RuleX

Jurisprudencia › Consejo de Estado › Radicado 11001-03-15-000-2025-05599-01

Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-05599-01

Fecha
21 de enero de 2026
Consejero ponente
Diego Enrique Franco Victoria

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-05599-01

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

RESUELVE PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia de primera instancia proferida el 17 de octubre de 2025 por la Subsección C de la Sección Tercera del Consejo de Estado, por las razones expuestas en precedencia. SEGUNDO:

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2025-05599-01

Consejero ponente: Diego Enrique Franco Victoria

21 de enero de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN B

Magistrado ponente: DIEGO ENRIQUE FRANCO VICTORIA

Bogotá D.C., veintiuno (21) de enero de dos mil veintiséis (2026)

Radicación: 11001-03-15-000-2025-05599-01
Accionante: Josefa María Gutiérrez Sánchez y otros
Accionados: Tribunal Administrativo del Magdalena
Referencia: Acción de tutela - Sentencia de segunda instancia

La Sala resuelve la impugnación interpuesta por los accionantes contra la sentencia
proferida el 17 de octubre de 2025 por la Subsección C de la Sección Tercera del Consejo
de Estado, que declaró improcedente el amparo solicitado.

SÍNTESIS1

La señora Josefa María Gutiérrez Sánchez y otras 36 personas alegaron que la sentencia
proferida el 4 de diciembre de 2024 por el Tribunal Administrativo del Magdalena, a través
de la cual se confirmó la decisión del 17 de enero de 2023 del Juzgado Décimo
Administrativo de Santa Marta que negó las pretensiones de la demanda de reparación
directa que se habían promovido por la desaparición forzada y el homicidio del señor Carlos
Alberto Gutiérrez Sánchez (Q.E.P.D) vulneraron sus derechos fundamentales, pues no se
tuvo en cuenta que constituía un hecho notorio que la zona en la que ocurrieron los hechos
había presencia de grupos al margen de la ley. Asimismo, se impusieron a las víctimas
cargas probatorias de imposible cumplimiento y se desconocieron precedentes
jurisprudenciales tanto nacional como internacional. La Sala confirmará la decisión de
primera instancia que declaró improcedente la demanda de tutela por no cumplir con el
requisito de relevancia constitucional.

I. ANTECEDENTES

A. Solicitud de amparo

1. El 8 de septiembre de 2025, Josefa María Gutiérrez Sánchez, Bialis Sofía Gutiérrez
Sánchez, Pompilio Gutiérrez Sánchez, Iris del Carmen Pompilio Gutiérrez Sánchez, Viola
Sofía Gutiérrez de Ayala, Miriam Estela Gutiérrez de Aragón, Nelly Margot Viola Gutiérrez
Sánchez, Adanolis Gutiérrez de Varela, Nairo de Jesús Ayala Gutiérrez, Nick Arnulfo
Valencia Gutiérrez, Buanegre Calixto Ariza Gutiérrez, Yonis José Ayala Gutiérrez, Yair
Bautista Ayala Gutiérrez, Yermis Enrique Garizabalo Gutiérrez, Jhon Janner Garizabalo
Gutiérrez, Lisvialy Gutiérrez Carranza, Ingris del Carmen Ayala Gutiérrez, Yamile del
Socorro Ayala Gutiérrez, Ronald Valera Gutiérrez, Auristela Varela Gutiérrez, Marisol

1 Temas: Acción de Tutela contra providencia judicial

Radicado: 11001-03-15-000-2025-05599-01
Accionante: Josefa María Gutiérrez Sánchez y otros
Acción de tutela

Gutiérrez Carranza, Sirlene Luz Garizabalo Gutiérrez, Omar Alfredo Galván Gutiérrez,
Evasandrith Galván Gutiérrez, Gina Gineth Galván Gutiérrez, Keidys Paola Galván
Gutiérrez, Elkin Fernando Varela Gutiérrez, Mamfredy Aragón Gutiérrez, Elizabeth Aragón
Gutiérrez, José Manuel Páez Gutiérrez, Maricela Aragón Gutiérrez, Arliny Sofía Aragón
Gutiérrez, Mario Andrés Páez Gutiérrez, Eli Saúl Páez Gutiérrez, Mariana Sofía Ariza
Gutiérrez, Milena del Carmen Aragón Gutiérrez e Hiroldo Rafael Gutiérrez Melendrez,
mediante apoderado judicial2, presentaron una demanda de tutela con el fin de obtener el
amparo de sus derechos fundamentales al debido proceso, a la igualdad, de reparación
integral y de acceso a la administración de justicia. A su juicio, dichas garantías
constitucionales fueron vulneradas en la sentencia del 4 de diciembre de 20243 proferida
por el Tribunal Administrativo del Magdalena, mediante la cual se confirmó la decisión del
17 de enero de 2023 del Juzgado Décimo Administrativo de Santa Marta que había negado
las pretensiones de la demanda. El proceso ordinario se adelantó con el radicado
47001333300820190006701.

2. Los accionantes formularon las siguientes pretensiones (se transcribe):

Solicito al despacho el amparo invocado toda vez que cumple con los requisitos mínimos
señalados en el Decreto 2591 de 1991.
PRIMERO: Solicito a esta Alta Corporación, con el debido respeto, la revocatoria de las
decisiones proferidas por las autoridades accionadas, que confirmaron la decisión emitida
por el juzgado décimo administrativo del circuito de Santa Marta y confirmada por el
TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL MAGDALENA.
SEGUNDO: Se de aplicación a la normativa actual al momento de presentación del medio
de control de reparación directa para el año 2019, dada la línea de argumentación transcrita
por el apoderado, que tiene como fundamento los principios de legalidad y confianza
legítima, así como el mandato de tutela judicial efectiva. en la Sentencia SU-406 de 2016,
La CORTE CONSTITUCIONAL en Sentencia T-352, de Julio 06 de 2016, entre otros,
tutelando los derechos fundamentales al debido proceso y acceso a la justicia de los
accionantes, para los casos específicos, Homicidio en persona protegida por el DIH,
Desaparición Forzada, Desplazamiento Forzado, Graves Violaciones a Derechos Humanos.
Así como lo establece el artículo 624 del CGP establece reglas para aplicar los cambios
legislativos. Solicito se le de aplicación a las normas y jurisprudencias de la Convención
Americana de Derechos Humanos y el DIH, en el contexto de conflicto armado en Colombia.

B. Hechos

3. Los accionantes promovieron una demanda de reparación directa por la desaparición
forzada y el homicidio del señor Carlos Alberto Gutiérrez Sánchez. En el trámite del proceso
se advirtió que producto de la anterior situación todos los miembros de la familia resultaron
amenazados y desplazados; además, manifestaron que fue la omisión de las demandadas
(Nación – Ministerio de Defensa – Armada Nacional, Ejército Nacional, Policía Nacional,
departamento del Magdalena y municipio de Pueblo Viejo) lo que permitió que grupos al
margen de la ley pudieran operar en la región y llevar a cabo tan atroz crimen.

3.1 El 17 de enero de 2023, el Juzgado Décimo Administrativo Santa Marta negó las
pretensiones de la demanda, tras considerar que, si bien se probó la existencia de un daño
antijurídico, lo cierto es que no se acreditó que le fuera imputable a las autoridades
demandadas, toda vez que nunca se informó sobre amenazas que justificaran la adopción

2 Índice 2 de Samai.
3 La sentencia se notificó a las partes el 6 de mayo de 2025.

2

Radicado: 11001-03-15-000-2025-05599-01
Accionante: Josefa María Gutiérrez Sánchez y otros
Acción de tutela

de medidas especiales y los hechos solo fueron puestos en conocimiento de las autoridades
11 años después. En virtud de lo anterior concluyó que no se probó una falla en el servicio.

3.2 Inconforme con la anterior decisión, los accionantes interpusieron recurso de apelación.
Sostuvieron que la decisión del a quo no tuvo en cuenta que los hechos se dieron en una
zona de conflicto armado donde eran evidente las constantes amenazas por parte de
grupos subversivos y fue una masacre de 14 personas, por lo que era deber del estado
actuar e implementar medidas de protección; además, señaló que la jurisprudencia de la
Corte Interamericana de Derechos Humanos ha declarado responsable a los Estados en
casos similares.

3.3 El 4 de diciembre de 2024, el Tribunal Administrativo de Magdalena sostuvo que no se
probó una falla en el servicio, toda vez que las demandadas no conocieron de la situación
riesgosa de la víctima; además, que la obligación del Estado de garantizar la vida de sus
ciudadanos no es absoluta. Finalmente, que la víctima no era un sujeto de especial
protección por su cargo o labor que lo hiciera más propenso a este tipo de situaciones. Así
las cosas, en virtud de la carencia probatoria, el ad quem confirmó la decisión de primera
instancia.

C. Fundamentos de la vulneración

4. Los accionantes sostuvieron que la decisión cuestionada incurrió en un defecto
sustantivo, toda vez que, inaplicó el artículo 167 del Código General Proceso que establece
que los hechos notorios no requieren de prueba. En el caso concreto, consideraron que las
entidades demandadas en el proceso ordinario debieron conocer de la situación de orden
público que se presentaba en el municipio.

4.1 De otro lado, que se incurrió en un defecto procedimental por exceso ritual manifiesto,
bajo el entendido de que el Tribunal aplicó de manera “irreflexiva” la regla procesal de que
le corresponde a las partes probar el supuesto de hecho que alegan, sin tener en cuenta
que era “una carga imposible de cumplir”, ignorando así la búsqueda de la verdad material.
Adicionalmente, que en la demanda ordinaria se le solicitó al juez ordinario hacer uso de su
facultad oficiosa en aras de demostrar la forma en que acaeció el lamentable hecho; sin
embargo, dicho deber se omitió.

4.2Finalmente, que se incurrió en un desconocimiento del precedente, porque esta
Corporación ha accedido en casos similares realizando un control de convencionalidad.
Razón por la que trajo a colación la sentencia del 30 de abril de 2021 con radicado 04068;
además, indicó que se desconoció la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos
Humanos frente a la flexibilización probatoria en casos de graves violaciones de derechos
humanos y los estándares de debida diligencia de los estados.

D. Trámite procesal

5. Por auto del 10 de septiembre de 2025, la Subsección C de la Sección Tercera del
Consejo de Estado admitió la acción de tutela4. La providencia fue notificada en debida

4 Índice 5 del proceso de primera instancia en Samai.

3

Radicado: 11001-03-15-000-2025-05599-01
Accionante: Josefa María Gutiérrez Sánchez y otros
Acción de tutela

forma a la autoridad judicial accionada (Tribunal Administrativo del Magdalena) y a los
terceros con interés vinculados al proceso (Juzgado Décimo Administrativo del Circuito de
Santa Marta, a la Nación – Ministerio de Defensa, Armada Nacional, Ejército Nacional y
Policía Nacional, al departamento de Magdalena y al municipio de Pueblo Viejo).

E. Oposiciones e intervenciones

6. La Nación – Ministerio de Defensa – Armada Nacional5 (tercero con interés) sostuvo que
los accionantes no probaron la vulneración de sus derechos fundamentales; además, que
la demanda de tutela no cumple con los requisitos generales y específicos de procedibilidad.

6.1 El municipio de Pueblo Viejo (Magdalena) 6 (tercero con interés) solicitó declarar
improcedente la demanda de tutela, tras considerar que no se cumplió con el requisito de
inmediatez porque los hechos que se cuestionan datan del 2001. De otro lado, que lo que
se pretende es una tercera instancia del proceso ordinario.

6.2 El Tribunal Administrativo del Magdalena 7 (accionada) señaló que la decisión se
encuentra ajustada al ordenamiento jurídico. Adicionalmente, que el presente asunto no
cumple con el requisito de relevancia constitucional, toda vez que se pretende una tercera
instancia del proceso ordinario al estar en desacuerdo con la decisión que se adoptó.

6.3 La Nación – Ministerio de Defensa – Policía Nacional8 (tercero con interés) indicó que
no se vulneraron los derechos fundamentales de los accionantes, pues estos incumplieron
con la carga de la prueba que tenían y no demostraron la existencia de un perjuicio
irremediable que hiciera procedente la demanda de tutela en el presente asunto.

6.3 El Juzgado Décimo Administrativo de Santa Marta9 (tercero con interés) remitió el link.
De otro lado, que la decisión se encuentra sustentado en la normativa vigente.

6.3 El departamento del Magdalena10 (tercero con interés) aclaró que dicha entidad no ha
vulnerado los derechos fundamentales de los accionantes, razón por la que solicitó su
desvinculación del presente asunto.

F. Fallo impugnado

7. Mediante sentencia del 17 de octubre de 202511, la Subsección C de la Sección Tercera
del Consejo de Estado declaró improcedente el amparo solicitado por no cumplir con el
requisito de relevancia constitucional. Consideró el a-quo que los argumentos expuestos
en la demanda de tutela ya fueron resueltos por el juez competente, el que indicó que los
accionantes incumplieron con la carga de la prueba, pues debieron demostrar un actuar
culposo o doloso por parte de funcionarios de las entidades demandadas, pero no lo
hicieron.

5 Índice 9 del proceso de primera instancia en Samai.
6 Índice 10 del proceso de primera instancia en Samai.
7 Índice 13 del proceso de primera instancia en Samai.
8 Índice 14 del proceso de primera instancia en Samai.
9 Índice 15 del proceso de primera instancia en Samai.
10 Índice 16 del proceso de primera instancia en Samai.
11 Índice 19 del aplicativo Samai.

4

Radicado: 11001-03-15-000-2025-05599-01
Accionante: Josefa María Gutiérrez Sánchez y otros
Acción de tutela

7.1 Aunado a lo anterior, sostuvo que la decisión cuestionada no se observaba arbitraria,
pues no se probó, siendo su carga, que el lamentable suceso le fuera imputado a las
entidades demandadas.

7.2 Finalmente, que la demanda de tutela busca continuar con el debate que ya fue resuelto
por el juez competente, toda vez que reiteraron los argumentos legales y probatorios que
fueron resueltos dentro del trámite del proceso ordinario, por lo que aclaró que el juicio
que realiza el juez constitucional de la sentencia es de validez y no de corrección.

G. Impugnación

8. Los accionantes insistieron en que la sentencia proferida por el tribunal i) inaplicó el
artículo 167 del Código General del Proceso que establecía que los hechos notorios
estaban exentos de prueba; ii) incurrió en un defecto procedimental por exceso ritual
manifiesto porque se le impuso una carga probatoria imposible de cumplir; iii) en un
desconocimiento de la flexibilización probatoria en casos como el presente; y iv) en un
desconocimiento del precedente judicial de la Corte Interamericana sobre la
responsabilidad de los estados cuando se discute grave violaciones a derechos humanos.

II. CONSIDERACIONES

H. Competencia

9. La Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado es la competente para
resolver la demanda de acción de tutela interpuesta por Josefa María Gutiérrez Sánchez y
otras 36 personas contra el Tribunal Administrativo del Magdalena, de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 86 de la Constitución Política, en los Decretos 2591 de 1991, 1069
de 2015 y en el Reglamento del Consejo de Estado (Acuerdo 80 de 2019).

I. Solicitud de desvinculación

10. El departamento del Magdalena solicitó su desvinculación del presente proceso de tutela.
La Sala negará tal solicitud, en tanto dicha autoridad fue vinculada en calidad de tercera
con interés, dado que constituyó el extremo pasivo de la litis en el proceso ordinario. Al
respecto, se considera que le asiste interés en lo decidido en el marco de la demanda de
tutela.

J. Sentido de la decisión

11. La Sala confirmará la decisión de primera instancia proferida el 17 de octubre de 2025
por la Subsección C de la Sección Tercera del Consejo de Estado que declaró improcedente
la acción de tutela al no cumplirse con el requisito de relevancia constitucional. En ese
sentido y por razones metodológicas, en esta providencia no se hará la verificación de los
demás requisitos generales de procedencia de la acción12.

12 Como requisitos generales de procedencia de la acción de tutela contra decisiones judiciales, la Corte Constitucional

ha establecido los siguientes: a) Que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia constitucional; b) Que se

5

Radicado: 11001-03-15-000-2025-05599-01
Accionante: Josefa María Gutiérrez Sánchez y otros
Acción de tutela

K. El requisito de relevancia constitucional

12. La Corte Constitucional ha reconocido que la acción de tutela contra providencias
judiciales se admite de manera excepcional con el objeto de proteger los derechos
fundamentales.13 En ese orden de ideas, ha determinado que la tutela contra providencias
judiciales implica un juicio de validez y no un juicio de corrección de la decisión
cuestionada14, con el fin de impedir “que el mecanismo de amparo constitucional sea
utilizado indebidamente como una instancia adicional para discutir los asuntos de índole
probatorio o de interpretación de la ley que dieron origen a la controversia judicial”.

12.1 En línea con lo anterior, con el fin de evitar que la acción de tutela contra providencia
judicial sea empleada indebidamente como un mecanismo para revivir el debate del
proceso ordinario, entre sus requisitos de procedibilidad, la Corte Constitucional estableció
que la cuestión que se discute debe ser de evidente relevancia constitucional. De esta
manera, se busca evitar que el juez constitucional se involucre en asuntos que
corresponde definir a otras jurisdicciones.15

12.2 En la sentencia SU-215 de 202216, la Corte Constitucional identificó los siguientes
criterios de análisis para establecer si la demanda en ejercicio de la acción de tutela contra
una providencia judicial supera el requisito de relevancia constitucional:

(i) el caso debe involucrar algún debate jurídico que gire en torno al contenido, alcance y
goce de algún derecho fundamental y no referirse exclusivamente a un asunto
meramente legal y/o económico, en otras palabras, el asunto debe ser trascendente para
la interpretación, aplicación y desarrollo de la Constitución Política o para la
determinación del alcance de un derecho fundamental;
(ii) la controversia no debe limitarse a una discusión meramente legal o de contenido
estrictamente económico, en ese sentido, no se debe emplear la acción de tutela como
una tercera instancia o un recurso adicional para reabrir debates meramente legales y la
solicitud debe trascender la mera inconformidad con las decisiones adoptadas por los
jueces naturales;
(iii) se deben plantear argumentos suficientes dirigidos a demostrar que la providencia
judicial afectó de manera grave un derecho fundamental, entonces, no basta con la sola
referencia a la afectación de las garantías superiores para encontrar probada la
relevancia constitucional, sino que se debe justificar razonablemente la existencia de una
restricción desproporcionada a un derecho fundamental; y

hayan agotado todos los medios -ordinarios y extraordinarios- de defensa judicial al alcance de la persona afectada,
salvo que se trate de evitar la consumación de un perjuicio iusfundamental irremediable; c) Que se cumpla el requisito de
la inmediatez, es decir, que la tutela se hubiere interpuesto en un término razonable y proporcionado a partir del hecho
que originó la vulneración; d) Cuando se trate de una irregularidad procesal, debe quedar claro que la misma tiene un
efecto decisivo o determinante en la sentencia que se impugna y que afecta los derechos fundamentales de la parte
actora: e) Que la parte actora identifique de manera razonable tanto los hechos que generaron la vulneración como los
derechos vulnerados y que hubiere alegado tal vulneración en el proceso judicial siempre que esto hubiere sido posible,
y f) Que no se trate de sentencias de tutela. (Ver sentencia C-590 de 2005)
13 Corte Constitucional, sentencia SU-215 de 2022, M.P. Natalia Ángel Cabo.
14 Corte Constitucional, sentencias T-016 de 2019, M.P. Cristina Pardo Schlesinger; SU-128 de 2021, M.P. Cristina Pardo

Schlesinger y SU-134 de 2022, M.P. José Fernando Reyes Cuartas.
15 Corte Constitucional. Entre otras, las sentencias SU-263 de 2015, M.P. Jorge Iván Palacio; SU-210 de 2017, M.P. José

Antonio Cepeda; SU-068 de 2018, M.P. Alberto Rojas Ríos; SU-184 de 2019, M.P. Alberto Rojas Ríos y SU-073 de 2020,
M.P. Cristina Pardo Schlesinger.
16 Corte Constitucional, sentencia SU-215 de 2022, M.P. Natalia Ángel Cabo.

6

Radicado: 11001-03-15-000-2025-05599-01
Accionante: Josefa María Gutiérrez Sánchez y otros
Acción de tutela

(iv) el examen de la acción de tutela dirigida contra decisiones de las altas cortes debe ser
estricto, lo que implica verificar que en efecto se haya presentado una actuación judicial
claramente arbitraria o violatoria de los derechos fundamentales

12.3 Para la Corte Constitucional17, el requisito de relevancia constitucional comporta tres
finalidades: (i) preservar la competencia y la independencia de los jueces de las
jurisdicciones diferentes a la constitucional y, por tanto, evitar que la acción de tutela se
utilice para discutir asuntos de mera legalidad; (ii) restringir el ejercicio de la acción de
tutela a cuestiones de relevancia constitucional que afecten los derechos fundamentales
y, finalmente, (iii) impedir que la acción de tutela se convierta en una instancia o recurso
adicional para controvertir las decisiones de los jueces.

12.4 Por todo, la Corte Constitucional ha insistido en que la intervención del juez
constitucional sólo está justificada cuando “[…] la providencia judicial sea definitivamente
incompatible con el alcance y límite de los derechos fundamentales que han sido
desarrollados por la Corte o que ella genere una anomalía en el sistema jurídico de tal
entidad que haga necesaria o imperiosa la intervención del juez constitucional” 18.

L. Caso concreto

13. La Sala observa que la acción de tutela no cumple con el requisito de relevancia
constitucional, por cuanto la solicitud de amparo tiene como propósito reabrir el debate
concluido en el proceso de reparación directa.

13.1 En efecto, esta Subsección evidencia que los argumentos expuestos por los
accionantes en el escrito de amparo se refieren a una inconformidad con la interpretación
efectuada por el Tribunal Administrativo del Magdalena sobre el deber de probar el supuesto
de hecho de las normas que consagran el efecto jurídico que ellas persiguen; sin embargo,
la sentencia cuestionada resolvió el debate sobre el cual la parte actora insiste y pretende
reabrir.

13.2 El Juzgado Décimo Administrativo de Santa Marta negó las pretensiones de la demanda
porque consideró que de las pruebas allegadas al expediente no se podía concluir que las
demandadas hubieran contribuido al daño ni que tuvieran conocimiento previo sobre la
situación de riesgo que las obligara adoptar medidas especiales.

13.3 Inconforme con la anterior decisión, los accionantes apelaron la sentencia de primera
instancia, con lo cual indicaron que era un hecho notorio que en la zona había presencia de
grupos al margen de la ley, situación que la jurisprudencia ha tenido en cuenta para acceder
a las pretensiones. Además, mencionaron sentencias de la Corte Interamericana sobre la
responsabilidad internacional del Estado en casos de violaciones de derechos humanos.

13.4 El Tribunal Administrativo del Magdalena resolvió de fondo el asunto con fundamento
en el material probatorio allegado al expediente y en la jurisprudencia aplicable al asunto,
así:

17 Corte Constitucional, sentencia SU-573 de 2019, M.P. Carlos Bernal Pulido.
18 Corte Constitucional, sentencia T-166 de 2022, M.P. Natalia Ángel Cabo.

7

Radicado: 11001-03-15-000-2025-05599-01
Accionante: Josefa María Gutiérrez Sánchez y otros
Acción de tutela

Esta Judicatura confirmará la providencia impugnada pues para esta Corporación, al igual
que para el A Quo, se dio una clara orfandad probatoria por parte del extremo activo en
cuanto su llamado a acreditar que agentes estatales intervinieron en los hechos de manera
directa o indirecta permitiendo la masacre en que fue desparecido forzosamente su familiar.
Muy a pesar del dicho de la impugnante, la jurisprudencia en estos casos exige que haya
suficiencia frente al actuar negligente o doloso de agentes del Estado en la comisión del
delito o en tratar de evitarlo, para que pueda pregonarse la falla del servicio y como
consecuencia la responsabilidad patrimonial del Estado (…).
La primera hipótesis es que el agente estatal participe de manera activa en la comisión de
los hechos, esta coyuntura queda descartada de entrada pues la demanda se centra en que
la acción fue realizada por miembros de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), sin
que se mencione que miembros de algunas de las entidades demandadas realizó acciones
afirmativas para que la masacre relatada se llevara a cabo (…).
Vale decir igualmente que, la víctima desaparecida, si bien era un civil ajeno al conflicto, no
era de aquellos que demandaran una especial protección por ocupar cargos propensos a
ser atentados en su integridad, como periodistas, defensores de derechos humanos y
quienes ocupan algunos cargos sensibles, donde necesariamente se exige un mayor
cuidado por encontrarse en constante riesgo.
Así las cosas, impera en este trámite, una clara orfandad probatoria por parte del extremo
activo, al punto que, su libelo solo cuenta con dos documentos oficiales relativos a la
masacre y desplazamiento, que no dan cuenta de la participación de agentes del Estado, y
solo se limitó a pedir en su demanda un interrogatorio de parte que en últimas no dio certeza
a la Jurisdicción de tal intervención pública en los hechos, sea por acción u omisión.
En esta clase de procesos judiciales, se precisa que la falla en el servicio sea probada, por
lo que, le asiste la carga o deber de acreditar los hechos a quien los trae al proceso, en este
caso, la parte actora no hizo un esfuerzo significativo y pertinente para probar sus
acusaciones frente a todas las entidades demandadas, dejando todo a la aplicación de
presunciones amparadas en derecho internacional humanitario y derechos humanos, sin
embargo, y aunque respetuosos de las sentencias emitidas por la CIDH, no es menos cierto
que, tratándose de juicios de responsabilidad, y más en regímenes subjetivos como el de
este trámite, la prueba debe imperar para llevar al operador judicial al convencimiento de los
hechos narrados.

13.5 De conformidad con lo expuesto, observa la Sala que los planteamientos formulados en
la demanda de tutela ya fueron objeto de estudio y resolución por parte de la autoridad
judicial competente. Dicha autoridad explicó, de manera suficiente, razonada y coherente,
que la eventual responsabilidad del Estado por graves violaciones a los derechos humanos
puede derivarse de un régimen subjetivo u objetivo; no obstante, concluyó que las pruebas
incorporadas al expediente no permitían acreditar tal responsabilidad bajo ninguno de esos
títulos de imputación.

13.6 En concordancia con lo anterior, la providencia precisó que los accionantes no probaron
que algún agente de las entidades demandadas hubiera incurrido en una falla en el servicio.
Ello es particularmente relevante si se tiene en cuenta que lo probado dentro del proceso
fue que el daño fue ocasionado de manera directa por un grupo al margen de la ley, sin
intervención -por acción u omisión- de funcionario estatal alguno.

13.7 También indica la providencia atacada que con las pruebas obrantes en el expediente
no se acreditó que las entidades demandadas hubieran tenido conocimiento de la situación
de inseguridad que se vivía en la zona, ni que hubieran omitido la adopción de medidas
para prevenir el daño. Asimismo, se indicó que el señor Carlos Alberto Gutiérrez Sánchez
no era un sujeto que, debido a su oficio o posición, demandara una especial protección por
parte del Estado.

8

Radicado: 11001-03-15-000-2025-05599-01
Accionante: Josefa María Gutiérrez Sánchez y otros
Acción de tutela

13.8 Así las cosas, resulta evidente que los accionantes, mediante la acción de tutela, buscan
que se reabra la discusión que tuvo lugar en el proceso de reparación directa y, en sede de
tutela, se adopte una interpretación favorable a sus intereses. Sin embargo, dicha
pretensión excede el ámbito de competencia del juez constitucional, pues implicaría
desconocer los principios de independencia y autonomía judicial que rigen la función
jurisdiccional.

13.9 De otro lado, la Sala observa que los accionantes manifestaron que se configuró un
desconocimiento del precedente, puesto que, no se tuvo en cuenta la “sentencia de
unificación” de esta Corporación con radicado 04068; sin embargo, se precisa que dicha
afirmación carece de una carga argumentativa mínima, pues no expusieron las razones por
las cuales dicha providencia resultaba aplicable a su caso, ni explicó la relación entre los
aspectos fácticos y jurídicos de ese precedente y su situación particular. Por el contrario,
una vez revisada la sentencia se tiene que: i) no se trata de una sentencia de unificación;
ii) no contiene un precedente vinculante; y iii) el estudio se dio frente a la caducidad del
medio de control y no frente al incumplimiento de la carga de la prueba.

13.10 Finalmente, la Subsección no puede pasar por alto que, al comparar el recurso de
apelación con la demanda de tutela, se advierte que ambos coinciden casi de manera
íntegra en las referencias a la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos
Humanos sobre la responsabilidad de los Estados por falta de diligencia o por el
incumplimiento de las obligaciones previstas en los tratados internacionales de derechos
humanos. Tal circunstancia evidencia que, mediante la acción de tutela, se pretende
habilitar una tercera instancia del proceso ordinario.

13.11 En ese orden de ideas, es claro para la Sala que el presente asunto no cumple con el
requisito de relevancia constitucional, porque se pretende reabrir el debate propuesto y
resuelto de manera razonable por el Tribunal Administrativo del Magdalena, tal como
también lo concluyó la Subsección C de la Sección Tercera de esta Corporación, que
conoció del sub examine en primera instancia.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Tercera, Subsección B, administrando justicia en nombre de la República de
Colombia y por autoridad de la ley,

RESUELVE

PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia de primera instancia proferida el 17 de octubre de
2025 por la Subsección C de la Sección Tercera del Consejo de Estado, por las razones
expuestas en precedencia.

SEGUNDO: NOTIFÍQUESE la presente decisión a las partes por el medio más expedito y
eficaz.

TERCERO: ENVÍESE el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

9

Radicado: 11001-03-15-000-2025-05599-01
Accionante: Josefa María Gutiérrez Sánchez y otros
Acción de tutela

CUARTO: PUBLÍQUESE la presente providencia en la página web de la Corporación.

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Esta sentencia se estudió y aprobó en sesión celebrada en la fecha

Con firma electrónica
ALBERTO MONTAÑA PLATA
Presidente

Con firma electrónica Con firma electrónica
DIEGO ENRIQUE FRANCO VICTORIA FREDY IBARRA MARTÍNEZ
Magistrado Magistrado

10

Sigue leyendo

Lee la providencia completa en RuleX

RuleX es la IA para el trabajo legal: inteligencia artificial y software jurídico, todo en una sola plataforma. Crea tu cuenta y RuleX abre esta providencia completa, te explica sus reglas y la lleva a tu escrito con la cita puesta. Siete días de prueba sin tarjeta.