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Consejo de Estado · Sección Primera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-15-000-2025-05544-01

Fecha
27 de noviembre de 2025
Consejero ponente
Luis Antonio Rodríguez Montaño

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-15-000-2025-05544-01

Consejo de Estado · Sección Primera

Parte resolutiva

FALLA Primero.- Confirmar la sentencia proferida el 9 de octubre de 2025, por la Sección Primera del Consejo de Estado. Segundo.- Notificar esta decisión por el medio más eficaz y expedito posible, como lo dispone el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991. Tercero.- Publicar esta providencia en la página web del Consejo de Estado. Cuarto.- Remitir el expediente de tutela a la Corte Constitucional para que surta el trámite de eventual revisión previsto en el artículo 86 de la Constitución Política.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Primera

Radicado 11001-03-15-000-2025-05544-01

Consejero ponente: Luis Antonio Rodríguez Montaño

27 de noviembre de 2025

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA

CONSEJERO PONENTE: LUIS ANTONIO RODRÍGUEZ MONTAÑO

Bogotá D.C., veintisiete (27) de noviembre de dos mil veinticinco (2025)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2025-05544-01
Accionante: CIRO ALFONSO GÓMEZ GARCÍA
Accionado: TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE SAN GIL

Temas: Tutela contra autoridad judicial. Solicitud de nombramiento en cargo
vacante. Requisito de subsidiariedad cuando no se agota de manera
oportuna el medio idóneo

SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA

La Sección Cuarta del Consejo de Estado procede a decidir la impugnación
presentada por el señor Ciro Alfonso Gómez García, quien actúa en nombre propio,
contra la sentencia de 9 de octubre de 2025, dictada por la Sección Primera del
Consejo de Estado, que declaró improcedente la acción de tutela.

I. ANTECEDENTES

1. Pretensiones

El 4 de septiembre de 2025, la parte demandante solicitó al juez constitucional la
protección de sus derechos fundamentales al debido proceso, a la igualdad, al
acceso a cargos públicos, así como el principio de confianza legítima,
supuestamente vulnerados por la autoridad judicial accionada.

En consecuencia, formuló las siguientes pretensiones:

“PRIMERA: AMPARAR mis derechos fundamentales al debido proceso, igualdad,
acceso a cargos públicos, prevalencia de los derechos de carrera administrativa, al
mérito como principio rector de la función pública y al principio de confianza legitima
derivado de las reglas jurisprudenciales fijadas en las sentencias C-713 de 2008, C-333
de 2012, C-288 de 2014, C-532 de 2013 y C-134 de 2023, para la prohibición de cargos
públicos, vulnerados flagrantemente por el Honorable Tribunal de Distrito Judicial de
San Gil Santander con la expedición del Acuerdo No. 031 de 25 de junio de 2025, por
medio del cual designó en provisionalidad el cargo de Juez Segundo Promiscuo
Municipal de Charalá, Santander.

SEGUNDA: DEJAR sin valor y efecto, por ser contrario a la constitución y a la ley, el
Acuerdo No. 031 de 25 de junio de 2025, por medio del cual se designó en
provisionalidad el cargo de Juez Segundo Promiscuo Municipal de Charalá, Santander,
expedido por el Honorable Tribunal de Distrito Judicial de San Gil Santander.

TERCERA: ORDENAR al Honorable Tribunal de Distrito Judicial de San Gil
Santander, que en el término de 48 horas, contadas a partir de la notificación del fallo
de tutela, realice un nuevo proceso de selección para la provisión del cargo de Juez
Segundo Promiscuo Municipal de Charalá, Santander, respetando y aplicando las reglas
establecidas por la jurisprudencia constitucional, por tanto, en dicho proceso ante la
inexistencia de lista de elegibles, debe dar prelación a los derechos de carrera
administrativa de aquellos empleados que se encuentran vinculados a dicho juzgado

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en carrera administrativa y, que cumplan los requisitos del cargo, como acontece con
el secretario del Despacho. En consecuencia, proceda en dicho término, a realizar mi
nombramiento como Juez Segundo Promiscuo Municipal de Charalá, Santander en
provisionalidad y hasta se provea el cargo mediante lista de elegibles de concurso
de méritos remitida por el Consejo Superior de la Judicatura o por traslado”.

2. Hechos

El accionante relató que desde el año 2006 se ha desempeñado en diferentes
cargos en la jurisdicción ordinaria, tales como secretario, escribiente, citador de
juzgados municipales y como Juez Promiscuo Municipal en provisionalidad del año
2010 al 2011. Y agregó que desde el 15 de noviembre de 2016 ejerce el cargo de
secretario en propiedad en el Juzgado Segundo Promiscuo Municipal de Charalá,
teniendo como última calificación de servicios 95 puntos.

Manifestó que a finales de junio de 2025, la titular del despacho del Juzgado
Segundo Promiscuo Municipal de Charalá presentó renuncia al cargo, la cual fue
aceptada por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de San Gil mediante
Resolución no. 034 de junio de 2025.

En ese orden de ideas, indicó que con ocasión de la renuncia de la juez y teniendo
claras las reglas fijadas por la Corte Constitucional para la provisión de cargos en la
rama judicial en aquellos eventos de vacantes definitivas cuando no hay lista de
elegibles conformada mediante concurso de méritos y ante la ausencia de la
publicación de convocatoria en la página web del Tribunal para la provisión del
cargo, remitió su hoja de vida junto con los soportes de experiencia laboral al
Tribunal Superior del Distrito Judicial de San Gil con el fin de postularse en el cargo
de Juez Segundo Promiscuo Municipal de Charalá.

Finalmente, señaló que mediante Acuerdo no. 031 de 25 de junio de 2025, el
Tribunal Superior de Distrito Judicial de San Gil nombró en provisionalidad a Leidy
Natalia Ortiz Higuera como Juez Segundo Municipal de Charalá, a partir de la fecha
y hasta que se provea el cargo por lista de elegibles remitida por el Consejo Superior
de la Judicatura o por traslado.

3. Fundamentos de la acción

La parte actora manifestó que el Acuerdo no. 031 de 25 de junio de 2025, “no motivó
de ninguna manera la razón por la cual no daba aplicación a las reglas
jurisprudenciales establecidas por la Corte Constitucional para la provisión de
cargos en la rama judicial, ni dio razones por las cuales mi postulación no fue tenida
en cuenta para la designación del cargo de Juez Segundo Promiscuo Municipal de
Charalá Santander, desconociendo por completo mis derechos de carrera
administrativa, lo cual conllevó la transgresión de los derechos fundamentales cuyo
amparo pretendo con esta acción”.

Sostuvo que la Corte Constitucional mediante las sentencias C-713 de 2008, C-333
de 2012, C-288 de 2014, C-532 de 2013 y C-134 de 2023 establecieron los
lineamientos y criterios de interpretación que se debían aplicar para la provisión de
cargos públicos, tales como la provisión con base en el mérito, la prevalencia de los
derechos de carrera administrativa, el uso de la lista de elegibles y la convocatoria
pública. Asimismo, refirió que las sentencias mencionadas destacaban que el mérito
era un principio fundamental que regía la carrera judicial y que estaba directamente
relacionado con la provisión de cargos en la carrera administrativa y que los criterios
para la selección de jueces en Colombia debían incluir el concurso público y abierto,

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la igualdad de oportunidades, la experiencia y el conocimiento y la transparencia en
el proceso.

Afirmó que “estas reglas jurisprudencias deja sin fundamento la interpretación que
aún se mantiene en algunos Tribunales y Juzgados del país, consistente en que
cuando un cargo presenta vacancia definitiva por renuncia o por retiro por pensión
del servidor de carrera administrativa, el nominador queda investido de facultades
discrecionales absolutas para proveer a su arbitrio la vacante. Tal entendimiento de
la ley 270 de 1996, se aparta totalmente de las reglas jurisprudenciales y de la
constitución política, en la medida en que desconoce el principio del mérito como
principio rector del servicio público, los derechos de carrera de los servidores
públicos de la entidad, el debido proceso, el principio de publicidad, el derecho
fundamental al acceso a cargos públicos, y desarticula por completo la ley
estatutaria de administración de justicia y la constitución política, por tanto, todo acto
administrativo producido por esa senda es inconstitucional y no puede producir
efectos legales”.

Manifestó que el procedimiento que algunos nominadores de la Rama Judicial
aplican para proveer cargos en vacancia definitiva basado en facultades
discrecionales absolutas y desconociendo los derechos de carrera administrativa
resultan contrarios al sistema constitucional y legal, pues dicha práctica vulnera el
artículo 125 de la Constitución Política y el principio de mérito consagrado en la Ley
270 de 1996. Y sostuvo que si existiera duda sobre el procedimiento correcto, debía
recordarse que, en materia estatutaria y de derechos fundamentales, debía
adoptarse siempre la interpretación que favorezca el ejercicio del derecho y no
aquella que lo limite o anule.

En ese orden de ideas, indicó que el Tribunal accionado desconoció las reglas
jurisprudenciales establecidas por la Corte Constitucional, toda vez que cuando
profirió el Acuerdo no. 031 de 25 de junio de 2025 no aplicó ni determinó la línea
jurisprudencial que constituye un “precedente constitucional existente” para los
procesos de nombramientos cuando no existe una lista de elegibles, y tampoco
justificó porqué se apartó del precedente constitucional establecido para el proceso
de nombramiento. Por lo tanto, concluyó que el acto administrativo adolecía de un
defecto sustancial que lo hacía “completamente inconstitucional”.

Precisó que si bien la acción de tutela no era el mecanismo principal para
controvertir actos administrativos de nombramiento, toda vez que por regla general
dicha competencia le correspondía a la jurisdicción contencioso administrativa, “la
Corte Constitucional ha establecido una jurisprudencia sólida que permite la
procedencia excepcional de la tutela en estos casos, siempre y cuando se cumplan
ciertos requisitos. Esto se hace para proteger los derechos fundamentales que
podrían verse afectados por el acto”.

Así las cosas, refirió que de conformidad con las sentencias SU-067 de 2022, T-081
de 2022, T-182 de 2021 y SU-913 de 2009 es claro que la acción de tutela procedía
contra el Acuerdo no. 031 de 25 de junio de 2025 expedido por el Tribunal Superior
del Distrito Judicial de San Gil. Sin embargo, precisó que aunque el Tribunal podría
alegar la falta de subsidiariedad por existir otro medio de defensa -medio de control
de nulidad electoral-, este no resulta idóneo, eficaz ni oportuno para evitar el
perjuicio inminente derivado de la pérdida de una oportunidad laboral.

En ese orden de ideas, explicó que si bien la nulidad electoral es una acción pública
orientada a proteger el interés general, la transparencia del sistema democrático y
el orden jurídico no tiene como finalidad amparar derechos subjetivos concretos.
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Por ello, su utilización no impediría ni repararía el perjuicio ocasionado por la pérdida
de la oportunidad laboral generada por el acto administrativo cuestionado.

Agregó que la acción de tutela también procedía “cuando un nombramiento afecte
las reglas establecidas para la provisión del cargo, ante la expedición de un acto
administrativo arbitrario y sin motivación que vulnere derechos fundamentales” (SU-
913 de 2009). Y en ese caso, el Tribunal desconoció la jurisprudencia constitucional
aplicable al nombramiento del titular del Juzgado Segundo Promiscuo Municipal de
Charalá, al pasar por alto que en ese despacho existía un funcionario inscrito en
carrera administrativa que cumplía plenamente los requisitos del cargo.

Por último, concluyó que pese a lo anterior y sin motivación alguna sobre dicha
situación, el Tribunal nombró a una persona sin derechos de carrera, expidiendo un
acto administrativo que vulneraba sus derechos a la igualdad, al debido proceso, al
acceso a cargos públicos, al reconocimiento de la carrera administrativa y al
principio de mérito, pues dicha decisión anuló su oportunidad laboral en la Rama
Judicial y revelaba un alto grado de arbitrariedad, lo cual justifica la procedencia de
la acción de tutela como único medio judicial idóneo y eficaz para proteger sus
derechos fundamentales.

4. Oposición

4.1. Respuesta del Tribunal Superior del Distrito Judicial de San Gil

La vicepresidenta de la corporación rindió informe en el que precisó que ante la
renuncia de la titular del Juzgado Segundo Promiscuo Municipal de Charalá y de
conformidad con el artículo 68 de la Ley 2430 de 2024 que modificó el artículo 132
de la Ley 270 de 1996, se procedió a realizar el nombramiento en provisionalidad
de Leidy Natalia Ortiz Higuera.

Señaló que el Acuerdo no. PCSJA17-10715 de 25 de julio de 2017, “Por el cual se
adoptan las reglas generales para el funcionamiento de los Tribunales Superiores
de Distrito Judicial”, contempla la función nominadora de las Corporaciones así:

“ARTÍCULO TREINTA Y CUATRO. REGULACIÓN. La atribución legal que como
autoridad nominadora de jueces y empleados ostentan los tribunales, será ejercida con
arreglo a la ley y a los acuerdos que para el efecto expida el Consejo Superior de la
Judicatura. Cada vez que se presente una vacante de funcionario o empleado de carrera,
la sala, o el magistrado nominador, según el caso, procederá en los términos del artículo
167 de la Ley 270 de 1996.

ARTÍCULO TREINTA Y CINCO. INICIATIVA DE POSTULACIÓN. Todos los magistrados
tienen iniciativa en la postulación de jueces en provisionalidad. Parágrafo. Antes de abrir
la votación, el presidente debe proponer que se delibere sobre los candidatos y,
concluida la deliberación, designará dos magistrados escrutadores. Cada voto sólo
contendrá el nombre del candidato que el elector acoja.

ARTÍCULO TREINTA Y SEIS. COMUNICACIÓN. El secretario del tribunal comunicará
por escrito la designación a la persona elegida, con advertencia de los términos para
aceptarla, solicitar confirmación, si fuere el caso, y tomar posesión; en la comunicación
se deben puntualizar los requisitos y documentos exigidos para el cargo”.

De conformidad con lo anterior, explicó que como actualmente no existe una lista
de elegibles para proveer el cargo de juez según la información suministrada por la
Unidad de Administración de Carrera Judicial, ni tampoco solicitud de traslado para
ese despacho, y considerando además que la Ley Estatutaria de Administración de
Justicia no exige que una vacante definitiva de juez sea ocupada necesariamente
por un empleado de carrera (exigencia que sí aplica para las vacantes temporales),
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resaltó que aunque hay empleados judiciales con las capacidades y aptitudes para
asumir funciones jurisdiccionales, no se realizó convocatoria alguna para proveer la
vacante, porque para ese caso específico, no se había previsto dicho requisito. Y
agregó que la página web de la Rama Judicial únicamente tiene habilitada la
publicación de avisos para vacantes temporales, lo que confirmaba que no existía
un procedimiento vigente para convocatorias destinadas a proveer vacancias
definitivas en cargos judiciales.

Aclaró que la profesional del derecho designada en provisionalidad como Juez
Segundo Promiscuo Municipal de Charalá cumple los requisitos objetivos para el
cargo, toda vez que acreditó 11 años de experiencia profesional y ha desempeñado
previamente varios cargos judiciales, entre ellos juez de familia, juez penal para
adolescentes, juez de ejecución de penas y juez promiscuo municipal, lo que
demuestra su idoneidad para el nombramiento.

Para terminar, solicitó que se negaran las pretensiones del amparo solicitado porque
no existe la presunta vulneración de los derechos fundamentales alegados por la
parte actora, comoquiera que el señor Ciro Alfonso Gómez García se encuentra
desempeñando su cargo en propiedad, el cual adquirió a través de concurso
méritos. Asimismo, explicó que si bien el accionante tenía la expectativa o idea de
ser llamado a proveer el cargo de juez en provisionalidad, “no existía la obligación
de su nombramiento, así como tampoco la de realizar una convocatoria para
proveer la vacante definitiva; ni la exigencia de hacer un ascenso al interior del
despacho como así parece considerarlo el libelista”.

4.2. Respuesta de la titular del Juzgado Segundo Promiscuo Municipal de
Charalá

Een calidad de Jueza Segunda Promiscuo Municipal de Charalá en provisionalidad
rindió informe en el que solicitó que se nieguen las pretensiones de la acción de
tutela y se declare improcedente, en virtud de lo dispuesto en el artículo 6 del
Decreto 2591 de 1991.

Manifestó que mediante el Acuerdo no. 031 de 25 de junio de 2025, el Tribunal
Superior del Distrito Judicial de San Gil en Sala Plena la nombró como titular del
despacho judicial debido a la vacancia definitiva generada por la renuncia de su
anterior titular y ante la inexistencia de lista de elegibles. Agregó que su designación
se hizo por mayoría, al verificarse que cumplía con los requisitos para el cargo, y se
mantendría hasta que el puesto sea provisto mediante lista de elegibles o traslado.
Y señaló que durante varios años había puesto a consideración su hoja de vida para
que fuera tenido en cuenta cuando se presentaran vacantes, toda vez que había
ejercido funciones de juez en varios despachos.

Refirió que “Si bien es cierto y jamás he desconocido el derecho que le asiste al Dr.
Ciro Alfonso Gómez, exalto sus grandes cualidades y capacidades, el cual se
reconoce como accionante en esta instancia, empero tampoco por el hecho de ser
Funcionario de carrera tiene un derecho automático a ser ascendido a juez, toda
vez que si bien existe una preferencia relativa con una expectativa legítima, pero no
un derecho adquirido y cierto, así como lo manifestó la Honorable Corte
Constitucional en sentencia T-608 de 1998, en la cual alude que la preferencia opera
en sede contenciosa, y no mediante vía de tutela directa”.

Finalmente, concluyó que la acción de tutela era improcedente por no cumplir con
el requisito de subsidiariedad, toda vez que el accionante contaba con un medio
judicial e idóneo como lo es el medio de control de nulidad y restablecimiento del
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derecho, el cual le permitiría controvertir el acto de nombramiento en provisionalidad
realizado por el nominador y también solicitar la nulidad del mismo. Y advirtió que
no se evidenciaba un perjuicio irremediable que justificara el uso del mecanismo
constitucional.

5. Sentencia de tutela impugnada

La Sección Primera del Consejo de Estado mediante sentencia de 9 de octubre de
2025, declaró improcedente la acción de tutela, y resolvió lo siguiente:

“PRIMERO: DECLARAR IMPROCEDENTE la acción de tutela de la referencia, de
conformidad con lo señalado en la parte motiva de esta sentencia.

SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes por el medio más expedito y eficaz.

TERCERO: En caso de que este fallo no sea impugnado y quede en firme, REMITIR el
expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión”.

El juzgador de primera instancia indicó que la acción de tutela no cumple con el
requisito de subsidiariedad porque el ordenamiento jurídico ha establecido los
mecanismos de defensa judicial para controvertir la legalidad de los actos
administrativos, y a través de los cuales se puede proteger de manera oportuna e
inmediata el derecho fundamental que el actor considera le ha sido vulnerado.

Manifestó que el Acuerdo no. 031 de 25 de junio de 2025 es susceptible de control
jurisdiccional, comoquiera que se enmarca en la categoría de los actos
administrativos definitivos, toda vez que resuelven de fondo el asunto. Y resaltó que
el accionante cuenta con los medios de control previstos en la Ley 1437 de 2011, a
través de los cuales puede discutir la legalidad del acto administrativo reprochado,
en el que podrá además solicitar medidas cautelares.

Asimismo, precisó que con la expedición de la Ley 1437 de 2011 no es admisible el
argumento encaminado a que los medios de control ordinarios no son eficaces ni
oportunos para la protección de los derechos presuntamente vulnerados.

Explicó que “lo anterior, en consideración a que, la mencionada normativa además
de darle celeridad a los procesos al establecer la oralidad en los mismos, contiene
diferentes herramientas jurídicas que permiten solicitar, entre otras cosas, las
medidas cautelares incluso de urgencia, como la suspensión provisional de los
efectos de los actos administrativos o del procedimiento hasta tanto se defina la
declaración o no de su nulidad; ordenar la adopción de una decisión administrativa;
impartir órdenes o imponerle obligaciones de hacer o no hacer a cualquiera de las
partes, las cuales demuestran la efectividad del procedimiento ordinario cuando se
advierte una situación apremiante que necesite ser remediada incluso antes de que
se profiera una decisión definitiva”.

Por último, adujo que el actor debe utilizar los medios ordinarios e idóneos que se
encuentran establecidos en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo (CPACA) para revisar la legalidad del acto
administrativo cuestionado, máxime cuando no se advirtió la existencia de un
perjuicio irremediable que haga procedente el mecanismo constitucional.

6. Escrito de impugnación

Dentro del término previsto en el artículo 31 del Decreto 2591 de 1991, el accionante
impugnó el fallo de primera instancia, al considerar que el precedente constitucional

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es de obligatorio cumplimiento, toda vez que es un elemento esencial del estado
constitucional de derecho, pues asegura la aplicación uniforme de la Constitución y
legitima las decisiones judiciales. Por lo tanto, agregó que cuando los jueces se
apartan injustificadamente de la jurisprudencia, se vulneran principios como la
igualdad, la seguridad jurídica y la confianza legítima, lo que afecta la estabilidad
del estado de derecho.

En ese orden de ideas, precisó que el precedente garantizaba que casos similares
recibieran el mismo tratamiento y permitieran la predictibilidad de las decisiones.
Además, refirió que la Corte Constitucional, como intérprete supremo de la
Constitución, había señalado que su jurisprudencia no solo interpreta, sino que
también integra y crea derecho, por lo que constituye una fuente formal obligatoria
para todas las autoridades.

Manifestó que la sentencia de primera instancia es contraria a la regla
jurisprudencial de la “Corte Constitucional de excepción al requisito de eficacia, en
tanto que la tutela procede directamente contra actos administrativos de
nombramiento, cuando: i) el medio ordinario no es idóneo y eficaz o si existe la
inminencia de un perjuicio irremediable, ii) el medio de control no es oportuno para
evitar un perjuicio irremediable, iii) el acto de nombramiento vulnera los derechos
fundamentales de quien aspira a ser nombrado, y iv) un nombramiento afecte las
reglas establecidas para la provisión del cargo.

Asimismo, refirió que si la Sección Primera del Consejo de Estado hubiera estudiado
el fondo del asunto, habría concluido que la proximidad de la publicación de la lista
de elegibles de la Convocatoria 27 (abril de 2026) configuraba un perjuicio
irremediable, pues acudir al medio de control ordinario implicaría perder la
oportunidad laboral de ser nombrado, toda vez que el tiempo entre la expedición del
acto administrativo sin motivación (junio de 2025) y la publicación de la lista de
elegibles era demasiado corto para obtener una decisión eficaz.

Consideró que la providencia impugnada desconoció que era un sujeto de especial
protección constitucional, porque “si la Sección Primera hubiese realizado un
estudio de fondo, habría encontrado que el accionante y afectado con el acto
administrativo tutelado, es una persona discapacitada, que acreditó tal condición
con la prueba documental idónea, por tanto, se trata de un sujeto de especial
protección constitucional, que según las reglas jurisprudenciales señaladas hacen
que la tutela se conceda como medio principal para la protección de mis derechos,
o aun en el extremo caso como mecanismo transitorio”.

Para terminar, indicó que aportaba el cronograma de la Convocatoria 27, expedido
por el Consejo Superior de la Judicatura, el cual fija la publicación de las listas de
elegibles para abril de 2026. Y en ese orden de ideas, explicó que dicho documento
demostraba que, debido a la cercanía de la fecha, el medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho resultaba ineficaz para evitar el perjuicio irremediable
derivado de la pérdida de la oportunidad laboral.

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

1. Competencia

De conformidad con lo previsto en los artículos 86 de la Constitución Política, 29 del
Decreto 2591 de 1991 y 25 del Reglamento Interno (Acuerdo 080 de 2019), la

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Sección Cuarta del Consejo de Estado es competente para decidir el asunto objeto
de impugnación.

2. Planteamiento del problema jurídico

Le corresponde a la Sala determinar, en los términos del escrito de impugnación, si
debe revocar la sentencia de 9 de octubre de 2025, mediante la cual la Sección
Primera del Consejo de Estado declaró improcedente la solicitud de amparo por
incumplir el requisito de subsidiariedad y, en su lugar, acceder a la protección
constitucional de los derechos fundamentales al debido proceso, a la igualdad, al
acceso a cargos públicos, así como el principio de confianza legítima, por la
expedición del Acuerdo no. 031 de 25 de junio de 2025, mediante el cual el Tribunal
Superior del Distrito Judicial de San Gil nombró en provisionalidad el cargo de Juez
Segundo Promiscuo Municipal de Charalá.

3. Procedencia de la acción de tutela contra actos administrativos de
nombramiento en cargos de la Rama Judicial

El artículo 86 de la Constitución Política establece que cuando el afectado dispone
de otro medio de defensa judicial, no podrá hacer uso del mecanismo constitucional
de la tutela, salvo que sea utilizado de manera transitoria con el fin de evitar un
perjuicio irremediable.

En efecto, la acción de tutela se caracteriza por su naturaleza excepcional y
subsidiaria, es decir, solo procede cuando el afectado no disponga de otro medio
de defensa judicial, salvo que éste no resulte eficaz para la protección de los
derechos fundamentales y sea necesario adoptar una medida transitoria para evitar
un perjuicio irremediable.

En tal sentido, el artículo 6° del Decreto 2591 de 1991, que apunta al requisito de la
subsidiariedad previsto en la norma constitucional mencionada, dispone que la
eficacia del mecanismo ordinario de defensa judicial será evaluada por el juez de
tutela, atendiendo a las circunstancias en las que se encuentre el accionante.

En el ámbito del derecho administrativo en general y frente a los actos
administrativos en particular, de conformidad con lo precisado por la jurisprudencia
de la Corte Constitucional, “la acción de tutela es improcedente como mecanismo
principal para proteger derechos de rango constitucional o legal que resulten
amenazados o vulnerados con ocasión de la expedición de actos administrativos1”,
toda vez que para controvertir su legalidad, el legislador estableció diferentes
medios de control en la jurisdicción contencioso administrativa, que se presumen
idóneos y eficaces para restablecer el derecho vulnerado, en los que el interesado
puede solicitar las medidas cautelares previstas en la Ley 1437 de 2011 -CPACA-,
incluidas las de urgencia desde la presentación de la solicitud y sin previa
notificación a la otra parte (art. 234 del CPACA).

En la sentencia SU-067 de 20222, la Corte Constitucional reiteró que “la acción de
tutela no es, en principio, el medio adecuado para reclamar la protección de los
derechos fundamentales cuando estos resultan infringidos por la expedición de un
acto administrativo. Dicha postura ha dado lugar a una línea jurisprudencial pacífica
y reiterada. Su fundamento se encuentra en el hecho de que el legislador ha
dispuesto los medios de control de la Ley 1437 de 2011 como los instrumentos
procesales para demandar el control judicial de los actos administrativos”.

1 Sentencia T-243 de 2014, M.P. Mauricio González Cuervo.
2 M.P. Paola Andrea Meneses Mosquera.

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No obstante, la Corte ha admitido que en los casos en que se acredite un perjuicio
irremediable, la tutela se torna procedente como mecanismo transitorio de amparo
y, en consecuencia, habilita al juez constitucional para suspender la aplicación del
acto administrativo u ordenar que el mismo no se ejecute, mientras se surte el
respectivo proceso judicial que, en principio, es idóneo y eficaz.

Con sustento en lo anterior, tanto la Corte Constitucional como esta Sala han
sostenido de manera reiterada que, por regla general, la acción de tutela resulta
improcedente cuando lo que se controvierte son actos administrativos destinados al
nombramiento en cargos de la Rama Judicial, toda vez que ese tipo de decisiones
cuentan con los medios de control previstos en la Ley 1437 de 2011, los cuales
permiten realizar un examen integral de legalidad y, en su caso, obtener la
protección efectiva del derecho presuntamente vulnerado.

En consecuencia, solo de manera excepcional procede el amparo constitucional
frente a estos actos, en aquellos eventos en los que se acredite de forma clara la
inexistencia de otro medio de defensa judicial idóneo o eficaz, o cuando sea
necesario evitar un perjuicio irremediable que haga indispensable la intervención
urgente e inmediata del juez constitucional.

4. Estudio y solución del caso concreto

El señor Ciro Alfonso Gómez García, quien actúa en nombre propio, presentó acción
de tutela contra el Tribunal Superior del Distrito Judicial de San Gil, por la supuesta
vulneración de sus derechos fundamentales al debido proceso, a la igualdad, al
acceso a cargos públicos, así como el principio de confianza legítima, con la
expedición del Acuerdo no. 031 de 25 de junio de 2025, mediante el cual se nombró
en provisionalidad el cargo de Juez Segundo Promiscuo Municipal de Charalá y no
se tuvo en cuenta su postulación para el cargo.

En primera instancia, la Sección Primera del Consejo de Estado en sentencia de 9
de octubre de 2025, declaró improcedente la acción de tutela por desatender el
requisito de subsidiariedad, al considerar que el accionante tiene a su alcance los
medios de control previstos en la Ley 1437 de 2011 que son idóneos y eficaces para
ventilar las pretensiones planteadas en la tutela, y en los cuales podrá discutir la
legalidad del acto administrativo reprochado y solicitar medidas cautelares.

En el escrito de impugnación, el accionante reiteró los argumentos del escrito de
tutela, y agregó que era un sujeto de especial protección constitucional, toda vez
que era una persona en situación de discapacidad. Y agregó que se configuraba un
perjuicio irremediable toda vez que en la Convocatoria 27 expedida por el Consejo
Superior de la Judicatura se fijaba la publicación de las listas de elegibles para abril
de 2026 y debido a la cercanía de la fecha, el medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho resultaba ineficaz para evitar el perjuicio irremediable
derivado de la pérdida de la oportunidad laboral.

Descendiendo al asunto bajo examen, la Sala confirmará la sentencia de primera
instancia que declaró la improcedencia porque la acción de tutela no cumple el
requisito de la subsidiariedad, dado que los reparos formulados por el demandante
concernientes a que se deje sin efectos el Acuerdo no. 031 de 25 de junio de 2025,
mediante el cual se efectuó un nombramiento en provisionalidad el cargo de Juez
Segundo Promiscuo Municipal de Charalá y se realice un nuevo proceso de
selección para la provisión del cargo, no pueden ser estudiados en el marco de este
mecanismo constitucional, como pasa a explicarse.
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Accionante: Ciro Alfonso Gómez García

De conformidad con los antecedentes narrados en precedencia, se tiene que
mediante la Resolución no. 034 de junio de 2025, el Tribunal Superior del Distrito
Judicial de San Gil aceptó la renuncia presentada por Arlys Alana Romero Pérez al
cargo de Jueza Segunda Promiscuo Municipal del Charalá. En ese orden de ideas,
el actor remitió su hoja de vida al Tribunal con el fin de postularse para el cargo en
mención. No obstante, mediante Acuerdo no. 031 de 25 de junio de 2025 nombró
en provisionalidad a Leidy Nathalia Ortiz Higuera, a partir de la fecha y hasta que
se provea el cargo por lista de elegibles remitida por el Consejo Superior de la
Judicatura o por traslado.

En ese orden de ideas, la Sala observa que el Acuerdo no. 031 de 25 de junio de
2025 proferido por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de San Gil, tuvo como
fundamento:
“1.- Que de conformidad con lo establecido en el Artículo 132 de la Ley Estatutaria de la
Administración de Justicia Ley 270 de 1996, corresponde al Tribunal Superior proveer
los cargos de Jueces de la República en encargo, propiedad o provisionalidad cuando
las necesidades del servicio lo exijan.

2.- Que el literal e) del Artículo 4º del Acuerdo PCSJA17-10715 del 25 de Julio de 2017,
emanado del Consejo Superior de la Judicatura por medio del cual se adoptan las reglas
generales para el funcionamiento de los Tribunales Superiores del Distrito Judicial,
faculta a la Sala Plena para elegir en Provisionalidad, Propiedad o encargo los Jueces
del Distrito Judicial.

5.- Que el Artículo 66 de la Ley 2430 de 2024, modificatorio del Artículo 128 de la Ley
270 de 1996, amplió el termino de requisitos adicionales para ser funcionario de la Rama
Judicial: “Para ejercer los cargos de funcionario de la Rama Judicial deben reunirse los
siguientes requisitos adicionales, además de los que establezca la ley
6.- Que la Unidad de Carrera Judicial del Consejo Superior de la Judicatura mediante
oficio CJ024-7356 del 28 de octubre de 2024 informa que los registros de elegibles
conformados como resultado del concurso de méritos convocado mediante Acuerdo
PSAA13-9939 de 25 de junio de 2013 se encuentran vencidos, por lo tanto, en la
actualidad no se cuenta con lista de elegibles vigente para proveer el cargo de Juez de
la República.

7.- Que el Acuerdo PCSJA24-12238 9 de diciembre de 2024 señala establece la forma
de proveer los cargos de vacantes temporales.

8.- Que haciéndose necesario realizar el nombramiento del titular del despacho del
JUZGADO SEGUNDO PROMISCUO MUNICIPAL DE CHARALÁ ante la renuncia
debidamente aceptada a la titular del mismo; y tratándose de una vacancia definitiva para
la cual no se cuenta con lista de elegibles, se considera que la doctora LEIDY NATALIA
ORTIZ HIGUERA, identificada con cédula de ciudadanía N° 1.098.634.257, cumple con
los requisitos exigidos para ser designada como Juez de dicho despacho judicial y por
mayoría se realiza tal designación”.

Bajo ese contexto, la Sala evidencia que respecto de las pretensiones encaminadas
a que se deje sin efecto el Acuerdo no. 031 de 25 de junio de 2025 mediante el cual
se designó en provisionalidad el cargo de Juez Segundo Promiscuo Municipal de
Charalá, y se realice un nuevo proceso de selección para la provisión del cargo, el
accionante cuenta con los mecanismos de defensa judicial previstos en la Ley 1437
de 2011 – CPACA, por lo que no se advierten razones válidas para habilitar de
manera definitiva la procedencia de este mecanismo de protección constitucional
de naturaleza residual y subsidiaria, pues ello sería desconocer que el ordenamiento
jurídico ha previsto de medios de defensa judicial con la aptitud suficiente para
ventilar estas controversias de naturaleza estrictamente legal, motivo por el cual la
acción de tutela es improcedente.

En ese sentido, la Sala resalta que la parte actora puede solicitar medidas
cautelares, las cuales ofrecen una protección adecuada y eficaz, pues dichas
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Accionante: Ciro Alfonso Gómez García

medidas pueden adoptarse en cualquier etapa del proceso, incluso antes de que se
notifique el auto admisorio de la demanda. Asimismo, el artículo 230 ibídem
establece que pueden tener carácter preventivo, conservativo, anticipativo o
suspensivo. En consecuencia, el juez contencioso administrativo puede suspender
provisionalmente los efectos de un acto o procedimiento administrativo, sin importar
su naturaleza.

De conformidad con lo anterior, se precisa que no puede perderse de vista que las
medidas cautelares en últimas son medios preliminares dotados de eficacia para la
protección de derechos fundamentales y fueron concebidas como una garantía
efectiva y material del acceso a la administración de justicia que deben tener en
cuenta no sólo presupuestos legales, sino también constitucionales y
convencionales para su procedencia3.

Es decir, que la jurisdicción de lo contencioso administrativo cuenta en la actualidad
con las herramientas necesarias para garantizar la protección de los derechos
fundamentales de forma igual o superior al de la acción de tutela, por parte de los
jueces especializados en los asuntos del contencioso administrativo y también
encargados de la protección de los derechos fundamentales4.

En ese orden de ideas, la Sala aclara que la acción de tutela es procedente
únicamente cuando no exista otro medio judicial de defensa o cuando, ante su
existencia, se demuestre un perjuicio irremediable. En este caso, no se advierte tal
perjuicio, pues el accionante se encuentra vinculado a la Rama Judicial desde 2016
mediante concurso de méritos, es decir, ya cuenta con un empleo estable, lo que
descarta que su derecho al trabajo o mínimo vital esté siendo vulnerado de manera
irremediable.

Ahora bien, frente al argumento expuesto por el accionante en el escrito de
impugnación en el que afirmó que es un sujeto de especial protección constitucional
por encontrarse en situación de discapacidad, la Sala advierte que tal circunstancia,
por sí sola, no resulta suficiente para excepcionar el requisito de subsidiariedad ni
para demostrar la existencia de un perjuicio irremediable. Lo anterior, toda vez que
el accionante actualmente se encuentra vinculado en propiedad a la Rama Judicial,
situación que descarta la afectación de su derecho al mínimo vital y, por ende, la
configuración del perjuicio alegado.

Por otro lado, la parte actora sostuvo que en su caso se configuraba un perjuicio
irremediable, en la medida en que la interposición del medio de control ordinario le
impediría acceder oportunamente al nombramiento en el cargo pretendido, debido
a la publicación de la lista de elegibles de la Convocatoria 27, prevista para abril de
2026. Sin embargo, frente a este argumento, la Sala precisa y reitera que el
ordenamiento jurídico dispone de mecanismos idóneos dentro del proceso ordinario
en particular la solicitud de medidas cautelares.

De manera que, como en el caso concreto no se configura un perjuicio irremediable,
ni están dados los supuestos de procedencia excepcional de la acción de tutela,
corresponde al interesado acudir a los medios ordinarios de defensa, para que el
juez natural del caso determine con base en las pruebas aportadas por las partes,
si la decisión adoptada por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de San Gil en el
Acuerdo no. 031 de 25 de junio de 2025 mediante el cual se designó en
provisionalidad el cargo de Juez Segundo Municipal de Charalá, no es ajustada a
derecho.
3 Sentencia T-179 de 2023 MP Alejandro Linares Cantillo.
4 Ibidem.

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Accionante: Ciro Alfonso Gómez García

En suma, la acción de tutela para este caso particular y concreto no procede como
mecanismo de protección definitivo ni transitorio, por la existencia de otro medio de
defensa judicial como lo son los medios de control dispuestos en la Ley 1437 de
2011, los cuales resultan eficaces e idóneos para debatir ante el juez natural la
legalidad de la decisión cuestionada.

Por las razones expuestas, la Sala confirmará la sentencia de 9 de octubre de 2025,
mediante la cual la Sección Primera del Consejo de Estado declaró improcedente
la acción de tutela por no cumplir con el requisito de subsidiariedad.

III. DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, la Sección Cuarta del Consejo de Estado, Sala de lo
Contencioso Administrativo, administrando justicia en nombre de la República y por
autoridad de la ley,

FALLA

Primero.- Confirmar la sentencia proferida el 9 de octubre de 2025, por la Sección
Primera del Consejo de Estado.

Segundo.- Notificar esta decisión por el medio más eficaz y expedito posible, como
lo dispone el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.

Tercero.- Publicar esta providencia en la página web del Consejo de Estado.

Cuarto.- Remitir el expediente de tutela a la Corte Constitucional para que surta el
trámite de eventual revisión previsto en el artículo 86 de la Constitución Política.

Notifíquese y cúmplase,

Esta sentencia fue discutida y aprobada en sesión de la fecha.

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
WILSON RAMOS GIRÓN MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO
Presidente

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
LUIS ANTONIO RODRÍGUEZ MONTAÑO CLAUDIA RODRÍGUEZ VELÁSQUEZ

Este documento fue firmado electrónicamente. Su validez e integridad puede comprobarse a través de la
siguiente dirección electrónica: http://relatoria.consejodeestado.gov.co/Vistas/documentos/evalidador.aspx.

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