Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-05552-00
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-05552-00
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2025-05552-00
Consejero ponente: Alberto Montaña Plata
12 de diciembre de 2025
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN B
Magistrado ponente: Alberto Montaña Plata
Bogotá D.C., 12 de diciembre de 2025
Radicación: 11001-03-15-000-2025-05552-00
Demandante: Orlando Mier Cerpa
Demandado: Tribunal Administrativo de Bolívar y otro
Referencia: Acción de tutela. Sentencia de primera instancia
Temas: ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL| Desconocimiento del
precedente| ACCIÓN DE TUTELA POR ACCIÓN U OMISIÓN – Mora judicial - niega
Síntesis del caso: La parte actora enjuició una providencia que resolvió en única instancia un
proceso reivindicatorio y la mora judicial en pronunciarse sobre el recurso de apelación
interpuesto contra la decisión de negar una medida cautelar.
De acuerdo con la competencia asignada1, la Sala procederá a resolver, en
primera instancia, la acción de tutela presentada por Orlando Mier Cerpa, en
contra del Juzgado Promiscuo Municipal de San Martín de Loba y el Tribunal
Administrativo de Bolívar.
Contenido: 1. Antecedentes. 2. Consideraciones. 3. Decisión.
1. ANTECEDENTES
Contenido: 1.1. Posición de la parte actora. 1.2. Posición de la parte accionada y demás
vinculados.
1.1. Posición de la parte actora
1. El 5 de septiembre de 2025, Orlando Mier Cerpa, a través de
apoderado judicial, presentó una acción de tutela en contra del Juzgado
Promiscuo Municipal de San Martín de Loba y el Tribunal Administrativo de
Bolívar, por la presunta vulneración de sus derechos fundamentales al debido
proceso y acceso a la administración de justicia, con ocasión de la Sentencia
de 2 de septiembre de 2025, proferida dentro del proceso de reivindicación
No. 13667-40-89-001-2022-00111-00, y la omisión del tribunal accionado en
resolver el recurso de apelación contra el auto que negó una medida
cautelar, dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho No.
13001-33-33-005-2020-00134-00/01.
2. A título de amparo constitucional, la parte actora solicitó (se trascribe):
1 Artículo 86 de la Constitución Política, Decretos 2591 de 1991, 1069 de 2015, 1983 de 2017 y 333 de 2021 y Acuerdo
80 de 2019 de esta corporación.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicación: 11001-03-15-000-2025-05552-00
Demandante: Orlando Mier Cerpa
Demandado: Tribunal Administrativo de Bolívar y otro
Referencia: Acción de tutela. Sentencia de primera instancia
Decisión: niega
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“Tutelar los derechos fundamentales incoados, como consecuencia ordenar a la
accionada en un término prudencial dictar una nueva providencia donde se
resuelva de fondo el asunto dentro del proceso con radicado 136674089001-2022-
00111-00 o en su defecto ordene la suspensión de los efectos del fallo, hasta tanto
la jurisdicción contenciosa defina la controversia dentro del proceso
13001333300520200013401.
Ordenar la suspensión de los efectos de la resolución n º 389 de noviembre 15 de
2018 “por medio de la cual se cede a título gratuito un bien fiscal del municipio
de san Martin de loba bolívar”, hasta tanto la jurisdicción contenciosa no dirima
el conflicto, dentro del proceso 13001333300520200013401
3. Como hechos relevantes, a partir del escrito de tutela y sus anexos, se
destacan los siguientes:
4. 1) En 1987, el municipio de San Martín de Loba adjudicó y vendió un
lote a Adriana Ospino de González -abuela del accionante-, mediante
Resolución 282 de 28 de julio de 1987 y escritura pública No. 176 de 19 de
agosto de 1987.
5. 2) En 2008, con autorización de la señora Ospino, el accionante instaló
la torre de la emisora comunitaria, cuya concesión le fue otorgada por el
Ministerio de Comunicaciones. Según el escrito de tutela, el accionante ha
ejercido posesión pacífica y material del predio.
6. 3) Mediante Resolución 389 de 15 de noviembre de 2018, el municipio
de San Martín de Loba cedió a título gratuito un bien fiscal que incluía dicho
lote al señor Blasminio Cerpa Ospino, sin notificar al accionante.
7. 4) El 9 de octubre de 2020, el señor Orlando Mier Cerpa presentó
demanda en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del
derecho, con el fin de que se declarara la nulidad de la Resolución 389 de 15
de noviembre de 2018. El proceso le correspondió por reparto al Juzgado 5
Administrativo de Cartagena, bajo el radicado No. 13001-33-33-005-2020-
00134-00.
8. 5) El juzgado declaró la caducidad de la acción, decisión que fue
revocada por el Tribunal Administrativo de Bolívar. Posteriormente, al crearse
los juzgados administrativos en el municipio de Magangué, el proceso fue
remitido al Juzgado 1 Administrativo de Magangué, para continuar con el
trámite correspondiente.
9. 6) Mediante Auto de 29 de mayo de 2025, el Juzgado 1 Administrativo
de Magangué se pronunció sobre la medida cautelar propuesta por la parte
demandante, consistente en suspender los efectos de la resolución
demandada y decidió negar dicha medida. Consideró que no se cumplía
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con los requisitos legales para decretar la medida solicitada y tampoco se
acreditó la configuración de un perjuicio irremediable.
10. 7) La parte demandante apeló la anterior decisión. Consideró que el
juez exigió requisitos no previstos en la ley para decretar la medida cautelar,
pues bastaba con demostrar un perjuicio grave e irreparable, que en este
caso si se probó. Señaló que la resolución demandada vulneró el debido
proceso al adjudicar un bien sin notificar al poseedor legítimo, por lo que
solicitó revocar la decisión de primera instancia.
11. 8) El 7 de octubre de 2022, Blasminio Cerpa Ospino -hijo de Adriana
Ospino y tío del accionante- presentó demanda de reivindicación contra
Orlando Mier Cerpa, proceso que fue conocido por el Juzgado Promiscuo de
San Martín de Loba, bajo el radicado No. 13667-40-89-001-2022-00111-00.
12. 9) Mediante Sentencia de 2 de septiembre de 2025, el juzgado
promiscuo de San Martín de Loba accedió a la reivindicación solicitada por
el señor Blasminio Cerpa y le ordenó al aquí accionante restituir el inmueble.
Consideró que se demostró que la posesión del demandante era anterior a
la del señor Mier Cerpa y, además, con posterioridad obtuvo título legal, por
lo que tenía mejor derecho sobre el bien inmueble.
13. Como fundamento de la vulneración, la parte actora manifestó que,
en relación con el Juzgado Promiscuo de San Martín de Loba, que este
incurrió en un defecto sustantivo, al inaplicar la jurisprudencia reiterada de la
Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia en materia de acción
reivindicatoria. En particular, señaló que desconoció los requisitos
estructurales que deben concurrir para la prosperidad de dicha acción, los
cuales se han establecido en las sentencias SC15644-2016, SC710-2022 y
SC211-2017. Lo anterior, comoquiera que en el proceso no se acreditó que el
señor Cerpa Ospino tuviera derecho de dominio sobre el bien reclamado ni
aportó título válido anterior al inicio de la posesión del señor Orlando Mier
Cerpa, así como tampoco probó la identidad plena del bien que pretendía
reivindicar.
14. En relación con el Tribunal Administrativo de Bolívar, consideró que, al
omitir pronunciarse sobre el recurso de apelación que negó la medida
cautelar de suspensión provisional de la Resolución 389 de 2018, se vulneró su
derecho al debido proceso, pues la resolución sigue produciendo efectos y
permitió que el proceso reivindicatorio fuera fallado en favor del señor Cerpa
Ospino.
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1.2. Posición de la parte accionada y demás vinculados2
15. El Juzgado 5 Administrativo de Cartagena3 hizo un recuento de las
actuaciones que profirió cuando conoció en primera instancia del proceso
de nulidad y restablecimiento del derecho No. 13001-33-33-005-2020-00134-00
y explicó que dicho proceso fue remitido al Juzgado 1 Administrativo de
Magangué para continuar con el trámite correspondiente.
16. El Tribunal Administrativo de Bolívar4 remitió el expediente del proceso
ordinario solicitado y rindió informe en el que explicó que, el proceso de
nulidad y restablecimiento del derecho se encontraba al despacho para
resolver el recurso de apelación contra el auto que negó una medida
cautelar. Señaló que el proceso se encontraba en el turno No. 8, pues desde
su ingreso al despacho el 4 de agosto de 2025 hasta la presentación de la
tutela el 5 septiembre de 2025, solo habían transcurrido 23 días hábiles, por lo
que no podía atribuirse mora judicial al tribunal.
17. El Juzgado Promiscuo de San Martín de Loba5 hizo un recuento de las
actuaciones que se surtieron al interior del proceso reivindicatorio No. No.
13667-40-89-001-2022-00111-00, para indicar que no vulneró ningún derecho
fundamental pues el trámite del proceso reivindicatorio de ajustó al marco
legal y constitucional. Por ello, solicitó que se declarara la improcedencia de
la acción.
18. Blasminio Cerpa Ospino y el municipio de San Martín de Loba, pese a
haber sido debidamente notificados, guardaron silencio6.
2. CONSIDERACIONES DE LA SALA
Contenido: 2.1. Metodología de estudio. 2.2. Procedencia de la acción de tutela contra
providencia judicial 2.3. Verificación de defectos y/o afectación a derechos fundamentales.
2.4. Procedencia de la acción de tutela por acción u omisión de autoridad pública. 2.5.
Verificación de la afectación de derechos alegada. 2.6. Conclusiones.
2.1. Metodología de estudio
19. De la revisión del escrito de tutela, se advierte que, de un lado, el
accionante cuestionó la Sentencia de 2 de septiembre de 2025 proferida
dentro del proceso reivindicatorio No. 13667-40-89-001-2022-00111-00, lo cual
2 Mediante Auto de 10 de septiembre de 2025, el despacho ponente resolvió (1) admitir la solicitud de amparo; (2)
tener como accionados al Tribunal Administrativo de Bolívar y al Juzgado Promiscuo Municipal de San Martín de
Loba; y (3) vincular al Juzgado 5 Administrativo de Cartagena, a Blasminio Cerpa Ospino y al municipio de San Martín
de Loba, como terceros con interés en el asunto. Luego, mediante Auto de 18 de noviembre de 2025, se ordenó
vincular al Juzgado 1 Administrativo de Magangué como tercero con interés en el asunto.
3 Índice 11 de SAMAI.
4 Índice 12 de SAMAI.
5 Índice 13 de SAMAI.
6 Índices 8 y 25 de SAMAI.
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se estudiará como acción de tutela contra providencia judicial. En ese
sentido, si bien la parte accionante alegó que dicha providencia incurrió en
un defecto sustantivo, sus reparos se estudiarán bajo la óptica del
desconocimiento del precedente, habida cuenta del reparo de
inobservancia de la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia,
contenida en las sentencias SC15644-2016, SC710-2022 y SC211-2017.
20. De otro lado, el accionante alegó la aparente vulneración de sus
derechos por una presunta mora judicial en resolver el recurso de apelación
contra el auto que negó una medida cautelar, dentro del proceso de nulidad
y restablecimiento del derecho No. 13001-33-33-005-2020-00134-02, lo cual se
estudiará como acción contra acción u omisión de autoridad pública.
2.2. Procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial
21. La Sala advierte que la acción de tutela es procedente porque (1) no
existe recurso idóneo y eficaz que permitiera a la parte actora alegar los
reparos planteados vía tutela y procurar la defensa del derecho
presuntamente vulnerado; (2) existió un plazo razonable entre la notificación
de la providencia enjuiciada (5/9/2025)7 y la presentación de la acción de
amparo (5/9/2025); (3) no se enjuició una sentencia de tutela, pues la
controversia se relaciona con una sentencia de única instancia que accedió
a la reivindicación de un bien inmueble; (5) se identificaron de manera clara,
detallada y comprensible los hechos y la presunta vulneración derivada de
ellos; y (6) la controversia tiene relevancia constitucional por tratarse de la
presunta afectación del debido proceso de la parte actora, con ocasión de
una providencia judicial cuyo debate gira en torno a la reivindicación de un
bien inmueble. Aunado a ello, no se advierte que se trate de una reiteración
de los argumentos del proceso ordinario, pues se trata de argumentos
concretos contra la sentencia de única instancia en un proceso verbal
sumario.
2.3. Verificación de defectos y/o afectación a derechos fundamentales
22. La Sala negará el amparo del derecho fundamental de Orlando Mier
Cerpa, al no encontrar configurado el defecto alegado como pasa a
explicarse:
23. En relación con la actuación del Juzgado Promiscuo de San Martín de
Loba, el accionante sostuvo que se desconoció el precedente fijado en las
sentencias SC15644-2016, SC710-2022 y SC211-2017 de la Sala Civil de la Corte
Suprema de Justicia, en la medida en que no se cumplieron los requisitos para
7 El 3 de septiembre de 2025 se envió un mensaje de datos a las partes del proceso ordinario, según consta en el
expediente digital que obra en el índice 13 de SAMAI.
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la procedencia de la acción de reivindicación señalados en estas, en
especial con los requisitos de dominio del bien, título anterior a la posesión del
demandado e identificación del bien.
24. Al respecto y, una vez revisadas las sentencias invocadas, la Sala
evidenció que, no le asiste razón al accionante, pues en estas decisiones la
Corte Suprema de Justicia, reiteró que los elementos esenciales de la acción
reivindicatoria son: 1) el derecho de dominio del demandante, 2) la posesión
actual del demandado, 3) cosa singular o cuota determinada 4) identidad
entre el bien a reivindicar y el poseído por el demandado. Todo ello, de
conformidad con lo dispuesto en los artículos 946 y siguientes del Código Civil.
25. Estos elementos fueron debidamente analizados por el juez promiscuo
municipal cuando al referirse al derecho de dominio del demandante indicó
(se trascribe):
“se tiene que la parte demandante señor Blasminio Cerpa Ospino respalda o acredita
su dominio aportando como título de propiedad copia de la Resolución No. 389 de
fecha 15 de noviembre de 2018 de la Alcaldia Municipal de San Martin de Loba
mediante la cual se cedió a titulo gratuito la parte restante de predio de mayor
extensión, bien fiscal a favor del señor Blasminio Cerpa Ospino, predio ubicado en la
Calle 7º No 24 -72 con un área de 397.40 mt 2 . Así mismo, se aportó el Certificado de
Tradición de la Matricula Inmobiliaria No 064 33023 en el cual en la anotación No 3 se
registro la cesión realizada por parte de la Alcadia de San Martin de Loba al señor
Blasminio Cerpa Ospino en virtud a la Resolución 389 del 15 de noviembre de 2018.”
26. Ahora, si bien el accionante señaló que el título era posterior a su
posesión, el juez consideró que el señor Cerpa Ospino tenía mejor derecho,
pues demostró que ocupaba el bien con anterioridad al demandado, por
haber comprado la posesión del inmueble en el año 1982, mientras que el
accionante inició su posesión en el 2006. Al respecto señaló (se trascribe):
“Ahora en cuanto a la tradición y ocupación, del bien objeto de litis, es palpable que
en el presente asunto la ocupacion de la cual posteriormente se deriva el derecho
de propiedad por parte del señor Blasminio Cerpa Ospino adviene de la compra de
posesión que se realizará al señor Heberto Aislant en el año 1982, y abarca un periodo
mas amplio a la ocupación ejercida por el demandado, por tanto se concluye que
en el sub examine la presunción de dominio que si bien se estructura por la posesión,
en el caso la ostenta el señor Orlando Mier Cerpa cede o se desvanece frente a la
ocupación ejercida por el demandante, toda vez que existen elementos de prueba
que demuestran una ocupación por parte de este con anterioridad a la del
demandado y una posterior propiedad del demandante lo cual representa un mejor
derecho sobre el bien inmueble objeto de discusión.”.
27. Sobre la anterioridad del título de dominio a la posesión del
demandado, la Corte Suprema de Justicia ha afirmado (se trascribe):
"La anterioridad del título del reivindicante apunta no sólo a que la adquisición de su
derecho sea anterior a la posesión del demandado, sino al hecho de que ese
derecho esté a su turno respaldado por la cadena ininterrumpida de los títulos de sus
antecesores, que sí datan de una época anterior a la del inicio de la posesión del
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demandado, permiten el triunfo del reivindicante. Entonces, no sólo cuando el título
de adquisición del dominio del reivindicante es anterior al inicio de la posesión del
demandado, sino inclusive cuando es posterior, aquél puede sacar avante su
pretensión si demuestra que el derecho que adquirió lo obtuvo su tradente a través
de un título registrado, y que éste a su turno lo hubo de un causante que adquirió en
idénticas condiciones; derecho que así concebido es anterior al inicio de la posesión
del demandado, quien no ha adquirido la facultad legal de usucapir”. 8.
28. En relación con la posesión del demandado, el juez tuvo en cuenta lo
dicho por el accionante en su contestación de la demanda y la inspección
judicial practicada dentro del proceso reivindicatorio, para lo cual concluyó
(se trascribe):
“En relación de la posesión del demandado señor Orlando Jose Mier Cerpa ésta
aparece acreditada no solo porque al contestar la demanda en el literal 4º se
respondió en forma elusiva sobre esa situación indicándose que “el señor Orlando es el
verdadero poseedor y propietario del bien inmueble en controversia”, igualmente en
el interrogatorio de parte frente a la pregunta formulada por el apoderado
demandante ¿si usted tiene algún documento sea certificado de libertad o tradición
que lo acredite como dueño?, el señor Orlando Mier Cerpa respondió: “No señor, No
tengo, tengo una sana posesión de dicho lote”, en suma de todo lo anterior en la
diligencia de inspección judicial realizada sobre el inmueble a reivindicar en la cual una
vez allegados a dicho inmueble fuimos atendido y acompañados en la diligencia por
el demandado señor Orlando Jose Mier Cerpa.
Así las cosas se plantea, que de las manifestaciones realizadas en la contestación, de
las manifestaciones realizadas por el demandado y de lo observado en la inspección
judicial y se demuestra que el señor la señora Orlando Mier Cerpa ha ejercido de
manera ininterrumpida y publica la posesión del bien inmueble desde el año 2006,
además evidencian el ejercicio de acciones sobre el inmueble en calidad de señores
y dueños, toda vez que se avista como lo manifiesta el testigo señor Eduardo Cogollo
que el señor Orlando como miembro del equipo de la emisora echaron cerca y
mantenían limpio el lote los cuales son acciones propias de quien ostenta la calidad de
poseedor de determinado bien.”.
29. En este punto, resulta importante destacar que, tanto en la acción de
tutela como en la contestación de la demanda dentro del proceso
reivindicatorio, el accionante admitió que ingresó a dicho lote para instalar
su emisora, con la autorización de su abuela Adriana Ospino, a quien
reconocía como propietaria del bien. En consecuencia, su posesión solo
pudo haber iniciado luego de su fallecimiento, cuya fecha no se encuentra
determinada en la presente acción.
30. Sobre los elementos de ser una cosa singular o cuota determinada y la
identidad del bien a reivindicar y el poseído, el juez los analizó de manera
conjunta de la siguiente manera (se trascribe):
“En cuanto al elemento de identidad, del inmueble, está acreditado mediante la
diligencia de inspección judicial mencionada y lo dictaminado por el auxiliar de la
justicia designado en el punto de identificación del inmueble, dictamen que pese a
lo manifestado por el demandado, cumplió con las formalidades legales puesto que
8 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, Sentencia de 23 de octubre de 1992, citada por la Corte
Constitucional en Sentencia T-456 de 2011.
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la calidad, acreditación idoneidad e imparcialidad del auxiliar de la justicia, fueron
debatidas en audiencia, por lo cual se concluye que el inmueble objeto de
reivindicación es el ubicado en la Calle 7 No. 24 -72 del perímetro urbano de la
cabecera municipal de San Martin de Loba, Bolívar, con un área de trescientos
noventa y siete metros cuadrados con cuarenta centímetros cuadrados (397.40
mts2), identificado y determinado por los siguientes linderos: Norte: con propiedades
de Adriana Ospino y Berlides Cerpa Ospino, mide 25.80 mts. SUR: Con calle 9 en medio
y al frente con propiedad de Tito Arcesio Jiménez Castañeda y mide 22.00 mts. ESTE:
Con propiedad de David Leon Sánchez y mide 17.00 mts. Oeste: Con propiedades
de Teodora Paternina Sampayo y Adalberto González Ríos y mide 17.00 mts, el cual
mediante Resolución No. 389 de fecha 15 de noviembre de 2018 fue cedido por parte
de la Alcaldia Municipal de San Martin de Loba al señor Blasminio Cerpa Ospino.
La exigencia de singularidad de la cosa reivindicada, apunta a que la pretensión
recaiga sobre una cosa particular, o una cuota determinada proindiviso de ella,
puesto que la reivindicación es una acción de defensa de la propiedad, que supone,
como objeto, un bien individualmente determinado, requerimiento que por ende se
colma singularizándolo objetivamente, en forma que no sea dable confundirlo con
otro.
En este orden de ideas es preciso anotar que el legislador denota o determina las
cosas susceptibles de reivindicación y establece en el Art 947 del C. C que: “Pueden
reivindicarse las cosas corporales, raíces muebles. Exceptúense las cosas muebles,
cuyo poseedor las haya comprado en una feria tienda almacén u otro
establecimiento industrial en que se vendan cosas muebles de la misma clase…”
Respecto a este elemento no hay reparo alguno, puesto que la pretensión recae
sobre una cosa singular como es el predio ubicado en la Calle 7 No. 24 -72 del
perímetro urbano de la cabecera municipal de San Martin de Loba, Bolívar, con un
área de trescientos noventa y siete metros
cuadrados con cuarenta centímetros cuadrados (397.40 mts2) identificado con folio
de matrícula inmobiliaria No 064 33023 sobre el cual se ejerce posesión por parte del
señor Orlando Jose Mier Cerpa quien lo usa para el funcionamiento de una
infraestructura de telecomunicaciones.”
31. Por lo expuesto, para la sala no se configuró el defecto alegado pues
el juzgado promiscuo municipal de San Martín de Loba verificó de una
manera razonada y fundamentada el cumplimiento de cada uno de los
elementos estructurales de la acción reivindicatoria, de conformidad con lo
dispuesto en el Código Civil y la jurisprudencia de la Corte Suprema de
Justicia.
2.4. Procedencia de la acción de tutela por acción u omisión de autoridad
pública
32. Frente al reparo de la existencia de una mora judicial, la Sala considera
que se cumplieron los requisitos generales de procedibilidad de la acción de
tutela porque esta se orientó a obtener la protección del derecho
fundamental9 al debido proceso. Orlando Mier Cerpa es el titular del derecho
invocado como violado, aspecto que acredita la legitimación activa en la
causa10, comoquiera que fue la parte demandada en el proceso ordinario.
9 Decreto 2591 de 1991. Artículo 2, en concordancia con el artículo 5 y los numerales 2 y 3 del artículo 6 ibidem.
10 Decreto 2591 de 1991. Artículos 10 y 13, en concordancia con el artículo 1 ibidem.
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33. De igual manera, el Tribunal Administrativo de Bolívar tiene legitimación
pasiva en la causa11, porque de este se predica la presunta vulneración.
34. Frente al requisito de subsidiariedad12, la Sala lo tendrá por superado
por no existir recurso idóneo y eficaz que permitiera a la parte actora alegar
los reparos planteados vía tutela y procurar la defensa del derecho
presuntamente vulnerado.
35. En relación con el requisito de inmediatez13, este se satisface, toda vez
que, de conformidad con el escrito de tutela, la presunta vulneración se
presentó con ocasión de una situación actual y continua, como lo es el
presunto retardo o mora en el trámite de segunda instancia de un proceso
de nulidad y restablecimiento del derecho.
2.5. Verificación de la afectación de derechos alegada
36. La Sala también negará el amparo aquí solicitado por Orlando Mier
Cerpa, por las razones que pasan a explicarse:
37. El reparo presentado por el accionante se fundamentó en que el
Tribunal Administrativo de Bolívar incurrió en una presunta mora judicial por no
haberse pronunciado sobre el recurso de apelación presentado en contra
del auto que negó una medida cautelar, dentro de un proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho.
38. Al respecto, es preciso indicar que, (se trascribe) “la mora judicial es un
fenómeno multicausal, muchas veces estructural, que impide el disfrute
efectivo del derecho de acceso a la administración de justicia, y que se
presenta como resultado de acumulaciones procesales estructurales que
superan la capacidad humana de los funcionarios a cuyo cargo se
encuentra la solución de los procesos”14. Asimismo, la Corte Constitucional ha
precisado15 que la mora judicial no se configura por el solo transcurso del
tiempo, sino que ella debe ser injustificada, esto es, (se trascribe):
“(i) se presenta un incumplimiento de los términos señalados en la ley para adelantar
alguna actuación judicial; (ii) no existe un motivo razonable que justifique dicha
demora, como lo es la congestión judicial o el volumen de trabajo; y (iii) la tardanza
es imputable a la omisión en el cumplimiento de las funciones por parte de una
autoridad judicial”.
39. En ese sentido, dicha corporación ha reiterado que (se trascribe) “no
toda mora judicial implica la vulneración de los derechos fundamentales de
11 Ídem.
12 Decreto 2591 de 1991. Artículo 6 (numeral 1).
13 Decreto 2591 de 1991. Artículo 6 (numeral 4
14 Corte Constitucional. Sentencia T-052 de 2018
15 Sentencia T-230 de 2013, reiterada en la T-186 de 2017 y T-052 de 2018
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Radicación: 11001-03-15-000-2025-05552-00
Demandante: Orlando Mier Cerpa
Demandado: Tribunal Administrativo de Bolívar y otro
Referencia: Acción de tutela. Sentencia de primera instancia
Decisión: niega
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una persona, pues el juez de tutela debe verificar si se incurre en un
desconocimiento de plazo razonable y la inexistencia de un motivo válido
que lo justifique”16. Para tal efecto, se deberá examinar las condiciones
específicas del asunto sometido a decisión judicial, para evaluar si existe, o
no, una justificación debidamente probada que explique la mora.
40. Así las cosas, a partir de la información dada por la autoridad
accionada y la revisión del aplicativo SAMAI, la sala advirtió que, si bien existe
un retardo en el trámite del proceso de nulidad y restablecimiento del
derecho, lo cierto es que este justificó su demora en que el proceso se
encontraba al despacho para proveer en la posición No. 8 y debía respetarse
el orden que le correspondía dentro de los procesos judiciales ordinarios para
resolver apelación de auto.
41. A partir de lo anterior, la Sala estima que no se configuró mora judicial,
pues no se estructuraron los elementos señalados por la Corte Constitucional
para ello, pues el Tribunal Administrativo de Bolívar, justificó su demora en el
turno de entrada del proceso y no puede perderse de vista el problema
estructural que representa la congestión judicial, sumado.
42. Sin embargo, por tratarse de la decisión sobre unas medidas
cautelares, se exhortará a la autoridad accionada para que, en el marco del
sistema de turnos, imprima celeridad al trámite del proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho No. 13001-33-33-005-2020-00134-02.
2.6. Conclusiones
43. Para la Sala, existen razones suficientes para negar el amparo
solicitado, por no encontrar configurado el defecto ni la omisión alegada.
3. DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, la Subsección B de la Sección Tercera del Consejo
de Estado, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad
de la ley,
RESUELVE
PRIMERO: NEGAR la acción de tutela presentada por Orlando Mier Cerpa,
por las razones expuestas en esta providencia.
16 Corte Constitucional, sentencia T-186 de 2017, reiterada por la sentencia SU-333 de 2020.
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Radicación: 11001-03-15-000-2025-05552-00
Demandante: Orlando Mier Cerpa
Demandado: Tribunal Administrativo de Bolívar y otro
Referencia: Acción de tutela. Sentencia de primera instancia
Decisión: niega
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SEGUNDO: EXHORTAR al Tribunal Administrativo de Bolívar para que imprima
celeridad al trámite del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho
No. 13001-33-33-005-2020-00134-02.
TERCERO: NOTIFICAR la presente decisión a las partes por el medio más
expedito (artículo 30 del Decreto 2591 de 1991), enviándoles copia de la
decisión que se adopta y advirtiéndoles que para interponer cualquier
recurso y/o solicitud contra esta, deberán dirigirlos, dentro del término legal,
al correo electrónico dispuesto por la Secretaría General para tal fin.
CUARTO: En caso de no ser impugnada esta decisión, REMITIR a la Corte
Constitucional para su eventual revisión.
NOTIFÍQUESE, CÓPIESE Y CÚMPLASE
Fallo discutido y aprobado en sesión de Sala de la misma fecha.
Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
DIEGO ENRIQUE FRANCO VICTORIA FREDY IBARRA MARTÍNEZ
Firmado electrónicamente
ALBERTO MONTAÑA PLATA
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