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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2025-05502-01

Fecha
20 de abril de 2026
Consejero ponente
Fernando Alexei Pardo Florez

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2025-05502-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

RESUELVE PRIMERO: MODIFICAR el ordinal primero de la sentencia de 20 de noviembre de 2025 proferida por la Subsección B de la Sección Segunda, en cuanto negó el amparo, en el sentido de DECLARAR IMPROCEDENTE por carecer de relevancia constitucional. SEGUNDO: CONFIRMAR en lo demás, la sentencia de 20 de noviembre de 2025 proferida por la Subsección B de la Sección Segunda por carecer de relevancia constitucional. TERCERO: NOTIFICAR esta decisión a las partes y demás interesados por el medio más expedito. CUARTO: REMITIR a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 11001-03-15-000-2025-05502-01

Consejero ponente: Fernando Alexei Pardo Florez

20 de abril de 2026

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA – SUBSECCIÓN A

CONSEJERO PONENTE: FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ

Bogotá D. C., veinte (20) de abril de dos mil veintiséis (2026).

Radicado: 11001-03-15-000-2025-05502-01
Accionante: NELLY SOFIA SUÁREZ ROJAS
Accionado: CONSEJO DE ESTADO, SECCIÓN SEGUNDA,
SUBSECCIÓN A
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA

Temas: Tutela contra providencia de alta corte. Improcedencia por carecer de
relevancia constitucional y no cumplirse con los requisitos para examinar en sede
constitucional una providencia proferida por el Consejo de Estado.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

Antecedentes

1. Nelly Sofía Suárez Rojas ejerció acción de tutela contra la providencia proferida
el 5 de junio de 2025 por la Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de
Estado, providencia que puso fin al proceso de nulidad y restablecimiento del
derecho que inició la tutelante contra un acto administrativo proferido por la Policía
Nacional. Con el fin de facilitar la exposición de los antecedentes, se mencionan los
del proceso ordinario Rad 25000-23-42-000-2017-00085-00/01 y posteriormente los
fundamentos y desarrollo del proceso de tutela.

Antecedentes del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho 25000-
23-42-000-2017-00085-00/01

2. La tutelante señaló que el 30 de abril de 1986 fue nombrada en el cargo de
mecanógrafa en la dirección de bienestar social de la Policía Nacional. El 5 de mayo
de 1986, previó a la entrada en vigor de la Ley 100 de 1993, la accionante tomó
posesión de su cargo.

3. A través de oficio de 15 de septiembre de 1995, el director general del instituto
para la seguridad social y bienestar de la Policía Nacional le informó que había sido
nombrada como profesional universitario código 3020 grado 8. Se posesionó en el
nuevo cargo, días después de la entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993. La
tutelante trabajó hasta el 5 de abril de 2006, fecha en la que fue retirada del servicio
mediante resolución No. 1844 de 19 de marzo de 2006. Le fue reconocida la pensión
de jubilación con base en los decretos 2701 de 1988 y el Decreto Ley 1214 de 1990.

4. En agosto de 2016, la tutelante se dirigió al director general de la policía nacional
para solicitar reliquidar su pensión de jubilación, en los términos del título VI del
Decreto Ley 1214 de 1990 y se excluye la aplicación del decreto 2701 de 1988.
Mediante oficio de 22 de septiembre de 2016 se negó la solicitud.

Radicación número: 11001-03-15-000-2025-05502-01
Accionante: Nelly Sofia Suárez Rojas
Accionado: Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A
Referencia: Segunda instancia de acción de tutela

5. Contra la anterior determinación se inició demanda de nulidad y restablecimiento
del derecho. A título de restablecimiento del derecho solicitó la reliquidación, ajuste
y pago de la pensión conforme los factores del artículo 102 del título VI del Decreto
Ley 1214 de 1990 y el pago de las sumas adeudadas desde la fecha en que fue
reconocido el derecho hasta que se cumpla la sentencia. En providencia de 3 de
noviembre de 2021, la Subsección F de la Sección Segunda del Tribunal
Administrativo de Cundinamarca negó las pretensiones y se abstuvo de condenar
en costas.

6. Apelada la decisión, en sentencia de 5 de junio de 2025, notificada el 16 de julio
de 2025, la Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado confirmó
la sentencia de primera instancia. El fallo consideró que la demandante solicitó la
reliquidación de la mesada con base en emolumentos que no devenga en el último
salario, motivo por el cual, no es procedente su inclusión en la mesada. Agregó que
si bien la vinculación de la actora se produjo con anterioridad a la entrada en
vigencia de la Ley 100 de 1993, esta circunstancia solo la beneficia para la
aplicación del régimen prestacional contenido en el Decreto Ley 1214 de 1990, más
no el salarial, pues quedó sometida al régimen previsto para los empleados de la
rama ejecutiva del orden nacional, y posteriormente, con la entrada en vigencia de
la Ley 1033 de 2006 y el Decreto 4783 de 2008, la asignación básica fue reconocida
de acuerdo con lo fijado por el gobierno nacional para los empleados civiles no
uniformados.

Fundamentos del escrito de amparo

7. La parte actora sostiene que, la decisión de la Subsección A de la Sección
Segunda de esta corporación incurrió en un defecto fáctico y en defecto sustantivo.
El primero puesto que, “reconoció en [su] favor la aplicación del contenido en el
Título VI del Decreto 1214 – factores previstos en el artículo 102, Parágrafo 2º. del
Decreto 1214, Sin embargo, acogió los planteamientos del a-quo conforme a lo
expuesto por esa Corporación en sentencia de Unificación SUJ-019-CE-S2-2019
del 12 de diciembre 2019, así lo concluyó y resaltó (Página 18, 4), corroborando y
reiterando posteriormente la aplicación del Régimen prestacional Título VI del
Decreto 1214 de 1990 que me asiste”1.

8. En relación con el segundo afirmó que, se produjo una indebida aplicación del
Decreto 2701 de 1988 el cual, en criterio de la demandante solo aplicaba para los
empleados que ingresaron a la inspección de la Policía Nacional después de la
vigencia de la Ley 100 de 1993 únicamente en relación con las prestaciones
distintas a las prestaciones de salud y pensión. Sostiene que esa norma fue
tácitamente derogada por el artículo 65 de la Ley 253 de 1997. Agregó que se
produjo inaplicación de los artículos 54 y 55 de la Ley 352 de 1997 y el artículo 2
del Decreto 1998 lo cual llevó a que erradamente se negaran sus derechos
conforme el régimen del Decreto 1214 de 1990.
9. Finalizó indicando que, se afectó su derecho al mínimo vital pues su mesada
pensional es su único ingreso y el de su núcleo familiar.

1
Índice samai 2, folio 5 del escrito de amparo.

Radicación número: 11001-03-15-000-2025-05502-01
Accionante: Nelly Sofia Suárez Rojas
Accionado: Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A
Referencia: Segunda instancia de acción de tutela

Trámite del amparo

10. La acción de tutela fue repartida para agotar la primera instancia a la Subsección
B de la Sección Segunda del Consejo de Estado. Se admitió y se vinculó a la entidad
accionada y a la Nación – Ministerio de Defensa – Policía Nacional y el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca – Sección Segunda – Subsección F, como terceros
con interés.

11. La Corporación accionada insistió en los argumentos conforme a los cuales,
la tutelante se vinculó al Ministerio de Defensa en calidad de empleado civil no
uniformado antes de la vigencia de la Ley 100 de 1993 si tiene derecho a la
aplicación del régimen pensional del Título VI del Decreto ley 1214 de 1990, motivo
por el cual, en relación con la liquidación de la mesada se debía seguir el artículo
102 de esa norma. Ello a condición de que se probara que había devengado en el
último salario las prestaciones que reclamaba, sin embargo, no aportó prueba de
que haya recibido esos pagos en su último salario. Solicitó declarar improcedente
el amparo pues la tutelante busca una nueva instancia para reabrir una discusión
que se resolvió en dos instancias.

12. La Policía Nacional solicitó que se declarara improcedente el amparo pues no
se produjo vulneración.

Sentencia de primera instancia

13. En decisión de 20 de noviembre de 2025, la Subsección B de la Sección
Segunda, como juez constitucional, declaró improcedente el amparo en relación con
el ataque a la providencia por la supuesta configuración de defecto fáctico, y negó
el amparo en relación con la petición de protección al debido proceso, seguridad
social, igualdad, familia, vida digna y acceso a la administración de justicia de
invocado por la señora Nelly Sofía Suárez bajo el defecto sustantivo, puesto que la
decisión judicial se profirió aplicando la normatividad vigente respecto del régimen
pensional de las personas civiles vinculadas al ministerio de defensa nacional.
Agregó la providencia:

“PRIMERO. NEGAR el amparo de los derechos fundamentales al debido
proceso, seguridad social, igualdad, familia, vida digna y acceso a la
administración de justicia invocado por la señora Nelly Sofía Suárez bajo el
defecto sustantivo, por las razones expuestas en la parte motiva de esta
providencia.
SEGUNDO. DECLARAR IMPROCEDENTE el amparo deprecado bajo el
defecto fáctico alegado por la señora Nelly Sofía Suárez, por no superar el
requisito de identificación razonable de los hechos, en los términos expuestos
el fallo.”2

Recurso de impugnación3

14. Dentro del término, la actora presentó recurso de impugnación. Indicó que la
sentencia del juez de primera instancia desconoció de nuevo sus derechos

2
Folio 16 de la sentencia de primera instancia.
3
Índice samai 18.

Radicación número: 11001-03-15-000-2025-05502-01
Accionante: Nelly Sofia Suárez Rojas
Accionado: Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A
Referencia: Segunda instancia de acción de tutela

constitucionales. Reiteró que, la Subsección A de la Sección Segunda omitió el
estudio, análisis y examen con objetividad de las normas legales vigentes y omitió
tener en cuenta lo expuesto por la Corte Constitucional en las Sentencias T-442 de
1994, T-329 de 1996 y SU-477 de 1997 sobre las vías de hecho por valoración
probatoria, y decisiones de la Corte Suprema de Justicia, sala de casación laboral,
SL 8544 de 2016, SL-168 y SL-3130 de 2020.

15. Reiteró que la decisión accionada le causó una afectación a sus derechos
fundamentales y vulneración a las pruebas aportadas, motivo por el cual, es injusta
y contraria a la ley.

16. Indicó que la sentencia de la subsección A de la Sección Segunda fue proferida
por fuera del término de los seis meses establecidos para dictar sentencia, según el
mandato del artículo 121 del C.G.P. motivo por el cual, la sentencia atacada es nula.

17. Reiteró las razones por las cuales, en su criterio se produjo un defecto fáctico,
pero esta vez, agregó que, existió una omisión en el decreto y práctica de pruebas
que eran necesarias en el proceso, facultad con la que cuenta el juez de tutela.
Agregó que no se valoró el material probatorio en su integridad, pues en la tutela se
aportó la resolución 00513 de 12 de febrero de 1998 en la cual se indica que la
tutelante fue incorporada de nuevo a la planta de personal de la dirección general
de la policía nacional, recogiéndose los derechos adquiridos del decreto 1214 de
19990 al suprimirse la insssponal regido por el decreto 2701 de 1988, por lo cual,
en su criterio de produjo una aplicación irregular en su resolución de reconocimiento
de pensión.

18. Agregó que se produjo una omisión deliberada del principio de oficiosidad y se
produjeron yerros en la valoración de la prueba. Además, indicó que reiteraba el
defecto sustantivo que invocó en el escrito de amparo, pues al resolver su caso se
aplicaron normas derogadas o sin vigencia, puntualmente reprochó que se aplicó el
decreto 2701 de 1988 e insistió en la necesidad de aplicar los artículos 54 y 55 de
la ley 352 de 1997 y el artículo 2 numeral 4 del decreto 133 de 1998.

19. Finalmente insistió en que se vulneraron sus derechos constitucionales al
debido proceso, a la seguridad social, a la igualdad, a la protección familiar, a la
calidad de vida acorde con la dignidad humana y al acceso a la justicia.

CONSIDERACIONES
Competencia

20. La Subsección A de la Sección Tercera de la Sala Contencioso Administrativa
del Consejo de Estado es competente para proferir sentencia de segunda instancia
dentro del proceso de tutela de la referencia, en virtud de lo indicado en el artículo
32 del Decreto 2591 de 1991 en concordancia con el artículo 13 del Acuerdo 080
de 2019.

Determinación del problema jurídico

21. A juicio de esta sala, de manera preliminar, deberá establecerse si la acción de
tutela satisface las causales generales de procedencia de tutela contra providencia,

Radicación número: 11001-03-15-000-2025-05502-01
Accionante: Nelly Sofia Suárez Rojas
Accionado: Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A
Referencia: Segunda instancia de acción de tutela

teniendo especial atención a que se trata de una acción de tutela dirigida contra una
providencia proferida por una alta corte, concretamente, la Subsección A de la
Sección Segunda del Consejo de Estado, y conforme el precedente constitucional,
dicho tipo de ataque constitucional, exige una especial argumentación por parte de
la parte tutelante. En caso de que se concluya que la acción de tutela es procedente,
se formulará un problema jurídico de fondo.

Acción de tutela contra providencias judiciales proferidas por altas cortes

22. En precedente de unificación de la Corte Constitucional4 se ha señalado que,
una acción de tutela formulada contra una providencia proferida por una alta corte
debe cumplir una “carga argumentativa transversal”, elemento que se concreta en
un análisis más restrictivo y riguroso sobre el cumplimiento de los requisitos
generales y específicos de procedencia. Al respecto, la Corte ha señalado que, en
estos eventos, debe acreditarse que se trata de “un caso definitivamente
incompatible con el alcance y límite de los derechos fundamentales que han sido
desarrollados por la Corte Constitucional o cuando se genera una anomalía de tal
entidad que es necesaria la intervención del juez constitucional”5. Por lo tanto:

“ (…) además de cumplir con los requisitos generales de procedencia de la
acción de tutela y con los especiales de procedibilidad contra providencias
judiciales, el accionante debe acreditar una irregularidad que contraríe
abiertamente los mandatos constitucionales, de tal manera que amerite la
intervención urgente del juez de tutela”

23. Recientemente, en sentencia T-202 de 2025, la Corte Constitucional recordó la
especial y exigente carga argumentativa que debe satisfacer una acción de tutela
dirigida contra una alta corte. Señaló que, el tutelante debe hacer un esfuerzo
especial en señalar en qué defectos específicos (sustantivo, fáctico, procedimental,
orgánico, desconocimiento del precedente, violación directa a la constitución, entre
otros), con el fin de evidenciar la manera en la que la providencia de manera
protuberante y ostensible afecta derechos fundamentales. Se reiteró que, al tratarse
de una acción de tutela contra una sentencia de una alta Corporación, como sucede
con el Consejo de Estado o la Corte Suprema de Justicia, esta corporación ha
indicado, entre otros en los fallos SU-573 de 2019, SU-257 de 2021, SU-215 de
2022, SU-269 de 2023 y SU-451 de 2024, que el examen de procedencia debe
realizarse de forma más rigurosa o estricta. Eso no significa que la tutela no sea
procedente, sino que en la evaluación adoptada por el juez constitucional tiene que
considerarse una argumentación cualificada, dada la importancia y el rol que
cumplen los órganos de cierre de cada jurisdicción dentro del sistema judicial. De
esta manera, cuando la tutela se dirige contra una decisión expedida por una alta
Corte, “además de cumplir con los requisitos generales de procedencia de la acción
de tutela y con los especiales de procedibilidad contra providencias judiciales, se
debe acreditar una irregularidad que contraríe abiertamente los mandatos

4
Cfr. SU-128 de 2021 (M.P. Cristina Pardo Schlesinger), T-495 de 2024 (Juan Carlos Cortes
González), -917 de 2010, SU-050 de 2017, SU-573 de 2017 (M.P. Antonio José Lizarazo), SU-050
de 2018 (M.P. Cristina Pardo Schlesinger), y SU-167 de 2024 (M.P. José Fernando Reyes Cuartas)
5
Cfr. SU-209 de 2021 (M.P. Cristina Pardo Schlesinger)

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Accionante: Nelly Sofia Suárez Rojas
Accionado: Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A
Referencia: Segunda instancia de acción de tutela

constitucionales, de tal manera que amerite la intervención urgente del juez de
tutela”.6

Procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales

24. Conforme el precedente constitucional fijado en la Sentencia C-590 de 20057,
reiterado de manera consistente por la Corte Constitucional, la procedencia de la
acción de tutela contra decisiones judiciales es excepcional y exige que el actor
satisfaga una importante carga argumentativa dirigida a mostrar que concurren seis
causales genéricas de procedencia, y al menos una específica.

25. De manera frecuente la Corte ha indicado que en el análisis de las causales
generales de procedencia en contra de providencias judiciales, el juez de tutela
debe verificar8; (i) que se acredite la legitimación en la causa (artículos 5, 10 y 13,
Decreto-Ley 2591 de 1991); (ii) que la providencia cuestionada no sea una
sentencia de tutela9, ni una decisión proferida con ocasión del control abstracto de
constitucionalidad por parte de la Corte Constitucional10 o el Consejo de Estado11,
ni una sentencia interpretativas (SENIT) proferida por la Sección de Apelación del
Tribunal para la Paz de la Jurisdicción Especial para la Paz – JEP12; (iii) que se
cumpla con el requisito de inmediatez, es decir que la tutela se promueva en un
plazo razonable; (iv) que se identifique de forma clara, detallada y comprensible los
hechos que amenazan o afectan los derechos fundamentales en cuestión y que, si
existió la posibilidad, ellos hayan sido alegados en el trámite procesal; (v) que se
cumpla con el requisito de subsidiariedad, esto es que el interesado acredite que
agotó todos los medios de defensa judicial a su alcance, salvo que pretenda evitar
la consumación de un perjuicio irremediable13 o los medios de defensa judicial
existentes no sean idóneos o eficaces para evitarlo; (vi) que la cuestión planteada
sea de evidente relevancia constitucional, lo que exige que el caso trate sobre un
asunto de rango constitucional y no meramente legal o económico; (vii) que cuando
se trate de una irregularidad procesal, que esta tenga un efecto decisivo en la
decisión judicial cuestionada, es decir que si tal error no hubiere ocurrido el alcance
de la decisión hubiese sido sustancialmente distinto.

Del requisito de relevancia constitucional

26. La relevancia constitucional es un requisito general de procedencia de la acción
de tutela contra providencias judiciales y tiene como finalidad asegurar su

6
Corte Constitucional, Sentencia SU-149 de 2021.
7
Corte Constitucional C-590 de 2005 (M.P. Jaime Córdoba Triviño).
8
Se sigue literalmente la manera en la que fueron fijadas las reglas de procedibilidad formal en la
SU-215 de 2022.
9
La única excepción a esta regla tiene que ver con la doctrina de la cosa juzgada fraudulenta y el
principio del fraude todo lo corrompe. Al respecto ver, entre otras, las Sentencias: T-218 de 2012 y
T-373 de 2014.
10
Corte Constitucional, Sentencia SU-478 de 2024.
11
Al respecto, ver, entre otras, Corte Constitucional, Sentencias SU-391 de 2023, SU-215 de 2022,
SU-573 de 2017, SU-585 de 2017.
12
Corte Constitucional, Sentencia SU-388 de 2023.
13
Ver, entre otras, la Sentencia SU-659 de 2015.

Radicación número: 11001-03-15-000-2025-05502-01
Accionante: Nelly Sofia Suárez Rojas
Accionado: Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A
Referencia: Segunda instancia de acción de tutela

naturaleza excepcional. Esta exigencia supone que la controversia planteada esté
directamente orientada a la protección de derechos fundamentales y no se limite a
reproches de legalidad o interpretaciones judiciales que competen exclusivamente
al juez ordinario.

27. La Corte Constitucional indicó14 que la tutela contra providencias judiciales no
puede convertirse en una instancia adicional para cuestionar sentencias ni
reemplazar los recursos ordinarios ni extraordinarios. Para que una acción tenga
relevancia constitucional, debe existir una afectación real y desproporcionada de los
derechos fundamentales, más allá de la simple inconformidad con la decisión
judicial.

28. En ese sentido, la Corte estableció tres criterios para identificar si una acción de
amparo constitucional satisface el requisito de relevancia constitucional en el
eventos en que se pretende reabrir el debate15: (i) el debate debe recaer sobre un
asunto constitucional y no solamente legal o económico; (ii) el caso debe
relacionarse con un debate jurídico que se centre al contenido, alcance y goce de
algún derecho fundamental, o tiene una trascendencia para la aplicación y el
desarrollo eficaz de la Constitución; y (iii) la tutela no es una instancia o recurso
adicional para reabrir debates exclusivamente legales.

29. Así, no basta invocar genéricamente la violación de un derecho fundamental
para entender cumplido este requisito, ya que es indispensable demostrar, de
manera clara y concreta, cómo la decisión judicial atacada ha generado una
trasgresión real y significativa de una garantía constitucional. En suma, el examen
de relevancia constitucional permite distinguir entre un juicio de validez
constitucional, que justifique la intervención del juez de tutela, y un juicio de
corrección judicial, el cual se escapa de su competencia16.

Análisis del caso concreto

30. Con base en lo anterior, se examinará si la acción de tutela de la referencia
satisface los requisitos de procedencia formal.

31. Descendiendo al caso concreto, se verifica que la acción de tutela es
improcedente por carecer de relevancia constitucional y por no identificar
adecuadamente los hechos que fundamentan el reparo constitucional, toda vez que
si bien la acción de tutela contra providencias judiciales no exige una especial
técnica de argumentación, si reclama de los actores una carga de justificación que
demuestre las razones por las cuales, la decisión cuestionada incurrió en una
ostensible o protuberante arbitrariedad. No obstante, a criterio de esta Sala, el
escrito de impugnación de la actora realiza afirmaciones de premisas jurídicas que
son ciertas, pero no las aplica a través del procedimiento de subsunción al caso
concreto de la sentencia atacada.

14
Corte Constitucional, Sentencia SU-033 de 2018.
15
Corte Constitucional, Sentencias SU-134 de 2022 y SU-128 de 2021.
16
Corte Constitucional, sentencia SU-134 de 2022.

Radicación número: 11001-03-15-000-2025-05502-01
Accionante: Nelly Sofia Suárez Rojas
Accionado: Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A
Referencia: Segunda instancia de acción de tutela

32. En efecto, la actora sostiene de manera correcta que existen obligaciones
oficiosas en el juez administrativo en materia probatoria, sin embargo, no es
concreta y precisa en señalar qué específicos medios de prueba dejaron de ser
examinados o decretados por parte de la Subsección A de la Sección Segunda. No
identificó de manera concreta los medios de prueba que debieron decretarse de
oficio y los medios de prueba que fueron inadecuadamente valorados. Se limita a
mencionar las obligaciones de los jueces administrativos, pero no explica de manera
concreta las razones por las que dichos mandatos fueron soslayados.

33. De igual manera, indica que la providencia censurada inaplicó normas de rango
legal, sin embargo, no ofrece razones constitucionalmente relevantes para razones
sobre los motivos por los cuales esas normas, aquellas que estima ignoradas, eran
las que debían gobernar la solución de su situación. En esa medida, a criterio de
esta sala, los argumentos de la parte tutelante expresan una discrepancia de criterio
con una providencia que fue adversa a sus pretensiones, más no señalan yerros de
validez constitucional que afecten la sentencia atacada.

34. Se trata de razones, adicionalmente, de rango legal, relacionados con la
aplicación de normas infra constitucionales respecto al régimen pensional de las
personas civiles vinculadas con el Ministerio de Defensa, sin que tengan el alcance
de mostrar la tensión o amenaza de un derecho constitucional. Esto a pesar de la
afirmación de la parte actora de la vulneración del derecho al debido proceso, el
derecho a la igualdad, el derecho al mínimo vital, y al derecho al acceso a la justicia.
La jurisprudencia de la Corte Constitucional ha indicado que, para satisfacer el
requisito de relevancia constitucional no basta mencionar o invocar una norma
constitucional, sino que debe mostrarse las razones para que, de manera concreta
se presenta esta vulneración. Respecto del supuesto defecto sustantivo la actora
no logra mostrar la manera en la que se produjo la supuesta omisión de aplicación
de normas legales, y mucho menos logró mostrar, la manera en la que, esa omisión
afectó normas constitucionales.

35. Finalmente, respecto a la verificación de las causales generales de procedencia
de tutela contra providencia de alta corte, no se verifica que la decisión de la
subsección A de la Sección Segunda incurrió en una arbitrariedad protuberante que
haga necesaria la intervención del juez constitucional. Por el contrario, se insiste
que el escrito de amparo contiene una disparidad de criterio que busca reabrir una
discusión normativa y probatoria que se surtió en dos instancias dentro del proceso
de nulidad y restablecimiento del derecho.

36. En cuanto al defecto fáctico, la Sala advierte que no se configura una
controversia de relevancia constitucional, sino una inconformidad de la actora con
la valoración probatoria realizada por los jueces del proceso ordinario. En efecto, la
tutelante se limita a afirmar, en términos generales, que no se decretaron ni
valoraron adecuadamente ciertas pruebas, pero no identifica de manera concreta
cuáles medios de convicción fueron omitidos, cuál era su incidencia decisiva en el
sentido del fallo, ni de qué manera esa supuesta omisión configuró una arbitrariedad
ostensible con relevancia constitucional. Así, el cargo se dirige realmente a reabrir
el debate probatorio que ya fue examinado y resuelto en las dos instancias del medio
de control de nulidad y restablecimiento del derecho, dentro de una discusión que

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Accionante: Nelly Sofia Suárez Rojas
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Referencia: Segunda instancia de acción de tutela

es, además, de naturaleza estrictamente legal, relacionada con la determinación de
los factores salariales computables para la reliquidación pensional. Por ello, la tutela
no puede emplearse como una instancia adicional para replantear el análisis
probatorio efectuado por el juez natural.

37. Frente al defecto sustantivo, la Sala considera igualmente que la accionante no
plantea un verdadero problema constitucional, sino una discrepancia con la
interpretación normativa adoptada por la Subsección A de la Sección Segunda del
Consejo de Estado en relación con el régimen pensional aplicable a los empleados
civiles vinculados al Ministerio de Defensa y a la Policía Nacional. Los argumentos
de la tutelante se orientan a sostener que debieron aplicarse unas normas legales
y no otras, y que ciertas disposiciones habían sido derogadas o desplazadas por
normativa posterior. Sin embargo, tales reparos no trascienden el ámbito de la
legalidad ni muestran, de manera clara y concreta, una contradicción abierta entre
la providencia atacada y un mandato constitucional. En esa medida, el cargo busca
reabrir el debate jurídico ya decidido por los jueces de instancia dentro del proceso
ordinario, lo cual desvirtúa el carácter subsidiario y excepcional de la acción de
tutela..

38. Por las anteriores razones se modificará el ordinal primero la sentencia de
primera instancia que negó el amparo en relación con el defecto sustantivo y la
supuesta vulneración de los derechos al debido proceso, seguridad social, igualdad,
familia, vida digna y acceso a la administración de justicia, para en su lugar
declararlo improcedente, y se confirmará en lo demás la sentencia atacada.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando Justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

RESUELVE

PRIMERO: MODIFICAR el ordinal primero de la sentencia de 20 de noviembre de
2025 proferida por la Subsección B de la Sección Segunda, en cuanto negó el
amparo, en el sentido de DECLARAR IMPROCEDENTE por carecer de relevancia
constitucional.

SEGUNDO: CONFIRMAR en lo demás, la sentencia de 20 de noviembre de 2025
proferida por la Subsección B de la Sección Segunda por carecer de relevancia
constitucional.

TERCERO: NOTIFICAR esta decisión a las partes y demás interesados por el
medio más expedito.

CUARTO: REMITIR a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ

Radicación número: 11001-03-15-000-2025-05502-01
Accionante: Nelly Sofia Suárez Rojas
Accionado: Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A
Referencia: Segunda instancia de acción de tutela

Nota: esta providencia fue suscrita en forma electrónica mediante el aplicativo SAMAI, de manera
que el certificado digital que arroja el sistema permite validar la integridad y autenticidad del presente
documento en el link https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/documentos/evalidador.
Igualmente puede acceder al aplicativo de validación escaneando con su teléfono celular el código
QR que aparece a la derecha.

VF

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