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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-05617-00

Fecha
26 de septiembre de 2025
Consejero ponente
Fernando Alexei Pardo Florez
Citada por
1 providencia

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-05617-00

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

RESUELVE PRIMERO: DECLARAR IMPROCEDENTE el amparo solicitado por Soveida Marín, por no satisfacer el requisito de relevancia constitucional. SEGUNDO: ORDENAR por secretaría informar a las partes por el medio más expedito. TERCERO: En caso de no ser impugnada la providencia, REMITIR a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2025-05617-00

Consejero ponente: Fernando Alexei Pardo Florez

26 de septiembre de 2025

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA – SUBSECCIÓN A

CONSEJERO PONENTE: FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ

Bogotá D. C., veintiséis (26) de septiembre de dos mil veinticuatro (2024).

Radicado: 11001-03-15-000-2025-05617-00
Accionante: SOVEIDA MARÍN
Accionado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL VALLE DEL CAUCA Y
OTRO
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA

Temas: Acción de tutela contra providencia judicial// improcedencia por falta de
relevancia constitucional // la acción de tutela se utiliza como una tercera instancia
para reabrir debates ya concluidos.

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

Antecedentes

1. A través de apoderado judicial, la actora cuestionó la sentencia de 11 de agosto
de 2025, proferida por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, Sala Segunda
de Decisión, en la que puso fin al proceso de acción popular dentro del radicado
número 76147-33-33-001-2020-00237-00/01/02. En atención a que se trata de una
acción de tutela contra providencia judicial. En primer lugar, se presentarán las
etapas procesales de la acción popular que llevaron a que el Tribunal Administrativo
del Valle del Cauca profiriera la sentencia atacada; y, en un segundo acápite, se
reseñarán las etapas procesales de la acción de tutela que actualmente se resuelve.

Antecedentes de la acción popular 76147-33-33-001-2020-00237-00/01/02.

2. La actora indicó que es propietaria de un inmueble ubicado en el corregimiento
de Moztezuma, municipio de Ulloa, departamento del Valle del Cauca. Este predio,
según sus escrituras y registro que datan de 1949, cuenta con linderos que limitan
con una calle pública, que, si bien no aparece así en los inventarios del municipio,
por costumbre si se ha considerado que es espacio público.

3. Sin embargo, desde el año 2007, Noralba Tobón Castro empezó a construir una
vivienda justo en frente de la casa de la tutelante. La actora afirma que la
construcción de Noralba se elevó dónde por costumbre era una calle pública.
Reiteró que, durante muchos años, la comunidad de Moctezuma utilizó como calle
pública el lugar dónde Noralba Tobón levantó su vivienda. Estimó que esa calle era
considerada bien de uso público “por costumbre”.

4. En criterio de la actora, la construcción de la vivienda de Noralba Tobón implicó
una afectación para el derecho colectivo al espacio público, pues para toda la
comunidad del corregimiento, el lugar dónde se empezó a levantar la vivienda, era
una calle pública. Por ello, la tutelante elevó derechos de petición a las autoridades

Radicación número: 11001-03-15-000-2025-05617-00
Accionante: Soveida Marín
Accionado: Tribunal Administrativo del Valle del Cauca
Referencia: Acción de tutela

municipales para que protegieran el derecho al espacio público. Sin embargo, la
secretaria de planeación municipal respondió que según el esquema de
ordenamiento territorial (EOT) “no existía una vía publica (sic) formalmente
reconocida en ese lugar, desatendiendo por completo la relevancia de la costumbre
como fuente de derecho en el ordenamiento jurídico colombiano”1.

5. Ante esa respuesta, la tutelante promovió acción popular en defensa del derecho
al espacio público en contra de la construcción de Noralba Tobón. Solicitó que se
protegieran los derechos al goce del espacio público, la utilización y la defensa de
bienes de uso público y la libre locomoción y la restitución de la calle pública que
había sido invadida.

6. En sede de primera instancia, en sentencia de “8 de julio de 2025”, el Juzgado
Primero Administrativo de Cartago negó las pretensiones. Argumentó que no existe
evidencia conforme a la cual, el terreno en que Noralba Tobón construyó su vivienda
sea, en realidad, una calle pública. Desestimó que la costumbre sea fuente para
reconocer una vía como pública. La actora apeló la decisión. En sentencia de 11 de
agosto de 2025, el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, Sala Segunda,
confirmó la decisión de primera instancia. Concluyó que no había vulneración a los
derechos colectivos invocados, pues no se acreditó el carácter público de la
supuesta vía. Se indicó que no existe certeza jurídica de la incorporación formal de
la vía como tal en el inventario municipal.

Fundamentos jurídicos del escrito de tutela

7. A través de apoderado, la actora sostuvo que la decisión incurrió en defecto
fáctico, pues hubo una inadecuada valoración de los testimonios de los miembros
de la comunidad. La tutelante estimó que las decisiones ignoraron la realidad
probatoria y es que, la comunidad indicó que si se trata de una vía pública al menos
hace 60 años.

8. Reprochó que el juez de primera instancia calificó el conflicto como una disputa
entre particulares. A su vez, cuestionó que el tribunal de segunda instancia
considerara que solo existían indicios de la existencia histórica de un paso entre
predios, “sin reconocer la relevancia de la costumbre como generadora de derechos
en el contexto de un espacio público de facto”.

9. Asimismo, incurrió en un defecto fáctico por la interpretación restrictiva y
sesgada de un dictamen pericial de la universidad del Valle, conforme al cual, en
criterio de la actora, el predio de la construcción de Noralba Tobón si era una calle
pública. Además, manifestó que las sentencias cuestionadas incurrieron en una
prevalencia indebida del esquema de ordenamiento territorial (EOT) sobre la
realidad fáctica y la costumbre.

10. Además, señaló que incurrió en un defecto sustantivo por interpretación errónea
de las normas legales y constitucionales sobre la costumbre como fuente de
derecho en la configuración del espacio público. Recordó que el artículo 13 de la ley

1
Folio 4 del escrito de tutela.

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Accionante: Soveida Marín
Accionado: Tribunal Administrativo del Valle del Cauca
Referencia: Acción de tutela

153 de “1878” (sic) establece que la costumbre, siendo general y conforme con la
moral cristiana, constituye derecho a falta de legislación positiva”2.

11. Conjuntamente, indicó que los jueces populares redujeron el conflicto a un
asunto entre particulares, sin percatarse que ocurría una vulneración a derechos
colectivos. Indicó que erradamente, el Tribunal Administrativo afirmó que no se
puede restituir un bien cuya titularidad no se tiene certeza, eso en criterio de la
actora es equivocado, ya que la acción popular está diseñada precisamente para la
protección de los derechos e intereses colectivos, como el goce del espacio público.
Agregó: “La obstrucción de un camino de uso histórico por la comunidad afecta
directamente a un grupo indeterminado de personas, configurando un interés
colectivo que debe ser protegido por esta vía constitucional”.

12. Por lo anterior, solicitó “revocar” la sentencia de segunda instancia de 11 de
agosto de 2025, proferida por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, y la del
8 de julio de 2025, proferida por el juzgado primero administrativo de Cartago y
amparar los derechos al debido proceso, al acceso a la administración de justicia y
a la defensa del espacio público. Finalmente, que se ordene al Tribunal a proferir
una nueva sentencia en la que realice una valoración probatoria razonada y no
sesgada de todo el acervo probatorio, incluyendo los testimonios de la comunidad,
el dictamen pericial y la documentación histórica.

Trámite de la acción de tutela

13. La petición de amparo fue admitida y se vinculó al juzgado primero administrativo
de Cartago, al Tribunal Administrativo del Valle y al municipio de Ulloa, al instituto
Geográfico Agustin Codazzi, a la Corporación Autónoma Regional del Valle del
Cauca, a la defensoría del pueblo y al ministerio público. Además, a los ciudadanos
José Leonel García Marín, Bertha Galindo, Tulio Castro, David León Duque Giraldo,
Noralba Tobón Castro, a los herederos indeterminados del señor José Leonel
García Marín y a los demás intervinientes dentro del medio de control de protección
de derechos e interés colectivos con radicado núm. 76147-33-33-001-2020-00237-
00/01/02.

14. En índice samai 9 reposa la intervención del juez primero administrativo oral de
Cartago, Departamento del Valle del Cauca. Sostuvo que las providencias judiciales
fueron expedidas cumpliendo todas las garantías judiciales por lo que se colige que
no se cumplen los requisitos jurisprudenciales para la prosperidad de la acción. En
índice samai 10 se allegó copia digital del expediente de la acción de grupo. En
índice samai 11 se observa intervención del director territorial del Instituto
Geográfico Agustín Codazzi solicitó que se declare la falta de legitimación en la
causa por pasiva, pues dentro de sus competencias legales no está la de determinar
el carácter de los bienes. Indicó que intervino dentro del proceso de la acción
popular ofreciendo experiencia técnica e información geográfica y cartográfica, pero
dentro de aquel aclaró que, “la entidad no tiene injerencia en la causalidad de los
hechos y mucho menos en las pretensiones”. Agregó que si se estudia de fondo la

2
Folio 7 del escrito de tutela.

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Accionante: Soveida Marín
Accionado: Tribunal Administrativo del Valle del Cauca
Referencia: Acción de tutela

acción de tutela, se concluye que las providencias no incurrieron en vulneración al
debido proceso de la actora.

15. En índice samai 13 se encuentra la intervención suscrita por el Tribunal
Administrativo del Valle del Cauca, suscrita por el magistrado sustanciador de la
providencia cuestionada. Argumentó que la providencia censurada realizó un
análisis acucioso de las pruebas allegadas al proceso, de los testimonios y de los
documentos y fueron examinadas conforme las prescripciones normativas y
jurisprudenciales. Explicó la ratio decidendi de la sentencia cuestionada y reiteró
que la misma se funda en la valoración de todas las pruebas contenidas en el
expediente.

16. En los índices samai 14 y 15 reposan intervenciones de Beatriz Eugenia Mejía
Leal, Miguel Antonio Mateos Bedoya. En el caso de Miguel Antonio Mateus se trata
del alcalde municipal de Ulloa, Departamento de Valle del Cauca. Intervino con el
fin de solicitar se nieguen las pretensiones de la tutela, pues conforme la información
de las autoridades competentes, el predio donde supuestamente se ubica una calle
pública, en realidad es de naturaleza privada y corresponde a la zona física del
inmueble de la ficha catastral No. 76845000000000002037400000000. Por su parte
Beatriz Eugenia Mejía intervino como coordinadora del grupo interno de trabajo de
representación y defensa judicial de la Corporación Autónoma Regional del Valle
del Cauca. Sostuvo que carece de legitimación en la causa por pasiva pues no ha
vulnerado derecho alguno de la tutelante.

CONSIDERACIONES

Competencia

17. Esta Subsección es competente para conocer de esta acción de tutela, en
primera instancia, conforme el artículo 37 del decreto 2591 de 1991 en concordancia
con el artículo 13 del acuerdo 080 de 2019, reglamento de la corporación.

Problema jurídico

18. En primer lugar, la Sub-Sección debe establecer si la acción de tutela de la
referencia satisface los requisitos de procedibilidad formal, es particular la
relevancia constitucional, al buscar reabrir un debate analizado por el juez popular
y cuestionar su valoración probatoria.En caso de resolver positivamente el anterior
interrogante, se formulará el problema jurídico de fondo.

19. Con el fin de resolver el primer problema jurídico, de manera sucinta, la sección
reiterará el precedente constitucional sobre procedencia de tutela contra
providencias, y posteriormente resolverá el caso concreto.

Procedibilidad de tutela contra providencia. Reiteración de precedente.

20. El medio constitucional de amparo es un instrumento eficaz de protección de
derechos fundamentales, cuando quiera que ellos se vean en riesgo o sean

Radicación número: 11001-03-15-000-2025-05617-00
Accionante: Soveida Marín
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Referencia: Acción de tutela

afectados por hechos u omisiones de una autoridad -incluidas las autoridades3
judiciales4- e inclusive de particulares5. Con todo, la procedibilidad de la acción de
tutela contra decisiones judiciales, precisa de un mayor rigor, dadas las
presunciones de acierto y validez que les acompañan, y por ello tiene un carácter
excepcional. Todo ello en guarda de los principios de seguridad jurídica y autonomía
judicial, en tanto que la acción de tutela no puede constituirse en un mecanismo
adicional, alterno, o paralelo para discutir las providencias judiciales emitidas por el
juez natural en cada asunto6.

Causales genéricas de procedencia, reiteración de precedente.

21. La excepcionalidad de la tutela contra providencia se ha enmarcado a partir de
requisitos de procedencia o causales de procedibilidad que han venido reiterándose
por la Corte Constitucional. En primer lugar, las denominadas causales genéricas
de procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales posibilitan el
estudio de fondo del asunto y que se han resumido así7:

“a. Que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia
constitucional. Como ya se mencionó, el juez constitucional no puede entrar a
estudiar cuestiones que no tienen una clara y marcada importancia
constitucional so pena de involucrarse en asuntos que corresponde definir a
otras jurisdicciones.

b. Que se hayan agotado todos los medios -ordinarios y extraordinarios- de
defensa judicial al alcance de la persona afectada, salvo que se trate de evitar
la consumación de un perjuicio iusfundamental irremediable. De allí que sea
un deber del actor desplegar todos los mecanismos judiciales ordinarios que
el sistema jurídico le otorga para la defensa de sus derechos.

c. Que se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, que la tutela se
hubiere interpuesto en un término razonable y proporcionado a partir del
hecho que originó la vulneración.

3
En el artículo 40 se consagró la competencia especial para conocer de las acciones de tutela contra
las providencias judiciales proferidas por “los jueces superiores, los tribunales, la Corte Suprema de
Justicia y el Consejo de Estado” en el superior jerárquico correspondiente.
4
“…de conformidad con el concepto constitucional de autoridades públicas, no cabe duda de que
los jueces tienen esa calidad en cuanto les corresponde la función de administrar justicia y sus
resoluciones son obligatorias para los particulares y también para el Estado. En esa condición no
están excluidos de la acción de tutela respecto de actos u omisiones que vulneren o amenacen
derechos fundamentales … “C-543 de 1992
5
Iinciso 5° de la Constitución.
6
“La acción de tutela no es, por tanto, un medio alternativo, ni menos adicional o complementario
para alcanzar el fin propuesto. Tampoco puede afirmarse que sea el último recurso al alcance del
actor, ya que su naturaleza, según la Constitución, es la de único medio de protección,
precisamente incorporado a la Carta con el fin de llenar los vacíos que pudiera ofrecer el sistema
jurídico para otorgar a las personas una plena protección de sus derechos esenciales.// Se
comprende, en consecuencia, que cuando se ha tenido al alcance un medio judicial ordinario y, más
aún, cuando ese medio se ha agotado y se ha adelantado un proceso, no puede pretenderse
adicionar al trámite ya surtido una acción de tutela, pues al tenor del artículo 86 de la Constitución,
dicho mecanismo es improcedente por la sola existencia de otra posibilidad judicial de protección,
aún sin que ella haya culminado en un pronunciamiento definitorio del derecho”.
7
Sentencia C-590 de 2005

Radicación número: 11001-03-15-000-2025-05617-00
Accionante: Soveida Marín
Accionado: Tribunal Administrativo del Valle del Cauca
Referencia: Acción de tutela

d. Cuando se trate de una irregularidad procesal, debe quedar claro que la
misma tiene un efecto decisivo o determinante en la sentencia que se impugna
y que afecta los derechos fundamentales de la parte actora.

e. Que la parte actora identifique de manera razonable tanto los hechos que
generaron la vulneración como los derechos vulnerados y que hubiere
alegado tal vulneración en el proceso judicial siempre que esto hubiere sido
posible.

f. Que no se trate de sentencias de tutela. Esto por cuanto los debates sobre
la protección de los derechos fundamentales no pueden prolongarse de
manera indefinida, mucho más si todas las sentencias proferidas son
sometidas a un riguroso proceso de selección ante esta Corporación, proceso
en virtud del cual las sentencias no seleccionadas para revisión, por decisión
de la sala respectiva, se tornan definitivas. [Tampoco se trate de una decisión
proferida con ocasión del control abstracto de constitucionalidad por parte de
la Corte Constitucional8 o el Consejo de Estado9, ni una sentencia
interpretativa (SENIT) proferida por la Sección de Apelación del Tribunal para
la Paz de la Jurisdicción Especial para la Paz – JEP-10]”.

22. Toda acción de tutela dirigida contra una providencia debe satisfacer las seis
causales genéricas de procedencia, y al menos una especifica. A continuación, se
examina si la providencia atacada satisface los requisitos de procedibilidad general.
Si los satisface, se proseguirá con el examen dirigido a resolver el problema jurídico
de fondo.

23. En relación con el requisito de relevancia constitucional, las SU-033 de 201811,
SU-128 de 202112 y la SU-215 de 202213, la Corte Constitucional ha indicado que la
acción de tutela es improcedente cuando es utilizada para cuestionar providencias
judiciales con base en argumentos de índole legal que ya fueron estudiados y
resueltos dentro del proceso judicial ordinario y es utilizada como una tercera
instancia para reabrir debates probatorios ya precluidos14. Se indica que: “Este
enfoque impide que el mecanismo de amparo constitucional sea utilizado
indebidamente como una instancia adicional para discutir los asuntos de índole
probatorio o de interpretación de la ley que dieron origen a la controversia judicial”
y que la tutela se use para mostrar razones de “inconformidad con las decisiones
adoptadas por los jueces naturales”.

24. La Sentencia SU-128 de 2021 precisó que, no es suficiente con que la parte
actora alegue la violación del derecho fundamental al debido proceso para entender
acreditado el requisito general de procedencia de relevancia constitucional. A título
de ejemplo se ha indicado que, un asunto carece de relevancia constitucional

8
Corte Constitucional, Sentencia SU-478 de 2024.
9
Al respecto, ver, entre otras, Corte Constitucional, Sentencias SU-391 de 2023, SU-215 de 2022,
SU-573 de 2017, SU-585 de 2017.
10
Corte Constitucional, Sentencia SU-388 de 2023.
11
M.P. Alberto Rojas Ríos.
12
M.P. Cristina Pardo Schlesinger
13
M.P. Natalia Ángel Cabo
14
SU-128 de 2021.

Radicación número: 11001-03-15-000-2025-05617-00
Accionante: Soveida Marín
Accionado: Tribunal Administrativo del Valle del Cauca
Referencia: Acción de tutela

cuando: “la discusión se limita a la mera determinación de aspectos legales de un
derecho, como, por ejemplo, la correcta interpretación o aplicación de una norma
procesal, salvo que de ésta se desprendan claramente violaciones de derechos
fundamentales”.

25. Las providencias de unificación citadas, han indicado que el juez de tutela debe
declarar improcedente la acción cuando: (i) no tienen el alcance para desarrollar la
constitución política o determinar el alcance de un derecho fundamental; (ii) que la
controversia se limite a una discusión meramente legal o de contenido estrictamente
económico con connotaciones particulares o privadas; y, (iii) que no se justifique
razonablemente una afectación desproporcionada a derechos fundamentales.

26. En el caso concreto, la acción de tutela no implica un asunto de relevancia
constitucional, pues el objetivo de la actora es presentar como cargos de
inconstitucionalidad de la sentencia, aspectos que fueron debatidos durante las dos
instancias del proceso ordinario ante el juez popular. En efecto, los argumentos del
escrito de tutela reabren discusiones probatorias que se dieron al interior de las dos
instancias de la acción popular, respecto de la calidad jurídica del bien en el que
una ciudadana particular construyó su vivienda, y si el mismo, en virtud de la
costumbre puede ser calificado como vía pública, o si, por el contrario, en atención
a su indeterminación, o a no estar incluido dentro de los bienes inventariados de la
alcaldía, es un predio particular.

27. Los cargos de la acción de tutela son de aquellos de estirpe únicamente legal,
que no plantean una discusión constitucional, sino que utilizan la acción de tutela
como tercera instancia para reabrir una discusión que fue analizada y decidida en
las dos instancias por parte del juez popular. La actora se limitó a proponer una
discrepancia con la valoración del juez ordinario, sin mostrar de manera concreta
las razones por las cuales, las decisiones cuestionadas vulneran sus derechos
fundamentales.

28. La acción de tutela reitera argumentos que fueron ampliamente discutidos dentro
de las dos instancias.

29. En conclusión, la acción carece de relevancia constitucional, pues: (i) acude a
argumentos que fueron ampliamente discutidos dentro de las dos instancias del juez
popular; (ii) la tutela se utiliza como una tercera instancia para reabrir debates
procesales y mostrar una inconformidad con la decisión atacada, mas no para
mostrar un yerro que afecte la validez de la misma; (iii) no se presenta un debate de
rango constitucional, o que verse sobre derechos fundamentales, sino se propone
un debate de índole legal respecto a la jerarquía de un plan de ordenamiento
territorial y la costumbre como fuente del derecho.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando Justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

Radicación número: 11001-03-15-000-2025-05617-00
Accionante: Soveida Marín
Accionado: Tribunal Administrativo del Valle del Cauca
Referencia: Acción de tutela

RESUELVE

PRIMERO: DECLARAR IMPROCEDENTE el amparo solicitado por Soveida Marín,
por no satisfacer el requisito de relevancia constitucional.

SEGUNDO: ORDENAR por secretaría informar a las partes por el medio más
expedito.

TERCERO: En caso de no ser impugnada la providencia, REMITIR a la Corte
Constitucional para su eventual revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
MARÍA ADRIANA MARÍN FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ

Nota: esta providencia fue suscrita en forma electrónica mediante el aplicativo SAMAI, de manera
que el certificado digital que arroja el sistema permite validar la integridad y autenticidad del
presente documento en el
link https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/documentos/evalidador. Igualmente
puede acceder al aplicativo de validación escaneando con su teléfono celular el código QR que
aparece a la derecha.

VF

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