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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-05609-00

Fecha
20 de octubre de 2025
Consejero ponente
Alberto Montaña Plata

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-05609-00

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

RESUELVE PRIMERO: NEGAR el amparo solicitado por Anderson Mauricio Padilla Castrillón, por las razones expuestas en esta providencia. SEGUNDO: NEGAR las solicitudes de desvinculación presentadas por la Gobernación de Antioquia y la Fiduprevisora, por los motivos dados. TERCERO: NOTIFICAR la presente decisión a las partes por el medio más expedito (artículo 30 del Decreto 2591 de 1991), enviándoles copia de la decisión que se adopta y advirtiéndoles que para interponer cualquier recurso y/o solicitud contra esta deberán dirigirlo, dentro del término legal, al correo electrónico dispuesto por la Secretaría General para ello16. CUARTO: De no ser impugnada esta providencia, por Secretaría, REMITIR a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2025-05609-00

Consejero ponente: Alberto Montaña Plata

20 de octubre de 2025

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN B

Magistrado ponente: Alberto Montaña Plata

Bogotá D.C., 20 de octubre de 2025

Radicación: 11001-03-15-000-2025-05609-00
Demandante: Anderson Mauricio Padilla Castrillón
Demandados: Tribunal Administrativo de Antioquia
Referencia: Acción de tutela. Sentencia de primera instancia

Temas: ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL | Defecto fáctico - niega

Síntesis del caso: El accionante enjuició la sentencia que revocó la decisión de primera
instancia que había reconocido y ordenado el pago de la sanción moratoria por
consignación tardía de las cesantías.

De acuerdo con la competencia asignada1, procede la Sala a resolver, en
primera instancia, la acción de tutela presentada por Anderson Mauricio
Padilla Castrillón contra el Tribunal Administrativo de Antioquia.

Contenido: 1. Antecedentes. 2. Consideraciones. 3. Decisión.

1. ANTECEDENTES

Contenido: 1.1. Posición de la parte actora. 1.2. Posición de la parte accionada y demás
vinculados.

1.1. Posición de la parte actora

1. El 8 de septiembre de 2025, Anderson Mauricio Padilla Castrillón, a
través de apoderado, presentó una acción de tutela contra el Tribunal
Administrativo de Antioquia, por la presunta vulneración de sus derechos
fundamentales al debido proceso, prevalencia del derecho sustancial,
acceso a la administración de justicia, tutela judicial efectiva y al principio
“pro homine”, con ocasión de la Sentencia de 12 de marzo de 2025,
proferida en el marco del medio de control de nulidad y restablecimiento
del derecho No. 05001-33-33-035-2023 00402-01.

2. A título de amparo constitucional, la parte actora solicitó (se trascribe):

“1. Se declare que el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE ANTIOQUIA en la sentencia
del 12 de marzo de 2025, dictado dentro del medio de control con radicado
05001-33-33-035-2023-00402-01, transgredió los derechos fundamentales al
DEBIDO PROCESO, ACCESO A LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA, TUTELA JUDICIAL
EFECTIVA y PRINCIPIO PRO HOMINE del señor ANDERSON MAURICIO PADILLA
CASTRILLÓN, al haber adoptado una decisión que se aparta de los principios de
la sana crítica que rigen la valoración probatoria y del marco normativo vigente
aplicable al caso concreto.

1 Artículo 86 de la Constitución Política, Decretos 2591 de 1991, 1382 de 2000, 1069 de 2015, 1983 de 2017 y 333 de

2021 y Acuerdo 80 de 2019 de esta Corporación.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicación: 11001-03-15-000-2025-05609-00
Demandante: Anderson Mauricio Padilla Castrillón
Demandados: Tribunal Administrativo de Antioquia
Referencia: Acción de tutela. Sentencia de primera instancia
Decisión: Niega amparo
_____________________________________________________________________________________________________________

2. Como consecuencia de la anterior declaración, se ordene al TRIBUNAL
ADMINISTRATIVO DE ANTIOQUIA dejar sin efectos la providencia referida en el
numeral anterior y se profiera una nueva decisión judicial que garantice (i) un
análisis integral de los medios de convicción, con lo cual el fin de lograr el
esclarecimiento de la situación fáctica del accionante Anderson Mauricio
Padilla Castrillón y, (ii) aplicando en debida forma la normatividad que
reglamenta las competencias en el procedimiento administrativo definido para
la gestión de las solicitudes de reconocimiento y pago de las cesantías en favor
de los docentes del Fomag.”

3. Como hechos relevantes, a partir del escrito de tutela y sus anexos, se
extraen los siguientes:

4. 1) El 6 de agosto de 2021, Anderson Mauricio Padilla Castrillón, en su
calidad de docente, solicitó el reconocimiento y pago de sus cesantías
parciales ante el departamento de Antioquia y el Fondo Nacional de
Prestaciones Sociales del Magisterio (FOMAG).

5. 2) Mediante la Resolución No. S 2021060130728 de 2 de diciembre de
20212, la Gobernación de Antioquia, 1) tomó como fecha de radicación de
la solicitud el 24 de noviembre de 20213 y, 2) reconoció y ordenó el pago de
cesantías parciales, en favor del señor Padilla Castrillón, por valor de
$13.158.5454.

6. 3) Las cesantías parciales reconocidas fueron puestas a disposición de
la accionante el 10 de febrero de 2022, por consignación bancaria5.

7. 4) El 12 de diciembre de 2022, la parte actora solicitó ante el FOMAG
y el departamento de Antioquia el reconocimiento y pago de la sanción
moratoria, prevista en las Leyes 1071 de 2006 y 1955 de 2019, por la no
consignación oportuna de las cesantías. Petición que no fue resuelta por
ninguna de las entidades ante las que se presentó.

8. 5) El 7 de septiembre de 2023, el señor Padilla Castrillón presentó
demanda contra la Nación – Ministerio de Educación Nacional – FOMAG y
el departamento de Antioquia, en ejercicio del medio de control de nulidad
y restablecimiento del derecho, orientada a obtener la nulidad del acto
administrativo presunto, derivado del silencio administrativo debido a la
solicitud que presentó el 12 de diciembre de 2022.

2 Notificada personalmente el 2 de diciembre de 2021
3 Bajo No. 2021-CES-077969. Fecha en la que se terminaron de adjuntar todos los documentos requeridos para

tramitar la solicitud.
4 “ARTICULO PRIMERO: RECONOCER UN ANTICIPO DE CESANTIAS EN TIEMPO DEL COVID-19, a favor del señor (a)

ANDERSON MAURICIO PADILLA CASTRILLON, (…) por la suma de $13.158.545, que le corresponde por el tiempo de
servicios como docente Departamental, Sistema General de Participaciones.(…) para REPARACION DE VIVIENDA,
valor que pagará El Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio a través de la entidad fiduciaria a
ANDERSON MAURICIO PADILLA CASTRILLON, con C.C. 1.038.106.413 según acuerdo suscrito entre la Nación y esta
entidad (…)”.
5 Mediante Oficio No. CPC2022061009273836402 de 10 de junio de 2022, la Fiduprevisora emitió certificado de

pago de cesantías.

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Radicación: 11001-03-15-000-2025-05609-00
Demandante: Anderson Mauricio Padilla Castrillón
Demandados: Tribunal Administrativo de Antioquia
Referencia: Acción de tutela. Sentencia de primera instancia
Decisión: Niega amparo
_____________________________________________________________________________________________________________

9. 6) Mediante Sentencia de 27 de septiembre de 2024, el Juzgado 35
Administrativo de Medellín reconoció la existencia del acto presunto y, en
consecuencia, ordenó el pago de la sanción moratoria a favor del señor
Padilla Castrillón y a cargo del FOMAG, por la consignación tardía de las
cesantías parciales reconocidas, equivalente a un día de salario por cada
día de retraso, entre el 20 de enero de 2022, día siguiente al que vencía el
término de 70 días, que tenía la entidad para poner a disposición el dinero
a favor del demandante, y el 9 de febrero de 2022, día anterior a aquel en
que se verificó el pago, es decir 21 días de sanción6.

10. 7) La anterior decisión fue apelada por el departamento de Antioquia.
Argumentó que debía tomarse como fecha de radicación de la solicitud el
24 de noviembre de 2021, de acuerdo con lo previsto en la Resolución No. S
2021060130728 de 2 de diciembre de 2021, pues, si bien se radicó la solicitud
el 6 de agosto de 2021, esta se debió entender formalmente radicada solo
hasta que se completaron los documentos requeridos.

11. En esa medida, el pago de las cesantías se efectuó dentro del término
de 70 días hábiles, habida cuenta de que, al tomar como fecha de la
solicitud el 24 de noviembre de 2021, el plazo para efectuar el pago fenecía
el 21 de febrero de 2022.

12. Aunado a lo anterior, aclaró que, en todo caso, no era el responsable
de pagar dicha sanción moratoria, debido a que, el reconocimiento y pago
de cesantías eran competencia del FOMAG, administrado por la
Fiduprevisora.

13. 8) El Tribunal Administrativo de Antioquia, a través de la Sentencia 12
de marzo de 2025, revocó la decisión de primera instancia y, en su lugar,
negó las pretensiones de la demanda7.

14. El Tribunal accionado no encontró acreditada la presunta mora en el
trámite de consignación de cesantías, pues, tal y como se desprendió de la
Resolución No. S 2021060130728 de 2 de diciembre de 2021, la cual gozaba
de presunción legal por no haber sido objetada por el señor Padilla
Castrillón, se tenía como fecha de presentación de la solicitud el 24 de

6 “PRIMERO: SE DECLARA la nulidad del acto administrativo ficto o presunto negativo configurado el 12 de marzo

de 2023, producto del silencio de la NACIÓN – MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL –FONDO NACIONAL DE
PRESTACIONES SOCIALES DEL MAGISTERIO y el DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, frente a la petición radicada el 12
de diciembre de 2022, por el hoy demandante ANDERSON MAURICIO PADILLA CASTRILLÓN, conforme el análisis
realizado en precedencia por esta Agencia Judicial.
SEGUNDO: A título de restablecimiento del Derecho, SE CONDENA al DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, a reconocer
a favor del señor ANDERSON MAURICIO PADILLA CASTRILLÓN identificado con cédula de ciudadanía No.
1.038.106.413, por concepto de sanción moratoria por el no reconocimiento y pago oportuno de cesantías
parciales, el equivalente a un día de salario por cada día de retardo, teniendo en cuenta la asignación básica
diaria devengada en el año 2021 y causada entre el 20 de enero de 2022 hasta el 9 de febrero de 2022.”
7 “PRIMERO. REVOCAR la sentencia proferida el veintisiete (27) de septiembre de dos mil veinticuatro (2024) por el

Juzgado Treinta y Cinco Administrativo de Oralidad del Circuito de Medellín. En su lugar NEGAR LAS PRETENSIONES
DE LA DEMANDA, de conformidad con las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.”

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Radicación: 11001-03-15-000-2025-05609-00
Demandante: Anderson Mauricio Padilla Castrillón
Demandados: Tribunal Administrativo de Antioquia
Referencia: Acción de tutela. Sentencia de primera instancia
Decisión: Niega amparo
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noviembre de 2021 y, en esa medida, debía tomarse la misma para efectos
del conteo de términos para la sanción moratoria alegada.

15. Así las cosas, advirtió que, de acuerdo con los criterios previstos por el
Consejo de Estado en la Sentencia CE-SUJ-SII-012-2018 de 2018, los 45 días
hábiles con que contaba el FOMAG para el pago de las cesantías se debían
empezar a contar una vez pasaran 10 días de ejecutoria del acto que
reconoció el pago de las cesantías parciales o totales, más aún al no
haberse demostrado que el entonces demandante renunciara a dichos
términos.

16. En esa medida, el término para la consignación de las cesantías
reconocidas fenecía el 21 de febrero de 2022 y, de acuerdo con los
certificados expedidos por la Fiduprevisora, las cesantías fueron puestos a
disposición de la parte actora el 10 de febrero de 2022, es decir, en término.

17. Como fundamento de la vulneración, la accionante indicó que la
entidad judicial accionada incurrió en un defecto fáctico por indebida
valoración del material probatorio.

18. Adujo que el tribunal no se pronunció sobre el formato único de
radicación de la solicitud de cesantías y, en lugar de ello, (se trascribe)
“otorgó pleno valor probatorio al contenido del acto de reconocimiento de
la prestación económica en el que se indicó que esta gestión se llevó a
cabo hasta el 24 de noviembre de 2021.”

1.2. Posición de la parte accionada y demás vinculados8

19. El Juzgado 35 Administrativo de Medellín9 adjuntó el expediente del
proceso ordinario; sin embargo, no rindió informe respecto de la presente
acción de tutela.

20. La Gobernación de Antioquia10 advirtió que carecía de legitimación
pasiva en la causa, toda vez que en la sentencia enjuiciada no se encontró
que no era posible endilgar la presunta tardanza en el trámite administrativo
de pago de cesantías a esa entidad. En consecuencia, solicitó su
desvinculación.

21. La Fiduprevisora, en calidad de administradora del Fondo de
Prestaciones Sociales del Magisterio – FOMAG-11, expuso que la presente

8 Mediante Auto de 10 de septiembre de 2025, el despacho ponente resolvió (1) admitir la solicitud de amparo, (2)

tener como accionado al Tribunal Administrativo de Antioquia y, (3) vincular Juzgado 35 Administrativo de
Medellín, a la Nación – Ministerio Nacional de Educación – Fondo de Prestaciones Sociales del Magisterio y al
Departamento de Antioquia, como terceros con interés en el asunto.
9 Índice 10 de SAMAI
10 Índice 15 de SAMAI
11 Índice 16 de SAMAI

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Radicación: 11001-03-15-000-2025-05609-00
Demandante: Anderson Mauricio Padilla Castrillón
Demandados: Tribunal Administrativo de Antioquia
Referencia: Acción de tutela. Sentencia de primera instancia
Decisión: Niega amparo
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acción de tutela no cumplía con los requisitos generales de procedibilidad
de la acción de tutela y que, además, carecía de legitimación pasiva en la
causa, dado que todas las actuaciones desplegadas por dicha entidad
fueron de acuerdo con la (se trascribe) “normativa establecida sin que se
pueda aducir que el juez de instancia haya desconocido entre otros, los
precedentes judiciales relacionados con el tema objeto de la demanda.”

22. El Ministerio de Educación Nacional12 puso de presente que la solicitud
de amparo carecía de relevancia constitucional, toda vez que el debate
presentado por la parte actora era de naturaleza estrictamente económica
e involucraba intereses privados.

23. Aunado a lo anterior, indicó que no se logró demostrar (se trascribe)
“las vulneraciones a las garantías procesales y fundamentales invocadas
comprometan gravemente la existencia o supervivencia del accionante, ni
el acceso a la administración de justicia”. Agregó que tampoco fue posible
acreditar la existencia de una vulneración en contra de los derechos
fundamentales invocados, con ocasión de la tardanza en el trámite y pago
de cesantías. En esa medida, solicitó que se le desvinculara del presente
proceso.

24. El Tribunal Administrativo de Antioquia, a pesar de haber sido
notificado en debida forma, guardó silencio13.

2. CONSIDERACIONES DE LA SALA

Contenido: 2.1. Solicitudes de desvinculación. 2.2. Identificación de derechos. 2.3.
Procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial. 2.4. Fijación de la
controversia. 2.5. Verificación de defectos alegados y/o afectación a derechos
fundamentales. 2.6. Conclusión.

2.1. Solicitudes de desvinculación

25. En relación con las solicitudes de desvinculación de la Gobernación
de Antioquia y la Fiduprevisora, la Sala las negará porque su vinculación en
la presente acción se hizo en calidad de terceros, dado el interés que le
podía llegar a asistir por haber sido demandados en el proceso ordinario,
cuya providencia de segunda instancia aquí se cuestiona.

2.2. Identificación de derechos

26. Pese a que la parte accionante señaló, en su solicitud de amparo,
como vulnerados varios derechos, esta Sala centrará su análisis en la
violación de los derechos al debido proceso, pues ante una aparente
vulneración de garantías constitucionales en el marco de una actuación

12 Índice 11, 12 y 13 de SAMAI
13 Índice 8 de SAMAI

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Radicación: 11001-03-15-000-2025-05609-00
Demandante: Anderson Mauricio Padilla Castrillón
Demandados: Tribunal Administrativo de Antioquia
Referencia: Acción de tutela. Sentencia de primera instancia
Decisión: Niega amparo
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judicial, cobra relevancia estudiar si este derecho fue lesionado durante el
desarrollo del trámite judicial ordinario. Así mismo, la vulneración de los
demás derechos invocados surge como consecuencia de la misma
afrenta del derecho a estudiarse. En consecuencia, en el evento de
encontrarlo lesionado, existirá razón suficiente para conceder el amparo.

2.3 Procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial

27. Esta acción de tutela es procedente porque no existe recurso judicial
idóneo y eficaz que permitiera a la parte actora alegar los reparos
planteados vía tutela y procurar la defensa de los derechos presuntamente
vulnerados. Hubo un plazo razonable entre la fecha de notificación de la
providencia cuestionada (17/3/202514) y la de interposición de la presente
acción de tutela (8/9/2025). No se enjuició un fallo de tutela, pues la
controversia se relacionó con la sentencia de segunda instancia proferida
en el marco de un medio de control de nulidad y restablecimiento del
derecho. Se identificaron de manera clara, detallada y comprensible los
hechos y la presunta vulneración derivada de ellos. La controversia tiene
relevancia constitucional por tratarse de la aparente afectación de
garantías fundamentales, con ocasión de la Sentencia de 12 de marzo de
2025 que revocó la sentencia de primera instancia que había accedido a
las pretensiones de la demanda, por haberse configurado una mora en la
consignación de las cesantías reconocidas en favor del accionante. De
manera que los argumentos aquí expuestos no pudieron ser planteados en
el curso del proceso ordinario.

2.4 Fijación de la controversia

28. Determinar, una vez verificados los requisitos de la acción de tutela
contra providencia judicial, si el Tribunal Administrativo de Antioquia, como
juez de segunda instancia, al proferir la Sentencia de 12 de marzo de 2025,
incurrió en un defecto fáctico, al revocar la sentencia que decidió acceder
a las pretensiones de ordenar el pago de la sanción moratoria por
consignación tardía de las cesantías parciales del señor Padilla Castrillón.

2.5 Verificación de defectos alegados y/o afectación a derechos
fundamentales

29. La Sala negará al amparo del derecho fundamental al debido
proceso, por las razones que pasan a explicarse:

30. La parte actora alegó la aparente configuración de un defecto
fáctico, toda vez que, en la sentencia enjuiciada no se realizó una

14 Índice 12 dentro del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho No. 05001-33-33-035-2023-

00402-01, a través de mensaje de datos enviado el 13 de marzo de 2025.

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Radicación: 11001-03-15-000-2025-05609-00
Demandante: Anderson Mauricio Padilla Castrillón
Demandados: Tribunal Administrativo de Antioquia
Referencia: Acción de tutela. Sentencia de primera instancia
Decisión: Niega amparo
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adecuada valoración del material probatorio, porque no se tuvo en cuenta
que el señor Padilla Castrillón presentó la solicitud de reconocimiento y pago
de sus cesantías el 6 de octubre de 2021.

31. El Tribunal Administrativo de Antioquia sustentó la decisión de negar
las pretensiones de nulidad y restablecimiento del derecho con base en que
la Gobernación de Antioquia no excedió el plazo para expedir el acto
administrativo de reconocimiento de las cesantías del demandante, pues,
de acuerdo con la Resolución No. 2021060130728 de 2 de diciembre de
2021, la solicitud se presentó el 24 de noviembre de 2021 (se trascribe):

“En primer lugar, debe decir la Sala que le asiste razón a la entidad recurrente
cuando afirma que la solicitud de cesantías parciales se tiene como presentada
el 24 de noviembre de 2021 y no el 6 de octubre de 2021 como se señala en la
demanda y erradamente acoge el Juzgador de Instancia, toda vez que así se
desprende de la Resolución No. 2021060130728 de 2021, ello teniendo en
cuenta que la citada resolución es un acto administrativo cuya presunción de
legalidad no ha sido desvirtuada y frente al que el interesado no interpuso
recurso alguno, lo cual se traduce en un conformismo con el contenido del
mismo, máxime teniendo en cuenta pronunciamiento del 8 de noviembre de
2024 de la Sección Segunda del Consejo de Estado, dictado en sede de
apelación de una sentencia proferida por esta Sala de Decisión en un caso
similar y en el que la Alta Corporación, para establecer los extremos temporales
de la mora,
(…)
Teniendo en cuenta lo anterior, el término de 15 días hábiles con que contaba
la entidad territorial para expedir y notificar el acto administrativo de
reconocimiento fenecían el 16 de diciembre de 2021, advirtiéndose que el
Departamento de Antioquia expidió la resolución No. 2021060130728 el 2 de
diciembre de 2021, esto es, en tiempo; además, en dicha fecha el interesado
tuvo conocimiento del contenido del acto administrativo, pues así se afirma en
el hecho octavo de la demanda, razón por la cual, de conformidad con los
criterios temporales esbozados por el H. Consejo de Estado en la sentencia CE-
SUJ-SII-012-2018 de 2018 citada, los 45 días hábiles con que contaba el FOMAG
para el pago de las cesantías contaban pasados 10 días de ejecutoria del acto,
teniendo en cuenta que no se demostró que el demandante hubiese
renunciado a términos.

En ese orden de ideas, el FOMAG tenía hasta el 21 de febrero de 2022 para
materializar el pago correspondiente, observándose que, según certificado
expedido por la Fiduprevisora4, los dineros correspondientes a las cesantías
fueron puestos a disposición de la parte interesada a partir del 10 de febrero de
2022 en la entidad bancaria, esto es, dentro del término para el efecto, tal
como lo alega la parte recurrente.

En consecuencia, se concluye que, contrario a lo considerado por el A quo, en
el asunto bajo estudio no se configuró mora en el pago de las cesantías
parciales del demandante, por lo que hay lugar a revocar la sentencia y, en su
lugar, negar las pretensiones de la demanda. Asimismo, por sustracción de
materia no hay lugar a efectuar pronunciamiento en torno a si el FOMAG puede
ser responsable o no de la sanción moratoria en estos casos.

5. SOLUCIÓN AL PROBLEMA JURÍDICO. Concluye esta Sala de decisión que debe
revocarse la sentencia apelada y negarse las pretensiones de la demanda, en
tanto se estableció que, contrario a lo afirmado por el Juez de Instancia, no
existió un pago extemporáneo en la cancelación de las cesantías parciales
reconocidas al actor, teniendo en cuenta que el conteo del término legal para
el trámite y pago de dicha prestación debe efectuarse a partir de la fecha que

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Radicación: 11001-03-15-000-2025-05609-00
Demandante: Anderson Mauricio Padilla Castrillón
Demandados: Tribunal Administrativo de Antioquia
Referencia: Acción de tutela. Sentencia de primera instancia
Decisión: Niega amparo
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el acto administrativo de reconocimiento señala como de radicación de la
solicitud, dada la presunción de legalidad que lo reviste y la cual no fue
desvirtuada.”

32. Una vez estudiada la sentencia enjuiciada, se advierte que, contrario
a lo sostenido por la parte actora, la autoridad judicial accionada sí realizó
un estudio integral y sistemático de las pruebas allegadas al proceso y,
particularmente, del formulario de radicación de solicitud de cesantías, con
base en lo cual determinó que la solicitud quedó debidamente radicada el
24 de noviembre de 2021, tal y como se advirtió en la Resolución No.
2021060130728 de 2 de diciembre de 2021, la cual, gozaba de plena
presunción de legalidad por no haberse presentado recurso alguno contra
esta.

33. Con base en lo anterior y en un caso similar anterior15, se colige que el
análisis probatorio realizado por el Tribunal Administrativo de Antioquia fue
razonable y, en consecuencia, no se estima que hubiera incurrido en un error
manifiesto o que en este se hubiera omitido pruebas que, de haber sido
valoradas, habrían incidido en la decisión. Esto, en vista de que con los
elementos de prueba aportados al proceso se corroboró que, si bien obraba
constancia de que se radicó la solicitud el 6 de octubre de 2021, lo cierto
era que, la fecha que constaba en la Resolución de reconocimiento y pago
de cesantías era la que debía tenerse en cuenta para el conteo de términos
de la sanción moratoria; interpretación que se inscribe dentro del margen
de independencia del juez natural, sin que pueda tildarse de arbitraria o
irrazonable, pues, hasta ese día se pudo tramitar con la documentación
completa requerida.

34. Lo que observa la Sala es que la parte actora no está conforme con
la valoración de las pruebas que hizo la autoridad judicial accionada, por
lo que es preciso recordar que el juez, en ejercicio de la autonomía que le
reconoce el ordenamiento jurídico, está facultado para estudiar los medios
de prueba en la medida que le resulten pertinentes, útiles y conducentes
para la formación de su convencimiento sobre la forma en que debe fallar.
Esto, en todo caso, no significa que la apreciación de las pruebas obrantes
en un expediente y las decisiones que adopta el juez con base en ella sean
arbitrarias o desconozcan derechos fundamentales.

35. Así las cosas, para la Sala es claro que no se configuró un defecto
factico, por lo que no se vulneró el derecho fundamental al debido proceso
de la parte actora, al haber revocado la sentencia de primera instancia
luego de constatar que no hubo una mora que, en consecuencia, derivara
en el pago de una sanción moratoria.

15 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, Sentencia de tutela de 6 de octubre de 2025, radicación No.

11001-03-15-000-2025-05600-00.

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Radicación: 11001-03-15-000-2025-05609-00
Demandante: Anderson Mauricio Padilla Castrillón
Demandados: Tribunal Administrativo de Antioquia
Referencia: Acción de tutela. Sentencia de primera instancia
Decisión: Niega amparo
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2.6. Conclusión

36. En consecuencia, la Sala negará el amparo solicitado, tras corroborar
que no se configuró un defecto fáctico.

3. DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, la Subsección B de la Sección Tercera del Consejo
de Estado, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad
de la ley,
RESUELVE

PRIMERO: NEGAR el amparo solicitado por Anderson Mauricio Padilla
Castrillón, por las razones expuestas en esta providencia.

SEGUNDO: NEGAR las solicitudes de desvinculación presentadas por la
Gobernación de Antioquia y la Fiduprevisora, por los motivos dados.

TERCERO: NOTIFICAR la presente decisión a las partes por el medio más
expedito (artículo 30 del Decreto 2591 de 1991), enviándoles copia de la
decisión que se adopta y advirtiéndoles que para interponer cualquier
recurso y/o solicitud contra esta deberán dirigirlo, dentro del término legal,
al correo electrónico dispuesto por la Secretaría General para ello16.

CUARTO: De no ser impugnada esta providencia, por Secretaría, REMITIR
a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

NOTIFÍQUESE, CÓPIESE Y CÚMPLASE
Fallo discutido y aprobado en sesión de Sala de la misma fecha.

Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
DIEGO ENRIQUE FRANCO VICTORIA FREDY IBARRA MARTÍNEZ

Firmado electrónicamente
ALBERTO MONTAÑA PLATA

16 secgeneral@consejodeestado.gov.co.

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