Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-05558-00
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Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-05558-00
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2025-05558-00
Consejero ponente: Luis Eduardo Mesa Nieves
25 de septiembre de 2025
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA – SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Bogotá D. C., veinticinco (25) de septiembre de dos mil veinticinco (2025)
Referencia: Acción de Tutela
Radicado: 11001-03-15-000-2025-05558-00
Accionante: Henry Alexander Aldana Ávila
Accionado: Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Bogotá
Tema: Acción de tutela contra providencia judicial
Decisión: Se niegan las pretensiones de la demanda. No se configuran
los defectos alegados.
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
I. ASUNTO
1. La Sala de Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado decide
la acción de tutela1 instaurada por el señor Henry Alexander Aldana Ávila, contra la
Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Bogotá por la presunta vulneración de
sus derechos fundamentales al debido proceso, al acceso a la administración de
justicia, a la igualdad, a la honra y al buen nombre, supuestamente ocurrida con
ocasión de la providencia de fecha 4 de agosto de 2025, al interior del proceso
disciplinario con radicado 11001-25-02-000-2024-06805-00.
II. ANTECEDENTES
2.1. Hechos
2. Del escrito de tutela y del expediente, se colige que el 12 de noviembre de
2024 el actor presentó una queja2 disciplinaria contra el abogado Edgar Chacón
Hartmann, bajo los supuestos de haber emitido manifestaciones injuriosas en la
contestación de una demanda3, así como de haber efectuado acercamientos
extraprocesales que afectaron sus derechos y el curso del proceso.
3. El accionante señaló que la «Comisión de Disciplina Judicial», desestimó4
su queja, argumentando que no hubo animus injuriandi ni imputaciones
deshonrosas en la conducta del abogado objeto de reproche. Afirmó que la
decisión no realizó un análisis profundo de los hechos y las pruebas, y minimizó
el impacto sobre su honra y los actos indebidos del abogado.
1
Presentada el 5 de septiembre de 2025.
2
Índice 2 del aplicativo SAMAI, 5_EXPEDIENTEDIGI_PRUEBA_5_9_20258_17__4_20250908103433784
3
Dentro del proceso de cesación de los efectos civiles del matrimonio católico seguido bajo el radicado núm.
11001-31-10-009-2024-00117-00, ante el Juzgado Noveno de Familia de Bogotá.
4
Mediante pronunciamiento disciplinario del 4 de agosto de 2025, exp.11001-25-02-000-2024-06805-00, índice
10 del aplicativo SAMAI, 01Queja202406805
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4. Finalmente, el actor manifestó que la providencia concluyó que no había
mérito para abrir investigación disciplinaria y que contra ella “no procede recurso
alguno”, dejándolo en estado de indefensión. Por lo anterior, consideró que se
vulneraron sus derechos al no permitirle controvertir la decisión por la vía
ordinaria.
2.2. Fundamento jurídico
5. El actor argumentó que la «Comisión de Disciplina Judicial» vulneró su
derecho fundamental al debido proceso al desestimar de plano la queja
presentada contra el abogado Edgar Chacón Hartmann, en su sentir, sin realizar
un análisis razonado de las pruebas aportadas, como el memorial con
expresiones injuriosas5, la declaración extrajuicio y las actuaciones procesales
irregulares del reprochado con lo que alegó un defecto fáctico al respecto.
6. Señaló que el artículo 68 de la Ley 1123 de 20076 exigía la ausencia total
de mérito para dicha desestimación, pero que ello no se cumplió en su caso, con
lo que se infiere que endilgó un defecto sustantivo a la providencia en este
sentido.
7. Indicó que, según la jurisprudencia constitucional7, para descartar la
existencia de injuria es necesario verificar si hubo animus injuriandi, lo cual
exigía un análisis detallado del contexto, la intención y los efectos de las
expresiones utilizadas. Adujo que la Comisión supuestamente omitió dicho
análisis y se limitó a afirmar que los señalamientos provenían de la cliente del
abogado, lo cual, en su criterio, resulta insuficiente y vulneraba el estándar
constitucional exigido para descartar una conducta injuriosa.
8. También alegó una vulneración al derecho de acceso a la administración
de justicia, ya que la decisión de cerrar el estudio de la queja sin permitir el
procedimiento disciplinario lo dejaba en estado de indefensión frente a la
situación alegada por lo que se advierte que alegó también desconocido el
precedente contenido en las sentencias T-100/188 y T-458/199, que afirmó:
«reconocen la procedencia de la tutela cuando se cierran anticipadamente
investigaciones disciplinarias sin valorar pruebas mínimas».
9. Finalmente, sostuvo que se vulneraron los derechos a la honra y al buen
nombre, al derecho de petición y a la igualdad, al minimizar el impacto de las
expresiones injuriosas, emitir una respuesta aparente sin motivación sustancial,
5
Índice 2 del aplicativo SAMAI, 4_EXPEDIENTEDIGI_Demanda_3_20250908103433721, escrito de tutela, pág.2.
6
«Por la cual se establece el código disciplinario del abogado.» Capitulo IV Inicio de la Acción Disciplinaria. Artículo
68. Procedencia. La Sala del conocimiento deberá examinar la procedencia de la acción disciplinaria y podrá
desestimar de plano la queja si la misma no presta mérito para abrir proceso disciplinario o existe una causal
objetiva de improcedibilidad. Subrayas de la Sala
7
Corte Constitucional, Sentencia de Unificación, SU-396 de 2017 del 22 de junio de 2017, MP Gloria Stella Ruiz
Delgado, donde la Corte enfatizó que para que se configure la injuria, debe verificarse la existencia de animus
injuriandi.
8
Corte Constitucional, Sentencia T-100 de 2018, MP Gloria Stella Ruiz Delgado, cuyo tema central es el derecho
a la libertad de cultos de personas privadas de la libertad. - No aplicable al caso concreto. -
9
Corte Constitucional, Sentencia T-458 de 2019, MP Gloria Stella Ruiz Delgado, que trató sobre la procedencia
excepcional de la acción de tutela para el reconocimiento de la pensión especial de vejez por hijo en situación
de discapacidad, abordando el derecho a la seguridad social y al mínimo vital de estos individuos. –
Temática que no encuadra este asunto. -
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y aplicar jurisprudencia de forma restrictiva frente a casos similares. Concluyó
manifestando, que, en su sentir, la decisión careció de una motivación adecuada,
pero no profundizó en sus argumentos al respecto.
2.3. Pretensiones
10. Con fundamento en lo anterior, solicitó:
«Me permito solicitar la protección inmediata de mis derechos fundamentales,
denominados: debido proceso, acceso a la administración de justicia, igualdad,
honra y buen nombre los cuales vienen siendo vulnerados por la entidad
encartada COMISIÓN DE DISCIPLINA JUDICIAL MAGISTRADA PONENTE
SANDRA MILENA CARRILLO RAMÍREZ, con domicilio en la ciudad de Bogotá,
y por lo tanto disponga lo pertinente, a fin de que se ordene que se adopten las
decisiones necesarias y por lo tanto se disponga lo pertinente para que:
• Se amparen los derechos fundamentales invocados.
• Se ordene a la Comisión de Disciplina Judicial de Bogotá dejar sin efectos la
decisión de desestimación de plano y emitir una nueva providencia debidamente
motivada, que valore en debida forma los hechos y las pruebas allegadas.
• Subsidiariamente, se ordene a la Comisión reabrir la queja disciplinaria y
adelantar las diligencias necesarias para determinar si la conducta del abogado
denunciado constituye falta disciplinaria.
• Aclaro que no existe otro medio judicial para evitar se sigan ocasionando
perjuicios irremediables al suscrito.» (SIC en toda la cita.)
2.4. Intervenciones
11. Mediante auto del 810 de septiembre de 2025 se admitió la acción de tutela
de la referencia, se ordenó notificar como accionada a la Comisión Seccional de
Disciplina Judicial de Bogotá11, a los señores Jocelyn Cristina Falcón Romero,
Edgar Chacón Hartmann, Ana Adelaida Acosta Delgadillo, Gina Paola Ávila Uribe
y al Juzgado Noveno de Familia de Bogotá como terceros interesados en el
resultado del proceso. Asimismo, se ordenó notificar a la Agencia Nacional de
Defensa Jurídica del Estado para lo de su competencia.
2.4.1. La Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Bogotá12, a través de
la magistrada Sandra Milena Carrillo Ramírez manifestó que, mediante
providencia del 4 de agosto de 2025, desestimó de plano la queja disciplinaria
presentada por el señor Henry Alexander Aldana Ávila contra el abogado E. C.
H., en el marco del proceso de cesación de los efectos civiles del matrimonio
católico con radicado 11001-31-10-009-2024-00117-00. Indicó que fundamentó
su decisión en el artículo 68 de la Ley 1123 de 2007, al considerar que no existía
mérito suficiente para abrir investigación disciplinaria.
12. Sostuvo además que, tras analizar integralmente los hechos expuestos
por el actor, la Comisión concluyó que no se configuró animus injuriandi, ya que
10
Índice 4, del aplicativo SAMAI
11
Despacho de la magistrada Sandra Milena Carrillo Ramírez
12
Índice 12, del aplicativo SAMAI
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las manifestaciones del abogado y eventual sujeto disciplinable no estuvieron
dirigidas a menoscabar el buen nombre del quejoso, sino a contextualizar al juez
sobre los antecedentes entre las partes. Aunado a lo anterior, indicó que los
señalamientos no tuvieron como finalidad afectar la honra del accionante, y que
la actuación del abogado se enmarcó en el normal ejercicio de su actividad
profesional.
13. Adicionalmente, indicó que la providencia fue comunicada el 6 de agosto
de 2025 al quejoso, al eventual disciplinable y al Procurador Judicial, sin que se
recibiera pronunciamiento alguno por parte de estos. Señaló que esa corporación
actuó conforme al artículo 257A de la Constitución, y que su competencia se
limita a juzgar la conducta de los abogados, sin interferir en el desarrollo del
proceso judicial de divorcio que dio origen a la queja.
14. Finalmente, la Comisión aclaró que las decisiones inhibitorias no hacen
tránsito a cosa juzgada ni vulneran el acceso a la justicia, ya que el quejoso puede
reformular la queja si aporta nuevos elementos. Además, precisó que el
expediente disciplinario reviste carácter reservado conforme al artículo 115
de la Ley 1952 de 2019, y que los quejosos no tienen calidad de sujetos
procesales, por lo que su acceso está restringido.
2.4.2. No se rindieron más informes.
III. CONSIDERACIONES
3.1. Competencia
15. La Sala de Subsección es competente para resolver el asunto de la
referencia, de conformidad con lo dispuesto en el Decreto 2591 de 1991 y demás
normas concordantes.
3.2. Cuestión previa
16. La Sala advierte que solamente estudiará los defectos que se lograron
establecer como reprochados por el accionante, que presentaron algún sustento
en sus planteamientos, esto es, el defecto fáctico, el sustantivo y el de
desconocimiento del precedente judicial, pues con relación al de presunta falta
de motivación el actor no presentó ningún argumento sólido más allá de su
desazón con la decisión que habilite su estudio.
3.3. Problema jurídico
17. De conformidad con lo expuesto, el problema jurídico se circunscribe a
determinar si la Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Bogotá con ocasión
de la providencia de fecha 4 de agosto de 2025, al interior del proceso disciplinario
con radicado 11001-25-02-000-2024-06805-00 incurrió en los defectos fáctico,
sustantivo y por desconocimiento del precedente y con ellos en la vulneración de
los derechos fundamentales al debido proceso, al acceso a la administración de
justicia, a la igualdad, a la honra y al buen nombre del accionante.
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3.4. Procedencia de la acción de tutela
18. La acción de tutela, establecida en el artículo 86 de la Constitución Política
de Colombia de 1991 y desarrollada por el Decreto 2591 de 1991 así como por
los Decretos 306 de 1992 y 1382 de 2000 compilados en el Decreto 1069 de
2015, protege los derechos fundamentales cuando son vulnerados o
amenazados, actuando de manera residual o subsidiaria en ausencia de otros
medios judiciales, salvo cuando se requiera utilizar como mecanismo transitorio
para evitar un perjuicio irremediable.
19. De acuerdo con la jurisprudencia constitucional, es posible acudir al
recurso de amparo para proteger derechos fundamentales amenazados o
vulnerados por decisiones judiciales, ya que el ejercicio de la judicatura debe
sujetarse a los valores, principios y derechos constitucionales, permitiendo el
control de autoridades que excedan los límites impuestos por la Constitución.
20. La acción de tutela, como mecanismo excepcional y residual, exige cumplir
unos requisitos definidos por la Corte Constitucional tras años de elaboración
jurisprudencial. Estos buscan equilibrar la seguridad jurídica, la autonomía
judicial y la protección efectiva de los derechos fundamentales, permitiendo
subsanar controversias en procesos judiciales dentro del marco constitucional.
21. Los presupuestos generales responden al carácter subsidiario de la tutela
y por lo mismo deben cumplirse en cualquier evento para su interposición, como
son: (i) que el asunto que esté sometido a estudio sea de evidente relevancia
constitucional; (ii) que en el proceso se hayan agotado todos los medios de
defensa, tanto ordinarios como extraordinarios que se encuentren al alcance de
quien demande el amparo, salvo, claro está, que se busque evitar un perjuicio
irremediable; (iii) que la presentación de la acción cumpla con el requisito de
inmediatez; (iv) que la irregularidad procesal devenga en sustancial: cuando se
trate de una irregularidad procesal, debe quedar claro que la misma tiene un
efecto decisivo o determinante en la sentencia que se impugna y que afecta los
derechos fundamentales de la parte actora.; (v) que se identifique la situación
fáctica que devino en la vulneración de derechos; y (vi) que no se trate sentencias
de tutela.
3.4.1. En el presente asunto, la Sala advierte que la pretensión de amparo
constitucional cumple con los requisitos generales diseñados por la
jurisprudencia, que habilitan su interposición.
3.4.1.1. En efecto, esta Sala considera que los hechos que generaron la
vulneración de sus derechos fundamentales se encuentran plenamente
individualizados.
3.4.1.2. Así mismo se advierte que la providencia objeto de tutela carece de
recursos ordinarios y extraordinarios para obtener el amparo constitucional,
teniendo en cuenta que contra la decisión de desestimar de plano la queja
presentada no procede ninguno de ellos.
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3.4.1.3. Se observa igualmente que la interposición del mecanismo constitucional
se dio en un lapso «razonable y proporcionado», pues no han transcurrido más
de 6 meses desde la notificación de la última providencia cuestionada, toda vez
que la decisión fue notificada el 6 de agosto de 2025 y la acción de tutela se
presentó el 5 de septiembre de 202513.
3.4.1.4. El asunto por resolver es de relevancia constitucional, en la medida que
se centra en establecer una posible vulneración iusfundamental como
consecuencia de los defectos: fáctico, sustantivo y por desconocimiento del
precedente judicial por parte de la Comisión Seccional de Disciplina Judicial en
su providencia del 4 de agosto de 2025 al interior del proceso disciplinario con
radicado 11001-25-02-000-2024-06805-00.
22. Visto lo anterior, la Sala procede a resolver el fondo de la controversia.
3.5. El defecto fáctico como causal de procedibilidad de tutela contra
providencia judicial
23. De conformidad con la jurisprudencia constitucional, el defecto fáctico se
configura cuando el juez carece de apoyo probatorio que le permita la aplicación
del supuesto legal en el que se sustenta la decisión. Sobre el particular la Corte
Constitucional14 ha identificado dos dimensiones en las que puede presentarse:
24. Una dimensión negativa15, que ocurre cuando el juez niega o valora la
prueba de manera arbitraria, irracional y caprichosa, u omite su valoración y sin
razón valedera da por no probado el hecho o la circunstancia que de la misma
emerge clara y objetivamente. Esta dimensión, comprende las omisiones en la
valoración de pruebas determinantes para identificar la veracidad de los hechos
analizados por el juez.
25. Una dimensión positiva16, que se presenta generalmente cuando el
juzgador aprecia pruebas esenciales y determinantes de lo resuelto en la
providencia cuestionada que no ha debido admitir ni valorar.
26. Ahora bien, en virtud del principio de autonomía judicial, la intervención del
juez de tutela en relación con el manejo dado por el juez natural es, y debe ser,
de carácter extremadamente reducido, toda vez que:
«[…] las diferencias de valoración en la apreciación de las pruebas no
constituyen defecto fáctico pues, si ante un evento determinado se presentan
al juez dos interpretaciones de los hechos, diversas pero razonables, le
corresponde determinar al funcionario, en el ámbito su especialidad, cuál
resulta más convincente después de un análisis individual y conjunto de los
elementos probatorios»17.
13 Título VI de la Ley 1123 de 2007.
14
Véase: Corte Constitucional, sentencias SU-632 de 2017, SU-195 de 2012, T-143 de 2011, T-456 de 2010, T-
567 de 1998, T-456 de 2010, T-311 de 2009, entre otras.
15
Corte Constitucional, sentencia T-576 de 1993, magistrado ponente: Jorge Arango Mejía.
16
Corte Constitucional, sentencia T-538 de 1994, magistrado ponente: Eduardo Cifuentes Muñoz.
17
Corte Constitucional, sentencia SU-222 de 2016, magistrada ponente: María Victoria Calle Correa.
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27. En ese sentido, no es procedente la acción constitucional cuando se
encamina a obtener una nueva valoración de la actividad evaluativa realizada por
el juez que ordinariamente conoce de un asunto.
3.6. El defecto sustantivo como causal de procedibilidad de tutela contra
providencia judicial
28. La Corte Constitucional en reiterada jurisprudencia ha delimitado el
campo de aplicación de la violación al debido proceso por defecto sustantivo
en los siguientes términos:
«Cuando en una providencia se desconocen las normas que son evidentemente
aplicables al caso, cuando se realiza una interpretación de la normatividad (sic)
que contraría los postulados mínimos de la razonabilidad jurídica y cuando omite
la aplicación de una regla definida por una sentencia con efecto erga omnes. En
suma, el defecto sustantivo se configura cuando la interpretación y aplicación de
la normatividad al caso concreto resulta contraria a los criterios mínimos de
juridicidad y razonabilidad que orientan al sistema jurídico»18.
29. En este sentido, dicha corporación ha identificado una serie de eventos en
los cuales se configura el defecto sustantivo como causal especifica de
procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales:
«El defecto sustantivo como una circunstancia que determina cierta carencia de
juridicidad de las providencias judiciales, aparece, como ya se mencionó, cuando
la autoridad judicial respectiva desconoce las normas de rango legal o infralegal
aplicables en un caso determinado, ya sea por su absoluta inadvertencia, por su
aplicación indebida, por error grave en su interpretación o por el desconocimiento
del alcance de las sentencias judiciales con efectos erga omnes cuyos
precedentes se ubican en el mismo rango de la norma sobre la que pesa la cosa
juzgada.
En otras palabras, una providencia judicial adolece de un defecto sustantivo:
(i) Cuando la norma aplicable al caso es claramente inadvertida o no tenida en
cuenta por el fallador.
(ii) Cuando a pesar del amplio margen interpretativo que la Constitución le
reconoce a las autoridades judiciales, la aplicación final de la regla es inaceptable
por tratarse de una interpretación contraevidente (interpretación contra legem) o
claramente perjudicial para los intereses legítimos de una de las partes
(irrazonable o desproporcionada), y, finalmente.
(iii) Cuando el fallador desconoce las sentencias con efectos erga omnes tanto de
la jurisdicción constitucional como de la jurisdicción de lo contencioso
administrativo, cuyos precedentes se ubican en el mismo rango de la norma sobre
la que pesa la cosa juzgada respectiva”.
Frente a la configuración de este defecto, puede concluirse que si bien es cierto
que los jueces dentro de la esfera de sus competencias cuentan con autonomía e
independencia judicial para interpretar y aplicar las normas jurídicas, dicha facultad
no es en ningún caso absoluta. Por tratarse de una atribución reglada, emanada
de la función pública de administrar justicia, la misma se encuentra limitada por el
18Corte Constitucional, sentencia T-1143 de 28 de noviembre de 2003, magistrado ponente: Eduardo
Montealegre Lynett.
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orden jurídico preestablecido y, principalmente, por los valores, principios,
derechos y garantías que identifican al actual Estado Social de Derecho».
«Ha señalado la jurisprudencia de esta Corporación que el defecto sustantivo que
convierte en vía de hecho una sentencia judicial, opera cuando la decisión que
toma el juez desborda el marco de acción que la Constitución y la ley le reconocen
al apoyarse en una norma evidentemente inaplicable al caso concreto, bien sea,
por ejemplo (i) porque ha sido derogada y ya no produce ningún efecto en el
ordenamiento jurídico, (ii) porque ella es claramente inconstitucional y el
funcionario se abstuvo de aplicar la excepción de inconstitucionalidad, (iii) porque
su aplicación al caso concreto es inconstitucional, (iv) porque ha sido declarada
inexequible por la propia Corte Constitucional o, (v) porque, a pesar de estar
vigente y ser constitucional, no se adecúa a la circunstancia fáctica a la cual se
aplicó, porque a la norma aplicada, por ejemplo, se le reconocen efectos distintos
a los expresamente señalados por el legislador»19.
30. Tal como se desprende de los apartes transcritos, hay lugar a declarar que
se presentó un defecto sustantivo cuando la autoridad judicial desconoció las
normas que son aplicables al caso bien sea por realizar una interpretación que
contraría los postulados mínimos de razonabilidad jurídica, o porque se
desconoció la normativa aplicable o porque omitió tener en cuenta la ratio
decidendi de una sentencia con efectos erga omnes.
3.7. El desconocimiento del precedente como causal de procedibilidad de
la acción de tutela contra providencias judiciales
31. Sobre el particular, la Corte Constitucional, al efectuar el estudio de
exequibilidad respecto del artículo 4 de la Ley 169 de 1896 20, precisó que de
acuerdo con lo dispuesto en el artículo 230 superior, los jueces solo están
sometidos al imperio de la ley y por tanto no están obligados a fallar en la misma
forma como lo han hecho en casos anteriores, siempre y cuando, «expongan
clara y razonadamente los fundamentos jurídicos que justifican su decisión».
32. Por tal razón, el mismo Tribunal Constitucional consideró en la Sentencia
C-590 de 2005, que el desconocimiento injustificado del precedente judicial por
parte del juez, constituye una causal especial de procedibilidad de la acción de
tutela.
33. Respecto del precedente vertical21, la jurisprudencia constitucional ha sido
enfática en sostener que la autonomía del juez se encuentra limitada por el
respeto hacia las decisiones proferidas por los jueces de superior jerarquía y, en
especial, por los órganos de cierre en cada una de las jurisdicciones.
34. Así, el precedente judicial vinculante está constituido por aquellas
consideraciones jurídicas que están cierta y directamente dirigidas a resolver el
asunto fáctico sometido a consideración del juez, es decir, está ligado a la ratio
decidendi o razón central de la decisión anterior, la que, al mismo tiempo, surge
de los presupuestos fácticos relevantes de cada caso22.
19 Corte Constitucional, sentencia T – 581 de 27 de julio de 2011, magistrado ponente: Jorge Ignacio Pretelt
Chaljub.
20
Sentencia C-836 de 9 de agosto de 2001, magistrado ponente: Rodrigo Escobar Gil.
21 Sentencia T-468 de 5 de junio de 2003, magistrado ponente: Rodrigo Escobar Gil.
22 Sentencia T-049 de 1 de febrero de 2007: magistrado ponente: Clara Inés Vargas Hernández.
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35. Por consiguiente, si el juez en su sentencia justifica de manera suficiente
y razonable el cambio de criterio respecto de la línea jurisprudencial que ha
seguido en casos sustancialmente idénticos, quedan salvadas las exigencias de
la igualdad y de la independencia judicial; por tanto, no podrá reprocharse a la
sentencia arbitrariedad ni inadvertencia y el juez no habrá efectuado entre los
justiciables ningún género de discriminación23.
36. En otros términos, solo los cambios de jurisprudencia no justificados o no
advertidos de manera franca serán pasibles de control de manera excepcional
por parte del juez de tutela, en tanto que constituyen manifestaciones de
arbitrariedad por parte del Juez que dejan irrealizadas la igualdad de quienes se
encuentran en idénticas circunstancias frente a la Ley.
4. Análisis de los defectos alegados en el caso concreto
37. La Sala anticipa que negará la solicitud de amparo por no encontrar
configurados los defectos alegados, por las razones que pasan a explicarse:
38. El actor instauró la presente acción tutela contra la Comisión Seccional de
Disciplina Judicial de Bogotá por desestimar de plano su queja disciplinaria
aduciendo que esta no realizó un análisis razonado de las pruebas que presentó,
ni verificó si hubo animus injuriandi por parte del eventual disciplinable, lo que,
en su criterio constituyó una vulneración ius fundamental.
39. No obstante, la Sala pudo evidenciar que, a diferencia de lo planteado por
el accionante, el análisis realizado por la Comisión incluyó la valoración integral
de los hechos y de las pruebas aportadas al proceso, y concluyó que no se
configuró animus injuriandi toda vez que las expresiones del abogado
denunciado se enmarcaron en el ejercicio legítimo de su defensa técnica, sin
intención de menoscabar la honra del quejoso.
40. A lo expuesto, se adiciona que el despacho disciplinario analizó, que, «si
bien hubo acercamiento por parte del togado encartado a su contraparte, dicho
proceder se debió ante su interés de llevar a feliz término la finalización del
procedimiento, sin que ello implique el desconocimiento del deber establecido en
el numeral 13 del artículo 28 de la Ley 1123 de 2007»24, razones por las cuales
el defecto fáctico alegado no tiene sustento.
41. Por otro lado, la Comisión actuó en ejercicio de su competencia funcional,
conforme al artículo 257A de la Constitución Política, y resolvió desestimar de
plano la queja presentada con base en el artículo 68 de la Ley 1123 de 2007, la
cual faculta a la autoridad disciplinaria para abstenerse de iniciar investigación25
cuando no se advierta mérito suficiente para esta, con lo que el defecto
23 Sentencia T-123 de 21 de marzo de 1995, magistrado ponente: Eduardo Cifuentes Muñoz.
24
Artículo 28. Deberes profesionales del abogado. Son deberes del abogado: 13. Prevenir litigios innecesarios,
inocuos o fraudulentos y facilitar los mecanismos de solución alternativa de conflictos.
25
La autoridad judicial precisó además en su respuesta, que la decisión fue debidamente comunicada al quejoso
y que contra ella no procedía recurso alguno, al tratarse de una decisión desestimatoria que no hace tránsito a
cosa juzgada.
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Acción de Tutela
Radicado: 11001-03-15-000-2025-05558-00
Accionante: Henry Alexander Aldana Ávila
sustantivo alegado en este sentido carece de todo asidero.
42. Adicionalmente, en medida alguna la autoridad accionada omitió aplicar la
Sentencia de Unificación SU-396 de 2017 invocada por el actor, pues la Comisión
cuenta con la potestad de concluir que no existe mérito para abrir una
investigación sin vulnerar el debido proceso, siempre que haya una motivación
mínima, como ocurrió en este caso, aunado a que la jurisprudencia referida
estuvo dentro de los fundamentos de su decisión.
43. Asimismo, frente a la supuesta trasgresión al derecho a la igualdad
tampoco se demostró un trato discriminatorio, pues los casos que el actor
consideró «similares» al suyo, no fueron planteados en su escrito de tutela, y las
providencias de tutela invocadas: T-100/1826 y T-458/1927, evidentemente no eran
aplicables a su asunto, por lo que el defecto por desconocimiento del
precedente alegado se advierte del todo inexistente.
44. Así las cosas, la simple inconformidad del accionante con la decisión
disciplinaria adoptada por la Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Bogotá
no constituye per se una vulneración ius fundamental, máxime cuando el señor
Aldana Ávila, más allá de su desazón con la actuación reprochada, no logró
demostrar la presunta trasgresión alegada, ni la Sala evidencia que exista en ella
una arbitrariedad manifiesta o el desconocimiento del núcleo esencial de algún
derecho fundamental.
45. Por el contrario, la providencia fue debidamente motivada y comunicada a
los intervinientes el 6 de agosto de 2025, sin que se presentara pronunciamiento
alguno por parte de estos, aunado a que el actor no aportó elementos nuevos ni
demostró la existencia de un perjuicio irremediable, lo que excluye la procedencia
excepcional de la tutela como mecanismo sustitutivo.
46. Además, en manera alguna se ha vulnerado el derecho de acceso a la
administración justicia del accionante, pues las decisiones inhibitorias en sede
disciplinaria no hacen tránsito a cosa juzgada, por lo que el quejoso conserva la
facultad de reformular la queja si aporta nuevos elementos y lo considera
pertinente28.
41. Respecto a la honra y el buen nombre, tampoco se acreditó una afectación
directa ni desproporcionada, pues las expresiones cuestionadas y analizadas por
la autoridad disciplinaria, fueron emitidas en el marco de una controversia legal,
bajo el amparo del derecho de defensa, y no superaron los límites establecidos
por la jurisprudencia constitucional en materia de libertad de expresión
profesional.
26
Corte Constitucional, Sentencia T-100 de 2018, MP Gloria Stella Ruiz Delgado, cuyo tema central es el derecho
a la libertad de cultos de personas privadas de la libertad. - No aplicable al caso concreto. -
27
Corte Constitucional, Sentencia T-458 de 2019, MP Gloria Stella Ruiz Delgado, que trató sobre la procedencia
excepcional de la acción de tutela para el reconocimiento de la pensión especial de vejez por hijo en situación
de discapacidad, abordando el derecho a la seguridad social y al mínimo vital de estos individuos. –
Temática que no encuadra este asunto. -
28 Auto del 27 de octubre de 2021. Rad. 2019 0042. M.P. Sampedro Arrubla, J.A. “(…)” “el quejoso podría
reformular la queja en cualquier momento y poner nuevamente de presente los hechos que sean susceptibles de
ser investigados ante la jurisdicción disciplinaria, es decir, una decisión inhibitoria jamás vulneraría su acceso a
la justicia o las garantías procesales de quien interponga la queja.”
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Acción de Tutela
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Accionante: Henry Alexander Aldana Ávila
42. En consecuencia, esta Sala concluye que la decisión disciplinaria
adoptada por la Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Bogotá se ajusta a
la legalidad, fue debidamente motivada, y no vulneró los derechos fundamentales
del accionante.
43. Por lo expuesto, resulta evidente que es necesario negar la acción de
tutela, al no acreditarse los defectos alegados ni ninguna trasgresión a los
derechos fundamentales del señor Henry Alexander Aldana Ávila por parte de la
Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Bogotá.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en
nombre de la República y por autoridad de la ley,
FALLA
Primero: Negar la acción de tutela interpuesta por el señor Henry Alexander
Álvarez Aldana, de acuerdo con los argumentos expuestos en la parte motiva de
la presente providencia.
Segundo: Notificar a las partes en la forma dispuesta en el artículo 30 del
Decreto 2591 de 1991.
Tercero: En caso de que no sea impugnada, remitir el expediente de la actuación
a la Corte Constitucional para su eventual revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Subsección en la sesión
de la fecha.
LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Consejero de Estado
JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Consejero de Estado Consejero de Estado
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por la Sala en la plataforma del
Consejo de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad,
conservación y posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA
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