Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2025-05479-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2025-05479-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 11001-03-15-000-2025-05479-01
Consejero ponente: Myriam Stella Gutierrez Arguello
10 de diciembre de 2025
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA
MAGISTRADA PONENTE: MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO
Bogotá D.C., diez (10) de diciembre de dos mil veinticinco (2025)
Referencia Acción de tutela
Radicación 11001-03-15-000-2025-05479-01
Demandante RAFAEL HUMBERTO GÓMEZ MONTOYA
Demandado TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL CASANARE
Temas Acción de tutela contra providencia judicial. Actuación
temeraria. Cosa juzgada. Acción de nulidad y restablecimiento
del derecho.
SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA
La Sala decide la impugnación interpuesta por Rafael Humberto Gómez Montoya
contra el fallo de tutela del 18 de septiembre de 2025, proferido por la Sección
Primera del Consejo de Estado, en el que se dispuso lo siguiente:
«PRIMERO: DENEGAR la solicitud de desvinculación por falta de legitimación en la causa
por pasiva presentada por el DEPARTAMENTO DEL CASANARE por las razones
expuestas en la pare motiva de esta providencia.
SEGUNDO: DECLARAR IMPROCEDENTE la solicitud de amparo constitucional de la
referencia por falta del requisito general de inmediatez, por las razones expuestas en la parte
motiva de esta sentencia».
ANTECEDENTES
1. Pretensiones
El 2 de septiembre de 20251, Rafael Humberto Gómez Montoya interpuso acción de
tutela contra el Tribunal Administrativo del Casanare, por considerar vulnerados sus
derechos fundamentales al debido proceso, al acceso a la administración de justicia
y a la carrera administrativa, con ocasión de la providencia dictada el 16 de abril de
2001, en el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho identificado con el
radicado 1999-00407-01.
En consecuencia, formularon las siguientes pretensiones:
«1. Que se ordene el desarchivo del proceso de la demanda no. 1999-0407-00, presentada
por Rafael Humberto Gómez Montoya, el 26 de noviembre de 1999 ante el Tribunal
Administrativo de Casanare, en acción de nulidad y restablecimiento del derecho, contra
la Administración Departamental de Casanare y que el expediente se ponga a disposición
de la Sala del Consejo de Estado que le corresponda la presente acción por reparto, para
que en su sabiduría declaren el error judicial de la administración de justicia en las
sentencia proferida el 16 de abril de 2001, por haber dirimido en hechos diferentes y que
no corresponden a los de la demanda No. 1999-0407; omitiéndose amparar y restablecer
los derechos fundamentales violados a un servidor público de carrera y omitiéndose
declarar la nulidad, de los actos administrativos expedidos con fundamento en una norma
inexistente.
2. Que se declare el yerro judicial, por haberse omitido tener en cuenta para emitir el falo
los considerados referidos en los folios 12,13,14,16,24,26 y 28, en los cales la
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SAMAI de primera instancia, índice 1.
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Demandante: Rafael Humberto Gómez Montoya
Corporación aceptó que era cierto que la desvinculación del demandante debía ceñirse a
la ley 27/92.
3. Que se declare la falla en el servicio por error judicial en la sentencia del 16 de abril de
2001, porque contiene un cumulo de contradicciones y errores procesales probados,
interpretativos, normativos y por las razones de hecho y derecho relacionadas a
continuación: a) por la falta de funcionamiento del aparato judicial, al quedar demostrado
que caprichosamente se omitió darle curso a la actividad procesal que correspondía a la
demanda no. 19990407-00. b) por la demora injustificada desde el 26 de noviembre de
1999 y hasta tanto la Administración de Justicia decida cumplir con su función judicial de
proferir la sentencia correspondiente sobre los hechos de la demanda no. 1999-0407, por
ser una función que responde a un mandato constitucional de exclusa competencia de
quienes administran justicia y es una obligatoriedad que no fenece y se mantiene vigente
en el tiempo, aunque hayan rebasado el plazo razonable para su expedición, en la que
no interviene ni tiene responsabilidad e injerencia alguna el demandante quien interpuso
la demanda y los recursos dentro de los términos establecidos. c) en el fallo de la
sentencia del 16 de abril de 2001, no es el resultado de valoración del acervo probatorio
recopilado u anexado al proceso de la demanda no. 1999.0407-00, como las resoluciones
mediante las cuales encargaron al demandante de algunas divisiones de la
administración departamental, por estar plenamente segura la gobernación de Casanare,
que era uno de sus funcionarios escalofriados en la carrera administrativa, y que se
encontraba nombrado en propiedad en su planta de personal, constituyéndose ese
reconocimiento en prueba fundamental irrefutable y con el suficiente fundamento factico
y jurídico necesario para que hubiesen aceptado todas las pretensiones de la demanda.
d) por la fabricación de otra demanda con el cambio de palabras que le hicieron a las
frases en que el demandante pedía , que ‘como restablecimiento del derecho’ lo
reintegran al trabajo con la antigüedad, beneficios y prerrogativas de las que gozaba
antes de ser ilegalmente desvinculado de la gobernación de Casanare y con el cambio
de palabras dieron a entender ‘que el demandante había sido desvinculado únicamente
del cargo y no de la administración’, lo que causo que el objeto y pretensiones de la
demanda realidad cambiaran y quedara fabricada una nueva demanda, supuestamente
interpuesta por una persona particular. Que participo en un concurso de la gobernación,
con la pretensión de ingresar en 1998 al servicio público de carrera, pero al ser calificado
insatisfactorio su periodo de prueba, lo desvincularon del cargo. e) en el fallo de la
sentencia del 16 de abril de 2001, se dejaron incólumes los actos acusados, sin que los
criterios utilizados para tomar dicha decisión se valoraran en su esencia, emanaran de la
lógica jurídica o de la valoración del acervo probatorio y que fuera del producto del análisis
de los hechos expuestos como cuartos en la sentencia y de la nulidad de los actos
administrativos acusados en la demanda no. 1999.0407.
4. Que dentro de la sentencia que declare el error judicial, se complemente el
reconocimiento y restablecimiento de los derechos laborales y constitucionales
fundamentales violados al accionante, en su calidad de servidor público de carrera que
fue retirado del trabajo por la interpretación errada que se hizo de la resolución 00479 de
11 de agosto de 1999, mediante la cual declararon la insubsistencia del nombramiento
que le habían hecho en el periodo de prueba en el cargo de jefe de la división de
prevención y atención de emergencia, objeto del concurso de ascenso convocado por la
gobernación»2.
2. Hechos
En el expediente, se advierten como hechos relevantes los siguientes:
2.1. Rafael Humberto Gómez Montoya interpuso demanda de nulidad y
restablecimiento del derecho en contra del departamento de Casanare, al
cuestionar la legalidad de los siguientes actos administrativos: (i) a través del
cual se estableció su evaluación de desempeño como insatisfactoria en el
período de prueba como jefe de la División de Prevención y atención de
Emergencias de la gobernación de Casanare; (ii) la resolución No. 0036 del
25 de febrero de 1.999, a través de la cual se confirmó la evaluación
insatisfactoria; (iii) las resoluciones No. 00474 del 11 de agosto de 1.999 y No.
00567 del 7 de septiembre de 1.999, mediante las cuales se le declaró
insubsistente y; (iv) el oficio del 14 de septiembre de 1999, por medio del cual
se le destituyo de su cargo. Lo anterior con el fin de que se le volviera a evaluar
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Páginas 10 del escrito de tutela. SAMAI de primera instancia, índice 2.
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el período de prueba con una calificación satisfactoria y, en virtud de ello, se
le reintegrara en el mencionado cargo o en uno de igual o superior categoría.
2.2. El proceso se identificó con el radicado 85001-23-31-000-1999-00407-00 y su
conocimiento le correspondió al Tribunal Administrativo de Casanare, que,
mediante sentencia del 16 de abril de 2001 negó las pretensiones de la
demanda, al encontrar justificada la calificación otorgada al ahora demandante
y la consecuente desvinculación del cargo.
2.3. La decisión fue apelada y al resolver el recurso, la Subsección A de la Sección
Segunda del Consejo de Estado, mediante sentencia del 30 de octubre de
2003, confirmó la sentencia de primera instancia.
3. Fundamentos de la acción
3.1. El accionante afirmó que el Tribunal Administrativo del Casanare incurrió en
un error judicial al proferir la sentencia del 16 de abril de 2001, en tanto que, a
su parecer, no se resolvieron los cargos de su demanda, lo cual implicaba una
ausencia total de justicia. Adicionalmente, adujo que en el fallo cuestionado se
interpretó y aplicó indebidamente la norma procedente para resolver el caso.
Se indicó que otorgó una fuerza probatoria a un testimonio, el cual se usó para
omitir examinar en detalle los actos administrativos expedidos por la
gobernación del Casanare.
De igual forma, sostuvo que la autoridad judicial accionada desconoció lo
previsto en los artículos 25, 29, 86 y 229 de la Constitución Política.
4. Trámite impartido en la primera instancia e intervenciones
4.1. El despacho ponente de la primera instancia admitió la acción de tutela
interpuesta por Rafael Humberto Gómez Montoya contra el Tribunal
Administrativo de Casanare y vinculó al departamento del Casanare por ser el
demandado en el proceso ordinario.
4.2. El Tribunal Administrativo del Casanare, por conducto de la magistrada del
despacho 002 de esa Corporación, sostuvo que se oponía a las pretensiones
de la demanda, al considerar que no se cumplió con los requisitos de
procedibilidad de la tutela contra providencias judiciales, en particular el de
inmediatez, dado que la sentencia de segunda instancia sobre el asunto que
se cuestionó se profirió el 20 de octubre de 2003.
4.3. El departamento del Casanare, a través de la apoderada judicial de la Oficina
de Defensa Jurídica, solicitó que se declarara la improcedencia de la acción
por no cumplir con los requisitos constitucionales y jurisprudenciales respecto
de la procedencia de tutelas contra providencias judiciales, en tanto que no se
invocaron defectos específicos y tampoco se demostró la ineficacia de los
medios de defensa judicial previstos en el proceso ordinario, con lo que, a su
parecer, se quebrantó el principio de subsidiaridad que rige el mecanismo
constitucional.
Subsidiariamente, pidió que se negaran las pretensiones de la demanda, al no
acreditarse la existencia de una vía de hecho ni la vulneración de los derechos
fundamentales del accionante.
Así mismo, solicitó la desvinculación del ente territorial, en tanto que no fue
autor ni participó en la presunta vulneración de derechos fundamentales
alegada por la parte actora.
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5. Providencia impugnada
La Sección Primera del Consejo de Estado, en sentencia del 18 de septiembre de
2025, negó la solicitud de desvinculación del departamento del Casanare y declaró
improcedente la solicitud de amparo constitucional solicitado porque no se cumplió
con el requisito general de procedencia de la inmediatez.
La sala advirtió que la sentencia de segunda instancia dictada en el proceso
identificado con el radicado 85001-23-31-000-1999-00407-00/01, la cual puso fin a
la controversia, se notificó el 7 de mayo de 2004 y, por su parte, la solicitud de
amparo se presentó el 2 de septiembre del 2025, es decir, después de transcurridos
más de 21 años, con lo cual evidenció que se superó el término de 6 meses que ha
sido estimado por la jurisprudencia como el plazo razonable para solicitar el amparo
a través de la tutela cuando se estime que una providencia judicial vulneró derechos
fundamentales. Además, se indicó que la parte actora no expuso razones válidas
para justificar su inactividad, en tanto que no se presentó ni siquiera prueba sumaria
de alguna situación de debilidad manifiesta que justificara esa tardanza.
6. Impugnación
La parte actora impugnó la sentencia de primera instancia, por lo que precisó que
con la demanda de tutela no se pretendía revivir términos frente a las actuaciones
del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho sino para hacer valer su
derecho fundamental al trabajo y a la estabilidad laboral, la cual le fue interrumpida
desde el 2004, sin que existiera prueba de que su desvinculación se hubiera hecho
de forma legal.
Adicionalmente, señaló que lo que busca con la tutela era proteger su derecho
fundamental al debido proceso para que se resolviera de fondo, de manera clara y
justificada la controversia planteada, por ser este un deber de los jueces e indicó
que mantenía la legítima expectativa de permanencia en su cargo porque el Consejo
de Estado tardó más de 13 años en pronunciarse en uno de los recursos de revisión
a los que acudió para la protección de sus derechos.
7. Tramite impartido en la segunda instancia
7.1. Previo a resolver la impugnación presentada por la parte actora en contra de
la sentencia del 18 de septiembre de 2025, a través de la cual la Sección
Primera del Consejo de Estado declaró la improcedencia de la solicitud de
amparo, el despacho ponente advirtió una nulidad sanable, en tanto que en el
curso de la primera instancia no se vinculó a la autoridad judicial que resolvió
el recurso de apelación en contra de la providencia que es objeto de
cuestionamiento en el marco de este proceso, razón por la cual, a través de
auto del 14 de noviembre de 2025, vinculó como demandada a la Subsección
A de la Sección Tercera del Consejo de Estado, autoridad que profirió el fallo
de segunda instancia en dentro del proceso ordinario y puso en su
conocimiento la referida nulidad, así como el auto admisorio de la demanda,
para que esta autoridad judicial manifestara lo que considerara pertinente.
7.2. La Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado remitió un
memorial el 19 de noviembre de 2025, a través del cual rindió informe frente a
lo decidido en la sentencia del 30 de octubre de 2003 y se refirió a la demanda
de tutela objeto del presente proceso, para concluir que, en este caso, la parte
actora no cumplió el requisito de procedibilidad de la inmediatez, sin hacer
pronunciamiento alguno frente a la nulidad puesta en su conocimiento.
7.3. Como la parte interesada no advirtió la nulidad ni expuso reparo alguno sobre
el particular, mediante auto del 28 de noviembre de 2025, el despacho
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sustanciador decidió tener por saneado el proceso y continuar con el trámite
de la impugnación presentada por la parte actora.
CONSIDERACIONES DE LA SALA
1. Generalidades de la acción de tutela
La acción de tutela, consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política y
reglamentada por el Decreto 2591 de 19913, fue concebida como un mecanismo
para la protección inmediata, oportuna y adecuada de derechos fundamentales,
ante situaciones de amenaza o vulneración, por la acción u omisión de las
autoridades, o de los particulares en casos concretos y excepcionales. Sin embargo,
es subsidiaria a otras herramientas judiciales, salvo cuando se interponga como
mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable.
2. La acción de tutela contra providencias judiciales
La acción de tutela procede de manera excepcional contra providencias judiciales,
y así lo ha reconocido la Corte Constitucional y el Consejo de Estado. Dada esa
excepcionalidad, la jurisprudencia ha establecido una serie de requisitos generales4
y especiales5 que deben cumplirse de forma estricta, para lo cual, se deben reunir
todos los requisitos generales, y por lo menos uno de los defectos o requisitos
especiales de la acción.
De manera pacífica y reiterada, la jurisprudencia constitucional6 ha indicado que
cuando se interpone la acción de tutela contra providencias judiciales, el examen de
los requisitos generales de procedencia debe realizarse con especial rigor, para no
desconocer los principios de autonomía e independencia judicial, y los de legalidad,
cosa juzgada y juez natural como elementos esenciales del derecho al debido
proceso.
Por tanto, la procedencia de la acción contra providencias judiciales exige una mejor
fundamentación del vicio que se atribuye a la sentencia judicial objeto de tutela y
que el análisis sobre el cumplimiento de los requisitos debe restringirse únicamente
a los argumentos planteados por los intervinientes en el proceso.
3. Planteamiento del problema jurídico
Teniendo en cuenta los antecedentes expuestos, le corresponde a la Sala
establecer si le asistió razón al juez de primera instancia al declarar la
improcedencia del amparo por no cumplir con el requisito de procedibilidad de la
inmediatez.
En caso de superar dicho análisis, y de cumplirse los demás requisitos de
procedibilidad, se determinará si la autoridad judicial accionada vulneró los
3
Decreto 2591 de 1991, Art. 1º: “Toda persona tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces, en todo momento y
lugar, mediante un procedimiento preferente y sumario, por sí misma o por quien actúe en su nombre, la protección
inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales, cuando quiera que estos resulten vulnerados o
amenazados por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública o de los particulares en los casos que señala este
decreto”.
4
Los requisitos generales para la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales son: i) que el actor
indique los hechos y las razones en que se fundamenta la acción; ii) el accionante haya utilizado todos los mecanismos
judiciales ordinarios y extraordinarios a su alcance para la protección de sus derechos fundamentales (subsidiariedad);
iii) que la acción se haya interpuesto en un término prudencial (inmediatez); iv) que el asunto sea de evidente relevancia
constitucional; v) que no se trate de una decisión proferida en sede de tutela; vi) injerencia de la irregularidad procesal
en la providencia atacada.
5
Los requisitos especiales para la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales son: i) defecto
orgánico, ii) defecto procedimental, iii) defecto fáctico, iv) defecto material o sustantivo, v) defecto por error inducido, vi)
defecto por falta de motivación, vii) defecto por desconocimiento del precedente y viii) defecto por violación directa de la
Constitución.
6
Corte Constitucional de Colombia. Sentencia SU-686 de 2015. M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado. Y Consejo de Estado.
Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sentencia del 5 de agosto de 2014. Proceso No. 11001-03-15-000-2012-
02201-01 (IJ). M.P. Jorge Octavio Ramírez R.
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derechos fundamentales del accionante al proferir la sentencia del 16 de abril de
2001, en el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho identificado con el
radicado 85001-23-31-000-1999-00407-00.
No obstante, la Sala encuentra que de manera previa, resulta necesario establecer
si en el presente asunto se configuró una actuación temeraria por parte del
accionante o si se configuró la cosa juzgada constitucional, en la medida que, al
revisar el sistema de gestión judicial SAMAI, se identificaron más procesos de tutela
relacionados con las decisiones que ahora son objeto de cuestionamiento, en tanto
que, de encontrarse acreditada alguna de estas situaciones, se tendría que declarar
improcedente la acción constitucional.
4. Actuación temeraria y cosa juzgada: alcance y análisis en el caso
particular
4.1. El artículo 38 del Decreto 2591 de 1991 consagra lo que debe entenderse por
una actuación temeraria, al señalar que “Cuando, sin motivo expresamente justificado,
la misma acción de tutela sea presentada por la misma persona o su representante ante varios
jueces o tribunales, se rechazarán o decidirán desfavorablemente todas las solicitudes” . Es
por lo anterior que, en el artículo 37 se exigió que el accionante manifestara
bajo la gravedad del juramento que no había interpuesto otra petición de
amparo por los mismos hechos e invocando la protección de los mismos
derechos fundamentales.
A partir del artículo 38, la jurisprudencia constitucional 7 ha considerado la
procedencia de la temeridad en dos dimensiones: (i) cuando el accionante
actúa de mala fe, y (ii) cuando el demandante acude al recurso de amparo de
manera desmedida, por los mismos hechos, sin esgrimir una justificación
razonable que justifique dicho actuar. La Corte Constitucional ha advertido que
sólo procederán sanciones en caso de que se acredite la mala fe o el dolo en
la actuación del accionante.
La figura de la temeridad encuentra fundamento en los artículos 83 y 95 de la
Constitución Política. El primero, insta a los particulares para que sus
conductas estén prevalidas de la buena fe y, el segundo, exige de toda
persona, entre otros, abstenerse de abusar de los derechos de los que es
titular y colaborar con el buen funcionamiento de la administración de justicia8.
Ha dicho la Corte Constitucional que la temeridad se configura cuando se
presentan los siguientes elementos9: (i) identidad de partes, (ii) identidad de
hechos y fundamentos, (iii) identidad de pretensiones y, (iv) la ausencia de
justificación en la presentación de la nueva demanda.
Este último elemento (ausencia de justificación), en palabras de la Corte, tiene
lugar cuando la actuación del actor denota el propósito desleal de satisfacer
un interés subjetivo a como dé lugar, aspecto que “deja al descubierto el abuso del
derecho porque deliberadamente y sin tener razón, de mala fe se instaura la acción”10.
Finalmente, la Corte Constitucional ha explicado que incluso existiendo
multiplicidad de tutelas es posible que la acción no sea temeraria. Este evento
se presenta cuando la acción de tutela se funda en: “(i) la ignorancia del accionante;
(ii) el asesoramiento errado de profesionales del derecho; o (iii) el sometimiento del actor a un
estado de indefensión, propio de aquellas situaciones en que los individuos obran por miedo
insuperable o por la necesidad extrema de defender un derecho”11. En este supuesto,
7
Corte Constitucional. Sentencia SU-168 de 2017.
8
En este sentido ver: sentencia T-507 de 2011. M.P. Jorge Iván Palacio Palacio.
9
Al respecto, pueden consultarse las siguientes sentencias de la Corte Constitucional: T-096 de 2011 M.P. Juan Carlos
Henao Pérez; T-481 de 2013 M.P. Alberto Rojas Ríos; T-529 de 2014 M.P. Luis Guillermo Guerrero Pérez.
10
Corte Constitucional. Sentencia T-001 de 1997.
11
Corte Constitucional. Sentencia SU-168 de 2017.
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aunque la tutela debe ser declarada improcedente, la actuación no se
considera temeraria.
4.2. Por otro lado, la cosa juzgada es una institución de consagración legal en el
artículo 303 del Código General del Proceso que vuelve definitivas las
sentencias judiciales, lo que impide que las partes ventilen de nuevo el asunto
que fue objeto de resolución judicial. De esta manera se busca que no se
vuelvan a juzgar asuntos que ya fueron analizados y, además, cerrar de forma
definitiva el debate planteado.
La Corte Constitucional ha explicado que “la cosa juzgada se configura cuando existe
la triple identidad mencionada, es decir, de partes, hechos y pretensiones, sin que se evidencie
la configuración del elemento subjetivo que es la intención de buscar engañar a las
autoridades judiciales y abusar del ejercicio de la acción de tutela” 12.
Puntualmente, sobre el fenómeno de la cosa juzgada en providencias de
tutela, la Corte Constitucional ha precisado que un fallo de tutela hace tránsito
a cosa juzgada cuando esta última profiere sentencia en virtud de la revisión
eventual o cuando se dicta auto notificando la no selección de la tutela.
En consecuencia, es posible que exista cosa juzgada pero no actuación
temeraria. La diferencia entre ambas instituciones jurídicas radica en que esta
última implica que el accionante o su apoderado actuó de forma desleal, al
interponer más de una acción con el fin de que, a toda costa, alguna de esas
prospere. En otras palabras, cuando se presenta una actuación de mala fe y
de forma deliberada.
4.3. Así las cosas, la Sala evidencia que, de manera previa a este proceso, el señor
Rafael Humberto Gómez Montoya presentó demanda de tutela, la cual se
identificó con el radicado 11001-03-15-000-2017-01664-00.
En esa oportunidad la acción constitucional se interpuso en contra del Consejo
de Estado, Sala 1° Especial de Decisión, así como de la Subsección A de la
Sección Segunda de la Corporación y del Tribunal Administrativo del
Casanare, por considerar vulnerados sus derechos fundamentales al trabajo,
al debido proceso, a la igualdad y la protección de los derechos adquiridos, lo
anterior, con ocasión de la expedición de las decisiones adoptadas por las
autoridades judiciales mencionadas, dentro del proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho identificado con el radicado No. 1999-0407.
4.4. Se resalta que, en el caso referenciado, la parte actora solicitó que se revocara
la sentencia del 16 de abril de 2001, proferida por el Tribunal Administrativo de
Casanare y, en su lugar, se profiriera un fallo de reemplazo en el que se le
reconocieran y se le restablecieran sus derechos laborales, vulnerados al
desvincularlo de su cargo.
Como sustento de sus pretensiones, planteó que las autoridades judiciales
accionadas incurrieron en múltiples errores, en tanto que realizaron una
valoración probatoria indebida, por lo que desconocieron lo relacionado a su
situación, previa al nombramiento en período de prueba, por lo que, de haberlo
hecho, se hubiera establecido que no se era posible declarar la insubsistencia
y, además, afirmó que aplicaron de manera errada la norma procedente para
resolver al caso en concreto.
4.5. De conformidad con lo expuesto, la Sección Cuarta del Consejo de Estado,
mediante sentencia del 17 de agosto de 2017, decidió declarar improcedente
la acción de tutela por considerar que la parte actora no había cumplido con el
12
Corte Constitucional. Sentencia T-089 de 2019.
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Demandante: Rafael Humberto Gómez Montoya
requisito de inmediatez, tomando como punto de referencia, la providencia que
resolvió el recurso extraordinario de revisión que se presentó en caso objeto
de análisis. Esta decisión fue confirmada en segunda instancia, por la Sección
Quinta del Consejo de Estado, a través de sentencia del 4 de octubre de 2017
y el proceso fue remitido a la Corte Constitucional el 27 de noviembre de la
misma anualidad, pero no fue seleccionado para revisión (T6509330). Así se
corrobora en el auto del 15 de diciembre de 2017, proferido por la Sala de
Selección número doce de esa Corporación.
4.6. Así las cosas, al contrastar lo ocurrido en el proceso identificado con el
radicado 11001-03-15-000-2017-01664-00/01 con el que ahora se analizada en
el marco de la acción constitucional de la referencia, se evidencia que en el
primer proceso el señor Rafael Humberto Gómez Montoya presentó su
demanda contra todas las autoridades judiciales que profirieron decisiones en
la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho, incluido el Tribunal
Administrativo del Casanare, que dictó el fallo de primera instancia en el asunto
ordinario y es contra este Sala que ahora, nuevamente, interpone la tutela.
De igual forma, el actor planteó los mismos hechos en las dos demandas, en
relación con su desvinculación al no superar el período de prueba de un cargo
en el que fue nombrado y aduce que se vulneraron sus derechos
fundamentales, al debido proceso, acceso a la administración de justicia y
laborales, con ocasión de la decisión adoptada mediante la sentencia del 16
de abril de 2001, respecto de la cual se presentaron varios errores sustantivos
y fácticos.
También se debe resaltar que en las tutelas presentadas por el mencionado
actor, se pretendía que el juez ordinario profiriera una decisión acorde con sus
intereses en relación con lo solicitado en la demanda de nulidad y
restablecimiento del derecho, por considerar que en la sentencia ordinaria
cuestionada la autoridad judicial accionada había incurrido en varios errores
fácticos y sustantivos.
Así mismo, también se debe resaltar que en el escrito de tutela que es objeto
de estudio en esta oportunidad no se mencionó que frente a las providencias
cuestionadas se hubiese interpuesto previamente otra demanda, por lo que no
se señaló una justificación para acceder nuevamente a la jurisdicción con el
fin de conseguir una decisión favorable a sus intereses.
Del contexto expuesto se debe concluir que, la acción que ahora se estudia
comparte identidad de sujetos, hechos y objeto con el proceso identificado con
el radicado 11001-03-15-000-2017-01664-00/01 y, además, como la Corte
Constitucional no seleccionó para revisión la providencia que resolvió la
segunda instancia en sede de tutela, se advierte que la sentencia del 4 de
octubre de 2017 hizo tránsito a cosa juzgada.
Adicionalmente, la Sala considera que en el caso existe una actuación
temeraria por parte del señor Rafael Humberto Gómez Montoya, debido a que
presentó dos acciones de tutela con las mismas partes, hechos y pretensiones.
Sin presentar justificación al respecto. Contrario a esto, manifestó bajo la
gravedad de juramento no haber incurrido en dicha conducta13.
5. Conclusión
Por todo lo expuesto, la Sala confirmará la decisión impugnada, proferida el 18 de
septiembre de 2025 por la Sección Primera del Consejo de Estado, que declaró la
improcedencia de la acción de tutela de la referencia, porque se advirtió que el
13
SAMAI, índice 2, pág. 46 de la demanda de tutela.
8
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Radicado: 11001-03-15-000-2025-05479-01
Demandante: Rafael Humberto Gómez Montoya
accionante incurrió en una actuación temeraria y porque se configuró la cosa
juzgada, en relación con la sentencia proferida dentro del proceso 11001-03-15-
000-2017-01664-00/01.
En mérito de lo expuesto, la Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso
Administrativo del Consejo de Estado, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la ley,
FALLA
1. Confirmar la sentencia de tutela del 18 de septiembre de 2025, proferida por
la Sección Quinta del Consejo de Estado que declaró la improcedencia de la
acción de tutela promovida por Rafael Humberto Gómez Montoya, pero por las
razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.
2. Notificar la presente decisión a los interesados por el medio más expedito.
3. Publicar la presente decisión en la página web del Consejo de Estado.
4. Enviar a la Corte Constitucional para su eventual revisión.
Notifíquese y cúmplase,
Esta sentencia se estudió y aprobó en sesión celebrada en la fecha.
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
WILSON RAMOS GIRÓN MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO
Presidente
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
LUIS ANTONIO RODRÍGUEZ MONTAÑO CLAUDIA RODRÍGUEZ VELÁSQUEZ
Este documento fue firmado electrónicamente. Para comprobar su validez e integridad lo puede hacer a través de la siguiente
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