Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 11001-03-15-000-2025-05532-01
Consejo de Estado · Sección Quinta
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Consejo de Estado · Sección Quinta
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 11001-03-15-000-2025-05532-01
Consejo de Estado · Sección Quinta
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Quinta
Radicado 11001-03-15-000-2025-05532-01
Consejero ponente: Myriam Stella Gutierrez Arguello
10 de diciembre de 2025
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA
MAGISTRADA PONENTE: MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO
Bogotá D.C., diez (10) de diciembre de dos mil veinticinco (2025)
Referencia Acción de tutela
Radicación 11001-03-15-000-2025-05532-01
Demandante RAMA JUDICIAL, DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL DE
ADMINISTRACION JUDICIAL DE SANTA MARTA
Demandado TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL MAGDALENA Y OTRO
Temas Acción de tutela contra providencia judicial. Defectos sustantivo y por
desconocimiento del precedente. Proceso ejecutivo, modificación de
liquidación del crédito. Solicitud de control de legalidad. Requisitos de
procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial: la
subsidiariedad.
SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA
La Sala decide la impugnación interpuesta por la Rama Judicial, Dirección Ejecutiva
Seccional de Administración Judicial de Santa Marta y por la Dirección Ejecutiva de
Administración Judicial contra el fallo de tutela del 2 de octubre de 2025, proferido
por Consejo de Estado, Sección Quinta en el que se dispuso lo siguiente:
«SEGUNDO: Declárase improcedente la acción de tutela presentada por la Rama Judicial,
Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Santa Marta, por las razones
expuestas en la parte motiva de esta providencia».
ANTECEDENTES
1. Pretensiones
El 3 de septiembre de 20251, la Rama Judicial, Dirección Ejecutiva Seccional de
Administración Judicial de Santa Marta interpuso acción de tutela contra el Tribunal
Administrativo del Magdalena y el Juzgado Sexto Administrativo de Santa Marta,
por considerar vulnerados sus derechos fundamentales al debido proceso y de
acceso a la administración de justicia con ocasión de la providencia del 19 de mayo
de 2025 por la que se negó la solicitud de control de legalidad solicitada por la parte
actora en el proceso ejecutivo 47001-33-33-006-2019-00170-00.
En consecuencia, formuló las siguientes pretensiones:
«PRIMERA: Se acceda al amparo de los derechos constitucionales fundamentales al debido
proceso y acceso a la administración de justicia de mi representada.
SEGUNDA: En consecuencia, se ordene al Juzgado Sexto Administrativo del Circuito de
Santa Marta tener en cuenta la solicitud de control de legalidad y las objeciones a la
liquidación, ordenándose (i) la revisión de la liquidación efectuada por parte del contador del
Tribunal Administrativo del Magdalena, para que se incluyan los pagos realizados al
demandante Carlos Milton Fonseca por parte de la Dirección Ejecutiva de Administración
Judicial, y, consecuentemente, (ii) establecer si se realizó el pago hasta el tope máximo
establecido del 80% sobre lo devengado por los magistrados de las altas Cortes, en cuyo caso
se ajuste la liquidación a éste».
2. Hechos
En el expediente, se advierten como hechos relevantes los siguientes:
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Escrito de tutela radicado a través del correo de tutelas en línea.
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Demandante: Rama Judicial, Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial
de Santa Marta
En relación con el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
(expediente 47001-23-31-004-2013-00021-00/01)
2.1. El señor Carlos Milton Fonseca Lidueña en ejercicio del medio de control de
nulidad y restablecimiento del derecho presentó demanda contra la Rama
Judicial, Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Santa
Marta con el fin de que se inaplicara por inconstitucional las normas que
determinaran que la prima especial de servicio percibida por los magistrados
de tribunal no tenía carácter salarial y, en ese orden de ideas, pidió la
declaratoria de nulidad de los actos administrativos por los que se negó la
reliquidación de las prestaciones sociales teniendo en cuenta como factor
salarial el 30% de la remuneración que percibía con ocasión de su desempeño
de juez y magistrado.
A título de restablecimiento del derecho pidió le fueran reconocidas y pagadas
las sumas que resultaran como diferencia de la reliquidación de todas las
prestaciones legales causadas como juez y luego como magistrado, con la
inclusión del 30% del salario básico mensual.
2.2. En primera instancia conoció un conjuez designado por el Tribunal
Administrativo del Magdalena como juez ad hoc (expediente 47001-33-33-006-
2019-00170-00) que en sentencia del 1º de junio de 2015 accedió a las
pretensiones de la demanda.
Consideró que el 30% de la asignación básica que era percibida por los
funcionarios de la Rama Judicial debía ser considerada como prima especial
y que en su momento se entendió que no tenía carácter salarial por lo que
fueron demandadas y declaradas nulas las normas que así lo indicaban.
Siguiendo esa línea, sostuvo que la declaratoria de nulidad de las normas
proferidas entre los años 1993 y 2007 que señalaban el 30% de la asignación
básica mensual entendida sin carácter salarial, imponía la inaplicación por
inconstitucional de las normas que así lo disponían en el caso del actor.
Concluyó que el 30% de los ingresos percibidos por el actor como prima
especial desde el año 2006 en adelante con ocasión de su desempeño como
magistrado de la Sala Penal del Tribunal Superior de Santa Marta sí debía ser
tenido en cuenta como factor salarial para efectos del cálculo prestacional.
2.3. La decisión fue apelada por la parte demandada ante el Tribunal Administrativo
del Magdalena, Sala de Conjueces que, en sentencia del 19 de abril de 2017
(notificada por edicto fijado el 23 de mayo de 2017) confirmó la decisión del
juzgado.
Señaló que la prima especial de servicios contemplada en el Decreto 618 de
2007 tenía un innegable carácter salarial y por tanto era factor computable en
las respectivas prestaciones percibidas por el actor.
Citó varios pronunciamientos en los que de manera unánime se accedía a las
pretensiones de demandas con identidad fáctica a la del actor, razón por la
que ordenó la reliquidación de las prestaciones sociales del actor con la
inclusión de la prima especial de servicios del 30%.
Actuaciones llevadas a cabo en el proceso ejecutivo identificado con el expediente
nro. 47001-33-33-006-2019-00170-00
2.4. El señor Carlos Milton Fonseca Lidueña presentó demanda ejecutiva en contra
de la Nación, Rama Judicial, Dirección Ejecutiva de Administración Judicial
con el propósito de que se ordenara librar mandamiento de pago en contra de
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dicha entidad y cuyo título fue la sentencia del 19 de abril de 2017 proferida
por el Tribunal Administrativo del Magdalena.
2.5. Conoció en primera instancia el Juzgado Sexto Administrativo de Santa Marta
que por auto del 27 de junio de 2019 ordenó librar mandamiento de pago en
contra de la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial.
2.6. Por auto del 22 de julio de 2019 se decretó el embargo y retención de los
dineros de propiedad de la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial que
se desembargaran o del remanente que pudiera quedar dentro del proceso
ejecutivo (expediente 47001-001-33-33-003-2018-00389-00/01) adelantado
por el señor Manuel Caleb ante el Juzgado Tercero Administrativo de Santa
Marta.
2.7. Contra la anterior decisión la parte ejecutada presentó recurso de apelación
concedido por el juzgado mediante auto del 9 de septiembre de 2019.
Por auto del 14 de noviembre de 2019 el juzgado ordenó decretar el embargo
y retención de los dineros que la Rama Judicial, Dirección Ejecutiva de
Administración Judicial tuviera depositados en cuenta del Banco Popular por
valor de $280.656.666, previa certificación del gerente de la entidad financiera
en relación con el origen de los recursos a efectos de determinar si
eventualmente se estableciera la inembargabilidad de estos.
2.8. Contra la anterior decisión la parte ejecutada interpuso recurso de apelación
concedido por el juzgado mediante auto del 13 de febrero de 2020.
2.9. El juzgado en sentencia del 26 de mayo de 2021 proferida en audiencia declaró
no probadas las excepciones propuestas, dispuso seguir adelante con la
ejecución y practicar la liquidación del crédito por cualquiera de las partes.
2.10. Estos dos recursos de apelación fueron resueltos de manera conjunta por el
Tribunal Administrativo del Magdalena mediante providencia del 24 de
noviembre de 2021 por la que confirmó las decisiones del juzgado.
2.11. La parte ejecutante presentó solicitud de decreto de medidas cautelares en
relación con unas cuentas de la Rama Judicial, Dirección Ejecutiva de
Administración Judicial, lo que se resolvió por parte del juzgado en providencia
del 7 de diciembre de 2022 en el sentido de decretar la medida en relación con
las cuentas bancarias de unos de los bancos, que tuvieran sede en la ciudad
de Santa Marta y con la advertencia de que no procedería en caso de que los
recursos fueran inembargables.
2.12. Contra la anterior decisión la parte ejecutada presentó recurso de apelación,
concedido por el juzgado mediante auto del 30 de enero de 2023.
El Tribunal Administrativo del Magdalena en providencia del 19 de julio de 2023
confirmó la decisión del juzgado.
2.13. En providencia del 27 de febrero de 2023 se analizó la liquidación del crédito
presentada por la parte ejecutante y se modificó quedando establecida la
liquidación definitiva.
2.14. Con ocasión de solicitud presentada por la parte ejecutante, el juzgado por
auto del 27 de marzo de 2023 decretó el embargo de los remanentes o bienes
desembargados al interior del proceso ejecutivo 47001-33-33-001-2012-
00274-00 tramitado ante el Juzgado Primero Administrativo de Santa Marta
por el señor Jairo Arturo Saade contra la Dirección Ejecutiva de Administración
Judicial.
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2.15. Por auto del 8 de julio de 2024 se dispuso por el juzgado de conocimiento
modificar la liquidación del crédito dispuesta en el auto del 27 de febrero de
2023 y en consecuencia fueron ajustados los valores respectivos.
2.16. La parte ejecutada presentó solicitud de control de legalidad a lo actuado,
especialmente al auto del 8 de julio de 2024 por el que se reliquidó el crédito
ya que a juicio de la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial
de Santa Marta, se desconocían los topes salariales dispuestos por el
ordenamiento jurídico para magistrado de tribunal.
2.17. En providencia del 19 de mayo de 2025 (fijado por estado el 20 de mayo de 2025)
el juzgado negó la solicitud de control de legalidad presentada por la parte
ejecutada.
Consideró que en estricto sentido el cumplimiento del fallo que era el título
ejecutivo consistía en determinar que la prima especial del 30% sobre el salario
básico como base para la liquidación de las prestaciones sociales del
ejecutante a partir del 1º de agosto de 2019 no se había llevado a cabo y que,
una vez reliquidado el crédito inicialmente hasta la fecha de pago de la
sentencia mediante la resolución 4262 del 1º de marzo de 2024 era posible
advertir que los rubros liquidados para las prestaciones sociales y las
cesantías y los intereses de las cesantías no cubrían la totalidad del crédito.
En ese sentido, manifestó que las actuaciones que habían sido desplegadas
por el despacho perseguían el cumplimiento de una orden judicial ejecutoriada
que era el objeto del proceso ejecutivo y que no se apartaban de la legalidad,
además, que el mismo no era el escenario para revivir debates que debieron
plantearse en el proceso ordinario tales como lo manifestado por la entidad
ejecutada en el que pretendía alegar que la prima espacial del artículo 14 de
la Ley 4ª de 1992 no constituía factor salarial.
Aclaró que la orden del juez ordinario fue inaplicar las normas que no daban
carácter salarial a la prima especial del 30% y su inclusión para la liquidación
de las prestaciones sociales devengadas por el actor sin que se superara el
límite salarial anual de los magistrados de tribunal del 80% de lo que por todo
concepto devengaran los magistrados de las altas cortes como lo señalaba la
parte ejecutada.
En ese sentido, dijo que para que se entendiera cumplida la orden judicial
debía incluirse la prima especial del 30% en la liquidación de las prestaciones
sin que fuera objeto de discusión si dicha inclusión podía o no superar el citado
tope salarial ya que eso escapaba a la órbita del proceso ejecutivo.
3. Fundamentos de la acción
La parte actora consideró que la decisión adoptada el 19 de mayo de 2025 por el
Juzgado Sexto Administrativo de Santa Marta al negar el control de legalidad
solicitado al interior del proceso ejecutivo, incurrió en los defectos sustantivo y por
desconocimiento del precedente. Las razones expuestas fueron las siguientes:
Explicó la naturaleza de la bonificación por compensación en los términos previstos
en los Decretos 610 y 1239 de 1998 como una prestación económica de carácter
permanente a la que tienen derecho los magistrados de tribunal y el resto de los
cargos homólogos.
Anotó que si bien es cierto en artículo 1° del Decreto 610 de 1998 solo se mencionó
una Bonificación por Compensación con carácter permanente que sumada a la
prima especial de servicios y a los demás ingresos laborales actuales igualara al
60% de lo que por todo concepto perciben los magistrados de las altas cortes, la
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norma debía mirarse integralmente de tal manera que se entendiera que el ajuste
igualaba el 70% para el año 2000 y el 80% para los años subsiguientes.
Dijo que no podía entenderse entonces, que por independiente que fuera la prima
especial pudiera aplicarse de manera que superara el tope máximo fijado por un
ordenamiento posterior y de mayor beneficio para los destinatarios de los beneficios
salariales previstos en las dos prerrogativas mencionadas.
Precisó que aun tratándose de un proceso ejecutivo para el cumplimiento de una
sentencia judicial, el funcionario debía velar porque no se desconociera el
ordenamiento jurídico y la ejecución se ajustara a la Constitución y la ley por lo que
se hizo la solicitud al juzgado a efectos de que la liquidación del crédito se ajustara
a los limites definidos legal y jurisprudencialmente y que no se trataba de
desconocer las decisiones judiciales ejecutoriadas base de la ejecución sino de
ajustar la liquidación del crédito a los limites indicados.
Consideró que si bien las actuaciones desplegadas por el despacho accionado
perseguían el cumplimiento de una orden judicial ejecutoriada que era el objeto del
proceso ejecutivo, no se apartaban de la legalidad.
Dijo que el juzgado se apartaba de la regla del precedente contenido en la sentencia
de unificación del Consejo de Estado del 2 de septiembre de 2019 SUJ-016-CE-S2-
2019, por cuanto la regla de unificación había sido posterior a las sentencias bases
de ejecución de modo que no le era aplicable a las situaciones consolidadas y
ejecutoriadas sino solamente a los procesos ordinarios presentados con
anterioridad y en su criterio, el juzgado no hizo una suficiente línea argumentativa
de las razones por las cuales no era aplicable al caso concreto y las razones por las
cuales era posible que en sede de ejecución se fuera contra legem y se recibiera
anualmente más de lo que legalmente el ejecutante podía recibir como funcionario
de la Rama Judicial.
4. Trámite impartido e intervenciones
4.1. Inicialmente correspondió conocer del asunto al Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección C, autoridad judicial que por
auto del 3 de septiembre de 2025 dispuso la remisión por competencia al
Consejo de Estado.
4.2. Asignada la demanda de tutela a esta corporación, por auto del 9 de
septiembre de 2025 el despacho ponente de primera instancia admitió la
acción de tutela, ordenó notificar a la parte actora y a las accionadas, esto es,
al Tribunal Administrativo del Magdalena y al Juzgado Sexto Administrativo de
Santa Marta; además ordenó vincular como terceros con interés a la Directora
Ejecutiva de Administración Judicial; al contador del Tribunal Administrativo
del Magdalena y al señor Carlos Milton Fonseca Lidueña (parte ejecutante).
4.3. El Tribunal Administrativo del Magdalena, presentó escrito de oposición en
el que luego de hacer un recuento de las actuaciones llevadas a cabo al interior
del proceso ejecutivo en el que resolvió los recursos de apelación presentados
en su momento en relación con providencias que resolvieron sobre las
medidas cautelares, señaló que, teniendo en cuenta lo pretendido por la parte
actora, no se vislumbraba vulneración a sus derechos fundamentales ya que
el Tribunal no había llevado a cabo ninguna actuación que pudiera ser
censurada.
Aclaró que en segunda instancia no ha conocido lo relacionado con la
liquidación del crédito a la que aludía la parte accionante y que pese a que
señalaba en la segunda pretensión que la liquidación fue efectuada por parte
del Profesional Universitario Grado 17 con perfil financiero y contable de esa
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corporación, de lo obrante en el expediente se desprendía que dichas
afirmaciones eran inexactas.
4.4. El Juzgado Sexto Administrativo de Santa Marta, presentó informe en el
que expuso el trámite dado al proceso ejecutivo y concretamente a la solicitud
de control de legalidad que fue planteada por la parte actora en el proceso.
Advirtió que la tutela no podía ser entendida como una etapa adicional al
proceso ejecutivo que se tramitaba y que, teniendo presente que la entidad
presentó solicitud de control de legalidad en relación con lo resuelto en
providencia del 8 de julio de 2024 por la que se modificó la liquidación del
crédito, lo procedente era haber agotado los recursos ordinarios procedentes,
concretamente el recurso de apelación por lo que no se cumplía con el
requisito de la subsidiariedad.
Dijo que no era cierto lo manifestado por la parte actora al decir que el juzgado
no se pronunció de la solicitud de control de legalidad pues que sí hubo
pronunciamiento desfavorable a la parte ejecutada y que cosa distinta es que
la parte accionante considere que atender su solicitud implica acceder a lo
pedido.
Indicó que la parte actora acudió a presentar la mencionada solicitud al ver
que había precluido el término de ejecutoria en el que podía presentar los
recursos ordinarios y por tanto optó por hacer la solicitud utilizando la figura
del control de legalidad y a la que se dio respuesta no como un recurso más
sino en garantía al derecho al debido proceso y al derecho de audiencia.
Que en gracia de discusión, si se llegara a entender que la tutela era
procedente, no estaban configurados los defectos sustantivo y por
desconocimiento del precedente anunciados por la parte actora en la tutela;
adicionalmente precisó que lo realmente pretendido por la entidad tutelante
era revivir un debate propio del proceso ordinario insistiendo en que la prima
especial contemplada en el artículo 14 de la Ley 4 de 1992 no era factor
salarial.
4.5. La Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, presentó escrito en el
que manifestó que coadyuvaba la acción de tutela presentada por la parte
tutelante.
Consideró que el argumento del juzgado en torno a que lo pretendido era
reabrir la discusión ya culminada en el proceso ordinario no era un fundamento
suficiente ya que era deber del juez garantizar la legalidad al interior del
respectivo proceso así en este caso fuera de ejecución y que, lo realmente
pretendido era garantizar una justa y razonable liquidación del crédito con
fundamento en los estándares constitucionales y legales exigibles que
establecían claramente un límite del 80% en el monto de los dineros
reconocidos en la vía ejecutiva para los magistrados de los tribunales.
En ese orden de ideas consideró que debía accederse a las pretensiones de
la demanda de tutela con el propósito de que el juez de la ejecución del crédito
mediante un control de legalidad y teniendo en cuenta las objeciones
presentadas por la entidad demandante, determinara con certeza y
proporcionalidad el límite máximo a liquidar y pagar a favor del accionante
producto de las sentencias que se pretenden ejecutar conforme lo previsto en
el Decreto 610 de 1998 y la jurisprudencia unificadora.
4.6. El señor Carlos Milton Fonseca Lidueña, presentó escrito en el que
manifestó que la liquidación efectuada inicialmente por la Rama Judicial se
realizó de manera incorrecta ya que las prestaciones sociales no le fueron
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liquidadas teniendo en cuenta la prima especial correspondiente al 30% de la
asignación mensual, contrariando abiertamente la orden judicial dada en las
sentencias del 1 de junio de 2015 proferida por el Juzgado y confirmada en
segunda instancia el 19 de abril de 2017 por la Sala de Conjueces del Tribunal
Administrativo del Magdalena, los cuales constituyen el título ejecutivo del
asunto que cursa ante el Juzgado Sexto Administrativo de Santa Marta.
Sostuvo que se remitió el caso al contador en su momento para que verificara
si se estaba dando estricto cumplimiento a lo resuelto en la sentencia base de
ejecución, lo que no ocurrió y por lo que se dispuso la respectiva modificación
del crédito.
En alcance posterior al primer informe presentado, manifestó que las
decisiones habían hecho tránsito a cosa juzgada y que no era posible
mencionar un precedente jurisprudencial cuando el caso estaba resuelto con
antelación por el juez ordinario y que lo pretendido por el juez de la ejecución
era que se garantizara el pago de los valores ordenados y que eran base de
la ejecución, debidamente actualizados.
4.7. El Contador del Tribunal Administrativo del Magdalena, no se pronunció en
esta oportunidad.
6. Providencia impugnada
El Consejo de Estado, Sección Quinta, en sentencia del 2 de octubre de 2025
declaró improcedente la acción de tutela2.
Consideró que la parte actora hizo una serie de cuestionamientos generales
respecto del proceso ordinario pero que no cumplió con la carga argumentativa
necesaria al no exponer algún reproche constitucional frente al trámite ejecutivo
para el cumplimiento de la decisión emitida en el proceso ordinario.
Dijo que tampoco había una carga argumentativa con respecto a alguna decisión
del Tribunal Administrativo del Magdalena que conoció de varias actuaciones del
expediente ejecutivo pero que, con respecto a la providencia cuestionada del 19 de
mayo de 2025 emitida por el Juzgado Sexto Administrativo de Santa Marta por la
que se negó el control de legalidad solicitado por la accionante, no había sido objeto
de análisis por parte del superior.
En tal sentido, indicó que aun cuando la demanda de tutela se dirigía contra la
providencia del 19 de mayo de 2025 lo cierto era que la objeción frente a la
actualización de liquidación del crédito que alegaba la ejecutada hoy accionante
mediante el denominado «control de legalidad» pudo haberse ejercido a través del
recurso de reposición (artículo 318 del Código General del Proceso) y en subsidio
de apelación conforme con lo previsto en el numeral 3 del artículo 446 ibidem contra
el auto del 8 de julio de 2024 que actualizó la liquidación pero que no lo hizo.
Precisó que los reproches frente a la actualización de liquidación del crédito
pretendían debatir una consecuencia jurídica desfavorable derivada de la omisión
de la parte actora en el proceso ejecutivo, lo cual implica la ausencia de relevancia
constitucional.
Luego de verificadas las etapas surtidas en el proceso ejecutivo y las decisiones allí
adoptadas, manifestó que el núcleo central del cuestionamiento de la acción de
tutela era la interpretación y aplicación del Decreto 610 de 1998 y de la sentencia
de unificación frente al cálculo de prestaciones y cesantías del señor Fonseca
2
La decisión contó con una aclaración de voto en la que la magistrada manifestó que estaba de acuerdo con la
improcedencia de la acción, sin embargo, consideró que si bien se trataba de un proceso ejecutivo no podía establecerse
como regla general que dichos asuntos debieran ser de carácter estrictamente económico ya que debía analizarse la
situación concreta y determinar la posible vulneración alegada.
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Lidueña, lo cual era un asunto de orden patrimonial de modo que lo que la parte
actora reprochaba giraba en torno a cálculos económicos y diferencias de pagos
pero no una afectación grave, irremediable o desproporcionada de un derecho
fundamental.
7. Impugnación
7.1. La parte actora impugnó la sentencia de primera instancia precisando que la
solicitud de tutela no gravitó en un simple reproche en torno a cálculos
económicos y diferencias de pago sino que se indicó la vulneración de
derechos de rango constitucional como lo era el hecho de un desconocimiento
de mandatos legales y precedentes constitucionales relacionados que se
debieron observar en el marco del proceso ejecutivo, pero que no fueron
observados.
Agregó que en la audiencia de 26 de mayo de 2021 interpuso el recurso de
apelación contra la sentencia emitida por el Juzgado Sexto Administrativo de
Santa Marta que declaró no probadas las excepciones propuestas con lo que
consideró haber agotado los recursos ordinarios e insistió que se negó el
control de legalidad interpuesto en el marco del proceso ejecutivo en el que se
puso de presente que los valores que se pretendían en el mandamiento de
pago no coincidían con lo adeudado al demandante recordándole la necesidad
de corregir inconsistencias presentadas en el proceso ejecutivo.
7.2. La Dirección Ejecutiva de Administración Judicial coadyuvó el escrito de
impugnación presentado por la parte accionante. Manifestó que el asunto no
se limitaba únicamente a reabrir un debate legal ya que en virtud del principio
de la prevalencia del interés general sobre el particular, la administración se
encuentra en el deber de garantizar la preservación de las finanzas del estado
y el patrimonio público, conforme con los artículos 1 y 334 de la Constitución
Política.
Bajo ese contexto, dijo que no había una razón suficiente para negar la
posibilidad de un juicio de validez en sede de tutela frente providencias que
aprobaron las liquidaciones del crédito judicial contra la Rama Judicial, máxime
cuando según lo acreditado por la seccional, los cálculos estaban acordes a la
ley, la Constitución Política y la jurisprudencia, por lo que la discusión
trascendía a un plano constitucional.
Frente a la falta de agotamiento de los recursos procedentes, dijo que contrario
a ello estaba acreditado que en la audiencia del 26 de mayo de 2021 la
Dirección Seccional de Administración Judicial de Santa Marta interpuso
recurso de apelación contra la sentencia emitida por el juzgado que declaró no
probadas las excepciones propuestas, dispuso seguir adelante con la
ejecución y resolvió practicar la liquidación del crédito por cualquiera de las
partes y que, el Tribunal Administrativo del Magdalena en auto del 22 de
agosto de 2022 dejó sin efectos el auto del 24 de noviembre de 2021 que
inicialmente había admitido el recurso contra la decisión de 26 de mayo de
2021 y lo rechazó por improcedente.
CONSIDERACIONES DE LA SALA
1. Generalidades de la acción de tutela
La acción de tutela, consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política y
reglamentada por el Decreto 2591 de 19913, fue concebida como un mecanismo
3
Decreto 2591 de 1991, Art. 1º: “Toda persona tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces, en todo momento y
lugar, mediante un procedimiento preferente y sumario, por sí misma o por quien actúe en su nombre, la protección
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para la protección inmediata, oportuna y adecuada de derechos fundamentales,
ante situaciones de amenaza o vulneración, por la acción u omisión de las
autoridades, o de los particulares en casos concretos y excepcionales. Sin embargo,
es subsidiaria a otras herramientas judiciales, salvo cuando se interponga como
mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable.
2. La acción de tutela contra providencias judiciales
La acción de tutela procede de manera excepcional contra providencias judiciales,
y así lo ha reconocido la Corte Constitucional y el Consejo de Estado. Dada esa
excepcionalidad, la jurisprudencia ha establecido una serie de requisitos generales4
y especiales5 que deben cumplirse de forma estricta, para lo cual, se deben reunir
todos los requisitos generales, y por lo menos uno de los defectos o requisitos
especiales de la acción.
De manera pacífica y reiterada, la jurisprudencia constitucional ha indicado que
cuando se interpone la acción de tutela contra providencias judiciales, el examen de
los requisitos generales de procedencia debe realizarse con especial rigor, para no
desconocer los principios de autonomía e independencia judicial, y los de legalidad,
cosa juzgada y juez natural como elementos esenciales del derecho al debido
proceso.
Por tanto, la procedencia de la acción contra providencias judiciales exige una mejor
fundamentación del vicio que se atribuye a la sentencia judicial objeto de tutela y el
análisis sobre el cumplimiento de los requisitos debe restringirse únicamente a los
argumentos planteados por los intervinientes en el proceso.
3. Delimitación y planteamiento del problema jurídico
Teniendo en cuenta los antecedentes expuestos y los escritos de tutela y de
impugnación le corresponde a la Sala establecer si le asistió razón al juez de primera
instancia en declarar improcedente la acción de tutela. Para ello deberá
determinarse si se cumplen los requisitos generales de procedibilidad,
específicamente el de subsidiariedad.
En caso de superarse dicho análisis se pasará a determinar si la providencia del 19
de mayo de 2025 proferida por el Juzgado Sexto Administrativo de Santa Marta en
el proceso ejecutivo (47001-33-33-006-2019-00170-00) incurrió en los defectos
sustantivo y por desconocimiento del precedente jurisprudencial en los términos
propuestos por la parte actora.
4. Alcance del requisito de subsidiariedad y su análisis en el caso concreto
4.1. De conformidad con el artículo 86 de la Constitución Política, uno de los
requisitos generales de procedibilidad es el de subsidiariedad. Norma que
señala que la solicitud de amparo, «solo procederá cuando el afectado no disponga
de otro medio de defensa judicial, salvo que aquella se utilice como mecanismo transitorio
para evitar un perjuicio irremediable».
inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales, cuando quiera que estos resulten vulnerados o amenazados
por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública o de los particulares en los casos que señala este decreto”.
4
Los requisitos generales para la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales son: i) que el actor
indique los hechos y las razones en que se fundamenta la acción; ii) el accionante haya utilizado todos los mecanismos
judiciales ordinarios y extraordinarios a su alcance para la protección de sus derechos fundamentales (subsidiariedad);
iii) que la acción se haya interpuesto en un término prudencial (inmediatez); iv) que el asunto sea de evidente relevancia
constitucional; v) que no se trate de una decisión proferida en sede de tutela; vi) injerencia de la irregularidad procesal en
la providencia atacada.
5
Los requisitos especiales para la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales son: i) defecto
orgánico, ii) defecto procedimental, iii) defecto fáctico, iv) defecto material o sustantivo, v) defecto por error inducido, vi)
defecto por falta de motivación, vii) defecto por desconocimiento del precedente y viii) defecto por violación directa de la
Constitución.
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A su turno, el artículo 6 del Decreto 2591 de 1991 establece que la acción de
tutela es improcedente cuando existen otros medios de defensa judicial, a
menos que se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio
irremediable.
Tanto la Constitución Política como el Decreto 2591 de 1991 dan la posibilidad
al juez de tutela de valorar las circunstancias particulares de cada caso y
determinar si la acción es procedente, o si, por el contrario, existen otros
medios que permiten satisfacer los derechos fundamentales del actor.
Siguiendo estos parámetros, la jurisprudencia constitucional ha considerado
que la existencia de otros medios de defensa no hace que automáticamente
la acción de tutela se torne improcedente, puesto que bajo ciertas
circunstancias su carácter subsidiario y residual puede llegar a tener algunas
excepciones.
La Corte Constitucional en Sentencia SU-263 de 20156 precisó que eso puede
ocurrir «(i) Cuando los medios ordinarios de defensa judicial no son lo suficientemente
idóneos y eficaces para proteger los derechos presuntamente conculcados; (ii) Aun
cuando tales medios de defensa judicial sean idóneos, de no concederse la tutela como
mecanismo transitorio de protección, se produciría un perjuicio irremediable a los
derechos fundamentales y (iii) Cuando el accionante es un sujeto de especial protección
constitucional (personas de la tercera edad, personas discapacitadas, mujeres cabeza
de familia, población desplazada, niños y niñas, etc.), y por tanto su situación requiere de
particular consideración por parte del juez de tutela.»7
De esta forma, el carácter subsidiario y residual de la acción de tutela ha
servido para restringir su procedencia, dado que el sistema jurídico permite a
las personas valerse de diversos medios de defensa que pueden ser eficaces
para la defensa de sus derechos8.
En conclusión, para la procedencia de la acción de tutela cuando exista otro
medio de defensa, el juez constitucional debe tener en cuenta la eficacia e
idoneidad del otro medio o si se encuentra frente a un perjuicio irremediable.
Circunstancias que son determinantes a fin de valorar la procedencia formal
del amparo constitucional.
4.2. En contexto, la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de
Santa Marta pretende que se ordene al Juzgado Sexto Administrativo de Santa
Marta tener en cuenta la solicitud de control de legalidad y objeciones a la
liquidación del crédito en el marco del proceso ejecutivo presentado por el
señor Carlos Milton Fonseca Lidueña tomando como título la sentencia de
segunda instancia del 19 de abril de 2017 proferida por el Tribunal
Administrativo del Magdalena, Sala de Conjueces que confirmó la decisión de
primera instancia.
De acuerdo con los antecedentes del caso, advierte la Sala que se han surtido
las distintas etapas al interior del proceso ejecutivo, esto es, se libró
mandamiento de pago en contra de la Nación, Rama Ejecutiva, Dirección
Ejecutiva de Administración Judicial por los valores ordenados en la sentencia
que contiene una obligación clara, expresa y actualmente exigible, se
decretaron medidas cautelares que en su momento fueron recurridas por la
parte ejecutada, hoy accionante y confirmadas por el Tribunal Administrativo
del Magdalena y, finalmente, se determinó en decisión adoptada en audiencia
llevada a cabo el 26 de mayo de 2021 lo siguiente: i) declarar no probadas las
excepciones propuestas por la entidad ejecutada, ii) seguir adelante con la
6
Corte Constitucional. Sentencias T-656 de 2006, T-435 de 2006, T-768 de 2005, T-651 de 2004 y T-1012 de 2003.
7
Corte Constitucional. Sentencia SU- 263 de 2015.
8
Corte Constitucional. Sentencia T-301 de 2009.
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ejecución y iii) disponer que se practicara la liquidación del crédito.
Contra la mencionada decisión tal como lo manifestó la Dirección Ejecutiva y
la Dirección Seccional de Santa Marta en los escritos de impugnación, se
interpuso en la diligencia recurso de apelación una vez notificada la decisión
en estrados, sin embargo, es cierto también que el Tribunal Administrativo del
Magdalena en providencia del 24 de agosto de 2022 rechazó por improcedente
el recurso de apelación.
4.3. Ahora bien, la decisión que cuestiona la parte actora es la providencia emitida
el 19 de mayo de 2025 por el Juzgado Sexto Administrativo de Santa Marta
en la que se resolvió negar el control de legalidad presentado en esos términos
por la parte ejecutada el 15 de agosto de 2024, actuación que surgió ante la
inconformidad de haberse modificado la liquidación del crédito en su momento
por el juzgado en providencia del 8 de julio de 2024, pues en su criterio, los
valores allí estimados excedían los topes de ley al momento de reliquidarse la
condena ordenada en la sentencia.
En esta línea, lo que al final se pretendió por parte de la Dirección Ejecutiva
fue discutir los valores liquidados por el juez en la citada decisión, de modo
que se concluye que contra esa decisión el ordenamiento prevé la posibilidad
de presentar recurso de apelación en los términos del numeral 3 del artículo
446 del Código General del proceso que establece:
«Artículo 446. Liquidación del crédito y las costas.
Para la liquidación del crédito y las costas, se observarán las siguientes reglas: (…)
3. Vencido el traslado, el juez decidirá si aprueba o modifica la liquidación por auto que
solo será apelable cuando resuelva una objeción o altere de oficio la cuenta respectiva.
El recurso, que se tramitará en el efecto diferido, no impedirá efectuar el remate de
bienes, ni la entrega de dineros al ejecutante en la parte que no es objeto de
apelación».
De manera que, al haberse modificado la cuenta de la liquidación por parte del
juzgado, esa decisión era susceptible del recurso de apelación, que no fue
interpuesto por la parte ejecutada, hoy accionante, razón por la que si bien
censura que se haya negado el control de legalidad presentado en su
momento a través de la providencia del 19 de mayo de 2025 lo cierto es que
la inconformidad de la Dirección Ejecutiva, como lo ha anunciado en el proceso
ejecutivo y ahora en sede de tutela, tiene que ver con el monto liquidado por
el juzgado al considerar que supera el límite del porcentaje de la reliquidación
que es procedente efectuar en casos como el del señor Fonseca Lidueña.
Ahora, no puede atenderse favorablemente al argumento de los impugnantes
cuando mencionan que se agotaron los mecanismos que tuvieron a
disposición al presentar apelación contra la decisión del 26 de mayo de 2021,
pues no era esa la decisión que ahora censuran y que en su momento
presentaron al juez como «control de legalidad», sino lo relacionado con los
montos a reconocer producto de la actualización de la liquidación del crédito
que había sido modificada en auto del 27 de febrero de 2023 y que ocurrió el
8 de julio de 2024 teniendo como base el informe presentado en su momento
por el contador liquidador y que fue atendido y tenido en cuenta por el juzgado.
4.4. Conforme con lo expuesto, considera la Sala que la falta de diligencia en la
interposición de los recursos procedentes no puede ser subsanado a través
de la acción de tutela, a través de la presentación de una solicitud que, si bien
fue resuelta en el auto del 19 de mayo de 2025, no suple el deber de haber
recurrido en apelación la decisión que considera le afectó y cuyos argumentos
busca replicar a través de este mecanismo constitucional.
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5. Conclusión
Conforme con lo anterior, la Sala confirmará la decisión de primera instancia que
declaró improcedente la presente acción, pero por no estar acreditado el requisito
de subsidiariedad.
En mérito de lo expuesto, la Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso
Administrativo del Consejo de Estado, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la ley,
FALLA
1. Confirmar la sentencia de tutela del 2 de octubre de 2025 proferida por el
Consejo de Estado, Sección Quinta, pero por las razones expuestas en la parte
motiva de esta providencia
2. Notificar la presente decisión a los interesados por el medio más expedito.
3. Publicar la presente decisión en la página web del Consejo de Estado.
4. Enviar a la Corte Constitucional para su eventual revisión.
Notifíquese y cúmplase,
Esta sentencia se estudió y aprobó en sesión celebrada en la fecha.
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
WILSON RAMOS GIRÓN MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO
Presidente
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
LUIS ANTONIO RODRÍGUEZ MONTAÑO CLAUDIA RODRÍGUEZ VELÁSQUEZ
Este documento fue firmado electrónicamente. Para comprobar su validez e integridad lo puede hacer a través de la siguiente
dirección electrónica: https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/documentos/evalidador
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