Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 11001-03-15-000-2025-05570-00
Consejo de Estado · Sección Quinta
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Consejo de Estado · Sección Quinta
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 11001-03-15-000-2025-05570-00
Consejo de Estado · Sección Quinta
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Quinta
Radicado 11001-03-15-000-2025-05570-00
Consejero ponente: Germán Eduardo Osorio Cifuentes
17 de octubre de 2025
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
CONSEJERO PONENTE (E): GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES
Bogotá D.C., diecisiete (17) de octubre de dos mil veinticinco (2025)
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001 03 15 000 2025 05570 00
Accionante: BLEIDER DE JESÚS ÁVILA POLANCO
Accionado: CONSEJO DE ESTADO - SECCIÓN QUINTA
Tesis: La acción de tutela es improcedente cuando el debate
planteado por la parte accionante no implica la afectación del núcleo
esencial de los derechos fundamentales que invoca, y se utiliza como
un recurso o instancia adicional al proceso ordinario en el que se
profirió la providencia cuestionada
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
La Sala decide la acción de tutela promovida por el señor Bleider de Jesús Ávila
Polanco contra el auto del 28 de agosto de 2025, proferido por la Sección Quinta
del Consejo de Estado, en el proceso de nulidad electoral identificado con el
radicado nro. 47001 23 33 000 2024 00150 00/01/02.
1. SÍNTESIS DEL CASO
El señor Bleider de Jesús Ávila Polanco promovió acción de tutela en contra de la
providencia indicada supra y formuló las siguientes pretensiones1:
“[…] 1. Amparar los derechos fundamentales de DEBIDO PROCESO,
ACCESO A LA ADMINISTRACION DE JUSTICIA Y MINIMO VITAL, los
cuales son flagrantemente vulnerados por LA SECCION QUINTA DEL
CONSEJO DE ESTADO, al no aclarar la sentencia de segunda instancia y
dejar sin resolver o en el limbo lo referente a mis honorarios o sueldos
durante el periodo que estuve suspendido.
2. Como consecuencia de lo anterior, se sirva ordenarle a la SECCIÓN
QUINTA DEL HONORABLE CONSEJO DE ESTADO, se sirva darle tramite
(sic) a la solicitud de ACLARACIÓN y pronunciarse de fondo sobre la misma
[…]”. (Negrillas y mayúsculas originales del escrito de tutela)
1 Visto en el índice 2 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado nro.
11001 03 15 000 2025 05570 00.
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Accionante: Bleider de Jesús Ávila Polanco
2. SITUACIÓN FÁCTICA
El accionante informó que el señor Ramiro Enrique Cortina Gómez presentó
demanda de nulidad electoral en contra del acta de escrutinio formulario E 26 CON
del 4 de noviembre de 2023, por medio del cual fue declarado concejal electo del
municipio de Plato (Magdalena) para el período constitucional 2024 – 2027.
Manifestó que la demanda correspondió por reparto al Tribunal Administrativo del
Magdalena que, en sentencia del 2 de diciembre de 2024 declaró la nulidad de su
elección.
Inconforme con la anterior decisión, interpuso recurso de apelación y la Sección
Quinta del Consejo de Estado, en sentencia del 14 de agosto de 2025 la confirmó.
Precisó que “el día 20 de agosto de 2025, mi apoderada judicial la doctora María
Paula Visbal Stummo, allegó un memorial en el que indicó que renunciaba al poder
que le otorgue porque, a su juicio, surgió una incompatibilidad para continuar
desempeñándose en dicho cargo”2.
Continuó relatando que ese mismo día, esto es el 20 de agosto de 2025, presentó
solicitud de aclaración de la sentencia de segunda instancia “con el fin de que [la]
sala ACLARARA lo correspondiente a los honorarios y demás emolumentos
dejados de percibir, de la corporación, toda vez que fui suspendido del cargo
mediante auto de fecha 10 de septiembre de 2024 (…) es así, que desde dicha
fecha no he recibido honorarios ni bonificaciones de la Corporación Concejo
Municipal de Plato Magdalena y ahora, al confirmar la sentencia en segunda
instancia, ni el Pagador de la Corporación ni el suscrito, tenemos conocimiento de
cómo proceder con los pagos retenidos a partir de la materialización de la medida
cautelar antes descrita”3.
Señaló que, junto con la solicitud de aclaración aportó copia de su cédula de
ciudadanía y de la renuncia de su apoderada; sin embargo, por auto del 28 de
agosto de 2025, la Sección Quinta de esta Corporación negó la solicitud de
aclaración presentada.
Alegó que “el Auto de fecha Veintiocho (28) de agosto de dos mil veinticinco (2025),
proferido por la Sección Quinta Del H. Consejo De Estado, vulnera mis derechos
fundamentales AL DEBIDO PROCESO, AL ACCESO A LA JUSTICIA Y AL MINIMO
VITAL, toda vez que, a pesar que no contaba con representación judicial para la
presentación de la solicitud de aclaración, la misma podía ser presentada sin
necesidad de apoderado judicial, en virtud de la naturaleza misma del medio de
2 Visto en el índice 2 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado nro.
11001 03 15 000 2025 05570 00.
3 Ibidem.
2
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control, la cual es una ACCIÓN PUBLICA y para su intervención no se requiere de
abogado”4.
Sostuvo que “sí me encontraba legitimado desde el mismo momento en que se me
vinculó formalmente al expediente como parte demanda, y a su vez legitimado por
la naturaleza pública del medio de control de nulidad electoral que brinda la
posibilidad para que cualquier parte o tercero actúe y se defienda sin abogado”5.
Indicó que “se encuentran en juego mis derechos fundamentales al debido proceso,
al acceso a la justicia y al mínimo vital, toda vez que las sentencias de Primera,
Segunda y el Auto que niega la aclaración, en ningún aparte se pronuncian sobre
los Honorarios y o Salarios dejados de percibir durante el tiempo que fui separado
del cargo, y que no se encuentra claro de que forma o cuando me cancelaran las
mesadas u honorarios adeudados, lo que me ha ocasionado un
EMPOBRECIMIENTO por el largo tiempo que tengo de no percibir salarios u
honorarios, lo que me tiene hoy en una situación económica precaria que pone en
riesgo mi integridad física y salud”6.
Finalmente, reiteró que la providencia acusada vulnera sus derechos fundamentales
al debido proceso, al acceso efectivo a la administración de justicia y al mínimo vital.
3. TRÁMITE DE LA ACCIÓN DE TUTELA
Las actuaciones más relevantes fueron las siguientes:
3.1. La tutela fue radicada el 5 de septiembre de 20257 a través de la ventanilla
virtual de esta Corporación y correspondió por reparto a esta Sección que, por auto
del 15 de septiembre de 20258 la admitió, negó la medida provisional solicitada y
dispuso notificar9 a la Sección Quinta del Consejo de Estado, como parte accionada,
así como vincular10 al señor Ramiro Enrique Cortina Gómez, al Consejo Nacional
Electoral, a la Registraduría Nacional del Estado Civil y al Tribunal Administrativo
del Magdalena, como terceros interesados en el resultado del proceso.
De igual forma, se requirió al Tribunal Administrativo del Magdalena para que
allegara copia digital del expediente correspondiente al proceso de nulidad y
4 Ibidem.
5 Ibidem.
6 Ibidem.
7 Visto en el índice 2 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado nro.
11001 03 15 000 2025 05570 00.
8 Visto en el índice 6 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado nro.
11001 03 15 000 2025 05570 00.
9 Esta orden se cumplió el 18 de septiembre de 2025. Visto en el índice 9 de la Sede Electrónica
para la Gestión Judicial del proceso con radicado nro. 11001 03 15 000 2025 05570 00.
10 Ibidem.
3
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Accionante: Bleider de Jesús Ávila Polanco
restablecimiento del derecho con el radicado nro. 47001 23 33 000 2024 00150
00/01/02, el cual fue remitido11.
3.2. La apoderada del Consejo Nacional Electoral allegó escrito12 en el que solicitó
que dicha entidad sea desvinculada de este trámite tutelar.
Al respecto, expuso que “al revisar el proceso de tutela mencionado, se observa
que el Consejo Nacional Electoral no tuvo participación alguna en la decisión
adoptada por el Honorable Consejo de Estado, razón por la cual no ostenta la
calidad de sujeto activo ni pasivo dentro del presente trámite constitucional”.
Anotó que “las pretensiones formuladas en el escrito de tutela que se nos ha
trasladado no se dirigen, en modo alguno, al cumplimiento de obligaciones ni al
requerimiento de actuaciones por parte de esta Corporación. En consecuencia,
resulta evidente que no se configuran los elementos necesarios para acreditar la
legitimación en la causa por pasiva del Consejo Nacional Electoral dentro de esta
acción”.
3.3 El magistrado ponente de la decisión atacada rindió informe13 en el que solicitó
que se declare la improcedencia de la acción de tutela por no cumplir con el requisito
general de relevancia constitucional o, de encontrar superado dicho requisito, que
se nieguen las pretensiones al no advertirse vulneración alguna de los derechos
fundamentales invocados por el accionante.
Para ello, inicialmente aseveró que “(…) el accionante, con su argumentación,
pretende convertir el presente mecanismo en un escenario de debate para
confrontar un asunto de mera legalidad que fue decidido por su juez natural,
circunstancia que comporta un reproche directo a la autonomía judicial, en la medida
en que la providencia censurada se adoptó con fundamento en la ley y en el criterio
jurisprudencial vigente en la materia (…)”.
Advirtió que “lo que procura el accionante es controvertir, en sede constitucional, el
análisis efectuado por la Sección Quinta del Consejo de Estado, en relación con la
procedencia de la solicitud de aclaración, a la luz de lo previsto en el artículo 285
del Código General del Proceso, de conformidad con la remisión que hace el 306
del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo”.
Adujo que “el objeto de la solicitud de aclaración formulada por el actor obedecía a
la precisión sobre los emolumentos u honorarios que supuestamente dejó de
percibir durante el término en que fue suspendido como concejal del municipio de
Plato, Magdalena, lo propio era concluir que sus razonamientos no se encuadraban
11 Visto en los índices 16 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado
nro. 11001 03 15 000 2025 05570 00.
12 Visto en los índices 11 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado
nro. 11001 03 15 000 2025 05570 00.
13 Visto en los índices 12 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado
nro. 11001 03 15 000 2025 05570 00.
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en las exigencias del artículo 285 del CGP , pues, por no tratarse de un tema que
debía ser objeto de pronunciamiento por el juez de lo electoral, era lógico que la
sentencia no contuviera alguna referencia en torno a ello”.
En ese sentido, aseguró que lo pretendido por la parte actora es plantear una
discusión que escapa de la órbita de competencia del juez constitucional y
desconoce que, conforme lo señalado por la Corte Constitucional, este mecanismo
no es una nueva oportunidad para reabrir debates resueltos por los jueces
ordinarios en ejercicio de su competencia.
Con posterioridad, manifestó que, de encontrarse superado la relevancia
constitucional, es preciso tener en cuenta que en la providencia controvertida “se
expusieron con claridad los argumentos que la parte actora pretende desestimar por
medio de la solicitud de amparo y se explicó, con el respectivo sustento, que el
objeto de la aclaración no fue un razonamiento legal o jurisprudencial que se haya
adoptado en la parte resolutiva de la sentencia del 14 de agosto de 2025 o en alguna
otra que influyera en ella, en tanto, se reitera, que ni siquiera se trataba de un
aspecto objeto de pronunciamiento por la Sala de lo Electoral”.
Adicionalmente aclaró que “en el auto cuestionado, aun cuando el demandado no
contaba con representación judicial para ejercer su defensa, se dio por acreditada
su legitimación para proponer la solicitud de aclaración que pretendía. Lo anterior,
de conformidad con el artículo 139 del CPACA, que dispone que el medio de control
de nulidad electoral puede ser incoado por «cualquier persona» y, en consecuencia,
para su ejercicio, al tratarse de una acción de naturaleza pública, no se requiere
acreditar la calidad de abogado, en consonancia con el numeral 1. ° del artículo 28
del Decreto 196 de 1991”.
Por último, precisó que “en la providencia que se reprocha, le fue indicado al actor
que, con ocasión de su condición de ciudadano, el tema sometido a aclaración se
trata de una situación que pende de su vínculo laboral, razón por la que deberá
ventilarla ante la corporación pública en la cual ostentó su cargo como concejal del
municipio de Plato (Magdalena)”.
3.4 El jefe de la Oficina Jurídica de la Registraduría Nacional del Estado Civil allegó
escrito14 en el que solicitó la desvinculación de dicha entidad del presente trámite
tutelar.
Señaló que “en el caso sub examine, se configura la FALTA DE LEGITIMACIÓN EN
LA CAUSA, como quiera que la RNEC en el contexto de sus competencias y
funciones constitucionales y legales no tiene injerencia en decisiones que tomen en
derecho los Jueces y Magistrados de la República”.
14 Visto en los índices 14 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado
nro. 11001 03 15 000 2025 05570 00.
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3.5. El Tribunal Administrativo del Magdalena solicitó que se desvincule a dicha
Corporación del presente trámite tutelar.
Indicó que, “revisados los argumentos expuestos por el tutelante, se tiene que
respecto al trámite procesal adelantado por esta Corporación no se advierte
violación alguna a las garantías fundamentales de éste”.
Anotó que “de la situación fáctica narrada en la solicitud de amparo, lo que se
observa más bien es una inconformidad del extremo actor con la decisión del
Consejo de Estado referente a la solicitud de aclaración de la sentencia de fecha 14
de agosto de 2025; lo que supone que este Colegiado no ha sido identificado como
la autoridad que ha incurrido en la alegada vulneración de los derechos sobre la que
versa la solicitud de amparo”.
3.6. El señor Ramiro Enrique Cortina Gómez guardó silencio.
4. CONSIDERACIONES DE LA SALA
4.1. LA COMPETENCIA DE LA SECCIÓN
La Sala es competente para conocer del presente asunto, de conformidad con lo
previsto por el artículo 37 del Decreto Ley 2591 del 19 de noviembre de 199115 y el
artículo 2.2.3.1.2.1. del Decreto 1069 del 26 de mayo de 2015, 16 modificado por el
artículo 1 del Decreto 333 del 6 de abril de 202117, así como con fundamento en el
artículo 13 del Acuerdo nro. 080 del 12 de marzo de 2019 18, modificado por el
Acuerdo nro. 434 del 10 de diciembre de 2024, proferido por la Sala Plena del
Consejo de Estado que regula la distribución de procesos entre las secciones.
4.2. HECHOS RELEVANTES
En el caso concreto se encuentra acreditado lo siguiente19:
4.2.1. El señor Ramiro Enrique Cortina Gómez, actuando por conducto de
apoderado judicial, promovió demanda de nulidad electoral en contra del acto
administrativo de elección contenido en el formulario E-26 CON del 4 de noviembre
de 2023, expedido por la Comisión Escrutadora Municipal de Plato (Magdalena),
15 “Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución
Política”
16 “Por medio del cual se expide el decreto único reglamentario del sector justicia y del derecho” y
establece las reglas de reparto de la acción de tutela.
17 “Por el cual se modifican los artículos 2.2.3.1.2.1, 2.2.3.1.2.4 y 2.2.3.1.2.5 del Decreto 1069 de
2015, Único Reglamentario del sector Justicia y del Derecho, referente a las reglas de reparto de la
acción de tutela”.
18 Por medio del cual se compila y actualiza el reglamento interno del Consejo de Estado, publicado
el 1 de abril de 2019 en el Diario Oficial número 50913.
19 Lo que se desprende del expediente del proceso de nulidad electoral identificado con el radicado
nro. 47001 23 33 000 2024 00150 00/01/02. Visto en el índice 16 de la Sede Electrónica para la
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mediante el cual el señor Bleider de Jesús Ávila Polanco fue declarado concejal de
dicho municipio, para el periodo constitucional 2024 - 2027.
4.2.2. La demanda fue asignada al Tribunal Administrativo del Magdalena, que por
auto del 2 de septiembre de 2024 admitió la demanda, decretó la medida cautelar
de suspensión provisional de la elección del señor Ávila Polanco como concejal del
municipio de Plato (Magdalena) para el periodo constitucional 2024–2027 y ordenó
notificar al Consejo Nacional Electoral y a la Registraduría Nacional del Estado Civil.
4.2.3. Surtido el trámite correspondiente, mediante sentencia del 2 de diciembre de
2024, el Tribunal Administrativo del Magdalena dispuso lo siguiente:
“[…] PRIMERO: DECLARAR la nulidad parcial del Acto de Elección E-26
CON del 4 de noviembre de 2022 (sic) expedido por la Comisión Escrutadora
Municipal de Plato, en lo que respecta a la declaratoria de elección del señor
Bleider De Jesús Ávila Polanco como concejal del Municipio de Plato para
el período constitucional 2024-2027, por el partido Nuevo Liberalismo, de
conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.
SEGUNDO: Como consecuencia de la nulidad del acto de elección
decretada en esta providencia, en aplicación del numeral tercero del artículo
288 del CPACA, se ordena la cancelación de la credencial que acredita al
señor Bleider de Jesús Ávila Polanco, como concejal del municipio de Plato
(Magdalena) para el periodo constitucional 2023-2024 por el partido Nuevo
Liberalismo […]”.
4.2.4. Inconforme con la anterior decisión, el señor Bleider de Jesús Ávila Polanco,
hoy accionante, interpuso recurso de apelación y la Sección Quinta del Consejo de
Estado, en sentencia del 14 de agosto de 2025 resolvió lo siguiente:
“[…] PRIMERO: Declarar probada la falta de legitimación en la causa
propuesta por el Consejo Nacional Electoral y, en consecuencia, ordenar su
desvinculación del presente trámite.
SEGUNDO: Confirmar la sentencia del 2 de diciembre de 2024, por medio
de la cual el Tribunal Administrativo del Magdalena anuló la elección de
Bleider de Jesús Ávila Polanco como concejal municipal de Plato
(Magdalena), para el periodo 2024-2027, conforme las consideraciones de
la presente decisión […]”.
4.2.5. El señor Ávila Polanco presentó solicitud de aclaración en los siguientes
términos:
“[…] actuando en mi calidad de demandado dentro de este proceso, me
permito solicitarle a ustedes se sirvan ACLARAR, la sentencia de
SEGUNDA INSTANCIA, de fecha 14 de agosto de 2025, mediante la cual
esta honorable sala dispuso CONFIRMAR EN TODAS SUS PARTES la
Sentencia de primera instancia proferida por el Honorable Tribunal
Administrativo del Magdalena y adicionalmente declaró probada la falta de
legitimación en la causa propuesta por el Consejo Nacional Electoral.
Especifica y concretamente solicito se ACLARE lo correspondiente a los
emolumentos u honorarios dejados de percibir por parte de la corporación,
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Accionante: Bleider de Jesús Ávila Polanco
toda vez que fui suspendido del cargo mediante auto de fecha 10 de
septiembre de 2024 y oficio No. OF-INT-01, que decretó la medida cautelar
antes indicada, desde dicha fecha no he recibido honorarios ni
bonificaciones de la Corporación Concejo Municipal de Plato Magdalena y
ahora, al confirmar la sentencia en segunda instancia, ni el pagador ni el
suscrito tenemos conocimiento de cómo proceder con los pagos retenidos a
partir de la materialización de la medida cautelar antes descrita […]”.
4.2.6. Por auto del 28 de agosto de 2025, la Sección Quinta de esta Corporación
negó la solicitud de aclaración formulada por el señor Ávila Polanco.
4.3. CUESTIÓN PREVIA
La Sala se pronunciará frente a las solicitudes de desvinculación formuladas por las
autoridades vinculadas al presente trámite tutelar.
4.3.1. Frente a la solicitud de desvinculación presentada por el Consejo Nacional
electoral, la Sala accederá a ella, comoquiera que en el fallo de segunda instancia
del proceso de nulidad electoral objeto de debate se declaró probada la falta de
legitimación en la causa de dicha entidad y se ordenó su desvinculación, por lo
tanto, no le asiste interés en el resultado de este trámite tutelar.
4.3.2. En cuanto a las solicitudes de desvinculación formuladas por la Registraduría
Nacional del Estado Civil y el Tribunal Administrativo del Magdalena, la Sala advierte
que no son procedentes, comoquiera que a dichas autoridades les asiste interés en
el resultado de este trámite tutelar debido a que, por una parte, la Registraduría
Nacional del Estado Civil fue vinculada al proceso de nulidad electoral objeto de
debate en esta sede constitucional y, por otra, el Tribunal administrativo del
Magdalena fue la autoridad judicial que tramitó dicho proceso en primera instancia.
4.4. ANÁLISIS DE LA SALA
Tratándose de tutela contra providencias judiciales, debe hacerse una cuidadosa
constatación de los presupuestos de procedibilidad, con el fin de evitar que este
instrumento excepcional se convierta en una manera de desconocer principios
constitucionales como los de cosa juzgada, debido proceso, seguridad jurídica e
independencia judicial.
El primer requisito de procedencia que el juez constitucional debe verificar es la
relevancia constitucional y, para ello, la Sala se detendrá en (i) los criterios que la
jurisprudencia constitucional ha desarrollado para identificar que la cuestión que se
discuta resulte de evidente relevancia constitucional, para luego, analizarlos en el
(ii) caso concreto.
4.4.1. Los criterios que la jurisprudencia constitucional ha desarrollado para
identificar que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia
constitucional
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La Corte Constitucional, en la sentencia C – 590 de 2005, indicó que uno de los
requisitos generales de procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial
es que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia constitucional. En
ese sentido, señaló que “el juez constitucional no puede entrar a estudiar cuestiones
que no tienen una clara y marcada importancia constitucional so pena de
involucrarse en asuntos que corresponde definir a otras jurisdicciones. En
consecuencia, el juez de tutela debe indicar con toda claridad y de forma expresa
porqué la cuestión que entra a resolver es genuinamente una cuestión de relevancia
constitucional que afecta los derechos fundamentales de las partes”20.
Lo anterior implica que el juez de tutela tiene el deber de expresar claramente las
razones por las cuales el asunto planteado tiene relevancia constitucional; de otro
modo, si no lo hace, estaría involucrándose en aspectos que le corresponde resolver
al juez natural y, precisamente, esta es la circunstancia que busca evitar el examen
del requisito de relevancia constitucional.
A partir de la sentencia C – 590 de 2005, el concepto de la relevancia constitucional
ha sido desarrollado por la jurisprudencia de la Corte Constitucional y en la
sentencia SU – 573 de 2019 explicó que este requisito persigue tres finalidades:
(i) Restringir el ejercicio de la acción de tutela a cuestiones de relevancia
constitucional que afecten los derechos fundamentales.
(ii) Preservar la competencia y la independencia de los jueces de las jurisdicciones
diferentes a la constitucional y, por tanto, evitar que la acción de tutela se utilice
para discutir asuntos de mera legalidad.
(iii) Impedir que la acción de tutela se convierta en una instancia o recurso adicional
para controvertir las decisiones de los jueces.
Por consiguiente, para que un asunto revista trascendencia constitucional deben
estar reunidos los tres elementos que conforman el requisito de la relevancia. De
manera que, si no se logra acreditar alguno de ellos, la acción de tutela será
improcedente por no superar la relevancia constitucional.
4.4.2. Caso concreto
La Sala, para determinar si está superada la relevancia constitucional, se detendrá
en el examen del primer y el tercer criterio que la compone, esto es, (i) restringir el
ejercicio de la acción de tutela a cuestiones de relevancia constitucional que afecten
los derechos fundamentales, e (ii) impedir que la acción de tutela se convierta en
una instancia o recurso adicional para controvertir las decisiones de los jueces.
4.4.2.1. Las cuestiones de relevancia constitucional
20 Corte Constitucional. Sentencia C – 590 del 8 de junio de 2005. M.P.: Jaime Córdoba Triviño.
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Accionante: Bleider de Jesús Ávila Polanco
Frente a la primera finalidad, la Corte Constitucional, en la sentencia SU 573 de
2019, explicó que este primer elemento de la relevancia supone que “(…) el caso
[debe involucrar] algún debate jurídico que gir[e] en torno al contenido, alcance y
goce de algún derecho fundamental (…)”.
En esa medida, este primer criterio, supone que la acción de tutela que se promueva
contra una providencia judicial debe proponer un debate sobre el contenido, alcance
o goce de un derecho fundamental, pues sólo así se podrá establecer que el asunto
es evidentemente de naturaleza constitucional; ello quiere significar que, quien
interpone una acción de tutela, tiene la carga de identificar cuál es el derecho
fundamental que estima afectado y explicar los motivos por los cuales considera
que la sentencia atacada lo está vulnerando.
En consonancia con lo dicho, la Corte Constitucional, en la sentencia SU 573 de
2019, manifestó que “la acreditación de esta exigencia [el requisito de relevancia
constitucional], más allá de la mera adecuación del caso a un lenguaje que exponga
una relación con derechos fundamentales, supone justificar razonablemente la
existencia de una restricción prima facie desproporcionada a un derecho
fundamental, que no es lo mismo que una simple relación con aquel”. Este criterio
fue reiterado en las sentencias SU 128 de 202121, SU 103 de 202222 y SU 215 de
202223.
El criterio jurisprudencial contenido en las precitadas sentencias, consistente en
que, para superar el requisito de relevancia, no basta con la mera enunciación de
los derechos fundamentales, sino que supone por parte del actor la carga de
justificar razonablemente la existencia de una restricción prima facie
desproporcionada respecto de un derecho fundamental, evidencia que es
precisamente esa la razón por la cual es necesario que, para la acreditación de este
primer elemento que compone a la relevancia constitucional, la parte interesada en
el escrito de tutela, (1) invoque la vulneración de derechos fundamentales, (2)
exponga los motivos por los cuales considera la sentencia atacada está vulnerando
tales derechos fundamentales, y (3) compruebe que la transgresión suponga un
atentado contra el núcleo esencial de los derechos invocados, requisitos que exigen
del juez de tutela un examen de los motivos aducidos por la parte actora para afirmar
que hay amenaza o vulneración de un derecho fundamental, comparadas con el
núcleo esencial del mismo.
Ello porque si, en efecto, la vulneración del derecho acontece en lo que se denomina
su núcleo esencial, solo así es posible advertir que el caso reviste la relevancia o
trascendencia necesaria para permitir que, por vía de este mecanismo, se logre
exceptuar en un juicio constitucional el principio de cosa juzgada que orienta todo
el andamiaje institucional en el que se funda nuestro sistema jurídico. Con este
propósito, el juez no podrá limitarse a convalidar el requisito de la relevancia
21 Corte Constitucional. Sentencia SU – 128 del 6 de mayo de 2021. M.P.: Cristina Pardo Schlesinger.
22 Corte Constitucional. Sentencia SU – 103 del 17 de marzo de 2022. M.P. Alejandro Linares
Cantillo.
23 M.P.: Natalia Ángel Cabo.
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constitucional con la sola mención de un derecho fundamental, pues deberá evaluar
si, de acuerdo con los argumentos expresados en el escrito correspondiente, hay
amenaza o violación efectiva del mismo.
El núcleo esencial de un derecho fundamental ha sido entendido por la
jurisprudencia de la Corte Constitucional como “el ámbito intangible del derecho
cuyo respeto se impone a las autoridades y a los particulares”24 y ha explicado que
el núcleo esencial es “esa parte del derecho que lo identifica, que permite
diferenciarlo de otros y que otorga un necesario grado de inmunidad respecto de la
intervención de las autoridades públicas. En sentido negativo debe entenderse el
núcleo esencial de un derecho fundamental como aquel sin el cual un derecho deja
de ser lo que es o lo convierte en otro derecho diferente o lo que caracteriza o tipifica
al derecho fundamental y sin lo cual se le quita su esencia fundamental”25.
Conforme lo expuesto, la Sala advierte que la parte accionante invocó la vulneración
de los derechos fundamentales al debido proceso, al acceso efectivo a la
administración de justicia y al mínimo vital, con ocasión del auto proferido el 28 de
agosto de 2025 por la Sección Quinta del Consejo de Estado26, que negó la solicitud
de aclaración presentada por el señor Bleider de Jesús Ávila Polanco en contra del
fallo de segunda instancia dictado el 14 de agosto de 2025.
En ese sentido, la Sala examinará el contenido o el núcleo esencial de dichos
derechos, dado que, de advertirse su afectación prima facie, se desprendería que
el asunto es de naturaleza constitucional, en la medida que compromete o involucra
el contenido, alcance o goce de un derecho fundamental.
La Sala considera que el requisito general de relevancia constitucional no se cumple
frente a los derechos fundamentales al debido proceso y acceso efectivo a la
administración de justicia, toda vez que el accionante no cumplió con la exigencia
de explicar los motivos por los cuales la providencia atacada vulnera la faceta
constitucional de estos derechos, puesto que no identificó cuál de las garantías que
componen el núcleo esencial resulta amenazada por la providencia que
controvierte, ni de lo expuesto se advierte prima facie que, en este caso, el auto
acusado comprometa o involucre el contenido de estos derechos fundamentales,
por lo que el asunto no es relevante desde el punto de vista constitucional.
Frente al derecho al mínimo vital, se advierte que no se acreditó su afectación.
Aunque en el escrito de tutela se adujo que “(…) [se] me ha ocasionado un
EMPOBRECIMIENTO por el largo tiempo que tengo de no percibir salarios u
honorarios, lo que me tiene hoy en una situación económica precaria que pone en
riesgo mi integridad física y salud (…)”, en el expediente no se encuentra acreditado
dicho riesgo o perjuicio. Por lo tanto, frente a este derecho tampoco está superado
el requisito general de relevancia constitucional.
24 Corte Constitucional. Sentencia T – 426 del 24 de junio de 1992. M.P.: Eduardo Cifuentes Muñoz.
25 Corte Constitucional, sentencia C-756 de 2008.
26 En el proceso de nulidad electoral identificado con el radicado nro. 47001 23 33 000 2024 00150
00/01/02.
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Finalmente, se destaca que en este caso la acción de tutela es utilizada como una
instancia o recurso adicional para controvertir las decisiones de los jueces.
Ello obedece a que, mediante la acción de tutela, la parte actora controvierte lo
resuelto por la Sección Quinta de esta Corporación en el auto cuestionado, con el
fin de insistir en que se le debe dar trámite a su solicitud de aclaración y resolverse
de fondo, lo cual ya fue objeto de debate.
Al respecto, la autoridad judicial accionada, en el auto acusado resolvió negar la
solicitud de aclaración al considerar lo siguiente27:
“[…] 16. Como se anunció anticipadamente, la Sala negará la presente
solicitud de aclaración porque el objeto de esta, es decir, la precisión sobre
los emolumentos u honorarios que supuestamente dejó de percibir el
demandado durante el término en que fue suspendido como concejal del
municipio de Plato Magdalena, no se trató de un razonamiento legal o
jurisprudencial que se haya adoptado en la parte resolutiva de la sentencia
del 14 de agosto de 2025 o en alguna otra que influya en ella.
17. Desde tal connotación, como la sentencia no contiene alguna referencia
en torno al tópico que esboza al accionante, es posible concluir que sus
argumentos no encuadran en las exigencias del artículo 285 del CGP para
que sea posible acceder a la petición de aclaración, esto es «[…] cuando
contenga conceptos o frases que ofrezcan verdaderos motivos de dudas,
siempre que estén contenidas en la parte resolutiva de la sentencia o
influyan en ella».
18. Por consiguiente, como se declarará en la parte resolutiva, se negará la
solicitud de aclaración del señor Ávila Polanco, no sin antes indicar, con
ocasión de su condición de ciudadano, que el tema que somete a aclaración
no es un asunto propio (principal o subsidiario) que se deba decidir en el
medio de control de nulidad electoral, sino que se trata de una situación que
pende de su vínculo laboral, el cual deberá ventilar ante la corporación
pública en la cual ostentó su cargo de concejal del municipio de Plato
(Magdalena).
19. En ese sentido, se pondrá de presente al accionante que las
pretensiones de la nulidad electoral se dirigen exclusivamente a que se
afecte la presunción de legalidad de los actos de elección por voto popular
o cuerpos electorales (art. 139 CPACA). Asimismo, que las consecuencias
de tal declaratoria, cuando se trata de la causal 275.5 del CPACA, apuntan
específicamente a la anulación de la credencial por ministerio de la ley (art.
288.3 CPACA) […]”.
Bajo dicho contexto, la Sala observa que la acción de tutela se ha empleado como
una instancia adicional al proceso de nulidad electoral, con el propósito de
controvertir lo decidido por el juez natural de la causa, por lo que, conforme con la
jurisprudencia constitucional previamente citada, se concluye que la solicitud de
amparo no satisface el tercer criterio de relevancia constitucional.
27 Visto en el índice 16 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado nro.
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En consecuencia, sin ser necesario descender en otras consideraciones, la Sala
declarará improcedente la acción de tutela por cuanto no cumple con el requisito
general de relevancia constitucional.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la Ley,
FALLA:
PRIMERO: DESVINCULAR de la presente acción al Consejo Nacional Electoral,
conforme lo expuesto en la parte motiva de esta sentencia.
SEGUNDO: NEGAR las solicitudes de desvinculación formuladas por la
Registraduría Nacional del Estado Civil y el Tribunal Administrativo del Magdalena,
atendiendo a lo señalado en la parte motiva de esta providencia.
TERCERO: DECLARAR IMPROCEDENTE la acción de tutela interpuesta por el
señor Bleider de Jesús Ávila Polanco, según lo expuesto en la parte considerativa
de esta sentencia.
CUARTO: NOTIFICAR a las partes e intervinientes en la forma prevista en los
artículos 16 y 30 del Decreto Ley 2591 de 1991.
QUINTO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual
revisión, al día siguiente a la ejecutoria de esta providencia, si no fuere impugnada
oportunamente en los términos señalados por la ley.
Se deja constancia que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la
Sala en la sesión de la fecha.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,
NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN PABLO ANDRÉS CÓRDOBA ACOSTA
Consejera de Estado Consejero de Estado
Presidenta
GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES
Consejero de Estado (E)
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la
Sección Primera en la sede electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza
la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley.
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