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Consejo de Estado · Sección Cuarta

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 11001-03-15-000-2025-05463-01

Fecha
29 de enero de 2026
Consejero ponente
Pedro Pablo Vanegas Gil

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 11001-03-15-000-2025-05463-01

Consejo de Estado · Sección Cuarta

Parte resolutiva

FALLA: PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia del 31 de octubre del 2025 proferida por la Sección Cuarta del Consejo de Estado. SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes y a los intervinientes en la forma prevista en el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991. 15 Corte Constitucional, Sentencia T- 124 de 2021. 10 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (+57) 601 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Accionantes: Sandra Patricia Quintero Baquero y otros Accionado: Tribunal Administrativo del Magdalena Radicado: 11001-03-15-000-2025-05463-01 TERCERO: Dentro de los diez (10) días siguientes a la ejecutoria de esta providencia, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Cuarta

Radicado 11001-03-15-000-2025-05463-01

Consejero ponente: Pedro Pablo Vanegas Gil

29 de enero de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA

Magistrado ponente: PEDRO PABLO VANEGAS GIL

Bogotá, D. C, veintinueve (29) de enero de dos mil veintiséis (2026)

Acción: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2025-05463-01
Accionantes: SANDRA PATRICIA QUINTERO BAQUERO Y OTROS
Accionado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL MAGDALENA

Tema: Mora judicial injustificada – Confirma la declaratoria de
carencia actual de objeto por hecho superado

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

La Sala es competente para resolver la impugnación presentada por la parte
accionante contra la sentencia de primera instancia proferida el 31 de octubre de
2025 por la Sección Cuarta del Consejo de Estado. Lo anterior, de conformidad con
lo establecido por el Decreto 2591 de 1991, en concordancia con el Decreto 1069
de 2015, modificado por los decretos 333 de 2021 y 799 de 2025, así como el
Acuerdo 080 de 20191 de la Sala Plena del Consejo de Estado.

Por auto del 12 de septiembre de 20252, el a quo admitió la acción constitucional y,
mediante la providencia del 21 de noviembre de 2025 concedió la impugnación. A
su vez, por auto del 10 de diciembre del 2025, la Sección Quinta de esta corporación
requirió el expediente ordinario y dispuso la publicación de una constancia del auto
admisorio de la presente tutela3.

I. ANTECEDENTES

1.1. La tutela

1. El 2 de septiembre de 2025, los señores Sandra Patricia Quintero Baquero,
Manuel de Jesús Hernández Contreras, Heliberto Antonio Pabón Zanabria, Melbis

1 Modificado por el Acuerdo 434 de 2024.
2 Índice 6 de Samai. Al respecto, resulta oportuno precisar que el juez de primera instancia notificó

como autoridad accionada al Tribunal Administrativo del Magdalena y dispuso la vinculación del
Distrito Especial, Industrial y Portuario de Barranquilla; al municipio de Fundación, a la Gobernación
del Magdalena, a la Secretaría de Movilidad de Barranquilla, a la Superintendencia de Puertos y
Transporte, al Instituto de Tránsito y Transporte de Fundación, al Ministerio de Transporte, a la
Policía Nacional, a la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia y a los señores Eduardo Enrique Orozco
Torres, Fernando Antonio Valencia Morales, María Catalina Mercado Bocanegra y José Manjarrez
Manga.
3 Mediante dicha providencia, se le ordenó a la Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de

Estado y al Tribunal Administrativo del Magdalena la publicación de una constancia del auto
admisorio de la tutela dentro del proceso ejecutivo dentro de la acción de grupo con radicado 47-
001-2333-000-2014-00309-00/01.
1
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Accionantes: Sandra Patricia Quintero Baquero y otros
Accionado: Tribunal Administrativo del Magdalena
Radicado: 11001-03-15-000-2025-05463-01

de León Carranza, Fernando Antonio Molano Acosta, Édison Quintero Cantillo,
Yonys Fred Barón de la Cruz, Ramón Segundo Toncel Gutiérrez, Evaristo José de
León Rodríguez, Esnelda Isabel Gámez López y Yoiner David Barón Rúa, actuando
en nombre propio, presentaron acción de tutela contra el Tribunal Administrativo del
Magdalena. Con la solicitud de amparo pretenden que se les protejan sus derechos
fundamentales al debido proceso y de acceso a la administración de justicia.

2. Las anteriores garantías las consideraron vulneradas con ocasión de la
presunta mora judicial injustificada de la autoridad accionada en pronunciarse sobre
la admisión de la demanda ejecutiva y el decreto de medidas cautelares, al interior
del proceso ejecutivo con radicado 47001-2333-000-2014-00309-00/01, con
ocasión de la condena impuesta en la sentencia proferida el 6 de diciembre de 2024
por la Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de Estado.

3. Con base en lo anterior, la parte actora solicitó lo siguiente:

PRIMERO: ADMITIR la presente acción de tutela por la presunta vulneración de
nuestros derechos fundamentales al debido proceso y al acceso a la administración
de justicia.

SEGUNDO: ORDENAR de manera inmediata al Tribunal Administrativo del
Magdalena, Despacho 003, que, en un término no mayor a 48 horas, se pronuncie
sobre la admisión de la demanda ejecutiva y decrete las medidas cautelares de
embargo solicitadas, para dar cumplimiento a la sentencia del Consejo de Estado.4

1.2. Hechos

4. En sentencia proferida el 6 de diciembre de 2024, la Subsección A de la
Sección Tercera del Consejo de Estado modificó la sentencia del 12 de mayo de
2021 dictada por el Tribunal Administrativo del Magdalena y, en su lugar, condenó
a la Iglesia Pentecostal de Colombia, al municipio de Fundación y al Instituto de
Tránsito y Transporte de Fundación al pago de los perjuicios ocasionados, entre
otros, a la parte accionante, dentro del medio de control de acción de grupo con
radicado 47001-2333-000-2014-00309-00/015.

5. El 26 de febrero de 2025, el apoderado judicial de la parte demandante le
solicitó al referido tribunal6 el decreto de medidas cautelares para hacer efectiva la
indemnización reconocida en la sentencia declarativa de segunda instancia. Dicha
solicitud fue reiterada en la demanda ejecutiva radicada el 20 de junio de 2025, en
la que solicitó que se librara mandamiento de pago.

6. Posteriormente, el 6 y 21 de agosto de 2025, la parte accionante allegó
memoriales de impulso procesal, en los que solicitó que la autoridad judicial
accionada se pronunciara sobre la «admisión de la demanda» y el decreto de

4 Transcripción literal que puede contener errores.
5 Ello, tras haberlos considerado responsables por la conflagración del vehículo con placas UV8-556,

el 18 de mayo de 2014.
6 Autoridad judicial encargada de darle trámite al proceso ejecutivo por haber conocido en primera

instancia del proceso de reparación directa.
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medidas cautelares.

7. Por auto del 1 de octubre de 2025, el Tribunal Administrativo del Magdalena
negó librar mandamiento de pago al considerar que, pese a que la sentencia del 6
de diciembre de 2024 dictada por la Subsección A de la Sección Tercera del
Consejo de Estado constituye un título ejecutivo, el artículo 192 del CPACA
establece que las condenas impuestas a entidades públicas consistentes en pagos
de suma de dinero solo son ejecutables vencidos 10 meses después de su
ejecutoria. En ese sentido, refirió que, dado que la sentencia condenatoria quedó
ejecutoriada el 5 de junio de 2025, para la fecha de la presentación de la demanda
ejecutiva7 dicho término aún se encontraba en curso, razón por la cual concluyó que
no se estaban satisfechos los requisitos para decretar la orden de apremio. Contra
dicha decisión la parte demandante interpuso recurso de apelación, el cual no ha
sido concedido por el tribunal.

8. Posteriormente, mediante auto del 23 de octubre de 2025, el tribunal requirió
a la Defensoría del Pueblo de Magdalena para que informara sobre el estado del
pago de la sentencia. Esto, debido a que el artículo 65 de la Ley 472 de 1998
dispuso que las entidades condenadas en las acciones de grupo deberán entregar
el monto de la indemnización al Fondo para la Defensa de los Derechos e Intereses
Colectivos administrado por dicha entidad, dentro de los 10 días siguientes a la
ejecutoria de la sentencia.

9. El 20 de noviembre de 2025, la Defensoría del Pueblo rindió informe en el
que señaló que el 9 de octubre del mismo año se reunió con los voceros de los
beneficiarios, la procuraduría regional y el Fondo para la Defensa de los Derechos
e Intereses Colectivos de la Defensoría del Pueblo, en el que la entidad se
comprometió a realizar los «primeros pagos» con fecha límite del 30 de noviembre
del 2025. En ese sentido, refirió que llevó a cabo el procedimiento administrativo
tendiente a obtener la expedición del certificado de disponibilidad presupuestal
respectivo.

10. Por otra parte, informó que recibió el pago de la condena por parte de la
Iglesia Pentecostal Unida de Colombia, encargada del 80% del valor total de la
indemnización. No obstante, refirió que ni el municipio de Magdalena ni el Instituto
de Tránsito de Fundación han pagado el valor de la condena que les corresponde.

11. Finalmente, el 13 de enero de 2026, la parte demandante nuevamente radicó
demanda ejecutiva en la que solicitó que se librara mandamiento de pago contra la
Defensoría del Pueblo.

1.3. Sustento de la vulneración

12. La parte accionante señaló que han transcurrido 8 meses desde que presentó
la demanda ejecutiva en la que solicitó el pago de la condena impuesta en la

7 20 de junio de 2025.

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sentencia dictada 6 de diciembre de 2024 por la Subsección A de la Sección Tercera
del Consejo de Estado, sin que el Tribunal Administrativo de Magdalena se hubiese
pronunciado acerca de la admisión del proceso y el decreto de las medidas
cautelares, lo cual ha ocasionado la vulneración de sus derechos fundamentales.

13. Indicó que, pese a que reconoce que existe una alta congestión en los
despachos judiciales del país, ello no debe traducirse «de forma absoluta» en una
justificación del incumplimiento de los términos procesales. En ese sentido, puso de
presente que en la sentencia C-399 de 2024 la Corte Constitucional sostuvo que la
inactividad judicial y la dilación injustificada de los trámites configuran una vía de
hecho por omisión que justifica la procedencia de la acción de tutela contra la
autoridad que se encuentra en mora.

1.4. Intervenciones

14. El Tribunal Administrativo de Magdalena, luego de hacer un recuento del
trámite que le ha impartido al proceso ejecutivo, indicó que el artículo 192 del
CPACA dispuso que las condenas impuestas a las entidades que impliquen el pago
de sumas de dinero deben cumplirse en un plazo máximo de 10 meses desde la
ejecutaría de la sentencia, situación que impide la configuración de la mora judicial,
dado que no incumplió los términos previstos en la ley.

15. Por lo anterior, aseguró que la parte demandante no acreditó la vulneración
de sus derechos fundamentales, puesto que, como autoridad judicial, ha observado
las normas procedimentales y el proceso lo ha gestionado dentro de los plazos
razonables.

16. La Superintendencia de Transporte y la Alcaldía de Barranquilla
solicitaron su desvinculación del proceso por considerar que carecen de
legitimación en la causa por pasiva, dado que no tienen competencia para conocer
y vigilar procesos judiciales.

17. La Gobernación de Magdalena solicitó que se declare la improcedencia de
la acción por no cumplir con el requisito de subsidiariedad, puesto que el
ordenamiento jurídico prevé mecanismos judiciales que le resultan idóneos y
eficaces para dirimir la controversia que la parte demandante propone8.

18. La Alcaldía de Fundación señaló que no contaba con la información
suficiente para pronunciarse sobre las pretensiones de la presente acción
constitucional.

19. La Secretaría de Movilidad de Barranquilla, el Ministerio de Trasporte, la
Policía Nacional, la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia, y los señores
Eduardo Enrique Orozco Torres, Fernando Antonio Valencia Morales, María
Catalina Mercado Bocanegra y José Manjarrez Manga guardaron silencio.

8 No obstante, la entidad no especificó los mecanismos a los que se refiere.

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1.5. Sentencia de primera instancia

20. Mediante sentencia del 31 de octubre de 2025, la Sección Cuarta del Consejo
de Estado declaró la carencia actual de objeto por hecho superado tras advertir que
el Tribunal Administrativo de Magdalena, mediante auto del 1 de octubre de 2025,
negó el mandamiento de pago por considerar que las entidades condenadas
contaban con 10 meses desde la ejecutoria de la sentencia para ejecutar el pago,
término que, a la fecha, se encontraba en curso.

21. Por otra parte, sostuvo que, dado que el tribunal no libró orden de apremio,
no tenía el deber de pronunciarse sobre la solicitud de decretar medidas cautelares,
pues dicha providencia le puso fin al proceso.

22. No obstante, indicó que, dentro del trámite de la acción de grupo, con
posterioridad a que fuera dictada la sentencia de segunda instancia, los
demandantes han presentado múltiples solicitudes de corrección, adición y
aclaración de esa providencia, lo cual ocasionó que el cuaderno principal aún se
encuentre en la Sección Tercera del Consejo de Estado, situación que, como lo
señaló el tribunal demandado, «impide que la obligación sea exigible».

23. Finalmente, negó las solicitudes de desvinculación presentadas por la
Alcaldía de Barranquilla y la Superintendencia de Transporte debido a que fueron
vinculadas como terceros con posible interés en las resultas del proceso, ya que
respecto de aquellas se exige el pago de la condena al interior del proceso ejecutivo.

1.6. Impugnación

24. La parte accionante señaló que el a quo incurrió en un error al declarar la
carencia actual de objeto por hecho superado por considerar que la mora judicial
del Tribunal Administrativo del Magdalena cesó por haber proferido el auto del 1 de
octubre de 2025. Por el contrario, sostuvo que dicha providencia materializó un
«error jurídico» que configuró una «vía de hecho».

25. En ese sentido, sostuvo que el tribunal accionado incurrió en un defecto
sustantivo al proferir el auto del 1 de octubre de 2025, por no aplicar lo previsto en
el numeral 3 del artículo 65 de la Ley 472 de 1998, el cual prevé que el monto de la
condena deberá ser entregado al Fondo para la Defensa de los Derechos e
Intereses Colectivos, dentro de los 10 días siguientes a la ejecutoria de la sentencia
condenatoria.

26. A su vez, indicó que desconoció el principio de primacía de la ley especial,
ya que las acciones de grupo cuentan con un régimen legal especial previsto en la
Ley 472 de 1998, por lo que es prevalente y, en el caso concreto, desplaza la
aplicación del CGP.

27. Por otra parte, consideró que también incurrió en una «grave omisión» al no
5
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pronunciarse sobre el decreto de medidas cautelares, puesto que el auto que negó
librar mandamiento de pago no exime al tribunal de su deber de pronunciarse sobre
lo solicitado en la demanda.

28. En ese orden, formuló las siguientes pretensiones:

PRIMERO: REVOCAR el numeral 2 del Fallo de Tutela de Primera Instancia,
proferido por la Sección Cuarta del Consejo de Estado, de fecha 31 de octubre de
2025.

SEGUNDO: En su lugar, CONCEDER EL AMPARO de los derechos fundamentales
al debido proceso y al acceso a la administración de justicia de los accionantes.

TERCERO: Como consecuencia, ORDENAR al Tribunal Administrativo del
Magdalena, Despacho 003, que en un término no superior a cuarenta y ocho (48)
horas:

a. REVOQUE el Auto del 1 de octubre de 2025 y en su lugar, LIBRE EL
RESPECTIVO MANDAMIENTO DE PAGO a favor de los ejecutantes, en
estricto cumplimiento de la Ley 472 de 1998.

b. De manera inmediata y prioritaria, se PRONUNCIE DE FONDO sobre las
Medidas Cautelares solicitadas, conforme a lo dispuesto en los artículos 58, 59
y 60 de la Ley 472 de 1998, para garantizar la protección de los derechos de los
beneficiarios.9

II. CONSIDERACIONES

29. La Sala confirmará la sentencia de primera instancia proferida el 31 de
octubre de 2025 por la Sección Cuarta del Consejo de Estado, que declaró la
carencia actual de objeto por hecho superado. Para ello, se analizarán los siguientes
aspectos: i) el cumplimiento de los requisitos generales de la acción de tutela y, ii)
la superación de la mora judicial alegada por los actores.

2.1. Delimitación del objeto de la decisión

30. Previo a que esta Sección profiera una decisión de fondo, la Sala considera
pertinente advertir que se abstendrá en pronunciarse respecto de los argumentos
expuestos en la impugnación tendientes a atacar la providencia dictada en el
proceso ejecutivo, dado que se evidenció que la parte accionante varió
sustancialmente el objeto de la presente acción constitucional.

31. De la revisión del escrito de tutela, se evidencia que los reproches de la parte
accionante consisten en reprochar la presunta mora judicial injustificada en la que,
a su juicio, incurrió el Tribunal Administrativo del Magdalena en pronunciarse acerca
de la admisión de la demanda ejecutiva y el decreto de medidas cautelares.

32. No obstante, debido a que por medio del auto del 1 de octubre de 2025 dicha

9 Transcripción literal que puede contener errores.

6
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autoridad judicial negó librar el mandamiento de pago y, con fundamento en dicha
providencia, el a quo declaró la carencia actual de objeto por hecho superado, la
parte demandante modificó sustancialmente el objeto del debate constitucional,
pues, en sede de impugnación, dejó de cuestionar la presunta mora judicial
inicialmente alegada y pasó a controvertir el contenido del auto al que le endilgó la
configuración de un defecto sustantivo por haber desconocido lo dispuesto en el
numeral 3 del artículo 65 de la Ley 472 de 1998.

33. Lo anterior se evidencia en las pretensiones propuestas al interior del
proceso, pues en la solicitud de amparo la parte accionante solicitó expresamente
que se le ordenara al tribunal demandado decidir acerca de la admisión de la
demanda ejecutiva y el decreto de medidas cautelares, mientras que en la
impugnación pidió que se ordenara revocar el auto del 1 de octubre de 2025 y, en
su lugar, se libre mandamiento de pago a favor de los ejecutantes.

34. Por lo anterior, esta Sala de decisión, en aras de garantizar los derechos
fundamentales al debido proceso y de contradicción de las partes, se abstendrá de
pronunciarse sobre los defectos específicos planteados contra la referida
providencia judicial, puesto que la impugnación en la acción de tutela no constituye
una nueva oportunidad procesal para replantear el debate o variar el objeto de la
solicitud de amparo. Por el contrario, dicho recurso es un mecanismo que permite
que el superior jerárquico revise la decisión adoptada en primera instancia, dentro
de los límites que fueron fijados en los hechos y las pretensiones originalmente
planteadas.

35. Por tanto, la Sala se limitará a estudiar la mora judicial que la parte accionante
le endilga al Tribunal Administrativo del Magdalena en el trámite del proceso
ejecutivo 47001-2333-000-2014-00309-00/01.

2.2. Caso concreto

2.2.1. La solicitud de amparo cumple con los requisitos generales de
procedencia de la acción de tutela

36. El artículo 86 de la Constitución Política dispone que la acción de tutela es
un mecanismo judicial subsidiario, residual, informal y autónomo que tiene por
objeto garantizar la protección inmediata de los derechos fundamentales a través
de un proceso preferente y sumario. De acuerdo con lo previsto en el Decreto 2591
de 1991 y el desarrollo jurisprudencial de la Corte Constitucional, son requisitos
generales de procedencia de la acción de tutela: i) la legitimación en la causa por
activa y por pasiva de las partes, ii) la inmediatez y, iii) la subsidiariedad. El
cumplimiento de estos requisitos de procedencia es una condición para que el juez
de tutela pueda emitir una decisión de fondo10.

10 Ver, entre otras, sentencias T-183 de 2024, T-309 de 2023 y T-099 de 2021

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37. Esta Sección considera que la solicitud de amparo cumple con todos los
requisitos generales de procedencia referidos, como pasa a exponerse:

38. Legitimación en la causa. Consiste, de una parte, en que quien promueve
la acción sea el titular del derecho o del interés que se invoca como fundamento de
las pretensiones que se aducen (activa), y, de otra, en que el accionado sea el sujeto
frente a quien deben reclamarse y controvertirse estas (pasiva).

39. La Sala advierte que los señores Sandra Patricia Quintero Baquero, Manuel
de Jesús Hernández Contreras, Heliberto Antonio Pabón Zanabria, Melbis de León
Carranza, Fernando Antonio Molano Acosta, Édison Quintero Cantillo, Yonys Fred
Barón de la Cruz, Ramón Segundo Toncel Gutiérrez, Evaristo José de León
Rodríguez, Esnelda Isabel Gámez López y Yoiner David Barón Rúa están
legitimados en la causa por activa, ya que hacen parte del grupo demandante dentro
del proceso ejecutivo cuya mora judicial se reprocha mediante esta vía.

40. Por otra parte, se evidencia que el Tribunal Administrativo del Magdalena
está legitimado en la causa por pasiva, dado que adelanta el trámite del proceso
ejecutivo y es la autoridad judicial sobre la cual se predica la mora judicial.

41. Inmediatez. La Corte Constitucional ha señalado reiteradamente que la
acción de tutela debe interponerse en un tiempo oportuno y justo, a partir del
momento en el que ocurre la situación que ocurre la situación que presuntamente
vulnera o amenaza el derecho fundamental11.

42. La parte accionante cumplió debidamente con esta carga, pues al momento
de la presentación de la solicitud de tutela, aún no se había adelantado la actuación
judicial en la que se funda la presunta mora judicial que alegan los actores.

43. Subsidiariedad. El artículo 86 de la Constitución Política consagró el
carácter subsidiario de la acción de tutela frente a los medios ordinarios de defensa.
En virtud de dicho requisito, la Corte Constitucional ha determinado acción de tutela
solo procede en dos casos excepcionales12: i) como mecanismo de protección
definitivo, si el afecto no dispone de otro medio de defensa judicial idóneo 13 y
eficaz14 y, ii) como mecanismo de protección transitoria.

44. Esta Sección considera que se cumplió con dicho presupuesto, dado que la
parte demandante no cuenta con otros mecanismos judiciales para cuestionar la
falta de trámite del proceso ejecutivo en el que conforma la parte demandante.

2.2.2. En el caso objeto de estudio operó la carencia actual de objeto por hecho
superado

11 Ver, entre otras, sentencias T-834 de 2005, T-887 de 2009 y T-427 de 2019.
12 Sentencia T-183 de 2024.
13 De acuerdo con la jurisprudencia constitucional, es idóneo si es «materialmente apto para producir

el efecto protector de derechos fundamentales». Al respecto, ver sentencia SU-379 de 2019.
14 Ib. La Corte Constitucional ha considerado que la eficacia se refiere a si el mecanismo judicial está

diseñado para brindar una protección oportuna a los derechos fundamentales vulnerados.
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45. Como se expuso previamente, la parte accionante adjudicó la vulneración de
sus garantías constitucionales al Tribunal Administrativo del Magdalena ante la
presunta mora judicial injustificada en pronunciarse sobre la admisión de la
demanda ejecutiva y el decreto de medidas cautelares, al interior del proceso
ejecutivo con radicado 47001-2333-000-2014-00309-00/01.

46. Ahora bien, de la revisión del expediente se evidencia que el Tribunal
Administrativo del Magdalena profirió auto que negó librar mandamiento de pago el
1 de octubre de 2025. En aquella decisión, el tribunal dispuso lo siguiente:

PRIMERO: NEGAR el mandamiento de pago en la demanda ejecutiva promovida
por los señores Melbis de León Carranza y otros, en contra del Municipio de
Fundación y del Instituto Municipal de Tránsito y Transporte de Fundación –
INTRASFUN–, de conformidad con las consideraciones expuestas.

SEGUNDO: DEVOLVER los anexos sin necesidad de desglose. TERCERO:
Ejecutoriada la presente providencia, archívese el expediente y déjese las
constancias de rigor en el Sistema SAMAI.

47. En este punto, conviene recordar que existen eventos en los que la amenaza
al derecho fundamental desaparece en el trascurso de la acción de tutela, por lo
que el instrumento pierde efectividad y la intervención del juez constitucional resulta
inane. Al respecto, la Corte Constitucional ha señalado que «el juez de tutela no ha
sido concebido como un órgano consultivo que emite conceptos o decisiones
inocuas una vez ha dejado de existir el objeto jurídico, sobre escenarios hipotéticos,

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consumados o ya superados»15.

48. Sobre el tema, cabe destacar la sentencia SU-522 de 2019, en la que se
precisó que, si luego de acudir a la autoridad judicial, «la situación ha sido superada
o resuelta de alguna forma», no tendría sentido un pronunciamiento, puesto que «la
posible orden que impartiera el juez caería en el vacío», siendo esta la «idea central
que soporta el concepto de carencia actual de objeto».

49. Sobre la figura del hecho superado, el tribunal constitucional indicó en la
sentencia SU-225 de 2013, que «se configura cuando entre el momento de la
interposición de la acción de tutela y el momento del fallo se satisface por completo
la pretensión contenida en la demanda de amparo. En otras palabras, aquello que
se pretendía lograr mediante la orden del juez de tutela ha acaecido antes de que
el mismo diera orden alguna».

50. Por tanto, como lo concluyó la Sección Cuarta de esta corporación, se
configuró la carencia actual de objeto por hecho superado, toda vez que
desapareció la circunstancia que podía originar algún quebranto de los derechos
fundamentales de la parte tutelante, pues la vulneración cesó cuando el Tribunal
Administrativo del Magdalena profirió el auto que negó librar mandamiento de pago
el 1 de octubre de 2025. Así las cosas, cualquier orden que se imparta por parte de
esta Sección carecería de sentido.

51. Por último, esta Sección comparte la posición del a quo relacionada con que,
debido a que fue negado el mandamiento ejecutivo, el tribunal accionado no tenía
el deber de pronunciarse sobre la solicitud de medidas cautelares, ya que, a juicio
del juez de instancia, no existía un título ejecutivo que fuera exigible.

52. En consecuencia, la Sala confirmará la sentencia de primera instancia
proferida el 31 de octubre de 2025 por la Sección Cuarta del Consejo de Estado,
que declaró la carencia actual de objeto por hecho superado.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República y
por autoridad de la ley,

III. FALLA:

PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia del 31 de octubre del 2025 proferida por la
Sección Cuarta del Consejo de Estado.

SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes y a los intervinientes en la forma prevista en
el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.

15 Corte Constitucional, Sentencia T- 124 de 2021.

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Calle 12 No. 7-65 – Tel: (+57) 601 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Accionantes: Sandra Patricia Quintero Baquero y otros
Accionado: Tribunal Administrativo del Magdalena
Radicado: 11001-03-15-000-2025-05463-01

TERCERO: Dentro de los diez (10) días siguientes a la ejecutoria de esta
providencia, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual
revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Presidente

LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado

OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ
Magistrado

GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA
Magistrada

Este documento fue firmado electrónicamente. Usted puede consultar la providencia oficial con el
número de radicación en https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/procesos.aspx

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