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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-05595-00

Fecha
26 de septiembre de 2025
Consejero ponente
Fernando Alexei Pardo Florez
Citada por
1 providencia

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-05595-00

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

RESUELVE PRIMERO: DECLARAR IMPROCEDENTE la demanda de tutela en relación con los derechos fundamentales al debido proceso, a la seguridad social, al acceso a la administración de justicia, a la igualdad, al trabajo, al mínimo vital y a la dignidad humana por incumplir los requisitos de relevancia constitucional, inmediatez y subsidiariedad, de acuerdo con la parte motiva de esta providencia. SEGUNDO: AMPARAR el derecho de petición del señor Luis Fernando Manjarres de la Ossa. En consecuencia ORDENAR a la E.S.E. Hospital de Luruaco para que, dentro del plazo de cuarenta y ocho (48) horas contados a partir de la notificación de la presente decisión, responda la petición presentada por el actor el 9 de julio de 2025, en los términos expuestos en esta providencia TERCERO: NOTIFICAR la presente decisión a los interesados por el medio más expedito. TERCERO: De no ser impugnada la presente providencia, ENVIAR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2025-05595-00

Consejero ponente: Fernando Alexei Pardo Florez

26 de septiembre de 2025

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA - SUBSECCIÓN A

Consejero Ponente: FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ

Bogotá D. C., veintiséis (26) de septiembre de dos mil veinticinco (2025).

Radicado: 11001-03-15-000-2025-05595-00
Accionante: LUIS FERNANDO MANJARRES DE LA OSSA
Accionado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL ATLÁNTICO Y OTRO
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA

Temas: ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL – Procedencia
excepcional/ REQUISITOS DE PROCEDENCIA DE LA ACCIÓN CONSTITUCIONAL-
INMEDIATEZ –No se cumple porque la demanda de tutela se presentó después de
cumplido el término considerado como razonable para cuestionar una providencia judicial.
SUBSIDIARIEDAD – No se agotaron todos los medios de defensa / ACCIÓN DE TUTELA
POR FALTA DE RESPUESTA A UNA PETICIÓN – No fue respondida la petición realizada
el 9 de julio de 2025 por parte de la E.S.E. Hospital de Luruaco.

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

Corresponde a la Sala pronunciarse sobre la acción de tutela instaurada por el señor
Luis Fernando Manjarres de la Ossa, de conformidad con lo consagrado en el
artículo 86 de la Constitución Política, en los artículos 29 y 37 del Decreto 2591 de
19911.

I. A N T E C E D E N T E S

La demanda

1. El 5 de septiembre de 20252, el señor Luis Fernando Manjarres de la Ossa
presentó acción de tutela en contra el Tribunal Administrativo del Atlántico y el
Juzgado Catorce Administrativo del Circuito de Barranquilla, con el fin de obtener la
protección de sus derechos fundamentales al debido proceso, al mínimo vital, a la
seguridad social, a la petición, a la dignidad humana, al acceso a la administración
de justicia, a la igualdad y al trabajo.

1
Que ingresó para fallo el 22 de septiembre de 2025.
2
Se advierte que la demanda de tutela fue repartida al Tribunal Administrativo del Atlántico, sin
embargo, a través de auto del 5 de septiembre de 2025 resolvió (i) declarar que carecía de
competencia; (ii) ordenó que se remitiera al Consejo de Estado y (iii) ordenó que se comunicara la
decisión a la parte accionante. Por tanto, hasta el 9 de septiembre de 2025, la Secretaría General
de esta corporación realizó el paso al despacho sustanciador para conocer sobre la misma.

1

Radicación número: 11001-03-15-000-2025-05595-00
Accionante: Luis Fernando Manjarres de la Ossa
Accionado: Tribunal Administrativo del Atlántico y otro
Referencia: Acción de tutela (Primera instancia)

Hechos relevantes

2. A través de un contrato de prestación de servicio celebrado entre el 1 de febrero
de 2013 hasta el 3 de agosto de 2015, el señor Luis Manjarres de la Ossa fue
vinculado como médico general en el Hospital Local de Luruaco.

3. A pesar de que su relación se materializó por medio de órdenes de prestación de
servicios, el actor indicó que estuvo sometido a subordinación ante la entidad
territorial. Lo anterior, debido a que debía cumplir con un horario de 8 horas
continuas de las instrucciones y normas disciplinarias impuestas como si fuese un
trabajador “ordinario”. Las labores que desempeñaba eran rutinarias e inherentes a
su cargo como médico general, sumado a la atención de consultas externas en
dicho centro y en algún corregimiento del Municipio como Santa Cruz, Palmar de la
Candelaria, San Juan de Tocagua y Arroyo de Piedra. Además de la atención de
turnos de urgencia cuando el servicio lo ameritaba.

4. A juicio de la parte demandante, los contratos se mantuvieron por un término de
32 meses continuos. Estos fueron contados a partir del 1° de 2013 hasta el 3 de
agosto de 2015, fecha en la cual el Hospital decidió dar por terminado
unilateralmente el contrato y sin justa causa. Sin contar con que no se dio el
cumplimiento del término del contrato.

5. Motivo de lo anterior, se citó a la señora Mayra Hernández3 a la Inspección de
Trabajo y Seguridad Social de Baranoa. Sin embargo, no compareció a las tres
citaciones y mucho menos presentó alguna excusa.

6. El día 25 de septiembre de 2015, el demandante agotó los recursos del
procedimiento administrativo.

7. Ante la negativa de la E.S.E. Hospital Local de Luruaco (Atlántico), el señor Luis
Manjarres de la Ossa presentó demanda de nulidad y restablecimiento del derecho,
en la que solicitó: (i) la nulidad del acto ficto mediante el cual se negó el
reconocimiento de prestaciones sociales y emolumentos adeudados como
indemnización; (ii) la declaración de existencia de un contrato de trabajo entre las
partes, en virtud del cual prestó servicios como médico general en consulta externa
y urgencias; (iii) el reconocimiento, liquidación y pago de todas las prestaciones
sociales no canceladas durante la relación laboral; (iv) la continuidad en la
prestación de servicios desde el 1 de febrero de 2013 hasta el 3 de agosto de 2015,
fecha en la que se dio por terminado el contrato; (v) la aplicación de los ajustes de
indexación conforme a los parámetros del DANE; y (vi) otras pretensiones
adicionales.

8. Mediante sentencia del 8 de noviembre de 2022, el Juzgado Catorce
Administrativo del Circuito Judicial de Barranquilla declaró no probadas las
excepciones propuestas por la entidad demandada, anuló el acto ficto derivado de

3
Era la gerente de la E.S.E. Hospital de Luruaco.

2

Radicación número: 11001-03-15-000-2025-05595-00
Accionante: Luis Fernando Manjarres de la Ossa
Accionado: Tribunal Administrativo del Atlántico y otro
Referencia: Acción de tutela (Primera instancia)

la petición presentada el 25 de septiembre de 2015, reconoció la existencia de una
relación laboral en los periodos comprendidos entre el 21 de enero y el 31 de julio
de 2013, así como entre el 2 de enero y el 30 de marzo de 2015, y condenó al
hospital al pago de las prestaciones sociales correspondientes, condicionadas a la
acreditación de las cotizaciones al Sistema General de Seguridad Social en
pensiones. También ordenó el reajuste de las sumas conforme a fórmula específica
y negó las demás pretensiones.

9. Ambas partes interpusieron recurso de apelación, resuelto por el Tribunal
Administrativo del Atlántico – Sala de Decisión Oral – Sección B, que mediante
providencia del 16 de diciembre de 2022 modificó los ordinales tercero y cuarto de
la sentencia de primera instancia. En particular, la autoridad judicial de alzada
estableció que la relación laboral y el reconocimiento de prestaciones sociales debía
comprender el periodo del 1° de febrero de 2013 al 30 de marzo de 2015, y confirmó
lo demás de la decisión apelada.

10. En síntesis, el Tribunal concluyó que, aunque el demandante estuvo vinculado
mediante contratos de prestación de servicios, cumplía horario y acataba
instrucciones impartidas por la entidad, lo cual desvirtuaba la temporalidad y
autonomía propias de dicha modalidad contractual. Por tanto, se acreditó la
existencia de una relación laboral. No obstante, el periodo comprendido entre el 21
y el 31 de enero de 2013 no fue objeto de reconocimiento, dado que el actor solicitó
el pago de sus prestaciones sociales a partir del 1° de febrero de 2013. Por tal
motivo se tuvo en cuenta el periodo desde el 1° de febrero de 2013 y hasta el 30 de
marzo de 2015.

Pretensiones

11. Solicitó la parte accionante lo siguiente:

“1. Que se amparen mis derechos fundamentales al debido proceso, dignidad
humana, seguridad social, derecho a la igualdad, mínimo vital y violación al
derecho de petición.

2. Que se modifique la sentencia del Juzgado 14 Administrativo de
Barranquilla avalada por el Tribunal Administrativo del Atlántico y acatar las
recomendaciones de dicho Tribunal.

3. Que se ordene a la autoridad judicial competente emitir una nueva sentencia
con valoración completa, imparcial y constitucional de las pruebas.4. Que
se tomen medidas provisionales para el pago inmediato de mis acreencias
laborales.

5. Que se modifique el periodo del 1 de febrero de 2013 al 30 de marzo de 2015,
debido que no se ajusta a las pruebas, siendo el periodo correcto del 1 de
febrero del 2013 al 30 de septiembre de 2015.

6. Que se tomen en cuenta los volantes de pago realizados después de
fecha del 31 de julio del 2015.

3

Radicación número: 11001-03-15-000-2025-05595-00
Accionante: Luis Fernando Manjarres de la Ossa
Accionado: Tribunal Administrativo del Atlántico y otro
Referencia: Acción de tutela (Primera instancia)

7. Que se tome en cuenta la tabla de sueldos de varios trabajadores
administrativos y operativos en el cual se prueba fácilmente el incremento de
sueldo de los años 2013, 2014 y 2015, mientras que mi sueldo se mantuvo
congelado durante los años de servicio.

8. Que se tome en cuenta la sentencia proferida por el juzgado 14 que entre el
suscrito y la entidad ESE Hospital local de Luruaco existió una relación laboral
disfrazada de manera tramposa para evadir el pago de mis prestaciones
sociales en cuya sentencia se ve claramente en determinar que lo que existió
fue un contrato realidad. Hecho suficiente que me dio derecho a que se me
liquidara con los respectivos incrementos salariales y demás emolumentos que
por Ley me corresponden.

9. Reevaluar los contratos debido a que no se tuvo en cuenta la cláusula 3 de
dichos contratos que habla de prorrogar a voluntad de las partes.

10. Tener en cuenta los diferentes fallos de tutela del Juzgado promiscuo de
Luruaco donde se ordenaba a la entidad la entrega de documentos que permitía
demostrar la continuidad y permanente labor durante los años 2013, 2014 y
2015. De no cumplir con esto en la entrega se daba por hecho lo solicitado por
el peticionario.

11. Tener en cuenta el incremento salarial que no se tuvo en cuenta al momento
de valorar pruebas de parte del juzgado como consecuencia mi liquidación se
hizo desconociendo dichos incrementos en los años laborados.

11. Tener en cuenta la certificación expedida por el Gerente (e) Dr. Rafael Silva,
firmada el 24 de septiembre de 2013. (sic).

12. Que se reconozca la vulneración de mis derechos fundamentales al trabajo
digno, al mínimo vital, a la seguridad social y a la dignidad humana, como
consecuencia del incumplimiento prolongado e injustificado en el pago de mis
acreencias laborales reconocidas judicialmente, dentro de las cuales se
incluyen:
Prestaciones sociales no pagadas,
Salarios caídos,
Y la indemnización correspondiente a la mora generada por el no pago oportuno
de dichas obligaciones.

13. Ordenar al Juez de instancia, como prueba vinculante, tener en cuenta la
sentencia proferida por el Juzgado tercero Promiscuo del circuito de
Sabanalarga Radicado 2016-0033 donde se reconoce que la vinculación
contractual no es otra cosa que un contrato realidad y como tal se reconozcan
todas las consecuencias legales y convencionales de dicha relación incluida la
nivelación salarial. Es necesario anotar que dicha sentencia fue anulada el día
14 de junio de 2017 por razones de competencia funcional, lo fundamentos
fácticos y probatorios allí establecidos no fueron controvertidos ni desvirtuados.
Por tanto, desconocer estos elementos por parte del juez de instancia podría
constituirse una vulneración al principio de seguridad jurídica, del debido
proceso y de los derechos adquiridos, conforme a lo dispuesto por la
jurisprudencia constitucional SU 917 2010 y T-410 DEL 2013.

14. Que se declare impedido al Magistrado Luis Eduardo Cerra Jiménez, por
haber sido ponente de la sentencia objeto de esta tutela en grado de consulta”4.

4
Ver pág. 5 de la solicitud de amparo.

4

Radicación número: 11001-03-15-000-2025-05595-00
Accionante: Luis Fernando Manjarres de la Ossa
Accionado: Tribunal Administrativo del Atlántico y otro
Referencia: Acción de tutela (Primera instancia)

Fundamentos de la demanda de tutela

12. El accionante sostuvo que el Tribunal Administrativo del Atlántico incurrió en
contradicción al reconocer, en la parte motiva, la existencia de una relación laboral,
pero omitir en la parte resolutiva los efectos jurídicos derivados de dicho vínculo. A
su juicio, esta inconsistencia vulneró los derechos fundamentales al debido proceso,
seguridad jurídica, igualdad y acceso a la administración de justicia. Además, alegó
la configuración de defectos fáctico y sustantivo, conforme a la jurisprudencia
constitucional5, al desconocer normas imperativas como los artículos 23, 53 y 55 de
la Constitución Política, el artículo 24 del Código Sustantivo del Trabajo y el principio
de primacía de la realidad. Señaló que, al declarar la existencia de un contrato
realidad, debía reconocerse la totalidad de las prestaciones laborales, y que se
omitió valorar documentos expedidos por funcionarios del hospital, pagos
posteriores a la terminación de contratos y el incremento salarial, lo cual configuró
una discriminación laboral6.

13. Asimismo, indicó que existían elementos probatorios que demostraban su
vinculación con la entidad empleadora, tales como certificados laborales, fallos de
tutela, tablas salariales y omisiones en las certificaciones oficiales. Invocó el
principio in dubio pro operario7 y denunció el desconocimiento de cláusulas
contractuales que permitían la prórroga del vínculo, así como la vulneración del
principio de buena fe por ocultamiento de pruebas. Expresó que acudió a la
Personería de Luruaco, a la Procuraduría Provincial de Barranquilla y a la
Inspección de Trabajo de Baranoa sin obtener el restablecimiento de sus derechos.
También agregó que han transcurrido más de dos años desde la ejecutoria de la
sentencia sin que se haya cumplido lo ordenado en relación con el reconocimiento
y pago de sus derechos laborales. Finalmente, manifestó que presentó un derecho
de petición el 9 de julio de 2025, el cual no respondió la autoridad judicial demanda,
pese a que el hospital solicitó una prórroga para ello.

Trámite en primera instancia

14. Mediante auto del 10 de septiembre de 2025, el despacho sustanciador admitió
la acción de tutela de la referencia y ordenó notificar al Tribunal Administrativo del
Atlántico y al Juzgado Catorce Administrativo del Circuito de Barranquilla como
accionados, y a la E.S.E. Hospital Local de Luruaco (Atlántico), como tercero con
interés en las resultas del proceso. También se vinculó a la Agencia Nacional de
Defensa Jurídica del Estado para que interviniera si lo consideraba necesario.
Ordenó al Juzgado Catorce Administrativo del Circuito de Barranquilla para que
remitiera copia del expediente de nulidad y restablecimiento del derecho identificado
con radicado 08001-33-33-014-2018-00337-00/01.

5
Corte Constitucional, Sentencias T-231 de 1994, SU-1184 de 2001 y SU-446 de 2011.
6
Estableció que era relevante la sentencia T-294 de 2005 de la Corte Constitucional, con base en el
principio de carga dinámica de la prueba.
7
Corte Constitucional, la sentencia T-231 de 2021 y SU-917 del 2010.

5

Radicación número: 11001-03-15-000-2025-05595-00
Accionante: Luis Fernando Manjarres de la Ossa
Accionado: Tribunal Administrativo del Atlántico y otro
Referencia: Acción de tutela (Primera instancia)

Intervenciones

15. El Juzgado Catorce Administrativo del Circuito de Barranquilla consideró
que valoró de manera integral el acervo probatorio, de acuerdo con los principios de
la sana crítica, la lógica, la experiencia y la legalidad. Por ello, se reconoció la
existencia de una relación laboral encubierta (contrato realidad) en los periodos en
que se acreditó la prestación laboral del servicio, la remuneración y la
subordinación. Por lo que la decisión se fundamentó en pruebas concretas y no en
presunciones. Señaló que se aplicó el principio in dubio pro operario, sin que ello
implicara suplir la ausencia de prueba directa ni justificar derechos sin respaldo
documental. Afirmó que no se vulneró el principio de igualdad, pues las prestaciones
sociales se reconocieron únicamente en los periodos probados y conforme al valor
pactado. Además, aclaró que la sentencia del Juzgado Promiscuo fue anulada por
falta de competencia funcional, por lo que no tenía efectos vinculantes ni valor
probatorio, y remitió el enlace del expediente.

16. El Tribunal Administrativo del Atlántico consideró que el Consejo de Estado
ha establecido como regla general que seis meses es el término razonable para
ejercer la acción de tutela contra providencias judiciales. No obstante, en el presente
caso la sentencia de segunda instancia fue proferida el 16 de diciembre de 2022 y
la acción de tutela fue radicada hasta el 8 de septiembre de 2025, es decir, más de
2 años después, lo cual incumple con el requisito de inmediatez.

17. De otra parte, estableció que en la acción de tutela se hizo una transcripción de
las pretensiones de la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho. En este
sentido, el tribunal señaló que en la solicitud de amparo no se plantearon
argumentos de fondo que controviertan lo expuesto en la sentencia proferida por el
Tribunal Administrativo del Atlántico. Tampoco desarrolló de manera adecuada los
defectos en los que aparentemente habrían incurrido. Por lo que se pretende es una
tercera instancia.

18. La E.S.E. Hospital de Luruaco8 no intervino pese a estar notificado.

19. De manera posterior al paso a despacho para fallo y al registro de “la sala para
sentencia”, el accionante allegó un escrito9 a través del cual solicitaba que se
tuvieran en cuenta dos pruebas anexas para el respectivo análisis, porque la fecha
final fijada por el Tribunal no correspondía a la totalidad del material probatorio.
Dichas pruebas correspondían a (i) copia del oficio del Tribunal Administrativo del
Atlántico del 27 de julio de 2023 y (ii) copia del escrito a la Procuraduría Provincial
de Barranquilla.

8
Se notificó el 12 septiembre de 2025 al correo electrónico hospital@ese-luruaco-atlantico.gov.co.
Ver índice 7 de samai.
9
Ver índice 14 de samai.

6

Radicación número: 11001-03-15-000-2025-05595-00
Accionante: Luis Fernando Manjarres de la Ossa
Accionado: Tribunal Administrativo del Atlántico y otro
Referencia: Acción de tutela (Primera instancia)

II. C O N S I D E R A C I O N E S

Competencia

20. La Sección Tercera de la Sala Contencioso Administrativa del Consejo de
Estado es competente para proferir sentencia de segunda instancia dentro del
proceso de tutela de la referencia, en virtud de lo indicado en acuerdo 080 de 201910.

Problemas jurídicos y metodología de la decisión

21. En primer lugar, la Subsección debe establecer si la acción de tutela de la
referencia satisface los requisitos de procedibilidad formal, por tratarse de una tutela
contra providencias judiciales. En tal sentido debe verificar (i) si la decisión del 16
de diciembre de 2022 proferida por el Tribunal Administrativo del Atlántico vulneró
los derechos fundamentales al debido proceso, a la seguridad social, al acceso a la
administración de justicia, a la igualdad y al trabajo del señor Luis Fernando
Manjarrés de la Ossa y si contó con un tiempo razonable para presentar la acción
de tutela; (ii) se debe determinar si se ha dado cumplimiento al fallo proferido por el
Tribunal dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho o si por el
contrario el accionante no ha acudido a los diferentes mecanismos ordinarios y
extraordinarios para su respectivo cumplimiento; y (iii) analizar si la petición
formulada el 9 de julio de 2025 por el accionante fue resuelta de manera oportuna,
clara, precisa y congruente por parte de la E.S.E. Hospital de Luruaco, sin
menoscabar su derecho fundamental de petición.

22. Con el objetivo de resolver los problemas jurídicos, la Subsección adoptará la
siguiente ruta de análisis: (i) se examinarán los requisitos generales para la
procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales; (ii) el requisito de
la inmediatez y el análisis del caso concreto, conforme a los defectos alegados por
la parte accionante con respecto a la valoración realizada por el Tribunal
Administrativo del Atlántico al declarar un contrato realidad; asimismo, estudiará (iii)
el requisito de la subsidiariedad y el caso concreto respecto del cumplimiento de la
sentencia proferida por la autoridad enjuiciada; por último, (iv) se analizará el
derecho de petición; y (v) el análisis del caso concreto conforme a los documentos
que obran en el expediente para determinar si la E.S.E. Hospital de Luruaco vulneró
el derecho fundamental de la petición del señor Manjarres de la Ossa.

Procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales

23. Conforme el precedente constitucional fijado en la Sentencia C-590 de 200511,
reiterado de manera consistente por la Corte Constitucional, la procedencia de la
acción de tutela contra decisiones judiciales es excepcional y exige que el actor
satisfaga una importante carga argumentativa dirigida a mostrar que concurren seis
causales genéricas de procedencia, y al menos una específica.

10
Artículo 13- “Distribución de los procesos entre las secciones”.
11
Corte Constitucional C-590 de 2005 (M.P. Jaime Córdoba Triviño).

7

Radicación número: 11001-03-15-000-2025-05595-00
Accionante: Luis Fernando Manjarres de la Ossa
Accionado: Tribunal Administrativo del Atlántico y otro
Referencia: Acción de tutela (Primera instancia)

24. De manera reiterada la Corte ha indicado que en el análisis de las causales
generales de procedencia en contra de providencias judiciales, el juez de tutela
debe verificar12; (i) que se acredite la legitimación en la causa (artículos 5, 10 y 13,
Decreto-Ley 2591 de 1991); (ii) que la providencia cuestionada no sea una
sentencia de tutela13, ni una decisión proferida con ocasión del control abstracto de
constitucionalidad por parte de la Corte Constitucional14 o el Consejo de Estado15,
ni una sentencia interpretativas (SENIT) proferida por la Sección de Apelación del
Tribunal para la Paz de la Jurisdicción Especial para la Paz -JEP-16; (iii) que se
cumpla con el requisito de inmediatez, es decir que la tutela se promueva en un
plazo razonable; (iv) que se identifique de forma clara, detallada y comprensible los
hechos que amenazan o afectan los derechos fundamentales en cuestión y que, si
existió la posibilidad, ellos hayan sido alegados en el trámite procesal; (v) que se
cumpla con el requisito de subsidiariedad, esto es que el interesado acredite que
agotó todos los medios de defensa judicial a su alcance, salvo que pretenda evitar
la consumación de un perjuicio irremediable17 o los medios de defensa judicial
existentes no sean idóneos o eficaces para evitarlo; (vi) que la cuestión planteada
sea de evidente relevancia constitucional, lo que exige que el caso trate sobre un
asunto de rango constitucional y no meramente legal o económico; (vii) que cuando
se trate de una irregularidad procesal, que esta tenga un efecto decisivo en la
decisión judicial cuestionada, es decir que si tal error no hubiere ocurrido el alcance
de la decisión hubiese sido sustancialmente distinto.

25. Una vez superado los requisitos anteriores, la jurisprudencia propone estudiar
los defectos específicos, los cuales cuestionan la sentencia por yerros en su
configuración. Estos son los siguientes:

(i) Defecto orgánico, que se genera cuando la sentencia acusada es
expedida por un funcionario judicial que carecía de competencia18.
(ii) Defecto procedimental absoluto, que se produce cuando la autoridad
judicial actuó por fuera del procedimiento establecido para determinado
asunto.19
(iii) Defecto fáctico, que se presenta cuando la providencia acusada tiene
problemas de índole probatorio, como la omisión del decreto o práctica de

12
Se sigue literalmente la manera en la que fueron fijadas las reglas de procedibilidad formal en la
SU-215 de 2022.
13
La única excepción a esta regla tiene que ver con la doctrina de la cosa juzgada fraudulenta y el
principio del fraude todo lo corrompe. Al respecto ver, entre otras, las Sentencias: T-218 de 2012 y
T-373 de 2014.
14
Corte Constitucional, Sentencia SU-478 de 2024.
15
Al respecto, ver, entre otras, Corte Constitucional, Sentencias SU-391 de 2023, SU-215 de 2022,
SU-573 de 2017, SU-585 de 2017.
16
Corte Constitucional, Sentencia SU-388 de 2023.
17
Ver, entre otras, la Sentencia SU-659 de 2015.
18
Ver, por ejemplo, las Sentencias SU-041 de 2018, SU-373 de 2019 y SU-388 de 2021.
19
Esto es, cuando el juez desconoce las formas propias del proceso cuyo desconocimiento implica
la amenaza o violación de los derechos fundamentales. Para que este defecto se configure se exige
que este no sea atribuible al afectado, que sea manifiesto y capaz de influir en la decisión final. Ver,
por ejemplo, Sentencias: SU-424 de 2012 y SU-454 de 2016.

8

Radicación número: 11001-03-15-000-2025-05595-00
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Accionado: Tribunal Administrativo del Atlántico y otro
Referencia: Acción de tutela (Primera instancia)

pruebas, la valoración de pruebas nulas de pleno derecho o la realización
indebida y contraevidente de pruebas existentes en el proceso20.
(iv) Defecto material o sustantivo, que ocurre cuando la decisión judicial se
toma con fundamento en normas inexistentes o inconstitucionales, o
cuando existe una clara contradicción entre los fundamentos de la
decisión21.
(v) Error inducido, que se genera cuando la autoridad judicial vulnera los
derechos fundamentales del afectado producto de un error al que ha sido
inducido por factores externos al proceso, y que tienen la capacidad de
influir en la toma de una decisión contraria a derecho o a la realidad fáctica
probada en el caso22.
(vi) Decisión sin motivación, que supone que el juez no cumplió con su deber
de expresar los fundamentos fácticos y jurídicos de su decisión23.
(vii) Desconocimiento del precedente, que se genera cuando frente a un caso
con los mismos hechos una autoridad se aparta de los procedimientos
establecidos por los tribunales de cierre (precedente vertical) o por los
dictados por ellos mismos (precedente horizontal), sin cumplir con la carga
de justificar de forma suficiente y razonada por qué se cambia de
precedente24.
(viii) Violación directa de la Constitución, que se genera cuando una
providencia judicial desconoce por completo un postulado de la
Constitución, le atribuye un alcance insuficiente o lo contradice25.

26. A esta altura se examinará si la acción de tutela de la referencia satisface el
requisito de relevancia constitucional, la inmediatez y la subsidiariedad.

Del requisito de relevancia constitucional

27. La relevancia constitucional es un requisito general de procedencia de la acción
de tutela contra providencias judiciales y tiene como finalidad asegurar su
naturaleza excepcional. Esta exigencia supone que la controversia planteada esté
directamente orientada a la protección de derechos fundamentales y no se limite a
reproches de legalidad o interpretaciones judiciales que competen exclusivamente
al juez ordinario.

28. La Corte Constitucional indicó14 que la tutela contra providencias judiciales no
puede convertirse en una instancia adicional para cuestionar sentencias, ni

20
Ver, por ejemplo, las Sentencias: SU-842 de 2013; SU-355 de 2017 y SU-129 de 2021.
21
Ver, por ejemplo, las Sentencias: SU-556 de 2016 y SU-261 de 2021.
22
Ver, por ejemplo, las Sentencias T-145 de 2014 y SU-261 de 2021.

23
Ver, entre otras, las Sentencias SU- 424 de 2012 y T-041 de 2018.

24
Ver, al respecto, las Sentencias: T-459 de 2017 y SU-918 de 2013
25
Ver, por ejemplo, las Sentencias: SU-542 de 2016 y SU-873 de 2014.

9

Radicación número: 11001-03-15-000-2025-05595-00
Accionante: Luis Fernando Manjarres de la Ossa
Accionado: Tribunal Administrativo del Atlántico y otro
Referencia: Acción de tutela (Primera instancia)

reemplazar los recursos ordinarios ni extraordinarios. Para que una acción tenga
relevancia constitucional, debe existir una afectación real y desproporcionada de los
derechos fundamentales, más allá de la simple inconformidad con la decisión
judicial.

29. En ese sentido, la Corte estableció tres criterios para identificar si una acción de
amparo constitucional satisface el requisito de relevancia constitucional en el
eventos en que se pretende reabrir el debate15: (i) el debate debe recaer sobre un
asunto constitucional y no solamente legal o económico; (ii) el caso debe
relacionarse con un debate jurídico que se centre al contenido, alcance y goce de
algún derecho fundamental, o tiene una trascendencia para la aplicación y el
desarrollo eficaz de la Constitución; y (iii) la tutela no es una instancia o recurso
adicional para reabrir debates exclusivamente legales.

30. Así, no basta invocar genéricamente la violación de un derecho fundamental
para entender cumplido este requisito, ya que es indispensable demostrar, de
manera clara y concreta, cómo la decisión judicial atacada ha generado una
trasgresión real y significativa de una garantía constitucional. En suma, el examen
de relevancia constitucional permite distinguir entre un juicio de validez
constitucional, que justifique la intervención del juez de tutela, y un juicio de
corrección judicial, el cual se escapa de su competencia16.

Caso concreto

31. En primer lugar la Sala de Subsección considera que no hay lugar a estudiar de
fondo en el presente asunto, por cuanto no se cumple con el requisito de carga
argumentativa exigida para cuestionar una decisión adoptada por un juez de lo
contencioso administrativo de manera previa.

32. Al respecto, recientemente, la Corte Constitucional en la sentencia SU–215 de
202217 precisó, en relación con el alcance del requisito general de la relevancia
constitucional, cuáles eran los deberes del juez constitucional:

“[…] [E]l juez debe analizar: (i) que el asunto tenga la entidad para
interpretar, aplicar, desarrollar la Constitución Política o determinar el
alcance de un derecho fundamental; (ii) que la controversia no se limite
a una discusión meramente legal o de contenido estrictamente
económico con connotaciones particulares o privadas; y, (iii) que se
justifique razonablemente una afectación desproporcionada a
derechos fundamentales. Finalmente, cuando la acción de tutela se dirige
contra una providencia judicial de una alta corte, se exige advertir, además,
una vulneración arbitraria o violatoria de derechos fundamentales. […]

a. El caso no tiene la entidad para interpretar, aplicar, desarrollar la
Constitución Política o determinar el alcance de un derecho fundamental

42. Con respecto a este requisito, la accionante no explicó cómo la
resolución del caso ayuda a interpretar, aplicar o desarrollar la
Constitución Política o el núcleo esencial de los derechos
fundamentales al debido proceso y al acceso a la administración de
justicia. […]

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Accionante: Luis Fernando Manjarres de la Ossa
Accionado: Tribunal Administrativo del Atlántico y otro
Referencia: Acción de tutela (Primera instancia)

b. El caso involucra un debate jurídico eminentemente legal

45. Aunque la acción de tutela interpuesta por PRTI hace referencia a
la violación de derechos fundamentales, principalmente al debido
proceso y al acceso efectivo a la administración de justicia, lo cierto es
que la solicitud de amparo está construida sobre lo que el demandante
considera es una mejor interpretación de una norma de naturaleza legal
y, en particular, sobre la pretensión de que se acoja su lectura con
respecto a la exención definida en literal e) del artículo 481 del Estatuto
Tributario. […]

c. El caso plantea una discusión preponderantemente económica

65. Como ya se mencionó la Corte ha sido clara en señalar que un
asunto carece de relevancia constitucional cuando el contenido de la
controversia es exclusivamente económico pues esta no involucra el
interés general sino uno estrictamente privado o particular. Esto no
significa, claro está, que jamás proceda la tutela contra sentencias en un
asunto de naturaleza económica, pues eventualmente en este tipo de casos
se puede llegar a comprometer algún derecho fundamental. Así, por ejemplo
en acciones de tutela formuladas contra providencias judiciales en las que
se discute: (i) el reconocimiento de derechos pensionales; (ii) pretensiones
de reparación directa; (iii) laudos arbitrales (…) entre otras materias que
implican pretensiones económicas, la Corte ha reconocido la relevancia
constitucional del asunto siempre que se advierta con claridad que la
acción de tutela está dirigida a obtener la protección de un derecho
fundamental y no a reabrir la discusión definida ante los jueces
ordinarios. […]

d. La acción de tutela no cumple con la carga argumentativa y explicativa
rígida pues no se demuestra una grave violación de los derechos
fundamentales

69. Como ya se indicó, la procedencia de la acción de tutela contra
providencias judiciales proferidas por una alta corte debe ser
examinada con especial rigurosidad. Por ende, se requiere demostrar
que en la providencia atacada se presenta una afectación
desproporcionada a un derecho fundamental, producto de una
actuación arbitraria. Por este motivo, no basta con mencionar una
vulneración a los derechos fundamentales al debido proceso y al
acceso a la administración de justicia, sino que se requiere demostrar:
(i) su existencia, (ii) su carácter desproporcionado y (iii) su carácter
arbitrario, para entender acreditado el requisito general de procedencia
de relevancia constitucional […]”18. (Resaltado por la Sala).

33. Ahora bien, de conformidad con el escrito contentivo de la demanda, esta
Subsección no encuentra que el accionante desarrollara alguna causal específica
de procedibilidad en la que hubiese podido incurrir el Tribunal Administrativo del
Atlántico, con ocasión de la sentencia de segunda instancia del 16 de diciembre de
2022, de manera que cumpla con los requisitos específicos para la procedencia de
la acción de tutela contra providencias judiciales.

34. Al contrario, revisados los fundamentos de la acción, se tiene que el señor Luis
Fernando Manjarres de la Ossa mencionó como defectos el fáctico y sustantivo, sin
embargo, se limitó a realizar un recuento de las actuaciones así como las pruebas
que obraban dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho, sin que

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Accionante: Luis Fernando Manjarres de la Ossa
Accionado: Tribunal Administrativo del Atlántico y otro
Referencia: Acción de tutela (Primera instancia)

especificara en qué consistía la vulneración ni las causales específicas de
procedibilidad que se configuran en las providencias judiciales enjuiciadas. Frente
a ello la Corporación ha señalado:

“[…] que el principio de informalidad que gobierna a la acción de tutela no puede
considerarse absoluto, pues es necesario satisfacer ciertos presupuestos
básicos que le permitan al Juez conocer con claridad aspectos como la acción
o la omisión que la motiva, el derecho que se considera violado o amenazado
y, de ser posible, el nombre de la autoridad pública o del órgano autor de la
amenaza o del agravio, el señalamiento de las causales especiales de
procedibilidad de la tutela contra providencias judiciales lo que implica cumplir
con la carga argumentativa para demostrar su configuración en el caso
concreto, entre otros aspectos. […]”26.

35. En este orden de ideas, de conformidad con lo expuesto en el escrito de tutela,
se tiene que la parte accionante no cumplió con la carga argumentativa requerida
para la procedencia de la acción, pues no desarrolló una fundamentación dirigida a
establecer por qué la sentencia del 16 de diciembre de 2022 proferido por el Tribunal
Administrativo del Atlántico, vulneró sus derechos fundamentales al debido proceso,
a la seguridad social, al acceso a la administración de justicia, a la igualdad y al
trabajo.

36. En definitiva, la parte actora no cumplió con la carga argumentativa exigida para
promover la acción de tutela, dado que no expresó en concreto cuáles fueron los
yerros que cometió la autoridad judicial accionada al resolver su amparo inicial,
motivo por el cual se carece de elementos para que esta Sala examine de fondo el
asunto. Incluso, ni siquiera puede considerarse que reabrió un debate del juicio
cuestionado.

Del requisito de la inmediatez

37. La Corte Constitucional ha establecido que la acción de tutela carece un plazo
objetividad de caducidad para su interposición. Sin embargo, debe formularse en un
plazo razonable. Para ello, ha definido los siguientes criterios orientadores con el
propósito de determinar, en cada caso, si se cumplió o no con el requisito de
inmediatez: i) la situación personal del peticionario; ii) el momento en el que se
produce la vulneración; iii) la naturaleza de la misma; iv) la actuación contra la que
se dirige la tutela y v) los efectos de la tutela27.

38. Dicho requisito puede llegar a flexibilizarse siempre y cuando se acredite que (i)
existe un motivo válido para la inactividad del accionante, (ii) la inactividad
injustificada podría causar lesión a derechos fundamentales de terceros y (iii) existe
un nexo causal entre el ejercicio inoportuno de la acción y la vulneración de los
derechos de los interesados28.

26
Ibidem.
27
Corte Constitucional, sentencia SU-391 del 27 de junio de 2016, M.P. Alejandro Linares Cantillo.
28
Ver Sentencia T-546 de 2014

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Accionado: Tribunal Administrativo del Atlántico y otro
Referencia: Acción de tutela (Primera instancia)

39. Aunque el tribunal constitucional considera que la acción de tutela no está sujeta
a un término de caducidad, señala que su interposición debe realizarse dentro de
un plazo razonable y proporcional, contando a partir del hecho que origina la
presunta vulneración de derecho fundamental. Tratándose de providencias
judiciales, dicho término se computa desde el momento que la decisión es notificada
y en consecuencia es de conocimiento por las partes. En ese sentido, si bien no
existe un límite fijo, para la Corte un plazo de 6 meses29 podría ser razonable para
declarar la improcedencia de la acción por falta de inmediatez.

40. En esa línea, en la sentencia SU-108 de 201830, se estableció que le
corresponde al Juez Constitucional evaluar las circunstancias particulares de cada
caso en concreto, para determinar si la demora en la interposición de la acción se
encuentra justificada:

“(i) [Ante] La existencia de razones válidas para la inactividad, como
podría ser, por ejemplo, la ocurrencia de un suceso de fuerza mayor o
caso fortuito, la incapacidad o imposibilidad del actor para interponer la
tutela en un término razonable, la ocurrencia de un hecho
completamente nuevo y sorpresivo que hubiere cambiado
drásticamente las circunstancias previas, entre otras.
(ii) Cuando a pesar del paso del tiempo es evidente que la vulneración
o amenaza de los derechos fundamentales del accionante permanece,
es decir, su situación desfavorable como consecuencia de la afectación
de sus derechos continúa y es actual. Lo que adquiere sentido si se
recuerda que la finalidad de la exigencia de la inmediatez no es imponer
un término de prescripción o caducidad a la acción de tutela sino
asegurarse de que se trate de una amenaza o violación de derechos
fundamentales que requiera, en realidad, una protección inmediata.
(iii) Cuando la carga de la interposición de la acción de tutela en un plazo
razonable resulta desproporcionada dada la situación de debilidad
manifiesta en la que se encuentra el accionante, lo que constituye un
trato preferente autorizado por el artículo 13 de la Constitución que
ordena que ‘el Estado protegerá especialmente a aquellas personas que
por su condición económica, física o mental, se encuentren en
circunstancia de debilidad manifiesta y sancionará los abusos o
maltratos que contra ellas se cometan’.” (Subrayas fuera del texto
original)

41. En ese sentido, el Juez de tutela puede considerar procedente la acción de
tutela, incluso si hubo inactividad por parte del accionante, siempre que existan
razones válidas que justifiquen la demora. Por tanto, no basta con que haya
transcurrido un tiempo considerable desde la ocurrencia del hecho, sino que debe
evaluarse si dicha tardanza se debió a las circunstancias razonables que expliquen
la falta de acción oportuna.

29
Corte Constitucional, sentencia T-461 de 2019. M.P: Alejandro Linares Cantillo.
30
M.P: Gloria Stella Ortiz Delgado.

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Accionante: Luis Fernando Manjarres de la Ossa
Accionado: Tribunal Administrativo del Atlántico y otro
Referencia: Acción de tutela (Primera instancia)

42. En el caso bajo estudio, el señor Luis Fernando Manjarres de la Ossa solicita la
protección de sus derechos fundamentales al debido proceso, a la seguridad social,
al acceso a la administración de justicia, a la igualdad y al trabajo. Estos
presuntamente vulnerados con ocasión de las sentencias proferidas por el Juzgado
Catorce Administrativo del Circuito Judicial de Barranquilla y el Tribunal
Administrativo del Atlántico – Sala de Decisión Oral – Sección B. Pues en ellas se
reconoció la existencia del contrato realidad pero se abstuvieron de declarar los
efectos propios del contrato de trabajo, siendo incoherente con las consideraciones
de hechos y de derecho expuestas. También existió una omisión de las pruebas y
documentos expedidos por el Gerente encargado y la Subgerente Administrativa y
Financiera de la E.S.E. Hospital Local de Luruaco lo cual constituía un defecto
fáctico y sustantivo.

43. La Sala advierte que, si bien no es posible determinar la fecha en la cual se
notificó al accionante de la sentencia de segunda instancia del proceso de nulidad
y restablecimiento del derecho identificado con el radicado 2018-00337-00/01, lo
cierto es que al revisar el expediente se encontró que el 7 de diciembre de 2023, el
Juzgado Catorce Administrativo del Circuito de Barranquilla profirió un auto31 en el
cual dispuso lo siguiente:

44. Con base en esta información, la Sala encuentra que ha transcurrido más de un
año y medio desde que el accionante conoció esta decisión, la cual se estima que
el ha superado un plazo-considerado como razonable para la interposición de la
tutela.

31
Fue fijado un estado el 11 de diciembre de 2023.

14

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Accionado: Tribunal Administrativo del Atlántico y otro
Referencia: Acción de tutela (Primera instancia)

45. Ahora bien, aun cuando no hubiere conocido de la anterior decisión, se observa
que el señor Luis Fernando Manjarres de la Ossa a través de apoderado, ha
radicado 2 memoriales del 7 de junio de 202432 y 16 de enero del 202533 en los
cuales está solicitando que se dé cumplimiento a sentencia del proceso de nulidad
y restablecimiento del derecho. Lo anterior da cuenta que el accionante conoció de
la decisión hace más de 1 año. Sin embargo, al momento de la interposición de la
tutela no justificó la tardanza por la cual no había presentado el mecanismo
constitucional. Lo cual acarrea un incumplimiento del requisito de la inmediatez.

46. Tal como lo ha señalado la jurisprudencia constitucional34, el requisito de la
inmediatez protege los derechos de terceros “que pueden ser vulnerados por una
tutela ejercida en un plazo irrazonable35” y garantiza la seguridad jurídica, al impedir
que el amparo se convierta en un factor que atente contra ese principio36. Asimismo,
con ello también se frena el abuso del derecho al “evitar el uso de este mecanismo
constitucional de acción de tutela como herramienta supletiva de la propia
negligencia en la agencia de los derechos37”.

47. Dicho precedente se fundamenta en lo señalado por la jurisprudencia del
Consejo de Estado38, la cual señala que el principio de inmediatez, que opera de
forma general frente a todas las acciones de tutela, es más estricto cuando se
interpone contra providencias judiciales, por lo que, como lo ha sostenido la Corte
Constitucional, “si se deja pasar un tiempo significativo desde el hecho vulneratorio
de los derechos, resulta claramente desproporcionado el control constitucional de
una providencia judicial por la vía de tutela”3940.

48. De conformidad con lo anterior, la Subsección declarará improcedente la petición
de amparo por el incumplimiento del requisito de inmediatez en lo que se refiere a
los cuestionamientos de la providencia proferida el 16 de diciembre de 2022
proferida por el Tribunal Administrativo del Atlántico – Sala de Decisión Oral –
Sección B y los derechos fundamentales al debido proceso, a la seguridad social,
al acceso a la administración de justicia, a la igualdad y al trabajo.

32
Ver índice 27 del proceso de nulidad y restablecimiento identificado con el radicado 08001-33-33-
014-2018-00337-00.
33
Ver índice 27 del proceso de nulidad y restablecimiento identificado con el radicado 08001-33-33-
014-2018-00337-00.
34
Corte Constitucional. Sentencia T-217 de 2013. M.P. Alexei Julio Estrada.
35
Sentencias T-016 de 2006, T-158 de 2006, T-654 de 2006, T-890 de 2006, T-905 de 2006, T-1084
de 2006, T-1009 de 2006, T-792 de 2007, T-594 de 2008 entre otras.
36
Sentencias T-526 de 2005, T-016 de 2006, T-158 de 2006, T-692 de 2006, T-890 de 2006, T-905
de 2006, T-1009 de 2006, T-1084 de 2006, T-825 de 2007, T-299 de 2009, T-691 de 2009 y T-883
de 2009, entre otras.
37
Sentencia T-594 de 2008. En el mismo sentido sentencias T-526 de 2005, T-016 de 2006, T-692
de 2006, T-1009 de 2006, T-299 de 2009, T-691 de 2009, T-883 de 2009, entre otras.
38
Consejo de Estado. Sala Plena. Sentencia de 5 de agosto de 2014. Radicado: Radicado 11001-
03-15-000-2012-02201-01 (IJ). M.P. Jorge Octavio Ramírez.
39
En la sentencia se cita la providencia SU-961 de 1999
40
Sentencia T-189 de 2009.

15

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Accionante: Luis Fernando Manjarres de la Ossa
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Referencia: Acción de tutela (Primera instancia)

Del principio de subsidiariedad en las acciones de tutela

49. El inciso tercero del artículo 86 de la Constitución Política6, así como el artículo
6 del Decreto 2591 de 19917 precisan el carácter subsidiario de la acción de tutela,
por cuanto ésta sólo es procedente cuando no se dispone de otro medio de defensa
judicial.

50. Frente a eso la Corte Constitucional señaló que para que la tutela proceda se
debe cumplir con las exigencias de que el actor: (i) no disponga de otro medio de
defensa judicial para proteger de manera inmediata sus derechos fundamentales
vulnerados; o (ii) que existiendo otro medio de defensa judicial, se presenten dos
eventos: (a) que el mecanismo no sea idóneo para el amparo de los derechos
afectados, de manera que la tutela los proteja de forma directa; o (b) que la tutela
sea un mecanismo transitorio para que se evite un perjuicio irremediable8.

Caso concreto

51. En el presente asunto, el accionante expuso que han transcurrido más de 2 años
desde la ejecutoria de la sentencia del Tribunal accionado sin que se haya dado
cumplimiento al reconocimiento y pago de sus derechos laborales, lo cual afecta de
manera directa su mínimo vital y dignidad humana.

52. No obstante, de conformidad con las pruebas obrantes en el expediente, se
advierte que en el caso bajo estudio el actor no ha agotado todas las herramientas
idóneas de defensa contempladas en el ordenamiento jurídico para obtener las
pretensiones que hoy plantea ante el juez constitucional.

53. Lo anterior, dado que el incumplimiento del pago estipulado en una sentencia
proferida por la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo puede ser subsanada
a través de un proceso ejecutivo. Esto debido a que si se acceden a las pretensiones
dentro de un medio de control, se genera una obligación por parte de la entidad y/o
deudor, la cual resulta clara, expresa y exigible a favor de la parte acreedora. Esta
obligación resulta ser un título ejecutivo que hace constar la obligación de la parte
contra la cual se ha de dirigir la ejecución, en este caso el pago de la sentencia del
proceso de nulidad y restablecimiento del derecho. Este concepto de título ejecutivo
se halla contemplado en el artículo 297 del Código Contencioso Administrativo y de
lo Contencioso Administrativo y cuyo procedimiento se encuentra en el artículo 298
del mismo Código, el cual fue modificado por la Ley 2080 de 2021 proceso que, de
acuerdo con lo afirmado en el escrito de tutela, aún no ha sido adelantado por la
parte accionante. A saber:

ARTÍCULO 297. TÍTULO EJECUTIVO. Para los efectos de este Código,
constituyen título ejecutivo:

1. Las sentencias debidamente ejecutoriadas proferidas por la Jurisdicción de
lo Contencioso Administrativo, mediante las cuales se condene a una entidad
pública al pago de sumas dinerarias.

(…)

16

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Accionante: Luis Fernando Manjarres de la Ossa
Accionado: Tribunal Administrativo del Atlántico y otro
Referencia: Acción de tutela (Primera instancia)

ARTÍCULO 80. Modifíquese el artículo 298 de la Ley 1437 de 2011, el cual
quedará así:

Artículo 298. Procedimiento. Una vez transcurridos los términos previstos en
el artículo 192 de este código, sin que se haya cumplido la condena impuesta
por esta jurisdicción, el juez o magistrado competente, según el factor de
conexidad, librará mandamiento ejecutivo según las reglas previstas en el
Código General del Proceso para la ejecución de providencias, previa solicitud
del acreedor.

(…)

PARÁGRAFO. Los defectos formales del título ejecutivo podrán declararse por
el juez de oficio en la sentencia o en el auto que ordene seguir adelante la
ejecución, según fuere el caso.

54. Por ello, al ser la tutela un mecanismo subsidiario, no resulta procedente esta
acción cuando no se ha hecho uso de los medios de defensa judicial que son
idóneos y efectivos para obtener el amparo de las pretensiones contenidas en la
presente demanda.

55. Ahora bien, a pesar de que la jurisprudencia constitucional contempla
excepciones al principio de subsidiariedad, en casos en los que se presente un
perjuicio irremediable, el señor Luis Fernando Manjarres de la Ossa no expone
argumento alguno que justifique la procedencia de la acción de tutela. Además, no
se encuentra que el accionante demostrara que al no darse cumplimiento en las
sentencias de primera y segunda instancia del proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho se podían ver afectados sus derechos fundamentales.

56. Finalmente, es necesario resaltar que la causal de improcedencia de la acción
consistente en la existencia de otros medios de defensa tiene el propósito de
respetar la división de competencias que la Constitución Política ha delineado y el
principio de especialidad de la jurisdicción; por tanto, invadir la órbita de
competencia del juez natural de la causa implica desconocer el encargo
constitucional de poner fin a las controversias en una jurisdicción determinada,
función para la cual fueron revestidos de autonomía e independencia.

57. En este orden de ideas, al no cumplir con el principio de subsidiariedad fijado
por el Decreto 2591 de 1991 y por la jurisprudencia constitucional como un requisito
de procedibilidad de la acción de tutela, esta Sala de Subsección declarará
improcedente este cargo, respecto de los derechos fundamentales al mínimo vital y
dignidad humana.

Del derecho fundamental de petición

58. El artículo 23 Constitucional establece el derecho fundamental de todas las
personas a presentar peticiones respetuosas por motivos de interés general o
particular, con el fin de obtener una pronta resolución. Con base en esta norma y la
regulación estatutaria en la Ley 1775 de 2015, la Corte Constitucional ha sintetizado
los elementos del derecho, como se muestra en la siguiente tabla

17

Radicación número: 11001-03-15-000-2025-05595-00
Accionante: Luis Fernando Manjarres de la Ossa
Accionado: Tribunal Administrativo del Atlántico y otro
Referencia: Acción de tutela (Primera instancia)

Tabla 1. Reglas jurisprudenciales del derecho de petición41
Elementos del derecho fundamental de petición
Formulación El derecho de petición protege la posibilidad cierta y efectiva de dirigir a las
autoridades o a los particulares, en los casos que determine la ley, solicitudes
respetuosas. Dichos sujetos no pueden negarse a recibirlas o abstenerse de
tramitarlas. Los obligados a cumplir con este derecho deben recibir toda clase de
peticiones, a excepción de las irrespetuosas.
Pronta El término de respuesta del derecho de petición debe entenderse como un tiempo
resolución máximo que tiene la administración o el particular para resolver la solicitud. Según
la Ley 1755 de 2015, salvo norma especial, ese plazo corresponde a 15 días
hábiles en las peticiones, a 10 días en la solicitud información o documentos o a 30
días días en las consultas.
Respuesta de La respuesta a la petición debe ser de fondo. Por lo tanto, debe ser: (i) clara,
fondo “inteligible y de fácil comprensión”; (ii) precisa, de forma tal que “atienda, de manera
concreta lo solicitado, sin información impertinente” y “sin incurrir en fórmulas
evasivas o elusivas”; (iii) congruente, es decir, que “abarque la materia objeto de la
petición y sea conforme con lo solicitado”, y (iv) consecuente, lo cual implica “que
no basta con ofrecer una respuesta como si se tratara de una petición aislada (…)
sino que, si resulta relevante, debe darse cuenta del trámite que se ha surtido y de
las razones por las cuales la petición resulta o no procedente”.
Notificación La respuesta debe ser notificada, por cuanto la notificación es el mecanismo
procesal adecuado “para que la persona conozca la resolución de las autoridades,
acto que debe sujetarse a lo normado en el capítulo de notificaciones de la Ley
1437 de 2011”. Esta obligación genera para la administración la responsabilidad de
actuar con diligencia para que su respuesta sea conocida.

59. En este contexto, la vulneración del derecho fundamental de petición se
configura cuando la autoridad guarda silencio y omite pronunciarse dentro de los
plazos legalmente establecidos, y cuando pese a emitir una respuesta, esta no
satisface de manera clara, precisa y congruente el contenido de la solicitud
formulada y, por tanto, no puede considerarse como una respuesta de fondo
adecuada o idónea.

Análisis del caso concreto

60. El señor Luis Fernando Manjarres de la Ossa expuso dentro de su solicitud de
amparo que, el 9 de julio de 2025, presentó una solicitud a la E.S.E. Hospital de
Luruaco relacionada con el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho
identificado con el radicado 2018-00337-01. Lo anterior con la finalidad de que se
informara si dicha entidad había sido notificada oficialmente de la sentencia
proferida y si ha realizado las actuaciones administrativas, presupuestales o
financieras para dar cumplimiento a lo ordenado en la providencia. Al respecto, el
tutelante requirió lo siguiente (se transcribe de forma literal incluso con los posibles
errores):
(…)

PETICIONES

1. Se me informe si esa entidad ha sido notificada oficialmente de la sentencia
proferida por el juzgado 14 administrativo oral de Barranquilla dentro del
proceso civil No. 014-2018-00337-00, mediante la cual fue apelada y
confirmada y modificada por el Tribunal de lo Contencioso Administrativo del
Atlántico quien ordenó el pago de mis prestaciones sociales por haber laborado
como médico durante tres (3) años.

41
Corte Constitucional, Sentencias T-105 de 2025, SU-543 de 2023 y C-951 de 2014 y.

18

Radicación número: 11001-03-15-000-2025-05595-00
Accionante: Luis Fernando Manjarres de la Ossa
Accionado: Tribunal Administrativo del Atlántico y otro
Referencia: Acción de tutela (Primera instancia)

2. Se me indique si, desde dicha notificación, la entidad ha realizado
actuaciones administrativas, presupuestales o financieras tendientes a dar
cumplimiento a lo ordenado judicialmente.

3. Se me informe si se ha efectuado algún pago parcial o total, o si se ha
entablado alguna forma de diálogo, conciliación o propuesta de programación
de pago conmigo, en calidad de demandante.

CONTEXTO RELEVANTE

Me permito manifestar que actualmente soy una persona próxima a cumplir 73
años, y que no cuento con pensión ni ingresos fijos, por lo cual el incumplimiento
de esta sentencia ha vulnerado gravemente mi mínimo vital, afectando mi
dignidad y subsistencia como adulto mayor.

Es deber de las entidades del Estado dar cumplimiento inmediato y efectivo a
las decisiones judiciales, más aún cuando su omisión pone en riesgo derechos
fundamentales, como lo ha reiterado la jurisprudencia de la Corte Constitucional
respecto al trato preferente que debe brindarse a los adultos mayores (Art. 46
C.P., T-779/03, T-098/18) (…)”42

61. De acuerdo con el artículo 14 de la Ley 1755 de 201543, la entidad accionada
contaba con el término de 15 días para otorgar una respuesta a la solicitud elevada
por el señor Luis Fernando Manjarres de la Ossa. En ese sentido, la petición
radicada el 9 de julio de 2025 debía ser resuelta, a más tardar, el 30 de julio de
2025.

62. Sin embargo, el mismo 30 de julio de 2025, la E.S.E. Hospital de Luruaco solicitó
una prórroga para responder la petición. Lo anterior debido a que debía recopilar
información, la cual iba a ser dirigida a la Contraloría Departamental del Atlántico.
No obstante, puso de presente que el 27 de agosto de 2025 se iba a notificar de la
respuesta:

42
Obra en certificado 71F2CE7540D56523 B2136DD5CBC93FA4 40D5B38B83B397C8
B8B09C2CC819CB23, índice 2 samai.
43
Artículo 14. Términos para resolver las distintas modalidades de peticiones. Salvo norma legal
especial y so pena de sanción disciplinaria, toda petición deberá resolverse dentro de los quince (15)
días siguientes a su recepción. Estará sometida a término especial la resolución de las siguientes
peticiones: || Las peticiones de documentos y de información deberán resolverse dentro de los diez
(10) días siguientes a su recepción. Si en ese lapso no se ha dado respuesta al peticionario, se
entenderá, para todos los efectos legales, que la respectiva solicitud ha sido aceptada y, por
consiguiente, la administración ya no podrá negar la entrega de dichos documentos al peticionario,
y como consecuencia las copias se entregarán dentro de los tres (3) días siguientes. || 2. Las
peticiones mediante las cuales se eleva una consulta a las autoridades en relación con las materias
a su cargo deberán resolverse dentro de los treinta (30) días siguientes a su recepción. || Parágrafo.
Cuando excepcionalmente no fuere posible resolver la petición en los plazos aquí señalados, la
autoridad debe informar esta circunstancia al interesado, antes del vencimiento del término señalado
en la ley expresando los motivos de la demora y señalando a la vez el plazo razonable en que se
resolverá o dará respuesta, que no podrá exceder del doble del inicialmente previsto.

19

Radicación número: 11001-03-15-000-2025-05595-00
Accionante: Luis Fernando Manjarres de la Ossa
Accionado: Tribunal Administrativo del Atlántico y otro
Referencia: Acción de tutela (Primera instancia)

63. Con base en lo anterior, la E.S.E. Hospital de Luruaco contaba con una
extensión de tiempo para contestar la petición como se indica en el parágrafo del
artículo 14 de la Ley 1755 de 2015. Empero, según lo expresado por la parte
accionante, a la interposición de la acción de tutela, la entidad no respondió su
petición.

64. Sumado a ello, dicho Hospital guardó silencio en la presente acción de tutela, a
pesar de que fue notificado del inicio del proceso, el 12 de septiembre de 2025 al
correo electrónico hospital@ese-luruaco-atlantico.gov.co. Esta dirección es la
misma que se encuentra en la página oficial de esa entidad.

20

Radicación número: 11001-03-15-000-2025-05595-00
Accionante: Luis Fernando Manjarres de la Ossa
Accionado: Tribunal Administrativo del Atlántico y otro
Referencia: Acción de tutela (Primera instancia)

65. Con base en lo anterior, se puede determinar que se vulneró el derecho de
petición del señor Manjarres de la Ossa, debido a que no existe ninguna prueba en
el expediente en el que se acredite que la E.S.E. Hospital de Luruaco emitió una
respuesta de fondo a la solicitud radicada el 9 de julio de 2025 por el accionante, en
el cual se solicitó información respecto de la notificación y cumplimiento de las
sentencias proferidas dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho
identificado con el radicado 2018-00337-00/01.

66. Por lo anterior, se amparará el derecho de petición del señor Luis Fernando
Manjarres de la Ossa. En consecuencia, se ordenará a la E.S.E. Hospital de
Luruaco que, dentro del plazo de cuarenta y ocho (48) horas contadas a partir de la
notificación de la presente decisión, otorgue una respuesta oportuna, clara, precisa
y congruente respecto de la petición presentada por el accionante el 9 de julio de
2025.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

RESUELVE

PRIMERO: DECLARAR IMPROCEDENTE la demanda de tutela en relación con
los derechos fundamentales al debido proceso, a la seguridad social, al acceso a la
administración de justicia, a la igualdad, al trabajo, al mínimo vital y a la dignidad
humana por incumplir los requisitos de relevancia constitucional, inmediatez y
subsidiariedad, de acuerdo con la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: AMPARAR el derecho de petición del señor Luis Fernando Manjarres
de la Ossa. En consecuencia ORDENAR a la E.S.E. Hospital de Luruaco para que,
dentro del plazo de cuarenta y ocho (48) horas contados a partir de la notificación
de la presente decisión, responda la petición presentada por el actor el 9 de julio de
2025, en los términos expuestos en esta providencia

TERCERO: NOTIFICAR la presente decisión a los interesados por el medio más
expedito.

TERCERO: De no ser impugnada la presente providencia, ENVIAR el expediente a
la Corte Constitucional para su eventual revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE

MARÍA ADRIANA MARÍN FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ

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Radicación número: 11001-03-15-000-2025-05595-00
Accionante: Luis Fernando Manjarres de la Ossa
Accionado: Tribunal Administrativo del Atlántico y otro
Referencia: Acción de tutela (Primera instancia)

Nota: esta providencia fue suscrita en forma electrónica mediante el aplicativo SAMAI, de
manera que el certificado digital que arroja el sistema permite validar la integridad y autenticidad
del presente documento en el link
https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/documentos/evalidador. Igualmente
puede acceder al aplicativo de validación escaneando con su teléfono celular el código QR que
aparece a la derecha.

VF

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