Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-05619-01
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-05619-01
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2025-05619-01
Consejero ponente: Fernando Alexei Pardo Florez
9 de diciembre de 2025
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA – SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ
Bogotá D. C., nueve (9) de diciembre de dos mil veinticinco (2025).
Radicado: 11001-03-15-000-2025-05619-01
Accionante: JESSICA LISETH CIFUENTES MARTÍNEZ EN NOMBRE
PROPIO Y REPRESENTACIÓN DE SU HIJA HELEN NAHI
CAMARGO CIFUENTES
Accionado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CASANARE
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Temas: Acción de tutela contra providencia judicial – vulneración de los derechos
fundamentales al debido proceso, a la igualdad y a la estabilidad laboral relativa de
una madre cabeza de familia vinculada en provisionalidad en un cargo de carrera
administrativa. / Medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho. /
Desconocimiento del precedente y defecto sustantivo – se encuentran acreditados.
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
De conformidad con lo consagrado en el artículo 86 de la Constitución política, el
artículo 32 del decreto 2591 de 1991 y el Acuerdo 080 de 2019, la Sala resuelve el
recurso de impugnación interpuesto por Jessica Liseth Cifuentes Martínez en
representación de su hija Helen Nahi Camargo Cifuentes contra la Sección Primera
del Consejo de estado.
ANTECEDENTES
La demanda
1. El 8 de septiembre de 20251, la señora Jessica Liseth Cifuentes Martínez, en
nombre propio y en representación de su hija Helen Nahi Camargo Cifuentes,
presentó acción de tutela contra el Tribunal Administrativo de Casanare. A su juicio,
dicha autoridad judicial incurrió en una violación directa del precedente judicial, de
los derechos al debido proceso, a la estabilidad reforzada de la madre cabeza de
familia y los de su hija, así como de la ley.
Hechos relevantes
2. La tutelante afirmó que los delegados Departamentales de la Registraduría en
Casanare la nombraron mediante la Resolución No. 151 del 27 de septiembre de
2013 en un cargo provisional de Auxiliar Administrativo en la Registraduría de Paz
de Ariporo, vinculación que se prorrogó de manera continua hasta el 31 de
diciembre de 2015.
1 Índice electrónico 01 de SAMAI. “REPARTO Y RADICACIÓN DEL PROCESO REALIZADAS EL
lunes, 8 de septiembre de 2025 con secuencia: 9018 - Cuad.:1”
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Accionante: Jessica Liseth Cifuentes Martínez a nombre propio y
en representación de su hija Helen Nahi Camargo Cifuentes
Accionado: Tribunal Administrativo de Casanare
Referencia: Acción de tutela (segunda instancia)
3. Indicó que, a partir del 4 de enero de 2016, la entidad volvió a designarla en
provisionalidad como Registradora Municipal de Villanueva mediante la Resolución
número 003 de 2016. Señaló que este nombramiento se prorrogó hasta la
Resolución número 168 del 3 de agosto de 2021, que extendió su vinculación hasta
el 5 de noviembre de 2021 y dispuso que el nombramiento finalizaría
automáticamente ese día. A su juicio, ese último acto carece de motivación.
4. Relató que, el 5 de noviembre de 2021, la entidad informó la terminación de su
vinculación mediante un memorando que no incluyó motivación alguna ni se
formalizó a través de un acto administrativo. Expuso que ese mismo día remitió un
escrito a la Registraduría para poner en su conocimiento su condición de madre de
la niña Helen Nahi Camargo Cifuentes, por quien debe velar por su sostenimiento y
bienestar. Para la actora, estas circunstancias la acreditaban como madre cabeza
de familia. Añadió que había manifestado a la entidad su necesidad de conservar el
empleo para garantizar las condiciones mínimas de subsistencia de su hija.
5. El 11 de noviembre, la Registraduría respondió la solicitud elevada por la
peticionaria. La entidad señaló que su situación particular no satisface las subreglas
fijadas por la Corte Constitucional para la protección reforzada de las madres
cabeza de familia. En esa medida, precisó que la sola manifestación de ostentar
dicha condición no resultaba suficiente para ordenar su reintegro al cargo.
6. Como resultado de esta situación, la señora Camargo Cifuentes manifestó que
interpuso acción de tutela por la falta de motivación del retiro de la entidad. Mediante
providencia del 21 de enero de 2022, el Juzgado Segundo de Ejecución de Penas
de Yopal amparó los derechos al debido proceso y al mínimo vital de la señora
Jessica Liseth Cifuentes Martínez contra las delegadas Departamentales del
Registrador Nacional del Estado Civil en Casanare, ordenando su reintegro de
manera provisional. Esta decisión fue confirmada el 2 de marzo de 2022 por la Sala
correspondiente del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Yopal. Asimismo, dicha
corporación modificó el numeral segundo de la sentencia de primera instancia, al
precisar que el reintegro de la gestora al cargo solo procede en caso de que este
no haya sido provisto mediante concurso de méritos. En consecuencia, la orden de
reintegro se mantendrá hasta que el empleo sea efectivamente provisto por ese
mecanismo de selección o hasta que la jurisdicción contencioso-administrativa
profiera una decisión definitiva sobre el particular, lo que ocurra primero.
7. Mediante Resolución número 030 del 26 de enero de 2022, la Registraduría
Nacional del Estado Civil dispuso que, en cumplimiento de la orden impartida en la
tutela de primera instancia, se reintegraba de manera transitoria a Jessica Liseth
Cifuentes Martínez al cargo de Registradora Municipal 4035-05 en Villanueva
(Casanare), por un término de tres (3) meses. La entidad indicó que una vez vencido
dicho plazo, la vinculación finalizaría automáticamente, sin necesidad de expedir un
acto administrativo adicional ni de efectuar comunicación alguna para darla por
terminada.
8. La señora Jessica Lisseth Cifuentes Martínez presentó acción de nulidad y
restablecimiento del derecho para obtener la nulidad parcial de la Resolución
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Accionante: Jessica Liseth Cifuentes Martínez a nombre propio y
en representación de su hija Helen Nahi Camargo Cifuentes
Accionado: Tribunal Administrativo de Casanare
Referencia: Acción de tutela (segunda instancia)
número 168 del 3 de agosto de 2021, exclusivamente en lo referente a la duración
de su nombramiento provisional y al mecanismo previsto para su terminación en el
parágrafo del artículo primero.
9. Como restablecimiento del derecho, solicitó que se ordenara su reintegro al cargo
de Registrador Municipal 4035-05 de Villanueva (Casanare), o a otro de igual o
superior jerarquía en la Registraduría Nacional del Estado Civil, sin solución de
continuidad y hasta su provisión por concurso, conforme a lo decidido en la tutela
del radicado 85001318700220220003. Pidió, además, el reconocimiento y pago de
todas las sumas dejadas de percibir, incluidas asignación básica, primas, auxilios,
bonificaciones, vacaciones, cesantías e intereses, aportes a seguridad social y
demás prestaciones sociales y patronales, junto con la indexación, los intereses de
mora y el cumplimiento integral de la sentencia.
10. Mediante Sentencia del 31 de octubre de 2024, el Juzgado Cuarto
Administrativo del Circuito de Yopal2 declaró la nulidad del parágrafo del artículo
primero de la Resolución número 168 del 3 de agosto de 2021, por medio de la cual
la Delegación Departamental de Casanare prorrogó el nombramiento provisional de
Jessica Liseth Cifuentes Martínez como Registradora Municipal 4035-05 de
Villanueva. Como restablecimiento del derecho, la autoridad judicial ordenó su
reintegro al mismo cargo, siempre que no hubiese sido provisto por concurso, no se
encontrara suprimido y la actora no hubiese alcanzado la edad de retiro forzoso.
Asimismo, condenó a la entidad a pagar los salarios y prestaciones sociales dejados
de percibir entre el 6 de agosto de 2021 y el 27 de enero de 2022, periodo en el que
se entenderá que no existió solución de continuidad. Dispuso, además, efectuar los
descuentos correspondientes respecto de pagos recibidos por la actora en el sector
público durante ese lapso.
11. El Juzgado fundamentó su decisión en que la Resolución número 168 del 3 de
agosto de 2021, mediante la cual la Delegación Departamental de Casanare
prorrogó el nombramiento provisional de la señora Jessica Liseth Cifuentes
Martínez hasta el 5 de noviembre de 2021 y dispuso su desvinculación, desconoció
las normas constitucionales y la jurisprudencia de la Corte Constitucional que exigen
una motivación suficiente para retirar a un servidor provisional en un cargo de
carrera. Señaló que también se apartó de la línea fijada por el Consejo de Estado
sobre la misma materia. En consecuencia, consideró demostrado que el acto
administrativo presentó una motivación insuficiente, lo cual vulneró el debido
proceso y el acceso efectivo a la justicia.
12. La Nación – Registraduría Nacional del Estado Civil apeló la sentencia inicial y
sostuvo que esta careció de fundamento jurídico porque no aplicó la Ley 1350 de
2009, norma que establece el régimen especial de carrera de la entidad y regula la
provisionalidad discrecional como forma válida de vinculación y retiro del personal.
Señaló que el artículo 20 de dicha ley, incluido su literal c), está plenamente vigente
y no ha sido cuestionado en constitucionalidad, por lo que debía aplicarse al caso.
Afirmó que la Resolución 168 del 3 de agosto de 2021 se ajustó a esa normativa y
2 Identificado bajo el radicado: 850013333-001-2022-00090-00/01.
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en representación de su hija Helen Nahi Camargo Cifuentes
Accionado: Tribunal Administrativo de Casanare
Referencia: Acción de tutela (segunda instancia)
que la motivación del acto no era exigible, pues la ley faculta a la Registraduría para
terminar la vinculación provisional sin motivación. En consecuencia, sostuvo que la
nulidad declarada por el juez de primera instancia fue errónea al basarse
exclusivamente en una motivación que la norma no exige.
13. A través de providencia del 27 de marzo de 2025, el Tribunal Administrativo de
Casanare revocó la sentencia del 31 de octubre de 2024 proferida por el Juzgado
Cuarto Administrativo de Yopal y, en su lugar, negó las pretensiones de la demanda
presentada por la señora Jessica Lisseth Cifuentes Martínez contra la Registraduría
Nacional del Estado Civil.
14. El Tribunal sostuvo que conforme a la jurisprudencia reciente del Consejo de
Estado especialmente la sentencia del 30 de octubre de 2024, los servidores
vinculados en provisionalidad discrecional pueden ser retirados del cargo sin
motivación, debido a la naturaleza temporal y discrecional de su nombramiento.
Explicó que estas vinculaciones tienen un límite temporal conocido, reiterado en
cada prórroga, y que su continuidad depende de la discrecionalidad del nominador,
sin necesidad de expedir un acto expreso de desvinculación. Con base en lo
anterior, concluyó que el nombramiento de la demandante como Registradora
Municipal tenía carácter provisional, discrecional y temporal, y que la resolución
demandada únicamente fijó la duración de la prórroga, sin constituir un acto de retiro
que exigiera motivación. Señaló, además, que el buen desempeño alegado por la
actora no restringe la facultad discrecional de la administración. En consecuencia,
determinó que la Resolución cuestionada se ajustó al literal c) del artículo 20 de la
Ley 1350 de 2009, el cual faculta nombramientos provisionales hasta por seis
meses sin exigir motivación, razón por la cual revocó la decisión de primera
instancia y negó las pretensiones de la demanda.
Pretensiones
15. Conforme a lo dispuesto en el escrito de tutela, se formularon las siguientes
pretensiones (se transcribe con posibles errores):
“Por lo anterior expuesto solicito al señor Magistrado de Tutela, tutelar mis
derechos y los de mi menor hija, conculcados por el Tribunal Administrativo
de Casanare. Derechos esbozados en los apartes anteriores, entre otros,
Debido proceso por desconocimiento del precedente judicial e incursión en
defecto sustantivo, Derechos como mujer cabeza de familia, derecho al
trabajo, derecho a la estabilidad laboral reforzada, derecho al mínimo vital
derecho a la igualdad, derecho a la confianza legítima, derecho a la dignidad
humana, derecho a la seguridad social.
De manera urgente y perentoria solicito al señor Juez, me sea concedida la
Tutela a mí y a mi menor hija, ordenando al Tribunal Administrativo de
Casanare que en un termino perentorio vuelva a dictar SENTENCIA que en
Derecho corresponda tomando en cuenta las ordenes de Tutela y valorando
igualmente, el material probatorio que ratifica mi condición de Madre Cabeza
de Familia”3.
3 Índice electrónico 02 de SAMAI. 5ED_Demanda(.pdf) NroActua 2(.pdf) NroActua 2.
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Referencia: Acción de tutela (segunda instancia)
Fundamentos de la demanda de tutela
16. La actora afirmó que las decisiones cuestionadas incurrieron en un defecto
sustantivo y desconocimiento del precedente constitucional4. Indicó que el alto
tribunal constitucional ha sostenido de manera reiterada que la motivación del acto
administrativo que declara la insubsistencia de un cargo de carrera también es
exigible cuando el servidor ocupa el empleo en provisionalidad. Señaló que la falta
de motivación vulnera el debido proceso y que la jurisprudencia constitucional ha
reconocido que cuando la administración retira a un provisional sin expresar
razones, existe una pretensión autónoma orientada a exigir esa motivación
mediante la acción de tutela, por ser el mecanismo idóneo para proteger los
derechos involucrados.
17. Sostuvo que la Corte Constitucional ha precisado que esta exigencia de
motivación no es incompatible con la posición del Consejo de Estado, que analiza
la desvinculación desde la perspectiva de la legalidad del acto administrativo,
mientras que el Tribunal Constitucional lo hace desde la óptica de la protección de
los derechos fundamentales. En ese sentido, afirmó que, aun cuando el Consejo de
Estado no exija motivación desde el control de legalidad, la Corte sí la considera
indispensable para garantizar el respeto del debido proceso en sede constitucional.
18. Finalmente, destacó que la Corte Constitucional ha protegido el derecho al
debido proceso incluso en aquellos casos en los que no se logra acreditar
plenamente la condición de madre cabeza de familia, al concluir que lo determinante
es la ausencia de motivación en el acto que declara la insubsistencia. Por ello,
enfatizó que lo procedente es ordenar a la entidad motivar la decisión de retiro.
Trámite en primera instancia
19. Mediante Auto del 15 de septiembre de 2025 5, la Sección Primera del Consejo
de Estado admitió la presente acción de tutela y, en consecuencia, ordenó notificar
al Tribunal Administrativo de Casanare, así como vincular a la Registraduría
Nacional del Estado Civil y al Juzgado Cuarto Administrativo del Circuito de Yopal
como terceros con interés directo en el resultado del proceso.
Intervenciones
20. El Juzgado Cuarto Administrativo del Circuito de Yopal6 sostuvo que,
durante el trámite del medio de control, garantizó plenamente los derechos
procesales de la demandante. Indicó que la sentencia de primera instancia acogió
las pretensiones con base en el marco normativo aplicable y en las pruebas
incorporadas al expediente. En consecuencia, afirmó que no vulneró el derecho al
4 Cito diferentes sentencias de la Corte Constitucional, entre ellas: T-374 de 2005, T-597 de 2004,
SU-250 de 1998, SU-917 de 2010, SU-691 de 2011, T-313 de 2024, C-102 de 2022, yC-964 de
2003, y C-034 de 1999 entre otras.
5 Índice electrónico 04 de SAMAI. 7Autoqueadmite_EJE1202505619JESSICA(.pdf) NroActua 4.
6Índice electrónico 09 de SAMAI. 13_MemorialWeb_ContestaciOnDemanda-
InformeTutela2025(.pdf) NroActua 9.
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Referencia: Acción de tutela (segunda instancia)
debido proceso ni el acceso a la administración de justicia, pues tramitó la actuación
de forma oportuna y diligente, adoptó las decisiones pertinentes y notificó a la
interesada conforme a las exigencias legales.
21. El Tribunal Administrativo de Casanare7 expuso que la accionante afirmó que
la decisión desconoció el precedente constitucional y se apoyó en fallos del Consejo
de Estado ajenos al caso, lo que configuraría un defecto sustantivo. No obstante, el
Tribunal indicó que la actora no formuló una acusación concreta por
desconocimiento del precedente, pues las sentencias citadas solo tienen efectos
inter partes y no son de unificación.
22. Asimismo, expuso que la demandante omitió reconocer que su nombramiento
correspondía a una provisionalidad discrecional, dado que ingresó a la carrera sin
concurso y con un límite temporal expresamente fijado en el acto inicial y en sus
prórrogas. Por ello, no era necesario un acto administrativo adicional para dar por
terminado el vínculo, ya que cada resolución incluía la fecha de finalización,
conforme al artículo 20 literal c) de la Ley 1350 de 2009. En consecuencia, no se
acreditó desconocimiento del precedente ni fundamento constitucional que permita
revisar decisiones ordinarias en firme.
23. La Registraduría Nacional del Estado Civil8 solicitó su desvinculación por
falta de legitimación en la causa por pasiva, al considerar que la controversia
planteada no recae sobre una actuación administrativa atribuible a la entidad, sino
sobre una sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de Casanare dentro de
un proceso de nulidad y restablecimiento del derecho.
Sentencia de primera instancia9
24. Mediante providencia del 9 de octubre de 2025, la Sección Primera del Consejo
de Estado declaró improcedente la acción de tutela al estimar que no cumplía el
requisito de relevancia constitucional. Señaló que la controversia no involucraba
directamente derechos fundamentales, sino un debate de legalidad sobre la
interpretación normativa y el acto administrativo cuestionado, asuntos propios de la
jurisdicción contencioso-administrativa.
25. Precisó que la tutela no puede convertirse en una instancia adicional para
revisar el criterio jurídico del juez natural y que solo procede cuando se acreditan
defectos manifiestos y trascendentes, circunstancia que no se presentó en el caso.
7Índice electrónico 010 de SAMAI.17_MemorialWeb_ContestaciOnDemanda-
ContestacionTutela(.pdf) NroActua 10.
8 Índice electrónico 014 de SAMAI. 24_MemorialWeb_Respuesta-21RESPUESTA(.pdf) NroActua
14.
9 Índice electrónico 017 de SAMAI. 27Sentencia_EJE120_2PDF(.pdf) NroActua 17.
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Referencia: Acción de tutela (segunda instancia)
Impugnación10
26. La tutelante aclaró que su solicitud de amparo no busca reabrir un debate
económico o reglamentario, sino proteger los derechos fundamentales de su hija
menor, afectados por la decisión del Tribunal Administrativo de Casanare. Señaló
que dicho Tribunal omitió pronunciarse sobre su condición de madre cabeza de
familia, pese a haber sido alegada y probada dentro del proceso, desconociendo
así la estabilidad laboral reforzada reconocida por la Corte Constitucional.
27. Sostuvo que la discusión no se limita a la provisionalidad del cargo, sino que
involucra la protección prevalente de los derechos de los niños, los cuales se vieron
comprometidos por la falta de análisis del Tribunal. Recordó que la Corte
Constitucional ha reiterado la obligación de brindar una protección inmediata y
reforzada a los menores de edad y ha admitido la procedencia de la tutela contra
decisiones judiciales cuando estas ignoran hechos relevantes que afectan derechos
fundamentales, como ocurrió en el caso analizado.
CONSIDERACIONES
Competencia
28. La Sección Tercera de la Sala Contencioso Administrativa del Consejo de
Estado es competente para proferir sentencia de segunda instancia dentro del
proceso de tutela de la referencia, en virtud de lo indicado en el artículo 32 del
Decreto 2591 de 1991, en concordancia con lo estipulado en el Acuerdo 080 de
201911.
Problema jurídico y metodología de la decisión
29. La señora Jessica Liseth Cifuentes Martínez, a nombre propio y en
representación de su hija menor, promovió acción de tutela contra el Tribunal
Administrativo de Casanare, al considerar que dichas autoridades judiciales
incurrieron en un desconocimiento del precedente judicial, representado en una
vulneración debido proceso, de la ley por defecto sustantivo, derecho a la
estabilidad reforzada de la madre cabeza de familia y los derechos de los niños.
30. Sostuvo que el Tribunal accionado revocó la decisión del Juzgado Cuarto
Administrativo de Yopal y negó sus pretensiones, apoyándose en una jurisprudencia
reciente del Consejo de Estado, según la cual, los servidores en provisionalidad
pueden ser retirados sin motivación debido al carácter temporal y discrecional de su
nombramiento. El Tribunal concluyó que la resolución demandada solo fijaba la
duración de la prórroga y no constituía un acto de retiro que exigiera motivación, y
que el buen desempeño no limita la facultad discrecional del nominador.
10 Índice electrónico 021 de SAMAI. Memorial__33Recurso(.pdf) NroActua 21.
11 Artículo 13- “Distribución de los procesos entre las secciones”.
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Accionado: Tribunal Administrativo de Casanare
Referencia: Acción de tutela (segunda instancia)
31. En este contexto, la Sala debe establecer, en primer lugar, si la acción de tutela
satisface los requisitos de procedibilidad. Superado este análisis, la Sala abordará
el problema jurídico central consistente en determinar si el Tribunal Administrativo
de Casanare incurrió en un defecto sustantivo y en desconocimiento del precedente
constitucional, al omitir la jurisprudencia relativa a la estabilidad laboral reforzada de
las madres cabeza de familia que ocupan empleos de carrera en provisionalidad.
32. Para resolver el problema jurídico planteado, la Sala adoptará la siguiente ruta
de análisis: (i) examinará si en el caso concreto se satisfacen los requisitos
generales de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales; y
(ii) precisará la diferencia entre el defecto sustantivo y el desconocimiento del
precedente, para luego analizar su eventual configuración en el caso concreto.
Requisitos generales de procedibilidad
33. Conforme la Sentencia C-590 de 200512, reiterada de manera consistente por
la Corte Constitucional13, la procedencia de la acción de tutela contra decisiones
judiciales es excepcional y exige que el actor satisfaga una importante carga
argumentativa dirigida a mostrar que concurren seis causales genéricas de
procedencia, y al menos una específica.
34. De manera reiterada la Corte ha indicado que en el análisis de las causales
generales de procedencia en contra de providencias judiciales, el juez de tutela
debe verificar14; (i) que se acredite la legitimación en la causa (artículos 5, 10 y 13,
Decreto-Ley 2591 de 1991); (ii) que la providencia cuestionada no sea una
sentencia de tutela15, ni una decisión proferida con ocasión del control abstracto de
constitucionalidad por parte de la Corte Constitucional16 o el Consejo de Estado17,
ni una sentencia interpretativas (SENIT) proferida por la Sección de Apelación del
Tribunal para la Paz de la Jurisdicción Especial para la Paz -JEP-18; (iii) que se
cumpla con el requisito de inmediatez, es decir que la tutela se promueva en un
plazo razonable; (iv) que se identifique de forma clara, detallada y comprensible los
hechos que amenazan o afectan los derechos fundamentales en cuestión y que, si
existió la posibilidad, ellos hayan sido alegados en el trámite procesal; (v) que se
cumpla con el requisito de subsidiariedad, esto es que el interesado acredite que
agotó todos los medios de defensa judicial a su alcance, salvo que pretenda evitar
la consumación de un perjuicio irremediable19 o los medios de defensa judicial
existentes no sean idóneos o eficaces para evitarlo; (vi) que la cuestión planteada
12 Corte Constitucional, Sentencias C-590 de 2005.
13 Corte Constitucional, Sentencias SU-478 de 2024 y SU-304 de 2024.
14 Se sigue literalmente la manera en la que fueron fijadas las reglas de procedibilidad formal en la
SU-215 de 2022.
15 La única excepción a esta regla tiene que ver con la doctrina de la cosa juzgada fraudulenta y el
principio del fraude todo lo corrompe. Al respecto ver, entre otras, las Sentencias: T-218 de 2012 y
T-373 de 2014.
16 Corte Constitucional, Sentencia SU-478 de 2024.
17 Al respecto, ver, entre otras, Corte Constitucional, Sentencias SU-391 de 2023, SU-215 de 2022,
SU-573 de 2017, SU-585 de 2017.
18 Corte Constitucional, Sentencia SU-388 de 2023.
19 Ver, entre otras, la Sentencia SU-659 de 2015.
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Accionado: Tribunal Administrativo de Casanare
Referencia: Acción de tutela (segunda instancia)
sea de evidente relevancia constitucional, lo que exige que el caso trate sobre un
asunto de rango constitucional y no meramente legal o económico; (vii) que cuando
se trate de una irregularidad procesal, que esta tenga un efecto decisivo en la
decisión judicial cuestionada, es decir que si tal error no hubiere ocurrido el alcance
de la decisión hubiese sido sustancialmente distinto.
35. En el presente asunto se encuentra demostrado que (i) la parte accionante
no dispone de otros medios de defensa judicial para controvertir los aspectos aquí
expuestos, pues la providencia del 27 de marzo de 2025 puso fin al medio de control
de nulidad y restablecimiento del derecho. Además, los argumentos que constituyen
los derechos alegados no se encuadran en las causales de procedencia del recurso
extraordinario de revisión20 ni de unificación de jurisprudencia21; (ii) la acción de
tutela se presentó dentro de un plazo razonable, dado que la decisión enjuiciada se
notificó el 31 de marzo de 202522 y la solicitud de amparo se radicó el 8 de
septiembre de 2025 del mismo año; (iii) la actora no plantea una irregularidad
procesal, razón por la cual este requisito no resulta aplicable en este caso; (iv) la
demanda identifica con precisión los hechos que originan la presunta violación
directa del precedente judicial, debido proceso, de la ley por defecto sustantivo,
derecho a la estabilidad reforzada de la madre cabeza de familia y derechos de los
niños; y (v) no se trata de una sentencia de tutela, de una decisión expedida en
ejercicio del control abstracto de constitucionalidad por parte de la Corte
Constitucional o el Consejo de Estado17 ni de una sentencia interpretativa proferida
por la Sección de Apelación del Tribunal Especial para la Paz18.
36. En este contexto, la Sala advierte que (vi) se cumple con el requisito de
relevancia constitucional, dado que la parte actora expuso de manera suficiente y
razonada las causas por las cuales considera que la autoridad judicial accionada
incurrió en violación directa del precedente judicial, debido proceso, de la ley por
defecto sustantivo, del derecho a la estabilidad reforzada de la madre cabeza de
familia y derechos de los niños. Tales afirmaciones trascienden una simple
inconformidad con la interpretación judicial y plantean un cuestionamiento directo
sobre la validez constitucional de la actuación desplegada por el juez ordinario. Esta
20 Conforme con las particularidades que rodean la presente controversia - relativas a la aplicación
del marco legal que establece el derecho a la estabilidad laboral reforzada de una madre cabeza de
familia que ocupa un empleo de carrera en provisionalidad, según el precedente constitucional-, se
advierte que este recurso no resulta apto para restablecer de manera pronta y efectiva los derechos
fundamentales comprometidos. Su marco decisorio no privilegia la prevalencia del derecho
sustancial sobre los formalismos procesales, como sí lo hace la acción de tutela. En consecuencia,
en el caso concreto, dicho mecanismo no es idóneo ni eficaz para evitar la consolidación del perjuicio
derivado de la ausencia de una decisión de fondo, conforme con lo previsto en el artículo 250 del
CPACA. Por último, los defectos alegados por la parte demandante no pueden ser subsanados
mediante las causales previstas para este recurso extraordinario, pues no corresponden con la falta
de congruencia de la sentencia impugnada, los vicios o irregularidades probatorias, la comisión de
un hecho punible que haya hecho inducido en error al juez, los defectos procesales, la existencia de
mejor derecho de un tercero o la contradicción con la cosa juzgada.
21 El recurso de unificación consagrado en el artículo 257 del CPACA depende de demostrar una
contradicción jurisprudencial relevante, presupuesto que aquí no es el problema central, ya que se
reclamó el desconocimiento de un precedente constitucional construido en el marco del control
abstracto y concreto. En suma, no es un medio idóneo ni eficaz para restituir el goce efectivo de los
derechos invocados en el asunto bajo examen.
22 Índice electrónico 015 de SAMAI del Tribunal Administrativo de Casanare.
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Accionante: Jessica Liseth Cifuentes Martínez a nombre propio y
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Referencia: Acción de tutela (segunda instancia)
dimensión constitucional del debate exige un examen por parte del juez de tutela,
pues la presunta afectación no se limita a un error jurídico ordinario, sino que se
proyecta sobre el núcleo esencial de las garantías procesales y de acceso real a la
justicia.
37. Adicionalmente, la Sala advierte que el asunto bajo examen trasciende los
límites de una controversia estrictamente legal o de una simple discrepancia
interpretativa entre las partes. Se trata de un caso de naturaleza excepcional que
amerita la intervención del juez constitucional, en tanto la discusión involucra la
protección de los derechos de una persona en situación de especial protección
constitucional, como lo es una madre cabeza de familia, así como la salvaguarda
de los derechos fundamentales de una menor de edad.
38. La eventual vulneración alegada no se restringe a la esfera individual de la
accionante, sino que tiene un impacto directo en las condiciones de vida digna de
su hija menor, lo que refuerza la necesidad de un examen constitucional más
estricto y la procedencia del amparo en estos supuestos.
Análisis del caso concreto y de los defectos específicos
39. Antes de entrar a estudiar el caso concreto, la Sala verificará el cumplimiento
del requisito de legitimación en la causa por activa y pasiva:
40. Jessica Liseth Cifuentes Martínez en representación de su hija Helen Nahi
Camargo Cifuentes cuenta con legitimación en la causa por activa, dado que
ostentan la titularidad de los derechos fundamentales cuya vulneración invocan. En
tal condición, actúan como las directamente afectadas por las decisiones
adoptadas por el Tribunal Administrativo de Casanare, providencia que, según
afirman, transgredió sus garantías constitucionales.
41. De igual manera, se encuentra satisfecho el requisito de legitimación en la
causa por pasiva, en la medida en que la acción de tutela se dirigió contra el Tribunal
Administrativo de Casanare, autoridad judicial a la que se le atribuye la trasgresión
de los derechos fundamentales reclamados por las accionantes.
42. La Registraduría Nacional del Estado Civil solicitó su desvinculación por falta de
legitimación en la causa por pasiva. Al respecto, la Sala advierte que funge como
parte demandada dentro del proceso ordinario, de ahí que se mantendrá vinculada
en el presente trámite constitucional.
43. La Sala accederá a la solicitud de protección de derechos al encontrar
configurado el defecto sustantivo y desconocimiento del precedente, por las razones
que se explican a continuación:
44. En este caso, la tutelante solicita que el Tribunal Administrativo de Casanare
profiera una nueva sentencia, al considerar que dicha autoridad judicial incurrió en
defecto sustantivo y en desconocimiento del precedente, al omitir la aplicación de la
jurisprudencia que desarrolla la estabilidad laboral reforzada de las madres cabeza
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de familia, sujeto de especial protección constitucional, cuando actúan como
servidoras nombradas en provisionalidad en cargos de carrera administrativa.
Sostiene que el Tribunal accionado prescindió de este precedente, pese a su
pertinencia e importancia determinante para resolver el litigio.
Defecto Sustantivo
45. El defecto sustantivo se configura cuando la decisión judicial se aparta del
marco normativo que debía regirla, debido a un error o falencia en los procesos de
interpretación o aplicación del ordenamiento jurídico. No se trata de cualquier
desacierto hermenéutico, sino de un quebrantamiento grave del deber de aplicar
correctamente la Constitución y la ley23.
46. Este defecto se sustenta en la sujeción de los jueces al imperio de la ley (art.
230 C.P.) y en el respeto por la autonomía judicial para interpretar y seleccionar las
normas aplicables (arts. 228 y 229 C.P.). En ese sentido, el juez de tutela no
reemplaza la labor hermenéutica del juez natural ni define cuál es la interpretación
“más adecuada”, sino que verifica si la interpretación o aplicación realizada resulta
arbitraria, irrazonable o contraria a los derechos fundamentales.
47. El control constitucional se activa únicamente cuando la decisión judicial excede
los límites de la razonabilidad y la proporcionalidad y, en consecuencia, compromete
derechos y garantías constitucionales, desbordando el ámbito legítimo de
autonomía judicial.
48. La Corte Constitucional ha señalado que el defecto sustantivo puede
configurarse en diversos escenarios24. En primer lugar, se presenta cuando la
providencia judicial se fundamenta en una norma que no resulta aplicable al caso.
Esto ocurre cuando la disposición legal es impertinente, ha sido derogada o ha
perdido vigencia, es inexistente, ha sido declarada inconstitucional o, aun siendo
válida, no guarda correspondencia con la situación fáctica analizada. Del mismo
modo, el defecto se materializa cuando el juez omite aplicar una norma pertinente y
necesaria para resolver adecuadamente la controversia, y omite el marco jurídico
aplicable.
49. En segundo lugar, el defecto sustantivo se presenta cuando la aplicación de la
norma se ubica por fuera del margen de razonabilidad exigible. Ello ocurre cuando
el juez adopta una interpretación contraevidente que desconoce el sentido natural
del texto normativo o la voluntad del legislador; cuando la aplicación de la norma
produce un perjuicio injustificado para alguna de las partes; cuando se utiliza la regla
jurídica de forma manifiestamente errada o incompatible con los hechos probados;
o cuando la decisión carece de una motivación suficiente, revelando un ejercicio
caprichoso, incongruente o arbitrario. En tales casos, la providencia se aparta del
nivel mínimo de juridicidad que debe orientar la actividad judicial.
23 Sentencia T-084 de 2025.
24 SU-424 de 2021, SU-453 de 2019, SU-116 de 2018 y SU-632 de 2017.
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50. En tercer lugar, el defecto sustantivo se configura cuando la aplicación de la
norma desconoce la Constitución o prescinde de una interpretación que armonice
la disposición legal con los mandatos superiores. Este evento tiene lugar cuando el
juez no realiza la interpretación conforme exigida por la Constitución; cuando aplica
una norma desconociendo una sentencia con efectos erga omnes o el precedente
constitucional que delimita su alcance; o cuando omite aplicar la excepción de
inconstitucionalidad pese a la existencia de una contradicción manifiesta entre la ley
y la norma superior.
51. En conclusión, el defecto sustantivo se presenta cuando el juez, al interpretar o
aplicar la norma, se aparta de manera evidente del ordenamiento jurídico, ya sea
por acudir a disposiciones inaplicables, omitir normas pertinentes, adoptar
interpretaciones irrazonables o desconocer mandatos y precedentes
constitucionales. En tales circunstancias, la decisión judicial deja de ser expresión
legítima de la autonomía judicial y compromete la supremacía de la Constitución y
los derechos fundamentales.
52. Por ello, la intervención del juez constitucional resulta procedente cuando la
providencia cuestionada desborda los límites de la razonabilidad y juridicidad, y su
corrección se hace necesaria para restablecer las garantías constitucionales y
proteger los derechos fundamentales afectados.
Desconocimiento del precedente
53. En su jurisprudencia, la Corte Constitucional ha explicado que el precedente es
la regla jurídica derivada de la ratio decidendi de decisiones previas que deben
seguir los jueces en casos análogos25. Dos elementos determinan la existencia del
precedente, a saber26: (i) la relevancia jurídica de la regla fijada en sentencias
anteriores; y (ii) la identidad del problema jurídico y de los supuestos fácticos
relevantes en el caso posterior.
54. A su vez, el Tribunal Constitucional ha explicado que el precedente puede
operar una dimensión vertical y otra horizontal27. La primera vincula a los jueces
inferiores frente a tribunales superiores (incluye carácter obligatorio del precedente
constitucional). Su fuerza vinculante deriva de la supremacía constitucional (art. 4
CP), de la cosa juzgada constitucional, del papel de la Corte como intérprete
autorizado de los derechos fundamentales y de la necesidad de asegurar
uniformidad en la aplicación del orden constitucional en todo el territorio 28. En esta
dimensión, la vinculación es más estricta, pues el desconocimiento del precedente
constitucional comporta un desconocimiento directo de la Carta.
55. La segunda exige que el juez mantenga consistencia con sus propias decisiones
y con las adoptadas por las demás salas de la misma corporación, siempre que los
25 Corte Constitucional, Sentencia C-634 de 2011.
26 Corte Constitucional, Sentencia C-539 de 2011.
27 Corte Constitucional, Sentencia C-179 de 2016.
28 Corte Constitucional, Sentencia C-589 de 2011 y C-634 de 2011.
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problemas jurídicos y los supuestos de hecho sean análogos29. Esta exigencia
encuentra justificación en varios mandatos constitucionales: (i) el principio de
igualdad (art. 13 CP), que impide dar respuestas distintas ante casos iguales; (ii) la
seguridad jurídica, que demanda decisiones predecibles y consistentes; (iii) la
buena fe y la confianza legítima, que protegen las expectativas de las partes sobre
un trato uniforme; y (iv) la racionalidad30 y coherencia31. del sistema jurídico, que
rechaza líneas contradictorias dentro del mismo tribunal. Además, su fundamento
institucional radica en la función de los tribunales de unificar su jurisprudencia, lo
cual impide que cada sala opere como compartimentos aislados32.
56. En la Sentencia SU-068 de 2018, se reconoció que el precedente constitucional
es estrictamente vinculante para todas las autoridades judiciales. Sin embargo,
precisó que el principio de stare decsis no aplica de manera absoluta, dado que una
autoridad judicial solo puede apartarse del mismo cumpliendo con los requisitos de
transparencia, suficiencia e idoneidad, que exigen reconocerlo, justificar
razonadamente el cambio, y demostrar que las nuevas razones son más poderosas
que la obligación de preservar la uniformidad.
57. En contexto, la configuración del defecto por desconocimiento del precedente
constitucional en materia de tutela se presenta bajo las siguientes condiciones33: (i)
la autoridad judicial desatiende la ratio decidendi de una sentencia que cumple los
criterios para ser considerada precedente y que resulta obligatoria para la resolución
del caso; (ii) la decisión impugnada no contiene una justificación suficiente,
transparente e idónea que explique la separación frente a esa regla previa. Esto
requiere que el juez individual o colegiado identifique y exteriorice el precedente
aplicable, exponga las razones que justifican el apartamiento de la decisión, así
como formule una especial fundamentación en la que “se exige revelar los motivos
por los cuales, incluso desde la perspectiva de la seguridad jurídica y la buena fe,
los argumentos que se exponen para no seguir un precedente son más poderosos
frente a la obligación primigenia de preservar una misma lectura”34 ; y (iv) ese
desconocimiento afecta directamente un derecho fundamental, usualmente
vinculado al debido proceso y la igualdad.
29 Corte Constitucional, Sentencia T-1029 de 2012.
30Aarnio,Aulis; Lo Racional como Razonable. Un Tratado sobre la justificación jurídica; p. 126; López
Guerra, Luis; La Creación Judicial del Derecho; en El Poder Judicial en el Estado Constitucional; p.
96.
31Moral Soriano Leonor; El precedente judicial; Ed Marcial Pons ediciones jurídicas y sociales,
Madrid 2002, Pág. 129 y siguientes.
32Taruffo Michele, Precedente ed esempio nella decisiones giudiziaria, en Revista Trimestrale di
Distrito e Procedura Civil 1994 Pág. 26
33 Corte Constitucional, Sentencia SU-304 de 2024.
34 Corte Constitucional, sentencias T-643 de 2017, T-661 de 2017 y SU-081 de 2020.
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Distinción entre el defecto sustantivo y desconocimiento del precedente a partir de
la Sentencia SU-304 de 2024
58. La Corte unificó los criterios para determinar el tipo de defecto que se configura
cuando una providencia desconoce una decisión judicial, con base en las siguientes
premisas:
59. La tutela contra decisiones de jueces solo se usa en casos especiales, cuando
hay un error que afecta derechos fundamentales. Las personas deben explicar ese
error, pero el juez también debe ayudar a entender la petición. Un juez puede
cometer un defecto si desconoce la ley o ignora decisiones obligatorias de otros
tribunales. Las sentencias que controlan leyes tienen efectos generales y no se
pueden ignorar. Otras decisiones también pueden ser obligatorias, pero no cambian
la validez de las normas. Ignorar unas genera defecto sustantivo; aunque soslayar
otras decisiones que tiene efectos particulares implica desconocer el precedente.
60. A partir de lo anterior, la Corte concluye que el defecto por desconocimiento del
precedente se configura cuando la autoridad judicial infringe la razón decisoria de
una providencia que reúne las condiciones para ser considerada precedente
obligatorio. Sin embargo, cuando lo desconocido es el significado normativo fijado
por una autoridad competente al ejercer control abstracto de constitucionalidad o
legalidad sobre una disposición —sea ley, decreto, resolución u otra norma
general—, el defecto que se configura es de naturaleza sustantiva, dado el carácter
vinculante y definitivo de tales juicios de validez.
61. El desconocimiento del precedente se encuentra configurado cuando la
autoridad judicial desatiende la razón decisoria de una providencia que cumple las
condiciones para ser considerada precedente obligatorio. En relación con la fuerza
vinculante de las decisiones adoptadas en sede de tutela, la Corte Constitucional
ha precisado que, aunque las sentencias SU y T producen efectos inter partes, su
ratio decidendi tiene carácter obligatorio para todas las autoridades y para los
particulares involucrados en la materia objeto de regulación. Esto es así porque
mediante dicha razón decisoria, la Corte fija la interpretación correcta y la aplicación
adecuada de las normas constitucionales y legales frente a un supuesto fáctico
determinado, definiendo el alcance y vigor de los derechos fundamentales35.
62. Ahora bien, la Corte ha precisado que las providencias emitidas tanto por la
Corte Constitucional como por la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, en
ejercicio de sus competencias para adelantar el control de constitucionalidad o de
legalidad sobre normas de carácter general y abstracto, determinan la validez de
dichas disposiciones y fijan la interpretación correcta que debe aplicarse en su
35 En palabras de la Corte Constitucional, expresada en la Sentencia SU-169 de 2024: “Por su parte,
(ii) en cuanto a las decisiones en sede de tutela, si bien éstas en principio únicamente tienen
efectos inter partes sin importar si fueron adoptadas por la Sala Plena (SU) o por las distintas Salas
de Revisión (T), lo cierto es que su ratio decidendi constituye un precedente obligatorio para las
autoridades y para los particulares relacionados con la materia, pues a través de ella se define,
“frente a una situación fáctica determinada, la correcta interpretación y (…) aplicación de una norma,
respecto del vigor y alcance de los derechos fundamentales, con la condición de que no existan
decisiones contradictorias en la línea jurisprudencial.”
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ejecución. En consecuencia, cuando una autoridad judicial desconoce el significado
normativo definido en el marco de estos juicios de validez —los cuales producen
efectos generales y vinculantes—, la irregularidad que se configura es un defecto
sustantivo, y no un defecto por desconocimiento del precedente.
63. La inobservancia de las sentencias SU y T de la Corte Constitucional configura
un defecto por desconocimiento del precedente, en tanto estas decisiones, aunque
produzcan efectos inter partes, fijan criterios hermenéuticos obligatorios mediante
su ratio decidendi. Por el contrario, el desconocimiento de las sentencias C, dictadas
en sede de control abstracto de constitucionalidad, da lugar a un defecto sustantivo,
debido a que estas decisiones determinan la validez de la norma y establecen de
manera definitiva el significado que debe aplicarse con efectos generales y
vinculantes.
64. Bajo este contexto, la Sala advierte que en el caso concreto se alegan tanto un
defecto sustantivo como un desconocimiento del precedente. Ello es así porque la
tutelante sostiene que la autoridad judicial accionada desatendió decisiones de la
Corte Constitucional de distinta naturaleza: por un lado, sentencias C, proferidas en
sede de control abstracto, cuyo desconocimiento constituye un defecto sustantivo;
y, por otro, sentencias T y SU, cuyas razones decisorias tienen carácter obligatorio
y cuya inobservancia configura un defecto por desconocimiento del precedente.
65. Una vez realizada esta precisión, la Sala entrará a demostrar como el juez del
proceso ordinario incurrió en un defecto sustantivo y desconocimiento del
precedente:
Estudio de la sentencia demanda en tutela
66. Mediante providencia del 27 de marzo de 2025, el Tribunal Administrativo de
Casanare revocó la sentencia del 31 de octubre de 2024 proferida por el Juzgado
Cuarto Administrativo de Yopal y, en su lugar, negó las pretensiones de la demanda
presentada por la señora Jessica Lisseth Cifuentes Martínez contra la Registraduría
Nacional del Estado Civil.
67. El Tribunal sostuvo que conforme a la jurisprudencia reciente del Consejo de
Estado —en especial la sentencia del 30 de octubre de 2024—, los servidores
vinculados en provisionalidad pueden ser retirados sin motivación debido a la
naturaleza temporal y discrecional de su nombramiento, de acuerdo con la Ley 1350
de 2009. Señaló que la demandante ingresó al cargo de Registradora Municipal
mediante un nombramiento provisional sujeto a término, circunstancia reiterada en
las resoluciones de prórroga, por lo que la finalización del vínculo operaba
automáticamente al vencimiento del plazo.
68. Respecto de la Sentencia SU-917 de 2010, el Tribunal consideró que no era
aplicable, pues en el caso allí estudiado no regía aún la Ley 1350 de 2009, norma
que, a su juicio, gobierna el sub judice y autoriza nombramientos provisionales
discrecionales sin exigencia de motivación, conforme al literal c) del artículo 20.
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69. Asimismo, destacó la presunción de legalidad de los actos discrecionales y
afirmó que la demandante no desvirtuó dicha presunción. Indicó que no existía acto
autónomo de desvinculación que exigiera motivación, pues la actora únicamente
cuestionó el parágrafo de la resolución de prórroga que fijó su duración.
70. Finalmente, concluyó que el nombramiento fue expedido válidamente en
ejercicio de la facultad discrecional prevista en la Ley 1350 de 2009, razón por la
cual revocó la sentencia de primera instancia y negó las pretensiones de la
demanda.
71. Al respecto, la Sala realizara algunas precisiones relevantes para el caso en
concreto:
72. En primer lugar, mediante resolución número 168 de 2021, expedida el 3 de
agosto de 202136, los delegados Departamentales de Casanare conforme a lo
estipulado en el artículo 20 literal C de la Ley 1350 de 2009, dispusieron la prórroga
del nombramiento en provisionalidad de Jessica Liseth Cifuentes Martínez en el
cargo de Registradora Municipal, código 4035-05, del municipio de Villanueva
(Casanare). La prórroga fue fijada para el período comprendido entre el 6 de agosto
de 2021 y el 5 de noviembre de 2025, fecha en la cual se entendía finalizado el
vínculo sin necesidad de expedir un nuevo acto administrativo ni de emitir
comunicación adicional alguna.
73. El artículo 20, literal c), de la Ley 1350 de 2009 dispone que el nombramiento
en provisionalidad discrecional constituye una medida excepcional, procedente
únicamente por razones especiales del servicio. La norma establece que dicha
vinculación tendrá un término máximo de seis (6) meses, improrrogables, el cual
debe quedar expresamente consignado en el acto de nombramiento. Asimismo,
ordena que, dentro de ese plazo, la administración debe iniciar el concurso de
méritos correspondiente para proveer el empleo de manera definitiva37. A partir de
esta regulación, resulta claro que la accionante ocupaba un cargo de carrera
administrativa desempeñado en provisionalidad, pues la propia norma indica que el
empleo debe ser provisto mediante concurso de méritos, lo que evidencia su
naturaleza de carrera.
74. En segundo lugar, la peticionaria puso en conocimiento de la Registraduría
Nacional del Estado Civil su condición de madre cabeza de familia. En efecto, el día
5 de noviembre de 202138 remitió un memorial en el que manifestó que era madre
cabeza de familia, pues es la responsable de la menor Helen Nahi Camargo
36 Expediente del proceso ordinario, documento identificado: 002AnexoDemanda. Página 1 a 2 del
archivo PDF.
37 “ARTÍCULO 20. CLASES DE NOMBRAMIENTO. La provisión de los empleos en la Registraduría
Nacional del Estado Civil podrá realizarse mediante las siguientes clases de nombramiento: c)
Nombramiento provisional discrecional: Esta clase de nombramiento es excepcional y solo
procederá por especiales razones del servicio. El término de la provisionalidad se podrá hacer hasta
por seis (6) meses improrrogables; deberá constar expresamente en la providencia de
nombramiento. En el transcurso del término citado se deberá abrir el concurso respectivo para
proveer el empleo definitivamente”.
38 Expediente del proceso ordinario, documento identificado: 002AnexoDemanda. Página 92 a 93 del
archivo PDF.
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Cifuentes, quien dependía de sus ingresos para garantizar sus derechos a la salud,
a la educación y al mínimo vital, los cuales se verían afectados en caso de perder
el empleo.
75. El 11 de noviembre de 202139, la Registraduría Nacional del Estado Civil
respondió al escrito presentado por la actora y señaló que su situación particular no
cumplía las subreglas fijadas por la Corte Constitucional para otorgar la protección
reforzada a las madres cabeza de familia. Precisó que la sola afirmación de ostentar
dicha condición no constituye motivo suficiente para ordenar su reintegro al cargo.
76. La tutelante indicó que promovió acción de tutela debido a la ausencia de
motivación en el acto que dispuso su retiro. En decisión del 21 de enero de 2022, el
Juzgado Segundo de Ejecución de Penas de Yopal amparó sus derechos al debido
proceso y al mínimo vital, y ordenó su reintegro provisional al cargo.
77. Esta determinación fue confirmada el 2 de marzo de 2022 por el Tribunal
Superior del Distrito Judicial de Yopal, la cual, además, modificó el numeral segundo
de la sentencia de primera instancia para precisar que el reintegro solo procede si
el cargo no ha sido provisto mediante concurso de méritos. En consecuencia, la
permanencia de Jessica Lisseth Cifuentes Martínez en el empleo se mantiene hasta
que dicho concurso surta efectos o hasta que la jurisdicción contencioso-
administrativa adopte una decisión definitiva.
78. Posteriormente, mediante Resolución 030 del 26 de enero de 2022, la
Registraduría Nacional del Estado Civil acató la orden judicial y dispuso el reintegro
transitorio de Jessica Liseth Cifuentes Martínez al cargo de Registradora Municipal
4035-05 en Villanueva (Casanare) por un periodo de tres (3) meses. La entidad
señaló que vencido ese término, la vinculación concluiría de manera automática, sin
necesidad de expedir un nuevo acto administrativo ni de realizar comunicación
adicional.
79. En tercer lugar, la solicitante informó a los jueces del proceso ordinario su
condición de madre cabeza de familia. Esta circunstancia aparece consignada en
los hechos de la sentencia de primera instancia y también en la providencia de
segunda instancia del Tribunal Administrativo de Casanare. En efecto, el propio
Tribunal incluyó dentro de los supuestos fácticos que la actora aportó declaraciones
extrajuicio40 rendidas ante el Notario Único del Circuito de Villanueva (Casanare)
por Martha Isabel Velásquez y Yeny Beatriz Vargas Medina, testimonios que
acreditaban su condición de madre cabeza de familia.
80. En relación con el precedente aplicable a la materia, la Corte Constitucional, en
las sentencias T-313 de 2024, T-064 de 2025 y T-061 de 2025, reiteró su posición
frente a dos aspectos centrales que había unificado en la providencia SU-691 de
39 Expediente del proceso ordinario, documento identificado: 002AnexoDemanda. Página 94 a 98
del archivo PDF.
40 Expediente del proceso ordinario, documento identificado: 002AnexoDemanda. Página 144 a 147
del archivo PDF
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201741: (i) la estabilidad laboral relativa de los servidores públicos nombrados en
provisionalidad en cargos de carrera administrativa, y (ii) la protección especial que
ampara a las madres cabeza de familia como sujetos de especial protección
constitucional.
81. En cuanto a la estabilidad laboral, la Corte recordó que el artículo 53 de la
Constitución consagra el derecho de todo trabajador a la estabilidad en el empleo,
salvo existencia de justa causa. En el ámbito del empleo público, la estabilidad se
determina por la forma de vinculación: quienes acceden a un cargo mediante
concurso de méritos cuentan con una estabilidad reforzada y solo pueden ser
retirados por causales legales estrictas. Por su parte, los funcionarios que ocupan
cargos en provisionalidad gozan de una estabilidad relativa, que exige que su retiro
responda a causales objetivas y que se exprese claramente en el acto de
desvinculación. Estas causales incluyen, entre otras, la calificación insatisfactoria
en el desempeño, la imposición de sanciones disciplinarias, la desaparición de la
vacancia o la provisión definitiva del cargo.
82. La jurisprudencia también ha sido constante en afirmar que los derechos de
quienes ocupan cargos en provisionalidad ceden frente al mejor derecho de quienes
ganaron el concurso de méritos. No obstante, la Corte ha reconocido un trato
preferente para quienes, aún vinculados en provisionalidad, se encuentran en
situación de vulnerabilidad, como las madres cabeza de familia, las personas
próximas a pensionarse o quienes padecen una discapacidad o enfermedad que
afecte su capacidad laboral. Para estos sujetos, la administración tiene el deber de
adoptar medidas afirmativas, tales como procurar que sean los últimos en ser
desvinculados, o reubicarlos provisionalmente en cargos de igual jerarquía cuando
existan vacantes.
83. Según la Sentencia SU-691 de 2017, la terminación de un nombramiento
provisional para permitir el ingreso de quien ganó el concurso no vulnera, por sí
misma, los derechos del servidor provisional. Sin embargo, cuando la persona que
debe ser retirada es mujer cabeza de familia, la entidad tiene dos obligaciones
previas: (i) verificar si existen plazas vacantes no provistas con la lista de elegibles.
Si hay vacantes disponibles, la entidad debe adoptar medidas para garantizar tanto
el ingreso del concursante como la continuidad laboral de la mujer cabeza de familia;
y (ii) si no existen vacantes o margen de maniobra, la entidad debe asegurar que
las mujeres cabeza de familia sean las últimas en ser desvinculadas.
84. En consecuencia, las mujeres cabeza de familia vinculadas en provisionalidad
gozan de una estabilidad laboral reforzada, superior a la de otros servidores
provisionales, derivada de su condición de sujeto de especial protección
constitucional, aunque no es equiparable a la de los funcionarios de carrera. Esta
estabilidad exige que: (i) el acto administrativo de retiro esté debidamente motivado,
y (ii) cuando sea fáctica y jurídicamente posible, la entidad proceda a su reubicación
provisional en vacantes de igual o mayor jerarquía.
41 Ver las Sentencias: T-421 de 2024, T-313 de 2024, T-443 de 2022, T-063 de 2022, T-464 de 2019,
T-373 de 2017, T-464 de 2019, T-003 de 2018, SU-691 de 2017, T-992 de 2012 y SU-388 de 2008.
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85. Asimismo, la Corte ha reiterado que las acciones afirmativas en favor de las
mujeres cabeza de familia responden a mandatos constitucionales, por lo que las
entidades nominadoras deben actuar con un mínimo de diligencia para identificar si
la funcionaria que será retirada es sujeto de especial protección.
86. En conclusión, la Corte ha reiterado que, si bien la carrera administrativa se rige
por el principio del mérito, los servidores vinculados en provisionalidad cuentan con
una estabilidad laboral relativa. Esta estabilidad debe ceder frente al derecho
preferente de quienes superaron el concurso de méritos, pero adquiere un carácter
reforzado y exige la adopción de medidas afirmativas cuando se trate de sujetos de
especial protección constitucional, entre ellos las mujeres cabeza de familia, cuyo
amparo debe ser analizado de manera cuidadosa y reforzada por parte de la
administración.
87. Por otro lado, los requisitos que la jurisprudencia constitucional ha desarrollado
para determinar cuándo una persona puede ser considerada mujer u hombre
cabeza de familia, son los siguientes42:
“(i)que tenga a cargo la responsabilidad de hijos menores o de otras personas
incapacitadas para trabajar; (ii) que esa responsabilidad sea de carácter
permanente; (iii) no sólo debe haber una ausencia permanente o abandono
del hogar por parte de la pareja, sino que: (a) se sustraiga del cumplimiento
de sus obligaciones como padre; o (b) no asuma la responsabilidad que le
corresponde y ello obedezca a un motivo verdaderamente poderoso como la
incapacidad física, sensorial, psíquica o mental o, como es obvio, la muerte;
(iv) que haya una deficiencia sustancial de ayuda de los demás miembros de
la familia, lo cual significa la responsabilidad solitaria para sostener el hogar”.
88. En particular, las Salas de Revisión de la Corte Constitucional han analizado
casos similares al estudiado en los cuales se ha amparado los derechos de madres
cabeza de familias que han sido desvinculadas de empleos de carrera, sin
motivación y sin atender a sus condiciones.
89. A partir de lo expuesto, la Sala observa que el Tribunal Administrativo de
Casanare incurrió en un desconocimiento del precedente constitucional al omitir
valorar dos elementos esenciales para resolver adecuadamente la controversia: (i)
la naturaleza del cargo ocupado por la accionante provisionalidad en empleo de
carrera administrativa; y (ii) su condición de madre cabeza de familia, acreditada
tanto ante la entidad nominadora como dentro del proceso judicial.
90. La Sala advierte, en primer lugar, que la señora Jessica Liseth Cifuentes
Martínez reúne los requisitos definidos por la jurisprudencia constitucional para ser
reconocida como madre cabeza de familia. Ello se confirma porque tiene a su cargo,
de manera exclusiva43, la crianza, cuidado y sostenimiento de la menor Helen Nahi
Camargo Cifuentes. Consta en el expediente de tutela que ante el Instituto
Colombiano de Bienestar Familiar se adelantaron acuerdos de conciliación
42 Sentencia T-313 de 2024.
43 Según las declaraciones extrajudiciales realizadas por Martha Velázquez y Yeni Vargas.
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Radicación: 11001-03-15-000-2025-05619-01
Accionante: Jessica Liseth Cifuentes Martínez a nombre propio y
en representación de su hija Helen Nahi Camargo Cifuentes
Accionado: Tribunal Administrativo de Casanare
Referencia: Acción de tutela (segunda instancia)
orientados a fijar una cuota de alimentos a favor de la menor; no obstante, el padre,
Ricardo Nicolás Camargo Loaiza, no compareció sin justificación, incumpliendo así
cualquier deber de apoyo económico.
91. En cuanto al primer aspecto, la Corte Constitucional ha reiterado en decisiones
como la SU-691 de 2017, T-003 de 2018, T-064 de 2025 y T-061 de 2025 que los
servidores que ocupan cargos de carrera administrativa provistos en provisionalidad
se encuentran amparados por una estabilidad laboral relativa, la cual se refuerza en
ciertas circunstancias, como sucede con las madres cabeza de familia.
92. En el caso de la accionante, la autoridad demandada no acreditó la existencia
de una causal que justificara su retiro ni cumplió con la obligación de motivar la
decisión, en contravía de las exigencias fijadas por la jurisprudencia constitucional
para este tipo de actuaciones, en particular para el caso de las madres cabeza de
familia. Pese a ello, el juez ordinario omitió advertir dicha irregularidad, la cual debía
identificarla, ya que dentro del trámite administrativo y el proceso la actora alegó y
demostró la condición de madre cabeza de familia.
93. En cuanto al segundo aspecto, la Corte ha precisado que las mujeres cabeza
de familia son sujetos de especial protección constitucional, lo que obliga a las
entidades nominadoras a adoptar medidas afirmativas antes de proceder a su
desvinculación. Entre estas medidas, la jurisprudencia ha destacado: (i) la
verificación de vacantes que permitan su reubicación provisional: y (ii), en ausencia
de alternativas institucionales, la garantía de que sean las últimas en ser retiradas.
La actora acreditó su condición mediante escrito radicado el 5 de noviembre de
2021, así como a través de las declaraciones extrajuicio rendidas ante el Notario
Único del Circuito de Villanueva (Casanare) por Martha Isabel Velásquez y Yeny
Beatriz Vargas Medina. A ello se suman las actas de conciliación adelantadas ante
el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, las cuales resultaron fallidas debido
a la inasistencia reiterada e injustificada del padre de la menor, elementos que
evidencian de manera consistente la ausencia de corresponsabilidad paterna en su
crianza y sostenimiento.
94. A pesar de la relevancia de este acervo probatorio, ni la Registraduría Nacional
del Estado Civil ni los jueces del proceso ordinario valoraron dicha información,
omisión que desconoce las obligaciones constitucionales que derivan de la especial
protección reforzada que ampara a las madres cabeza de familia y que exige un
análisis cuidadoso, integral y preferente de las circunstancias que agravan su
situación de vulnerabilidad.
95. En consecuencia, el Tribunal incurrió en un desconocimiento del precedente al
omitir la aplicación de la ratio decidendi de la jurisprudencia constitucional
obligatoria, en particular aquella que desarrolla las reglas relativas a la estabilidad
laboral reforzada de las madres cabeza de familia que ocupan cargos de carrera
administrativa en provisionalidad, así como la protección especial que ampara a
estas. Dichas reglas resultaban plenamente pertinentes para la solución del caso,
en tanto la accionante no solo desempeñaba un cargo de carrera en condición de
provisionalidad, sino que, adicionalmente, se encontraba en una situación de
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Radicación: 11001-03-15-000-2025-05619-01
Accionante: Jessica Liseth Cifuentes Martínez a nombre propio y
en representación de su hija Helen Nahi Camargo Cifuentes
Accionado: Tribunal Administrativo de Casanare
Referencia: Acción de tutela (segunda instancia)
vulnerabilidad reforzada que imponía un análisis más exigente y cuidadoso por parte
de la autoridad judicial.
96. Además de ignorar el precedente aplicable, el Tribunal no ofreció una
justificación suficiente, transparente ni idónea que explicara su apartamiento.
Conforme a la doctrina constitucional sobre el defecto por desconocimiento del
precedente, el juez que decide separarse de una regla jurisprudencial obligatoria
debe: (i) identificar expresamente el precedente; (ii) justificar las razones del
apartamiento; y (iii) exponer argumentos que, desde la perspectiva de la seguridad
jurídica y la buena fe, resulten más fuertes que la obligación de preservar la
uniformidad en la interpretación. Ninguna de estas exigencias fue satisfecha en la
decisión cuestionada.
97. En este punto, la Subsección considera oportuno recordar que la autoridad
judicial demandada utilizó una decisión como precedente que no recogía las
particularidades del caso de la actora, como lo es su condición de madre cabeza de
familia. Esto es relevante porque convertía su estabilidad laboral relativa, en calidad
de provisional, al carácter de reforzada. El Tribunal Administrativo de Casanare
fundamentó su fallo con la sentencia con la sentencia del 20 de octubre de 2024, el
cual estudió la demanda interpuesta por un funcionario de la Registraduría Nacional
del Estado Civil que buscaba la nulidad de los actos administrativos que finalizaron
su nombramiento como delegado departamental 0020-04 del Chocó y su reintegro
al cargo, junto con el pago de salarios, prestaciones y perjuicios morales. La
demanda fue negada porque el cargo ocupado por García era de libre remoción, lo
que permite al nominador desvincular al empleado sin necesidad de motivación. La
naturaleza del empleo, regulado por un régimen especial de carrera administrativa
en la Registraduría Nacional del Estado Civil, establece que los cargos de
responsabilidad administrativa o electoral son de libre remoción, aunque se proveen
mediante concurso de méritos. Además, se concluyó que no hubo desviación de
poder ni falsa motivación en el acto de retiro, y que la vinculación del demandante
era precaria y temporal, con pleno conocimiento de su límite. Por consiguiente, la
ausencia de la condición de madre cabeza de familia restaba fuerza vinculante a
dicha decisión en el caso concreto, ya que no reconocía esa situación que
evidenciaba que la actora era titular de una estabilidad laboral reforzada y atribuía
obligaciones particulares a la Registraduría y al Tribunal demandado.
98. Así, al omitir identificar el precedente constitucional pertinente, al resolver el
caso en abierta contradicción con las reglas fijadas por la Corte Constitucional y al
no justificar adecuadamente su decisión, el Tribunal Administrativo de Casanare
incurrió en un defecto por desconocimiento del precedente constitucional, que
afecta directamente los derechos fundamentales de la accionante, en particular su
derecho a la igualdad, al debido proceso y a la estabilidad laboral relativa como
mujer cabeza de familia vinculada en provisionalidad.
99. Adicionalmente, la Sala advierte que el Tribunal Administrativo de Casanare
incurrió en un defecto sustantivo, en la medida en que desconoció el contenido y
alcance de sentencias de constitucionalidad que resultaban directamente aplicables
al caso, en razón a la condición de madre cabeza de familia. La Corte Constitucional
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Radicación: 11001-03-15-000-2025-05619-01
Accionante: Jessica Liseth Cifuentes Martínez a nombre propio y
en representación de su hija Helen Nahi Camargo Cifuentes
Accionado: Tribunal Administrativo de Casanare
Referencia: Acción de tutela (segunda instancia)
ha precisado que las providencias proferidas en ejercicio del control abstracto de
constitucionalidad esto es, las sentencias que examinan la validez de normas de
carácter general y abstracto no solo determinan la conformidad de la disposición
con la Constitución, sino que fijan el significado normativo obligatorio que debe
aplicarse en su interpretación y ejecución.
100. En particular, la Sentencia C-1039 de 2003 resulta aplicable al caso, pues en
ella la Corte Constitucional analizó la constitucionalidad del artículo 12 de la Ley 790
de 2002, disposición que establecía una protección especial para “las madres”
cabeza de familia. La Corte concluyó que dicha expresión no configuraba una
discriminación injustificada frente a otros grupos, sino que materializaba una medida
de acción afirmativa orientada a proteger a uno de los sectores más vulnerables de
la población colombiana: las mujeres cabeza de familia, quienes enfrentan
obstáculos estructurales de acceso y permanencia en el mercado laboral. La Corte
resaltó que la Constitución, especialmente el artículo 43, impone al Estado el deber
de brindar un apoyo reforzado a las mujeres cabeza de familia, por lo que su
permanencia en el empleo constituye la regla general dentro del programa de
renovación de la administración pública. Asimismo, el Tribunal explicó que estas
medidas no vulneran el derecho a la igualdad, pues buscan corregir desigualdades
estructurales derivadas de la discriminación histórica contra las mujeres, razón por
la cual pueden adoptarse acciones afirmativas dirigidas exclusivamente a su favor.
101. En este punto, es importante reconocer que la condición de madre cabeza
de familia de la actora implicó la atribución de unas obligaciones en cabeza de la
Registraduría y del Tribunal demandado, derivadas directamente de sus derechos
fundamentales, y que justifican la restricción de las facultades discrecionales de la
administración fijadas en la Ley 1350 de 2009. Ello se traducía en un deber de
motivar el acto de desvinculación y en la obligación de adoptar medidas de
protección para este grupo de personas. Cabe acotar que este tipo de salvaguarda
no opera respecto de sujetos que no se encuentran en circunstancias comparables
de vulnerabilidad.
102. En conclusión, la Sala encuentra que el Tribunal Administrativo de Casanare
desconoció tanto el precedente constitucional como el contenido normativo fijado
en sentencias de constitucionalidad aplicables al caso. En primer lugar, omitió
aplicar las reglas reiteradas por la Corte Constitucional sobre la estabilidad laboral
relativa a las madres cabeza de familia vinculadas en provisionalidad en empleos
de carrera administrativa y sobre las medidas afirmativas que deben adoptarse
cuando se trate de este tipo de personas. Pese a que la accionante acreditó su
condición y pese a que la jurisprudencia, particularmente la SU-691 de 2017, T-003
de 2018, T-064 de 2025 y T-061 de 2025 exigen una motivación reforzada y la
verificación de vacantes antes de proceder al retiro, el Tribunal no valoró estos
elementos ni justificó su apartamiento del precedente obligatorio.
103. De igual manera, incurrió en un defecto sustantivo al desconocer el
significado normativo fijado por la Corte en sentencias de constitucionalidad,
especialmente la C-1039 de 2003, en la cual se estableció que la protección
especial a las madres cabeza de familia es una medida de acción afirmativa fundada
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Radicación: 11001-03-15-000-2025-05619-01
Accionante: Jessica Liseth Cifuentes Martínez a nombre propio y
en representación de su hija Helen Nahi Camargo Cifuentes
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Referencia: Acción de tutela (segunda instancia)
en el artículo 43 de la Constitución y orientada a garantizar su permanencia en el
empleo frente a contextos de vulnerabilidad estructural. La omisión de estas reglas
jurisprudenciales y constitucionales incidió directamente en la decisión adoptada y
vulneró los derechos fundamentales de la accionante, en concreto, su derecho a la
igualdad, al debido proceso y a la estabilidad laboral relativa como mujer cabeza de
familia vinculada en provisionalidad en un cargo de carrera administrativa.
104. Por las razones expuestas, la Sala revocará la sentencia del 9 de octubre de
2025, proferida por la Sección Primera del Consejo de Estado, al verificarse que el
Tribunal Administrativo de Casanare incurrió en los defectos de desconocimiento
del precedente constitucional y sustantivo. Como consecuencia de ello, se
ampararán los derechos fundamentales de la accionante al debido proceso, a la
igualdad y a la estabilidad laboral reforzada derivada de su condición de mujer
cabeza de familia vinculada en provisionalidad en un cargo perteneciente a la planta
de carrera administrativa.
105. Asimismo, la Subsección dejará sin efectos la sentencia del 27 de marzo de
2025, y en consecuencia, se ordenará al Tribunal Administrativo de Casanare dictar
una nueva decisión en la que realice el estudio del caso conforme a los precedentes
jurisprudenciales vigentes de la Corte Constitucional, en especial aquellos relativos
a la estabilidad laboral reforzada de las mujeres cabeza de familia que ocupan
cargos de carrera en provisionalidad y la protección que se deriva para ellas en
razón de esa condición.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando Justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
RESUELVE
PRIMERO: REVOCAR la Sentencia del 9 de octubre de 2025, proferida por la
Sección Primera del Consejo de Estado, por las razones expuestas en la presente
providencia.
SEGUNDO: DEJAR SIN EFECTOS la providencia del 27 de marzo de 2025,
proferida por el Tribunal Administrativo de Casanare, de conformidad con las
razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.
TERCERO: En consecuencia, ORDENAR al Tribunal Administrativo de Casanare
que, dentro del término de treinta (30) días contados a partir de la notificación de
esta providencia, profiera la sentencia de reemplazo correspondiente. En dicha
decisión, deberá aplicar de manera expresa y suficiente los precedentes fijados por
la Corte Constitucional en materia de estabilidad laboral reforzada de las madres
cabeza de familia que ocupan cargos de carrera administrativa en provisionalidad,
así como las reglas de protección para este tipo de personas, establecidas en las
sentencias SU-691 de 2017, T-003 de 2018, T-064 de 2025 y T-061 de 2025.
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Accionante: Jessica Liseth Cifuentes Martínez a nombre propio y
en representación de su hija Helen Nahi Camargo Cifuentes
Accionado: Tribunal Administrativo de Casanare
Referencia: Acción de tutela (segunda instancia)
CUARTO: NOTIFICAR la presente decisión a los interesados, por el medio más
expedito.
QUINTO: ENVIAR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MENDEZ
Con aclaración de voto
Nota: esta providencia fue suscrita en forma electrónica mediante el aplicativo SAMAI, de
manera que el certificado digital que arroja el sistema permite validar la integridad y autenticidad
del presente documento en el link
https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/documentos/evalidador. Igualmente
puede acceder al aplicativo de validación escaneando con su teléfono celular el código QR que
aparece a la derecha.
VF
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