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Consejo de Estado · Sección Quinta

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 11001-03-15-000-2025-05534-01

Fecha
24 de junio de 2026
Consejero ponente
José Roberto Sáchica Méndez

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 11001-03-15-000-2025-05534-01

Consejo de Estado · Sección Quinta

Parte resolutiva

RESUELVE PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia del 27 de octubre de 2025 dictada por la Sección Segunda, Subsección B el Consejo de Estado, conforme a lo expuesto en la parte motiva de esta providencia. SEGUNDO: NOTIFICAR la presente decisión a los interesados, por el medio más expedito. TERCERO: ENVIAR a la Corte Constitucional el expediente para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Quinta

Radicado 11001-03-15-000-2025-05534-01

Consejero ponente: José Roberto Sáchica Méndez

24 de junio de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN A – SALA DE CONJUECES

Consejero ponente: JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ

Bogotá D.C., veinticuatro (24) de junio de dos mil veintiséis (2026)

Radicación: 11001-03-15-000-2025-05534-01
Accionante: Heriberto Henrique Bacca Mena
Accionado: Consejo de Estado – Sección Quinta y otro
Referencia: Acción de tutela

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

Temas: ACCIÓN DE TUTELA CONTRA SENTENCIA DE TUTELA / Improcedencia
– No se acreditaron los supuestos excepcionalísimos para su procedencia.

Procede la Sala a decidir la impugnación presentada por la parte accionante contra
la sentencia proferida el 27 de octubre de 2025 por la Sección Segunda, Subsección
B del Consejo de Estado, mediante la cual se declaró improcedente la solicitud de
amparo.

I. A N T E C E D E N T E S

A. Demanda y sus fundamentos

1. El 1° de septiembre de 2025, el señor Heriberto Henrique Bacca Mena instauró

acción de tutela contra la Administradora Colombia de Pensiones -Colpensiones- y
la Sección Quinta del Consejo de Estado, con el fin de obtener la protección de sus
derechos fundamentales al debido proceso, igualdad y seguridad social.

2. De los elementos de juicio obrantes en el plenario, se destacan los siguientes

hechos relevantes:

3. En ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho 1, el

accionante promovió demanda contra Colpensiones, en busca de obtener la
declaratoria de nulidad del acto administrativo mediante el cual se le negó la
reliquidación de la pensión de jubilación que le fue reconocida, con fundamento en
lo previsto en la Ley 71 de 1998. De forma subsidiaria, solicitó que la referida
prestación fuera reliquidara conforme lo dispuesto en el Acuerdo 049 de 1990.

1 Tramitado con radicado número 08001-33-33-011-2017-00116-00/01.

Radicación: 11001-03-15-000-2025-05534-01
Accionante: Heriberto Henrique Bacca Mena
Accionado: Consejo de Estado – Sección Quinta y otro
Referencia: Acción de tutela (sentencia de segunda instancia)

4. El conocimiento de ese asunto correspondió al Juzgado Once Administrativo Oral

del Circuito de Barranquilla, despacho que, mediante sentencia del 17 de noviembre
de 2017, negó las pretensiones de la demanda.

5. La decisión anterior fue confirmada por el Tribunal Administrativo del Atlántico a

través de fallo del 6 de agosto de 2021. Dicha corporación estimó que el Decreto 758
de 1990, reglamentario del Acuerdo 049 de 1990, únicamente resultaba aplicable a
quienes hubiesen efectuado cotizaciones al Instituto de Seguros Sociales -ISS-, con
anterioridad a la entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993.

6. El 8 de julio de 2025, el accionante acudió al juez de tutela con el propósito de

controvertir la decisión adoptada por el Tribunal Administrativo del Atlántico2.

7. Mediante sentencia del 21 de agosto de 2025, la Sección Quinta del Consejo de

Estado declaró improcedente la acción de tutela, tras considerar que no satisfacía el
requisito de inmediatez. Señaló que la providencia cuestionada fue notificada el 4 de
noviembre de 2021 y quedó ejecutoriada el 11 siguiente, mientras que la solicitud de
amparo se presentó el 8 de julio de 2025, es decir, por fuera del término de los seis
meses que esta Corporación ha considerado como plazo razonable para acudir al
juez constitucional.

8. Precisó que, si bien el 6 de noviembre de 2024 el actor solicitó la corrección de la

sentencia acusada, dicha solicitud no interrumpió el término de ejecutoria de la
decisión; razón por la cual no era posible contabilizar el término de inmediatez a partir
del auto que la resolvió. Aunado a lo anterior, sostuvo que no se acreditó la existencia
de alguna circunstancia que justificara el ejercicio tardío de la acción, lo que impedía
flexibilizar el cumplimiento de dicho presupuesto.

9. En esta oportunidad, el señor Heriberto Bacca cuestiona ese fallo de tutela,
insistiendo en los motivos que lo llevaron a ejercer la referida acción constitucional.
Alegó que su avanzada edad -75 años- y su estado de salud le impidieron advertir
oportunamente que la negativa de Colpensiones a reliquidar su pensión carecía de
sustento legal, pues se fundó en la supuesta exclusividad de aportes al ISS para
desconocer semanas válidamente cotizadas al sistema.

10. Señaló que la interpretación adoptada por la administradora de pensiones
constituyó un engaño que lo indujo a error. Lo anterior, por cuanto: (i) aplicó un
criterio no previsto en la ley; (ii) desconoció la jurisprudencia de la Corte
Constitucional; y (iii) redujo arbitrariamente semanas efectivamente cotizadas,
afectando el monto de su pensión. A su juicio, dicho actuar no obedeció a un simple
error técnico, sino a una conducta sistemática, deliberada y contraria al ordenamiento
jurídico.

2 Dicho asunto fue tramitado bajo el radicado 11001-03-15-000-2025-04206-00.

Radicación: 11001-03-15-000-2025-05534-01
Accionante: Heriberto Henrique Bacca Mena
Accionado: Consejo de Estado – Sección Quinta y otro
Referencia: Acción de tutela (sentencia de segunda instancia)

11. En ese orden, sostuvo que la negativa de reliquidar su pensión comporta una

vulneración permanente y actual de sus derechos, en tanto continúa percibiendo una
mesada pensional inferior a la que, en su criterio, le corresponde.

12. Agregó que las autoridades accionadas desconocieron el precedente
constitucional3 según el cual el Decreto 758 de 1990 no exige exclusividad en los
aportes efectuados a Colpensiones para efectos del reconocimiento pensional.

13. Afirmó que la actuación fraudulenta de Colpensiones fue avalada por la
jurisdicción de lo contencioso-administrativo al declarar la improcedencia del
mecanismo de amparo por falta de inmediatez, aun cuando la aplicación de dicho
presupuesto no puede sobreponerse ante situaciones derivadas de fraude o engaño.

14. Con fundamento en lo expuesto, solicitó que se ordenara a la Sección Quinta del

Consejo de Estado flexibilizar el requisito de inmediatez, dada la persistencia de la
afectación alegada, el presunto engaño atribuido a la entidad administradora de
pensiones y el impacto que ello habría generado sobre sus derechos. Asimismo,
pidió ordenar a Colpensiones abstenerse de aplicar un criterio inexistente
relacionado con la exclusividad de los aportes al ISS.

B. Sentencia de primera instancia

15. A través de fallo del 27 de octubre de 2025, la Sección Segunda, Subsección B

del Consejo de Estado declaró la improcedencia del mecanismo de amparo.

16. En lo que respecta a la pretensión orientada a la flexibilización del requisito de

inmediatez dentro de la tutela instaurada previamente, consideró que no se cumplía
el presupuesto de subsidiariedad, comoquiera que la sentencia acusada no fue
impugnada.

17. En cuanto al pedimento dirigido a conceder lo solicitado en la primera acción

constitucional, estimó que, al versar sobre el mismo objeto, se incumplían los
requisitos de procedencia aplicables a las acciones de tutela en estos eventos,
circunstancia que impedía efectuar un pronunciamiento de fondo.

C. Impugnación

18. El demandante impugnó la decisión de primera instancia, bajo el argumento de

que el a quo desconoció que en la sentencia cuestionada no se informó, habilitó ni
permitió materialmente el recurso de impugnación, circunstancia que, a su juicio,
configuró un defecto procedimental absoluto y una imposibilidad material para
actuar. En consecuencia, afirmó que no podía predicarse el incumplimiento del
requisito de subsidiariedad, dado que ningún ciudadano está en posibilidad de
ejercer un recurso inexistente o no advertido por la autoridad judicial

3 Citó las sentencias SU-317 de 2021, SU-273 de 2022, T-222 de 2018, T-219 de 2021 y T-522 de 2020.

Radicación: 11001-03-15-000-2025-05534-01
Accionante: Heriberto Henrique Bacca Mena
Accionado: Consejo de Estado – Sección Quinta y otro
Referencia: Acción de tutela (sentencia de segunda instancia)

19. Adujo que no pretendía reabrir una oportunidad procesal precluida, sino garantizar

el acceso efectivo a la administración de justicia, remover una barrera de
improcedencia indebidamente aplicada y posibilitar un pronunciamiento de fondo
sobre la vulneración actual, permanente y continuada de sus derechos
fundamentales a causa de la negativa en la reliquidación de su pensión.

D. Actuaciones surtidas con posterioridad al fallo de primera instancia

20. La impugnación fue asignada por reparto a la Subsección A de la Sección Tercera

del Consejo de Estado, concretamente al despacho que en su momento se
encontraba en encargo del consejero Fernando Alexei Pardo Flórez, quien se declaró
impedido para conocer del asunto.

21. Por medio de auto del 8 de abril de 2026, el despacho a cargo de la ponencia de

la presente sentencia declaró fundado el impedimento. En atención a que para ese
entonces la Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de Estado sólo estaba
integrada por el titular de ese despacho y el magistrado Pardo Flórez, en ese mismo
proveído, se ordenó la designación de conjueces para integrar la Sala de decisión,
que habría de decidir el presente asunto.

22. En cumplimiento de lo anterior, el 14 de abril de 2026 se realizó diligencia de

sorteo de conjueces, siendo designados los consejeros Diego Enrique Franco
Victoria y Fredy Hernando Ibarra Martínez.

23. Con ocasión de la posesión de la consejera Zoranny Castillo Otálora el 27 de abril

de 2026, se modificó la integración de la Sala encargada de resolver la impugnación
de la referencia, conforme lo previsto en el artículo 174 del Decreto 1265 de 19705,
por lo que el 22 de mayo de 2026 se registró proyecto de fallo. No obstante, el 28 de
mayo siguiente, la referida magistrada manifestó su impedimento para conocer del
caso, el cual se declaró fundado en auto del 10 de junio de 2026. En esa misma
providencia, se indicó que -en atención al principio de economía procesal- no
resultaba necesario hacer un nuevo sorteo de conjueces, pues previamente habían
sido designados los consejeros Diego Enrique Franco Victoria y Fredy Hernando
Ibarra Martínez.

II. CONSIDERACIONES

E. Competencia

4 “Los conjueces que entren a conocer de un asunto deberán actuar hasta que termine completamente la
instancia o recurso, aunque concluya el periodo para el cual fueron elegidos, pero si se modifica el personal de
la sala, los nuevos Magistrado desplazarán a los conjueces.”
5 Esa misma regla fue establecida en el artículo 116 del CPACA para aquellos casos en los que se modifica la

integración de la Sala y previamente ha sido designado un conjuez.

Radicación: 11001-03-15-000-2025-05534-01
Accionante: Heriberto Henrique Bacca Mena
Accionado: Consejo de Estado – Sección Quinta y otro
Referencia: Acción de tutela (sentencia de segunda instancia)

24. La Sala es competente para conocer de la impugnación presentada y examinar

su contenido en contraste con el acervo probatorio y el fallo proferido en primera
instancia, según lo establecido en el artículo 32 del Decreto Ley 2591 de 1991.

F. Análisis del caso concreto

25. Se confirmará el fallo impugnado, tras evidenciar que la solicitud de amparo no

acredita el cumplimiento de los presupuestos que habilitan la procedencia
excepcionalísima de la acción de tutela contra una sentencia proferida en un proceso
de la misma naturaleza.

26. De acuerdo con la jurisprudencia constitucional6, para que se habilite la
intervención del juez de tutela en estos eventos, se requiere que: (i) la solicitud de
amparo cumpla los requisitos generales y específicos de procedencia de la acción
de tutela contra providencia judicial; (ii) la demanda no comparta identidad procesal
con el proceso constitucional que se pretende cuestionar; (iii) no exista otro
mecanismo para remediar la situación alegada; y (iv) se demuestre, a través de una
exigente y rigurosa carga argumentativa, que la providencia acusada fue producto
de un actuar fraudulento.

27. El presente asunto se dirige a controvertir la sentencia del 21 de agosto de 2025,

proferida por la Sección Quinta del Consejo de Estado, dentro del trámite de acción
de tutela con radicado número 11001-03-15-000-2025-04206-00.

28. De la revisión de dicho expediente, se constató que la providencia cuestionada

no fue objeto del recurso de impugnación, pese a que constituía el medio procesal
idóneo y eficaz para ventilar las inconformidades relacionadas con la aplicación del
requisito de inmediatez, conforme lo previsto en el artículo 31 del Decreto 2591 de
1991.

29. El derecho a impugnar el fallo constituye una de las garantías propias del trámite

de tutela y, a su vez, materializa el derecho de defensa y el principio de doble
instancia.

30. No obstante, el demandante omitió ejercer dicho recurso, pese a que resultaba

ser el mecanismo apto para procurar la protección de los derechos que estima
vulnerados con ocasión de la decisión objetada, en tanto le ofrecía la posibilidad de
que el superior funcional verificara el cumplimiento de los presupuestos de
procedencia de la acción y, de ser el caso, procediera a su flexibilización.

31. Tampoco expuso alguna razón válida que justificara dicha abstención. Si bien

alegó que la falta de interposición del recurso obedeció a que la autoridad accionada
omitió indicar expresamente en la sentencia que esta podía ser impugnada, lo cierto
es que las autoridades judiciales no tienen la obligación de señalar de manera

6 Al respecto, ver sentencia SU-627 de 2015.

Radicación: 11001-03-15-000-2025-05534-01
Accionante: Heriberto Henrique Bacca Mena
Accionado: Consejo de Estado – Sección Quinta y otro
Referencia: Acción de tutela (sentencia de segunda instancia)

expresa los recursos procedentes contra las providencias que profieren. Por ende,
el hecho de que no se hiciera dicha precisión no implica restricción alguna frente al
ejercicio de los medios de impugnación previstos en el ordenamiento jurídico.

32. La parte actora no puede pretender trasladar al juez de conocimiento la carga de

diligencia que le correspondía asumir dentro del trámite cuestionado, bajo el
argumento de que el funcionario tenía el deber de informarle los recursos
procedentes contra la providencia objeto de reproche. Si discrepaba de la decisión
adoptada, le correspondía agotar los mecanismos de defensa previstos por el
legislador para obtener la protección de sus derechos, previo acudir al juez de tutela,
pues el mecanismo de amparo no fue concebido como un medio alternativo para
debatir situaciones jurídicas consolidadas que adquirieron firmeza por no haberse
empleado los recursos procedentes.

33. En tales condiciones, se hace evidente que la presente acción no satisface el

requisito general de procedencia atinente a la subsidiariedad, por cuanto no se
agotaron los mecanismos judiciales idóneos y eficaces que la parte actora tenía a
su alcance para suscitar los reparos que pretende ventilar en esta oportunidad.

34. Aunado a lo anterior, la Sala encuentra que la solicitud de amparo carece de la

carga argumentativa exigida para demostrar la existencia de una situación
fraudulenta que habilite la intervención del juez de tutela cuando la providencia
cuestionada se profirió en una acción de tutela.

35. Para satisfacer dicha exigencia, es imperativo que la parte promotora de la acción

demuestre -con base en fundamentos claros, ciertos, serios y coherentes-, por un
lado, que el juez constitucional incurrió en una conducta dolosa o extremadamente
negligente, que se opone a los principios básicos que orientan la labor de administrar
justicia; y, por otro, que el fallo acusado no puede ser admitido debido a que resulta
evidentemente incorrecto7.

36. De esta manera, la procedencia excepcional del mecanismo de amparo exige

acreditar que el juez constitucional incurrió en una conducta dolosa o gravemente
irregular; presupuesto que no se satisface en el presente asunto, pues, aunque el
demandante alegó la existencia de una situación fraudulenta, aquella fue atribuida
a Colpensiones y no a la autoridad judicial que profirió la sentencia cuestionada.

37. Con todo, se observa que los cuestionamientos dirigidos contra Colpensiones,

más que una conducta dolosa o deliberada, en realidad, obedecen a una
discrepancia frente a la interpretación efectuada por la entidad respecto de la
normativa aplicable, lo que, en modo alguno, resulta suficiente para revelar la
existencia de una actuación fraudulenta.

38. Elcaso objeto de estudio no solo deviene improcedente por su falta de
subsidiariedad e insuficiencia argumentativa, sino también porque la segunda

7 Corte Constitucional, sentencia T-322 de 2019.

Radicación: 11001-03-15-000-2025-05534-01
Accionante: Heriberto Henrique Bacca Mena
Accionado: Consejo de Estado – Sección Quinta y otro
Referencia: Acción de tutela (sentencia de segunda instancia)

pretensión comparte identidad procesal con la acción de tutela promovida con
anterioridad, en tanto persigue el mismo objeto, que no es otro que ordenar a
Colpensiones reliquidar la pensión del actor en los términos por él propuestos.

39. Bajo ese escenario, no se avizora alguna situación que amerite la intervención

del juez de tutela, mucho menos en un asunto que ya hizo tránsito a cosa juzgada
constitucional, debido a su no selección por la Corte Constitucional mediante auto
del 28 de noviembre de 2025, notificado el 15 de diciembre siguiente.

40. Por lo expuesto en precedencia, la Sala confirmará el fallo proferido el 27 de

octubre de 2025 por la Sección Segunda, Subsección B del Consejo de Estado.

41. Enmérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando justicia en nombre de
la República y por autoridad de la ley,

III. RESUELVE

PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia del 27 de octubre de 2025 dictada por la
Sección Segunda, Subsección B el Consejo de Estado, conforme a lo expuesto en
la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: NOTIFICAR la presente decisión a los interesados, por el medio más
expedito.

TERCERO: ENVIAR a la Corte Constitucional el expediente para su eventual
revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
DIEGO ENRIQUE FRANCO VICTORIA FREDY HERNANDO IBARRA MARTÍNEZ

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE8
JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ

Nota: se deja constancia de que esta providencia fue aprobada por la Sala en la fecha de su encabezado
y que se suscribe en forma electrónica mediante el aplicativo SAMAI del Consejo de Estado, de manera
que el certificado digital que arroja el sistema permite validar su integridad y autenticidad en el enlace
https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8081/Vistas/documentos/evalidador. Igualmente puede acceder
al aplicativo de validación escaneando con su teléfono celular el código QR que aparece a la derecha.
Se recuerda que, con la finalidad de tener acceso al expediente, los abogados tienen la responsabilidad
de registrarse en el sistema Samai.

8 VF

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