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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-05594-01

Fecha
28 de enero de 2026
Consejero ponente
Alberto Montaña Plata

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-05594-01

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

RESUELVE PRIMERO: REVOCAR la Sentencia de 2 de octubre de 2025, proferida por la Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado, y en su lugar, NEGAR el amparo solicitado por la parte actora, por las razones aquí expuestas. SEGUNDO: NOTIFICAR la presente decisión a las partes por el medio más expedito (artículo 30 del Decreto 2591 de 1991), enviándoles copia de la decisión que se adopta y advirtiéndoles que para interponer cualquier solicitud contra la misma deberán dirigirla, dentro del término legal, al correo electrónico dispuesto por la Secretaría General para tal fin12. TERCERO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2025-05594-01

Consejero ponente: Alberto Montaña Plata

28 de enero de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN B

Magistrado ponente: Alberto Montaña Plata

Bogotá D.C., 28 de enero de 2026

Radicación: 11001-03-15-000-2025-05594-01
Demandante: Ruby Elimer García Valera
Demandados: Tribunal Administrativo de Antioquia
Referencia: Acción de tutela. Sentencia de segunda instancia

Temas: ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL | Defecto fáctico | Revoca |
Niega

Síntesis del caso: El accionante enjuició la sentencia que revocó la decisión de primera
instancia que había reconocido y ordenado el pago de la sanción moratoria por
consignación tardía de las cesantías.

De acuerdo con la competencia asignada1, procede la Sala a decidir la
impugnación presentada por la parte actora contra la Sentencia de 2 de
octubre de 2025, por la cual la Subsección A de la Sección Segunda del
Consejo de Estado accedió al amparo solicitado2.

Contenido: 1. Antecedentes. 2. Consideraciones. 3. Decisión.

1. ANTECEDENTES

Contenido: 1.1. Posición de la parte actora. 1.2. Posición de la parte accionada y demás
vinculados.

1.1. Posición de la parte actora

1. El 8 de septiembre de 2025, Ruby Elimer García Valera, a través de
apoderado, presentó una acción de tutela contra el Tribunal Administrativo
de Antioquia, por la presunta vulneración de sus derechos fundamentales al
debido proceso, prevalencia del derecho sustancial, acceso a la
administración de justicia, tutela judicial efectiva y al principio “pro homine”,
con ocasión de la Sentencia de 12 de marzo de 2025, proferida en el marco
del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho No. 05001-
33-33-019-2023-00524-01.

2. A título de amparo constitucional, la parte actora solicitó (se trascribe):

1 Artículo 86 de la Constitución Política, los Decretos 2591 de 1991, 1382 de 2000, 1069 de 2015 y 1983 de 2017 y el

Acuerdo 80 de 2019 de esta Corporación
2 “Segundo: Amparar los derechos fundamentales al debido proceso, acceso a la administración de justicia y

tutela judicial efectiva de la señora Ruby Elímer García Valera, de conformidad con los argumentos expuestos en
el presente proveído.
Tercero: Dejar sin efectos la sentencia del 12 de marzo de 2025 proferida por el Tribunal Administrativo de Antioquia,
Sala Séptima de Oralidad, de conformidad con los argumentos esgrimidos en precedencia.”

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicación: 11001-03-15-000-2025-05594-01
Demandante: Ruby Elimer García Valera
Demandados: Tribunal Administrativo de Antioquia
Referencia: Acción de tutela. Sentencia de segunda instancia
Decisión: Revoca
_____________________________________________________________________________________________________________

“1. Se declare que el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE ANTIOQUIA en la sentencia
del 12 de marzo de 2025, dictado dentro del proceso con radicado No. 05001-
33-33-019-2023-00524-01, transgredió los derechos fundamentales al DEBIDO
PROCESO, ACCESO A LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA, TUTELA JUDICIAL
EFECTIVA y PRINCIPIO PRO HOMINE de la señora RUBY ELÍMER GARCÍA VALERA,
al haber adoptado una decisión que se aparta de los principios de la sana
crítica que rigen la valoración probatoria y del marco normativo vigente
aplicable al caso concreto.

2. Como consecuencia de la anterior declaración, se ordene al TRIBUNAL
ADMINISTRATIVO DE ANTIOQUIA dejar sin efectos la providencia referida en el
numeral anterior y se profiera una nueva decisión judicial que garantice (i) un
análisis integral de los medios de convicción, con lo cual el fin de lograr el
esclarecimiento de la situación fáctica de la accionante Mónica Alexandra
Tobón Rodríguez y, (ii) aplicando en debida forma la normatividad que
reglamenta las competencias en el procedimiento administrativo definido para
la gestión de las solicitudes de reconocimiento y pago de las cesantías en favor
de los docentes del Fomag.”

3. Como hechos relevantes, a partir del escrito de tutela y sus anexos, se
extraen los siguientes:

4. 1) El 28 de febrero de 2022, Ruby Elimer García Valera, en su calidad
de docente, solicitó, a través de la plataforma “Humano en Línea”, el
reconocimiento y pago de sus cesantías parciales ante el departamento de
Antioquia.

5. 2) Mediante la Resolución No. ANTIOR2022000184 de 29 de abril de
2022, el departamento de Antioquia tomó como fecha de radicación de la
solicitud el 25 de abril de 20223 y reconoció y ordenó el pago de cesantías
parciales, en favor de la señora García Varela, por valor de $18.690.0004.

6. 3) Las cesantías parciales reconocidas fueron puestas a disposición de
la accionante el 24 de junio de 2022, por consignación bancaria5.

7. 4) El 29 de marzo de 2023, la parte actora solicitó ante el FOMAG y el
departamento de Antioquia el reconocimiento y pago de la sanción
moratoria, prevista en las Leyes 1071 de 2006 y 1955 de 2019, por la no
consignación oportuna de las cesantías. Petición que no fue resuelta por
ninguna de las entidades ante las que se presentó.

8. 5) El 14 de diciembre de 2023, la señora García Varela presentó
demanda contra la Nación – Ministerio de Educación Nacional – FOMAG y
el departamento de Antioquia, en ejercicio del medio de control de nulidad

3 Bajo No. ANTIO20220425RN5038372.
4 “ARTÍCULO PRIMERO: Reconocer al (a la) docente GARCIA VARELA RUBY ELIMER, identificado (a) con la C.C. No.

21.881.046, la suma de TREINTA MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS CUARENTA Y CUATRO
($30.699.744) PESOS (…)
ARTICULO SEGUNDO: De la suma reconocida, (…) páguese el valor de DIECIOCHO MILLONES SEISCIENTOS
NOVENTA MIL ($18.690.000) PESOS M/Cte. al (a la) docente GARCIA VARELA RUBY ELIMER identificado (a) con C.C.
No. 21.881.046.)”.
5 Mediante Oficio No. EIC20230323112251935559 de 23 de marzo de 2023, el FOMAG emitió certificado de pago

de cesantías.

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Radicación: 11001-03-15-000-2025-05594-01
Demandante: Ruby Elimer García Valera
Demandados: Tribunal Administrativo de Antioquia
Referencia: Acción de tutela. Sentencia de segunda instancia
Decisión: Revoca
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y restablecimiento del derecho, orientada a obtener la nulidad del acto
administrativo presunto, derivado del silencio administrativo frente a la
solicitud que presentó el 29 de marzo de 2023.

9. 6) Mediante Sentencia de 20 de septiembre de 2024, el Juzgado 19
Administrativo de Medellín reconoció la existencia del acto presunto,
declaró su nulidad y, en consecuencia, ordenó el pago de la sanción
moratoria a favor de la señora García Varela y a cargo del departamento
de Antioquia, por la consignación tardía de las cesantías parciales
reconocidas, equivalente a un día de salario por cada día de retraso, entre
el 11 de junio de 2022, día siguiente al que vencía el término de 70 días, que
tenía la entidad para poner a disposición el dinero a favor del demandante,
y el 23 de junio de 2022, día anterior a aquel en que se verificó el pago, es
decir 12 días de sanción6.

10. 7) La anterior decisión fue apelada por el departamento de Antioquia.
Argumentó que debía tomarse como fecha de presentación de la solicitud
el 25 de abril de 2022, con radicado ANTIO20220425RN5038372, de acuerdo
con lo previsto en la Resolución No. ANTIOR2022000184 de 29 de abril de
2022, pues, si bien se radicó la solicitud el 28 de febrero de 2022, esta se debió
entender formalmente radicada solo hasta que se completaron los requisitos
necesarios para iniciar con el estudio de reconocimiento de sus cesantías
parciales.

11. En esa medida, expuso que el pago de las cesantías se efectuó dentro
del término de 70 días hábiles, habida cuenta de que, al tomar como fecha
de la solicitud el 25 de abril de 2022, el plazo para efectuar el pago fenecía
el 22 de julio de 2022 y las cesantías fueron puestas a disposición de la
docente el 24 de junio de 2022, es decir que no se incurrió en mora.

12. Aunado a lo anterior, aclaró que, en todo caso, no era el responsable
de pagar dicha sanción moratoria, debido a que, el reconocimiento y pago
de cesantías eran competencia del FOMAG, administrado por la
Fiduprevisora.

6 “TERCERO: DECLARAR LA NULIDAD del acto ficto negativo configurado el 29 de junio de 2023 con el que se negó

la solicitud de reconocimiento y pago de la sanción por mora en el pago de las cesantías reconocidas con la
Resolución No. ANTIOR2022000184 – notificada el 9 de mayo de 2022-, en relación con la petición No.
ANT2023ER013817 presentada el 29 de marzo de 2023 ante las entidades demandadas.
CUARTO: En consecuencia, y a título de restablecimiento del derecho, CONDENAR al DEPARTAMENTO DE
ANTIOQUIA, a pagar a favor del señor RUBY ELÍMER GARCÍA VARELA, identificado con cedula de ciudadanía No.
21.881.046, la sanción moratoria prevista en la Ley 1071 de 2006, a causa del incumplimiento en el que incurrió el
ente territorial en el pago de las cesantías parciales, suma que será liquidada desde el 11 de junio de 2022 hasta
el 23. de junio de 2022, con base en la asignación básica devengada por la parte demandante para el año 2022
• año de causación de la mora-, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia”

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Radicación: 11001-03-15-000-2025-05594-01
Demandante: Ruby Elimer García Valera
Demandados: Tribunal Administrativo de Antioquia
Referencia: Acción de tutela. Sentencia de segunda instancia
Decisión: Revoca
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13. 8) El Tribunal Administrativo de Antioquia, a través de la Sentencia 12
de marzo de 2025, revocó la decisión de primera instancia y, en su lugar,
negó las pretensiones de la demanda7.

14. El Tribunal accionado no encontró acreditada la presunta mora en el
trámite de consignación de cesantías, pues, tal y como se desprendió de la
Resolución No. ANTIOR2022000184 de 29 de abril de 2022, la cual gozaba de
presunción legal por no haber sido objetada ni demandada por la señora
García Varela, se tenía como fecha de presentación de la solicitud el 25 de
abril de 2022 y, en esa medida, debía tomarse la misma para efectos del
conteo de términos para la sanción moratoria alegada. Aunado a lo
anterior, expuso que, en los casos en que las peticiones se encontraban
incompletas, debía requerirse al peticionario para que suministrara la
documentación faltante, luego entonces, sólo podía tomarse como fecha
efectiva de radicación aquella en que la petición hubiera sido completada.

15. Así las cosas, advirtió que, de acuerdo con los criterios previstos por el
Consejo de Estado en la Sentencia CE-SUJ-SII-012-2018 de 2018, los 45 días
hábiles con que contaba el FOMAG para el pago de las cesantías se debían
empezar a contar desde el 25 de abril de 2022 y, dicho término, fenecía el
15 de julio de 2022, toda vez que, se logró demostrar que la accionante
renunció al término de 10 días de ejecutoria del acto de reconocimiento.

16. En esa medida y, de acuerdo con los certificados expedidos por la
Fiduprevisora, las cesantías fueron puestos a disposición de la parte actora
el 24 de junio de 2022, es decir, en término.

17. Como fundamento de la vulneración, la accionante indicó que la
entidad judicial accionada incurrió en un defecto fáctico por indebida
valoración del material probatorio.

18. Adujo que el tribunal no realizó un estudio minucioso respecto de los
comprobantes que se adjuntaron de sistema “Humano en Línea” toda vez
que, a juicio del accionante, (se trascribe) “lo que permite entrever la
constancia de radicación generada por el Sistema Humano en Línea es que
la actuación administrativa siguió su curso normal después del cargue de la
solicitud de las cesantías con la realización de las etapas de responsabilidad
de la autoridad territorial como la validación de los documentos y el estudio
de la prestación económica, siendo de pleno conocimiento por el tribunal
accionado –en virtud de las reglas de la experiencia-, que dicha
herramienta suspende el inicio del trámite prestacional cuando no se
cumple con los respectivos requisitos.”

7 “PRIMERO: REVOCAR la sentencia de primera instancia proferida el 20 de septiembre de 2024 por el Juzgado

Diecinueve (19) Administrativo Oral del Circuito de Medellín y, en su lugar, SE NIEGAN las pretensiones de la
demanda.”

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Demandante: Ruby Elimer García Valera
Demandados: Tribunal Administrativo de Antioquia
Referencia: Acción de tutela. Sentencia de segunda instancia
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1.2. Sentencia de primera instancia e impugnación8

19. Mediante Sentencia de 2 de octubre de 2025, la Subsección A de la
Sección Segunda del Consejo de Estado accedió al amparo solicitado. Para
ello, sostuvo que, contrario a lo indicado en la sentencia enjuiciada, la fecha
que figuraba en la plataforma “Humano en Línea” resultaba ser idónea para
demostrar en qué fecha, en realidad, se había presentado la solicitud, sin
que ello significara un desconocimiento de la firmeza o legalidad del acto
administrativo de reconocimiento de cesantías.

20. En esa medida, aclaró que la firmeza de los actos administrativos solo
convertía en irrefutable la decisión de fondo que en ellos se había tomado
y su motivación, que para el caso concreto fue el reconocimiento y orden
de pago de las cesantías de la docente y, por tanto, su fuerza de ejecución
se limitaba a dicho aspecto, por lo tanto, consideró que los datos
enunciativos contenidos en este, como los antecedentes, tenían “igual
virtualidad”.

21. Aunado a lo anterior, ratificó que el medio de prueba idóneo para
estos casos era la fecha consignada en el sistema “Humano en Línea” (se
trascribe) “ello, sin perjuicio de que cuando no se cuente con este medio de
prueba o se evidencien situaciones particulares como documentación
incompleta, sea posible tomar los datos contenidos en el acto administrativo
ante ausencia de prueba que refute la fecha allí consignada.”

22. Inconforme con la decisión de primera instancia, el Tribunal
Administrativo de Antioquia presentó escrito de impugnación en el que
indicó que, de acuerdo con el Decreto 942 del 2022, en los apartes que no
fueron objeto de suspensión por parte del Consejo de Estado9, el conteo de
términos no se inicia con la simple presentación de cualquier tipo de
solicitud, sino cuando ella contenga todos los documentos requeridos por el
FOMAG, situación que debía estar certificada, no por la persona que
presentó la solicitud, sino por la autoridad administrativa.

23. A su vez, se pronunció sobre las actuaciones registradas en el sistema
“Humano en Línea” de la siguiente manera, (se trascribe) “si se detalla la

8 Mediante Auto de 10 de septiembre de 2025, el despacho ponente resolvió (1) admitir la solicitud de amparo, (2)

tener como accionado al Tribunal Administrativo de Antioquia y, (3) vincular Juzgado 35 Administrativo de
Medellín, a la Nación – Ministerio Nacional de Educación – Fondo de Prestaciones Sociales del Magisterio y al
Departamento de Antioquia, como terceros con interés en el asunto.
9 Se trascribe: “ARTÍCULO 2.4.4.2.3.2.22. TÉRMINO DE LA ENTIDAD TERRITORIAL CERTIFICADA EN EDUCACIÓN PARA

RESOLVER LAS SOLICITUDES DE RECONOCIMIENTO Y PAGO DE CESANTÍAS Y SU GESTIÓN. La solicitud del
reconocimiento y pago de las cesantías parciales o definitivas deberá contener los documentos requeridos por el
Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio a través de la sociedad fiduciaria que lo administra, (de
acuerdo con el formulario que adopte para el efecto a través de la herramienta tecnológica) *.
(Expresión entre paréntesis suspendida)
La Entidad Territorial Certificada en Educación deberá resolver la solicitud de reconocimiento mediante acto
administrativo, dentro de los quince (15) días hábiles siguientes a (la radicación completa de la solicitud de
reconocimiento por parte del peticionario, a través de la herramienta tecnológica) *.”
(Expresión entre paréntesis suspendida por el tema de la utilización de herramienta tecnológica)

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Radicación: 11001-03-15-000-2025-05594-01
Demandante: Ruby Elimer García Valera
Demandados: Tribunal Administrativo de Antioquia
Referencia: Acción de tutela. Sentencia de segunda instancia
Decisión: Revoca
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información allí contenida, se puede verificar que i) el 25 de febrero de 2022
se hicieron las siguientes anotaciones: “por favor valide su información
laboral y salarial que se requiere para el trámite de la prestación” y “ La
Secretaria de Educación está validando la historia laboral y salarial para su
certificación”; ii) el 28 de febrero de 2022 se señala a la demandante “que
por favor ingrese los datos de la solicitud de prestación que requiere”; iii) el
16 de abril de 2022 se indica que: “se están validando sus documentos, una
vez aprobados será radicada su solicitud” y, iv) el 25 de abril de 2022 se
indica que “La Secretaria de Educación se encuentra realizando el estudio
de su prestación ”

24. Una vez aclarado lo anterior, explicó que no era dable tomarse como
fecha de presentación de la solicitud de reconocimiento y pago de las
cesantías una fecha anterior a aquella en que la accionante proporcionó
la información requerida para su trámite y quedó de manera completa y
formalmente radicada su solicitud.

25. Frente al valor probatorio del acto administrativo, citó la Sentencia T –
481 de 2018 de la Corte Constitucional y, concluyó que,(se trascribe) “la
presunción de legalidad del acto administrativo no se circunscribe
exclusivamente a lo determinado en su parte resolutiva, sino que esta cobija
la totalidad de su contenido, es decir, la parte considerativa y aquellas
declaraciones que el funcionario investido de competencia hace acerca
de lo acontecido dentro del procedimiento administrativo objeto de su
conocimiento”.

2. CONSIDERACIONES DE LA SALA

Contenido: 2.1. Procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial. 2.2. Fijación
de la controversia. 2.3. Verificación de defectos alegados y/o afectación a derechos
fundamentales. 2.4. Conclusión.

2.1 Procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial

26. Esta acción de tutela es procedente porque no existe recurso judicial
idóneo y eficaz que permitiera a la parte actora alegar los reparos
planteados vía tutela y procurar la defensa de los derechos presuntamente
vulnerados. Hubo un plazo razonable entre la fecha de notificación de la
providencia cuestionada (18/3/202510) y la de interposición de la presente
acción de tutela (8/9/2025). No se enjuició un fallo de tutela, pues la
controversia se relacionó con la sentencia de segunda instancia proferida
en el marco de un medio de control de nulidad y restablecimiento del
derecho. Se identificaron de manera clara, detallada y comprensible los
hechos y la presunta vulneración derivada de ellos. La controversia tiene

10 Índice 12 dentro del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho No. 05001-33-33-019-2023-

00524-01, a través de mensaje de datos enviado el 13 de marzo de 2025

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Demandante: Ruby Elimer García Valera
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Referencia: Acción de tutela. Sentencia de segunda instancia
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relevancia constitucional por tratarse de la aparente afectación de
garantías fundamentales, con ocasión de la Sentencia de 12 de marzo de
2025 que revocó la sentencia de primera instancia que había accedido a
las pretensiones de la demanda, por haberse configurado una mora en la
consignación de las cesantías reconocidas en favor del accionante. De
manera que los argumentos aquí expuestos no pudieron ser planteados en
el curso del proceso ordinario.

2.2 Fijación de la controversia

27. Determinar, una vez verificados los requisitos de la acción de tutela
contra providencia judicial, si el Tribunal Administrativo de Antioquia, como
juez de segunda instancia, al proferir la Sentencia de 12 de marzo de 2025,
incurrió en un defecto fáctico, al revocar la sentencia que decidió acceder
a las pretensiones de ordenar el pago de la sanción moratoria por
consignación tardía de sus cesantías parciales. En consecuencia, se
procederá a confirmar, modificar o revocar la decisión de primer grado.

2.3 Verificación de defectos alegados y/o afectación a derechos
fundamentales

28. La Sala revocará le decisión de primera instancia que decidió
amparar los derechos fundamentales de la parte actora para, en su lugar,
negar el amparo solicitado en el escrito de tutela, por las razones que pasan
a explicarse:

29. La parte actora alegó la aparente configuración de un defecto
fáctico, toda vez que en la sentencia enjuiciada no se realizó una
adecuada valoración del material probatorio, porque no se tuvo en cuenta
que Ruby Elimer García Valera presentó la solicitud de reconocimiento y
pago de sus cesantías el 28 de febrero de 2022.

30. El Tribunal Administrativo de Antioquia sustentó la decisión de negar
las pretensiones de nulidad y restablecimiento del derecho con base en que
el departamento de Antioquia no excedió el plazo para expedir el acto
administrativo de reconocimiento de las cesantías del demandante, pues,
de acuerdo con la Resolución No. ANTIOR2022000184 de 29 de abril de 2022,
la solicitud se presentó el 25 de abril de 202211 (se trascribe):

“Si bien el juez de primera instancia consideró que la petición de
reconocimiento y pago de las cesantías se hizo el día 28 de febrero de 2022,
según sello o sticker de radicación impuesto por la entidad territorial9, debe
advertirse que esta Sala de Decisión tendrá por presentada la petición en la
fecha consignada en la Resolución N° 202200084 del 29 de abril de 2022, puesto
que dicho acto administrativo goza de la presunción de legalidad en todo su

11 Bajo No. ANTIO20220425RN5038372.

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contenido y, además, al no haber sido recurrido en vía administrativa por la
parte actora, ni demandada su nulidad, conlleva a determinar que aquélla
consintió totalmente en su contenido y, por lo tanto, surte plenos efectos
jurídicos.
(…)
Adicionalmente, no puede perderse de vista que cuando las peticiones se
encuentran incompletas, se debe requerir al peticionario para que suministre la
documentación faltante y, sólo podrá tomarse como fecha efectiva de
radicación aquella en que la petición haya sido completada; de ahí que, no
pueda en el presente asunto tomarse como fecha de presentación de la
solicitud de reconocimiento y pago de las cesantías un momento anterior a
aquél en que la peticionaria proporcionó de manera íntegra la información
requerida para su trámite, según lo dejó consignado la entidad territorial en el
acto de reconocimiento.
(…)
Precisado lo anterior, la Sala procederá a resolver el recurso de apelación,
determinando si en el caso concreto se configuró o no la mora establecida en
primera instancia.

Se encuentra entonces acreditado que, el 25 de abril de 2022, la demandante
solicitó el reconocimiento y pago de cesantías parciales y, que estas fueron
reconocidas oportunamente mediante Resolución N° 202200084 del 29 de abril
de 2022, dentro del término de 15 días establecido en la ley, el cual se extendía
hasta el 16 de mayo de 2022.

Además, se encuentra acreditado que el acto se notificó mediante medios
electrónicos a la demandante el 09 de mayo de 2022 y que en el mismo acto
aquélla renunció expresamente a términos.

(…)

Por tanto, como el acto de reconocimiento se expidió oportunamente el 29 de
abril de 2022 y en el acto de notificación (09 de mayo de 2022), la solicitante
renunció a términos, según las reglas de unificación descritas, el pago debió
realizarse dentro de los 45 días hábiles siguientes a la renuncia, esto es, hasta el
15 de julio de 2022.

(…) los dineros por concepto de cesantías fueron consignados y puestos a
disposición de la docente el 24 de junio de 2022.

Así las cosas, le asiste razón al Departamento de Antioquia, cuando afirma que
en el caso concreto no se configuró mora alguna, por cuanto las entidades
demandadas, dieron cabal cumplimiento a los términos legales para el
reconocimiento y pago de las cesantías reclamadas por el demandante, pues
como se observa, i) debiéndose proferir por la entidad territorial el acto
administrativo de reconocimiento a más tardar el día 16 de mayo de 2022, la
Resolución N° 202200084 data del 29 de abril de 2021 y; ii) mientras el plazo para
el pago por parte del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales vencía el día 15
de julio de 2022, el pago de la prestación se realizó el día 24 de junio de 2022.

En estos términos, contrario a lo determinado por el A quo, la Sala llega a la
conclusión de que las entidades demandadas no incurrieron en mora dentro
del procedimiento de reconocimiento y pago de las cesantías parciales
reclamadas por la parte actora.”

31. Una vez estudiada la sentencia enjuiciada, se advierte que, contrario
a lo sostenido en la sentencia de primera instancia, la autoridad judicial
accionada sí realizó un estudio integral y sistemático de las pruebas
allegadas al proceso y, particularmente, del historial de actuaciones del
sistema “Humano en Línea”, con base en el cual determinó que, la solicitud

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Demandante: Ruby Elimer García Valera
Demandados: Tribunal Administrativo de Antioquia
Referencia: Acción de tutela. Sentencia de segunda instancia
Decisión: Revoca
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quedó debidamente radicada el 25 de abril de 2022, tal y como se advirtió
en la Resolución No. Resolución No. ANTIOR2022000184 de 29 de abril de
2022, la cual gozaba de plena presunción de legalidad y contra la que no
se presentó recurso alguno.

32. Con base en lo anterior, se colige que el análisis probatorio realizado
por el Tribunal Administrativo de Antioquia fue razonable y, en
consecuencia, no se estima que haya incurrido en un error manifiesto o que
en él se hayan omitido pruebas que, de haber sido valoradas, habrían
incidido en la decisión. Esto, en vista de que con los elementos de prueba
aportados al proceso se corroboró que, si bien obraba constancia de que
se radicó la solicitud el 28 de febrero de 2022, lo cierto era que, la fecha que
constaba en la Resolución de reconocimiento y pago de cesantías era la
que debía tenerse en cuenta para el conteo de términos de la sanción
moratoria; interpretación que se inscribe dentro del margen de
independencia del juez natural, sin que pueda tildarse de arbitraria o
irrazonable, pues, hasta ese día se pudo tramitar con la documentación
completa requerida.

33. Lo que observa la Sala es que la parte actora no está conforme con
la valoración de las pruebas que hizo la autoridad judicial accionada, por
lo que es preciso recordar que el juez, en ejercicio de la autonomía que le
reconoce el ordenamiento jurídico, está facultado para estudiar los medios
de prueba en la medida que le resulten pertinentes, útiles y conducentes
para la formación de su convencimiento sobre la forma en que debe fallar.
Esto, en todo caso, no significa que la apreciación de las pruebas obrantes
en un expediente y las decisiones que adopta el juez con base en ella sean
arbitrarias o desconozcan derechos fundamentales.

34. Así las cosas, para la Sala es claro que no se configuró un defecto
factico, por lo que no se vulneró el derecho fundamental al debido proceso
de la parte actora, al haberse revocado la sentencia de primera instancia
que reconoció y ordenó el pago de una sanción moratoria.

2.6. Conclusión

35. La Sala revocará la sentencia de primera instancia que concedió a
las pretensiones de la presente acción de tutela y, en su lugar, negará el
amparo solicitado, tras corroborar que no se configuró un defecto fáctico.

3. DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, la Subsección B de la Sección Tercera del Consejo
de Estado, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad
de la ley,

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Radicación: 11001-03-15-000-2025-05594-01
Demandante: Ruby Elimer García Valera
Demandados: Tribunal Administrativo de Antioquia
Referencia: Acción de tutela. Sentencia de segunda instancia
Decisión: Revoca
_____________________________________________________________________________________________________________

RESUELVE

PRIMERO: REVOCAR la Sentencia de 2 de octubre de 2025, proferida por
la Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado, y en su lugar,
NEGAR el amparo solicitado por la parte actora, por las razones aquí
expuestas.

SEGUNDO: NOTIFICAR la presente decisión a las partes por el medio más
expedito (artículo 30 del Decreto 2591 de 1991), enviándoles copia de la
decisión que se adopta y advirtiéndoles que para interponer cualquier
solicitud contra la misma deberán dirigirla, dentro del término legal, al correo
electrónico dispuesto por la Secretaría General para tal fin12.

TERCERO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual
revisión.

NOTIFÍQUESE, CÓPIESE Y CÚMPLASE
Fallo discutido y aprobado en sesión de Sala de la misma fecha.

Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
DIEGO ENRIQUE FRANCO VICTORIA FREDY IBARRA MARTÍNEZ

Firmado electrónicamente
ALBERTO MONTAÑA PLATA

12
secgeneral@consejodeestado.gov.co.

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