Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2025-05602-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
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Consejo de Estado · Sección Tercera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2025-05602-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Tercera
Radicado 11001-03-15-000-2025-05602-01
Consejero ponente: Germán Eduardo Osorio Cifuentes
29 de enero de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
Bogotá D.C., veintinueve (29) de enero de dos mil veintiséis (2026)
Consejero Ponente: GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación núm.: 11001-03-15-000-2025-05602-01
Accionante: RODRIGO DE JESÚS GARCÍA LÓPEZ
Accionados: SUBSECCIÓN B DE LA SECCIÓN TERCERA DEL
TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA Y OTRO
Tema: TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL - Se confirma el fallo
impugnado. Se declara improcedente el mecanismo de amparo por no
cumplir con el requisito general de relevancia constitucional.
Sentencia de segunda instancia
La Sala decide la impugnación presentada por el accionante contra la sentencia de
20 de noviembre de 2025, proferida por la Sección Cuarta del Consejo de Estado.
I. LA SOLICITUD DE TUTELA
1. El señor Rodrigo de Jesús García López solicitó, en nombre propio, el amparo de
los derechos fundamentales al debido proceso, acceso a la administración de justicia
y a la igualdad, cuya vulneración le atribuyó a las providencias de 14 de diciembre
de 2022 y 26 de abril de 2025, proferidas por el Juzgado Treinta y Cuatro
Administrativo del Circuito de Bogotá y la Subsección B de la Sección Tercera del
Tribunal Administrativo de Cundinamarca, respectivamente, dentro del medio de
control de reparación directa con número de radicación 11001-33-36-034-2022-
00255-00/01.
II. HECHOS Y RAZONES DE LA TUTELA
2. De conformidad con lo planteado en el escrito de amparo, los hechos y razones que
motivan el ejercicio de la acción de tutela se contraen, en síntesis, a lo siguiente:
2.1. Indicó que promovieron demanda1, en ejercicio del medio de control de reparación
directa con el número de radicación 11001-33-36-034-2022-00255-00/01 contra la
Nación – Procuraduría General de la Nación, con el fin de que se declarara
administrativa y patrimonialmente responsable por los perjuicios derivados del
accidente laboral sufrido por el señor Rodrigo de Jesús García López el 27 de julio de
1
Los señores Rodrigo de Jesús García López, Antonio José García Hincapié y María Nidia García López.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
2
Radicación: 11001-03-15-000-2025-05602-01
Accionante: Rodrigo de Jesús García López
2018, que a su juicio “[…] tuvo origen por la presunta omisión de la parte actora en
prevenir o mitigar su ocurrencia […]”.
2.2. Señaló que, el conocimiento del proceso le correspondió al Juzgado Treinta
y
Cuatro Administrativo del Circuito de Bogotá, autoridad judicial que, mediante
providencia de 14 de diciembre de 2022, rechazó la demanda por haber operado la
caducidad de la acción del medio de control de reparación directa.
2.3. Sostuvo que interpusieron recurso de apelación contra la providencia mencionada
anteriormente y la Subsección B de la Sección Tercera del Tribunal Administrativo
de Cundinamarca, mediante auto de 26 de abril de 2025 confirmó la decisión.
2.4. Expresó que las providencias antes referidas vulneraron su derecho al debido
proceso, acceso a la administración de justicia y a la igualdad, por haber incurrido,
presuntamente, en un defecto por desconocimiento del precedente judicial.
2.5. Manifestó que las autoridades judiciales accionadas realizaron el conteo del término
de la caducidad desde el día siguiente a aquel en el que se presentó el accidente
laboral, sin tener en cuenta la fecha en la cual se determinó la pérdida de capacidad
laboral.
2.6. Afirmó que tanto la Corte Constitucional como el Consejo de Estado han
flexibilizado las formas en las que se realiza el cómputo del término de caducidad del
medio de control de reparación directa por lesiones corporales. Indicó que su postura
se sustenta en las siguientes sentencias:
“[…] De la Corte Constitucional, invoca como desconocidas las sentencias SU-695
de 2015, T-334 de 2018, T-301 de 2019, T-271 de 2020, T-347 de 2020, T-340 de
2023 y T 376 de 2024 […] Del Consejo de Estado invocó la sentencia del 29 de
noviembre de 2018 dictada en el proceso 54001-23-31-000-2003-01282-02
(47308). Sentencia del 8 de septiembre de 2021. «Consejo de Estado, Nº de
radicado 15001-23-31-000-2011-00066-01 (55824). C.P. Martín Bermúdez
Muñoz, Consejo de Estado. Radicado: 73001-23-31-000-1999-01311-01(22462).
7 de julio del 2011. C.P. Gladys Agudelo Ordoñez, Sentencia del 18 de noviembre
de 2021. «Consejo de Estado. Radicado: Radicado: 08001-23-31-000-2010-
00760-01(54703). 18 de noviembre del 2021. C.P. Martín Bermúdez Muñoz,
Sentencia del 2 de diciembre de 2021. «Consejo de Estado. Radicado: 11001-03-
15-000-2021-06366-00. 2 de diciembre del 2021. C.P. Nubia Margoth Peña
Garzón, Consejo de Estado. Radicado: 54001-23-31-000-2003-01282-02(47308).
29 de noviembre del 2018. C.P. Marta Nubia Velásquez Rico […]”.
III. PRETENSIONES
3. La parte accionante formuló las siguientes pretensiones:
“[…] PRIMERO: Tutelar el derecho fundamental derecho al debido proceso por
conexidad a la legítima defensa, acceso a la administración de justicia, a la
igualdad y a la vida en condiciones dignas y como consecuencia REVOCAR los
fallos proferidos por el JUZGADO 034 ADMINISTRATIVO DE BOGOTÁ Y
TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA SECCIÓN TERCERA –
SUBSECCIÓN B.
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Radicación: 11001-03-15-000-2025-05602-01
Accionante: Rodrigo de Jesús García López
SEGUNDO: Como consecuencia de lo anterior, TUTELAR los derechos
fundamentales al debido proceso y al acceso a la administración de justicia, en
consecuencia, DEJAR SIN EFECTO las sentencias emanadas del JUZGADO
034 ADMINISTRATIVO DE BOGOTÁ Y TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE
CUNDINAMARCA SECCIÓN TERCERA – SUBSECCIÓN B.
TERCERO: Ordenarle al TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE
CUNDINAMARCA SECCIÓN TERCERA – SUBSECCIÓN B., que se pronuncie
de nuevo sobre el recurso de apelación formulado contra la decisión de primera
instancia emitida por el JUZGADO 034 ADMINISTRATIVO DE BOGOTÁ […]”.
[Negrilla del texto]
IV. TRÁMITE DE LA TUTELA
4. Mediante auto de 7 de octubre de 2025, el Despacho de la Sección Cuarta del
Consejo de Estado a cargo de la sustanciación del proceso admitió la presente
acción de tutela. Asimismo, se vinculó en calidad de tercero con interés directo en
el resultado del proceso a María Nidia García López.
V. INTERVENCIONES
5. Una vez efectuadas las notificaciones a las autoridades accionadas y al vinculado,
se allegó el siguiente informe:
5.1. LaSubsección B de la Sección Tercera del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca solicitó negar las pretensiones de la demanda, por cuanto esta
Corporación aplicó el precedente jurisprudencial del Consejo de Estado en el caso
analizado, determinando que la acción de reparación directa fue presentada por
fuera del término de caducidad previsto en el artículo 164 literal i) de la Ley 1437 de
2011.
5.2. El Juzgado Treinta y Cuatro Administrativo del Circuito de Bogotá solicitó
se denieguen las pretensiones de la demanda, en la medida que, “[…] la acción de
tutela no se puede convertir en una tercera instancia, ya que vulneraría la
independencia del juez quien actúa dentro del principio de legalidad. Tampoco
puede ser un medio para revivir términos, pues provocaría inestabilidad en la
seguridad jurídica […]”.
5.3. La señora María Nidia García López solicitó “[…] que el Despacho acceda a las
pretensiones de la acción de tutela instaurada por mi hermano y con ella, el
JUZGADO 034 ADMINISTRATIVO DE BOGOTA (sic) admita la presente demanda
radicada bajo el medio de control reparación directa y que ya sea el propio ministerio
publico (sic) quien se defienda en las diferentes etapas procesales que se surtan al
interior de dicha demanda, ello sin importar si al final prosperan o no las
pretensiones […]”.
4
Radicación: 11001-03-15-000-2025-05602-01
Accionante: Rodrigo de Jesús García López
VI. EL FALLO IMPUGNADO
6. Mediante fallo de tutela de 20 de noviembre de 2025, la Sección Cuarta del
Consejo de Estado resolvió declarar la improcedencia de la acción de tutela por no
cumplir el requisito de relevancia constitucional.
7. Al respecto consideró que “[…] De acuerdo con lo anterior, la acción de tutela
analizada se está empleando para insistir nuevamente en los planteamientos que
ya fueron propuestos ante el juez natural lo que no permite que se supere el requisito
general de la relevancia constitucional, pues los argumentos de esta acción buscan
reabrir el debate judicial ya que se pretende que las autoridades accionadas realicen
nuevamente el estudio del caso para que el término de la caducidad de la acción no
se contabilice desde la fecha de la ocurrencia del daño sino desde la fecha en la
que se conoció la magnitud del mismo, sin contar que parte de los precedentes que
el actor identificó como desconocidos fueron el fundamento que utilizó el tribunal
para resolver el recurso […]”.
VII. FUNDAMENTOS DE LA IMPUGNACIÓN
8. La parte accionante impugnó el fallo proferido en primera instancia, con base en
los siguientes argumentos:
“[…] Lo que la parte actora está buscando es un análisis bajo el contexto de la
óptica Constitucional, en donde en múltiples jurisprudencias se ha decantado
que los términos de inicio para contar las prescripción (sic) en materia de lo
contencioso administrativo, comienza cuando la persona tiene la certeza no de
la consumación del daño, sino que sabe y puede cuantificar ese daño por las
diferentes pruebas que pueda aportar en el proceso.
Para nuestro caso la prueba más adecuada es la calificación que hace la Junta
de Calificación de Invalidez de Bogotá, documento que determinó la pérdida de
capacidad laboral que se me había diagnosticado y desde la fecha de
notificación de este documento es que se debe empezar a contar la caducidad.
Por otro lado, me pregunto cual seria (sic) el sentido de presentar un sustento
diferente a los presentados en la demanda y el recurso de apelación, eso seria
inoficioso, ya que, con la reiteración del error de interpretación en el conteo del
inicio del término de caducidad los diferentes despachos han definido una
posición diferente al actual precedente judicial que se debe tener en cuenta
cuando se presentan este tipo de casos […]”.
VIII. CONSIDERACIONES DE LA SALA
VIII.1. Competencia de la Sala
9. Esta Sala de Decisión es competente para conocer de la presente acción de tutela,
de conformidad con lo establecido en el Decreto Ley núm. 2591 de 19 de noviembre
de 19912, en concordancia con el artículo 2.2.3.1.2.1 del Decreto núm. 1069 de 26
de mayo de 20153, modificado por el artículo 1.º del Decreto núm. 333 de 6 de abril
2
“Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política”.
3
“Por medio del cual se expide el decreto único reglamentario del sector justicia y del derecho”.
5
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Accionante: Rodrigo de Jesús García López
de 20214 y el Decreto 799 de 9 de julio de 20255, y el artículo 13 del Acuerdo núm.
080 de 12 de marzo de 20196, modificado por el Acuerdo núm. 434 de 10 de
diciembre de 20247.
VIII.2. Problemas jurídicos
10. El extremo accionante le atribuyó la vulneración de sus derechos fundamentales
a las providencias de 14 de diciembre de 2022 y 26 de abril de 2025, proferidas por
el Juzgado Treinta y Cuatro Administrativo del Circuito de Bogotá y la Subsección
B de la Sección Tercera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
respectivamente. Sin embargo, la Sala sólo analizará si la providencia de 26 de abril
de 2025, proferida en segunda instancia por la Subsección B de la Sección Tercera
del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, vulneró los derechos fundamentales
de la parte accionante porque esta decisión fue la que puso fin a dicha controversia.
11. Deacuerdo con la situación fáctica planteada, y teniendo en cuenta que
corresponde al juez de tutela, en segunda instancia, verificar si el fallo impugnado
debe ser confirmado, modificado o revocado8, la Sala debe establecer:
a) Si en el presente asunto se cumplen los requisitos generales de procedencia
de la acción de tutela contra providencias judiciales. Y, si ello es así, se
deberá determinar:
b) Si la providencia aquí enjuiciada vulneró los derechos fundamentales
invocados por la parte accionante.
12. Con el fin de resolver tales interrogantes, resulta pertinente pronunciarse de
manera previa sobre: i) la procedencia de la acción de tutela contra providencias
judiciales. Requisitos generales y especiales de procedibilidad; para posteriormente
ii) resolver el caso concreto, adentrándose en el fondo del asunto, siempre y cuando
se satisfagan a cabalidad las exigencias adjetivas.
VIII.3. Procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales.
Requisitos generales y especiales de procedibilidad
13. La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, en
sentencia de 31 de julio de 20129, cambió su postura inicial y decidió asumir el
estudio de fondo de las acciones de tutela dirigidas en contra de providencias
judiciales violatorias de derechos fundamentales siguiendo los lineamientos
dispuestos por la Corte Constitucional y su propia jurisprudencia.
4
“Por la cual se modifican los artículos 2.2.3.1.2.1, 2.2.3.1.2.4 y 2.2.3.1.2.5 del Decreto 1069 de 2015, Único Reglamentario
del sector Justicia y del Derecho, referente a las reglas de reparto de la acción de tutela”.
5
“Por el cual se modifica el artículo 2.2.3.1.2.1 del Decreto 1069 de 2015, Único Reglamentario del sector Justicia y del
Derecho”.
6
“[…] Por el cual se expide el Reglamento Interno del Consejo de Estado […]”.
7 Por medio del cual se modifican los artículos 13, 67, 80, 81 y 82 del Acuerdo 080 de 2019, y se le adicionan los artículos
83, 84, 85, 86, 87, 88, 89 y 90.
8
Artículo 32 del Decreto Ley 2591 de 1991.
9
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Radicación: 2009-01328-01(IJ), sentencia de 31 de julio
de 2012. Consejera Ponente: Dra. María Elizabeth García González.
6
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Accionante: Rodrigo de Jesús García López
14. Ahorabien, la sentencia C-590 de 8 de junio de 2005, proferida por la Corte
Constitucional, estableció los siguientes presupuestos generales y especiales para
que proceda la acción de tutela en contra de decisiones judiciales:
15. Como requisitos generales de procedibilidad fijó: i) la relevancia constitucional del
asunto; ii) el agotamiento de todos los medios de defensa judicial, salvo la existencia
de un perjuicio irremediable; iii) el cumplimiento del principio de inmediatez; iv) si se
trata de una irregularidad procesal, que ésta tenga efecto decisivo en la providencia
objeto de inconformidad; v) la identificación clara de los hechos causantes de
vulneración y su alegación en el proceso; y vi) que la acción no se dirija contra un
fallo de tutela, salvo las excepciones previstas en la sentencia SU-627 de 2015.
16. Como requisitos especiales de procedencia del amparo, y que permiten al juez
constitucional dejar sin efectos una providencia judicial10, la sentencia C-590 de
2005 estableció la existencia de los siguientes defectos: orgánico, procedimental
absoluto, fáctico, material o sustantivo, error inducido, decisión sin motivación,
desconocimiento del precedente judicial y violación directa de la Constitución11.
17. De lo expuesto, la Sala advierte que, cuando el juez constitucional conoce una
demanda impetrada en ejercicio de la acción de tutela y en la que se alega la
vulneración de derechos fundamentales con ocasión de la expedición de una
providencia judicial, en primer lugar, debe verificar la presencia de los requisitos
generales y, en segundo lugar, le corresponde examinar si en el caso objeto de
análisis se configura uno de los defectos especiales explicados, permitiéndole de
esta manera “[…] dejar sin efecto o modular la decisión […]”12 que encaje en dichos
parámetros.
18. Se trata, entonces, de una rigurosa constatación de los presupuestos de
procedibilidad, por cuanto resulta a todas luces necesario evitar que este
instrumento excepcional se convierta en una manera de desconocer principios y
valores constitucionales tales como los de cosa juzgada, debido proceso, seguridad
jurídica e independencia judicial que gobiernan todo proceso jurisdiccional.
10
Corte Constitucional, Sala Novena de Revisión, Sentencia T-619 de 3 de septiembre de 2009, Magistrado Jorge Iván Palacio
Palacio.
11
Defecto orgánico, que tiene lugar cuando el funcionario judicial que emite la decisión carece, de manera absoluta, de
jurisdicción o competencia para ello.
Defecto procedimental absoluto, que tiene lugar cuando el juez actuó al margen del procedimiento establecido.
Defecto fáctico, que surge cuando la providencia judicial carece del apoyo probatorio que permita la aplicación del supuesto
legal en el que se sustenta la decisión, valora erradamente los elementos de juicio; o da por demostrada una situación fáctica
sin existir evidencia probatoria de la misma.
Defecto material o sustantivo, existe cuando las decisiones se fundamentan en normas inexistentes o inconstitucionales, o
que presentan una evidente contradicción entre los fundamentos y la decisión.
Error inducido, que se presenta cuando la autoridad judicial ha sido engañada por las partes o intervinientes y ese engaño lo
llevó a tomar una determinación que afecta derechos fundamentales.
Decisión sin motivación, que tiene lugar cuando el funcionario judicial no expone los fundamentos fácticos y jurídicos de la
decisión adoptada en la parte resolutiva de la providencia judicial.
Desconocimiento del precedente, que se origina cuando el juez ordinario desconoce o limita el alcance dado por esta Corte
Constitucional a una disposición constitucional o derecho fundamental, apartándose del contenido constitucionalmente
vinculante del derecho fundamental vulnerado.
Violación directa de la Constitución, que se presenta cuando la actuación de la autoridad se opone de manera directa a las
normas establecidas en la Constitución Política.
12
Corte Constitucional, Sala Segunda de Revisión, Sentencia T- 225 del 23 de marzo de 2010, Magistrado Ponente: Dr.
Mauricio González Cuervo.
7
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Accionante: Rodrigo de Jesús García López
19. El criterio
expuesto fue reiterado en pronunciamiento de la Sala Plena de la
Corporación, en sentencia de unificación de 5 de agosto de 2014, radicado: 11001-
03-15-000-2012-02201-01.
VIII.4. El caso concreto
20. El señor Rodrigo de Jesús García López solicitó, en nombre propio, el amparo de
los derechos fundamentales al debido proceso, acceso a la administración de justicia
y a la igualdad, cuya vulneración le atribuyó a las providencias de 14 de diciembre
de 2022 y 26 de abril de 2025, proferidas por el Juzgado Treinta y Cuatro
Administrativo del Circuito de Bogotá y la Subsección B de la Sección Tercera del
Tribunal Administrativo de Cundinamarca, respectivamente, dentro del medio de
control de reparación directa con número de radicación 11001-33-36-034-2022-
00255-00/01.
21. Precisado lo anterior, la Sala estudiará el cumplimiento de los requisitos
generales de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales, en
especial el de relevancia constitucional.
VIII.4.1. Del requisito general de procedencia de relevancia constitucional
22. En cuanto atañe al requisito de procedencia de la relevancia constitucional, cabe
recordar que este se entiende cumplido cuando se acredita que el asunto gira en torno
al contenido, alcance y goce de algún derecho fundamental13 y no cuando guarda
relación con asuntos de carácter meramente legal o de contenido económico que
deberán ser definidos por otras jurisdicciones14.
23. Ahora bien, en las acciones de tutela contra providencias judiciales15, el referido
requisito se cumple siempre que se evidencie, a primera vista, la afectación o
vulneración de las garantías constitucionales o núcleo esencial de los derechos
fundamentales y se descarte el uso del mecanismo de amparo como una instancia o
recurso adicional para controvertir las decisiones de los jueces16.
24. Así, en cuanto a la relevancia constitucional de una controversia, la Sala Plena
del Consejo de Estado, en sentencia de unificación17, sostuvo que:
“[…] La “relevancia constitucional” es un asunto que puede ser desarrollado
desde dos puntos de vista: i) para efectos de la revisión eventual realizada por
la Corte Constitucional y, ii) como requisito de procedibilidad de la acción
de tutela contra providencias judiciales para evitar que se convierta en una
tercera instancia.
13
Corte Constitucional, Sala Plena, Sentencia C-590 del 8 de junio de 2005, exp. No. D-5428, Magistrado Ponente: Dr. Jaime
Córdoba Triviño.
14
Corte Constitucional, Sentencias SU-439 de 13 de julio de 2017 (M.P. Alberto Rojas Ríos) y T-458 de 29 de agosto de 2016
(M.P. Luis Ernesto Vargas Silva).
15
Donde sin lugar a dudas se exige una carga argumentativa lo suficientemente sólida y consistente para efectos de atacar
y/o cuestionar el contenido de una decisión judicial.
16
Corte Constitucional, sentencia de tutela No. T-102 de 16 de febrero de 2006 (M.P. Humberto Antonio Sierra Porto). En
igual sentido, ver sentencias T-075-18, T-451-18, T-422-18 y T-248-18.
17
Consejo de Estado, Sala Plena, Sentencia de 5 de agosto de 2014, exp. No. 2012-02201-01, C.P. Dr. Jorge Octavio Ramírez
Ramírez.
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Radicación: 11001-03-15-000-2025-05602-01
Accionante: Rodrigo de Jesús García López
El primer elemento dice relación con la carga argumentativa del actor para
demostrar en sede de tutela que el asunto es de relevancia constitucional
por la afección de sus derechos fundamentales. No basta, entonces,
aducir la vulneración de derechos fundamentales para cumplir este requisito
de procedibilidad de la tutela contra providencias judiciales.
A juicio de la Sala, si bien es cierto que el Juez de Tutela debe motivar su
decisión, explicando por qué ella es de “relevancia constitucional”, no es menos
cierto que el actor tiene la carga de argumentar el por qué su pretensión tiene
tal atributo, para que el Juez pueda determinar si se cumple tal requisito, so
pena del rechazar o declarar improcedente el amparo constitucional […]”.
[Negrilla fuera del texto].
25. La Corte Constitucional en la sentencia SU-215 de 202218 precisó, en relación
con el alcance del requisito de la relevancia constitucional, cuáles eran los deberes
del juez constitucional:
“[…] [E]l juez debe analizar: (i) que el asunto tenga la entidad para interpretar,
aplicar, desarrollar la Constitución Política o determinar el alcance de un
derecho fundamental; (ii) que la controversia no se limite a una discusión
meramente legal o de contenido estrictamente económico con connotaciones
particulares o privadas; y, (iii) que se justifique razonablemente una afectación
desproporcionada a derechos fundamentales. Finalmente, cuando la acción de
tutela se dirige contra una providencia judicial de una alta corte, se exige
advertir, además, una vulneración arbitraria o violatoria de derechos
fundamentales.
[…]
a. El caso no tiene la entidad para interpretar, aplicar, desarrollar la
Constitución Política o determinar el alcance de un derecho fundamental
42. Con respecto a este requisito, la accionante no explicó cómo la resolución
del caso ayuda a interpretar, aplicar o desarrollar la Constitución Política o el
núcleo esencial de los derechos fundamentales al debido proceso y al acceso
a la administración de justicia.
[…]
b. El caso involucra un debate jurídico eminentemente legal
45. Aunque la acción de tutela interpuesta por PRTI hace referencia a la
violación de derechos fundamentales, principalmente al debido proceso y al
acceso efectivo a la administración de justicia, lo cierto es que la solicitud de
amparo está construida sobre lo que el demandante considera es una mejor
interpretación de una norma de naturaleza legal y, en particular, sobre la
pretensión de que se acoja su lectura con respecto a la exención definida en
literal e) del artículo 481 del Estatuto Tributario.
[…]
c. El caso plantea una discusión preponderantemente económica
65. Como ya se mencionó la Corte ha sido clara en señalar que un asunto
carece de relevancia constitucional cuando el contenido de la controversia es
exclusivamente económico pues esta no involucra el interés general sino uno
estrictamente privado o particular. Esto no significa, claro está, que jamás
proceda la tutela contra sentencias en un asunto de naturaleza económica, pues
eventualmente en este tipo de casos se puede llegar a comprometer algún
derecho fundamental. Así, por ejemplo en acciones de tutela formuladas contra
18
Corte Constitucional. Sala Plena. Sentencia SU-215 de 2022, M.P. Natalia Ángel Cabo; 16 de junio de 2022.
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Radicación: 11001-03-15-000-2025-05602-01
Accionante: Rodrigo de Jesús García López
providencias judiciales en las que se discute: (i) el reconocimiento de derechos
pensionales; (ii) pretensiones de reparación directa; (iii) laudos arbitrales (…)
entre otras materias que implican pretensiones económicas, la Corte ha
reconocido la relevancia constitucional del asunto siempre que se advierta con
claridad que la acción de tutela está dirigida a obtener la protección de un
derecho fundamental y no a reabrir la discusión definida ante los jueces
ordinarios.
[…]
d. La acción de tutela no cumple con la carga argumentativa y explicativa
rígida pues no se demuestra una grave violación de los derechos
fundamentales […]”. [Negrilla del texto y subrayado fuera del texto].
26. Valga destacar que el anterior criterio fue reiterado por la Sala Séptima de Revisión
de la Corte Constitucional en reciente sentencia T-075 de 22 de marzo de 202319.
27. Por ende, y de conformidad con la jurisprudencia de la Sala Plena del Consejo de
Estado, para que exista relevancia constitucional deben concurrir los siguientes
elementos: i) que de la carga argumentativa expuesta por el actor se pueda concluir
que hay una presunta vulneración de derechos fundamentales, y ii) que la discusión
planteada en sede de tutela no gire en torno a una inconformidad respecto de la mera
legalidad de la decisión analizada o sobre cuestiones de apreciación judicial que no
involucre derechos fundamentales20.
28. Previa indicación de las anteriores premisas se tiene que en el caso objeto de
estudio la parte accionante alega que la autoridad judicial accionada vulneró sus
derechos fundamentales al debido proceso, acceso a la administración de justicia y
a la igualdad, por haber incurrido, presuntamente, en un desconocimiento del
precedente judicial.
28.1. Manifestó
que las autoridades judiciales accionadas realizaron el conteo del
término de la caducidad desde el día siguiente a aquel en el que se presentó el
accidente laboral, sin tener en cuenta la fecha en la cual se determinó la pérdida de
capacidad laboral.
28.2. Afirmó que tanto la Corte Constitucional como el Consejo de Estado han
flexibilizado las formas en las que se realiza el cómputo del término de caducidad del
medio de control de reparación directa por lesiones corporales. Indicó que su postura
es sustentada por las siguientes sentencias:
“[…] De la Corte Constitucional, invoca como desconocidas las sentencias SU-695
de 2015, T-334 de 2018, T-301 de 2019, T-271 de 2020, T-347 de 2020, T-340 de
2023 y T 376 de 2024 […] Del Consejo de Estado invocó la sentencia del 29 de
noviembre de 2018 dictada en el proceso 54001-23-31-000-2003-01282-02
19
Corte Constitucional. Sala Séptima de revisión. Sentencia T-075 de 2023, M.P. Paola Andrea Meneses Mosquera; 22 de
marzo de 2023.
20
Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección primera. Rad. núm.: 2015-00283-01, C.P. Guillermo
Vargas Ayala; 8 de octubre de 2015. Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Rad. núm.:
2016-002244-00, C.P. Guillermo Vargas Ayala; 3 de noviembre de 2016. Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso
Administrativo. Sección Primera. Rad. núm.: 2016-01063-00, C.P. Guillermo Vargas Ayala; 17 de noviembre de 2016. Consejo
de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Rad. núm.: 2016-02862-00, C.P. Guillermo Vargas Ayala;
17 de noviembre de 2016. Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Rad. núm.: 2016-
03249-00, C.P. Roberto Augusto Serrato Valdés; 9 de febrero de 2017.
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Radicación: 11001-03-15-000-2025-05602-01
Accionante: Rodrigo de Jesús García López
(47308). Sentencia del 8 de septiembre de 2021. «Consejo de Estado, Nº de
radicado 15001-23-31-000-2011-00066-01 (55824). C.P. Martín Bermúdez
Muñoz, Consejo de Estado. Radicado: 73001-23-31-000-1999-01311-01(22462).
7 de julio del 2011. C.P. Gladys Agudelo Ordoñez, Sentencia del 18 de noviembre
de 2021. «Consejo de Estado. Radicado: Radicado: 08001-23-31-000-2010-
00760-01(54703). 18 de noviembre del 2021. C.P. Martín Bermúdez Muñoz,
Sentencia del 2 de diciembre de 2021. «Consejo de Estado. Radicado: 11001-03-
15-000-2021-06366-00. 2 de diciembre del 2021. C.P. Nubia Margoth Peña
Garzón, Consejo de Estado. Radicado: 54001-23-31-000-2003-01282-02(47308).
29 de noviembre del 2018. C.P. Marta Nubia Velásquez Rico […]”.
29. En criterio de esta Sala de Decisión, la presente controversia carece de
relevancia constitucional porque: i) el debate no se realizó desde una óptica
constitucional, ii) el caso involucra un debate jurídico eminentemente legal y iii) la
parte accionante pretende utilizar este mecanismo como una tercera instancia, con
lo que busca reabrir la discusión que fue resuelta por el juez natural.
30. Esta Sección ha venido sosteniendo, en forma pacífica, que para que un asunto
supere el requisito general de relevancia constitucional es indispensable que la
discusión planteada en sede de tutela se haga desde una óptica constitucional. Para
ello es necesario que la parte accionante motive suficientemente las razones por las
que considera que la decisión judicial le ocasiona una “[…] afectación
desproporcionada a sus derechos fundamentales […]”.
31. En este aspecto, la Sala debe precisar que, si bien la parte accionante aduce que
le fueron desconocidos sus derechos fundamentales, lo cierto es que el accionante
no está exponiendo que la providencia cuestionada haya incurrido en una
arbitrariedad judicial, sino que el motivo de su inconformidad consiste en que el juez
de segunda instancia confirmó la decisión adoptada por el Juzgado Treinta y Cuatro
Administrativo del Circuito de Bogotá, a través de la cual se declaró de oficio la
caducidad del medio de control de reparación directa.
32. Se observa que la discusión expuesta en esta instancia constitucional fue
analizada por la Subsección B de la Sección Tercera del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca en la providencia cuestionada:
“[…] La Sala encuentra que, con base en la documentación aportada al proceso,
la parte actora tuvo conocimiento del daño alegado en el momento mismo de
su ocurrencia, es decir, el 27 de julio de 2018. Aun en gracia de discusión,
podría considerarse que dicho conocimiento se extendió hasta el 9 de agosto
de 2018, día siguiente a la fecha en la que el actor fue intervenido
quirúrgicamente por la lesión sufrida, según consta en el dictamen de
calificación de invalidez del 20 de junio de 2020. No obstante, incluso en este
supuesto, la acción se encontraría caducada, pues la solicitud de conciliación
extrajudicial se presentó el 10 de junio de 2022 y el escrito de demanda fue
radicado el 29 de agosto de 2022. En consecuencia, el ejercicio de la acción de
reparación directa resulta extemporáneo. En refuerzo de tal afirmación se trae
a colación la ya mencionada reiteración jurisprudencial del 29 de noviembre de
2018 en la cual, la Sala Plena de la Sección Tercera del Consejo de Estado
consideró que:
Al hacerse depender el cómputo del término de caducidad de la notificación del
dictamen practicado por la junta de calificación de invalidez, se dejaría en
manos de la víctima directa del daño la facultad de decidir el momento a partir
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Radicación: 11001-03-15-000-2025-05602-01
Accionante: Rodrigo de Jesús García López
del cual inicia el conteo, pues podría diferir en el tiempo su notificación o,
incluso, no realizar el trámite para la calificación de la pérdida de capacidad
laboral, lo que dejaría en el limbo la fecha de inicio del conteo.
Adicionalmente, la calificación de invalidez no constituye un requisito de
procedibilidad para demandar y, por ello, el afectado puede acudir ante la
jurisdicción de lo contencioso administrativo en sede de reparación directa,
aunque no se le hubiere valorado la magnitud de la lesión, por cuanto la
exigencia de tal requisito para el cómputo de la caducidad implicaría la creación
de un requerimiento que la ley no contempla. En este tema no existe tarifa
probatoria y el demandante bien puede aportar solicitar las pruebas periciales
que estime pertinentes para probar el grado de afectación en el transcurso del
proceso.
Bajo similares términos, se pronunció el Alto Tribunal al manifestar:
No es menos cierto que el término de caducidad no puede quedar sometido a
eventuales exámenes médicos para establecer el estado actual de salud de un
paciente; lo anterior en virtud de que, tal como se señaló anteriormente, cuando
se pretende derivar responsabilidad al Estado por daños que continúan de
forma indefinida en el tiempo, el hecho de que los efectos del daño se extiendan
después de su consolidación no puede evitar que el término de caducidad
comience a correr, pues si ello fuera así la acción nunca caducaría […]”.
[…]
En este sentido, se reitera que, conforme a la jurisprudencia del Consejo de
Estado, el porcentaje de pérdida de capacidad laboral adquiere especial
relevancia para la determinación de los perjuicios a reconocer en sede judicial,
sin embargo, tal circunstancia no implica que dicho porcentaje constituya un
criterio determinante para el cómputo del término de caducidad previsto en la
ley para el medio de control correspondiente. Lo anterior se debe a que no existe
una tarifa legal que establezca dicho parámetro como requisito indispensable
para la contabilización de la caducidad y dicho aspecto y tampoco (sic) se
encuentra establecido en la ley. Además, en el marco del proceso judicial, se
disponen de mecanismos que permiten su determinación posterior, tales como
la condena en abstracto, a la que hizo referencia la Corte Constitucional en la
providencia citada, ello por conducto del incidente contemplado en el artículo
193 de la Ley 1437 de 2011, mediante los cuales es posible establecer el
porcentaje de afectación sin que ello afecte la preclusión de la acción.
A la luz de lo expuesto, esta Sala confirmará la decisión proferida por el Juzgado
34 Administrativo de Oralidad de Bogotá – Sección Tercera del 14 de diciembre
de 2022, al considerar que la acción de reparación directa del caso sub lite se
encuentra caducada, dado que, de conformidad con la documentación allegada
al proceso y la jurisprudencia citada, el término de caducidad comenzó a correr
el 28 de julio de 2018, y el escrito de demanda, por su parte, fue presentado
hasta el 29 de agosto de 2022 […]”.
33. La transcripción anterior permite evidenciar que el debate planteado en esta sede
constitucional fue analizado por la jurisdicción de lo contencioso administrativo y no
se observa que la decisión proferida hubiese sido arbitraria o, se hubiesen
desconocido los derechos fundamentales de la parte accionante en el trámite del
proceso contencioso administrativo.
34. Lo que se aprecia es que el juez de lo contencioso administrativo al revisar el
caso, de acuerdo con las pruebas obrantes en el expediente, concluyó que la acción
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Radicación: 11001-03-15-000-2025-05602-01
Accionante: Rodrigo de Jesús García López
de reparación directa se encontraba caducada, en la medida en que el término de
caducidad comenzó a correr el 28 de julio de 2018, y el escrito de demanda, por su
parte, fue presentado hasta el 29 de agosto de 2022.
35. En tal virtud, vale la pena señalar que la acción de “[…] tutela contra providencias
judiciales implica un juicio de validez y no un juicio de corrección del fallo
cuestionado […]”21. Significa lo expuesto, en palabras de la Corte Constitucional,
que este “[…] mecanismo de amparo constitucional […]” no puede ser “[…] utilizado
indebidamente como una instancia adicional para discutir los asuntos de índole
probatorio o de interpretación de la ley que dieron origen a la controversia judicial
[…]”; ya que en “[…] el marco de cada proceso, las partes cuentan con los recursos
judiciales ordinarios y extraordinarios dispuestos por el legislador para combatir las
decisiones de los jueces que estimen arbitrarias o incompatibles con sus derechos
[…]”22.
36. En esa medida, “[…] [s]i luego de agotar dichos recursos persiste una clara
arbitrariedad judicial, solo en ese caso se encuentra habilitada la tutela contra
providencias judiciales […]”23.
37. Con fundamento en lo anterior, esta Sección confirmará la sentencia de 20 de
noviembre de 2025, proferida por la Sección Cuarta del Consejo de Estado que
declaró la improcedencia de la solicitud de amparo por no cumplir el requisito
general de relevancia constitucional.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la Ley,
FALLA:
PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia de 20 de noviembre de 2025, proferida por
la Sección Cuarta del Consejo de Estado, por las razones expuestas en la parte
motiva de esta providencia.
SEGUNDO: NOTIFICAR esta providencia por el medio más expedito, en los
términos de los artículos 16 y 30 del Decreto Ley 2591 de 1991.
TERCERO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual
revisión.
Se deja constancia que la anterior sentencia fue leída, discutida y aprobada por la
Sala en la sesión de la fecha.
21
Corte Constitucional. Sala Plena. Sentencia SU-215 de 2022, M.P. Natalia Ángel Cabo; 16 de junio de 2022.
22
Ibid.
23
Corte Constitucional. Sala Plena. Sentencia SU- 026 de 2021, Exp. No. 7.826.947, M.P. Cristina Pardo Schlesinger; 5 de
febrero de 2021.
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Radicación: 11001-03-15-000-2025-05602-01
Accionante: Rodrigo de Jesús García López
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,
PABLO ANDRÉS CÓRDOBA ACOSTA CARLOS FERNANDO MANTILLA NAVARRO
Consejero de Estado Consejero de Estado
Presidente
GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
Consejero de Estado Consejera de Estado
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección Primera en la sede
electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior
consulta, de conformidad con la ley.
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