Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2025-05557-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2025-05557-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 11001-03-15-000-2025-05557-00
Consejero ponente: Pedro Pablo Vanegas Gil
2 de octubre de 2025
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA
Magistrado ponente: PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Dos (2) de octubre de dos mil veinticinco (2025)
Acción: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2025-05557-00
Accionante: MILVIAN DE JESÚS LUNA LINARES
Accionados: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL PUTUMAYO Y OTRO
Tema: Tutela contra providencia judicial — subsidiariedad – recurso
extraordinario de unificación.
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
Esta Sala es competente para asumir el conocimiento de la acción de tutela
presentada por la parte actora en contra del Tribunal Administrativo del Putumayo
y el Juzgado Primero Administrativo de Mocoa. Lo anterior, de conformidad con
lo establecido por el Decreto 2591 de 1991, en concordancia con el Decreto 1069
de 2015, modificado por los decretos 333 de 2021 y 799 de 2025, así como el
Acuerdo 080 de 20191 de la Sala Plena del Consejo de Estado.
Por auto del 8 de septiembre de 20252, se admitió la solicitud de amparo de la
referencia.
I. ANTECEDENTES
1.1. Tutela
1. La señora Milvian de Jesús Luna Linares, por medio de apoderado judicial,
presentó acción de tutela en contra del Tribunal Administrativo del Putumayo y el
Juzgado Primero Administrativo de Mocoa. Con la solicitud de amparo pretende
la protección de sus derechos fundamentales al debido proceso y al «respeto del
precedente judicial».
2. La anterior transgresión se la adjudica a la sentencia del 10 de julio de
2025 proferida por el Tribunal Administrativo del Putumayo que revocó el fallo de
primera instancia proferido por el Juzgado Primero Administrativo de Mocoa que
accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda de nulidad y
1 Modificado por el Acuerdo 434 de 2024.
2 Índice 4 Samai. Al respecto, resulta oportuno precisar que se notificó como accionado al Tribunal
Administrativo del Putumayo y al Juzgado Primero Administrativo de Mocoa. Asimismo, se
dispuso la vinculación del Departamento del Putumayo y de la Agencia Nacional de Defensa
Jurídica del Estado.. Esta última, en los términos del artículo 610 del Código General del Proceso.
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Accionante: Milvian de Jesús Luna Linares
Accionados: Tribunal Administrativo del Putumayo y otro
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restablecimiento del derecho promovida contra el Departamento del Putumayo.
En su lugar, el tribunal negó lo pretendido por el actor3.
3. La parte actora formuló las siguientes pretensiones:
PRIMERA.- Que se tutele el derecho constitucional fundamental al debido
proceso y al respeto del precedente judicial, entre otros, vulnerados por el
Tribunal Administrativo del Putumayo con ocasión de la expedición del Sentencia
de Segunda instancia del 10 de julio de 2025, dentro del Proceso No.
860013331001-2022-00244-01, por el cual revoca la sentencia proferida el 18 de
diciembre de 2023, proferida por el Juzgado Primero Administrativo del Circuito
de Mocoa que concedía las pretensiones de la demanda.
SEGUNDA. - Como consecuencia de lo anterior, solicito que se decrete la
inaplicación de la Sentencia del Tribunal Contencioso Administrativo del
Putumayo, correspondiente al Proceso No. 860013331001-2022-00244-01 del 10
de julio de 2025, notificada el 11 de julio de 2025, por el cual revoca la sentencia
del 18 de diciembre de 2023, proferida por el Juzgado Primero Administrativo del
Circuito de Mocoa y que se ordene la plena validez y que quede en firme la
Sentencia de primera instancia.
TERCERA. - Los demás pronunciamientos que el Despacho haga sobre
derechos vulnerados que considere pertinentes.
1.2. Hechos
4. La señora Luna Linares fue vinculada en calidad de auxiliar administrativo,
código 407, grado 6, a la Institución Educativa Fray Bartolomé de Igualada de
Sibundoy, Putumayo, por medio de Resolución 28 de marzo de 1994 de la
Secretaría de Educación Departamental del Putumayo. Actualmente se
encuentra adscrita al sector educativo de dicho municipio bajo el régimen
retroactivo de cesantías.
5. El 10 de mayo de 2016, solicitó el pago parcial de cesantías para reparar
su vivienda. La Secretaría de Educación del Putumayo ordenó el pago de las
cesantías en febrero de 2019. Sin embargo, este solo se hizo efectivo el 24 de
mayo del mismo año, motivo por el cual se habrían excedido los plazos
establecidos por la Ley 1071 de 2006.
6. En febrero de 2022, la actora solicitó ante dicha autoridad el
reconocimiento de la sanción moratoria correspondiente. Sin embargo, la
secretaría negó la petición mediante el Oficio PUT2022EE009283 del 11 de abril
de 2022.
7. La actora promovió demanda de nulidad y restablecimiento del derecho y
solicitó que se declarara la nulidad de dicho acto administrativo. El Juzgado
Primero Administrativo de Mocoa, mediante fallo del 18 de diciembre de 2023,
3 En el proceso con radicado 86001-33-31-001-2022-00244-00/01
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accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda y declaró la nulidad del
oficio enjuiciado. Concluyó que el Departamento del Putumayo expidió de forma
tardía la resolución que reconocía las cesantías solicitadas el 10 de mayo de
2016, debido a que dicho acto se dictó el 19 de febrero de 2019. En tal sentido,
consideró que se excedió el plazo en 15 días legales, motivo por el cual se debía
aplicar lo dispuesto por el Consejo de Estado en la sentencia de unificación del
18 de julio de 2018. De conformidad con este fallo, en caso de actos
extemporáneos, la sanción moratoria empieza a correr 70 días hábiles después
de radicada la solicitud, sin que se contabilice el plazo de notificación.
8. Inconforme, el Departamento del Putumayo presentó recurso de
apelación. Mediante fallo del 10 de julio de 2025, el Tribunal Administrativo del
Putumayo revocó la decisión de primera instancia. Consideró que, dado que la
actora estaba vinculada al régimen retroactivo de cesantías, no procedía
reconocer ni pagar la sanción moratoria, propia del régimen anualizado. Esto, en
la medida en que se acreditó que la señora Luna Linares se vinculó a la entidad
territorial demandada con anterioridad al 31 de diciembre de 1996, esto es, antes
de la entrada en vigor de la Ley 344 de 1996, cuerpo normativo que consagra el
régimen anualizado de cesantías, de conformidad con su artículo 13.
9. Puso de presente que, para los servidores públicos que, como en el caso
de la actora, se hubieren vinculado con anterioridad a la entrada en vigor de dicha
ley y que se encontraban cobijados por el régimen de cesantías con
retroactividad, el Decreto 1582 de 1998, en su artículo 3, estableció el
procedimiento para aquellos que quisieran acogerse voluntariamente al régimen
anualizado. Argumentó que, sin embargo, la señora Luna Linares no acreditó que
se hubiera acogido a este sistema de manera expresa y voluntaria. En dicha
medida, con fundamento en la jurisprudencia del Consejo de Estado4, afirmó que
a la demandante no le asistía el derecho al reconocimiento por mora el pago de
las cesantías, debido a que dicha penalidad fue prevista exclusivamente para
quienes se encontraban en el régimen de liquidación anualizado. Por tanto,
concluyó que el juez de primera instancia debió fundamentar su análisis en las
leyes 10 de 1934, 6 de 1945 y 65 de 1946, de conformidad con lo indicado en la
sentencia de unificación SUJ-032-CE-S2-2023 del 11 de octubre de 2023.
1.3. Sustento de la vulneración
10. La parte actora indicó que el Tribunal Administrativo del Putumayo incurrió
en desconocimiento del precedente de las siguientes sentencias:
• Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección
Segunda, Sala Plena. Sentencia de unificación del 18 de julio de 2018.
Radicado núm. 73001-23-33-000-2014-00580-01(4961-15). M.P. Sandra
4 Citó la siguiente sentencia: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección
Segunda, Subsección A. Sentencia del 17 de febrero de 2022. Radicado num. 08001-23-33-000-
2015-00812-01 (5860-2019). M.P. Gabriel Valbuena Hernández.
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Lisset Ibarra.
• Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección
Segunda, Sala Plena. Sentencia de unificación del 27 de marzo de 2007.
Radicado núm. 760012331000200002513 01. (2777-2004).
• Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección
Segunda, Subsección B. Sentencia del 14 de diciembre de 2015.
Radicado núm. 66001-23-33-000-2013-00189-01(1498-14). M.P Gerardo
Arenas Monsalve.
11. Afirmó que la sentencia de unificación del 18 de julio de 2018 unificó el
asunto relacionado con la «sanción moratoria por el pago tardío de las cesantías
– aplicación de la Ley 1071 de 2006». Señaló que este asunto se diferencia del
reconocimiento de sanción moratoria por la no consignación de cesantías en el
fondo privado hasta el 14 de febrero de cada año, ordenado por el artículo 99 de
la Ley 50 de 1990.
12. Argumentó que, por tanto, el Tribunal Administrativo del Putumayo aplicó
indebidamente el precedente de la sentencia del 17 de febrero de 2022, proferida
por la Sección Segunda, Subsección A del Consejo de Estado. Lo anterior, en la
medida en que, en este fallo, se resolvía una demanda mediante la cual se solicitó
el reconocimiento de la sanción moratoria por dicha falta de consignación al fondo
privado. En tal medida, la actora sostuvo que se diferencia de su situación, en la
medida en que en dicho caso, no se solicitó el pago total o parcial de cesantías,
motivo por el cual consideró que la aplicación de tal sentencia fue
descontextualizada.
13. Indicó que, con ello, la autoridad judicial accionada desconoció las leyes
244 de 1995 y 1071 de 2006.
1.4. Intervenciones
14. El Tribunal Administrativo del Putumayo solicitó que se declarara la
improcedencia de la acción, pues, a su juicio, en el asunto no se configuran
ninguna de las causales de procedencia de la acción de tutela contra
providencias judiciales. A su vez, narró a detalle las actuaciones surtidas en el
trámite ordinario y el fundamento de la decisión cuestionada.
15. El Departamento del Putumayo solicitó que se declarara la
improcedencia de la presente acción, en la medida en que la actora contaba con
el recurso extraordinario de unificación jurisprudencial para la defensa de sus
garantías. Indicó que, al ser un asunto de carácter laboral, la señora Luna Linares
no tenía limitación alguna relacionada con la cuantía para promover dicho
mecanismo. Agregó que, sin embargo, perdió la oportunidad procesal para ello,
pues el artículo 257 de la Ley 1437 de 2011 establece que el término para
interponer dicho recurso es de 10 días desde la ejecutoria de la sentencia en
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cuestión.
II. CONSIDERACIONES
16. La Sala declarará la improcedencia de la acción de tutela presentada por
Riopaila. En tal sentido, se demostrará que en el asunto no se supera el requisito
general de subsidiariedad.
2.1. Caso concreto
2.1.1. La solicitud de amparo no cumple con los requisitos generales de
procedencia de tutela contra providencias judiciales
17. El Consejo de Estado5 y la Corte Constitucional6, han condicionado la
procedencia de las acciones de tutela contra providencias judiciales al
cumplimiento de ciertos requisitos generales7 y a la configuración de algún
defecto especial8 en el que puede incurrir una autoridad judicial.
18. De no observarse el cumplimiento de uno de estos presupuestos, se
declara improcedente la solicitud de amparo, sin que se analice el fondo del
asunto. Cumplidos esos parámetros, corresponderá a la Sala estudiar si se
configura uno o más de los defectos especiales de procedencia de la acción de
tutela contra providencia judicial.
19. En el caso estudiado, esta Sección considera que la solicitud de amparo
no cumple con todos los requisitos generales de procedencia, como pasa a
exponerse.
20. Legitimación en la causa. Este presupuesto consiste, de una parte, en
que quien promueve la acción sea el titular del derecho o del interés que se
invoca como fundamento de las pretensiones que se aducen (activa), y, de otra,
en que el accionado sea el sujeto frente a quien deben reclamarse y
controvertirse estas (pasiva).
21. La Sala advierte que la señora Milvian de Jesús Luna Linares está
legitimada en la causa por activa para interponer la presente acción de tutela al
5 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sentencia de 31 de julio de
2012, M.P. María Elizabeth García González, Rad. No. 11001-03-15-000-2009-01328-01; y,
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sentencia del 05 de agosto de
2014, M.P. Jorge Octavio Ramírez, Rad. No. 11001-03-15-000-2012-02201-01.
6 Al respecto, ver las siguientes sentencias: SU-111 de 2025; SU-439 de 2024; SU-316 de 2023;
SU-388 de 2021; T-461 de 2021; SU-379 de 2019; T-511 de 2017 y C-590 de 2005.
7 (i) Legitimación en la causa; (ii) relevancia constitucional; (iii)subsidiariedad; (iv) inmediatez; (v)
efecto decisivo de la irregularidad procesal; (vi) identificación razonable de los hechos
vulneradores del derecho; y (vii) que la acción de tutela no se dirija contra un fallo de la misma
naturaleza.
8 (i) Defecto orgánico; (ii) defecto procedimental absoluto; (iii) defecto fáctico; (iv) defecto material
o sustantivo; (v) error inducido; (vi) decisión sin motivación; (vii) desconocimiento del precedente
judicial; y (viii) violación directa de la Constitución.
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haber sido la demandante del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho
objeto del presente mecanismo. A su vez, se evidencia que el Juzgado Primero
Administrativo de Mocoa y el Tribunal Administrativo del Putumayo están
legitimados en la causa por pasiva al ser las autoridades que dictaron las
providencias de primera y segunda instancia, respectivamente, en dicho trámite.
Sin embargo, se advierte que la sala estudiará únicamente lo correspondiente a
la sentencia proferida por el tribunal, al ser esta la que dio fin a tal proceso.
22. Subsidiariedad. El artículo 86 de la Constitución Política consagró el
carácter subsidiario de la acción de tutela frente a los medios ordinarios de
defensa. En virtud de dicho requisito, la Corte Constitucional ha determinado que
la acción de tutela solo procede en dos casos excepcionales9: i) como mecanismo
de protección definitivo, si el afectado no dispone de otro medio de defensa
judicial idóneo10 y eficaz11; y, ii) como mecanismo de protección transitorio.
23. La Sala evidencia que la actora consideró que el Tribunal Administrativo
del Putumayo incurrió en desconocimiento del precedente judicial establecido por
las sentencias de unificación del 27 de marzo de 200712 y del 18 de julio de
201813, ambas proferidas por la Sala Plena de la Sección Segunda del Consejo
de estado, motivo por el cual, a su juicio, aplicó indebidamente la sentencia del
17 de febrero de 2022 dictada por la Subsección A de la Sección Segunda de
esta Corporación, la cual fundamentó la decisión enjuiciada.
24. Al respecto, es preciso indicar que el recurso extraordinario de unificación
jurisprudencial fue creado por la Ley 1437 de 2011 con el objetivo de respetar el
valor normativo y obligatorio de las sentencias de unificación de jurisprudencia
proferidas por el Consejo de Estado. Al respecto, los artículos 256, 257 y 258,
normas aplicables al caso concreto, establecen:
ARTÍCULO 256. FINES. El recurso extraordinario de unificación de jurisprudencia
tiene como fin asegurar la unidad de la interpretación del derecho, su aplicación
uniforme y garantizar los derechos de las partes y de los terceros que resulten
perjudicados con la providencia recurrida y, cuando fuere del caso, reparar los
agravios inferidos a tales sujetos procesales.
ARTÍCULO 257. PROCEDENCIA. El recurso extraordinario de unificación de
jurisprudencia procede contra las sentencias dictadas en única y en segunda
instancia por los tribunales administrativos, tanto para los procesos que se rigen
por el Decreto 01 de 1984 como para aquellos que se tramitan por la Ley 1437 de
2011. […]
9 Corte Constitucional, Sentencia T-183 de 2024.
10 De acuerdo con la jurisprudencia constitucional, es idóneo si es «materialmente apto para
producir el efecto protector de derechos fundamentales». Al respecto, ver sentencia SU-379 de
2019.
11 La Corte Constitucional ha considerado que la eficacia se refiere a si el mecanismo judicial está
diseñado para brindar una protección oportuna a los derechos fundamentales vulnerados.
12 Radicación núm. 76001-23-31-000-2000-02513-01.
13 Radicación núm. 73001-23-33-000-2014-00580-01.
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ARTÍCULO 258. CAUSAL. Habrá lugar al recurso extraordinario de unificación
de jurisprudencia cuando la sentencia impugnada contraríe o se oponga a una
sentencia de unificación del Consejo de Estado.
25. Así, si un tribunal administrativo se aparta sin justificación alguna de las
sentencias de unificación de jurisprudencia proferidas por esta Corporación, la
ley prevé que las partes pueden interponer el recurso extraordinario de
unificación para que el Consejo de Estado determine si fue o no desconocida
dicha sentencia.
26. En este orden de ideas, se observa que la inconformidad de la tutelante
con la decisión dictada por el Tribunal Administrativo del Putumayo en la
sentencia del 10 de julio de 2025 se centra en considerar que se desconoció el
precedente establecido en dos sentencias de unificación del Consejo de Estado.
Al respecto, se advierte que en el expediente digital no obra prueba alguna de
que la interesada haya interpuesto el recurso extraordinario de unificación
jurisprudencial.
27. La Sala considera que era obligatorio para la parte accionante presentar
el recurso extraordinario de unificación de jurisprudencia con el fin de controvertir
lo decidido en la sentencia reprochada. Esto, con el objeto de que el juez
competente determine si, en efecto, el tribunal demandado adoptó una decisión
opuesta al criterio unificado por la Sección Segunda del Consejo de Estado en
su calidad de órgano de cierre en la materia. Lo anterior, con el fin de que la
acción de tutela no reemplace los recursos previstos por el legislador.
28. La sala tampoco advierte la existencia de un perjuicio irremediable que
permita la procedibilidad de la acción de tutela como mecanismo transitorio. De
los elementos de convicción que obran en el expediente no es posible señalar
que existe alguna situación de debilidad manifiesta que imprima la necesidad de
adoptar órdenes urgentes para la protección de derechos fundamentales.
29. Finalmente, esta Sección no pasa por alto que, además del defecto por
desconocimiento del precedente de dichas sentencias de unificación, la actora
alegó la desatención de la sentencia del 14 de diciembre de 2015, proferida por
la Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado –la cual no es
una sentencia de unificación–. A su vez, sostuvo que se inaplicó las leyes 244 de
1995 y 1071 de 2006.
30. No obstante, en el presente asunto, el estudio de tales argumentos no
puede llevarse a cabo de manera independiente al análisis del desconocimiento
del precedente de las sentencias de unificación. Lo anterior, dado que la
controversia no podría ser resuelta sin aplicar el criterio unificado que en materia
del régimen de sanción moratoria por el pago tardío de cesantías dictó el órgano
de cierre en la materia.
31. A su vez, se advierte que, en relación con dichos motivos expuestos en el
escrito de tutela, el actor tampoco cumplió con la carga argumentativa requerida,
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de conformidad con lo establecido por la Corte Constitucional en la sentencia SU-
215 de 2022. Lo anterior, debido a que la señora Luna Linares se limitó a
mencionar que se desatendió la sentencia del 14 de diciembre de 2015, proferida
por la Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado y que se
inaplicó las leyes 244 de 1995 y 1071 de 2006, sin argumentar mínimamente las
razones por las cuales considera que el tribunal accionado habría incurrido en
tales defectos y, por contera, habría afectado sus garantías iusfundamentales.
32. En tal sentido, el examen del yerro alegado trasciende la órbita de
competencia de esta autoridad constitucional, pues es el juez del recurso
extraordinario de unificación jurisprudencial quien debió determinar si en el caso
en concreto hubo un desconocimiento de las reglas de derecho establecidas en
los fallos de unificación en cuestión.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República
y por autoridad de la Ley,
III. FALLA
PRIMERO: DECLARAR LA IMPROCEDENCIA de la acción de tutela interpuesta
por la señora Milvian de Jesús Luna Linares.
SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes y a los terceros vinculados en la forma
prevista en el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.
TERCERO: En caso de que no sea impugnada esta providencia, REMITIR el
expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión al día siguiente de
su ejecutoria.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA
Presidente
LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado
OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ
Magistrado
PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Magistrado
Este documento fue firmado electrónicamente. Usted puede consultar la providencia oficial con
el número de radicación en https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/procesos.aspx
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