Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-05568-01
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-05568-01
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2025-05568-01
Consejero ponente: Fernando Alexei Pardo Florez
13 de febrero de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA – SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ
Bogotá D. C., trece (13) de febrero de dos mil veintiséis (2026).
Radicado: 11001-03-15-000-2025-05568-01
Accionante: JULIO CÉSAR RONDÓN LEÓN Y OTROS
Accionado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL MAGDALENA
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Temas: Tutela contra providencia, causales genéricas y específicas. Defecto
sustantivo y fáctico en la escogencia del medio de control para cuestionar los daños
causados a un establecimiento comercial.
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
Antecedentes
1. A través de apoderado judicial, Julio César Rondón León, Marta Cecilia Mogollón
Abril y Julio César Rondón Mogollón ejercieron acción de tutela contra la sentencia
de 21 de mayo de 2025, proferida por el Tribunal Administrativo del Magdalena y
que puso fin al proceso de reparación directa identificado con el radicado 47001-33-
33-004-2019-00138-02. Con el fin de facilitar la exposición de los antecedentes se
resume primero el proceso ordinario, luego los fundamentos del escrito de amparo
y, después, el trámite de la primera instancia del proceso de tutela.
Antecedentes del proceso de reparación directa identificado con número
47001-33-33-004-2019-00138-02.
2. Los hechos que fundamentaron la demanda de reparación directa fueron
identificados por la tutelante de la siguiente manera.
3. El 4 de enero de 2017, una servidora de la Secretaría de Planeación Distrital de
la ciudad de Santa Marta impuso la medida de cierre del establecimiento comercial
Bananas Night Club, al argumentar que este no puede ejercer las actividades de
“lenocinio” y que están prohibidas conforme el Plan de Ordenamiento Territorial de
la ciudad -en adelante POT- y la Resolución 1800 de 2005. El propietario del
establecimiento, tutelante de este proceso constitucional, en ejercicio de derecho
de petición, elevó una solicitud el 6 de enero de 2017 al secretario de planeación de
la ciudad. Según el escrito de amparo, la administración no contestó dicha
postulación.
4. El 19 de enero de 2017, la Secretaría efectuó una nueva inspección y se verificó
que el establecimiento de comercio estaba abierto, lo que desconoció el sellamiento
previo.
Radicación número: 11001-03-15-000-2025-05568-01
Accionante: Julio César Rondón León y otros
Accionado: Tribunal Administrativo del Magdalena
Referencia: Segunda instancia de acción de tutela
5. El 6 y 12 de enero, y el 5 y 13 de junio del 2017, el propietario del establecimiento
presentó peticiones ante la Secretaría de Planeación Distrital y autoridades de
policía de la ciudad (inspección de policía y secretaria de Gobierno) en las que
solicitaba el levantamiento de los sellos. Además, solicitó información sobre la
existencia de procesos administrativos en los que se produjo la orden de
sellamiento. La Secretaría de Planeación indicó que el proceso reposaba en la
Secretaría de Gobierno.
6. El 28 de julio de 2017, la inspección de policía competente respondió uno de los
derechos de petición y le indicó que, en sus archivos, no reposaba algún fallo
administrativo o proceso que ordenara el cierre del establecimiento. A su vez, se
informó que el cierre del establecimiento de comercio fue una actuación pública que
inició la Secretaría de Planeación con base en la norma de policía anterior a la Ley
1801 de 2016.
7. Ante esa situación, la parte actora promovió acción de tutela contra las entidades
distritales con el fin de obtener información sobre el lugar dónde se encontraba el
proceso policivo que llevó a la orden de cierre del establecimiento de comercio.
Resultado de la anterior, en Sentencia de 29 de septiembre de 2017, el Juzgado
Tercero Civil del Circuito de Santa Marta amparó el derecho al debido proceso de
los propietarios del establecimiento de comercio, y en consecuencia ordenó a la
inspección de policía iniciar un procedimiento conforme la Ley 1801 de 2016.
8. Como resultado del fallo de tutela, el 30 de octubre de 2017, el inspector de policía
central de Santa Marta celebró una audiencia en la que declaró la nulidad de todo
lo actuado, al encontrar que la Secretaría de Planeación actuó sin competencia y
violó las formas propias del juicio, en particular el artículo 207 de la Ley 1801, que
designa a la Secretaría de Planeación competencias de policía en segunda
instancia. Además, verificó que en los archivos de la entidad reposaba un proceso
administrativo contra el establecimiento de comercio del año 2010, en la cual, en
primera instancia, se había decidido el cierre del lugar, pero en segunda se había
revocado dicha determinación.
9. El establecimiento de comercio estuvo cerrado 9 meses y 26 días, medida que
indicó que ese período supera el término previsto en el Código Nacional de Policía
donde señaló que el término no puede ser superior a 3 meses y 10 días.
10. Por los anteriores hechos, los actores iniciaron un proceso de reparación directa
contra el Distrito Turístico, Cultura e Histórico de Santa Marta, que fue repartido en
primera instancia al Juzgado Cuarto Administrativo de esa ciudad. En sentencia de
1° de julio de 2022, esa autoridad judicial profirió sentencia de mérito, en la que
negó las pretensiones de la demanda. Concluyó que no se aportó prueba contable,
documental o balances del establecimiento de comercio que probaran el daño que
afirmó sufrir. Por lo anterior, determinó que, si bien el establecimiento estuvo
cerrado el lapso de 9 meses, no se probó la manera en la que esto causó un daño
sobre los demandantes.
11. Apelada la providencia, en fallo de 21 de mayo de 2025, el Tribunal
Administrativo de Magdalena revocó la providencia de primera instancia para en su
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Referencia: Segunda instancia de acción de tutela
lugar declarar la excepción de ineptitud sustantiva de la demanda. Sostuvo que,
conforme la jurisprudencia del Consejo de Estado, la fuente del daño determina el
medio de control procedente para analizar la controversia. Así, si el daño procede o
deriva directamente de un acto administrativo que se considera ilegal, este deberá
demandarse a través del medio de nulidad o nulidad y restablecimiento del derecho.
Por el contrario, si la fuente del daño es un hecho, una omisión, o una operación
administrativa o la ocupación temporal o permanente, el procedente será el medio
de control de reparación directa. Con base en lo anterior, el Tribunal concluyó que
la fuente del daño era un acto administrativo, concretamente, aquel que ordenó el
cierre del establecimiento de comercio. Indicó que se trata del oficio de 28 de julio
de 2017, identificado con el asunto: Derecho de petición, suscrito por el inspector
de policía, pues fue la decisión de la administración de dar por terminado el
procedimiento administrativo, y se abstuvo de proseguir la actuación adelantada
contra el denominado “Bananas Night Club”. Agregó que el mismo documento
implicó el cierre definitivo de dicho establecimiento, acto que era pasible de
demanda de nulidad y restablecimiento del derecho.
Fundamento del escrito de tutela
12. Mediante apoderado, los demandantes sostuvieron que la providencia
cuestionada vulneró su derecho fundamental al debido proceso al incurrir en
defectos sustantivo y fáctico, por haber concluido erróneamente que el medio de
control idóneo era la nulidad y restablecimiento del derecho. A su juicio, el Tribunal
identificó de manera equivocada el origen del perjuicio en el Oficio del 28 de julio de
2017, cuando el daño realmente provino de una actuación material o vía de hecho
ocurrida el 4 de enero de 2017, consistente en el sellamiento físico del
establecimiento de comercio por parte de la Secretaría de Planeación, autoridad
que, según afirmó, carecía de competencia para adelantar esa actuación. En ese
sentido, alegó que no existió un acto administrativo formal que ordenara el cierre
del local y que el referido oficio no constituyó un acto administrativo, sino una simple
respuesta a un derecho de petición en la que el Inspector de Policía manifestó no
tener proceso ni decisión alguna en su despacho y trasladó la responsabilidad a la
Secretaría de Planeación.
13. En consecuencia, argumentó el profesional en derecho que el daño —
consistente en el cierre del establecimiento por 9 meses y 26 días— se produjo por
una actuación arbitraria y una omisión administrativa, y no por un acto administrativo
ilegal, razón por la cual el medio de control procedente era el de reparación directa,
conforme al artículo 140 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo -en adelante CPACA-. Reiteró que el trámite
administrativo posterior, adelantado por orden de una sentencia de tutela, culminó
con la nulidad de la actuación de la Secretaría de Planeación y el levantamiento de
los sellos, lo que, en su criterio, evidenciaba que no podía exigírsele demandar la
nulidad de un acto inexistente o ya anulado en sede administrativa.
14. Finalmente, el abogado fundamentó la procedencia excepcional de la tutela
contra providencias judiciales en el artículo 86 de la Constitución Política y en los
Decretos 2591 y 306 de 1992, así como en la jurisprudencia reiterada de la Corte
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Referencia: Segunda instancia de acción de tutela
Constitucional —entre otras, las sentencias T-231 de 2007 y T-587 de 2017— que
admiten el amparo cuando la decisión judicial constituye una vía de hecho por
interpretación irrazonable o arbitraria de la normatividad aplicable. Aseveró que en
el caso se cumplían los requisitos de relevancia constitucional, subsidiariedad,
inmediatez y carga argumentativa, así como que se configuraban los defectos
sustantivo —por interpretación errónea del medio de control procedente— y fáctico
—por indebida valoración u omisión probatoria—
Trámite del amparo
15. Repartida la demanda de amparo, correspondió a la Sección Cuarta del Consejo
de Estado, quien la admitió y vinculó al proceso al Tribunal Administrativo del
Magdalena, a la Alcaldía Distrital de Santa Marta - Secretaría de Planeación y
Secretaría de Gobierno, en calidad de terceros con interés. Asimismo, ofició al
Juzgado Cuarto Administrativo de Santa Marta, para que, allegara copia en medio
magnético, del medio de control de reparación directa con radicado 47001-33-33-
004- 2019-00138-00/01/02.
16. El magistrado ponente de la decisión cuestionada solicitó declarar
improcedente el amparo, pues se utiliza la acción de tutela para reabrir un debate
procesal propio del proceso ordinario. Afirmó que la sentencia se profirió con base
en la ley y la jurisprudencia aplicable. Para ello, reiteró la existencia de una indebida
escogencia del medio de control.
17. La apoderada del Distrito Turístico, Cultural e Histórico de Santa Marta
solicitó la desvinculación de dicha entidad de la acción de tutela porque existe falta
de legitimación en la causa por pasiva.
Sentencia de primera instancia
18. En Sentencia de 20 de noviembre de 2025, la Sección Cuarta del Consejo de
Estado amparó el derecho al debido proceso, dejó sin efecto el fallo atacado y
ordenó proferir fallo de reemplazo. Tras el recuento de los antecedentes procesales,
y estimar que se satisfacen los requisitos de procedencia general de tutela contra
providencia, la decisión de primera instancia sostuvo que:
“Como fundamento de su reclamación, los demandantes no cuestionaron la
legalidad de un acto administrativo definitivo. Por el contrario, alegaron la
existencia de una falla en el servicio que se configuró, primero, como una vía
de hecho, pues la Secretaría de Planeación «procedió a sellar el
establecimiento comercial (…) sin tener facultades para ello»; y segundo,
como una omisión, derivada de la negligencia de las entidades que, tras el
sellamiento, evadieron su competencia y dilataron injustificadamente el inicio
de un procedimiento formal.”
19. Por lo anterior, determinó que, en su criterio, la fuente del daño alegado en el
proceso ordinario fue una vía de hecho y la omisión administrativa de iniciar el
proceso correspondiente. En relación con la conclusión del Tribunal Administrativo
relacionada con que la fuente del daño fue el oficio de 28 de julio de 2017 emitido
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por el inspector de policía, en sede de tutela de primera instancia se determinó que,
dicho documento solo es una respuesta a una petición (de información), que no
decidió de fondo el cierre del establecimiento, no impuso una medida, ni creó o
extinguió una situación jurídica. Por tal motivo, al desconocer y modificar la
naturaleza del referido oficio, la autoridad judicial accionada incurrió en defecto
sustantivo y fáctico, lo que condujo a desconocer la regla sobre la escogencia del
medio de control, según la cual, la fuente del daño determina la acción procedente,
máxime si se tiene en cuenta que la demanda inicial y las pruebas aportadas por
los demandantes identificaban de forma clara la fuente del daño frente a la cual
fundamentaron las pretensiones de la demanda. En consecuencia, el Consejo de
Estado ordenó dejar sin efecto la sentencia del Tribunal Administrativo del
Magdalena y le instruyó a emitir una nueva decisión teniendo en cuenta las
consideraciones expuestas en el fallo.
Recurso de impugnación
20. Dentro del término legal de impugnaron de la sentencia, el magistrado ponente
proferida por el Tribunal Administrativo del Magdalena y el apoderado del Distrito
Turístico, Cultural e Histórico de Santa Marta.
21. En su recurso, el Tribunal sostuvo que la decisión de tutela de primera instancia
no realizó un análisis concienzudo y riguroso de los fundamentos fácticos, legales y
jurisprudenciales en la sentencia atacada. Insistió en que, el oficio de 28 de julio de
2017 es un acto administrativo y en esa medida era susceptible de ser demandado.
En su criterio, esto se debe al cierre definitivo del establecimiento de comercio.
Insistió en que, por el contenido del oficio de julio de 2017 “se infiere que dicho acto
ostentaba la calidad de definitivo”.
22. Señaló que contrario a lo que determinó el fallo de amparo de primera instancia,
en la demanda de reparación directa se cuestiona la legalidad de las decisiones
administrativas de sellar el establecimiento de comercio, y se indicó que todo ello
se produjo en contra de lo previsto Estatuto de Policía de Santa Marta.
23. Añadió que la sentencia de primera instancia no abordó un estudio riguroso de
la normativa aplicable al medio de control controvertido, pues en todo caso, se
evidencia que dentro del expediente hay otro acto administrativo que pudo ser
demandado a través del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho.
Se trata del acta de inspección técnica ocular de 19 de enero de 2017, en el cual se
dejó sentado el sellamiento del establecimiento de comercio. Afirmó que, si bien esa
acta no tiene la forma de presentación típica de un acto administrativo, contiene una
decisión de la administración de sellamiento, que pudo haber sido cuestionada. En
criterio del impugnante, ambas decisiones constituían actos definitivos que pusieron
fin a la actuación controvertida. Agregó:
“no puede soslayarse que el artículo 222 de la Ley 1801 de 2022, “por la cual
se expide el Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana”, prevé el
proceso verbal inmediato, el cual, a juicio del infrascripto resultaba aplicable al
asunto de la contención. En efecto, dicho artículo, en el numeral 3° prevé que
el presunto infractor deberá ser oído en descargos y, precisamente, eso fue lo
que se pretendió cuando se le impuso el cierre temporal al establecimiento. Lo
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Accionante: Julio César Rondón León y otros
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Referencia: Segunda instancia de acción de tutela
anterior, como en efecto se infiere de la anotación efectuada por el
Secretario de Planeación Distrital en el oficio citado, vale decir, ser oído en
descargos en virtud del proceso verbal inmediato. En efecto, la propia
administración lo que hizo fue obstaculizar y dificultar dicha actuación.”1
24. Reiteró que en la actuación de la administración hubo actos administrativos que
pudieron ser demandados por nulidad y restablecimiento del derecho. Por lo
anterior, solicitó que se revocara el fallo de primera instancia y declarara que no se
había vulnerado ningún derecho.
25. Por su parte, la apoderada del Distrito Turístico, Cultura e Histórico de Santa
Marta solicitó que se declaré la improcedencia de la acción de tutela, pues no se
satisface el requisito de subsidiariedad al existir otro mecanismo judicial pendiente
de agotar. Sobre este aspecto afirmó: “En ese sentido, se debe declarar
improcedente la acción de tutela, toda vez que no es el escenario idóneo para
debatir los hechos y circunstancias que la fundamentan, además de no vislumbrase
la violación de derecho fundamental alguno”2. Concluyó que la sentencia
cuestionada se profirió bajo los parámetros de la ley. Solicitó que se desvincule a
la entidad por no ser la persona jurídica responsable de la presunta vulneración de
los derechos fundamentales invocada.
CONSIDERACIONES
Competencia
26. La Subsección A de la Sección Tercera de la Sala Contencioso Administrativa
del Consejo de Estado es competente para proferir sentencia de segunda instancia
dentro del proceso de tutela de la referencia, en virtud de lo indicado en el artículo
32 del Decreto 2591 de 1991 en concordancia con el artículo 13 del Acuerdo 080
de 2019.
Problema jurídico
27. En el asunto de la referencia, de manera preliminar, la sala debe establecer si
la acción de tutela es formalmente procedente, puesto que se trata de una acción
constitucional ejercida contra una providencia proferida por el Tribunal
Administrativo de Magdalena que en segunda instancia dentro de un proceso de
reparación directa, declaró que el demandante eligió inadecuadamente el medio de
control, pues debió ejercer el medio de control de nulidad y restablecimiento del
derecho, en atención a que, en criterio de la decisión atacada, existe un acto
administrativo susceptible de control judicial.
28. En caso de responder afirmativamente el anterior problema jurídico, a título de
cuestión de fondo, la Subsección debe establecer si la providencia atacada incurrió
en los defectos fáctico y sustantivo, al concluir que la respuesta de un derecho de
petición dentro de un procedimiento de policía regido por la Ley 1801 de 2016, era
1
Folio 8 del escrito de impugnación índice samai 22.
2
Folio 3 del escrito de impugnación. Índice samai 23.
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Referencia: Segunda instancia de acción de tutela
un acto administrativo susceptible de control judicial mediante la demanda de
nulidad y restablecimiento del derecho.
29. Para resolver los problemas jurídicos reseñados, en primer lugar, corresponde
determinar si la acción de tutela satisface las causales genéricas de procedencia.
Posteriormente se reiterará el precedente constitucional de tutela contra
providencias judiciales y se resolverá el caso concreto.
Causales genéricas de procedencia de procedencia de tutela contra
providencia.
30. Conforme el precedente fijado en la Sentencia C-590 de 20053, reiterado de
manera consistente por la Corte Constitucional, la procedencia de la acción de tutela
contra decisiones judiciales es excepcional y exige que el actor satisfaga una
importante carga argumentativa dirigida a mostrar que concurren seis causales
genéricas de procedencia, y al menos una específica.
31. De manera frecuente la Corte ha indicado que en el análisis de las causales
generales de procedencia en contra de providencias judiciales, el juez de tutela
debe verificar4; (i) que se acredite la legitimación en la causa (artículos 5, 10 y 13,
Decreto-Ley 2591 de 1991); (ii) que la providencia cuestionada no sea una
sentencia de tutela5, ni una decisión proferida con ocasión del control abstracto de
constitucionalidad por parte de la Corte Constitucional6 o el Consejo de Estado7, ni
una sentencia interpretativas (SENIT) proferida por la Sección de Apelación del
Tribunal para la Paz de la Jurisdicción Especial para la Paz -JEP-8; (iii) que se
cumpla con el requisito de inmediatez, es decir que la tutela se promueva en un
plazo razonable; (iv) que se identifique de forma clara, detallada y comprensible los
hechos que amenazan o afectan los derechos fundamentales en cuestión y que, si
existió la posibilidad, ellos hayan sido alegados en el trámite procesal; (v) que se
cumpla con el requisito de subsidiariedad, esto es que el interesado acredite que
agotó todos los medios de defensa judicial a su alcance, salvo que pretenda evitar
la consumación de un perjuicio irremediable9 o los medios de defensa judicial
existentes no sean idóneos o eficaces para evitarlo; (vi) que la cuestión planteada
sea de evidente relevancia constitucional, lo que exige que el caso trate sobre un
asunto de rango constitucional y no meramente legal o económico; (vii) que cuando
se trate de una irregularidad procesal, que esta tenga un efecto decisivo en la
decisión judicial cuestionada, es decir que si tal error no hubiere ocurrido el alcance
de la decisión hubiese sido sustancialmente distinto.
3
Corte Constitucional C-590 de 2005 (M.P. Jaime Córdoba Triviño)
4
Se sigue literalmente la manera en la que fueron fijadas las reglas de procedibilidad formal en la
SU-215 de 2022.
5
La única excepción a esta regla tiene que ver con la doctrina de la cosa juzgada fraudulenta y el
principio del fraude todo lo corrompe. Al respecto ver, entre otras, las Sentencias: T-218 de 2012 y
T-373 de 2014.
6
Corte Constitucional, Sentencia SU-478 de 2024.
7
Al respecto, ver, entre otras, Corte Constitucional, Sentencias SU-391 de 2023, SU-215 de 2022,
SU-573 de 2017, SU-585 de 2017.
8
Corte Constitucional, Sentencia SU-388 de 2023.
9
Ver, entre otras, la Sentencia SU-659 de 2015.
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Accionado: Tribunal Administrativo del Magdalena
Referencia: Segunda instancia de acción de tutela
32. En cuanto a las causales específicas de procedencia de la acción de tutela
contra providencias judiciales, la Sentencia C-590 de 2005 precisó que la tutela se
concederá si se presenta al menos uno de los siguientes defectos. A continuación,
se enuncian los defectos específicos explicados por la jurisprudencia de la Corte
Constitucional, profundizando en el defecto invocado por la parte actora.
i.Defecto orgánico, que se genera cuando la sentencia acusada es expedida por
un funcionario judicial que carecía de competencia;
ii.Defecto procedimental absoluto, que se produce cuando la autoridad judicial
actuó por fuera del procedimiento establecido para determinado asunto;
iii.Defecto fáctico, que se presenta cuando la providencia acusada tiene problemas
de índole probatorio, como la omisión del decreto o práctica de pruebas, la
valoración de pruebas nulas de pleno derecho o la realización indebida y
contraevidente de pruebas existentes en el proceso;
iv.Defecto sustantivo, que ocurre cuando la decisión judicial se toma con
fundamento en normas inexistentes o inconstitucionales, o que no estaban
llamadas a gobernar el caso o a partir de interpretaciones jurídicas contrarias a la
garantía de los derechos fundamentales.
v.Error inducido, que se genera cuando la autoridad judicial vulnera los derechos
fundamentales del afectado producto de un error al que ha sido inducido por
factores externos al proceso, y que tienen la capacidad de influir en la toma de una
decisión contraria a derecho o a la realidad fáctica probada en el caso;
vi.Decisión sin motivación, que supone que el juez no cumplió con su deber de
expresar los fundamentos fácticos y jurídicos de su decisión;
vii.Desconocimiento del precedente, que se genera cuando frente a un caso con
los mismos hechos una autoridad se aparta de los procedimientos establecidos
por los tribunales de cierre (precedente vertical) o por los dictados por ellos mismos
(precedente horizontal), sin cumplir con la carga de justificar de forma suficiente y
razonada por qué se cambia de precedente.
viii.Violación directa de la Constitución, que se genera cuando una providencia
judicial desconoce por completo un postulado de la Constitución, le atribuye un
alcance insuficiente o lo contradice.
En este contexto, la Sala estudiará en el caso concreto los elementos formales. En
caso de superarlos se iniciará el estudio de mérito.
Análisis formal de la acción de tutela.
33. Examinado lo anterior, corresponde resolver el primer problema jurídico.
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34. En el sub-lite, la Subsección encuentra que se satisfacen los requisitos de
procedencia general de la acción de tutela.
Requisito Razones
1 Relevancia El escrito de tutela es concreto en señalar que la decisión
constitucional judicial incurrió en arbitrariedad que afecta el derecho al
debido proceso, pues de manera sorpresiva concluyó,
carente de fundamento probatorio, que la respuesta de un
derecho de petición contenida en un oficio de 27 de julio de
2017, era un acto administrativo, a pesar de que el mismo
no resuelve ninguna situación jurídica concreta. El tutelante
señala que eso es una inferencia del tribunal accionado,
pero examinada la literalidad del mencionado oficio no
puede compartirse la conclusión de que se trata de un acto
administrativo. A juicio del tutelante esa conclusión cercena
su derecho al acceso a la administración de justicia y el
debido proceso pues impide que se profiera una decisión
de fondo. Se trata, entonces, de una discusión
constitucional, pues de manera concreta
2 Legitimación Quien ejerce la acción de tutela son las personas
en la causa directamente afectadas por el fallo cuestionado, quienes
participaron como demandantes en el proceso contencioso.
Ejercieron el amparo a través de apoderado especial,
conforme contratos de mandato adecuadamente allegados
al expediente.
La acción de tutela se ejerció contra el Tribunal
Administrativo del Magdalena, autoridad judicial que profirió
la decisión censurada.
Por lo anterior se satisface el requisito de legitimación en la
causa por activa y pasiva.
3 Subsidiariedad En el escrito de impugnación la apoderada del distrito
turístico, cultura e histórico de Santa Marta sostuvo que no
se habían agotado los mecanismos judiciales, sin embargo,
no precisó cuál está pendiente de agotar y resulta idóneo y
eficaz. A juicio de esta sala, no resulta procedente ningún
mecanismo judicial ordinario o extraordinario de revisión10
10
Conforme con las particularidades que rodean la presente controversia - relativas a la aplicación
del marco legal que establece la procedencia de los medios de control, según el precedente
constitucional-, se advierte que este recurso no resulta apto para restablecer de manera pronta y
efectiva los derechos fundamentales comprometidos. En consecuencia, en el caso concreto, dicho
mecanismo no es idóneo para evitar la consolidación del perjuicio derivado de la ausencia de una
decisión de fondo, conforme con lo previsto en el artículo 250 del CPACA. Por último, los defectos
alegados por la parte demandante no pueden ser subsanados mediante las causales previstas para
este recurso extraordinario, pues no corresponden con la falta de congruencia de la sentencia
impugnada, los vicios o irregularidades probatorias, la comisión de un hecho punible que haya hecho
inducido en error al juez, los defectos procesales, la existencia de mejor derecho de un tercero o la
contradicción con la cosa juzgada.
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Accionante: Julio César Rondón León y otros
Accionado: Tribunal Administrativo del Magdalena
Referencia: Segunda instancia de acción de tutela
ni de unificación de jurisprudencia11, motivo por el cual, la
acción de tutela es procedente para cuestionar el fallo
atacada.
4 Inmediatez La decisión atacada se profirió el 21 de mayo de 2025, por
parte del tribunal administrativo del Magdalena y la acción
de tutela se presentó el 5 de noviembre del mismo año, es
decir, dentro del plazo razonable que la jurisprudencia
constitucional ha indicado que resulta procedente.
5 Identificación El escrito de amparo es preciso en indicar exactamente que
de los hechos razonamiento del Tribunal accionado implicó una
vulneración al derecho al debido proceso. Señaló que, la
normatividad de policía precisa que las decisiones del
poder de policía no son actos administrativos justiciables
ante la jurisdicción contencioso-administrativa conforme el
artículo 105 numeral 3 de la Ley 1437 de 2011, motivo por
la cual, la tesis de la providencia atacada es contraria al
sistema jurídico.
6 Que no se Se está cuestionando una sentencia proferida dentro de un
trata de tutela proceso de reparación directa, en esa medida, no se trata
contra tutela de una tutela contra tutela, o una sentencia proferida dentro
del medio de control de nulidad por inconstitucionalidad,
una sentencia interpretativa de la JEP, o una sentencia de
constitucionalidad.
35. Por las anteriores razones, se concluye que la acción de tutela satisface las
causales generales de procedencia de la tutela contra providencia.
Análisis de los defectos alegados
36. Respecto al problema jurídico de fondo, la Sala concluye que se produjeron los
mencionados defectos alegados por la parte actora.
37. Sobre el defecto alegado debe tenerse en cuenta que la jurisprudencia
constitucional ha admitido la procedencia de la acción de tutela contra providencias
judiciales cuando el fallo cuestionado demuestra una indebida y contraevidente
valoración probatoria, una falta de análisis de pruebas que obran en el expediente,
un estudio de pruebas nulas de pleno derecho, una omisión en el deber probatorio
oficioso por parte de la autoridad judicial12. En efecto, se produjo un defecto fáctico
pues, examinado el oficio de 28 de julio de 2017 suscrito por el inspector de policía,
se trata de la respuesta a un derecho de petición de información relacionado con
una petición realizada por el apoderado de los tutelantes, concretamente, sobre si
en esa entidad, se habían abierto procesos policivos contra el establecimiento de
11
El recurso de unificación consagrado en el artículo 257 del CPACA depende de demostrar una
contradicción jurisprudencial relevante, presupuesto que aquí no es el problema central, ya que se
reclamó una indebida valoración probatoria y una aplicación inadecuada de la ley. En suma, no es
un medio idóneo ni eficaz para restituir el goce efectivo de los derechos invocados en el asunto bajo
examen.
12
Corte Constitucional Sentencia T-410 de 2024.
Radicación número: 11001-03-15-000-2025-05568-01
Accionante: Julio César Rondón León y otros
Accionado: Tribunal Administrativo del Magdalena
Referencia: Segunda instancia de acción de tutela
comercio. La respuesta del derecho de petición indica que, en la inspección de
policía del norte de Santa Marta no reposa “fallo administrativo que ordenó dicho
cierre antes mencionado”. En el mismo sentido se informa que no existe algún
documento relacionado con algún proceso policivo abreviado de los que trata el
artículo 223 de la Ley 1801 de 2016.
38. Tal como lo concluyó el juez de tutela de primera instancia, desde la perspectiva
del defecto fáctico como causal específica de tutela contra providencia, no resulta
posible concluir que ese derecho de petición era un acto administrativo pasible de
control mediante la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho. A juicio de
esta Sala, resulta evidente que se trató de un defecto fáctico positivo, pues se
interpretó el documento del mencionado oficio como si creara, modificara o
eliminara un derecho subjetivo, cuando en realidad responde un derecho de
petición13. Incluso erradamente se tomó como si estableciera una declaración de
voluntad de manera unilateral por la administración, aspecto que no tenía dicho
oficio. En realidad, ese documento solo explicó una situación.
39. La respuesta del derecho de petición le informa a los tutelante que la inspección
de policía no adelanta ningún procedimiento de policía que se rija por la Ley 1801
de 2016 pues el artículo 239 de dicha codificación prescribe que: “ Los
procedimientos por contravenciones al régimen de Policía, así como los
procedimientos administrativos sustituidos por la presente ley, que a la fecha de la
entrada en vigencia de la misma se estén surtiendo, serán adelantados hasta su
finalización, conforme a la legislación vigente a la fecha de ocurrencia de los hechos
que motivaron su iniciación”.
40. La tesis de defensa del magistrado sustanciador de la decisión cuestionada
carece de fundamento, pues la misma Ley 1437 de 2011, en su artículo 105,
numeral tercero señala que no son competencia de la jurisdicción de lo contencioso
administrativo: “las decisiones proferidas en juicios de policía regulados
especialmente por la ley”, como también lo precisó la Sentencia T-222 DE 2024.
Motivo por el cual, incluso, en gracia de discusión si el oficio de 27 de julio de 2017
fuese la manifestación unilateral de voluntad de la administración dentro de un
proceso policivo, la misma no sería objeto de control por parte de la jurisdicción
contenciosa. Aunque se insiste, el oficio de 27 de julio de 2017, desde el prisma del
defecto fáctico, no es un acto administrativo pasible de demanda de nulidad y
restablecimiento del derecho, razón por la cual, la decisión cuestionada proferida
por el Tribunal Administrativo de Magdalena incurrió en la causal específica de
procedencia y tal como lo concluyó el juez de amparo de primera instancia
corresponde dejarla sin efecto, y ordenar que se profiera un fallo de reemplazo que
se abstenga de concluir que, la respuesta del derecho de petición es un acto
administrativo.
41. Para esta Sala resulta llamativo que, en el recurso de impugnación, el
magistrado ponente de la decisión cuestionada invoca que dentro del proceso
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Consejo de Estado, Sección Segunda, Auto del 19 de septiembre de 2023, radicado 11001-03-25-
000-2022-00348 y Sección Quinta, Auto del 28 de agosto de 2013 radicado: 11001-03-25-000-2022-
00348-00.
Radicación número: 11001-03-15-000-2025-05568-01
Accionante: Julio César Rondón León y otros
Accionado: Tribunal Administrativo del Magdalena
Referencia: Segunda instancia de acción de tutela
existen otros actos administrativos que eran pasibles de ser demandados por el
medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho. Dicho argumento
carece de fundamento, al menos por tres motivos: (i) Ese supuesto acto
administrativo pasible de control judicial no está contenido dentro de la providencia
objeto de ataque constitucional, en esa medida, no pueden servir de fundamento
para el examen de la constitucionalidad de la providencia; (ii) el impugnante sostiene
que ese supuesto acto administrativo de 19 de enero de 2017, se produjo dentro de
un proceso policivo regido por la Ley 1801 de 2016, cuando dicha ley entró en vigor
el 30 de enero de 201714, motivo por el cual, dicha afirmación es una contradicción
pues una norma que no está vigente no puede producir efectos para regular un
supuesto acto administrativo. Por último, (iv) el artículo 105 de la ley 1437 de 2011,
numeral tercero, explícitamente establece: “La Jurisdicción de lo Contencioso
Administrativo no conocerá de los siguientes asuntos: (…) 3. Las decisiones
proferidas en juicios de policía regulados especialmente por la ley.”.
42. De igual manera se observa la configuración de un defecto sustantivo, toda vez
que efectuó una aplicación incorrecta de las normas que regulan los medios de
control en el CPACA, en particular de los artículos 138, 140 y 141, al partir de una
premisa normativa equivocada sobre la fuente del daño alegado. En efecto, el
Tribunal entendió que la controversia debía reconducirse al medio de control de
nulidad y restablecimiento del derecho, pese a que los hechos narrados y las
pretensiones formuladas no se dirigían a cuestionar la legalidad de un acto
administrativo definitivo, sino a obtener la reparación de un daño derivado de una
actuación material irregular y de una omisión administrativa.
43. El Tribunal dio una aplicación indebida del artículo 140 del CPACA, al considerar
que el Oficio del 28 de julio de 2017 constituía un acto administrativo definitivo y,
por ende, la fuente jurídica del daño. Esta conclusión desconoció el contenido
normativo del propio oficio, que no creó, modificó ni extinguió una situación jurídica
particular, no impuso una sanción ni decidió de fondo la situación del
establecimiento, sino que se limitó a responder un derecho de petición informando
la inexistencia de un procedimiento administrativo y la falta de competencia de la
autoridad que lo emitió. Al atribuirle efectos decisorios que normativamente no tenía,
el Tribunal extendió indebidamente el ámbito de aplicación del artículo 140, forzando
la subsunción del caso en una hipótesis normativa que no se configuraba.
44. Como consecuencia de esa errónea calificación, el Tribunal omitió aplicar el
artículo 141 del CPACA, que regula el medio de control de reparación directa, pese
a que los hechos descritos en la demanda identificaban de manera clara como
fuente del daño una vía de hecho administrativa —el sellamiento físico del
establecimiento por una autoridad sin competencia— y una omisión prolongada de
la administración en adelantar el procedimiento correspondiente. Estas hipótesis
encajan de forma directa y exclusiva en el supuesto normativo del artículo 141, que
prevé la reparación de los daños antijurídicos causados por hechos, omisiones u
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La ley 1801 de 2016 indica: “ARTÍCULO 243. Vigencia. La presente ley regirá seis (6) meses
después de su promulgación.”, la ley fue sancionada el 29 de julio de 2016, motivo por el cual, su
vigencia empezó a regir el 30 de enero de 2017.
Radicación número: 11001-03-15-000-2025-05568-01
Accionante: Julio César Rondón León y otros
Accionado: Tribunal Administrativo del Magdalena
Referencia: Segunda instancia de acción de tutela
operaciones administrativas, con independencia de la existencia de un acto
administrativo formal.
45. Adicionalmente, el Tribunal hizo una lectura incorrecta del artículo 138 del
CPACA, al sostener que la demanda era sustantivamente inepta por falta de
adecuación entre el medio de control escogido y los hechos. Esta conclusión partió
de la calificación equivocada de la fuente del daño y no de un defecto real en la
estructuración de la demanda. En realidad, existía una plena coherencia entre los
hechos narrados, la causa petendi y las pretensiones indemnizatorias propias de la
reparación directa; lo que falló no fue la técnica de la demanda, sino la interpretación
judicial de las normas aplicables.
46. Así, el defecto sustantivo no radicó en la actuación de la parte demandante, sino
en el razonamiento normativo del Tribunal, que alteró el sentido y alcance de los
artículos 140 y 141 del CPACA, invirtiendo su campo de aplicación, y utilizó esa
lectura errónea para declarar la ineptitud sustantiva de la demanda con fundamento
en el artículo 138. Al hacerlo, el fallo desconoció la regla según la cual la fuente real
del daño —y no una calificación formal artificiosa— es la que determina el medio de
control procedente, produciendo una decisión jurídicamente irrazonable y contraria
al contenido normativo del CPACA.
47. Puesto que se verifica la existencia del defecto fáctico relacionado con la errada
interpretación del oficio de 27 de julio de 2017 como un supuesto acto
administrativo, y de un defecto sustantivo por el desconocimiento de los artículos
138, 149 t 141 de la Ley 1437 de 2011, se concluye que se produjo una violación al
derecho al debido proceso que afecta la validez constitucional de la sentencia
atacada, y en consecuencia se confirmará la providencia de amparo de primera
instancia.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando Justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
RESUELVE
PRIMERO: CONFIRMAR en su integridad la sentencia de 20 de noviembre de
2025, proferida por la Sección Cuarta del Consejo de Estado.
SEGUNDO: NOTIFICAR esta decisión a las partes y demás interesados por el
medio más expedito.
TERCERO: REMITIR a la Corte Constitucional para su eventual revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ
Radicación número: 11001-03-15-000-2025-05568-01
Accionante: Julio César Rondón León y otros
Accionado: Tribunal Administrativo del Magdalena
Referencia: Segunda instancia de acción de tutela
Nota: esta providencia fue suscrita en forma electrónica mediante el aplicativo SAMAI, de manera
que el certificado digital que arroja el sistema permite validar la integridad y autenticidad del
presente documento en el
link https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/documentos/evalidador. Igualmente
puede acceder al aplicativo de validación escaneando con su teléfono celular el código QR que
aparece a la derecha.
VF
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