Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2025-05477-00
Consejo de Estado · Sección Tercera
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Consejo de Estado · Sección Tercera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2025-05477-00
Consejo de Estado · Sección Tercera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Tercera
Radicado 11001-03-15-000-2025-05477-00
Consejero ponente: Omar Joaquín Barreto Suárez
25 de septiembre de 2025
Demandante: Elizabeth Esther Caviedes Sáenz
Demandado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
Sección Tercera, Subsección A
Radicado: 11001-03-15-000-2025-05477-00
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA
Magistrado Ponente: OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ
Bogotá D.C., veinticinco (25) de septiembre de dos mil veinticinco (2025)
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2025-05477-00
Demandante: ELIZABETH ESTHER CAVIEDES SÁENZ
Demandado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA,
SECCIÓN TERCERA, SUBSECCIÓN A
Temas: Derecho fundamental de petición. Carencia actual de objeto por
hecho superado.
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
OBJETO DE LA DECISIÓN
La Sala decide la presente acción de tutela de conformidad con los Decretos 2591
de 1991, 1069 de 2015, 1983 de 2017 y 333 de 2021 y el Acuerdo 080 de 2019 de
la Sala Plena de esta Corporación.
I. ANTECEDENTES
1.1. La petición de amparo
Mediante escrito radicado el 31 de julio de 2025, la señora Elizabeth Esther
Caviedes Sáenz, en nombre propio, presentó acción de tutela contra el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección A, con el fin de que
se le ampare su derecho fundamental de petición.
Consideró vulnerada tal garantía constitucional porque la autoridad judicial
accionada no ha dado respuesta de fondo a su solicitud del 31 de julio de 2025,
radicada a través del Sistema de Gestión Judicial Samai, al interior del incidente de
liquidación de perjuicios adelantado en el proceso de reparación directa 25000-23-
26-000-1997-05432-01.
1.2. Pretensiones
En consecuencia, la parte actora elevó las siguientes pretensiones:
• Se declare que el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA ha vulnerado
mi derecho fundamental de petición.
• Se tutele mi derecho fundamental de petición.
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Demandante: Elizabeth Esther Caviedes Sáenz
Demandado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
Sección Tercera, Subsección A
Radicado: 11001-03-15-000-2025-05477-00
• Como consecuencia, se ordene a FISCALÍA GENERAL DE LA NACION1 [TRIBUNAL
ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA, SECCIÓN TERCERA, SUBSECCIÓN A],
que, dentro de las 48 horas siguientes a la notificación del fallo de tutela, se dé
respuesta de fondo conforme lo establecen la normatividad y la jurisprudencia
colombianas.
1.3. Hechos
La solicitud de la señora Elizabeth Esther Caviedes Sáenz se sustenta en que, en
el incidente de liquidación de perjuicios adelantado en el proceso de reparación
directa 25000-23-26-000- 1997-05432-01, presentó una petición el 31 de julio de
2025, la cual no ha sido contestada, de fondo, por el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección A.
1.4. Sustento de la vulneración
La accionante considera que la falta de respuesta advertida trasgrede los artículos
23 y 86 de la Constitución Política; 6 del C.C.A.; y 1 del Decreto 2150 de 1995, el
Decreto Reglamentario 2591 de 1991, el Decreto 306 de 1992 y la Ley 1755 de
2015.
1.5. Trámite y contestación
Mediante auto del 4 de septiembre de 2025, se admitió la solicitud de tutela y se
ordenó notificar a los magistrados que integran el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección A, en calidad de demandados.
Remitidas las respectivas comunicaciones, se presentó la siguiente intervención:
1.5.1 El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera,
Subsección A explicó que como la solicitud de la señora Elizabeth Esther Caviedes
Sáenz es confusa y ajena al incidente de liquidación de perjuicios que adelanta al
interior del radicado 25000-23-26-000-1997-05432-01, es pertinente mostrar el
siguiente contexto:
Explicó que el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, mediante
sentencia del 28 de mayo de 2015, revocó el fallo del 19 de septiembre 2002 del
Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección A, que
había denegado las pretensiones para, en su lugar, declarar al Distrito Capital de
Bogotá responsable de los perjuicios materiales causados a los demandantes, entre
los que se encontraba la señora Elizabeth Esther Caviedes Sáenz, los cuales
debían ser liquidados en un trámite incidental. Todo en el marco de un medio de
control de reparación directa identificado con el radicado 25000-23-26-000-1997-
05432-00/01.
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Una lectura integral del escrito inicial de este mecanismo permite inferir que se incurrió en un error
al mencionar la Fiscalía General de la Nación y que lo que se pretende es la respuesta de una
petición, por parte del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección A.
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Señaló que, por proveídos del 13 de diciembre de 2017 y 11 de octubre de 2023,
liquidó los perjuicios materiales en $9.617.783.423, suma que deberá ser pagada
por el Distrito Capital de Bogotá, en proporciones iguales, a cada uno de los
demandantes, en el monto de $274.793.812.
Precisó que la señora Caviedes Sáenz venía actuando en (i) el proceso de
reparación directa, a través del apoderado José David Rojas Rodríguez y (ii) en el
incidente de liquidación de perjuicios, con el abogado José Efraín Castellanos
Hernández, a partir del 25 de julio de 2025.
Indicó que las señoras Flor María Guerrero Rodríguez y Elizabeth Esther Caviedes
Sáenz, por conducto del apoderado, solicitaron al tribunal que se pronunciara
respecto de unos contratos de cesión de derechos efectuados, a su favor, por otros
beneficiarios de la sentencia del 28 de mayo de 2015.
Destacó que la abogada Mónica Esther Sandoval Orozco, apoderada de algunos
de los demandantes en el medio de control de reparación directa 25000-23-26-000-
1997-05432-00/01, en escrito de 5 de noviembre de 2024, se opuso a la cesión de
derechos en favor de las señoras Flor María Guerrero Rodríguez y Elizabeth Esther
Caviedes, por la posible configuración de los delitos de estafa y fraude procesal,
situación que, según ella, fue denunciada en la Fiscalía General de la Nación, con
radicado 20245980109132.
Aseveró que, por proveído del 17 de marzo de 2025, manifestó que, al encontrarse
ante un proceso terminado, carecía de competencia para pronunciarse sobre la
cesión de unos créditos en la medida en que son negocios jurídicos celebrados
entre particulares; sin embargo, compulsó copias para que las autoridades
adelanten las investigaciones que correspondan.
Puntualizó que la señora Elizabeth Esther Caviedes Sáenz radicó directamente una
petición el 31 de julio de 2025 en el Sistema de Gestión Judicial Samai, en el que
de forma confusa hizo alusión (i) al memorial presentado por la abogada Mónica
Esther Sandoval Orozco, (ii) a la actuaciones adelantadas ante la Fiscalía General
de la Nación con miras a obtener información de la denuncia con radicado
20245980109132, y (iii) a una acción de tutela que promovió ante el Juzgado
Segundo Penal del Circuito Especializado de Bogotá en la que se le amparó el
derecho de petición, así:
Me pronuncio al Memorial del 05 de noviembre de 2024. Interpuesto ante este
Honorable Tribunal Administrativo Contencioso, de parte de la Abogada Mónica Esther
Sandoval Orozco CC. 32.861.354 de Soledad (Atl.) T.P. No. 197510 del C.S de la J.
(cursa en su contra queja disciplinaria) […]
En base a dicho señalamiento realizado por parte de la Abogada Sandoval, mi
apoderada judicial realizo la radicación de un derecho de petición ante la Fiscalía
General de la Nación el día 23 de mayo de 2025 en el cual solicito específicamente la
siguiente documentación:
“Mediante el siguiente Derecho de Petición ART 23 CPC, Solicito información acerca
de un señalamiento emitido por parte de una aboga MONICA ESTHER SANDOVAL
OROZCO, en calidad de apoderada de unos demandantes expuso ante el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, en el proceso No. 25000232600019970543201 en
el cual cita el siguiente número de RADICADO No. 20245980109132, Dada su
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naturaleza solicito expresamente copia de la denuncia al ser la enunciada según lo
que informa dicha abogada, y con ello solicito saber en qué estado se encuentra,
invoco el derecho a la defensa del ART 29 CPC, como también solicito la respectiva
copia a la Sr. Flor María Guerrero Rodríguez.”
[…]
Ante dicho derecho de petición por parte de la Fiscalía General de la Nación no se
recibió NINGUNA RESPUESTA DENTRO DE LOS TERMINOS DADOS (15 DIAS
HABILES). Por ende, la Sr. Elizabeth Esther Caviedes Sáenz procedió a instaurar en
defensa a su derecho fundamental ART 23 C. P. C. La tutela reglamentada en la misma
[…].
En base a la documentación allegada por las partes: accionantes y accionados el
JUZGADO SEGUNDO PENAL DEL CIRCUITO ESPECIALIZADO DE BOGOTÁ D.C.
en cabeza de la Sra. Juez NIDIA ANGELICA CARRERO TORRES el día 11 de julio del
año en curso (2025) profiere un fallo en el cual reconoce la vulneración clara y evidente
al derecho fundamental el cual fue vulnerado por parte de la Fiscalía General de la
Nación ya que no contesto ni allego la contestación pertinente acerca de lo solicitado
por parte de mi apoderada la Sra. Elizabeth Esther Caviedes Sáenz.
Fallo que no se encuentra acatado a la fecha [….]. Que en concordancia con el silencio
administrativo dado por parte de la Fiscalía General de la Nación al no acatar el fallo
de tutela obtenido y por la contestación [que dio este ente en sede de tutela]. En donde
claramente se evidencia:
“1. se estableció que a este despacho le asignaron el día 4 de junio de 2025 la noticia
criminal identifica con el CUI. 110016000050202534919, en el que usted actúa como
denunciante contra el Tribunal Administrativo de Cundinamarca y otras entidades
estatales. Esta actuación se encuentra en etapa de indagación. Para mayor
ilustración se adjunta copia de la respectiva denuncia.
2. Lo anterior es elemental porque en el caso que conoce este despacho usted actúa
como denunciante, y en el que refiriere la tutela y su derecho de petición usted al
parecer es denunciada.” Fiscalía General de la Nación de Julio de 2025.”
Enfatizó que las solicitudes que se efectuaron en este escrito no procuran una
actuación o impulso propio del trámite incidental, sino que parecieran del resorte de
otra entidad.
Evidenció que, en todo caso, atendió la petición del 31 de julio de 2025, mediante
proveído del 12 de septiembre del 2025, en el que puso de presente (i) la existencia
de otra petición, la del 15 de agosto de 2025, (ii) que las solicitudes que se eleven
al interior del proceso deben presentarse a través de un apoderado, y (iii) la
complejidad del escrito, por cuanto es confuso y no propende pronunciamiento
alguno que deba adoptarse dentro del trámite incidental, «sino que se dirige al
parecer a una actuación que se adelanta ante la Fiscalía».
Adujo que, por lo anterior, no ha incurrido en la vulneración que alega la señora
Caviedes Sáenz.
Finalmente, advirtió que en la actuación «se han interpuesto 8 acciones de tutela,
que en lugar de facilitar al Despacho la adopción de las decisiones al interior del
citado proceso, han requerido el pronunciamiento en cada una de ellas, por lo que,
estimo necesario precisar que no es de recibo acudir a la acción de tutela, en casos
como el presente, en el que se impetra la vulneración del derecho de petición de la
actora, ante una solicitud confusa que no se relaciona con la actuación procesal y
que al parecer corresponde a otra autoridad pronunciarse».
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Demandante: Elizabeth Esther Caviedes Sáenz
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Radicado: 11001-03-15-000-2025-05477-00
2. CONSIDERACIONES
2.1. Competencia
La Sección Quinta del Consejo de Estado es competente para conocer de la
presente acción de tutela, según lo previsto en los Decretos 2591 de 1991 y 1069
de 2015, modificado por el artículo 1º del Decreto 333 de 2021, así como en el
Acuerdo 80 de 12 de marzo de 2019.
2.2. Cuestión previa
Tal como lo mencionó el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección
Tercera, Subsección A en el trámite que adelanta se han presentado varias
acciones de tutela, las cuales en el Sistema de Gestión Judicial Samai se pudieron
identificar, con los siguientes radicados: (i) 11001-40-03-055-2025-00008-00,
Juzgado Cincuenta y Cinco Civil Municipal de Bogotá, accionante: Elizabeth
Esther Caviedes Sáenz [en la que se solicita que se deje sin efecto la
resolución expedida por la Alcaldía Local de Rafael Uribe Uribe que busca dar
cumplimiento a la sentencia proferida dentro del proceso 25000-23-26-000-
1997-05432-01]; (ii) 11001-03-15-000-2025-00118-00, Consejo de Estado, Sección
Segunda, accionante: Hernando Munévar Caballero; (iii) 11001-03-15-000-2025-
00186-00, Consejo de Estado, Sección Segunda, accionante: Jaime Herrera
Munévar; (iv) 11001-03-15-000-2025-01018-00, Consejo de Estado, Sección
Tercera, accionante: Flor María Guerrero; (v) 11001-40-03-004-2025-00324-00,
Juzgado 4 Civil Municipal de Bogotá, accionante: Jorge Alberto Munévar; (vi) 11001-
03-15-000-2025-01965-00, Consejo de Estado, Sección Tercera, accionante:
Elizabeth Esther Caviedes Sáenz [ en la que pide que se revoque el auto No. 1
del 17 de marzo de 2025, en la que se adoptaron decisiones respecto de las
cesiones de crédito]; (vii) 11001-03-15-000-2025-04361-00 Consejo de Estado,
Sección Quinta, accionante: Jorge Alberto Munévar; (viii) 11001-03-15-000-2025-
05422-00, Consejo de Estado, Sección Tercera, accionante: Luis Munévar; (ix)
11001-22-05-000-2025-01058-01, Tribunal Superior de Bogotá, Sala Laboral,
accionante: Ana Victoria Munévar; y (x) 11001-03-15-000-2025-05477-00, Consejo
de Estado, Sección Quinta, accionante: Elizabeth Esther Caviedes Sáenz [en
la que se busca que se ampare el derecho de petición, por la falta de respuesta
de la petición del 31 de julio de 2025].
Ahora, los tres radicados que se destacaron por tener como accionantes a la señora
Elizabeth Esther Caviedes Sáenz no se originan en los mismos supuestos fácticos
y jurídicos, con lo cual se descarta el fenómeno de la temeridad.
2.3. Problema jurídico
Corresponde en este caso determinar si, tal y como lo argumenta la parte actora, el
Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección A,
desconoció el derecho fundamental de invocado, al no dar respuesta a la petición
del 31 de julio de 2025, radicada a través del Sistema de Gestión Judicial Samai, al
interior del incidente de liquidación de perjuicios adelantado en el proceso de
reparación directa 25000-23-26-000-1997-05432-01.
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Para resolver este problema, se observarán los siguientes aspectos: (i)
generalidades de la acción de tutela; (ii) derecho de petición; (iii) derecho de petición
ante las autoridades judiciales y (iv) análisis del caso concreto.
2.4. Generalidades de la acción de tutela
El artículo 86 de la Constitución Política prevé el precepto constitucional según el
cual, toda persona puede ejercer la acción de tutela para reclamar ante los jueces
la protección inmediata de sus derechos fundamentales siempre que sean violados
o amenazados por la acción u omisión de las autoridades públicas o de los
particulares en los precisos casos que indica el Decreto Ley 2591 de 1991.
Este instrumento de defensa se caracteriza por tener un trámite preferente, ser
residual y subsidiario, lo que permite advertir que el ejercicio de esta acción no es
absoluto, sino que está limitado por las causales de improcedencia contenidas en
el artículo 6º de la misma norma, entre otros motivos, la relativa a la existencia de
otros mecanismos de defensa judicial para garantizar la protección del derecho que
se alega amenazado o vulnerado.
2.5. Derecho de petición
De conformidad con el artículo 23 de la Constitución Política de 1991, el derecho de
petición se traduce en la facultad que tienen los ciudadanos de presentar solicitudes
respetuosas a las autoridades y a obtener de ellas una pronta respuesta.
Cabe resaltar que la autoridad requerida, en la contestación no está obligada a
acceder a las pretensiones del peticionario, por lo que en el evento en que se
deniegue la solicitud, le corresponde, únicamente, dar a conocer las razones
técnicas y jurídicas que fundamentan aquella postura negativa. Así, este derecho
que se concreta en la formulación de una petición, se hace efectivo a través de la
respuesta otorgada por la autoridad requerida, cuya materialización resulta
independiente del carácter favorable o desfavorable de la misma.
En tal sentido, para garantizar el respeto del núcleo esencial del derecho de petición,
la contestación debe: (i) versar sobre lo preguntado, sin evasivas y precisando lo
que el peticionario desea saber; (ii) ser clara a fin de que el solicitante entienda el
porqué de los argumentos de la autoridad aun cuando no los comparta; (iii)
mantener coherencia con lo solicitado; (iv) ser proferida dentro de la oportunidad
fijada por la ley para ello; y, finalmente (v) notificarse de manera eficaz para su
debida materialización.
2.6. Derecho de petición ante las autoridades judiciales
La Corte Constitucional ha precisado que si bien es cierto que el derecho de petición
puede ejercerse ante los jueces y, en consecuencia, estos se encuentran en la
obligación de tramitar y responder las solicitudes que se les presenten,2 también lo
es que el funcionario «que conduce un proceso judicial está sometido -como
también las partes y los intervinientes- a las reglas del mismo, fijadas por la ley, lo
2 Sentencia T-215A de 2011.
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que significa que las disposiciones legales contempladas para las actuaciones
administrativas no son necesariamente las mismas que debe observar el juez
cuando le son presentadas peticiones relativas a puntos que habrán de ser resueltos
en su oportunidad procesal y con arreglo a las normas propias de cada juicio.»3
En este sentido, dicha Corporación ha sostenido que el derecho de petición
encuentra limitaciones respecto de las peticiones presentadas frente a autoridades
judiciales, toda vez que han de diferenciarse los tipos de solicitudes, las cuales
pueden ser: (i) las referidas a actuaciones estrictamente judiciales, que se
encuentran reguladas en el procedimiento respectivo de cada juicio, debiéndose
sujetar entonces la decisión a los términos y etapas procesales previstos para tal
efecto; y (ii) las que por ser ajenas al contenido mismo de la litis e impulsos
procesales, deben ser atendidas por la autoridad judicial bajo las normas generales
del derecho de petición que rigen la administración y,4 en especial, de la Ley 1755
de 20155.
En este orden, la omisión del funcionario judicial en resolver las peticiones
relacionadas a su actividad jurisdiccional según las formas propias del proceso
respectivo, configura una violación del debido proceso y del derecho al acceso a la
administración de justicia6. Por otro lado, la omisión de la autoridad jurisdiccional en
resolver las peticiones formuladas en relación con los asuntos administrativos
constituye una vulneración al derecho de petición7.
Finalmente, la Corte Constitucional ha enfatizado que este derecho debe ser usado
adecuadamente, de manera que la conducta de su titular no resulte contraria a la
buena fe y a los fines sociales y económicos del derecho8.
2.7. Caso concreto
La señora Elizabeth Esther Caviedes Sáenz consideró que su derecho fundamental
de petición fue vulnerado por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección
Tercera, Subsección A, al no dar respuesta a la solicitud del 31 de julio de 2025.
En primer lugar, resulta pertinente señalar que, si bien es cierto que la aludida
petición fue radicada a través del Sistema de Gestión Judicial Samai, al interior del
radicado 25000-23-26-000-1997-05432-01, también lo es que el objeto de la misma
no recae sobre aspectos que, de fondo, involucren el incidente de liquidación de
perjuicios que se adelanta en ese expediente.
En efecto, la señora Elizabeth Esther Caviedes Sáenz, en su escrito de 31 de julio
3 Sentencia T-344 de 1995.
4 Ver entre otras, sentencias T-311 de 2013, T-267 de 2017 y T-2015A de 2013.
5 «Por medio de la cual se regula el Derecho Fundamental de Petición y se sustituye un título del
Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo».
6 En lo relacionado a la omisión del funcionario judicial en resolver peticiones propias de su actividad
jurisdiccional y la vulneración al debido proceso, ver entre otras, sentencias T-377 de 2000, T-178
de 2000, T-007 de 1999 y T-604 de 1995. En lo relacionado a la omisión del funcionario judicial en
resolver peticiones propias de su actividad jurisdiccional y la vulneración al acceso a la
administración de justicia, ver entre otras, sentencias C-951 de 2014, T-006 de 1992, T-173 de 1993
y T-268 de 1996.
7 Sentencia T-215A de 2011.
8
Sentencia T-267 de 2017.
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Sección Tercera, Subsección A
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de 2025, hizo alusión a una controversia con la apoderada de algunos de los
demandantes en el proceso de reparación directa 25000-23-26-000-1997-05432-
01, la abogada Mónica Esther Sandoval Orozco, en relación con unas cesiones de
crédito y que se ha llevado al ámbito de la Fiscalía General de la Nación a través de
denuncias mutuas.
Además, presentó unas solicitudes confusas que resultan ajenas a la cuantificación
de perjuicios que aún se persigue en el incidente que adelanta el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección A, tal como pasa a
mostrarse:
SOLICITUDES
1. Se allegue el expediente en donde la Abogada Mónica Esther Sandoval Orozco
intervino y realizó la radicación de memoriales.
2. Se investigue la presunta y/o se compulse copias a la Fiscalía General de la Nación
la comisión del delito de EXTORSION (Art 244), CONCIERTO PARA DELINQUIR (Art
340), FALSA DENUNCIA (Art 435). por parte de la Sra. Abogada Mónica Esther
Sandoval Orozco CC. 32.861.354 de Soledad (Atl.) T.P. No. 197510 del C.S de la J.
3. Se deje la constancia del presente memorial como prueba ante denuncia y
responsabilidades civiles por las afectaciones dadas que se instauren contra de dicha
abogada (Abogada Mónica Esther Sandoval Orozco CC. 32.861.354 de Soledad (Atl.)
T.P. No. 197510 del C.S de la J.) el proceso de reparación directa No.
25000232600019970543201
4. Téngase presente que en el transcurso de los siguientes días se instaurara una
denuncia ante la Fiscalía General de la Nación por los delitos mencionados
anteriormente y los que sean necesarios en contra de la Sra. Sra. Abogada Mónica
Esther Sandoval Orozco CC. 32.861.354 de Soledad (Atl.) T.P. No. 197510 del C.S de
la J.
De ahí que el tribunal accionado consideró la petición del 31 de julio de 2025 ajena
al incidente que se tramita al interior del radicado 25000-23-26-000-1997-05432-01,
en la medida en que no propicia ni impulsa un pronunciamiento propio de esa
actuación, máxime cuanto la señora Caviedes Sáenz la presentó directamente, esto
es, sin su apoderado José Efraín Castellanos Hernández.
En todo caso, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera,
Subsección A en aras de atender, de algún modo, lo requerido por la accionante,
emitió el proveído del 12 de septiembre de 2025, en el que puso de presente (i) la
existencia de otra petición, la del 15 de agosto de 2025, (ii) que las solicitudes que
se eleven al interior del proceso deben presentarse a través de un apoderado, y (iii)
la complejidad del escrito de 31 de julio de esta anualidad, en la medida en que es
confuso y no propende pronunciamiento alguno que deba adoptarse dentro del
trámite incidental, «sino que se dirige al parecer a una actuación que se adelanta
ante la Fiscalía».
Sin embargo, dentro del marco de su competencia, se pronunció respecto de cada
uno de los requerimientos de la actora, así:
Respecto a lo señalado en el numeral primero de la solicitud, al perecer se
relaciona con una petición probatoria – en el sentido de oficiar a la fiscalía para
que se allegue el expediente en el que cursa la denuncia presentada por la
abogada Mónica Esther Sandoval Orozco - respecto a tal petición se precisa a
la peticionaria que deberá elevarse a través de apoderado dentro de las
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Demandante: Elizabeth Esther Caviedes Sáenz
Demandado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
Sección Tercera, Subsección A
Radicado: 11001-03-15-000-2025-05477-00
oportunidades probatorias en el trámite incidental. En lo tocante a lo peticionado
en el numeral segundo, se precisa la peticionaria que pude acudir directamente
a formular denuncia ante la Fiscalía por la presunta comisión de hechos
punibles de los cuales conozca su materialización y los posibles responsables.
Respecto a lo indicado en el numeral tercero, se le indica que no se trata de una
petición, sino de una eventual constancia efectuada por quien suscribe el
escrito, y finalmente, en lo tocante a lo indicado en el numeral cuarto se acota
a la solicitante que se trata del anuncio de una actuación que surtirá la
peticionaria en otras instancias judiciales, por lo tanto, no es dable
pronunciamiento alguno al respecto.
En todo caso, si lo pretendido en la petición es la expedición de copias de la
actuación dentro del trámite incidental, debe decirse que en los términos del
artículo 114 del Código General del Proceso, se trata de un trámite netamente
secretarial que puede adelantar directamente, dada su calidad de demandante
y beneficiaria de las sentencias proferidas al interior del expediente 25000-23-
26-000-1997 05432-01, incluso de manera verbal ante la secretaria respectiva,
sin que deba mediar providencia alguna a efectos de autorizar la expedición de
las mismas.
Ahora, frente a la petición radicada el 15 de agosto de 2025 se advierte que
hace alusión a la denuncia penal que se indica haber radicado contra el
abogado Luis Alfredo Caviedes Pastor, sin que en estricto sentido corresponda
a solicitud alguna dentro del trámite procesal 25000-23-26-000-1997-05432-01.
Adicionalmente, si bien solicita que se le reconozca como víctima de la Alcaldía
de Bogotá y del doctor Luis Alfredo Caviedes Pastor, lo anterior escapa de la
esfera de competencia de este Despacho, en tanto no se dirige a un trámite
administrativo que deba adelantarse a instancias de este Despacho, ni mucho
menos una solicitud dirigida al presente proceso, que en todo caso deben
impetrarse a través de apoderado judicial.
Finalmente, si bien aduce acudir a los medios de comunicación para poner de
presente lo actuado por el doctor Luis Alfredo Caviedes Pastor, se dirá que
frente a las actuaciones que adelante la demandante a motu propio, este
Despacho no tiene injerencia, por lo que carece de obligación de emitir
pronunciamiento alguno sobre las mismas.
En esos términos este Despacho se pronuncia respecto de las peticiones
radicadas por la demandante Elizabeth Esther Caviedes Sáenz el 31 de julio y
15 de agosto de 2025, conminándola a que se abstenga de radicar peticiones a
nombre propio y en lo sucesivo, dé cumplimiento a lo previsto en el artículo 160
de la Ley 1437 de 2011 que reza “Quienes comparezcan al proceso deberán
hacerlo por conducto de abogado inscrito”.
Esta decisión, en los términos de la referida providencia, se comunicó a la señora
Elizabeth Esther Caviedes Sáenz, a través de su apoderado y al correo electrónico
que ella registró, así:
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Bajo este contexto, la Sala advierte que lo pretendido por la accionante era
precisamente que se le diera respuesta a la petición del 31 de julio de 2025 y,
comoquiera que ello se dio con el proveído del 12 de septiembre de esta anualidad,
durante el presente trámite procesal, dado que la acción de la referencia se radicó
el 2 de septiembre de 2025, el mismo carece actualmente de objeto pues el hecho
que originó la presentación de la tutela fue disipado.
La Corte Constitucional explicó que la terminación del proceso de tutela por carencia
de objeto se presenta cuando la vulneración del derecho fundamental desaparece
o se materializa en el trascurso de la solicitud de amparo, por lo que resulta
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innecesaria la intervención del juez constitucional tendiente a impartir alguna orden
en aras de salvaguardar las garantías constitucionales transgredidas.
Además, puntualizó que esta figura jurídica puede proceder en tres supuestos de
hecho: (i) por hecho superado; (ii) daño consumado y (iii) por una situación
sobreviniente. Al respecto señaló:
[…] La acción de tutela fue concebida como un mecanismo para la protección efectiva
de los derechos fundamentales que son objeto de una amenaza o afectación actual.
Por lo tanto, se ha sostenido en reiterada jurisprudencia que, ante la alteración o el
desaparecimiento de las circunstancias que dieron origen a la vulneración de los
derechos fundamentales objeto de estudio, la solicitud de amparo pierde su eficacia y
sustento, así como su razón de ser como mecanismo extraordinario y expedito de
protección judicial. Lo antedicho, pues, al desaparecer el objeto jurídico sobre el que
recaería la eventual decisión del juez constitucional, cualquier determinación que se
pueda tomar para salvaguardar las garantías que se encontraban en peligro, se
tornaría inocua y contradiría el objetivo que fue especialmente previsto para esta acción
(…).9
En relación con los referidos tres supuestos, la Sala precisó lo siguiente:
(i) El hecho superado obedece a lo regulado en el artículo 26 del Decreto 2591 de
1991, atinente a la cesación de la actuación impugnada, la cual se materializa
cuando en el trámite de una acción de tutela se demuestra que la autoridad
demandada ha realizado las acciones necesarias para eliminar la vulneración de los
derechos fundamentales.
(ii) El daño consumado se produce cuando la vulneración del derecho fundamental
que se pretendía evitar se materializa con posterioridad a la interposición de la
acción de tutela. Sobre el particular, ha señalado el Tribunal Constitucional: «[l]a
segunda de las figuras referenciadas [daño consumado], consiste en que a partir de
la vulneración ius-fundamental que venía ejecutándose, se ha consumado el daño
o afectación que con la acción de tutela se pretendía evitar, de forma que ante la
imposibilidad de hacer cesar la vulneración o impedir que se concrete el peligro, no
es factible que el juez de tutela dé una orden al respecto».10
(iii) La situación sobreviniente, caso en el cual la vulneración de los derechos
fundamentales cesa luego de la interposición de la acción de tutela, con ocasión del
obrar del actor o de un tercero distinto a la autoridad demandada. Sobre el particular,
la citada Corporación indicó que «[…] el hecho sobreviniente remite a cualquier otra
circunstancia que determine que, igualmente, la orden del juez de tutela relativa a
lo solicitado en la demanda de amparo no surta ningún efecto y por lo tanto caiga
en el vacío […]».11
De modo que, en el caso en estudio se declarará la carencia actual de objeto por
hecho superado, toda vez que desapareció la circunstancia que podía originar algún
quebranto a los derechos fundamentales de la accionante, de ahí que cualquier
orden que se imparta por parte de esta Sala resultaría inane debido a que la posible
vulneración cesó con la actuación de la parte accionada.
9 Sentencias SU-225 de 2013 y T-317 de 2005.
10 Sentencia T-030 de 2017.
11 Sentencia SU-522 de 2019.
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Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad
de la ley,
FALLA
PRIMERO: Declárase la carencia actual de objeto por hecho superado en la acción
de tutela promovida por la señora Elizabeth Esther Caviedes Sáenz.
SEGUNDO: Notifíquese a las partes y a los intervinientes en la forma prevista en el
artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.
TERCERO: En el evento de no ser impugnada esta decisión, remítase el expediente
el día siguiente a la ejecutoria de esta providencia a la Corte Constitucional para su
eventual revisión, de conformidad con lo establecido en el artículo 31 del Decreto
2591 de 1991.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA
Presidente
LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado
OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ
Magistrado
PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Magistrado
«Este documento fue firmado electrónicamente. Usted puede consultar la providencia
oficial con el número de radicación en el siguiente enlace:
https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/Casos/procesos.aspx»
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