Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-05462-00
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-05462-00
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2025-05462-00
Consejero ponente: Jorge Edison Portocarrero Banguera
19 de noviembre de 2025
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA - SUBSECCIÓN B
Consejero Ponente: Jorge Edison Portocarrero Banguera
Bogotá, D. C., diecinueve (19) de noviembre de dos mil veinticinco (2025)
Radicado : 11001-03-15-000-2025-05462-001
Accionante : Consorcio Consultorio RI
Accionado : Consejo Superior de la Judicatura – Dirección Ejecutiva de
Administración Judicial (DEAJ)
Acción : Tutela
Tema : Tutela contra acto administrativo de adjudicación de contrato
estatal
Decisión : Sentencia de primera instancia
Procede la Sala a dictar sentencia de primera instancia, en la acción de tutela incoada
por el Consorcio Consultorio RI contra el Consejo Superior de la Judicatura – Dirección
Ejecutiva de Administración Judicial, por la presunta vulneración de sus derechos
fundamentales al debido proceso, al derecho de petición, a la igualdad, a la libertad de
profesión u oficio y al trabajo.
I. ANTECEDENTES
1.1 Contexto fáctico
De manera preliminar, esta Sala procederá a enunciar los argumentos expuestos por el
actor frente a la vulneración alegada. Luego, se revisará lo relativo a la procedencia de
la acción de tutela y, finalmente, se determinará lo que corresponda en torno a las
pretensiones de este mecanismo constitucional.
1.2 La demanda de tutela
El 2 de septiembre de 2025, el Consorcio Consultorio RI por intermedio de apoderado
judicial, interpuso el recurso de amparo de la referencia, con el fin de obtener la
protección de sus derechos fundamentales al debido proceso, al derecho de petición, a
la igualdad, a la libertad de profesión u oficio y al trabajo, presuntamente vulnerados por
el Consejo Superior de la Judicatura – Dirección Ejecutiva de Administración Judicial.
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Expediente electrónico disponible en SAMAI.
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Demandante: Consorcio Consultorio RI
Demandado: Consejo Superior de la Judicatura - DEAJ
Por consiguiente, solicitó:
[…]
TERCERO: Que, mediante esta acción constitucional, se disponga que la Dirección Ejecutiva
de Administración judicial Consejo Superior de la Judicatura revise técnicamente las
certificaciones que fueron rechazadas, correspondientes a los profesionales Cástulo Morales
Payares y Dina Lisbeth Ortega Suescún.
CUARTO: Que, en caso de que se evidencie la compatibilidad de las mencionadas
certificaciones con el objeto del contrato, se disponga el ajuste de los puntajes del proceso
según corresponda en derecho.
QUINTO: Que se disponga que, si al ajustar los puntajes con base en esta solicitud, cambia
el adjudicatario del proceso de [la] Convocatoria Abierta CM-09-2025, se emita un nuevo acto
administrativo que refleje los resultados de esta revisión y se adjudique el proceso a quien en
derecho corresponda.
[...].
1.3 Hechos2
El accionante expuso que, participó en el «CONCURSO DE MÉRITOS ABIERTO No. CM- 09-DE
20253» adelantado por el Consejo Superior de la Judicatura – Dirección Ejecutiva de
Administración Judicial, el cual, fue adjudicado al proponente Grupo EPYCA S.A.S.,
mediante Resolución núm. 8261 del 29 de agosto de 2025.
Contra dicho acto, presentó solicitud de revocatoria directa con fundamento en el artículo
93 de la Ley 1437 de 2011, la cual, fue negada a través de la Resolución núm. 8354 del
3 de septiembre de 2025, al no encontrase configuradas las causales previstas en el
artículo 9 de la Ley 1150 de 2007.
En su sentir, la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial desconoció el principio de
selección objetiva, al no asignar puntaje a varias certificaciones aportadas sobre la
experiencia de los consultores Cástulo Morales Payares y Dina Lisbeth Ortega Suescún.
Indicó que, dichas certificaciones acreditaban labores de análisis institucional,
planeación del talento humano, reformas organizacionales y racionalización de la
administración pública, actividades que, a su juicio, guardan relación directa con el objeto
del contrato referido al estudio de remuneración salarial en la Rama Judicial. Sostuvo
que, la entidad rechazó esas pruebas sin razones técnicas suficientes, pese a las
explicaciones presentadas oportunamente en el trámite de observaciones, y que el acto
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Visibles en el escrito de tutela del expediente electrónico en SAMAI, índice 2.
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Cuyo objeto se circunscribe a: «[r]ealizar un análisis prospectivo respecto de la remuneración salarial de las diferentes
denominaciones de cargos que componen la planta de la Rama Judicial (excluyendo a la Fiscalía General de la Nación y sus
entidades adscritas), considerando los criterios orientadores que se determinen, para identificar tendencias y establecer escenarios
futuros que soporten la toma de decisiones del Consejo Superior de la Judicatura en la materia.».
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de adjudicación se fundamentó en hechos falsos o inexistentes al desconocer esa
experiencia relevante.
A su juicio, de haberse valorado de manera adecuada las certificaciones aportadas, el
puntaje de su propuesta habría variado y el resultado del concurso pudo ser distinto, con
afectación directa de sus derechos como proponente. Aseguró que, la adjudicación, así
como la negativa de la revocatoria directa, configuraron una vulneración de sus derechos
fundamentales al debido proceso, al derecho de petición, a la igualdad, a la libertad de
profesión u oficio y al trabajo.
De otro lado, respecto del derecho de petición, sostuvo que, «[…] se ha visto vulnerado de
manera ostensible, pues de nada han valido las explicaciones que se han enviado a la accionada para
solucionar esta situación, pues de manera inexplicable e infundada [las] razones prácticamente fueron
desoídas, y se adjudicó el [c]oncurso a un proponente que en derecho no tenía por qué resultar ganador.».
II. TRÁMITE PROCESAL
Por satisfacer los requisitos formales, esta Corporación, a través de auto del 29 de
septiembre de 2025, admitió la presente acción de tutela. En dicha decisión se (i) ordenó
notificar al Consejo Superior de la Judicatura; (ii) requerir al accionado para que notificara
personalmente de esta tutela a los proponentes que participaron en el Concurso de
Méritos Abierto No. CM-09-2025; y (iii) se negó la medida provisional.
2.1 Contestaciones de la acción
2.1.1 El Grupo EPYCA S.A.S4 manifestó que, la acción de tutela de la referencia resulta
improcedente por no cumplir con el requisito de subsidiariedad. El consorcio actor
contaba con el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho para
controvertir el acto administrativo de adjudicación.
Sostuvo que, la autoridad demandada garantizó los derechos fundamentales invocado
por el accionante, ya que, respondió de fondo todas las solicitudes y valoró las
propuestas conforme a los criterios del pliego. Afirmó que, la adjudicación consolidó un
derecho cierto amparado por los principios de confianza legítima y seguridad jurídica, de
modo que la tutela no podía utilizarse para reabrir un proceso contractual concluido ni
para sustituir los mecanismos ordinarios, máxime cuando el actor solo expresó
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Visible a índice 14 de SAMAI.
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inconformidad con la calificación y no acreditó vulneración de derechos fundamentales
ni perjuicio irremediable.
2.1.2 El Consejo Superior de la Judicatura - DEAJ5 indicó que, la adjudicación a favor
del Grupo EPYCA S.A.S., obedeció al mayor puntaje obtenido, tras valorar únicamente
los documentos aportados en término y rechazar las observaciones presentadas de
manera extemporánea por el Consorcio Consultor RI, en atención al principio de
preclusión.
Precisó que, la Resolución 8261 del 29 de agosto de 2025, no podía revocarse con base
en las causales generales del artículo 93 del CPACA, debido al régimen especial del acto
de adjudicación previsto en el artículo 9 de la Ley 1150 de 2007. En ese sentido, señaló
que, cualquier reparo sobre la legalidad del acto debía ventilarse mediante el medio de
control de nulidad y restablecimiento del derecho y no por vía de tutela.
Por lo anterior, consideró que, el amparo presentado por la parte accionante resulta
improcedente al no cumplir con el requisito de subsidiariedad y negó la vulneración de
derecho fundamental alguno.
2.1.3 El Consorcio AAIC-INVESCOR6, en su calidad de oferente al interior de la
convocatoria, solicitó conceder el amparo, por cuanto consideró que, se vulneró la
garantía fundamental al debido proceso en el Concurso de Méritos CM-09-2025, toda
vez que, la entidad accionada restó importancia a las observaciones presentadas por el
consorcio AAIC-INVESCOR frente a la certificación del registro mercantil del Grupo
Epyca. Agregó que, el demandado se negó a requerir aclaraciones sobre las
inconsistencias advertidas en las certificaciones aportadas por ese proponente.
Finalmente, adujo que, acción de tutela procedía como mecanismo transitorio para evitar
un perjuicioso irremediable, a pesar de existir otro medio de defensa judicial, el cual, no
resultaba idóneo debido a la mora judicial que atraviesa la jurisdicción de lo contencioso-
administrativo.
III. CONSIDERACIONES
3.1 Competencia
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Visible a índice 15 de SAMAI.
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Visible a índice 16 de SAMAI.
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Esta Corporación es competente para resolver la presente acción de tutela en virtud de
las reglas de reparto contenidas en los Decretos 1382 de 2000, 1983 de 2017 y 333 de
2021.
3.2 La acción
La acción de tutela prevista en el artículo 86 de la Carta Política y reglamentada por los
Decretos 2591 de 1991, 306 de 1992, 1382 de 2000 y 1983 de 2017, fue concebida como
un mecanismo excepcionalísimo para la protección de los derechos fundamentales de
los ciudadanos, en todo tiempo y lugar frente a su amenaza o transgresión, en principio,
frente a la acción o la omisión de cualquier autoridad pública, y, en casos concretos
respecto a particulares, siempre que no se disponga de otro medio de defensa judicial,
salvo que se trate de impedir la ocurrencia de un perjuicio irremediable, en cuyo evento
procede como mecanismo transitorio.
El perjuicio se considera irremediable cuando concurren unas circunstancias específicas
que si bien se analizan en cada caso concreto, deben hallarse presentes, a saber: (i) que
su ocurrencia sea inminente, es decir, no resulta suficiente que exista una mera
posibilidad de que se produzca el daño; (ii) que la gravedad de los hechos sea de tal
magnitud que cause un daño de gran intensidad sobre la persona afectada; (iii) que
resulte urgente la medida de protección para que el sujeto supere la condición de
amenaza en la que se encuentra; y (iv) que la acción sea impostergable, esto es, que
de configurarse el perjuicio no exista forma de reparar el daño producido a ese derecho7.
3.3 Problema jurídico
Se contrae a determinar si la acción de tutela cumple con los requisitos de procedibilidad;
y, en caso afirmativo, si es dable a través de este mecanismo constitucional, examinar
el eventual quebranto de los derechos fundamentales que pueda comportar la
Resolución núm. 8261 del 29 de agosto de 2025, por medio de la cual, la Dirección
Ejecutiva de Administración Judicial, adjudicó el «CONCURSO DE MÉRITOS ABIERTO No. CM-
09-DE 2025» al proponente Grupo EPYCA S.A.S., al haber rechazado unas certificaciones
presentadas por el consorcio accionante.
3.4 La acción de tutela contra actos administrativos
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Corte Constitucional, sentencia T-003 de 2022, M. P. Jorge Enrique Ibáñez Najar.
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La Corte Constitucional ha referido, en constante jurisprudencia, que en general la acción
de tutela es improcedente para atacar actos administrativos «en atención a: (i) la existencia
de mecanismos de autotutela; (ii) la existencia de medios judiciales ordinarios establecidos para
controvertir las actuaciones de la administración en el ordenamiento jurídico; (ii) (sic) la presunción de
legalidad que las reviste; y (iii) (sic) la posibilidad de que, a través de las medidas cautelares o
provisionales, se adopten remedios idóneos y eficaces de protección de los derechos en ejercicio de los
mecanismos ordinarios»8, ello impide que, de acuerdo con dicha calificación, pueda
realizarse un análisis de fondo frente a las pretensiones que estén relacionadas con
afectar la existencia de los actos acusados.
Pero, tratándose la acción de tutela de un medio diseñado para defender los derechos
constitucionales de quienes acuden a ella y en prevención a las eventuales actuaciones
arbitrarias que pudiesen ocasionarse en el ejercicio del poder público, la misma
jurisprudencia constitucional ha indicado que en casos excepcionales, este mecanismo
constitucional puede ser procedente bajo las siguientes condiciones9:
i. Que el medio propuesto no sea idóneo ni eficaz, en cuyo caso la protección
constitucional se otorgará de manera permanente.
ii. Que el medio propuesto sea idóneo y eficaz, en cuyo caso se declarará
improcedente la acción.
iii. Que el medio propuesto sea idóneo y eficaz, pero exista un riesgo inminente que
se deba conjurar, ante lo cual la protección será de manera transitoria.
Estas condiciones implican, al menos a un nivel superficial, la verificación de la idoneidad
de la acción, es decir, que pueda cumplir con el objetivo buscado por el actor, la
efectividad, que implica que con la acción se puede alcanzar dicho objetivo en un plazo
razonable y de manera definitiva y por último, la ausencia de configuración de un riesgo
inminente a los derechos constitucionales, entendido como amenaza actual, real y con
la potencialidad de lesionar enormemente el derecho fundamental invocado.
3.5 Requisito de subsidiariedad de la acción de tutela
El carácter subsidiario de la acción de tutela hace referencia a que solo procede cuando
el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial, sin embargo, no debe
perderse de vista que aunque el trámite de esta acción es preferente y sumario, regido
por los principios de publicidad, prevalencia del derecho sustancial, economía, celeridad
8
Corte Constitucional, sentencia T-149 de 2023, M.P. Alejandro Linares Cantillo.
9
De acuerdo con lo prescrito en la sentencia SU-691 de 2017.
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y eficacia, su carácter es eminentemente residual y subsidiario, es decir, que únicamente
procede en aquellos eventos en que no exista un instrumento constitucional o legal
diferente que permita solicitar ante los jueces la protección de los derechos, salvo que
se pretenda evitar la causación de un perjuicio irremediable.
De acuerdo con la jurisprudencia constitucional10 y ante la naturaleza eminentemente
subsidiaria de la acción de tutela, es menester que quien depreca el amparo de un
derecho fundamental haya agotado todos los mecanismos de defensa que el
ordenamiento jurídico pone a su disposición, previa la interposición de la acción.
De lo anotado se puede concluir, entonces, que la acción de tutela no solo es
improcedente cuando el accionante aún cuenta (o contó) con otro medio de defensa,
sino también cuando este tiene (o tuvo) la posibilidad de acudir ante las autoridades que
presuntamente han quebrantado sus derechos constitucionales fundamentales a efectos
de solicitar de ellas una respuesta favorable o la satisfacción de sus intereses.
De manera que la falta de diligencia del demandante, entendida como la renuencia o el
uso tardío de los medios ordinarios de defensa previstos en la normativa legal, constituye
una causal válida para declarar la improcedencia de la acción constitucional frente al
caso particular11.
Así entonces, también ha previsto la jurisprudencia constitucional que el recurso de
amparo no es procedente cuando el marco jurídico ofrece otro mecanismo para la
protección de los derechos; sin embargo, si el sistema normativo dispone de otras
herramientas jurídicas para el amparo de los derechos, estas deben ser suficientemente
eficaces para evitar la ocurrencia de un perjuicio irremediable, pues, de lo contrario la
acción de tutela procede de manera transitoria.
En otras palabras, si la situación fáctica es de tal gravedad que los recursos ordinarios
resultan ineficaces para defender los derechos fundamentales, el juez de tutela debe
adoptar las medidas necesarias que neutralicen las causas de vulneración o amenaza
con la finalidad de evitar un menoscabo o de hacer cesar una violación a los derechos
inalienables.
Ahora bien, el perjuicio se considera irremediable cuando concurren unas circunstancias
10
Corte Constitucional, T-480 de 2011, entre otras.
11
En esos términos lo precisó la Corte Constitucional en sentencia T-375 de 2018, M. P. Gloria Stella Ortiz Delgado.
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específicas que, si bien deben ser valoradas en cada caso concreto, deben acreditarse
los siguientes supuestos: «(i) el perjuicio debe ser inminente, es decir, no basta con que exista una
mera posibilidad de que se produzca el daño; (ii) el perjuicio que se cause sea grave, lo que implicaría, en
consecuencia, un daño de gran intensidad sobre la persona afectada; (iii) las medidas que se requieran
para evitar la configuración sean urgentes; y (iv) la acción es impostergable, es decir, en caso de aplazarse
la misma sea ineficaz por inoportuna»12.
En consecuencia, cuando el caso bajo estudio reúna los anteriores requisitos se hará
necesaria la intervención del juez constitucional para el restablecimiento de los derechos
involucrados a través de medidas inmediatas de protección, imponiéndose en este
evento la tutela como mecanismo transitorio mientras el juez competente decide de fondo
la acción correspondiente13.
Asimismo, la jurisprudencia constitucional14 ha precisado que el perjuicio irremediable
debe ser probado por la persona que lo alega, pues, si bien no es dable exigir el
cumplimiento de una carga probatoria rigurosa en asuntos donde se discute la violación
de derechos fundamentales, el tutelante debe demostrar al menos someramente los
posibles perjuicios que se llegaren a originar en los hechos que motivaron la presentación
de la solicitud de amparo, por cuanto al juez de tutela no le concierne probar las
circunstancias fácticas en que se fundamenta la acción de tutela, salvo que sea evidente
la inminencia del perjuicio.
3.6 Caso concreto
Analizados los hechos y argumentos presentados en la acción constitucional, se tiene
que, deviene en improcedente por incumplir con el requisito de subsidiariedad de
acuerdo con las razones que, se pasan a exponer.
La parte actora centró su inconformidad en el rechazo de unas certificaciones que, a su
juicio, le restó puntaje en el marco del «CONCURSO DE MÉRITOS ABIERTO No. CM- 09-DE
202515» adelantado por el Consejo Superior de la Judicatura – Dirección Ejecutiva de
Administración Judicial, el cual, fue adjudicado al proponente Grupo EPYCA S.A.S., a
través de la Resolución núm. 8261 del 29 de agosto de 2025.
12
Corte Constitucional, Sentencia T-003 de 2022. M.P. Jorge Enrique Ibáñez Najar.
13
Consejo de Estado, sección segunda, sentencias AC-2010-00032 de 18 de marzo de 2010, y AC-2010-01795-01 de 9 de diciembre
de 2010.
14
Corte Constitucional, auto 164 de 21 de julio de 2011, M. P. María Victoria Calle Correa.
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Cuyo objeto se circunscribe a: «[r]ealizar un análisis prospectivo respecto de la remuneración salarial de las diferentes
denominaciones de cargos que componen la planta de la Rama Judicial (excluyendo a la Fiscalía General de la Nación y sus
entidades adscritas), considerando los criterios orientadores que se determinen, para identificar tendencias y establecer escenarios
futuros que soporten la toma de decisiones del Consejo Superior de la Judicatura en la materia».
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Por ello, aseguró que, la adjudicación del concurso vulneró sus derechos fundamentales,
pues, de haberse valorado de manera adecuada las certificaciones aportadas, el puntaje
de su propuesta habría variado y el resultado del concurso pudo ser distinto.
La jurisprudencia constitucional ha manifestado que la acción de tutela no resulta
procedente cuando el marco jurídico ofrece otro mecanismo para la protección de los
derechos; sin embargo, si el sistema normativo dispone de otras herramientas jurídicas
para el amparo de los derechos, estas deben ser suficientemente eficaces para evitar la
ocurrencia de un perjuicio irremediable, o de lo contrario la acción de tutela procede de
manera transitoria16.
De acuerdo con lo demostrado en el expediente, el accionante omitió acudir al medio de
control de nulidad y restablecimiento del derecho previsto en el artículo 13817 del CPACA,
para cuestionar la legalidad de la Resolución núm. 8261 del 29 de agosto de 2025 que
adjudicó el concurso.
Nótese que, el parágrafo 1° del artículo 77 de la Ley 80 de 199318, dispone que, el acto
de adjudicación puede ser cuestionado a través del mecanismo de nulidad y
restablecimiento del derecho, el cual, el accionante no agotó antes de acudir a la solicitud
de amparo constitucional, pese a que ese medio le permitía obtener, en sede ordinaria,
la revisión integra de la actuación administrativa, incluida las certificaciones que afirma
indebidamente desconocidas.
Al respecto, al existir un medio adecuado de defensa de sus derechos fundamentales,
esta Sala está obligada a verificar la idoneidad y la eficacia de este, de modo que, no se
haga nugatorio el derecho fundamental del accionante, en particular, la Corte
Constitucional19 ha manifestado que:
50. La Corte se ha pronunciado en diversas ocasiones sobre la idoneidad y eficacia del medio
de control de nulidad y restablecimiento del derecho. En la providencia T-161 de 2017 se
afirmó que “por regla general la acción de tutela no es procedente para controvertir actos
16
Corte Constitucional, sentencia C-132 del 2018, M.P. Alberto Rojas Ríos.
17
«ARTÍCULO 138. NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO. Toda persona que se crea lesionada en un derecho
subjetivo amparado en una norma jurídica, podrá pedir que se declare la nulidad del acto administrativo particular, expreso o presunto,
y se le restablezca el derecho; también podrá solicitar que se le repare el daño. La nulidad procederá por las mismas causales
establecidas en el inciso segundo del artículo anterior.
Igualmente podrá pretenderse la nulidad del acto administrativo general y pedirse el restablecimiento del derecho directamente
violado por este al particular demandante o la reparación del daño causado a dicho particular por el mismo, siempre y cuando la
demanda se presente en tiempo, esto es, dentro de los cuatro (4) meses siguientes a su publicación. Si existe un acto intermedio,
de ejecución o cumplimiento del acto general, el término anterior se contará a partir de la notificación de aquel.».
18
«ARTÍCULO 77. DE LA NORMATIVIDAD APLICABLE EN LAS ACTUACIONES ADMINISTRATIVAS.
[…]
PARÁGRAFO 1º El acto de adjudicación no tendrá recursos por la vía gubernativa. Este podrá impugnarse mediante el
ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho, según las reglas del Código Contencioso administrativo.».
(Negrillas fuera del texto).
19
Corte Constitucional, sentencia T-156 de 2024, M.P. José Fernando Reyes Cuartas.
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administrativos toda vez que las discrepancias suscitadas por la aplicación o interpretación de
los mismos deben ser dirimidas a través de la jurisdicción contenciosa administrativa”.
Igualmente, en la Sentencia T-442 de 2017 se reiteró que la tutela tiene una naturaleza
subsidiaria y que “el carácter residual de este especial mecanismo obedece a la necesidad de
preservar el reparto de competencias establecido por la Constitución y la Ley a las diferentes
autoridades y que se fundamenta en los principios de autonomía e independencia judicial”.
51. Esto es así dado que la ley dotó a los procesos que se tramitan ante dicha jurisdicción de
una “perspectiva garantista, dado que amplió la procedencia de las medidas cautelares que
pueden ser decretadas en el ejercicio de cualquier acción propia de esta jurisdicción lo que
admite, entre otras cosas, que la protección de los derechos constitucionales pueda llevarse,
al menos prima facie, de manera efectiva”.
52. Precisamente en esa dirección señaló la Corte que de la referida acción se predican cinco
características que evidencian su capacidad para la protección de los derechos y que
contrastan con la regulación de la acción de nulidad y restablecimiento en el régimen anterior,
contenido en el Decreto 01 de 1984. Estas son: (i) existe una serie amplia de medidas
cautelares entre las que se encuentran el restablecimiento inmediato de un derecho, la
suspensión de un procedimiento, la orden de adopción a la administración de una decisión, la
demolición de una obra o las órdenes de imponer obligaciones de hacer o no hacer; (ii) fue
suprimida la expresión “manifiesta infracción” como condición para decretar la medida de
suspensión provisional de los efectos del acto administrativo; (iii) se estableció un sistema
innominado de medidas cautelares; (iv) se conciben las medidas cautelares de forma
autónoma a la demanda presentada, a tal punto que el requisito de conciliación prejudicial no
les es aplicable; y (v) se prevén las medidas de urgencia que, por la finalidad que persiguen,
fueron estructuradas como medios preliminares dotados de eficacia inmediata para la
protección de los derechos fundamentales.
53. En el punto relativo a las medidas cautelares es importante señalar que el artículo 229 de
la Ley 1437 de 2011 -Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo (CPACA)- establece la posibilidad de decretar estas medidas “[e]n todos los
procesos declarativos que se adelanten ante esta jurisdicción, antes de ser notificado el auto
admisorio de la demanda o en cualquier estado del proceso”. Igualmente, el artículo 233 de la
misma normativa indica que “[l]a medida cautelar podrá ser solicitada desde la presentación
de la demanda y en cualquier estado del proceso”. Este esquema se ve reforzado por las
medidas cautelares de urgencia que establece el artículo 234 del CPACA con un trámite
abreviado.
54. En conclusión, la acción de tutela en contra de actos administrativos es, por regla general,
improcedente. Esto es así porque el medio de control de nulidad y restablecimiento del
derecho cuenta con un régimen de medidas cautelares robusto y garantista. Sin embargo, en
caso de que se evidencie que (i) el medio no es idóneo o efectivo o que (ii) puede configurarse
un perjuicio irremediable, será procedente el amparo.
En este caso, tal y como se desprende de la jurisprudencia citada, no se demuestra que
el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho sea en efecto ineficaz para
obtener el amparo deprecado por el tutelante, sobre todo al considerar que, puede
solicitar la adopción de medidas cautelares en los términos del artículo 233 de la Ley
1437 del 2011, entre ellas la de urgencia prevista en el artículo 234 ibidem.
De otra parte, tampoco se advierte la configuración de un perjuicio irremediable que haga
procedente la acción de tutela como mecanismo transitorio, pues, el accionante no
acreditó una condición particular de vulnerabilidad ni expuso circunstancias
extraordinarias que permitieran flexibilizar el análisis de procedibilidad; su inconformidad
se refiere, principalmente, al resultado obtenido en el concurso de méritos y a la forma
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como la administración valoró su experiencia y certificaciones, asuntos que el juez
natural puede examinar con plenitud de competencia.
En tales condiciones (la existencia de otros medios de defensa), es aplicable la
preceptiva del numeral 1 del artículo 6º del Decreto 2591 de 1991, norma que guarda
estricta armonía con el artículo 86 de la Constitución Política, en atención a la cual la
acción de tutela «solo procederá cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial» 20.
Destaca la Sala, que el ejercicio de la acción de tutela no habilita al juez constitucional
para sustituir los procedimientos jurisdiccionales ni interferir en ellos, a menos que exista
un perjuicio irremediable, o una evidente vulneración al debido proceso, lo que no fue
acreditado en este asunto, situación que impide asumir que los medios ordinarios de
defensa resultan ineficaces para proteger los derechos de los demandantes y evitar un
daño inminente.
Ahora bien, respecto de lo manifestado por el Consorcio AAIC-INVESCOR, quien
consideró que, se vulneró su derecho fundamental al debido proceso, se tiene que, en
su calidad de tercero con interés, no lo habilita para introducir argumentos o pretensiones
propias que amplíen el objeto de la controversia.
Por consiguiente, el reproche adicional formulado por dicho consorcio —relativo a las
observaciones sobre la documentación del proponente adjudicatario— resulta
improcedente y no será objeto de pronunciamiento.
Finalmente, respecto de la supuesta vulneración del derecho de petición alegada, la Sala
concluye que, no se configura tal trasgresión, toda vez que, el actor no indicó cuáles
peticiones presentó ante la autoridad demandada ni precisó cuáles habrían quedado sin
respuesta, de manera que no se cumple la carga mínima de individualización necesaria
para estructurar el cargo.
IV. DECISIÓN
Por las razones expuestas, la Sala considera que, en el presente asunto el accionante
no acreditó el cumplimiento del requisito de procedibilidad de subsidiariedad de la acción,
por tal motivo, declarara la improcedencia de la acción de tutela.
20
Artículo 86 de la Carta Política.
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Radicado: 11001-03-15-000-2025-05462-00
Demandante: Consorcio Consultorio RI
Demandado: Consejo Superior de la Judicatura - DEAJ
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre de la República y por
autoridad de la Constitución Política,
FALLA:
PRIMERO. DECLARAR IMPROCEDENTE la acción de tutela presentada por el
Consorcio Consultorio RI contra el Consejo Superior de la Judicatura – Dirección
Ejecutiva de Administración Judicial, por las razones expuestas en la parte motiva de
esta providencia.
SEGUNDO. NOTIFICAR este fallo a las partes por el medio más expedito, en la forma y
términos previstos en el Decreto 2591 de 1991.
TERCERO. De no ser impugnada, y una vez quede ejecutoriada esta providencia, como
lo prevé el artículo 31 del Decreto Ley 2591 de 1991, ENVIAR el expediente a la Corte
Constitucional para su eventual revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,
Este proyecto fue estudiado y aprobado en sala de la fecha.
Firmado electrónicamente
JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA
Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR ELIZABETH BECERRA CORNEJO
Constancia: La presente providencia fue firmada electrónicamente en la plataforma del Consejo de Estado
denominada Samai. En consecuencia, se garantiza su autenticidad, integridad, conservación y posterior
consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.
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