para equilibrar los derechos de los habitantes y los
de los comerciantes y trabajadores informales.
7. El juzgado concluyó que la coexistencia de bares, discotecas y ventas
informales de bebidas alcohólicas había generado ocupación indebida del
espacio público, contaminación auditiva, residuos, inseguridad y
afectaciones a la salud y tranquilidad de los residentes. Determinó, además,
que los establecimientos incumplían los requisitos de funcionamiento y
licencias urbanísticas previstos en la Ley 1801 de 2016 y en el POT, y que la
administración municipal no había ejercido un control efectivo. Por esta
razón, ordenó la realización de un estudio técnico sobre las zonas aptas para
el expendio de bebidas alcohólicas y la posterior modificación del POT en
un plazo de 9 meses. También dispuso medidas transitorias de control,
capacitación a los comerciantes, priorización de procesos administrativos,
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aplicación del Decreto 298 de 2020 para trabajadores informales y
campañas de cultura ciudadana.
8. 3) El municipio de Pasto apeló la decisión al considerar que
desconoció la presunción de legalidad del POT y atribuyó la causa del
problema a su contenido normativo, sin contar con sustento técnico. Alegó
que la incompatibilidad provenía de una deficiente implementación y no
del plan, y que la orden de modificar el POT excedía la competencia
judicial. Asimismo, estimó irrazonable el plazo de 9 meses para su
modificación y sostuvo que la solución debía centrarse en reforzar las
medidas de control y mitigación, no en una reforma normativa. Este recurso
fue coadyuvado por el Ministerio Público.
9. 4) El 20 de mayo de 2025, el Tribunal Administrativo de Nariño confirmó
la vulneración de los derechos e intereses colectivos, pero revocó la orden
de realizar un estudio técnico y modificar el POT en 9 meses. En su lugar,
ordenó al municipio verificar, en el término de 1 mes, que los
establecimientos de comercio contaran con licencias de funcionamiento,
uso del suelo y certificados de intensidad auditiva, además de implementar
sistemas adecuados de insonorización conforme con la Ley 232 de 1995 y el
Decreto 1879 de 2008. Dispuso estudios técnicos adicionales en los casos
donde se evidenciaran sistemas ineficaces de insonorización y activación
de medidas policivas en caso de incumplimiento. La Policía Nacional debía
efectuar controles quincenales de ruido, horario de cierre y ocupación del
espacio público. A los propietarios les ordenó suspender el uso de cabinas,
torres y bafles de sonido hasta que la administración definiera las
adecuaciones estructurales necesarias. Las demás órdenes fueron
confirmadas.
10. El Tribunal limitó su competencia al examen del punto apelado, sin
revisar la existencia de la vulneración. Concluyó que, si bien el POT permitió
el uso mixto del suelo, no regló adecuadamente las actividades comerciales
y sus impactos sobre el suelo residencial; por ello, resultaba razonable
actualizarlo, aunque no era viable ordenar su modificación en un plazo de
9 meses debido a la complejidad del proceso. Asimismo, señaló que el juez
popular no podía anular disposiciones del POT conforme con el artículo 144
de la Ley 1437 de 2011, pues ello implicaría un juicio de legalidad reservado
a la autoridad competente. Recordó que el POT admitía la coexistencia de
usos residenciales y comerciales, pero los propietarios debían cumplir
normas urbanísticas, ambientales y de control del ruido. En consecuencia,
ordenó a las autoridades verificar el cumplimiento de los requisitos de
funcionamiento, incluidos los certificados de intensidad auditiva y los
sistemas de insonorización.
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11. 5) El 12 de junio de 2025, la Procuraduría General de la Nación solicitó
aclaración del fallo al advertir que la referencia a la licencia de
funcionamiento y a la Ley 232 de 1995 resultaba imprecisa, pues el Decreto
Ley 2150 de 1995 suprimió dicho requisito y la Ley 232 fue derogada por la
Ley 1801 de 2016. Solicitó que se precisara la orden conforme con la
normativa vigente para evitar dificultades de cumplimiento.
12. 6) El 1 de julio de 2025, el Tribunal negó la aclaración por
extemporánea. Posteriormente, el 16 de julio de 2025, la Procuraduría pidió
modular los efectos del fallo con fundamento en el artículo 34 de la Ley 472
de 1998, a fin de ajustar las órdenes a las disposiciones vigentes de la Ley
1801 de 2016 (arts. 84, 86 y 87). La Defensoría del Pueblo y el actor popular
también solicitaron la aclaración del fallo por argumentos similares.
13. 7) El 1 de agosto de 2025, el Tribunal negó nuevamente las solicitudes
por extemporáneas. Respecto de la modulación de la sentencia enjuiciada
determinó que el comité de verificación y la jueza de primera instancia
podían ajustar las órdenes a las circunstancias del cumplimiento, de
acuerdo con la jurisprudencia constitucional. Finalmente, el Tribunal
consideró que la imprecisión normativa no impedía la ejecución del fallo,
dado que las órdenes debían interpretarse conforme con los hechos, las
razones jurídicas y la normativa vigente. Indicó que cualquier dificultad en
la ejecución podría tramitarse mediante incidente de desacato o solicitud
de modulación posterior.
14. Como fundamento de la vulneración de sus derechos, la parte actora
señaló que la Sentencia de 20 de mayo de 2025, proferida por el Tribunal
Administrativo de Nariño, incurrió en un defecto sustantivo al basar su
decisión en normas derogadas, lo que impedía el cumplimiento efectivo de
las órdenes impartidas para conjurar la vulneración de los derechos
colectivos.
15. Manifestó que “en el fallo se hace alusión al concepto de <licencias
de funcionamiento>; se cita en la orden que se imparte, cumplir de
conformidad con la <Ley 232 de1995, reglamentada por el Decreto 1879 de
2008>, se considera que son elementos que dificultan la comprensión del
alcance de la orden y por tanto de su cumplimiento, puesto que el
concepto de licencias de funcionamiento se suprimió mediante el artículo
46 del Decreto Ley 2150 de 1995”.
16. Sostuvo que la decisión se basó en normas que no estaban vigentes,
porque se impartió la orden “con observancia de la Ley 232 de 1995, la cual
fue derogada por la Ley 1801 de 2016 “Por la cual se expide Código
Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana. Lo anterior no permite
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dar claridad para el cumplimiento del mismo a los accionados y
accionantes”. En consecuencia, el fallo enjuiciado sustentó su decisión en
normas inexistentes, por lo que la parte resolutiva debe ser “precisada de
acuerdo con la normativa vigente, pues de lo contrario ofrece dificultad
fehaciente para su cumplimiento”. Por último, cuestionó que el operador
jurídico no hubiera tenido en cuenta el instrumento de planificación para
adoptar las órdenes impartidas. Por último, insistió en la “aclaración de dicho
fallo”.
1.2. Posición de la parte accionada y demás vinculados2
17. El Tribunal Administrativo de Nariño3 sostuvo que la acción de tutela
no se dirigía contra la sentencia de primera instancia, sino que buscaba
convertirse en una tercera instancia. Señaló que el accionante formuló
conjeturas sobre posibles dificultades en la ejecución del fallo, sin demostrar
un incumplimiento real y actual. Afirmó que no existían razones válidas para
considerar que la imprecisión normativa de la parte resolutiva afectaba el
cumplimiento de las órdenes, pues la eficacia del fallo se encontraba
garantizada por los hechos y fundamentos jurídicos que lo sustentaban.
Además, indicó que la solicitud de aclaración fue presentada dentro del
término legal.
18. Agregó que la referencia a normas derogadas no limitaba el alcance
ni la obligatoriedad del fallo, ya que lo exigible era el cumplimiento de las
órdenes contenidas en la parte resolutiva. Precisó que una cita normativa
imprecisa no desnaturalizaba las medidas adoptadas, las cuales
conservaban plena eficacia. Recordó que, conforme con la jurisprudencia
constitucional, si se presentaba un incumplimiento real y probado, el juez de
la acción popular podía modular las órdenes para adecuarlas a las
circunstancias de tiempo, modo y lugar, y así garantizar la efectividad de los
derechos colectivos reconocidos.
2 Mediante Auto de 3 de septiembre de 2025, el despacho ponente 1) admitió la acción de tutela, (2) tuvo como
demandado al Tribunal Administrativo de Nariño y, (3) vinculó al Juzgado 9 Administrativo de Pasto y el Municipio
de Pasto, como terceros con interés en el asunto. Posteriormente, mediante Auto de 9 de octubre de 2025 también
fueron vinculados las siguientes personas: Procuraduría General de la Nación, la Nación – Ministerio de Defensa –
Policía Nacional, la Defensoría del Pueblo, Personería Delegada para lo policivo del municipio de Pasto, a
Asodisbarc (Asociación de Discotecas, Bares, Restaurantes y Clubes), a Nubia del Carmen Rojas de Noguera,
Marco Fidel Noguera Narváez, María Antonia Noguera Rojas, Ángela Karina Noguera, Holmes Iván Noguera Rojas,
Sandra Delgado Orejuela, Samantha Santander Delgado, Juan José Santander Delgado, Mary Sotelo Domínguez,
Nelson Eduardo Peña Caicedo, Magaly del Carmen Peña Caicedo, Alba Patricia Peña Caicedo, María Fernanda
Figueroa Peña, Marcela Figueroa, Juan Manuel Peña Fajardo, Zenaida Santander Buriticá, Libardo Eraso Hidalgo,
Jaime Santander España, Angélica Santander Yepes, Mercedes Esperanza Yépez Moncayo, Sofía Santander
Yepes, María Eugenia Mesías Benavides, Yolanda Mesías Benavides, Alba Lucia Mesías Benavides y Efraín
Santander España, Carmen del Rosario Ortega Guerrero, Ciro Alejandro Pupiales Chávez, Diana Milena Muñoz
Madroñero, Dayana Valentina Ortega Cabrera, y Janneth Stella Botina Noguera, Sandra Isabel Valenzuela
Santacruz, Luis Eduardo España Riascos, Maria Fanny Botina, Sonia Hernández Prada, Francisco Javier Pizara
Salcedo, María Consuelo Benavides Valencia, Laureano Ramón Salas Enríquez, Hernando Mario Betancourth
Palacios, Mischelee Melina Revelo Benavides, Clara Elisa Pizara Salcedo, Oscar Giovanni Moreno Cruz, Claudio
Álvaro España Riascos, María Rubiela Castro, José Arturo Pizara Salcedo, Carlos Santamaría, Raúl Gonzales y
Alfonso Agreda Putumayo, Mario Perafán Cabrera y Franco Romo Lucero como terceros con interés en el asunto.
3 Índice 12 de Samai.
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19. El Juzgado 9 Administrativo de Pasto4 indicó que no se acreditó ningún
defecto.
20. El municipio de Pasto5 manifestó que la acción de tutela pretendía
usarse como una tercera instancia, al solicitar que se ordenara al juez
popular reexaminar la vulneración de los derechos colectivos conforme con
la legislación vigente en materia urbanística, de salubridad, seguridad y
convivencia ciudadana.
21. La Personería de Pasto6 solicitó la protección del derecho
fundamental al debido proceso del accionante, con el fin de que se
aplicara la normativa vigente y el fallo pudiera ejecutarse materialmente.
22. La Policía Nacional7 pidió ser desvinculada, al considerar que no
vulneró los derechos fundamentales de los accionantes, pues la situación se
derivaba de una providencia judicial.
23. La Procuraduría General de la Nación8 advirtió que mantener la
providencia judicial con fundamento en normas derogadas podría generar
su incumplimiento, lo cual mantendría la vulneración de los derechos
colectivos. Asimismo, indicó que, en el ejercicio de sus funciones, no vulneró
los derechos invocados.
24. El Ministerio de Defensa9, la Defensoría del Pueblo10, Asodisbarc11 y las
demás personas vinculadas12 guardaron silencio, a pesar de haber sido
debidamente notificadas.
1.3. Trámite relevante en primera instancia
25. El 18 de noviembre de 2025, el magistrado Fredy Ibarra Martínez
manifestó su impedimento para conocer el asunto, con fundamento en el
numeral 5 del artículo 56 del Código de Procedimiento Penal13, y bajo los
siguientes argumentos (se trascribe):
4 Índice 11 de Samai.
5 Índice 10 de Samai.
6 Índice 20 de Samai.
7 Índice 21 de Samai.
8 Índices 22, 26 y 27 de Samai.
9Índice 18 de Samai.
10Índice 18 de Samai.
11Índice 18 de Samai.
12 El accionante, mediante memorial del 20 de octubre de 2025, informó que los demás terceros vinculados podían
ser notificados en la dirección” Calle 18 No. 30-44, Edificio Torre Central, Pasto (Nariño)” y en el correo electrónico
“viajeroscultural@gmail.com” (índice 25 de Samai). En consecuencia, el 27 de octubre se notificó el auto admisorio
y se corrió traslado de la acción de tutela con sus anexos a los terceros interesados que aún no conocían el trámite,
a través del correo electrónico indicado y mediante oficio físico el 11 de noviembre de 2025 remitido por la
empresa de servicios postales 472. Quedó registrado el envío de correo electrónico, la trazabilidad y entrega de
los oficios físicos, según consta en los índices 28, 29, 30, 31, 32 y 33 de Samai.
13
“Artículo 56. Causales de impedimento. Son causales de impedimento: (...) 5. Que exista amistad íntima o
enemistad grave entre alguna de las partes, denunciante, víctima o perjudicado y el funcionario judicial”.
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“En este caso, la parte actora cuestiona la Sentencia del 20 de mayo de 2025
emitida por la Sala Primera de Decisión del Tribunal Administrativo de Nariño en
el expediente de acción popular no. 52001-23-33-000-2022-00166-01,
providencia judicial que fue suscrita, entre otros, por el doctor José Gabriel
Santacruz Miranda, en su condición de magistrado integrante de dicha Sala
(…)
Lo anterior, toda vez que desde hace varios años mantengo una relación de
amistad íntima con el doctor José Gabriel Santacruz Miranda, quien, además
también fue magistrado auxiliar del despacho que actualmente dirijo; en
consecuencia, dado que la acción de tutela se promovió precisamente en
contra de una providencia judicial en la que el doctor Santacruz Miranda
participó y suscribió como integrante de dicha Sala de Decisión, considero que
me encuentro impedido para conocer del asunto de la referencia.
Por consiguiente, en orden a preservar de manera integral la absoluta
independencia, objetividad y transparencia en la resolución de esta actuación
judicial, solicito respetuosamente que se me separe del conocimiento del
caso”.
26. En atención a lo expuesto, se considera que, en efecto, se configura
la causal de impedimento invocada, toda vez que el asunto que se discute
en la presente acción de tutela tiene relación con una providencia
enjuiciada que fue suscrita por el magistrado José Gabriel Santacruz
Miranda, como integrante de la autoridad judicial accionada y quien
mantiene desde hace años un vínculo de amistad íntima con el magistrado
Fredy Ibarra Martínez. Este vínculo de amistad afectaría la debida
imparcialidad y objetividad que debe observar el juez al conocer el asunto.
En ese orden, se declarará fundado el aludido impedimento y se le separará
del conocimiento del asunto.
2. CONSIDERACIONES DE LA SALA
Contenido: 2.1. Fijación de la controversia. 2.2. Solicitud de desvinculación. 2.3.
Procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial. 2.4. Verificación de
defectos alegados y/o afectación a derechos fundamentales. 2.5. Conclusiones.
2.1. Fijación de la controversia
27. Corresponde determinar, una vez verificados los requisitos de
procedencia de la acción de tutela, si el Tribunal Administrativo de Nariño
vulneró el derecho al debido proceso del actor popular e incurrió en un
defecto sustantivo al sustentar las órdenes del fallo de segunda instancia del
proceso de acción popular en normas derogadas.
2.2. Solicitud de desvinculación
28. En relación con la solicitud de desvinculación presentada por la
Policía Nacional, la Sala la resolverá de manera desfavorable, ya que,
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aunque no se alega una presunta vulneración de derechos fundamentales
respecto de dicha entidad, las decisiones que eventualmente se adopten
podrían resultarle de interés, por haber intervenido en el proceso ordinario.
Por esta razón, fue vinculada desde el Auto de 9 de octubre de 2025.
2.3. Procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial
29. La Sala encuentra que se cumplieron los requisitos generales de
procedibilidad de la acción de tutela, porque no existe medio de defensa
judicial idóneo y eficaz que permitiera a la parte accionante alegar los
reparos planteados vía tutela y procurar la defensa del derecho
presuntamente vulnerado.
30. Hubo un plazo razonable entre la fecha de notificación de la
Sentencia de 20 de mayo de 2025 (29/5/2025)14 y la interposición de la
presente acción de tutela (1/9/2025)15. No se enjuició un fallo de tutela, pues
la controversia se relacionó con una sentencia de segunda instancia
dictada en el marco de un proceso de acción popular. Se identificaron de
manera clara, detallada y comprensible los hechos y la presunta
vulneración derivada de ellos.
31. Por último, se advierte que la controversia tiene relevancia
constitucional por tratarse de la presunta afectación del derecho
fundamental al debido proceso, con ocasión de una providencia judicial
cuyo debate central gira en torno a un defecto sustantivo, argumento que
no pudo plantearse en el curso del proceso ordinario de acción popular.
Esto cobra mayor relevancia si se considera que la providencia enjuiciada
revocó la orden de modificar el POT del municipio de Pasto por otras
medidas para conjurar la vulneración de los derechos colectivos, por lo que
dichas órdenes no pudieron ser objeto de apelación, y, en consecuencia,
no se pretende someter la controversia a una nueva instancia.
2.4. Verificación de defectos alegados y/o afectación a derechos
fundamentales
32. La Sala amparará el derecho fundamental al debido proceso del
accionante al encontrarse acreditado un defecto sustantivo, pero
únicamente respecto de la orden relacionada con la verificación de las
licencias de funcionamiento. Respecto de las demás órdenes, no se advierte
la configuración del defecto sustantivo, por las razones que se explican a
continuación:
14 De acuerdo con la información que reposa en SAMAI, el mensaje de datos fue enviado el 27 de mayo de 2025.
15 Según acta Individual de reparto.
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33. La jurisprudencia constitucional ha establecido que se configura un
defecto sustantivo cuando la decisión judicial carece por completo de
fundamento jurídico o se apoya en una norma no pertinente, es decir,
cuando esta no está vigente, es inexistente o, aun estando vigente, su
aplicación resulta inadecuada para el caso concreto16.
34. En el presente asunto, el juez popular, al resolver la apelación,
confirmó la vulneración de los derechos e intereses colectivos, por no haber
sido objeto de impugnación, y se concentró en definir el alcance de las
órdenes adoptadas. En consecuencia, revocó parcialmente la medida que
ordenaba modificar el POT y la reemplazó por las siguientes medidas (se
trascribe):
“PRIMERO: REVOCAR el ordinal segundo de la sentencia de 21 de noviembre
de 2023, conforme lo considerado y, en su lugar, adoptar las siguientes medidas
de protección definitivas:
SEGUNDO: ORDENAR al Municipio de Pasto realizar las siguientes actuaciones:
• En el término de un (1) mes siguiente a la notificación de la presente decisión,
deberá verificar que los establecimientos de comercio que funcionan en las
Carreras 29 a 32 y Calles 18 a 21 de la ciudad de Pasto (Las Cuadras y Parque
Infantil) cumplen con las licencias de funcionamiento, uso del suelo, intensidad
auditiva, horario, ubicación y destinación y, además, con sistemas adecuados
de insonorización, de conformidad con Ley 232 de 1995, reglamentada por el
Decreto 1879 de 2008, que garanticen que sus emisiones de ruido no superen
16 Corte Constitucional, Sentencia SU-487 de 2024. “A partir de lo anterior, la jurisprudencia constitucional ha
señalado que el defecto sustantivo se materializa cuando la decisión que toma el juez desborda el marco de
acción que la Constitución y la ley le reconocen. En esa medida, la Corte ha precisado que una providencia
judicial incurre en un defecto sustantivo en el evento en que (i) El juez se aparte del marco normativo en el que
debió apoyarse para sustentar su fallo, “bien sea porque aplica una norma claramente inaplicable al caso o deja
de aplicar la que evidentemente lo es”; (ii) “Existe una carencia absoluta de fundamento jurídico en el fallo
adoptado”[45], porque la decisión cuestionada se fundamenta en una norma que no es pertinente; no está
vigente; es inexistente; o a pesar de estar vigente y ser constitucional “su aplicación a la situación fáctica objeto
de revisión resulta inadecuada” (iii) La interpretación que el juez realiza desconoce sentencias con efectos erga
omnes que constituyen cosa juzgada (control abstracto), lo cual sucede cuando (a) aplica disposiciones
declaradas inexequibles; (b) emplea normas cuyo contenido normativo ha sido encontrado contrario a la
Constitución (decisum – exequibilidad condicionada); o (c) fundamenta su decisión en abierto desconocimiento
de la ratio decidendi de sentencias de constitucionalidad. (iv) La providencia judicial adolece de “problemas
determinantes” o es manifiestamente irrazonable. (v) Existe una evidente y grosera contradicción entre los
fundamentos y la decisión, “al acreditarse que la resolución del juez se aparta de las motivaciones expuestas en
la providencia”.(vi) El juez interpreta la norma sin tener en cuenta otras disposiciones aplicables, a pesar de que
“en la aplicación de una norma se exige la interpretación sistemática con otras que no son tenidas en cuenta y
que resultan necesarias para la decisión adoptada”. vii) “Un poder concedido al juez por el ordenamiento se utiliza
para un fin no previsto en la disposición”. (viii) El juez interpreta o aplica la norma de manera errónea o “realiza
una interpretación irrazonable de las disposiciones jurídicas aplicables para la resolución del caso” (subrayado
fuera de texto). Esto puede ocurrir cuando la interpretación o aplicación de la norma, (a) prima facie, no se
encuentra dentro del margen de razonabilidad o proporcionalidad; (b) el juez le otorga a la disposición un sentido
o alcance que no tiene (interpretación contra legem); (c) es evidentemente perjudicial para los intereses legítimos
de una de las partes, sin que exista una justificación para ello; (d) es producto de una hermenéutica
manifiestamente errónea o irrazonable, “sacando de los parámetros de la juridicidad y de la interpretación jurídica
aceptable la decisión judicial”; y, (e) resulta injustificadamente regresiva o claramente contraria a la Constitución.
En todo caso, la jurisprudencia constitucional también ha advertido que no cualquier interpretación o aplicación
de una norma configura un defecto sustantivo. Dada la posible existencia de “vías jurídicas distintas para resolver
un caso concreto que [también] son admisibles [y] compatibles con las garantías y derechos fundamentales de
los sujetos procesales”, la procedencia de un “yerro trascendente, cuyo origen se encuentra en el proceso de
interpretación y de aplicación de las normas jurídicas”, es realmente excepcional. No es suficiente que se discrepe
de la interpretación hecha por un juez o que se considere que la norma tiene un contenido distinto al que se
valoró, pues para que se configure el defecto sustantivo se requiere demostrar, de manera incontrovertible, que
la decisión judicial “se sale del razonable margen de interpretación autónoma que la Constitución le ha confiado”,
de tal forma que resulta contraria al orden jurídico y deriva en la emisión de una decisión que obstaculiza la
garantía de los derechos fundamentales de las partes y terceros involucrados en el proceso”.
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Radicación: 11001-03-15-000-2025-05442-00
Demandante: Jesús Alberto Cabrera Zambrano
Demandado: Tribunal Administrativo de Nariño
Referencia: Acción de tutela. Sentencia de primera instancia
Decisión: Ampara – niega
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los decibeles máximos permitidos en las Resoluciones 627 de 2006 y 8321 de
1983, así como en las regulaciones locales vigentes sobre intensidad auditiva.
Respecto de los establecimientos de comercio en los que se identifique la
inexistencia de sistemas eficaces de insonorización, el Municipio de Pasto, por
intermedio de la Secretaría de Planeación y las Oficinas de Control Físico y
Ambiental, deberá realizar un estudio técnico para establecer las
adecuaciones estructurales necesarias para garantizar el aislamiento acústico
e insonorización requerida en cada uno de ellos. Para el efecto, cuenta con un
(1) mes posterior al vencimiento del concedido en el párrafo anterior.
El término que deberá conceder a los establecimientos de comercio para
realizar las adecuaciones técnicas que se determinen deberá ser, como
máximo, de dos (2) meses. En caso de incumplimiento por parte de los
propietarios de los establecimientos en cuanto a la realización de las
adecuaciones en el término concedido, el Municipio deberá adoptar las
medidas que correspondan, de conformidad con el Código Nacional de
Policía, las que pueden ser sanciones (cierre preventivo del establecimiento
comercial o decomiso preventivo de altoparlantes, amplificadores y demás
aparatos generadores de ruido); multas determinadas por la ley (suspensión del
registro o de la licencia de funcionamiento, cierre temporal o definitivo del
establecimiento o decomiso definitivo de altoparlantes, amplificadores y
demás aparatos generadores de ruido).
Realizar, en conjunto con la Policía Nacional, CORPONARIÑO y las autoridades
de tránsito, control quincenal de intensidad auditiva, cumplimiento de horario
de cierre y respeto por el espacio y vía pública. Este control deberá efectuarse
durante los fines de semana en la jornada nocturna (…)”.
35. La Sala observa que las órdenes impartidas se sustentaron en los
hechos acreditados y en el grado de afectación de los derechos e intereses
colectivos, de modo que su finalidad fue responder a las condiciones que
dieron origen a la vulneración de los derechos colectivos.
36. Conforme con el artículo 34 de la Ley 472 de 1998, el juez popular
puede emitir órdenes de hacer o de no hacer que resulten necesarias frente
a las circunstancias del caso concreto, con el propósito de proteger los
derechos colectivos amenazados o vulnerados y evitar su reiteración.
37. Dicha facultad implica que el juez popular puede adoptar todas las
medidas materiales que garanticen la efectividad del derecho afectado.
Por lo tanto, el juez popular debe examinar cuál es la situación de hecho
que afecta el derecho o interés colectivo, determinar de qué forma vulnera
dicho derecho o interés y disponer acciones para que ella se suspenda y no
se vuelva a presentar17. Esto es compatible con la finalidad que persigue la
acción popular, pues pretende la efectividad y eficacia de un derecho o
interés colectivo haciendo cesar su lesión o amenaza o logrando que las
cosas vuelvan a su estado anterior.
17 Corte Constitucional, Sentencia C-644 de 2011.
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Radicación: 11001-03-15-000-2025-05442-00
Demandante: Jesús Alberto Cabrera Zambrano
Demandado: Tribunal Administrativo de Nariño
Referencia: Acción de tutela. Sentencia de primera instancia
Decisión: Ampara – niega
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38. Asimismo, la naturaleza de la acción popular le permite al juez proferir
decisiones a la medida de la situación que se pretende conjurar, con
independencia de que se hayan, o no, solicitado de forma expresa en la
demanda18. Estas características demuestran las amplias competencias que
tiene el juez popular para enfrentar la amenaza o vulneración de un
derecho o interés colectivo, pues en el marco de estos procesos judiciales
prevalece el derecho sustancial y la oficiosidad.
39. La Sala encuentra que, en el caso bajo estudio, la orden impartida de
verificación de la licencia de funcionamiento carece de fundamento
jurídico, ya que el artículo 46 del Decreto Ley 2150 de 199519 y el parágrafo
2 del artículo 87 de la Ley 1801 de 201620 suprimen y prohíben de forma
expresa la exigencia de dicho instrumento de policía administrativa.
Además, en relación con los hechos objeto de la acción popular, ninguna
norma contempla o exige la licencia de funcionamiento.
40. Si bien el juez popular tiene competencia para diseñar medidas que
se ajusten a la situación fáctica, no puede dictar órdenes contrarias al
ordenamiento jurídico. La discrecionalidad en la protección de los derechos
e intereses colectivos no es absoluta y está sujeta a los límites de la legalidad.
41. En consecuencia, el juez popular desconoció el marco normativo y
dispuso una obligación imposible de cumplir, lo que tornó ineficaz dicha
orden frente a la protección de los derechos e intereses colectivos. Por ello,
se dejará sin efectos parcialmente el numeral segundo del fallo enjuiciado,
únicamente en lo relativo a la verificación de las licencias de
funcionamiento. Las demás órdenes se mantendrán, por tener sustento
fáctico y ajustarse al ordenamiento jurídico vigente.
18 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sala 7 Especial de Decisión, Sentencia de 26
de enero de 2021, Radicado 54518-33-31-001-2007-00013-01(AP)REV .“La Sala concluye que cuando el juez de la
acción popular, a partir de los hechos afirmados en la demanda y probados en el proceso, encuentra acreditada
una amenaza contra un interés colectivo, debe imponerle a la entidad demandada obligaciones de hacer o de
no hacer dirigidas a garantizarlo, así estas no hayan sido objeto de las peticiones de los accionantes y así el
derecho colectivo invocado haya sido otro. // El hecho de que el artículo 34 de la Ley 472 de 1998 disponga que
<> no quiere decir que cuando encuentre que el derecho colectivo vulnerado es distinto del invocado por el
demandante o cuando las peticiones impetradas por este, no sean las apropiadas para protegerlo no pueda (i)
declarar la vulneración o la amenaza de un derecho colectivo; e (ii) imponerle a la entidad demandada
obligaciones de hacer o no hacer dirigidas a protegerlo. // En contraste, en aquellos casos en los cuales se
concluya que los hechos probados no acreditan la violación de ningún derecho colectivo por la entidad
demanda o por las personas vinculadas al proceso, no es procedente que el juez de la acción popular dicte
órdenes de hacer o no hacer a las entidades accionadas”.
19 Decreto Ley 2150 de 1995. “Artículo 46. Supresión de las licencias de funcionamiento. Reglamentado por el
Decreto Nacional 1879 de 2008. Sin perjuicio del régimen establecido para el Departamento Archipiélago de San
Andrés, Providencia y Santa Catalina, ningún establecimiento industrial, comercial o de otra naturaleza, abierto o
no al público, requerirá licencia, permiso o autorización de funcionamiento o cualquier otro documento similar,
salvo el cumplimiento de los requisitos que se enumeran en los artículos siguientes con el único propósito de
garantizar la seguridad y salubridad pública”.
20 Ley 1801 de 2016. “Artículo. 87. Requisitos para cumplir actividades económicas. (…) PARÁGRAFO 2. Ninguna
autoridad podrá exigir licencia, permiso o requisito adicional de funcionamiento, para el desarrollo de actividades
económicas salvo lo previsto en la ley”.
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Radicación: 11001-03-15-000-2025-05442-00
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Referencia: Acción de tutela. Sentencia de primera instancia
Decisión: Ampara – niega
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42. Respecto de las órdenes sobre uso del suelo, intensidad auditiva,
horario, ubicación y adecuación de sistemas de insonorización, la Sala
considera que, aunque se fundamentaron en la Ley 232 de 1995 y el Decreto
1879 de 2008, ya derogados, no resultan contrarias al marco jurídico vigente.
Tales mandatos se corresponden con el contenido del artículo 87 de la Ley
1801 de 2016, que exige similares obligaciones en materia de control del
ruido, usos del suelo y cumplimiento de normas urbanísticas y sanitarias (se
trascribe):
“Artículo 87. Requisitos para cumplir actividades económicas. Es obligatorio,
para el ejercicio de cualquier actividad: comercial, industrial, de servicios,
social, cultural, de recreación, de entretenimiento, de diversión; con o sin ánimo
de lucro, o que siendo privadas, trasciendan a lo público; que se desarrolle o
no a través de establecimientos abiertos o cerrados al público, además de los
requisitos previstos en normas especiales, cumplir previamente a la iniciación
de la actividad económica los siguientes requisitos:
1. Las normas referentes al uso del suelo, destinación o finalidad para la que fue
construida la edificación y su ubicación.
2. Mantener vigente la matrícula mercantil de la Cámara de Comercio de la
respectiva jurisdicción donde se desarrolle la actividad.
3. La comunicación de la apertura del establecimiento, al comandante de
estación o subestación de Policía del lugar donde funciona el mismo, por el
medio más expedito o idóneo, que para tal efecto establezca la Policía
Nacional.
4. Para la comercialización de equipos terminales móviles se deberá contar con
el permiso o autorización expedido por el Ministerio de Tecnologías de la
Información y las Comunicaciones o su delegado.
Durante la ejecución de la actividad económica deberá cumplirse con los
siguientes requisitos:
1. Las normas referentes a los niveles de intensidad auditiva.
2. Cumplir con los horarios establecidos para la actividad económica
desarrollada.
3. Las condiciones de seguridad, sanitarias y ambientales determinadas en el
régimen de Policía.
4. El objeto registrado en la matrícula mercantil y no desarrollar otra actividad
diferente.
5. Para aquellos establecimientos donde se ejecuten públicamente obras
musicales causantes de pago, protegidas por las disposiciones legales vigentes
sobre derechos de autor, mantener y presentar el comprobante de pago al
día.
6. Para ofrecer los servicios de alojamiento al público u hospitalidad, se debe
contar con el registro nacional de turismo (…)”.
43. En consecuencia, la desactualización normativa no invalida el fallo,
puesto que las órdenes impartidas son compatibles con el ordenamiento
jurídico vigente y persiguen la protección efectiva de los derechos e
intereses colectivos.
44. Además, no se puede desconocer que el juez popular es el
encargado de velar por la ejecución y el cumplimiento de dichas órdenes,
según el artículo 34 de la Ley 472 de 1998. En esta fase de ejecución, el juez
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Referencia: Acción de tutela. Sentencia de primera instancia
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popular está facultado para tomar todas las acciones que estén a su
alcance para materializar las órdenes impuestas, a tal punto que puede
modular los efectos de su providencia en aras de garantizar la protección
del derecho colectivo. Al respecto, la Corte Constitucional, en la Sentencia
T-055 de 2021, determinó que (se trascribe):
“[E]l juez de la acción popular, como juez constitucional, conserva la
competencia para garantizar el cumplimiento de la sentencia hasta culminar
su ejecución, de acuerdo con la naturaleza de las órdenes y el plazo razonable
de cumplimiento que establezca el juez según su complejidad. Esto implica
que, hasta que no se garanticen los derechos colectivos protegidos, el juez
popular puede, al interior del Comité de verificación, dictar las instrucciones
para velar por la realización integral del fallo o incluso, adaptar las órdenes
contenidas en el fallo a las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que tiene
lugar la ejecución de la sentencia.
A modo de ejemplo, si las normas que han servido de fundamento a la decisión
cambian, si los plazos de ejecución fijados en el fallo no han podido cumplirse
como consecuencia de circunstancias excepcionales o de hechos
constitutivos de fuerza mayor o caso fortuito, con la debida y suficiente
motivación, el juez puede modular algunas de las órdenes contenidas en el
fallo para no caer en el absurdo de obligar a lo imposible o a hacer que el
cumplimiento de la sentencia sea más gravoso que la violación misma que se
pretende subsanar. En este asunto, el juez popular debe respetar que, si bien la
sentencia tiene efectos de cosa juzgada, la interpretación y alcance de las
órdenes adoptadas está determinada por los hechos que dieron lugar al
pronunciamiento, así como a las razones jurídicas, normas y jurisprudencia
vigentes, que amparan la decisión”.
45. La potestad de modular las órdenes se justifica en el principio de
eficacia, siempre que la modificación se adopte mediante decisión
motivada y busque optimizar la protección de los derechos colectivos
reconocidos21.
46. Por lo tanto, si el juez popular en el futuro encuentra que las órdenes
emitidas obstaculizan o imposibilitan la materialización de los derechos
colectivos involucrados, está facultado para modular los efectos de su
decisión y garantizar su materialización durante toda la fase de
cumplimiento. Esto demuestra que la eficacia de la decisión no
compromete su validez, pues el fundamento de las órdenes judiciales
emana de la comprobación de la amenaza o vulneración de los derechos
colectivos y no exclusivamente de la norma aplicada.
2.5. Conclusiones
47. Con fundamento en las razones expuestas, la Sala amparará el
derecho fundamental al debido proceso y dejará sin efectos parcialmente
el numeral segundo de la sentencia objeto de reproche, únicamente
21 Corte Constitucional, Sentencia T-55 de 2021.
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Radicación: 11001-03-15-000-2025-05442-00
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Referencia: Acción de tutela. Sentencia de primera instancia
Decisión: Ampara – niega
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respecto de la orden que dispone la verificación de las licencias de
funcionamiento. En relación con las demás órdenes, se negará el amparo al
no haberse acreditado la existencia de un defecto sustantivo.
3. DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, la Subsección B de la Sección Tercera del Consejo
de Estado, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad
de la ley,
RESUELVE
PRIMERO: DECLARAR FUNDADO el impedimento manifestado por el
magistrado Fredy Ibarra Martínez y, en consecuencia, separarlo del
conocimiento del presente asunto, de conformidad con los argumentos
expuestos.
SEGUNDO: AMPARAR el derecho fundamental al debido proceso de Jesús
Alberto Cabrera Zambrano, en su calidad de actor popular, por las razones
expuestas.
TERCERO: DEJAR PARCIALMENTE SIN EFECTOS el numeral segundo de la
Sentencia de 20 de mayo de 2025, proferida por el Tribunal Administrativo
de Nariño, en la acción popular Rad. 52001-23-33-000-2022-00166-01,
únicamente respecto de la orden relacionada con la verificación de las
licencias de funcionamiento, en atención a la configuración del defecto
sustantivo invocado, tal y como se acreditó en la parte motiva de esta
providencia.
CUARTO: NEGAR el amparo solicitado respecto de las demás órdenes del
fallo enjuiciado, por no haberse acreditado el defecto sustantivo invocado.
QUINTO: NEGAR la solicitud de desvinculación de la Policía Nacional, por las
razones expuestas.
SEXTO: NOTIFICAR la presente decisión a las partes por el medio más
expedito (artículo 30 del Decreto 2591 de 1991), enviándoles copia de la
decisión que se adopta y advirtiéndoles que para interponer cualquier
recurso y/o solicitud contra la misma deberán dirigirlo, dentro del término
legal, al correo electrónico dispuesto por la Secretaría General para tal fin 22.
22 secgeneral@consejodeestado.gov.co.
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Radicación: 11001-03-15-000-2025-05442-00
Demandante: Jesús Alberto Cabrera Zambrano
Demandado: Tribunal Administrativo de Nariño
Referencia: Acción de tutela. Sentencia de primera instancia
Decisión: Ampara – niega
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SÉPTIMO: De no ser impugnada esta providencia, por Secretaria, REMITIR el
expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.
NOTIFÍQUESE, CÓPIESE Y CÚMPLASE
Fallo discutido y aprobado en sesión de Sala de la misma fecha.
Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
DIEGO ENRIQUE FRANCO VICTORIA ALBERTO MONTAÑA PLATA
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