Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-05552-01
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-05552-01
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2025-05552-01
Consejero ponente: Juan Enrique Bedoya Escobar
23 de marzo de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN B
CONSEJERO PONENTE: JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR
Bogotá, D. C., veinticuatro (24) de marzo de dos mil veintiséis (2026)
Referencia: Tutela
Radicación: 11001-03-15-000-2025-05552-01
Demandante: Orlando Mier Cerpa
Demandado: Tribunal Administrativo de Bolívar y otro
Temas: Tutela contra providencia judicial / Nulidad y restablecimiento del
derecho / Requisitos para ejercer la acción de reivindicación /
Mora judicial / Defecto sustantivo
Decisión: Confirma la decisión del a quo
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
__________________________________________________________________
La Sala decide la impugnación interpuesta por Orlando Mier Cerpa, en contra de la
sentencia proferida el 12 de diciembre de 2025 por el Consejo de Estado, Sección
Tercera, Subsección B, mediante la cual se decidió la solicitud de amparo de la
referencia y negó el amparo.
1. Antecedentes
1
1.1. La solicitud
1. Orlando Mier Cerpa promovió solicitud de tutela con el fin de que se ampararan
sus derechos y garantías fundamentales al debido proceso y al acceso a la
administración de justicia, con ocasión de la sentencia proferida el 2 de septiembre
de 2025 por el Juzgado Promiscuo Municipal de San Martín de Loba en el proceso
reivindicatorio con radicado 13667408900120220011100 y la omisión del Tribunal
Administrativo de Bolívar en resolver el recurso de apelación contra el auto que negó
una medida cautelar, en el medio de control de nulidad y restablecimiento del
derecho identificado con el radicado 13001333300520200013401.
2. Como fundamento de la solicitud de amparo expuso lo siguiente:
2.1. En 1987, el municipio de San Martín de Loba adjudicó y vendió un lote a Adriana
Ospino de González -abuela del demandante-, mediante Resolución 282 de 28 de
1
Ver índice 2 de Samai.
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Demandante: Orlando Mier Cerpa
julio de igual anualidad y escritura pública 176 de 19 de agosto del año mencionado.
2.2. En 2008, con autorización de Adriana Ospino de González, el demandante
instaló en el mencionado lote la torre de la emisora comunitaria, cuya concesión le
fue otorgada por el Ministerio de Comunicaciones, predio sobre el cual, según su
dicho, ha ejercido posesión pacífica y material.
2.3. El municipio de San Martín de Loba expidió la Resolución 389 de 15 de
noviembre de 2018 con la que cedió a título gratuito un bien fiscal que incluía ese
lote a Blasminio Cerpa Ospino – tío del demandante-, sin notificarle el referido acto
administrativo.
Proceso de nulidad y restablecimiento del derecho 13001333300520200013401
2.4. El 9 de octubre de 2020, Orlando Mier Cerpa presentó demanda en ejercicio del
medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, con el fin de que se
declarara la nulidad de la Resolución 389 de 15 de noviembre de 2018, cuya
suspensión provisional solicitó como medida cautelar.
2.4.1. El conocimiento le correspondió por reparto al Juzgado Quinto Administrativo
de Cartagena, bajo el radicado 13001333300520200013400, despacho que declaró
la caducidad de la acción, mediante el auto del 4 de agosto de 2021, decisión que
fue revocada por el Tribunal Administrativo de Bolívar, a través de la providencia del
13 de mayo de 2022.
2.4.2. Con posterioridad, al crearse los juzgados administrativos en el municipio de
Magangué, el proceso fue remitido al juzgado Primero Administrativo de esa
jurisdicción, para continuar con el trámite correspondiente, de manera que profirió
el auto de 29 de mayo de 2025 con el que resolvió negar la medida cautelar
propuesta por la parte demandante al considerar que no reunía los requisitos
legales.
2.4.3. La parte demandante apeló la anterior decisión con el argumento de que el juez
exigió requisitos no previstos en la ley para decretar la medida cautelar, pues
bastaba con demostrar un perjuicio grave e irreparable. Por su parte, señaló que la
resolución demandada vulneró el debido proceso al adjudicar un bien sin notificar al
poseedor legítimo, por lo que solicitó revocar la decisión de primera instancia sin
que a la fecha de presentación de la solicitud de tutela se hubiera pronunciado.
Proceso de reivindicación 13667408900120220011100
2.5. El 7 de octubre de 2022, Blasminio Cerpa Ospino -hijo de Adriana Ospino y tío
del demandante- presentó demanda de reivindicación en contra de Orlando Mier
Cerpa con motivo de la cesión de la propiedad que hiciera el municipio referido, a
través de la Resolución 389 del 15 de noviembre de 2018, proceso que fue conocido
por el Juzgado Promiscuo de San Martín de Loba, bajo el radicado
13667408900120220011100.
2
Radicado: 11001-03-15-000-2025-05552-01
Demandante: Orlando Mier Cerpa
2.5.1. El Juzgado Promiscuo de San Martín de Loba expidió la sentencia del 2 de
septiembre de 2025 con la que accedió a la reivindicación de la propiedad solicitada
por Blasminio Cerpa Ospino, por tanto dispuso la restitución el inmueble en su favor,
en la medida en que aquel demostró tener una posesión anterior a la que ostentaba
Orlando Mier Cerpa, además de que, con posterioridad, obtuvo título legal, por lo
que tenía mejor derecho sobre el bien inmueble.
2.6. El Juzgado Promiscuo de San Martín de Loba incurrió en un defecto sustantivo,
al inaplicar la jurisprudencia reiterada de la Sala de Casación Civil de la Corte
Suprema de Justicia en materia de acción reivindicatoria. En particular, desconoció
los requisitos estructurales que deben concurrir para la prosperidad de esa acción,
los cuales se han establecido en las sentencias SC15644-2016, SC710-2022 y
SC211-2017. Lo anterior, comoquiera que en el proceso no se acreditó que
Blasminio Cerpa Ospino tuviera derecho de dominio sobre el bien reclamado ni
aportó título válido anterior al inicio de la posesión del señor Orlando Mier Cerpa,
así como tampoco probó la identidad plena del bien que pretendía reivindicar.
2.6.1.Por su parte, el Tribunal Administrativo de Bolívar vulneró su derecho
fundamental al debido proceso, en la medida en que no se ha pronunciado sobre el
recurso de apelación interpuesto contra la providencia que negó la medida cautelar
de suspensión provisional de la Resolución 389 de 2018, de manera que aquella
sigue produciendo efectos y permitió que el proceso reivindicatorio fuera fallado en
favor de Blasminio Cerpa Ospino.
1.2. Pretensiones
3. Con fundamento en la situación fáctica expuesta, solicitó:
«[…] Tutelar los derechos fundamentales incoados, como consecuencia ordenar a la
accionada en un término prudencial dictar una nueva providencia donde se resuelva de
fondo el asunto dentro del proceso con radicado 136674089001-2022-00111-00 o en su
defecto ordene la suspensión de los efectos del fallo, hasta tanto la jurisdicción
contenciosa defina la controversia dentro del proceso 13001333300520200013401.
Ordenar la suspensión de los efectos de la resolución n º 389 de noviembre 15 de 2018
“por medio de la cual se cede a título gratuito un bien fiscal del municipio de san Martin
de loba bolívar”, hasta tanto la jurisdicción contenciosa no dirima el conflicto, dentro del
proceso 13001333300520200013401 […]» [sic].
1.3. Informes rendidos en el proceso
4.El Juzgado Quinto Administrativo de Cartagena2 expuso las actuaciones
surtidas en el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho con radicado
13001333300520200013400 hasta que lo remitió al Juzgado Primero Administrativo
de Magangué.
5. El Tribunal Administrativo de Bolívar3 explicó que el proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho se encontraba al despacho para resolver el recurso de
2
Ver índice 11 de Samai.
3
Ver índice 12 de Samai.
3
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Demandante: Orlando Mier Cerpa
apelación contra el auto que negó una medida cautelar. Señaló que el proceso se
encontraba en el turno 8, pues desde su ingreso al despacho el 4 de agosto de 2025
hasta la presentación de la tutela el 5 septiembre de 2025, solo transcurrieron 23
días hábiles, por lo que no podía atribuirse mora judicial al tribunal.
6. El Juzgado Promiscuo de San Martín de Loba4 solicitó declarar la
improcedencia al no vulnerar ningún derecho fundamental, ya que el trámite del
proceso reivindicatorio de ajustó al marco legal y constitucional.
7. Los demás terceros interesados guardaron silencio.
1.4. Sentencia de primera5
8. El Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, en sentencia del 12 de
diciembre de 2025, negó las pretensiones de la solicitud de tutela, al considerar que
no se configuró el defecto alegado, pues el juzgado promiscuo municipal de San
Martín de Loba verificó de una manera razonada y fundamentada el cumplimiento
de cada uno de los elementos estructurales de la acción reivindicatoria, de
conformidad con lo dispuesto en el Código Civil y la jurisprudencia de la Corte
Suprema de Justicia.
Por su parte, sostuvo que no se incurrió mora judicial, pues el Tribunal
Administrativo de Bolívar justificó su demora en el turno de entrada del proceso y no
puede perderse de vista el problema estructural que representa la congestión
judicial sumado. No obstante, por tratarse de la decisión sobre unas medidas
cautelares, exhortó a la autoridad demandada para que, en el marco del sistema de
turnos, imprimiera celeridad al trámite del proceso de nulidad y restablecimiento del
derecho 13001-33-33-005-2020-00134-02.
1.5. Escrito de impugnación6
9. La parte demandante presentó escrito de impugnación contra la sentencia
proferida en primera instancia para lo cual reiteró los argumentos expuestos en el
escrito de tutela.
2. Consideraciones
10. En atención a los argumentos expuestos en el escrito de impugnación y a las
pruebas que obran en el expediente se decidirá el asunto sometido a consideración
en el siguiente orden: i) competencia para decidir; ii) procedencia de la tutela y
marco jurídico aplicable; iii) problema jurídico; y iv) análisis de la Sala.
4
Ver índice 13 de Samai.
5
Ver índice 39 de Samai.
6
Ver índice 44 de Samai.
4
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Demandante: Orlando Mier Cerpa
2.1. Competencia
11. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 86 de la Constitución Política, el
Decreto 1382 de 20007 y el Acuerdo 80 del 12 de marzo de 20198, esta Sala es
competente para conocer la presente impugnación contra la sentencia de tutela
proferida por el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B.
2.2. Procedencia de la tutela contra providencia judicial
12. En fallo del 31 de julio de 2012, la Sala Plena de lo contencioso-administrativo del
Consejo de Estado9 unificó el criterio de la corporación en cuanto a la procedencia
de la tutela contra providencias judiciales, en consideración a las distintas posturas
que en su interior se habían desarrollado sobre el tema10. Al respecto señaló lo
siguiente:
«[…] De lo que ha quedado reseñado se concluye que si bien es cierto que el criterio
mayoritario de la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo ha sido el de considerar
improcedente la acción de tutela contra providencias judiciales, no lo es menos que las
distintas Secciones que la componen, antes y después del pronunciamiento de 29 de
junio de 2004 (Expediente AC-10203), han abierto paso a dicha acción constitucional, de
manera excepcional, cuando se ha advertido la vulneración de derechos constitucionales
fundamentales, de ahí que se modifique tal criterio radical y se admita, como se hace en
esta providencia, que debe acometerse el estudio de fondo, cuando se esté en presencia
de providencias judiciales que resulten violatorias de tales derechos, observando al
efecto los parámetros fijados hasta el momento Jurisprudencialmente. […]».
13. Como consecuencia de lo anterior, esta corporación ha considerado que es
necesario estudiar las solicitudes de tutela que se presenten contra providencia
judicial y analizar si ellas vulneran algún derecho fundamental, para lo cual
corresponde verificar cuáles son esos «parámetros fijados hasta el momento
jurisprudencialmente» como se indica en aquella decisión.
11
14. Sobre el particular, la Sala Plena del Consejo de Estado adoptó los criterios
expuestos por la Corte Constitucional en la sentencia C-590 de 2005 para establecer
la procedencia de la tutela como mecanismo residual y excepcional para la
protección de derechos fundamentales como lo señala el artículo 86 Constitucional.
En ese sentido, se consideró que esta solicitud se puede presentar, además contra
decisiones de las altas cortes que desconozcan derechos fundamentales.
15. Ahora bien, la Corte Constitucional12 ha señalado que la solicitud de amparo debe
cumplir con unos requisitos generales de procedencia. Estos son: i) que sea
7
Por medio del cual se establecen competencias para el reparto de la acción de tutela.
8
Por medio del cual se expide el reglamento interno del Consejo de Estado.
9
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso-administrativo, radicado 11001-03-15-000-
2009- 01328-01, M.P. María Elizabeth García González
10
El recuento de esos criterios se encuentra en las páginas 13 a 50 del fallo de la Sala Plena antes
reseñada.
11
Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso-administrativo. Sentencia de 5 de agosto de
2014, Ref.: 11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ). Tutela-Importancia jurídica. Actor: Alpina
12
Entre otras en las sentencias T-949 del 16 de octubre de 2003; T-774 del 13 de agosto de 2004 y
C-590 de 2005.
5
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Demandante: Orlando Mier Cerpa
relevante de manera constitucional; ii) que no se trate de tutela contra tutela; iii) que
se haya presentado dentro de un plazo prudencial, el cual se ha denominado
inmediatez; y iv) que se haya acudido a ella en forma subsidiaria, es decir, que se
hayan agotado los recursos ordinarios y extraordinarios, siempre y cuando ellos
sean idóneos y eficaces para la protección del derecho que se dice vulnerado.
Cuando no se cumpla con uno de esos presupuestos, la decisión a tomar será
declarar improcedente el amparo solicitado y no se analizará el fondo del asunto.
16. A continuación, y de acreditarse el cumplimiento de los anteriores requisitos13, el
juez deberá realizar un análisis de los posibles yerros en que incurrió la autoridad
judicial, a partir de los argumentos expuestos en la tutela y de los derechos
fundamentales que se afirman vulnerados. En ese escenario, para la prosperidad
del amparo, debe verificarse lo siguiente: i) la configuración de alguno de los
requisitos específicos alegados por el interesado; y ii) que el vicio o defecto sea de
tal trascendencia que implique la amenaza o la afectación de derechos
fundamentales14.
17. Es decir, el operador judicial debe verificar que la transgresión sea de tal entidad
que incida en el sentido de la decisión y que con la solicitud no se intente reabrir el
debate que se había planteado en la instancia correspondiente.
2.3. Problemas Jurídicos
18. La Sala deberá definir si: ¿el Juzgado Promiscuo Municipal de San Martín de
Loba vulneró los derechos fundamentales de Orlando Mier Cerpa con ocasión de la
sentencia del 2 de septiembre de 2025, emitida en el proceso de reivindicación de
la propiedad iniciado en su contra y con radicado 13667408900120220011100, con
la que incurrió, presuntamente, en defecto sustantivo?
19. La Sala deberá definir si: ¿el Tribunal Administrativo de Bolívar incurrió en mora
judicial, en tanto no se ha pronunciado sobre el recurso de apelación interpuesto
contra el auto que negó una medida cautelar, en el medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho identificado con el radicado
13001333300520200013401?
2.4. Análisis de la Sala
2.4.1. Sobre los requisitos de procedibilidad adjetiva
20. La Sala encuentra superados los requisitos de procedibilidad de la solicitud de
tutela y, en consecuencia, sin encontrar causal de nulidad que invalide lo actuado,
procederá a efectuar el estudio del fondo del asunto planteado.
13
Corte Constitucional, sentencia T-309 de 2005, MP Jorge Ignacio Pretelt Chaljub.
14
Corte Constitucional, sentencia SU-337 de 2017, MP Antonio José Lizarazo Ocampo
6
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Demandante: Orlando Mier Cerpa
2.4.2. Del defecto sustantivo
21. La Corte Constitucional ha señalado que este se presenta cuando, el juez adopta
una decisión que desborda del marco constitucional y legal, al apoyarse en una
norma evidentemente inaplicable al caso concreto15. En su jurisprudencia, la
corporación ha resaltado que este defecto encuentra su origen en el hecho de que,
si bien los jueces gozan de autonomía e independencia judicial para interpretar y
aplicar normas jurídicas, esta no es una facultad absoluta16, para lo cual precisó
que los límites se encuentran en el orden jurídico preestablecido y los valores,
principios, derechos y garantías que identifican al actual Estado Social de Derecho.
22. El alto tribunal de lo Constitucional ha identificado una serie de situaciones en
las que se detecta el defecto sustantivo, a saber: i) la sentencia se fundamenta en
una norma que no es aplicable; ii) a pesar de la autonomía judicial, la interpretación
o aplicación de la norma al caso concreto no está dentro del margen de
razonabilidad, es de forma abierta contra evidente o perjudicial para los intereses
legítimos de las partes o es manifiestamente errada; iii) no se toman en cuenta
sentencias que hayan definido el alcance de la norma aplicada; iv) la disposición
aplicada se torna regresiva o contraria a la Constitución; v) no se efectúa una
interpretación sistémica de la norma; y vi) se desconoce la norma constitucional o
legal aplicable al caso.
23. A partir de lo anterior, es claro que no cualquier diferencia en la interpretación en
que se funde una decisión judicial configura este defecto; pues para tener tal entidad
debe ser considerada irrazonable, desproporcionada, arbitraria o caprichosa.
Además, la irregularidad debe ser de tal gravedad e importancia, que la decisión
proferida por la autoridad judicial obstaculice o lesione la efectividad de los derechos
fundamentales de los sujetos procesales17.
2.4.3. Derechos de acceso a la administración de justicia y del debido proceso
sin dilaciones injustificadas
24. El artículo 228 de la Constitución Política define el acceso a la administración de
justicia como una función pública relacionada directamente con los fines del
Estado18, pues solo en la medida en que se garantice a los integrantes del país una
instancia imparcial, objetiva y efectiva encargada de la resolución pacífica de sus
conflictos se puede pretender la consecución de una república democrática y
respetuosa de la dignidad humana.
25. Por su parte, el artículo 229 ibidem determinó que la administración de justicia
no es un mero servicio a cargo del Estado, sino que también goza de una dimensión
de naturaleza subjetiva, es decir, es un derecho fundamental radicado en cabeza
de todos los habitantes del país.
26. Frente a la procedencia de la solicitud de tutela para proteger el derecho de
15
Corte Constitucional, sentencias T-008 de 1999 y SU-416 de 2015.
16
Corte Constitucional, sentencias T-757 de 2009 y T-367 de 2018.
17
Corte Constitucional, sentencias SU-050 de 2017 y T-367 de 2018
18
Artículo 2 de la Constitución Política
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Radicado: 11001-03-15-000-2025-05552-01
Demandante: Orlando Mier Cerpa
acceso a la administración de justicia ha señalado la Corte Constitucional19:
«[…] Ahora bien, conforme a la jurisprudencia de esta Corporación, el derecho a acceder
a la justicia tiene una significación múltiple y compleja. De manera reiterada, ha sostenido
esta Corte, que el derecho a acceder a la justicia es un pilar fundamental del Estado
Social de Derecho y un derecho fundamental de aplicación inmediata, que forma parte
del núcleo esencial del debido proceso.
[…]
En cuanto a lo segundo, atendiendo a su importancia política, la jurisprudencia
constitucional le ha reconocido al acceso a la administración de justicia el carácter de
derecho fundamental de aplicación inmediata, integrándolo a su vez con el núcleo
esencial del derecho al debido proceso, y relacionándolo con otros valores
constitucionales como la dignidad, la igualdad y la libertad. Por virtud de tal vinculación,
el acceso a la administración de justicia adquiere un amplio y complejo marco jurídico de
aplicación que compromete los siguientes ámbitos: (i) el derecho a que subsistan en el
orden jurídico una gama amplia y suficiente de mecanismos judiciales -acciones y
recursos- para la efectiva resolución de los conflictos; (ii) el derecho de acción o de
promoción de la actividad jurisdiccional, el cual se concreta en la posibilidad que tiene
todo sujeto de ser parte en un proceso y de utilizar los instrumentos que allí se
proporcionan para plantear sus pretensiones al Estado, sea en defensa del orden jurídico
o de sus intereses particulares; (iii) el derecho a que la promoción de la actividad
jurisdiccional concluya con una decisión de fondo en torno a las pretensiones que han
sido planteadas, y que ella se produzca dentro de un plazo razonables; (iv) el derecho a
que existan procedimientos adecuados, idóneos y efectivos para la definición de las
pretensiones y excepciones debatidas; (iv) el derecho a que los procesos se desarrollen
en un término razonable, sin dilaciones injustificadas y con observancia de las garantías
propias del debido proceso. […]».
27. Por su parte, en tratándose de la jurisdicción contencioso-administrativa el
derecho en cuestión adquiere connotaciones especiales dada su naturaleza rogada,
sin embargo, todos los requisitos formales del derecho de acción deben ser
entendidos y analizados en la medida en que con ellos se protejan derechos
sustanciales de las partes, como el debido proceso.
28. Asimismo, el artículo 29 de la Constitución Política dispone que toda persona
tiene derecho a un debido proceso sin dilaciones injustificadas. De esa manera,
además del derecho a acceder a una respuesta judicial, ello se debe producir en un
plazo adecuado.
29. La razonabilidad de ese plazo fue establecida por el legislador mediante la
definición de los términos procesales, los cuales resultan de obligatorio
cumplimiento; de otra forma, la oportunidad para solucionar una controversia
quedaría al arbitrio de cada funcionario, afectándose no solo el derecho al recurso
judicial efectivo sino los bienes que se pretendan proteger en el proceso, incluido el
de la igualdad de todas las personas que acuden a la administración de justicia en
procura de una solución pacífica a las controversias sociales.
30. Sin embargo, no toda tardanza o incumplimiento de un término judicial constituye
una vulneración de los derechos fundamentales al debido proceso y acceso a la
administración de justicia, ello dependerá de que resulte injustificada. En ese orden
19
Sentencia C-177 de 2005. M.P. Jaime Córdoba Triviño
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Radicado: 11001-03-15-000-2025-05552-01
Demandante: Orlando Mier Cerpa
de ideas, si bien la regla general es que los jueces cumplan los términos
rigurosamente, pueden configurarse excepciones a ese deber, siempre que se
encuentren suficientemente motivadas, las cuales deberán ser analizadas en el
marco de cada caso, y solo serán aceptables cuando, a pesar de la diligencia y
celeridad del juez, existan hechos imprevisibles o insuperables que le impidan
cumplirlos.
31. En ese sentido, la congestión judicial no es, por sí sola, motivo suficiente para
relevar al juez de su deber de definir los procesos dentro de los términos previstos
por el legislador. Es preciso que el análisis de una situación específica de mora
judicial tome en cuenta, de una parte, la importancia del cumplimiento de los plazos
procesales para la eficacia de los derechos fundamentales y, de otra, las eventuales
circunstancias de justificación de una tardanza determinada y la necesidad de que
las sentencias o decisiones, en general, se adopten de manera oportuna y que sean
materialmente justas y acordes con las normas legales y los principios
constitucionales.
32. Finalmente, es oportuno recordar que la solicitud de tutela procede contra toda
actuación que amenace o vulnere derechos fundamentales, siempre que no haya
otro recurso idóneo y efectivo en el ordenamiento para su protección, incluidas
aquellas propias de las autoridades judiciales.
2.5. Sobre el caso concreto
2.5.1. El defecto alegado contra la sentencia del 2 de septiembre de 2025
emitida en el proceso de reivindicación con radicado
13667408900120220011100
33. Orlando Mier Cerpa acudió al juez de tutela con el fin de que se ampararan sus
derechos fundamentales y, en consecuencia, se dejara sin efectos la sentencia
proferida el 2 de septiembre de 2025 por el Juzgado Promiscuo de San Martín de
Loba con la que accedió a la reivindicación solicitada por Blasminio Cerpa y le
ordenó al aquí tutelante restituir el inmueble.
34. Lo anterior, por cuanto la referida decisión judicial incurrió en un defecto
sustantivo, al inaplicar la jurisprudencia reiterada de la Sala de Casación Civil de
la Corte Suprema de Justicia en materia de acción reivindicatoria. En particular,
desconoció los requisitos estructurales que deben concurrir para la prosperidad de
esa acción, los cuales se han establecido en las sentencias SC15644-2016,
SC710-2022 y SC211-2017.
35. Esto, comoquiera que en el proceso no se acreditó que Blasminio Cerpa Ospino
tuviera derecho de dominio sobre el bien reclamado con anterioridad a la posesión
de Orlando Mier Cerpa y tampoco probó la identidad plena del bien que pretendía
reivindicar.
36. Así pues, previo a descender al estudio del reclamo constitucional formulado es
pertinente precisar que el proceso reivindicatorio (o acción de dominio) es el medio
de defensa judicial mediante el cual el propietario de un bien (mueble o inmueble)
9
Radicado: 11001-03-15-000-2025-05552-01
Demandante: Orlando Mier Cerpa
solicita que el poseedor sea obligado a restituirlo. Aunque sus fundamentos
sustanciales están en el Código Civil (Arts. 946 a 971), su trámite se rige por el
Código General del Proceso (CGP) bajo las reglas del proceso verbal.
37. De tal manera, teniendo en cuenta los supuestos jurídicos que hacen parte de
la controversia cuestionada y que se trató de un proceso verbal de mínima cuantía
que se tramita en única instancia, para mayor claridad sobre el asunto, la Sala
recuerda el análisis efectuado por el Juzgado Promiscuo de San Martín de Loba,
en la sentencia enjuiciada, en los siguientes términos:
«[…] se tiene que la parte demandante señor Blasminio Cerpa Ospino respalda o
acredita su dominio aportando como título de propiedad copia de la Resolución No. 389
de fecha 15 de noviembre de 2018 de la Alcaldia Municipal de San Martin de Loba
mediante la cual se cedió a titulo gratuito la parte restante de predio de mayor extensión,
bien fiscal a favor del señor Blasminio Cerpa Ospino, predio ubicado en la Calle 7º No
24 -72 con un área de 397.40 mt 2 . Así mismo, se aportó el Certificado de Tradición de
la Matricula Inmobiliaria No 064 33023 en el cual en la anotación No 3 se registro la
cesión realizada por parte de la Alcadia de San Martin de Loba al señor Blasminio Cerpa
Ospino en virtud a la Resolución 389 del 15 de noviembre de 2018.
[…]
Ahora en cuanto a la tradición y ocupación, del bien objeto de litis, es palpable que en el
presente asunto la ocupacion de la cual posteriormente se deriva el derecho de
propiedad por parte del señor Blasminio Cerpa Ospino adviene de la compra de posesión
que se realizará al señor Heberto Aislant en el año 1982, y abarca un periodo mas amplio
a la ocupación ejercida por el demandado, por tanto se concluye que en el sub examine
la presunción de dominio que si bien se estructura por la posesión, en el caso la ostenta
el señor Orlando Mier Cerpa cede o se desvanece frente a la ocupación ejercida por el
demandante, toda vez que existen elementos de prueba que demuestran una ocupación
por parte de este con anterioridad a la del demandado y una posterior propiedad del
demandante lo cual representa un mejor derecho sobre el bien inmueble objeto de
discusión.
[…]
La anterioridad del título del reivindicante apunta no sólo a que la adquisición de su
derecho sea anterior a la posesión del demandado, sino al hecho de que ese derecho
esté a su turno respaldado por la cadena ininterrumpida de los títulos de sus
antecesores, que sí datan de una época anterior a la del inicio de la posesión del
demandado, permiten el triunfo del reivindicante. Entonces, no sólo cuando el título de
adquisición del dominio del reivindicante es anterior al inicio de la posesión del
demandado, sino inclusive cuando es posterior, aquél puede sacar avante su pretensión
si demuestra que el derecho que adquirió lo obtuvo su tradente a través de un título
registrado, y que éste a su turno lo hubo de un causante que adquirió en idénticas
condiciones; derecho que así concebido es anterior al inicio de la posesión del
demandado, quien no ha adquirido la facultad legal de usucapir.
[…]
En relación de la posesión del demandado señor Orlando Jose Mier Cerpa ésta aparece
acreditada no solo porque al contestar la demanda en el literal 4º se respondió en forma
elusiva sobre esa situación indicándose que “el señor Orlando es el verdadero poseedor
y propietario del bien inmueble en controversia”, igualmente en el interrogatorio de parte
frente a la pregunta formulada por el apoderado demandante ¿si usted tiene algún
documento sea certificado de libertad o tradición que lo acredite como dueño?, el señor
Orlando Mier Cerpa respondió: “No señor, No tengo, tengo una sana posesión de dicho
lote”, en suma de todo lo anterior en la diligencia de inspección judicial realizada sobre
el inmueble a reivindicar en la cual una vez allegados a dicho inmueble fuimos atendido
y acompañados en la diligencia por el demandado señor Orlando Jose Mier Cerpa.
Así las cosas se plantea, que de las manifestaciones realizadas en la contestación, de
las manifestaciones realizadas por el demandado y de lo observado en la inspección
judicial y se demuestra que el señor la señora Orlando Mier Cerpa ha ejercido de manera
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ininterrumpida y publica la posesión del bien inmueble desde el año 2006, además
evidencian el ejercicio de acciones sobre el inmueble en calidad de señores y dueños,
toda vez que se avista como lo manifiesta el testigo señor Eduardo Cogollo que el señor
Orlando como miembro del equipo de la emisora echaron cerca y mantenían limpio el
lote los cuales son acciones propias de quien ostenta la calidad de poseedor de
determinado bien.
[…]
En cuanto al elemento de identidad, del inmueble, está acreditado mediante la diligencia
de inspección judicial mencionada y lo dictaminado por el auxiliar de la justicia designado
en el punto de identificación del inmueble, dictamen que pese a lo manifestado por el
demandado, cumplió con las formalidades legales puesto que la calidad, acreditación
idoneidad e imparcialidad del auxiliar de la justicia, fueron debatidas en audiencia, por lo
cual se concluye que el inmueble objeto de reivindicación es el ubicado en la Calle 7 No.
24 -72 del perímetro urbano de la cabecera municipal de San Martin de Loba, Bolívar,
con un área de trescientos noventa y siete metros cuadrados con cuarenta centímetros
cuadrados (397.40 mts2), identificado y determinado por los siguientes linderos: Norte:
con propiedades de Adriana Ospino y Berlides Cerpa Ospino, mide 25.80 mts. SUR: Con
calle 9 en medio y al frente con propiedad de Tito Arcesio Jiménez Castañeda y mide
22.00 mts. ESTE: Con propiedad de David Leon Sánchez y mide 17.00 mts. Oeste: Con
propiedades de Teodora Paternina Sampayo y Adalberto González Ríos y mide 17.00
mts, el cual mediante Resolución No. 389 de fecha 15 de noviembre de 2018 fue cedido
por parte de la Alcaldia Municipal de San Martin de Loba al señor Blasminio Cerpa
Ospino.
La exigencia de singularidad de la cosa reivindicada, apunta a que la pretensión recaiga
sobre una cosa particular, o una cuota determinada proindiviso de ella, puesto que la
reivindicación es una acción de defensa de la propiedad, que supone, como objeto, un
bien individualmente determinado, requerimiento que por ende se colma
singularizándolo objetivamente, en forma que no sea dable confundirlo con otro.
En este orden de ideas es preciso anotar que el legislador denota o determina las cosas
susceptibles de reivindicación y establece en el Art 947 del C. C que: “Pueden
reivindicarse las cosas corporales, raíces muebles. Exceptúense las cosas muebles,
cuyo poseedor las haya comprado en una feria tienda almacén u otro establecimiento
industrial en que se vendan cosas muebles de la misma clase…” Respecto a este
elemento no hay reparo alguno, puesto que la pretensión recae sobre una cosa singular
como es el predio ubicado en la Calle 7 No. 24 -72 del perímetro urbano de la cabecera
municipal de San Martin de Loba, Bolívar, con un área de trescientos noventa y siete
metros cuadrados con cuarenta centímetros cuadrados (397.40 mts2) identificado con
folio de matrícula inmobiliaria No 064 33023 sobre el cual se ejerce posesión por parte
del señor Orlando Jose Mier Cerpa quien lo usa para el funcionamiento de una
infraestructura de telecomunicaciones. […]» [sic].
39. Vista la motivación efectuada por la autoridad judicial demandada, esta Sala de
decisión concuerda con el juez de tutela de primera instancia en que no se configuró
el defecto alegado, en la medida en que se verificó de una manera razonada y
fundamentada el cumplimiento de cada uno de los elementos de la acción
reivindicatoria mencionados previamente.
40. Ahora bien, en concordancia con lo expuesto por el A quo, una vez revisadas
las sentencias SC15644-2016, SC710-2022 y SC211-2017 de la Sala Civil de la
Corte Suprema de Justicia se evidencia que aquella alta corte estableció y reiteró
que los elementos esenciales de la acción reivindicatoria son: i) el derecho de
dominio del demandante, ii) la posesión actual del demandado, iii) cosa singular o
cuota determinada y iv) la identidad entre el bien a reivindicar y el poseído por el
demandado.
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41. De tal manera, de los apartes citados de la providencia enjuiciada, se evidencia
que se acreditó el derecho de propiedad de Blasminio Cerpa Ospino, a través de
la Resolución 389 del 15 de noviembre de 2018, mediante la cual se le cedió a
título gratuito la parte restante del perdió de mayor extensión, además de una
posesión más prolongada que la del demandado; la posesión actual del
demandado se acreditó a través de la contestación de la demanda, interrogatorio
de parte y diligencia de inspección judicial; el inmueble fue identificado por
intermedio de auxiliar de la justicia e inspección judicial; además de establecerse
que aquel se traba del mismo cuya posesión alegaba el demandado.
42. En este orden de ideas, esta Sala de decisión observa que la corporación judicial
demandada no incurrió en el defecto sustantivo alegado, debido a que la providencia
acusada fue proferida conforme a las normas y jurisprudencia reguladoras de su
función judicial y aquella se apoyó en el material probatorio obrante en el proceso
para efectuar la interpretación que consideró más ajustada al caso concreto, frente
a lo cual se debe advertir que el juez natural del asunto goza de autonomía funcional
y se presume la buena fe en sus decisiones.
43. En vista de lo anterior, lo que existe es una inconformidad con el resultado de la
valoración efectuada por el juez natural que no es atacable vía tutela, en la medida
en que aquella visión de los hechos presentada por la corporación judicial
demandada cuenta con soporte y está debidamente razonada y justificada, por lo
que, se reitera, este mecanismo no puede convertirse en una tercera instancia, lo
que conduce a la denegatoria del recurso de amparo.
44. Conviene insistir en que el juez de tutela debe respetar la interpretación jurídica
del juez natural y por lo tanto no le corresponde cuestionar las decisiones adoptadas
dentro del ámbito de sus competencias, salvo que resulte palmaria la vulneración
de derecho fundamental alguno, lo que en el presente caso no se encontró probado.
2.5.2. La presunta mora judicial en la que incurrió el Tribunal Administrativo
de Bolívar por la presunta omisión en resolver el recurso de apelación
45. Por su parte, el demandante solicitó el amparo de sus derechos
fundamentales y, en consecuencia, se ordene al Tribunal Administrativo de Bolívar
pronunciarse sobre el recurso de apelación interpuesto contra el auto que negó una
medida cautelar, en el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
identificado con el radicado 13001333300520200013401.
46. Al respecto, una vez revisado el sistema de información de Samai junto con el
informe rendido por el Tribunal Administrativo de Bolívar se observa que el 4 de
agosto de 2025, aquel recibió el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho,
para resolver apelación contra el auto del 29 de mayo de 2025 proferido por el
Juzgado Primero Administrativo de Magangué, por el cual resolvió denegar la
solicitud de medida cautelar de suspensión de los efectos de la Resolución 389 del
15 de noviembre de 2018, «POR MEDIO DE LA CUAL SE CEDE A TÍTULO GRATUITO
UN BIEN FISCAL DEL MUNICIPIO DE SAN MARTÍN DE LOBA, BOLÍVAR», tal como
consta en el informe secretarial y acta de reparto de igual fecha.
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47. El tribunal demandado señaló que el proceso se encuentra al despacho para
proveer, y ocupa la posición 8, dentro de los procesos judiciales ordinarios para
resolver apelación del auto que resuelve medidas cautelares, por lo que será
atendido en el orden que le corresponde.
48. Verificado lo anterior, es claro entonces que, aunque existe mora judicial en el
proceso de la referencia, lo cierto es que, en el caso particular, existen
circunstancias que la justifican. En ese orden, es preciso destacar que, el Tribunal
Administrativo de Bolívar expuso que, desde que el expediente ingresó al despacho
para resolver (el 4 de agosto de 2025) y la fecha en que el Orlando Mier Cerpa
interpuso la solicitud de tutela, (5 de septiembre de 2025) transcurrieron
aproximadamente 23 días hábiles.
49. Así pues, la mora para resolver de manera definitiva el proceso del demandante
tiene su razón de ser en la debida atención de los turnos asignados, conforme lo
prevé la ley, además de la atención de los procesos con trámite especial y prioritario.
50. Además, es un hecho cierto que las estructuras de personal con las que cuentan
los tribunales administrativos del país exigen desarrollar una asignación optima y
eficiente de las cargas de trabajo (relacionadas con asuntos administrativos y los
trámites de sustanciación y fallo) para poder atender y evacuar con mayor celeridad
los expedientes a su cargo.
51. En los términos expuestos, no se advierte dilaciones injustificadas en el trámite
del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho con radicado
13001333300520200013401 de parte del Tribunal Administrativo de Bolívar.
52. Lo anterior, sin perjuicio de que la parte actora pueda acudir a la figura de la
vigilancia judicial administrativa, conforme con lo previsto en el numeral 6 del artículo
101 de la Ley 270 de 1996 y el Acuerdo PSAA11-8716 del 6 de octubre de 2011
«Por el cual se reglamenta el ejercicio de Vigilancia Judicial Administrativa […]», con el
propósito de hacerle un seguimiento oportuno y eficaz a la resolución de su proceso.
3. Conclusión
53. En este orden de ideas, quedan desvirtuadas las inconformidades en las que la
parte demandante centró sus esfuerzos, de forma que la Sala confirmará la decisión
judicial de primera instancia que negó el amparo de los derechos fundamentales
invocados por Orlando Mier Cerpa, en la solicitud de tutela presentada contra el del
Tribunal Administrativo de Bolívar y otro.
En mérito de lo expuesto el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-
administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia y por
autoridad de la ley,
F A L L A:
Primero. Confirmar la sentencia proferida el 12 de diciembre de 2025 por el Consejo
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Demandante: Orlando Mier Cerpa
de Estado, Sección Tercera, Subsección B que negó el amparo de los derechos
fundamentales de Orlando Mier Cerpa, en la solicitud de tutela presentada contra el
Tribunal Administrativo de Bolívar y el Juzgado Promiscuo Municipal de San Martín
de Loba.
Segundo. Notificar a las partes y a los intervinientes en la forma prevista en el
artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.
Tercero. Remitir el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión,
dentro de los diez (10) días siguientes a la ejecutoria de esta providencia.
La anterior providencia fue estudiada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR. ELIZABETH BECERRA CORNEJO
Firmado Electrónicamente Firmado Electrónicamente
JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA
Firmado Electrónicamente
JVD/LXRR
Se deja constancia de que esta providencia se firma en forma electrónica mediante el aplicativo
Samai, de manera que el certificado digital que arroja el sistema valida la integridad y autenticidad
del presente documento en el link
http://relatoria.consejodeestado.gov.co:8081/Vistas/documentos/evalidador
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