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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-05474-00

Fecha
9 de octubre de 2025
Consejero ponente
Gloria María Gómez Montoya
Citada por
1 providencia

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-05474-00

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

FALLA: PRIMERO: DECLARAR LA TEMERIDAD en la acción de tutela promovida por el señor Eduardo Hugo Sarmiento Parra contra la Comisión Nacional de Disciplina Judicial y la Comisión Seccional de Disciplina Judicial del Atlántico, por lo que se rechaza este mecanismo, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva. SEGUNDO: COMPULSAR copias con destino a la Comisión Seccional de Disciplina Judicial del Atlántico, para que para que investigue las posibles faltas disciplinarias y a los deberes en que haya podido incurrir el abogado Eduardo Hugo Sarmiento Parra identificado con cédula de ciudadanía No. 4.008.496 y T.P. 51.004 del Consejo Superior de la Judicatura TERCERO: NOTIFICAR a las partes y terceros con interés, en la forma prevista en el artículo 30 del Decreto Ley 2591 de 1991. CUARTO: En el evento que esta decisión no sea impugnada, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2025-05474-00

Consejero ponente: Gloria María Gómez Montoya

9 de octubre de 2025

Demandante: Eduardo Hugo Sarmiento Parra
Demandados: Comisión Nacional de Disciplina Judicial y otro
Radicado: 11001-03-15-000-2025-05474-00

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA

Magistrada Ponente: GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA

Nueve (9) de octubre de dos mil veinticinco (2025)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2025-05474-00
Demandante: EDUARDO HUGO SARMIENTO PARRA
Demandados: COMISIÓN NACIONAL DE DISCIPLINA JUDICIAL Y OTRO

Tema: Tutela contra providencia judicial. Declara la temeridad y
rechaza la presente acción.

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

OBJETO DE LA DECISIÓN

La Sala resuelve el mecanismo constitucional de la referencia, de conformidad con
los Decretos 2591 de 1991, 333 de 2021 y el Acuerdo 080 de 2019 de la Sala
Plena de esta corporación.

I. ANTECEDENTES

1.1. Solicitud de amparo

El señor Eduardo Hugo Sarmiento Parra, actuando en nombre propio, inició acción
de tutela1 contra la Comisión Nacional de Disciplina Judicial y la Comisión
Seccional de Disciplina Judicial del Atlántico, por la presunta trasgresión de sus
derechos fundamentales al debido proceso, de acceso a la administración de
justicia y a la igualdad.

La parte actora consideró vulneradas las referidas garantías constitucionales, con
ocasión del auto del 20 de agosto de 2025 proferido por la Comisión Nacional de

1
Acción de tutela radicada el 1° de septiembre de 2025 en el Centro de Servicios Administrativos
de los juzgados civiles, familia y laborales del circuito judicial de Bogotá y que fue remitida a esta
Corporación por el Juzgado Cuarenta y Ocho Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá en auto
del 2 de septiembre de 2025, atendiendo a las reglas de reparto. Se advierte que, la misma tutela
se radicó en la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, a través del sistema ESAV
el 2 de septiembre del año en curso bajo el radicado número 11001023000020250095800, cuya
última actuación se realizó el 9 de septiembre de 2025 bajo el registro de: «Al despacho para
Sentencia».

1

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Demandante: Eduardo Hugo Sarmiento Parra
Demandados: Comisión Nacional de Disciplina Judicial y otro
Radicado: 11001-03-15-000-2025-05474-00

Disciplina Judicial, por el que dispuso no resolver la solicitud de adición y
aclaración de la providencia del 28 de mayo de 2025 que declaró nulas algunas
actuaciones al interior del proceso disciplinario con radicado 08001-11-02-000-
2022-00354-00/01.

1.2. Solicitud de medida provisional

Con la presentación del escrito de amparo, el señor Sarmiento Parra solicitó como
medida provisional la suspensión del auto del 28 de mayo de 2025, la que se
resolvió de forma negativa por el Despacho sustanciador en el auto del 5 de
septiembre de 2025, porque no encontró acreditados los presupuestos para su
decreto porque no evidenció una situación de vulneración grave que constituyera
un perjuicio irremediable para el actor.

1.3. Pretensiones

Con base en lo anterior, la parte actora solicitó el amparo de los derechos
fundamentales invocados y, en consecuencia, pidió:
[…]

(i) que en el término 48 horas, cesen la violación de los derechos fundamentales
del accionante, mediante la adición del auto de fecha mayo 28 de 2025, consistente
en que se dispongan que el disciplinado, tiene el derecho a presentar las pruebas
que tiene en su poder, y solicitar las que sean conducentes y necesarias para
demostrar su inocencia. (ii) Que se abstengan los accionados, de colocar barreras
que impidan el acceso a la administración de justicia, y (iii) Se protejan los demás
derechos del accionante, que aparezcan como violados o en peligro de ser
violados.2

1.4. Hechos

Las señoras Berta Karina Medina Díaz Granados y Milagros Mercedes Medina
presentaron una queja disciplinaria contra el señor Eduardo Hugo Sarmiento
Parra. Este fue su apoderado en el proceso ordinario laboral3 en el que se les
reconoció la pensión de sobrevivientes por el fallecimiento de su madre4, sin
embargo, señalaron que el mismo abogado presentó demanda ejecutiva para

2
Transcripción literal que puede contener errores.
3
El poder fue conferido por el señor Alberto Miguel Medina Silva, en representación de sus hijas
Berta Karina Medina Díaz Granados y Milagros Mercedes Medina, quiénes eran menores de edad.
4
El proceso se tramitó por el Juzgado Quinto Laboral del Circuito Judicial de Barranquilla que en
sentencia del 10 de marzo de 2005 negó las pretensiones. Esta decisión se revocó por el Tribunal
Superior del Distrito Judicial de Barranquilla, que mediante providencia del 15 de diciembre de 2011
concedió las pretensiones y ordenó a la UGPP el reconocimiento y pago de la pensión de
sobrevivientes a las señoras Berta Karina Medina Díaz Granados y Milagros Mercedes Medina por
la muerte de la señora Dubys Ley Díaz Granados Manotas. Además, se dispuso el pago de
intereses moratorios. Orden que la entidad cumplió a través de la Resolución RDP 011912 del 19
de mayo de 2020 de la UGPP.

2

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cobrar los montos reconocidos en la Resolución RDP011912 del 19 de mayo de
20205 de la UGPP, sin embargo, refirieron que nunca les informó de este trámite
que adelantó con un mandato que contenía sus firmas falsificadas6; cuyo poder se
usó además para abrir dos cuentas de ahorros en Bancolombia a nombre de las
actoras7 de las que hizo retiros sin autorización.

Del proceso disciplinario conoció en primera instancia la Comisión Seccional de
Disciplina Judicial del Atlántico, Despacho 04 con el radicado número 08001-11-
02-000-2022-00354-00, que en auto del 6 de junio de 20228 ordenó la apertura de
investigación disciplinaria contra el abogado Eduardo Hugo Sarmiento Parra9.

Posteriormente llevó a cabo la audiencia de pruebas y calificación provisional10 los
días 10 de agosto y, 18 de octubre de 2023, y 17 de enero de 2024.

El 13 de marzo de 2024, el señor Sarmiento Parra pidió que se decretaran estas
pruebas: (i) versión libre del disciplinado; (ii) permitirle aportar prueba documental;
(iii) citar a testimonio al padre de las quejosas. Esta solicitud fue negada en la
audiencia de juzgamiento por la Comisión Seccional del Atlántico, celebrada en
esta misma fecha, por extemporánea.

A renglón seguido, la referida autoridad dictó sentencia condenatoria de primera
instancia el 14 de mayo de 2024 en el que declaró disciplinariamente responsable
al abogado Eduardo Sarmiento Parra por la comisión de las faltas de los artículos

5
Índice 009 de Samai. En la Resolución RDP 011912 del 19 de mayo de 2020 la UGPP se
reconoció como retroactivo de mesadas pensionales por la pensión de sobrevivientes a favor de la
señora Milagros Mercedes Medina Diaz Granados una suma de $56´139.034 y a la señora Bertha
Karine Medina Diaz Granados el valor de $7.749.726. Con sus respectivos intereses.
6
Para sustentar la afirmación sobre la falsificación de las firmas, aportaron un oficio expedido por
la Notaría Primera del Círculo de Barranquilla, en la que se da respuesta a una petición de las
quejosas sobre la autenticidad de los sellos en el poder usado por el abogado y les informa que
«los sellos de las diligencias de reconocimiento que allí figuran, al igual que la firma y sello del
Notario, no corresponden a los usados por el Doctor Carlos Jose Puche Mogollon, Notario Primero
del Círculo de Barranquilla». Cuyo mandato se usó para abrir la cuenta de ahorros a nombre de las
señoras Bertha Karine Medina Diaz y Milagros Mercedes Medina.
7
Bancolombia emitió un oficio del 12 de octubre de 2021 en el que resolvió una petición de
información y, les indicó a las actoras sobre la apertura de cuentas de ahorro para pensión y que
«Dicho trámite fue realizado por un tercero identificado como el señor Eduardo Hugo Sarmiento
Parra […]»
8
Índice 009 de Samai.
9
Índice 009 de Samai. La providencia se notificó al investigado al correo electrónico:
eduardosarmiento60@hotmail.com
10
Señalada en el artículo 105 de la Ley 1123 de 2007.

3

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30 numeral 411, 33 numeral 1112, 34 literal c)13 y 35 numeral 414, y por inobservar
los deberes del artículo 28numerales 615, 816 y 1617, de la Ley 1123 de 2007 a título
de dolo. Además, lo sancionó con la exclusión de la profesión y una multa de 50
salarios mínimos legales mensuales vigentes.

El proveído anterior fue recurrido y en segunda instancia, la Comisión Nacional de
Disciplina Judicial, a través del auto del 28 de mayo de 202518 resolvió:

Decretar la nulidad de lo actuado, de acuerdo con lo consagrado en el numeral 2
del artículo 95 de la Ley 1123 de 2007, a partir de la audiencia de juzgamiento
llevada a cabo el 13 de marzo de 2024, con el fin de que el abogado Eduardo Hugo
Sarmiento Parra, sea escuchado en versión libre más no para que solicite pruebas,
teniendo en cuenta que como se indicó, esa oportunidad procesal le precluyó; por
lo que quedarán a salvo las pruebas ordenadas y practicadas, no pudiendo en
consecuencia solicitar que sean valoradas las pruebas aportadas por fuera del
término de ley.

El 9 de agosto de 2025 el accionante elevó solicitud de aclaración y/o
complementación y pidió el decreto de pruebas. Esta se negó por el ad quem en
auto del 20 de agosto de 2025, con fundamento en que el alcance de la nulidad
abarca solo la audiencia de juzgamiento. Ello, con el fin de que pueda rendir
versión libre, pues la ley lo faculta para ello.

11
Artículo 30. Constituyen faltas contra la dignidad de la profesión:
[…]
4. Obrar con mala fe en las actividades relacionadas con el ejercicio de la profesión.
12
Artículo 33. Son faltas contra la recta y leal realización de la justicia y los fines del Estado:
[…]
11. Usar pruebas o poderes falsos, desfigurar, amañar o tergiversar las pruebas o poderes con el
propósito de hacerlos valer en actuaciones judiciales o administrativas.
13
Artículo 34. Constituyen faltas de lealtad con el cliente:
[…]
c) Callar, en todo o en parte, hechos, implicaciones jurídicas o situaciones inherentes a la gestión
encomendada o alterarle la información correcta, con ánimo de desviar la libre decisión sobre el
manejo del asunto;
14
Artículo 35. Constituyen faltas a la honradez del abogado:
[…]
4. No entregar a quien corresponda y a la menor brevedad posible dineros, bienes o documentos
recibidos en virtud de la gestión profesional, o demorar la comunicación de este recibo.
15
Artículo 28. Deberes profesionales del abogado. Son deberes del abogado:
[…]
6. Colaborar leal y legalmente en la recta y cumplida realización de la justicia y los fines del Estado.
16
8. Obrar con lealtad y honradez en sus relaciones profesionales. En desarrollo de este deber,
entre otros aspectos, el abogado deberá fijar sus honorarios con criterio equitativo, justificado y
proporcional frente al servicio prestado o de acuerdo a las normas que se dicten para el efecto, y
suscribirá recibos cada vez que perciba dineros, cualquiera sea su concepto.
17
16. Abstenerse de incurrir en actuaciones temerarias de acuerdo con la ley.
18
Providencia suscrita por los magistrados, Alfonso Cajiao Cabrera, Magda Victoria Acosta
Walteros, Carlos Arturo Ramírez Vásquez, Mauricio Tamayo Rodríguez Tamayo, Julio Andrés
Sampedro Arrubla, Diana Marina Vélez Vásquez, Juan Carlos Granados Becerra y William Moreno
Moreno.

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El a quo, cumpliendo lo dispuesto en el proveído anterior, realizó la audiencia de
juzgamiento los días 5 y 11 de septiembre de 2025 en las que escuchó la versión
libre del disciplinado. En esta diligencia aquel elevó nuevamente petición de que
se practiquen otras pruebas. El Despacho negó por improcedente la solicitud.

1.5. Fundamentos de la vulneración

La parte actora señaló que las providencias cuestionadas incurren en el defecto
de violación de la Constitución Política porque transgreden sus derechos
fundamentales al derecho de defensa, al debido proceso, a la igualdad y de acceso
a la administración de justicia.

Frente sus derechos a la defensa y al debido proceso, se infringen porque no se
le permitió aportar las pruebas necesarias para demostrar su inocencia.

Respecto del derecho a la igualdad indicó se vulnera porque a las quejosas se les
permitió allegar al proceso el material probatorio en su contra, pero al disciplinado
no. Al respecto citó la sentencia C-114 de 1993 de la Corte Constitucional que
habla sobre el derecho a la igualdad.

Por otra parte, refirió que se desconoce su derecho de acceso a la administración
de justicia porque se da prevalencia al derecho formal sobre el sustancial, cuando,
a su juicio, debe primar el segundo, como lo indicó la Corte Constitucional en la
sentencia C-183 de 2007.

Finalmente señaló que, pese a que cuenta con otros mecanismos como la acción
de cumplimiento, dada la congestión judicial en la jurisdicción contencioso
administrativa acudió a la tutela para garantizar la protección de sus garantías
fundamentales.

1.6. Trámite de la acción de tutela

Por medio de auto del 5 de septiembre de 2025, la Magistrada Ponente admitió la
acción de tutela y ordenó notificar al accionante19, y como parte accionada a los
magistrados que conforman la Comisión Nacional de Disciplina Judicial20 y la
Comisión Seccional de Disciplina Judicial del Atlántico21.

Asimismo, dispuso la vinculación, como terceros con interés jurídico en el

19
Índice 007 de Samai. La notificación fue realizada a: eduardosarmiento60@hotmail.com.
20
Índice 007 de Samai. La notificación fue realizada a: correspondencia@cndj.gov.co y
presidencia@cndj.gov.co.
21
Índice 007 de Samai. La notificación fue realizada a: ssdisbquilla@cndj.gov.co y
ventanillascsdjbquilla@cndj.gov.co.

5

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resultado del proceso a las señoras Bertha Karine Díaz Granados y Milagros
Mercedes Medina Díaz Granados22.

1.7. Intervenciones

Realizadas las notificaciones ordenadas de manera electrónica, se presentaron las
siguientes:

1.7.1. Comisión Seccional de Disciplina Judicial del Atlántico23

El titular del Despacho 04 que tramitó el proceso disciplinario en primera instancia
hizo un recuento de las actuaciones surtidas en este y concluyó que el mismo se
adelantó con los ritos y formalidades previstas en la Ley 1123 de 2007. Por lo tanto,
solicitó que se niegue el amparo, porque lo pretendido por el actor desborda la
órbita del juez constitucional dado que en el fondo quiere reabrir el debate
probatorio ya finalizado.

Recordó que el disciplinado fue debidamente notificado del auto de apertura del
proceso y de los que fijaron fecha para audiencias. Sin embargo, no asistió a las
diligencias, ni aportó justificación alguna de su inasistencia. Consideró que, como
acudir a las audiencias era una decisión del disciplinado, el no acudir no implica
una trasgresión al debido proceso.

Relató que la Comisión Nacional de Disciplina Judicial en el auto del 28 de mayo
de 2025 decretó la nulidad de lo actuado a partir de la audiencia de juzgamiento,
por lo que, en cumplimiento a lo ordenado por su superior realizó dicha diligencia
el 5 de septiembre de 2025 en la que se escuchó la versión libre del accionante.

1.7.2. Comisión Nacional de Disciplina Judicial24

El Magistrado Ponente de la decisión cuestionada puso de presente que la misma
tutela se tramita actualmente en la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación
Laboral dentro del radicado 11001023000020250095800.

Por otro lado, explicó que, el auto del 28 de mayo de 2025 quedó debidamente
ejecutoriado y en este se resolvió lo pertinente, sin que se interpusieran recursos.
señaló que solicitud de aclaración y/o complementación se elevó cuando el
proceso ya no reposaba en esta entidad, no obstante, se le reitero en la respuesta

22
Índice 010 de Samai. La notificación fue realizada a: diagranadosm280@gmail.com y
bkarinem@gmail.com.
23
Índice 009 de Samai.
24
Índice 012 de Samai.

6

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al actor el alcance de la nulidad decretada. Indicó que cualquier otra petición debe
elevarse ante la Seccional que actualmente tiene el proceso.

Por lo expuesto, solicitó que se declare improcedente el amparo, al no cumplirse
el requisito de relevancia constitucional, pues el tutelante contó con los medios de
para garantizar su derecho de defensa y no los ejerció, pretendiendo ahora
esgrimir argumentos que omitió en el momento oportuno, y que planteó de manera
tardía en la audiencia de juzgamiento y en el recurso de apelación. Además, no
propone un debate iusfundamental que habilite la intervención del juez de tutela,
sino uno encaminado a controvertir aspectos propios del proceso disciplinario.

1.7.3. Pese a que las señoras Berta Karina Medina Díaz Granados y Milagros
Mercedes Medina fueron debidamente notificadas, guardaron silencio.

1.8. Manifestación de impedimento

El magistrado Omar Joaquín Barreto Suárez, mediante escrito del 30 de
septiembre de 2025 manifestó estar impedido para conocer de la acción
constitucional del asunto. En ese sentido indicó lo siguiente:

Al respecto, me permito informar que la Comisión Nacional de Disciplina
Judicial es la nominadora de mi esposa, quien se posesionó como magistrada
de la Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Boyacá, a partir del 9 de
diciembre de 2024.

Adicionalmente, la Comisión Nacional de Disciplina Judicial es superior
funcional de la Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Boyacá, órgano
colegiado del cual hace parte mi cónyuge.

Así las cosas, se puede advertir el interés directo que le asiste en el presente
caso, por lo que solicito que se acepte mi impedimento y se me separe del
conocimiento de la acción constitucional de la referencia, en aras de asegurar
los principios de transparencia, imparcialidad y autonomía que caracterizan la
actividad judicial.
[…]

Al respecto, la Sala por auto del 2 de octubre de 2025, declaró infundada la causal,
pues no se encontró acreditado el supuesto de hecho establecido en la norma.

II. CONSIDERACIONES

2.1. Competencia

Esta Sala es competente para conocer, en primera instancia, de la acción de tutela
presentada por el señor Eduardo Hugo Sarmiento Parra contra la Comisión
Nacional de Disciplina Judicial y otro, de conformidad con lo establecido en los

7

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Decretos 2591 de 1991 y 1069 de 2015, modificado por el Decreto 333 de 2021 y,
el Acuerdo 080 de 2019 de la Sala Plena de esta corporación.

2.2 Problema jurídico

Teniendo en cuenta la situación fáctica expuesta por la parte actora, el material
probatorio recaudado y los informes presentados por las accionadas, corresponde
a la Sala resolver los siguientes problemas jurídicos:

• ¿Se configura el fenómeno de la temeridad con ocasión de la acción de
tutela que presentó el actor con el fin de que se protejan sus derechos
fundamentales al debido proceso, de acceso a la administración de justicia
y a la igualdad ante la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral,
identificada con el radicado número 11001023000020250095800?

En caso de ser positiva la anterior respuesta, se resolverá:

• ¿La Comisión Nacional de Disciplina Judicial, vulneró las garantías
invocadas por el actor al proferir el auto del 20 de agosto de 2025 que negó
la solicitud de aclaración y/o complementación frente al proveído del 28 de
mayo de 2025 que declaró la nulidad de las actuaciones surtidas dentro del
proceso disciplinario con radicado 08001-11-02-000-2022-00354-00/01?

Para resolver los interrogantes planteados, resulta pertinente analizar los
siguientes temas: (i) la cosa juzgada constitucional y temeridad.; (ii) el caso
concreto.

2.3. La cosa juzgada constitucional y temeridad.

La Corte Constitucional se ha pronunciado en múltiples ocasiones sobre el alcance
de esta figura, indicando que:

La cosa juzgada constitucional en los procesos referidos a acciones de tutela se
debe estudiar en aquellos eventos en los que «se adelanta un nuevo proceso con
posterioridad a la ejecutoria de un fallo de tutela y entre ambos hay identidad jurídica
de partes, objeto y causa.

[…]

53. Por regla general, los fallos de tutela hacen tránsito a cosa juzgada constitucional
cuando “(i) la Corte Constitucional decide excluir de revisión un fallo o, (ii) si el mismo
es seleccionado, cuando queda ejecutoriada la providencia que expida este
tribunal.”[52] No obstante, la jurisprudencia constitucional ha insistido en que la
verificación de estos supuestos debe efectuarse de manera concreta y, a modo de
ejemplo, “a pesar de que en un caso concurra la identidad de partes, objeto y causa,
la cosa juzgada puede desvirtuarse cuando surjan circunstancias excepcionales,

8

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como puede serlo la ocurrencia de hechos nuevos”[53]. Lo mismo ocurre cuando “la
Corte Constitucional profiere una sentencia de unificación, cuyos efectos son
extensivos a un grupo de personas que se consideran en igualdad de condiciones,
incluso si con anterioridad a dicha sentencia presentaron acción de tutela por los
mismos hechos y con la misma pretensión”[54]. Y, de igual manera, cuando se
demuestra que en el proceso anterior “no se ha emitido un pronunciamiento de
fondo sobre la pretensión puesta en conocimiento original de un juez”[55] En estos
eventos excepcionales, el juez constitucional queda habilitado para que realice un
pronunciamiento de fondo.25

Por otra parte, la temeridad en el proceso de tutela, existe, en los términos del
artículo 38 del Decreto 2591 de 1991 cuando «sin motivo expresamente justificado,
la misma acción de tutela sea presentada por la misma persona o su representante
ante varios jueces o tribunales”, por lo cual “se rechazarán o decidirán
desfavorablemente todas las solicitudes».

Según la jurisprudencia constitucional, la temeridad se configura entonces, cuando
concurren los siguientes elementos: (i) identidad de partes; (ii) identidad en la
causa petendi; (iii) identidad de objeto, y; (iv) falta de justificación para interponer
la nueva acción26.

La actuación temeraria tiene una relación directa con el principio constitucional de
la buena fe, consagrado en el artículo 83 de la Constitución Política. La Corte
Constitucional, señala que cuando se obra temerariamente se vulnera este
principio, en la medida en que, para satisfacer un interés particular, el actor
instaura deliberadamente y sin un motivo válido, una nueva acción constitucional
y como la buena fe se presume en todas las actuaciones de los particulares ante
las autoridades públicas, corresponde al juez de tutela demostrar su existencia
mediante un análisis profundo de las pretensiones de las demandas, de los hechos
y de los derechos en que éstas se fundan27.

En el evento en que se demuestre esa identidad se debe rechazar la solicitud de
amparo. Al respecto, indicó:

La jurisprudencia constitucional ha estimado que la actuación temeraria es aquella
que vulnera el principio de buena fe, asumiendo una actitud indebida para satisfacer
un interés individual a toda costa y que expresa un abuso del derecho cuando
deliberadamente y sin tener razón se instaura nuevamente una acción de tutela.

Teniendo en cuenta que la buena fe se presume en toda actuación de los
particulares ante las autoridades públicas, la temeridad es una circunstancia que
debe ser valorada cuidadosamente por los jueces para prevenir decisiones injustas.
En otras palabras, la conducta temeraria debe encontrarse plenamente acreditada
y no puede ser inferida de la simple improcedencia de la tutela o revisando

25
Corte Constitucional, Sentencia T-504 de 2024. M.P. Vladimir Fernández Andrade.
26
Corte Constitucional. Sentencia T-883 de 2001, reiterada en la Sentencia T-151 de 2010.
27
Corte Constitucional. Sentencia T-067 de 2005.

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circunstancias meramente formales. Tal conducta requiere de un examen minucioso
de la pretensión de amparo, de los hechos en que se funda y del acervo probatorio
que repose en el proceso28.

Esta Corporación señaló al respecto29: «De conformidad con el artículo transcrito,
se tiene que la acción temeraria se configura por la presentación simultánea o
sucesiva de acciones de tutela, sin que exista un motivo razonable y válido. Este
ejercicio arbitrario e injustificado de la acción de tutela materializa la actuación
temeraria, al desconocerse el fin para el cual fue creado dicho instrumento»30.

2.4. Caso concreto

2.4.1. Sobre la temeridad

La Comisión Nacional de Disciplina Judicial manifestó que se evidencia un actuar
temerario por parte del accionante, toda vez que presentó dos acciones de tutela
con identidad de hechos, partes y pretensiones, ante distintas autoridades
judiciales, por lo que, esta Colegiatura realizará un estudio respecto de la acción
constitucional de la referencia y la que fue radicada ante la Corte Suprema de
Justicia, Sala de Casación Laboral, que se identifica con el radicado número
11001023000020250095800 y que no fue puesta de presente por la accionante en
su escrito de tutela.

Por lo que, corresponde a esta Sala decidir si en la tutela presentada por el actor
se presenta (i) identidad de partes, (ii) identidad en la causa petendi, (iii) identidad
de objeto. De confluir los tres elementos se analizará si existe alguna justificación
para interponer la presente acción, o si, por el contrario, se presentó de forma
temeraria, por lo que se pasa a estudiar cada uno de los requisitos enunciados:

Tutela Tutela ¿Cumple
11001-03-15-000-2025- 11001-02-30-000-2025- identidad?
05474-00 00958-00
Consejo de Estado: Corte Suprema de
Justicia
1) Comisión Nacional de 1) Comisión Nacional de
Disciplina Judicial Disciplina Judicial
Accionados Sí
2) Comisión Seccional de 2) Comisión Seccional de
Disciplina Judicial de Disciplina Judicial de
Atlántico Atlántico

28
Sobre este tema se pueden consultar las sentencias de la Corte Constitucional T-308 y T-145 de
1995, T-091 de 1996, T-001 de 1997, T-1215 de 2003, entre otras.
29
Consejo de Estado, Sección Cuarta. C.P. William Giraldo Giraldo. Radicado: 11001-03-15-000-
2012-01318-00 (AC).
30Esta Sección se ha manifestado sobre el particular, en sentencia de 30 de mayo de 2014, C.P.
Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez, Radicado N° 25000-23-42-000-2014-00675-01 (AT).

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(i) que en el término 48 (i) que en el término 48
horas, cesen la violación horas, cesen la violación de
de los derechos los derechos
fundamentales del fundamentales del
accionante, mediante la accionante, mediante la
adición del auto de fecha adición del auto de fecha
mayo 28 de 2025, mayo 28 de 2025,
consistente en que se consistente en que se
dispongan que el dispongan que el
disciplinado, tiene el disciplinado, tiene el
derecho a presentar las derecho a presentar las
pruebas que tiene en su pruebas que tiene en su
poder, y solicitar las que poder, y solicitar las que
sean conducentes y sean conducentes y
Pretensiones Sí
necesarias para demostrar necesarias para demostrar
su inocencia. su inocencia.

(ii) Que se abstengan los (ii) Que se abstengan los
accionados, de colocar accionados, de colocar
barreras que impidan el barreras que impidan el
acceso a la administración acceso a la administración
de justicia, y de justicia, y

(iii) Se protejan los demás (iii) Se protejan los demás
derechos del accionante, derechos del accionante,
que aparezcan como que aparezcan como
violados o en peligro de ser violados o en peligro de ser
violados. violados.
Señaló que las señoras Señaló que las señoras
Berta Karina Medina Díaz Berta Karina Medina Díaz
Granados y Milagros Granados y Milagros
Mercedes Medina Mercedes Medina
radicaron una queja radicaron una queja
disciplinaria contra el disciplinaria contra el
abogado Eduardo Hugo abogado Eduardo Hugo
Sarmiento Parra, quién Sarmiento Parra, quien
fungió como su apoderado fungió como su apoderado
Hechos judicial en un proceso judicial en un proceso Sí
ordinario en el que se les ordinario en el que se les
reconoció la pensión de reconoció la pensión de
sobrevivientes, y el sobrevivientes, y el
consecuente proceso consecuente proceso
ejecutivo. ejecutivo.

Explicó que, en primera Explicó que, en primera
instancia la Comisión instancia la Comisión
Seccional de Disciplina Seccional de Disciplina

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Judicial del Atlántico, Judicial del Atlántico,
tramitó el proceso tramitó el proceso
disciplinario, en el que se disciplinario, en el que se
vulneró su derecho de vulneró su derecho de
defensa dado que no se le defensa dado que no se le
permitió aportar pruebas. permitió aportar pruebas.

Refirió que la Comisión Refirió que la Comisión
Seccional de Atlántico lo Seccional de Atlántico lo
declaró disciplinariamente declaró disciplinariamente
responsable mediante responsable mediante
sentencia del 14 de mayo sentencia del 14 de mayo
de 2024. Decisión que el de 2024. Decisión que el
actor apeló. actor apeló.

Señaló que en segunda Señaló que en segunda
instancia la Comisión instancia la Comisión
Nacional de Disciplina Nacional de Disciplina
Judicial declaró la nulidad Judicial declaró la nulidad
de lo del proceso, a partir de lo del proceso, a partir
de la audiencia de de la audiencia de
juzgamiento en auto del 28 juzgamiento en auto del 28
de mayo de 2025, pero no de mayo de 2025, pero no
le permitió aportar ni le permitió aportar ni
solicitar pruebas. solicitar pruebas.

Refirió que, por lo anterior, Refirió que, por lo anterior,
durante el término de durante el término de
ejecutoria del referido auto ejecutoria del referido auto
elevó solicitud de elevó solicitud de
aclaración y aclaración y
complementación. complementación.

La Comisión Nacional de La Comisión Nacional de
Disciplina Judicial en la Disciplina Judicial en la
providencia del 20 de providencia del 20 de
agosto de 2025 resolvió de agosto de 2025 resolvió de
forma desfavorable la forma desfavorable la
petición, sin imprimirle el petición, sin imprimirle el
trámite que disponen los trámite que disponen los
artículos 285 y 287 del artículos 285 y 287 del
C.G.P. C.G.P.

De conformidad con lo expuesto ut supra, se advierte que en las dos acciones de
tutela existe identidad de partes, dado que ambas se interpusieron por el señor
Eduardo Hugo Sarmiento Parra contra la Comisión Nacional de Disciplina Judicial
y la Comisión Seccional de Disciplina Judicial del Atlántico.

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Se advierte que versan sobre las mismas pretensiones, esto es, que se dejen sin
efectos los autos del 28 de mayo de 2025 y 20 de agosto del mismo año proferidos
por la Comisión Nacional de Disciplina Judicial al interior del proceso con radicado
08001-11-02-000-2022-00354-00/01.

Además, en ambos escritos se relatan los mismos hechos respecto de la queja
disciplinaria iniciada por las señoras Berta Karina Medina Díaz Granados y
Milagros Mercedes Medina, que culminó con la sanción disciplinaria.

De otra parte, a pesar de que el actor señaló: «sometió a reparto la acción
constitucional solo una vez, dirigida a la jurisdicción administrativa, por lo tanto,
desconozco a que se debe este doble tramite», sin embargo, el señor Eduardo
Hugo Sarmiento Parra presentó dos tutelas que se radicaron del mismo correo, las
que tienen identidad de partes, hechos y pretensiones.

Una de las tutelas se radicó el 1° de septiembre de 2025 a las 10:03 a través del
sistema de «tutela en línea» en Bojacá, a la que se le asignó el número 3113150
y la otra radicada en el mismo día, por la misma plataforma a las 14:36, en la
ciudad de Bogotá, D.C., la cual quedó registrada con el serial 3114914, como se
advierte a continuación:

Tutela 1

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Tutela 2

Por lo anterior, es claro que el actor radicó el mismo escrito de tutela a través de
la plataforma de «tutela en línea» en la misma fecha y en horas diferentes, y no se
advierta la ocurrencia de nuevos hechos, ni un motivo que justifique, de forma
razonable, la presentación de la nueva tutela por el accionante, máxime si se tiene
en cuenta que es un profesional en derecho, por lo que no puede predicarse una
condición de ignorancia respecto de las consecuencias de su proceder.

Lo expuesto le permite a esta Sala comprobar que existió una actuación temeraria
por el tutelante, por lo que se dará aplicación al artículo 38 del Decreto Ley 2591
de 1991 que señala:

ARTICULO 38. ACTUACION TEMERARIA. Cuando, sin motivo expresamente
justificado, la misma acción de tutela sea presentada por la misma persona o su
representante ante varios jueces o tribunales, se rechazarán o decidirán
desfavorablemente todas las solicitudes.

El abogado que promoviere la presentación de varias acciones de tutela respecto
de los mismos hechos y derechos, será sancionado con la suspensión de la tarjeta
profesional al menos por dos años. En caso de reincidencia, se le cancelará su
tarjeta profesional, sin perjuicio de las demás sanciones a que haya lugar.
(subrayado fuera de texto).

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En ese sentido, se le recuerda al actor que no es posible tramitar y resolver
sucesivas e indefinidas acciones de tutela con identidad de partes, supuestos
fácticos y objeto, porque ello significa un abuso del derecho.

Así las cosas, se declarará la temeridad en el trámite constitucional promovido por
el señor Eduardo Hugo Sarmiento Parra contra la Comisión Nacional de Disciplina
Judicial y la Comisión Seccional de Disciplina Judicial del Atlántico, y, en
consecuencia, se rechazará este mecanismo.

Además, se ordenará compulsar copias con destino a la Comisión Seccional de
Disciplina Judicial del Atlántico, para que para que investigue las posibles faltas
disciplinarias y a los deberes en que haya podido incurrir el abogado Eduardo Hugo
Sarmiento Parra identificado con cédula de ciudadanía No. 4.008.496 y T.P.
51.004 del Consejo Superior de la Judicatura.

2.4.2. Cosa juzgada

La Corte Constitucional señala que, «que la cosa juzgada constitucional en los
procesos referidos a acciones de tutela se debe estudiar en aquellos eventos en
los que “se adelanta un nuevo proceso con posterioridad a la ejecutoria de un fallo
de tutela y entre ambos hay identidad jurídica de partes, objeto y causa»31

En este caso, si bien existe triple identidades de partes, objeto y causa, lo cierto
es que ambos escritos se radicaron en la misma fecha, y si bien la Corte Suprema
de Justicia, Sala de Casación Laboral ya profirió sentencia negando el amparo32,
la notificación de dicha providencia se hizo el 2 de octubre del presente año, por
lo que no se encuentra ejecutoriada, en tanto puede ser objeto de impugnación y
de revisión por la Corte Constitucional, lo que implica que el asunto aún no hace
tránsito a cosa juzgada.

En consecuencia, en el presente caso se declarará la temeridad en la acción de
tutela interpuesta por el señor Eduardo Hugo Sarmiento Parra, y en consecuencia
de rechazará este mecanismo. Asimismo, se ordenará la compulsa de copias ante
la Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Bogotá para que investigue al
tutelante por las posibles faltas disciplinarias por faltar a sus deberes como
abogado.

31
Corte Constitucional, sentencia SU-128 del 18 de abril de 2024. M.P. Natalia Ángel Cabo.
32
Mediante providencia del 10 de septiembre de 2025 la Corte Suprema de Justicia, Sala de
Casación Laboral negó el amparo porque no advirtió vulneración a los derechos invocados por el
tutelante por parte de las autoridades disciplinarias.

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Radicado: 11001-03-15-000-2025-05474-00

III. DECISIÓN

Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad
de la ley,
FALLA:

PRIMERO: DECLARAR LA TEMERIDAD en la acción de tutela promovida por el
señor Eduardo Hugo Sarmiento Parra contra la Comisión Nacional de Disciplina
Judicial y la Comisión Seccional de Disciplina Judicial del Atlántico, por lo que se
rechaza este mecanismo, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva.

SEGUNDO: COMPULSAR copias con destino a la Comisión Seccional de
Disciplina Judicial del Atlántico, para que para que investigue las posibles faltas
disciplinarias y a los deberes en que haya podido incurrir el abogado Eduardo Hugo
Sarmiento Parra identificado con cédula de ciudadanía No. 4.008.496 y T.P.
51.004 del Consejo Superior de la Judicatura

TERCERO: NOTIFICAR a las partes y terceros con interés, en la forma prevista en
el artículo 30 del Decreto Ley 2591 de 1991.

CUARTO: En el evento que esta decisión no sea impugnada, REMITIR el
expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA
Presidente

LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado
Salva voto

OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ
Magistrado

PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Magistrado

Esta decisión fue generada con firma electrónica, la cual tiene plena validez y efectos jurídicos,
conforme a lo dispuesto en la Ley 527 de 1999 y el Decreto 2364 de 2012.

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