Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-05582-00
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-05582-00
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2025-05582-00
Consejero ponente: Pedro Pablo Vanegas Gil
2 de octubre de 2025
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA
Magistrado ponente: PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Dos (2) de octubre de dos mil veinticinco (2025)
Acción: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2025-05582-00
Accionante: ALICIA BALVANEDA JIMÉNEZ CAICEDO
Accionados: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL VALLE DEL CAUCA Y
OTROS
Tema: Tutela contra providencia judicial — declara improcedencia
por no cumplir con el requisito general de relevancia
constitucional.
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
Esta Sala es competente para asumir el conocimiento de la acción de tutela
presentada por la parte actora en contra del Tribunal Administrativo del Valle del
Cauca, del Juzgado Octavo Administrativo Oral del Circuito Judicial de Cali y de
las Empresas Municipales de Cali EICE E.S.P. (en adelante, EMCALI). Lo
anterior, de conformidad con lo establecido por el Decreto 2591 de 1991, en
concordancia con el Decreto 1069 de 2015, modificado por los decretos 333 de
2021 y 799 de 2025, así como el Acuerdo 080 de 2019 1 de la Sala Plena del
Consejo de Estado.
Por auto del 9 de septiembre de 20252, se admitió la solicitud de amparo de la
referencia.
I. ANTECEDENTES
1.1. Tutela
1. El 5 de septiembre de 2025, La señora Alicia Balvaneda Jiménez Caicedo,
actuando a través de apoderado judicial, interpuso acción de tutela en contra del
Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, del Juzgado Octavo Administrativo
Oral del Circuito Judicial de Cali y de EMCALI. Con la solicitud de amparo
pretende que se le protejan sus derechos fundamentales al debido proceso, al
trabajo, a la asociación sindical y a la seguridad social.
1 Modificado por el Acuerdo 434 de 2024.
2 Índice 4 de Samai. Al respecto, resulta oportuno precisar que se notificaron como accionados al
Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, al Juzgado Octavo Administrativo Oral del Circuito
Judicial de Cali y a EMCALI. Asimismo, se dispuso la vinculación de la Agencia Nacional de
Defensa Jurídica del Estado, en los términos del artículo 610 del Código General del Proceso.
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Accionante: Alicia Balvaneda Jiménez Caicedo
Accionados: Tribunal Administrativo de Valle del Cauca y otros
Radicado: 11001-03-15-000-2025-05582-00
2. Las anteriores trasgresiones constitucionales se las adjudica a las
sentencias del 6 de marzo de 2025 y del 15 de agosto del 2018 proferidas por las
autoridades judiciales referidas previamente, en su respectivo orden. En tales
decisiones se negaron las pretensiones de la demanda de nulidad y
restablecimiento del derecho elevadas por la accionante, al interior del proceso
identificado con el radicado 76001-33-33-008-2016-00306-00/01.
3. En concreto, la parte actora formuló las siguientes pretensiones:
1.- Respetuosamente solicito se sirva dejar sin efectos la Sentencia No. 144
de fecha seis (06) de marzo de dos mil veinticinco (2025) notificada mediante
mensaje de datos de correo electrónico del siete (07) de marzo de dos mil
veinticinco (2025) dentro del expediente con radicado No. 76001-33-33-008
-2016-00306-01 la Sala de Decisión del Tribunal Administrativo del Valle del
Cauca.
2.- Como consecuencia de lo anterior se sirva dejar sin efectos Sentencia
No. 144 de fecha quince (15) de agosto de dos mil dieciocho (2018) proferida
por el Juzgado Octavo Administrativo Oral del Circuito de Cali en proceso
bajo radicación No. 76001-33-33-008-2016-00306-00 negando las
pretensiones.
3.- Como consecuencia de lo anterior cuando el despacho de tutela se sirva
devolver el expediente a la Sala de Decisión del Tribunal Administrativo del
Valle del Cauca, para en su lugar, se sirva proferir fallo de reemplazo que
reconozca y pague el derecho producto de la aplicación de la compatibilidad
pensional de conformidad con la regla del artículo 18 del acuerdo 049 de
1990 que a su vez salte la discusión en torno a la aplicación irretroactiva del
artículo 05 del acuerdo 029 de 19853.
1.2. Hechos
4. La señora Alicia Balvaneda Jiménez Caicedo interpuso demanda de
nulidad y restablecimiento del derecho en contra de EMCALI, con el fin de que
se declarara la nulidad de los actos administrativos4 que dispusieron compartir la
pensión de jubilación extralegal5, reconocida por la entidad demandada, con la
pensión de vejez que le reconoció y pagó el extinto Instituto de Seguros Sociales
(en lo sucesivo, ISS).
5. Al medio de control se le asignó el radicado 76001-33-33-008-2016-00306-
00 y le correspondió al Juzgado Octavo Administrativo Oral del Circuito Judicial
de Cali, quien, mediante el fallo del 15 de agosto de 2018, negó las pretensiones
de la demanda. Indicó que los actos demandados estaban ajustados a derecho,
debido a que la compartibilidad de las pensiones, por parte de EMCALI, se realizó
de conformidad con lo establecido en los artículos 60 del Decreto 3041 de 1966,
5 y 6 del Decreto 2879 de 1985 y 18 del Decreto 758 de 19906.
3 Transcripción literal del escrito de tutela, con posibles errores.
4 Resolución 718 del 14 de abril del 2000, Oficio núm. 260-GRH-1367 del 8 de junio del 2000 y
Oficio núm. 832-DGL-006317. Todos los actos administrativos fueron emitidos por EMCALI.
5 Reconocida a través de la Resolución núm. GG 1964 del 18 de octubre de 1985.
6 En particular, las disposiciones referidas disponen que cuando se reconozca una pensión al
empleado, previo al cumplimiento de los requisitos establecidos en la ley para ser beneficiario de
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6. Inconforme, la señora Jiménez Caicedo interpuso recurso de apelación
contra la anterior decisión7, el cual, fue resuelto por el Tribunal Administrativo del
Valle del Cauca por medio de la sentencia del 6 de marzo de 2025 en el sentido
de confirmar lo decidido por el a quo. En concreto, después de limitar su análisis
a los cargos propuestos en la apelación, concluyó que: (i) se probó que EMCALI,
una vez reconoció la pensión de jubilación a la accionante, la inscribió ante el ISS
para realizar las respectivas cotizaciones y, además, de la revisión del acto
administrativo que le otorgó la pensión de vejez se observó que la entidad referida
fue su último empleador; y (ii) el pago de las dos pensiones que pretende la
accionante es contrario a lo dispuesto en el artículo 128 de la Constitución
Política8, el artículo 19 de la Ley 4 de 19929 y lo establecido por el Consejo de
Estado10.
1.3. Sustento de la vulneración
7. La señora Alicia Balvaneda Jiménez afirmó que el Tribunal Administrativo
del Valle del Cauca11, al proferir la providencia aquí controvertida, incurrió en los
siguientes yerros:
• Defecto sustantivo: por desconocerse la aplicación obligatoria del artículo
58 de la Constitución Política, el cual, establece la protección a los derechos
adquiridos. Ello, puesto que la providencia se fundamentó en el artículo 18
del Acuerdo 049 de 199012, pero dicha norma no cobijaba su situación
particular porque adquirió su derecho pensional con anterioridad al 17 de
octubre de 1985.
la pensión de vejez, el empleado deberá seguir cotizando hasta que se cumplan los presupuestos
establecidos por la ley. En ese orden, cuando se encuentren superados los requisitos, el ISS
pasará a asumir la pensión de vejez y, si el monto previo era mayor, el excedente lo asumiría el
empleador.
7 Estimó que, no hay prueba de que EMCALI haya seguido pagando los aportes al ISS después
de haberle reconocido la pensión de jubilación, y que el pago de las dos pensiones por aparte no
vulnera el artículo 128 de la Constitución Política, puesto que EMCALI y, ahora Colpensiones son
entidades de diferente naturaleza.
8 ARTICULO 128. Nadie podrá desempeñar simultáneamente más de un empleo público ni recibir
más de una asignación que provenga del tesoro público, o de empresas o de instituciones en las
que tenga parte mayoritaria el Estado, salvo los casos expresamente determinados por la ley.
9 ARTÍCULO 19. Nadie podrá desempeñar simultáneamente más de un empleo público, ni recibir
más de una asignación que provenga del Tesoro Público, o de empresas o de instituciones en
las que tenga parte mayoritaria el Estado. […]
10 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 2 de diciembre de 2019,
rad. 25000-23-42-000-2012-01293-01(0775-15).
11 A pesar de que haya accionado a más entidades, se limitó a centrar sus reproches contra el
fallo del 6 de marzo de 2025.
12 Artículo 18. Compartibilidad de las pensiones extralegales. Los patronos registrados como
tales en el Instituto de Seguros Sociales, que otorguen a sus trabajadores afiliados pensiones de
jubilación reconocidas en convención colectiva, pacto colectivo, laudo arbitral o voluntariamente,
causadas a partir del 17 de octubre de 1985, continuarán cotizando para los seguros de invalidez,
vejez y muerte, hasta cuando los asegurados cumplan los requisitos exigidos por el Instituto para
otorgar la pensión de vejez y en este momento, el Instituto procederá a cubrir dicha pensión,
siendo de cuenta del patrono únicamente el mayor valor, si lo hubiere, entre la pensión otorgada
por el Instituto y la que venía cancelando al pensionado. […] (énfasis de la Sala) (el acuerdo fue
aprobado por el Decreto 2879 de 1985)
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• Defecto fáctico: por apreciar equivocadamente la demanda, subsanación y
anexos del proceso. Esto, por no tener probado que la accionante causó su
pensión de jubilación con anterioridad al 17 de octubre de 1985, sino el 16
del mismo mes y año. En ese orden, reiteró lo expuesto en el cargo por
defecto sustantivo, pues considera que se aplicó el artículo 18 del Acuerdo
049 de 1990 de manera retroactiva.
1.4. Intervenciones
8. Tribunal Administrativo del Valle del Cauca. A su juicio, la acción de
tutela de la referencia debe ser declarada improcedente, dado que refleja una
simple inconformidad de la parte actora con el hecho de que se haya confirmado
la sentencia del juzgado que negó sus pretensiones. Igualmente, adujo que en el
caso concreto no se cumplió con el requisito general de inmediatez, porque han
transcurrido casi 6 meses desde que se profirió el fallo que zanjó la controversia.
9. Juzgado Octavo Administrativo Oral del Circuito Judicial de Cali.
Consideró que, de conformidad con las pruebas obrantes en el expediente, la
providencia de primera instancia se ajustó al precedente judicial. Además, estimó
que el presente trámite resulta improcedente, ya que no se cumple con los
presupuestos de relevancia constitucional e inmediatez.
10. Empresas Municipales De Cali E.I.C.E. E.S.P. (EMCALI). Solicitó que se
declare la improcedencia de la acción de tutela por no cumplir con el requisito de
relevancia constitucional13, o, en su defecto, que se niegue el amparo solicitado,
ya que no media la carga argumentativa que demuestre la configuración de los
defectos invocados.
II. CONSIDERACIONES
11. La Sala declarará la improcedencia de la acción constitucional presentada
por la señora Alicia Balvaneda Jiménez Caicedo. En tal sentido, se demostrará
que en el asunto no se supera el requisito general de relevancia constitucional.
2.1. Cuestión previa
12. Si bien la accionante cuestiona la sentencia del 6 de marzo de 2025,
dictada por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, y la providencia
proferida el 15 de agosto de 2018 por el Juzgado Octavo Administrativo Oral del
Circuito Judicial de Cali, esta Sección se limitará al estudio del fallo de segunda
instancia, por ser la que puso fin al proceso.
13 Indicó que la actora pretende reabrir un debate jurídico ya zanjado en el medio de control de
nulidad y restablecimiento del derecho.
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2.2. Caso concreto
2.2.1 La solicitud de amparo no cumple con los requisitos generales de
procedencia de tutela contra providencias judiciales
13. El Consejo de Estado14 y la Corte Constitucional15, han condicionado la
procedencia de las acciones de tutela contra providencias judiciales al
cumplimiento de ciertos requisitos generales16 y a la configuración de algún
defecto especial17 en el que puede incurrir una autoridad judicial. Por tanto, previo
a estudiar de fondo el asunto y determinar si se configuran los defectos
invocados, la Sala determinará si se superan los presupuestos generales de
procedencia.
14. De no observarse el cumplimiento de uno de estos requisitos, se torna
improcedente la solicitud de amparo, sin que se analice el fondo del asunto.
Cumplidos esos parámetros, corresponderá a la Sala estudiar si se configura uno
o más de los defectos especiales de procedencia de la acción de tutela contra
providencia judicial.
15. En este orden, la Sección pasará a estudiar los requisitos generales de
procedencia referidos, en el caso sub examine.
16. Legitimación en la causa. Este presupuesto consiste, de una parte, en
que quien promueve la acción sea el titular del derecho o del interés que se
invoca como fundamento de las pretensiones que se aducen (activa) y, de otra,
en que el accionado sea el sujeto frente a quien deben reclamarse y
controvertirse estas (pasiva).
17. La Sala advierte que la señora Alicia Balvaneda Jiménez Caicedo está
legitimada en la causa por activa, porque integra la parte demandante al interior
del medio de control en el que se dictó la providencia que se reprocha mediante
esta vía. Por otro lado, se evidencia que el Tribunal Administrativo del Valle del
Cauca está legitimado en la causa por pasiva por haber proferido la decisión
controvertida dentro del trámite objeto de la litis.
14 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sentencia de 31 de julio de
2012, M.P. María Elizabeth García González, Rad. No. 11001-03-15-000-2009-01328-01; y,
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sentencia del 05 de agosto de
2014, M.P. Jorge Octavio Ramírez, Rad. No. 11001-03-15-000-2012-02201-01.
15 Al respecto, ver las siguientes sentencias: SU-111 de 2025; SU-439 de 2024; SU-316 de 2023;
SU-388 de 2021; T-461 de 2021; SU-379 de 2019; T-511 de 2017 y C-590 de 2005.
16 (i) Legitimación en la causa; (ii) relevancia constitucional; (iii)subsidiariedad; (iv) inmediatez; (v)
efecto decisivo de la irregularidad procesal; (vi) identificación razonable de los hechos
vulneradores del derecho; y (vii) que la acción de tutela no se dirija contra un fallo de la misma
naturaleza, una sentencia de control abstracto de constitucionalidad (v.gr., acción pública de
inconstitucionalidad o nulidad por inconstitucionalidad) o una sentencia interpretativa proferida
por la Sección de Apelación del Tribunal Especial para la Paz.
17 (i) Defecto orgánico; (ii) defecto procedimental absoluto; (iii) defecto fáctico; (iv) defecto material
o sustantivo; (v) error inducido; (vi) decisión sin motivación; (vii) desconocimiento del precedente
judicial; y (viii) violación directa de la Constitución.
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18. No obstante, de la revisión del escrito de tutela, la Sección observa que
EMCALI no está llamado a responder por lo pretendido en la solicitud de amparo.
Esto, debido a que los reproches están netamente dirigidos a la providencia de
segunda instancia dictada al interior del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho identificado con el radicado 76001-33-33-008-2016-
00306-01. Así las cosas, se declarará la falta de legitimación en la causa por
pasiva de EMCALI, pero se tendrá como tercero con interés por haber
conformado la parte demandada al interior del proceso ordinario.
19. Relevancia constitucional. De conformidad con lo establecido por la
Corte Constitucional18, la acreditación de este requisito implica verificar: (i) que el
actor cumpla con la carga argumentativa que vislumbre la vulneración de sus
derechos fundamentales, ya que no basta con la enunciación de estos; (ii) que el
debate propuesto no sea exclusivamente legal, pues este trámite no está
dispuesto para resolver las inconformidades del actor frente a la decisión judicial;
y, (iii) que no se trate de asuntos puramente económicos en los que no se
evidencie tensión alguna entre la providencia reprochada y las garantías
constitucionales. Lo anterior, teniendo en cuenta que el presente mecanismo se
desnaturaliza cuando se pretende reabrir los debates jurídicos zanjados por el
juez ordinario de la causa, como si de una instancia adicional se tratase.
20. En este caso, a juicio de la parte tutelante, la autoridad judicial accionada
incurrió en los defectos sustantivo y fáctico. En concreto, sus argumentos están
encaminados a reprochar el hecho de que el Tribunal Administrativo del Valle del
Cauca haya aplicado el Acuerdo 049 de 1990 retroactivamente, teniendo en
cuenta que dicha norma no cobijaba su situación particular porque adquirió su
derecho pensional con anterioridad al 17 de octubre de 1985.
21. La Sala considera que la solicitud de amparo no supera el requisito de la
relevancia constitucional. Esto, debido a que la parte actora pretende reabrir el
debate jurídico ya zanjado en el medio de control de nulidad y restablecimiento
del derecho, sin que medie una argumentación encaminada a evidenciar la
presunta transgresión de sus garantías constitucionales que justifique la
intromisión del juez de tutela. De hecho, a pesar de que los mismos argumentos
de la presunta vulneración alegada pudieron haber sido presentados contra la
sentencia de primera instancia, no fueron propuestos en el recurso de apelación
formulado en dicha sede.
22. En este punto, se recuerda que formular un simple desacuerdo con una
decisión judicial y, sumado a ello, alegar la vulneración de unos derechos
fundamentales, no conlleva que el asunto puesto en conocimiento cumpla con el
presupuesto bajo estudio. En estos asuntos, se requiere que en el escrito inicial
medie un ejercicio argumentativo que permita entrever que la controversia gira
en torno al alcance, contenido o goce de una garantía ius fundamental.
18 Sentencia SU-215 de 2022.
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23. Así las cosas, para la colegiatura resulta evidente que los reproches de la
accionante reflejan una mera inconformidad con el criterio adoptado por el juez
natural de la causa, quien estimó que no son compatibles las pensiones de
jubilación y de vejez, reconocidas por EMCALI y el ISS, respectivamente. Esto,
al concluir que EMCALI desde que reconoció el derecho pensional cotizó ante el
ISS, y que está prohibido recibir dos asignaciones que provengan del tesoro
público.
24. En tales términos, el ejercicio de esta acción carece de relevancia
constitucional, comoquiera que su objeto es constituir una nueva instancia
procesal, en la que se estudien nuevos cargos que no fueron propuestos en el
proceso ordinario. En ese orden, los reproches denotan las inconformidades de
la parte actora frente a la decisión judicial que fue desfavorable a sus intereses,
sin que se advierta prima facie una cuestión que comprometa sus garantías
fundamentales.
2.2. Conclusión
25. Por lo anterior, la Sala concluye que, en el caso sub examine, no se supera
el presupuesto de relevancia constitucional. En ese sentido, se declarará la
improcedencia de la acción de tutela presentada por la señora Alicia Balvaneda
Jiménez Caicedo.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República
y por autoridad de la Ley,
III. FALLA
PRIMERO: DECLARAR LA IMPROCEDENCIA de la acción de tutela interpuesta
por la señora Alicia Balvaneda Jiménez Caicedo.
SEGUNDO: DECLARAR LA FALTA DE LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA POR
PASIVA de EMCALI EICE E.S.P., pero mantener su vinculación al presente
trámite como tercero con interés.
TERCERO: NOTIFICAR a las partes y a los terceros vinculados en la forma
prevista en el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.
CUARTO: En caso de que no sea impugnada esta providencia, REMITIR el
expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión al día siguiente de
su ejecutoria.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,
GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA
Presidente
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Accionante: Alicia Balvaneda Jiménez Caicedo
Accionados: Tribunal Administrativo de Valle del Cauca y otros
Radicado: 11001-03-15-000-2025-05582-00
LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado
OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ
Magistrado
PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Magistrado
Este documento fue firmado electrónicamente. Usted puede consultar la providencia oficial con
el número de radicación en https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/procesos.aspx
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