RuleX

Jurisprudencia › Consejo de Estado › Radicado 11001-03-15-000-2025-05513-00

Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2025-05513-00

Fecha
10 de octubre de 2025
Consejero ponente
Adriana Polidura Castillo

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2025-05513-00

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO. DECLARAR IMPROCEDENTE la solicitud de tutela interpuesta por Miriam de Jesús Ramírez García en contra del Tribunal Administrativo de Antioquia y el Juzgado 20 Corte Constitucional, sentencia T-310 del 30 de abril de 2019. 21 Corte Constitucional, sentencia T-384 del 20 de septiembre de 2008. 12 0000 Radicado: 11001-03-15-000-2025-05513-00 Accionante: Miriam de Jesús Ramírez García Treinta y Nueve Administrativo del Circuito de Medellín, por no superar el requisito de relevancia constitucional, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia. SEGUNDO: NOTIFICAR la presente decisión a las partes por el medio más expedito, en atención a lo dispuesto en el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991. TERCERO: REMITIR la presente providencia a la Corte Constitucional para su eventual revisión, en caso de que no sea impugnada.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 11001-03-15-000-2025-05513-00

Consejero ponente: Adriana Polidura Castillo

10 de octubre de 2025

Radicado: 11001-03-15-000-2025-05513-00
Accionante: Miriam de Jesús Ramírez García

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN C

CONSEJERA PONENTE: ADRIANA POLIDURA CASTILLO

Bogotá D.C., diez (10) de octubre de dos mil veinticinco (2025)

Radicación: 11001-03-15-000-2025-05513-00
Accionante: Miriam de Jesús Ramírez García
Accionado: Tribunal Administrativo de Antioquia y otro
Referencia: Acción de tutela

Acción de tutela contra providencia judicial. Requisitos generales de la acción de tutela contra
providencia judicial. Relevancia constitucional. Improcedencia

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

La Sala decide la acción de tutela formulada por Miriam de Jesús Ramírez García en
contra del Tribunal Administrativo de Antioquia y el Juzgado Treinta y Nueve
Administrativo del Circuito de Medellín.

I. ANTECEDENTES

1. Solicitud de tutela

Miriam de Jesús Ramírez García, en nombre propio, promovió acción de tutela1 en
procura de la protección de sus derechos fundamentales al debido proceso, a la
seguridad jurídica y a la tutela efectiva, que consideró vulnerados por el tribunal
Administrativo de Antioquia-Sala Quinta de Decisión, con ocasión al auto del 7 de julio de
2025 que confirmó el proveído dictado el 31 de marzo de 2025 por el Juzgado Treinta y
Nueve Administrativo del Circuito de Medellín, mediante el cual se declaró la caducidad
del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho identificado con el
radicado número 05001-33-33-035-2024-00055-00/01.

2. Hechos

2.1. La señora Miriam de Jesús Ramírez García, a través de apoderado judicial, presentó
demanda en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, en
contra de la Universidad de Antioquia, con el fin obtener la declaratoria de nulidad del
Oficio No. 10410046-0675-2023 expedido el 7 de julio de 2023, por el que se dio
respuesta negativa a su solicitud de reliquidación de salarios y prestaciones.

1 Índice 00002 del aplicativo SAMAI, certificado E3D2B2E03301DDE6 ABFB2F16FCAF9C92 69EDC93108934C19

1363BBBFC9C32A11.

0000
Radicado: 11001-03-15-000-2025-05513-00
Accionante: Miriam de Jesús Ramírez García

2.2. El asunto se identificó bajo el radicado número 05001-33-33-035-2024-00055-00 y
le correspondió por reparto al Juzgado Treinta y Cinco Administrativo del Circuito de
Medellín, autoridad judicial que, a través de auto del 7 de marzo de 2024 inadmitió la
demanda porque: (i) no se adjuntó el poder judicial debidamente constituido para que el
abogado representa a Miriam de Jesús Ramírez García y (ii) no se aportó copia del acto
administrativo cuestionado.

Subsanados los yerros advertidos, el Juzgado Treinta y Cinco Administrativo del Circuito
de Medellín, mediante proveído del 4 de abril de 2024, admitió la demanda y ordenó la
notificación a la entidad accionada.

2.3. Posteriormente, el Consejo Superior de la Judicatura mediante el Acuerdo
CSJANTA24-81 del 5 de abril de 2024, ordenó la redistribución de algunos procesos, por
lo que el asunto fue remitido al Juzgado Treinta y Nueve Administrativo del Circuito de
Medellín, quien, mediante providencia del 13 de junio de 2024 avocó conocimiento y
ordenó efectuar la notificación de la demanda a la Universidad de Antioquia.

2.4. Inconforme con lo anterior, la Universidad de Antioquia interpuso recurso de
reposición, en la medida en que consideró que como las prestaciones reclamadas no
tenían la naturaleza de periódicas, al asunto se le aplicaba el término de cuatro meses
contados a partir de la notificación del acto administrativo demandado, por lo que había
operado la caducidad. Aunado a ello, afirmó que se configuraba una ineptitud de la
demanda por ausencia de proposición completa, dado que no se cuestionaron todos los
actos proferidos en sede administrativa que tenían relación con el asunto.

2.5. El Juzgado treinta y Nueve Administrativo del Circuito de Medellín, con auto del 31
de marzo de 2025, ordenó reponer la providencia impugnada y en su lugar declaró la
caducidad del medio de control. Explicó que la demanda fue presentada por fuera de
término, en la medida en que la notificación del acto censurado se efectuó el 7 de julio de
2023 y como la solicitud de conciliación se presentó el 19 de diciembre siguiente, no logró
suspender el término, por lo tanto, la demanda interpuesta el 22 de febrero de 2024 fue
extemporánea.

En cuanto a la inepta demanda, el juzgado expuso que la accionante no tenía la carga
de cuestionar todos los actos administrativos expedidos con anterioridad por la
Universidad de Antioquia, toda vez que el acto acusado concentraba un periodo concreto
diferente al de las demás solicitudes presentadas mientras existió la relación laboral; por
lo tanto, este reparo no estaba llamado a prosperar.

2.6. Contra la anterior decisión, la parte demandante interpuso recurso de apelación, bajo
el argumento de que la autoridad judicial desconoció que las prestaciones solicitadas
eran de naturaleza periódica y afectaban su mesada pensional, por lo que no podía
considerarse que el medio de control había caducado. Como respaldo a sus reparos,
afirmó que la Corte Constitucional en sentencias C-605 de 203 y T-630 de 2015 expresó
que los derechos pensionales constituían derechos fundamentales que debían ser
garantizados por el Estado y su protección no debía estar limitada por el término de

2

0000
Radicado: 11001-03-15-000-2025-05513-00
Accionante: Miriam de Jesús Ramírez García

caducidad. Sostuvo que en igual sentido, el Consejo de estado en varios
pronunciamientos, había reafirmado este criterio, al manifestar que las pretensiones de
reliquidación de pensiones no caducan.

2.7. El Tribunal Administrativo de Antioquia-Sala Quinta de Decisión, a través de
providencia del 7 de julio de 2025, confirmó la decisión de primera instancia. Para el
efecto, adujo que en el asunto no se debatía una prestación periódica que pueda ser
demandada mediante acción de nulidad y restablecimiento del derecho en cualquier
tiempo, sino una reliquidación salarial y las consecuencias prestacionales que de ella se
derivan, acto administrativo que debió ser cuestionado ante la jurisdicción contenciosa
dentro de los cuatro (4) meses siguientes al día después de su notificación o
comunicación.

3. Pretensiones y argumentos de la solicitud

La parte actora solicitó al juez constitucional amparar sus derechos fundamentales al
debido proceso, a la seguridad jurídica y a la tutela efectiva. En consecuencia, pidió i)
dejar sin efecto los autos del 31 de marzo de 2025 y 7 de julio de mismo año, emitidos
por autoridades judiciales accionadas y, en su lugar, ii) ordenar al Juzgado Treinta y
Nueve Administrativo del Circuito de Medellín que “una vez se le devuelva el expediente,
continúe con el trámite del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho con
radicado 05001333303520240005500, para que se profiera una decisión de fondo que
privilegie el derecho sustancial sobre las formalidades procesales (…)”2.

Adicionalmente, como medidas provisionales solicitó: (i) ordenar al Juzgado Treinta y
Nueve Administrativo del Circuito de Medellín y al Tribunal Administrativo de Antioquia
abstenerse de la continuación del proceso radicado 05001- 33-33-035-2024-00055-
00/01; (ii) suspender los efectos de los autos interlocutorios proferidos el 31 de marzo de
2025 y el 7 de julio de 2025 que declararon la caducidad de la acción y ordenaron el
archivo del expediente; y (iii) de manera consecuencial, ordenar la suspensión de
cualquier otra acción o trámite que se derive de las providencias judiciales mencionadas
y que pueda afectar sus derechos fundamentales.

Como fundamento a sus pretensiones indicó que las decisiones cuestionadas incurrieron
en los defectos sustantivo, fáctico y violación directa de la Constitución.

Sostuvo que se configuró un defecto sustantivo porque las autoridades judiciales
desconocieron la jurisprudencia consolidada de las altas cortes sobre la naturaleza de
las prestaciones periódicas. Afirmó que se aplicó el término de caducidad sin tener en
cuenta la verdadera naturaleza de sus pretensiones, pues la solicitud de reliquidación del
salario y consecuentemente, de su ingreso base de cotización (IBC), estaba
intrínsicamente ligada al derecho pensional, la cual es una prestación de carácter
permanente e imprescriptible. Por lo tanto, esbozó que las decisiones censuradas
emplearon una norma que no correspondía, en la medida en que pasaron por alto que el

2 Ibid.

3

0000
Radicado: 11001-03-15-000-2025-05513-00
Accionante: Miriam de Jesús Ramírez García

origen de la mora de la Universidad de Antioquia era continuo y afectaba directamente
su derecho a la pensión de vejez.

Expuso que la Sección Segunda del Consejo de Estado ha sostenido de forma reiterada
que cuando la controversia versa sobre el monto de la pensión o sobre los factores que
inciden en su liquidación, la acción no caduca, para el efecto citó la sentencia proferida
por esa autoridad el 15 de marzo de 2018 (sin especificar número radicado). De la misma
manera, arguyó que la Corte Constitucional en sentencia T-080 de 2020, “ha sido clara
al reafirmar que la pensión es un derecho imprescriptible, y las acciones judiciales que
buscan su protección no pueden ser negadas bajo el argumento de la caducidad” 3.

En cuando al defecto fáctico manifestó que se realizó una apreciación probatoria
defectuosa y una interpretación errónea de los hechos, pues las autoridades judiciales
no valoraron que su relación laboral se caracterizó por la primacía de la realidad sobre la
formalidad, dado que, aunque se le pagó a medio tiempo, su desempeño fue a tiempo
completo durante más de 14 años. Por lo que indicó que tal hecho debió llevar a los
jueces a la conclusión de que la reliquidación es una obligación de tracto sucesivo y no
una prestación que caduca al momento de la desvinculación.

Por último, afirmó que las decisiones cuestionadas violaron directamente los artículos 29
y 53 de la Constitución Política al aplicar de manera rígida la figura de la caducidad, pues
privilegiaron una formalidad procesal sobre un derecho sustancial. Así entonces, adujo
que se había desconocido el principio de la primacía de la realidad, al ignorar que su
reclamo laboral correspondía a un derecho continuo que se ha visto afectado por la falta
de pago de la universidad. En conclusión adujo que la vulneración de este principio
constitucional, al no reconocer el carácter permanente de la obligación, la dejó en un
estado de indefensión judicial.

4. Trámite de tutela e intervenciones

El Despacho de la magistrada ponente, con auto del 5 de septiembre de 20254 admitió
la acción de tutela; ofició a las autoridades judiciales accionadas para que remitieran el
expediente identificado con el radicado número 05001-33-33-035-2024-0005-00/01;
vinculó como terceros con interés al Juzgado Treinta y Cinco Administrativo del Circuito
de Medellín, a la Universidad de Antioquia, a la Procuradora 108 Judicial I para Asuntos
Administrativos y a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado; negó las medidas
provisionales solicitadas; además, ordenó la notificación a las partes y suspendió los
términos.

Enviadas las notificaciones de rigor, se recibieron los siguientes informes:

3 Ibid.
4Índice 00004 del aplicativo SAMAI, certificado 53719BE83C2C9344 03637125C97B7EB1 9A59E0E64F26C60B
C2670E9C7507E533.
4

0000
Radicado: 11001-03-15-000-2025-05513-00
Accionante: Miriam de Jesús Ramírez García

4.1. El Tribunal Administrativo de Antioquia5 aportó copia digital del expediente
ordinario, sin embargo, no se pronunció respecto de las pretensiones de la acción de
tutela.

4.2. La Universidad de Antioquia6 se opuso al amparo, en la medida en que los
argumentos planteados por la solicitante son semejantes a aquellos que se expusieron
en el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho, tanto al descorrer el traslado del
recurso de reposición, así como al apelar el auto que declaró la caducidad del medio de
control, por lo que afirmó que se pretendía utilizar este mecanismo constitucional como
si se tratara de instancia adicional del proceso ordinario.

Por otra parte, afirmó que no se configuraron los defectos invocados por la accionante,
porque no puede configurarse un defecto fáctico en una providencia en la que no es
plausible valorar pruebas y dado que la norma invocada por la solicitante no era aplicable
al caso.

4.3. La Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado7 solicitó su desvinculación
de la acción constitucional. Explicó que no se evidenciaba que en los hechos en que se
fundamenta el reclamo, existiera alguna acción u omisión atribuible a esa entidad. Al
margen de esto resaltó que su intervención en los procesos judiciales es de carácter
facultativo.

4.4. El Juzgado Treinta y Nueve Administrativo del Circuito de Medellín8 adujo que
estaba sujeto a lo resuelto en la providencia cuestionada. Sin embargo, consideró que no
se configuraron los requisitos de procedencia de la tutela contra providencia judicial, pues
la decisión que rechazó la demanda por haber operado la caducidad se adoptó con
fundamento en los medios de prueba documentales aportados, así como en las normas
establecidas en la Ley 1437 de 2011.

4.5 La Procuradora 108 Judicial I para Asuntos Administrativos, a pesar de haber sido
notificada, guardó silencio.

II. CONSIDERACIONES

1. Competencia

Esta Sala es competente para decidir la presente acción de tutela, de conformidad con lo
establecido en el artículo 86 de la Constitución Política y en el artículo 37 del Decreto
2591 de 1991.

5 Índice 00008 del aplicativo SAMAI, certificado B90C5F8A170AB9EB 1147A8A6E1C4DA40 81778A5759A5696E
B4854D7C721E81C7
6 Índice 00009 del aplicativo SAMAI, certificado 68A4FB66310367C8 3A6205A100B783E5 9D044414C15D088F

F853124F3FEEB001
7 Índice 00010 del aplicativo SAMAI, certificado 19E862A3A04B7CDE 772DAD4B7E261E09 1958D4E935EFBDA7

85107DC2A335B39E
8 Índice 00013 del aplicativo SAMAI, certificado BE28FD5C1B5B52C6 07E388436E1C8EA6 E302B64308ECD096

AC16B15A47BCBDF9
5

0000
Radicado: 11001-03-15-000-2025-05513-00
Accionante: Miriam de Jesús Ramírez García

2. Legitimación en la causa

2.1. La Sala encuentra acreditada la legitimación en la causa por activa, porque Miriam
de Jesús Ramírez García es la titular de las garantías constitucionales que afirma fueron
vulneradas, en su condición de parte demandante dentro del medio de control de nulidad
y restablecimiento del derecho identificado con el radicado número 05001-33-33-035-
2024-00055-00/01.

2.2. También está probada la legitimación en la causa por pasiva porque el Juzgado
Treinta y Nueve Administrativo del Circuito de Medellín y el Tribunal Administrativo de
Antioquia-Sala Quinta de Decisión fueron las autoridades que profirieron las decisiones
que, según la tutelante, vulneraron sus derechos fundamentales.

2.3. Antes de continuar con el análisis de los defectos invocados, la Sala pone de
presente que, aunque la parte actora cuestionó las decisiones proferidas tanto en
primera, como en segunda instancia, circunscribirá su análisis al auto del 7 de julio de
2025 dictado por el Tribunal Administrativo de Antioquia, por cuanto fue la providencia
que puso fin a la actuación.

3. Problema jurídico.

Corresponde a la Sala determinar si en el caso sub judice se encuentran superados los
requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela contra providencia judicial.
En caso afirmativo, se procederá a realizar el estudio de fondo frente a los argumentos
expuestos por la parte accionante.

4. Procedibilidad de la acción.

En los casos en que la solicitud de amparo ataca una providencia judicial, la doctrina
constitucional ha indicado que el juez de tutela debe, en forma preliminar, realizar un
examen de procedibilidad general de la acción, pues solo una vez verificada la
observancia de los requisitos que la determinan, procede el pronunciamiento de fondo
sobre la problemática jurídica que el extremo actor plantea, en función de los defectos
que reprocha a la actuación acusada y conforme a las causales específicas de
procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales.

Es así como, tratándose de acciones de tutela contra providencias judiciales, la Corte
Constitucional a través de la sentencia C-590 de 20059 indicó que estas proceden si se
cumplen ciertos y rigurosos requisitos de procedibilidad, unos de carácter general, que

9 Corte Constitucional, sentencia C-590 de 2005. M.P. Jaime Córdoba Triviño.

6

0000
Radicado: 11001-03-15-000-2025-05513-00
Accionante: Miriam de Jesús Ramírez García

habilitan la interposición de la tutela10 y otros de carácter específico, que tocan con la
procedencia misma del amparo, una vez interpuesto11.
Bajo esta línea jurisprudencial, en este tipo de tutelas, “la función del juez de tutela no es
la de fungir como una instancia adicional del procedimiento judicial que se cuestiona pues
ello desconocería la competencia y finalidad de administración de justicia por parte de los
jueces naturales, así como su autonomía funcional”12.

4.1. Relevancia constitucional.

Dado que la acción de tutela no es una instancia adicional para controvertir las decisiones
judiciales y, por el contrario, es un mecanismo excepcional cuyo objeto exclusivo es la
protección efectiva de los derechos fundamentales, se requiere que el asunto que origina
la solicitud de amparo contra una providencia judicial tenga una clara, marcada e
indiscutible importancia constitucional, lo que impide que el juez constitucional invada la
órbita de competencia del juez natural de la causa, a la vez que garantiza la autonomía
e independencia judicial.

Así, la Corte Constitucional ha resaltado que la relevancia constitucional tiene por
finalidad: “(i) preservar la competencia y la independencia de los jueces de las
jurisdicciones diferentes a la constitucional y, por tanto, evitar que la acción de tutela se
utilice para discutir asuntos de mera legalidad; (ii) restringir el ejercicio de la acción de
tutela a cuestiones de relevancia constitucional que afecten los derechos fundamentales
y, finalmente, (iii) impedir que la acción de tutela se convierta en una instancia o recurso
adicional para controvertir las decisiones de los jueces”13.

En línea con lo anterior, en la SU-215 de 2022 la Corte Constitucional fijó como criterios
para definir el cumplimiento del requisito de relevancia constitucional: i) que el debate en
tutela gire en torno al contenido, alcance y goce de un derecho fundamental; ii) que la

10 De acuerdo con la sentencia C-590 de 2005, la tutela en contra de providencia judicial está sujeta al cumplimiento

de los siguientes requisitos generales de procedibilidad: que el asunto sometido a estudio del juez de tutela tenga
relevancia constitucional; que el actor haya agotado los recursos judiciales ordinarios y extraordinarios antes de acudir
al juez de tutela; que la petición cumpla con el requisito de inmediatez; que en el evento de fundamentarse la solicitud
en una irregularidad procesal, esta tenga incidencia directa en la decisión de fondo que se estima violatoria de los
derechos fundamentales; que se identifiquen en forma razonable los hechos que generan la vulneración de los
derechos y, de ser posible, hayan sido cuestionados al interior del proceso y; que el fallo censurado no sea de tutela
11 Las causales específicas de procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial se concretan en los

defectos o errores en que puede incurrir la decisión cuestionada, de modo que, si en una decisión judicial se presenta
alguna de las causales específicas, podrá ser razón suficiente para el amparo constitucional. A saber: a) Defecto
orgánico, que se presenta cuando el juez carece de competencia; b) defecto procedimental, que ocurre cuando la
autoridad judicial actuó al margen del procedimiento establecido; c) defecto fáctico, esto es, cuando el juez no tuvo en
cuenta el material de prueba obrante en el expediente para proferir decisión; d) defecto material o sustantivo, el que se
origina en el evento en que se decida con fundamento en normas inexistentes o inconstitucionales, en contravía de
ellas, o existe una evidente y grosera contradicción entre los fundamentos y la decisión; e) error inducido, cuando la
autoridad judicial es víctima de engaño por terceros y el mismo lo condujo a tomar una decisión que afecta derechos
fundamentales; f) decisión sin motivación, que implica el incumplimiento de los servidores judiciales de dar cuenta de
los fundamentos fácticos y jurídicos de sus decisiones en el entendido que precisamente en esa motivación reposa la
legitimidad de su órbita funcional; g) desconocimiento del precedente constitucional, cuando la Corte Constitucional
establece el alcance de un derecho fundamental y el juez ordinario aplica una ley limitando sustancialmente dicho
alcance y h) violación directa de la Constitución Política, cuando los jueces desconocen la aplicación de la Ley
Fundamental, conforme al mandato consagrado en el artículo 4º de la Carta Política que antepone de manera
preferente la aplicación de sus postulados.
11 Corte Constitucional, sentencia C-590 de 2005. M.P. Jaime Córdoba Triviño.
12 Corte Constitucional, sentencia T-066 de 2019, que, a su vez reitera la T-336 de 2004.
13 Corte Constitucional, SU 573 de 2019.

7

0000
Radicado: 11001-03-15-000-2025-05513-00
Accionante: Miriam de Jesús Ramírez García

controversia no se limite a asuntos de mera legalidad o económicos; y, iii) que el reparo
formule argumentos suficientes dirigidos a demostrar la configuración de un defecto.

Además, indicó que, si la providencia objeto de reparo fue emitida por una alta corte, el
estudio de procedibilidad debe ser mucho más estricto, lo que implica verificar la
existencia de una actuación claramente arbitraria y violatoria de derechos fundamentales.

De modo que, en las acciones de tutela interpuestas contra las decisiones judiciales, el
análisis de la relevancia constitucional como requisito de procedibilidad implica la
necesidad de establecer: i) que el asunto tenga la entidad para interpretar, aplicar,
desarrollar la Constitución Política o determinar el alcance de un derecho fundamental;
ii) que la controversia no se limite a una discusión meramente legal o de contenido
estrictamente económico con connotaciones particulares o privadas; iii) que se justifique
razonablemente una afectación desproporcionada a derechos fundamentales; y iv) que
se advierta una verdadera vulneración arbitraria o violatoria de derechos fundamentales.
De manera que la intervención del juez constitucional se establezca, exclusivamente,
ante graves defectos constitucionales.

Como corolario de lo expuesto, el cumplimiento del requisito de procedibilidad
relacionado con la relevancia constitucional implica que el asunto en cuestión afecte de
manera directa y significativa los derechos fundamentales consagrados en la
Constitución. Esto permite determinar la procedencia y el alcance de la intervención del
juez constitucional con base en tres aspectos: i) La afectación directa o repercusión en
la vulneración de los derechos fundamentales; ii) el impacto en el interés público, ya que
el asunto debe trascender el interés particular de las partes y generar un efecto más
amplio en la sociedad o en el orden jurídico y, iii) la claridad y fundamentación de la
petición de amparo, con el fin de justificar su importancia.

Respecto de esta última, debe destacarse que quien solicita el amparo debe cumplir con
la carga de exponer las razones por las que el reproche a una providencia que ha hecho
tránsito a cosa juzgada trasciende de la controversia litigiosa propia de la causa ordinaria,
a una cuestión con relevancia constitucional, en términos de los defectos definidos por la
jurisprudencia como únicas causales que habilitan el control constitucional concreto14.

5. Caso concreto

La Sala anuncia que la presente acción de tutela no cumple con el requisito de relevancia
constitucional, por las razones que se exponen a continuación:

5.1. La parte actora cuestiona, en esencia, que la decisión proferida por el Tribunal
Administrativo de Antioquia incurrió en: (i) defecto sustantivo porque desconoció la
jurisprudencia de las altas cortes sobre la naturaleza de las prestaciones periódicas y
aplicó una norma sobre la vigencia del medio de control que no correspondía; (ii) defecto
fáctico en la medida en que se realizó una valoración probatoria defectuosa y no se tuvo
en cuenta que su relación laboral se caracterizó por la primacía de la realidad sobre la

14 Cfr. sentencia C-590 de 2005.

8

0000
Radicado: 11001-03-15-000-2025-05513-00
Accionante: Miriam de Jesús Ramírez García

formalidad; y (iii) violación directa de la Constitución dado que se vulneraron los artículos
29 y 53 de la C.P.

5.2. Ahora bien, del análisis de los aspectos abordados por el Tribunal Administrativo de
Antioquia, en el auto del 7 de julio de 2025, que puso fin a la actuación, se advierte que
la autoridad judicial arribó a las siguientes conclusiones:

“En atención al argumento esbozado por el recurrente, resulta importante precisar
que, en criterio de esta Sala de Decisión y de conformidad con las interpretaciones
fijadas por la Sección Segunda del Consejo de Estado, el Oficio Nro. 10410046-0675-
2023 expedido el 07 de julio de 2023 -por el que se dio respuesta negativa a la
solicitud presentada por la demandante para la reliquidación de salarios y
prestaciones- no tiene un carácter pensional, pues, más allá del fundamento dado por
el Juzgado a quo, consistente en que la parte demandante haya solicitado o no la
reliquidación del ingreso base de cotización en la petición elevada ante la
UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA, se tiene que la pretensión principal en el presente
caso -anunciada tanto en la demanda como la solicitud interpuesta ante la entidad-
es la reliquidación de los salarios y las prestaciones sociales a los que tiene derecho
la demandante, en razón a que, a su juicio, le asiste el reconocimiento de una
condición más favorable por la no solución de continuidad en el cargo ejercido.

Así las cosas, sin ser trascendente que ello haya sido solicitado o no por la parte
actora en la petición -dado que procede de manera automática, pues, el ingreso base
de cotización (IBC) se calcula sobre el valor del salario mensual del trabajador y si
este se reliquida entonces el IBC también-, se advierte que lo pretendido respecto al
IBC es algo consecuencial que no tiene la virtualidad de modificar lo pretendido a una
prestación periódica a la cual le aplique el término de caducidad contemplado en el
artículo 164.1 literal c), máxime cuando el vínculo legal y reglamentario existente entre
la señora MIRIAM DE JESÚS RAMÍREZ GARCÍA y la UNIVERSIDAD DE
ANTIOQUIA terminó desde el 07 de abril del 2022 con la expedición de la Resolución
Rectoral Nro. 48847 -por medio de la cual se da cumplimiento a la obligación legal de
desvinculación del servidor público por cumplimiento de la edad de retiro forzoso-,
obrante a partir de la página 20 del folio 017 del expediente digital; situación que
implica -según la jurisprudencia del Consejo de Estado- que las denominadas
prestaciones periódicas dejan de serlo una vez finalice el vínculo laboral”15.

Bajo este contexto, el tribunal esbozó que en el asuntó no se debatía una prestación
periódica que pudiera ser demandada mediante el medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho en cualquier tiempo, sino una reliquidación salarial y las
consecuencias prestacionales que se derivan de ella. Por lo tanto, consideró que el acto
administrativo debió ser cuestionado dentro de los cuatro meses siguientes a su
notificación.

La autoridad judicial puso de presente que el Oficio No. 10410046-0675-2023 se notificó
el 7 de julio de 2023 por lo que el término de los cuatro meses con el que contaba la
accionante para presentar la demanda feneció el 8 de noviembre siguiente, no obstante
hasta el 19 de noviembre de 2023, se presentó la solicitud de conciliación ante la
Procuraduría 108 Judicial I para Asuntos Administrativos de Medellín, sin que esta tuviera
la vocación de suspender la vigencia del medio de control, de suerte que la demanda
radicada el 14 de febrero de 2024 fue extemporánea y se configuró la caducidad.

15 Índice 00002 del aplicativo SAMAI, certificado E3D2B2E03301DDE6 ABFB2F16FCAF9C92 69EDC93108934C19

1363BBBFC9C32A11.
9

0000
Radicado: 11001-03-15-000-2025-05513-00
Accionante: Miriam de Jesús Ramírez García

Para fundamentar su decisión, el Tribunal Administrativo de Antioquia expuso un marco
normativo y jurisprudencial respecto de la vigencia del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho y manifestó que el Consejo de Estado ha sostenido que las
prestaciones periódicas se refieren a “(…) aquellos pagos que habitual y periódicamente
percibe el trabajador, originados en una relación laboral o con ocasión de ella” 16, por
tanto, el carácter de periodicidad de una prestación depende de si aquella está sujeta a
un término indefinido, es decir, si el derecho subsiste durante toda la vida de su titular,
pues, solo en estos escenarios es que tiene sentido que el legislador dispusiera que los
actos administrativos que resuelven cuestiones sobre prestaciones sujetas a un término
indefinido, pudieran ser demandados en cualquier tiempo.

Así entonces, denotó que en varias oportunidades el Consejo de Estado había reiterado
que una vez finalice el vínculo laboral, las prestaciones periódicas pierden dicho carácter,
excepto, aquellos derechos de la prestación pensional o una sustitución de la misma
naturaleza, por lo que, para los escenarios en los que se solicitan reconocimientos
periódicos, aplica el término de caducidad regulado en el numeral 2, literal d del artículo
164 de la Ley 1437 de 2011, el cual establece que un término de cuatro meses contados
a partir de la comunicación, notificación, ejecución o publicación del acto administrativo.

5.3. Pues bien, los elementos señalados en precedencia le permiten a la Sala inferir, con
claridad, que el debate planteado en este caso fue adecuadamente examinado por el
juez competente. Asimismo, no se aprecia que la decisión haya sido dictada de forma
arbitraria, sin respaldo o análisis de los hechos y fundamentos normativos, ni que se
hayan trasgredido los derechos fundamentales de la parte actora durante el desarrollo
del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho.

Al punto, es pertinente recordar que, en relación con la carga argumentativa y explicativa
que se encuentra en cabeza de quien acude a solicitar la protección a través del amparo,
la jurisprudencia de la Corte Constitucional ha precisado de manera clara que no basta
la simple mención de la vulneración de los derechos al debido proceso y de acceso a la
administración de justicia, sino que, para entender como acreditado el requisito general
de procedencia de relevancia constitucional, se requiere demostrar: i) su existencia; ii)
su carácter desproporcionado; y iii) su carácter arbitrario. Así, quien acude a la tutela
debe aportar elementos suficientes que permitan al juez constitucional advertir tal
vulneración17.

5.4. A partir de lo anterior, para la Sala es claro que la parte actora pretende imponer su
interpretación sobre las consideraciones expuestas por la autoridad enjuiciada, así como
reiterar su discrepancia frente a la decisión adoptada y continuar con el debate surtido en
el trámite del proceso primigenio. Lo anterior cobra mayor relevancia si se tiene en cuenta
que esta judicatura pone de presente que se plantearon motivos similares de
inconformidad en el recurso de apelación incoado en el trámite ordinario.

Bajo estas condiciones, la Subsección estima que la acción de tutela formulada está

16 Consejo de Estado, Sección Segunda, auto del 18 de febrero de 2020, Exp. 25000-23-42-000-2014-03046-01.
17 Corte Constitucional, sentencia SU-215 de 2022.

10

0000
Radicado: 11001-03-15-000-2025-05513-00
Accionante: Miriam de Jesús Ramírez García

encaminada a continuar con el debate surtido en el trámite de segunda instancia, toda
vez que reitera argumentos de índole legal y probatorio desarrollados en el marco de
esta, sin esbozar las razones concretas por las cuales el derecho fundamental invocado
fue vulnerado con la providencia atacada, lo que escapa de la órbita del juez
constitucional, toda vez que la decisión censurada se sustenta en el principio de
autonomía judicial.

5.5. En cuanto al cargo por desconocimiento del precedente judicial citado en la solicitud
de amparo presentada, que consiste en la omisión de la aplicación al caso concreto del
contenido de la sentencia de 15 de marzo de 2018 proferida por la Sección Segunda de
esta corporación (sin especificar número radicado), la Sala precisa que el precedente18
se constituye en un pilar del Estado de Derecho, pues busca asegurar la coherencia en la
aplicación del ordenamiento jurídico, a través de las decisiones judiciales que sean
razonablemente previsibles. Por su alcance, se constituye en una herramienta de
protección de los principios a la confianza legítima y a la buena fe al momento de resolver
un caso sometido a su jurisdicción.

Adicionalmente, su origen radica en la autoridad judicial que lo crea, por lo que existen dos
clases de precedente a saber: el horizontal y el vertical. El primero, comprende “aquellas
sentencias fijadas por autoridades de la misma jerarquía o el mismo operador judicial”;
mientras que el segundo, “se relaciona con los lineamientos sentados por las instancias
superiores encargadas de unificar jurisprudencia dentro de la respectiva jurisdicción o a
nivel constitucional. Así, para la mayoría de los asuntos, el precedente vertical que deben
seguir los funcionarios judiciales es determinado por la Corte Suprema de Justicia o por
el Consejo de Estado, como órganos de cierre dentro de su respectiva jurisdicción. En los
casos en los que no son susceptibles de ser revisados por las autoridades mencionadas,
son los tribunales los encargados de establecer criterios hermenéuticos para los
operadores judiciales inferiores”19.

Según lo expuesto, se observa que, a pesar de que la parte actora indica que se trata de
un pronunciamiento judicial de la Sección Segunda del Consejo de Estado, lo cierto es
que no identificó el número radicado de la sentencia invocada, lo que hace imposible que
la individualización de la providencia y que se pueda concluir que este constituye
precedente con fuerza vinculante y obligatoria.

Sumado a lo anterior, esta judicatura denota que la accionante tampoco desarrolló un
análisis metodológico y comparativo que permitiera establecer la identidad jurídica entre
el fallo y la decisión cuestionada, así como la inaplicación de alguna regla de unificación
y la decisión aquí cuestionada.

El respeto al precedente exige no solo la referencia a decisiones previas, sino también la
exposición clara y estructurada de los puntos de coincidencia entre los casos analizados,
con el fin de demostrar que el fallo objeto de censura se apartó injustificadamente de la
jurisprudencia aplicable. En este caso, la falta de un estudio detallado de los elementos

18 Corte Constitucional, sentencia SU-113 de 2018.
19 Ibidem.

11

0000
Radicado: 11001-03-15-000-2025-05513-00
Accionante: Miriam de Jesús Ramírez García

de similitud impidió verificar si existía o no una contradicción con el precedente alegado.
Por lo anterior, no se advirtió una carga argumentativa suficiente que sustentara el cargo
formulado, lo que imposibilita su análisis de fondo en la presente decisión.

Aunado a lo esbozado, se advierte que la solicitante de amparo no tuvo en cuenta que la
autoridad judicial cuestionada citó la jurisprudencia en su decisión y no presentó reparo
alguno sobre la manera en que la interpretó, situación que hace que el cargo carezca de
relevancia constitucional en la medida en que no es del resorte del juez de tutela
inmiscuirse en asuntos que atañen a la autonomía del juez del proceso ordinario, porque
esto invadiría su órbita y propendería al mal uso de esta acción constitucional.

Por otra parte, si bien la accionante no invocó como tal un cargo por desconocimiento del
precedente constitucional, esta judicatura observa que citó dos sentencias de la Corte
Constitucional para fundamentar sus argumentos de amparo, sin embargo tampoco
desarrolló un análisis metodológico y comparativo que permitiera establecer que la
autoridad judicial desconoció la jurisprudencia, pues sus argumentos se limitaron a
reproducir apartes de las decisiones, sin que exista el menor esfuerzo en demostrar la
vulneración de una garantía fundamental.

5.6. Es preciso recordar que la acción de tutela fue concebida con un carácter
excepcional, para evitar la amenaza o vulneración de un derecho constitucional
fundamental y entre sus características se cuentan su naturaleza residual y subsidiaria,
por lo que su procedencia está limitada a determinar la vulneración de los derechos
fundamentales invocados por la parte accionante respecto de una posible agresión
proveniente de una autoridad judicial a partir de una decisión proferida por esta, sin que
ello implique, como lo pretende la parte tutelante, un nuevo estudio del caso como si fuera
una instancia adicional a lo ya surtido.

En ese orden, el juicio que efectúa el juez en sede de tutela es de validez y no de
corrección de la decisión cuestionada20, lo que se opone a que use indebidamente como
una nueva instancia para la discusión de los asuntos de índole probatoria o de
interpretación del derecho, que fueron resueltos en el curso del proceso ordinario21.

En consecuencia, la Sala concluye que la acción de tutela no cumple con el requisito de
relevancia constitucional, por lo que procederá a declarar su improcedencia.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado en Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Tercera, Subsección C, administrando justicia en nombre de la República y por
autoridad de la ley,

FALLA

PRIMERO. DECLARAR IMPROCEDENTE la solicitud de tutela interpuesta por Miriam
de Jesús Ramírez García en contra del Tribunal Administrativo de Antioquia y el Juzgado

20 Corte Constitucional, sentencia T-310 del 30 de abril de 2019.
21 Corte Constitucional, sentencia T-384 del 20 de septiembre de 2008.

12

0000
Radicado: 11001-03-15-000-2025-05513-00
Accionante: Miriam de Jesús Ramírez García

Treinta y Nueve Administrativo del Circuito de Medellín, por no superar el requisito de
relevancia constitucional, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta
providencia.

SEGUNDO: NOTIFICAR la presente decisión a las partes por el medio más expedito, en
atención a lo dispuesto en el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.

TERCERO: REMITIR la presente providencia a la Corte Constitucional para su eventual
revisión, en caso de que no sea impugnada.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
WILLIAM BARRERA MUÑOZ
Presidente de la Sala
Ausente con excusa

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
ADRIANA POLIDURA CASTILLO NICOLÁS YEPES CORRALES
Magistrada Magistrado

SABF

13

Sigue leyendo

Lee la providencia completa en RuleX

RuleX es la IA para el trabajo legal: inteligencia artificial y software jurídico, todo en una sola plataforma. Crea tu cuenta y RuleX abre esta providencia completa, te explica sus reglas y la lleva a tu escrito con la cita puesta. Siete días de prueba sin tarjeta.