Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-05623-00
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-05623-00
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2025-05623-00
Consejero ponente: William Edgardo Barrera Muñoz
19 de enero de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN C
Consejero Ponente: WILLIAM BARRERA MUÑOZ
Bogotá D.C, diecinueve (19) ( de enero de dos mil veintiséis (2026)
Radicación número: 11001-03-15-000-2025-05623-00
Accionante: JAIRO ALARCÓN
Autoridad: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL VALLE DEL CAUCA
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL-Requisitos generales y especiales de procedencia. TUTELA
CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL-Requisitos generales y especiales de procedencia. RELEVANCIA
CONSTITUCIONAL-La acción de tutela no es una instancia adicional del proceso ordinario.
La Sala decide la acción de tutela interpuesta por el señor Jairo Alarcón contra el
fallo proferido el 3 de junio de 2025, por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca
que confirmó la sentencia de primera instancia que negó las pretensiones de la
demanda presentada por el accionante contra el Distrito Especial de Santiago de
Cali.
ANTECEDENTES
1. Acción de tutela
El 9 de septiembre de 2025, el señor Wilson Vargas Abello, actuando en nombre
propio, formuló acción de tutela con el fin de obtener la protección de sus derechos
fundamentales al debido proceso, de acceso a la administración de justicia, y a sus
«demás derechos», que estimó vulnerados por el Tribunal Administrativo del Valle
del Cauca, con ocasión de la sentencia del 3 de junio de 2025, proferida dentro del
medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho1.
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Proceso identificado con número de radicación: 76001-33-33-017-2023-00037-01.
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Expediente nº. 11001-03-15-000-2025-05623-00
Accionante: Jairo Alarcón
Acción de tutela – Primera instancia
En virtud del amparo, la accionante solicitó textualmente lo siguiente:
«PRIMERA. TUTELAR mis derechos fundamentales al debido proceso, acceso a la
administración de justicia, derecho al trabajo, derecho a la seguridad social, al igual
que los principios de legalidad, confianza legitima, interpretación de normas
procesales, buena fe, y todos aquellos que llegaren a probarse vulnerados conforme
a lo expuesto en los fundamentos jurídicos y caso concreto de este escrito.
SEGUNDA. REVOCAR la sentencia de segunda instancia proferida el día 20 de junio
de 2025 por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, al interior del proceso
identificado con radicado No. 76001-33-33-017-2023-00037-01».
1. Hechos relevantes
El señor Jairo Alarcón ingresó al servicio del Municipio de Santiago de Cali en el año
1987, fecha desde la cual permaneció vinculado de manera continua hasta su retiro.
Período en el que afirmó haber recibido las prestaciones extralegales previstas en el
Decreto 0216 de 18 de febrero de 1991, norma mediante la cual el alcalde de la
época fijó beneficios adicionales en favor de los empleados públicos del municipio.
Indicó que tales beneficios se pagaron hasta el año 2000, cuando la administración
municipal suspendió de manera unilateral los efectos del Decreto y dejó de reconocer
dichos beneficios, lo cual, según manifestó, se acreditó en los tabulados de pago que
aportó al expediente.
Expuso que el Ministerio de Educación promovió en el año 2010 una demanda de
nulidad contra el Decreto 0216 de 1991, trámite identificado con el radicado 76001-
23-31-000-2010-01485-01, cuya finalidad consistió en obtener la declaratoria de
nulidad total del acto por ausencia de competencia para su expedición. En ese
proceso, el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca declaró la nulidad del decreto
mediante sentencia del 20 de enero de 2012, decisión que fue confirmada por la
Sección Segunda-Subsección B del Consejo de Estado mediante providencia del 8
de agosto de 2019, en la cual se reiteró la nulidad con efectos ex tunc y precisó que
debían respetarse los derechos adquiridos que se encontraran debidamente
consolidados al momento de la declaratoria. Indicó que dicha sentencia quedó
ejecutoriada el 23 de octubre de 2020.
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Expediente nº. 11001-03-15-000-2025-05623-00
Accionante: Jairo Alarcón
Acción de tutela – Primera instancia
Señaló que, con fundamento en dicha ejecutoria y en la afirmación contenida en la
sentencia relativa al respeto de los derechos adquiridos, el 2 de septiembre de 2022
presentó ante el Distrito Especial de Santiago de Cali una solicitud administrativa en
la que pidió el reconocimiento y pago retroactivo de las primas extralegales dejadas
de percibir desde el año 2000 hasta el 23 de octubre de 2020, fecha de ejecutoria de
la sentencia de nulidad. No obstante, la administración territorial negó la petición e
indicó que ni la sentencia del Tribunal del año 2012 ni la decisión del Consejo de
Estado reconocieron de manera individual derecho alguno en favor del solicitante,
razón por la cual no existía situación jurídica definida que habilitara el pago.
Como consecuencia de la negativa administrativa, el 9 de mayo de 2023 el actor
presentó demanda en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento
del derecho, orientada a obtener la declaratoria de nulidad del acto administrativo
que negó su petición y el pago retroactivo de las primas extralegales desde el año
1992 hasta el 23 de octubre de 2020, por valor aproximado de $296.058.773, según
la liquidación aportada en el escrito introductorio. Posteriormente, el 5 de junio de
2024, el Juzgado Diecisiete Administrativo Oral del Circuito de Cali profirió sentencia
mediante la cual negó las pretensiones del medio de control.
El actor interpuso recurso de apelación el 4 de julio de 2024, el cual fue admitido por
el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca mediante auto del 6 de mayo de 2025.
Finalmente, el 3 de junio de 2025, dicho Tribunal profirió sentencia de segunda
instancia en la cual confirmó íntegramente la decisión del a quo y concluyó que el
actor no acreditó la existencia de un derecho adquirido que permitiera excepcionar
los efectos retroactivos de la nulidad decretada en el año 2019.
2. Fundamentos de la acción
El actor sostuvo que el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca vulneró sus
derechos fundamentales al confirmar la sentencia que negó las pretensiones del
medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho que promovió contra el
Distrito Especial de Santiago de Cali.
Indicó que el Tribunal incurrió en defectos fáctico y sustantivo porque no valoró la
totalidad del material probatorio, omitió aplicar el precedente jurisprudencial sobre
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Expediente nº. 11001-03-15-000-2025-05623-00
Accionante: Jairo Alarcón
Acción de tutela – Primera instancia
derechos adquiridos frente a la anulación de actos administrativos, y no analizó el
contenido constitucional de las situaciones jurídicas consolidadas durante la vigencia
del Decreto 0216 de 1991.
Frente al defecto fáctico, argumentó que el Tribunal desconoció la valoración integral
de las pruebas aportadas, en especial los desprendibles de nómina que demostraban
que percibió las prestaciones extralegales previstas en el Decreto 0216 de 1991
desde su vinculación en 1993 y hasta el año 2000, época en la cual la administración
municipal suspendió los efectos del acto sin que existiera una decisión judicial que
hubiese anulado sus disposiciones.
Respecto del desconocimiento del precedente, el accionante señaló que la decisión
judicial desconoció las decisiones de la Corte Constitucional y del Consejo de Estado
sobre la protección reforzada de las personas adultas mayores, dado que tiene 70
años, situación que incrementaba la necesidad de una revisión estricta de los
argumentos aportados y de la prueba obrante en el proceso ordinario.
El accionante afirmó que el Consejo de Estado, mediante sentencia del 8 de agosto
de 2019, confirmó la declaratoria de nulidad del Decreto 0216 de 1991 y precisó que
la nulidad tendría efectos ex tunc, pero que debían respetarse los derechos
adquiridos consolidados mientras el decreto produjo efectos. Sostuvo que dicha
afirmación generó en su caso una situación jurídica consolidada que el Tribunal
Administrativo del Valle del Cauca desconoció al concluir que no existía un derecho
susceptible de protección. En criterio del actor, el tribunal omitió valorar el alcance
de la sentencia del Consejo de Estado y desatendió el deber de proteger las
situaciones jurídicas consolidadas derivadas de la aplicación del decreto mientras
estuvo vigente.
El accionante expuso que, de conformidad con los artículos 29, 48, 53 y 58 de la
Constitución Política, la administración debía respetar los derechos adquiridos y las
prestaciones que ingresaron a su patrimonio durante la vigencia del Decreto 0216 de
1991. Indicó que, aun cuando el Distrito Especial de Santiago de Cali suspendió
unilateralmente el pago de las primas extralegales a partir del año 2000, tal conducta
no eliminó los efectos que ya se habían consolidado y que debían ser reconocidos
por la jurisdicción contenciosa administrativa. Afirmó que, al negar sus pretensiones,
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Expediente nº. 11001-03-15-000-2025-05623-00
Accionante: Jairo Alarcón
Acción de tutela – Primera instancia
los jueces ordinarios omitieron examinar el contenido constitucional del derecho
adquirido alegado y desconocieron la doctrina de la confianza legítima.
Finalmente, alegó que la acción de tutela resultaba procedente porque constituye el
mecanismo idóneo para restablecer la protección de sus derechos fundamentales
vulnerados por la providencia cuestionada, al estimar que el Tribunal Administrativo
del Valle del Cauca desatendió su deber de garantizar la supremacía constitucional,
omitió el examen del mandato de protección de los derechos adquiridos y confirmó
una decisión que desconoció la totalidad del material probatorio recaudado en el
proceso de nulidad y restablecimiento del derecho.
3. Trámite procesal
El 9 de septiembre de 2025, el accionante radicó la acción de tutela. El 16 de
septiembre del mismo año, se remitió el proceso al despacho de la consejera Adriana
Polidura Castillo para estudiar la posible acumulación de procesos. Sin embargo, el
23 de septiembre siguiente, resolvió no acumular por no cumplir los requisitos de la
identidad de objeto y causa.
El 27 de octubre del mismo año se admitió la acción de tutela y se ordenó su
notificación a las partes, así como al Juzgado Diesisiete Administrativo del Circuito
de Cali que profirió la decisión de primera instancia del proceso mencionado y al
Distrito Especial de Santiago de Cali como terceros interesados en el resultado de la
acción. También le solicito al Juzgado Diecisiete Administrativo del Circuito de Cali
que remitieran copia digital del expediente de nulidad y restablecimiento del
derecho2. Finalmente, se suspendió el término para decidir mientras se practicaban
las pruebas ordenadas.
En los escritos de contestación, el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca
sostuvo que la acción careció del defecto fáctico que el accionante alegó. Señaló
que la sentencia del 3 de junio de 2025, cuestionada por la tutela, resolvió el recurso
de apelación interpuesto bajo los preceptos legales y jurisprudenciales aplicables de
manera coherente y razonable.
2 Proceso identificado con número de radicación: 76001-33-33-017-2023-00037-01.
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Expediente nº. 11001-03-15-000-2025-05623-00
Accionante: Jairo Alarcón
Acción de tutela – Primera instancia
Indicó que la providencia distinguió entre derechos adquiridos y meras expectativas,
conforme a la jurisprudencia de la Corte Constitucional y de la Corte Suprema de
Justicia, y explicó que un derecho solo adquirió tal condición cuando ingresó de
manera definitiva al patrimonio del titular y cuando se acreditaron los requisitos
previstos por la norma. Precisó que tales condiciones no se cumplieron en el caso
del accionante, pues el Decreto 0216 fue expedido por una autoridad carente de
competencia y sus efectos no dieron lugar a una situación jurídica consolidada.
El Tribunal agregó que valoró la totalidad del material probatorio y concluyó que los
beneficios extralegales creados sin competencia no podían generar derechos
adquiridos. Sostuvo que, por esa razón, no existió omisión probatoria ni se configuró
un defecto fáctico. Tampoco se presentó un defecto sustantivo, porque el asunto
correspondió al análisis propio de la jurisdicción contenciosa administrativa y no
acreditó la existencia de un derecho subjetivo susceptible de protección
constitucional.
Finalmente, agregó que la acción constitucional presentada pretende reabrir un
debate ya resuelto por la jurisdicción, en contravía de la naturaleza de la tutela.
Por su parte, el Juzgado Diecisiete Administrativo Oral del Circuito de Cali atendió el
requerimiento efectuado en el auto admisorio y allegó el enlace electrónico del
expediente de nulidad y restablecimiento del derecho cuya sentencia de segunda
instancia fue objeto de reproche constitucional. Además, solicitó se declare
improcedente la acción, pues las decisiones judiciales expedidas dentro del medio
de control ordinario no violentaron ningún derecho fundamental del accionante, y
desarrollaron de forma completa todos los supuestos en los que el accionante basó
su demanda.
En el mismo sentido se pronunció el municipio de Santiago de Cali, quien solicitó
declarar improcedente la acción de tutela presentada, pues considera que el
accionante pretende revivir un pleito judicial resuelto en al sentencia accionada.
Agregó que el accionante, además, puede acudir al recurso extraordinario de revisión
para hacer valer los derechos que considera violentados, de modo que la acción de
tutela no es la única opción al alcance del accionante.
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Expediente nº. 11001-03-15-000-2025-05623-00
Accionante: Jairo Alarcón
Acción de tutela – Primera instancia
CONSIDERACIONES
4. Problema jurídico
Corresponde a la Sala determinar si procede la acción de tutela promovida contra la
sentencia del 3 de junio de 2025, proferida por el Tribunal Administrativo del Valle
del Cauca, mediante la cual se confirmó la negativa de las pretensiones dentro del
medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho.
5. Análisis de la Sala
El Consejo de Estado conoce de la acción de tutela, de conformidad con los artículos
86 Constitución Política y 43 de la Ley Estatutaria de la Administración de Justicia-
LEAJ. La Sala es competente para decidir la acción de tutela con arreglo a lo
dispuesto por el artículo 37 del Decreto 2591 de 1991 y el Acuerdo n°. 80 del 12 de
marzo de 2019 de la Sala Plena de la Corporación.
La Corte Constitucional ha señalado que la acción de tutela procede
excepcionalmente contra providencias judiciales, si se advierte la afectación
manifiesta y grosera de un derecho constitucional fundamental3. De conformidad con
su jurisprudencia, la tutela contra providencia judicial está sujeta al cumplimiento de
los siguientes requisitos: i) que la controversia tenga relevancia constitucional; ii) que
el afectado haya agotado todos los medios de defensa judicial ordinarios y
extraordinarios que tuvo al alcance, salvo que se configure un perjuicio irremediable;
iii) que la tutela se formule con inmediatez; iv) si se trata de una irregularidad
procesal, que esta trascienda a la decisión controvertida; v) que la solicitud señale
con claridad los hechos y argumentos en los que funda la presunta vulneración; y vi)
que la providencia reprochada no se haya proferido en una acción de tutela4.
Si se encuentran satisfechos todos los requisitos generales, la tutela prosperará al
comprobarse alguno de estos defectos especiales: falta de competencia del juez;
transgresión absoluta del procedimiento; valoración equivocada u omisión de una
prueba; falta de aplicación, indebida aplicación o interpretación errónea de un
precepto; error inducido; falta de motivación de la providencia; desconocimiento del
3 Corte Constitucional, sentencia C-590 del 8 de junio de 2005.
4 Ibidem.
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Accionante: Jairo Alarcón
Acción de tutela – Primera instancia
«precedente» constitucional que da alcance a un derecho fundamental y violación
directa de la Constitución.
Relevancia constitucional
La Sala Plena del Consejo de Estado ha indicado los siguientes elementos para
determinar si una acción de tutela cumple con el requisito de relevancia
constitucional5: (i) que el actor cumpla una carga argumentativa suficiente, para lo
cual no basta con enunciar la vulneración de derechos fundamentales, sino que se
deben expresar las razones de índole constitucional que revelan un juicio de desvalor
respecto de tales derechos, cuya fuente es la providencia judicial censurada; (ii) que
la tutela no constituya una instancia adicional al proceso ordinario en el cual fue
proferida la providencia acusada; y (iii) que la controversia verse sobre un asunto
constitucional y no meramente legal y/o económico.
En sentencia SU-215 de 2022, la Corte Constitucional reiteró que los elementos
antes expuestos son criterios relevantes para estudiar el presupuesto de relevancia
constitucional. Sostuvo que “la tutela contra providencias judiciales implica un juicio
de validez y no un juicio de corrección del fallo cuestionado, circunstancia que
excluye su formulación para la discusión de asuntos de interpretación que dieron
origen a la controversia judicial”. Precisó que el requisito de relevancia constitucional
es consecuencia del carácter subsidiario de la acción de tutela y de la especialidad
de los jueces naturales del asunto, tanto en materia ordinaria como constitucional.
Además de lo anterior, la Corte indicó que:
« (…) la exigencia de relevancia constitucional cumple cuatro finalidades principales;
a saber: (i) el respeto por las competencias de las jurisdicciones; (ii) la protección de
la autonomía e independencia de los jueces; (iii) la preservación de la específica
finalidad de la acción de tutela, instituida para la protección y restablecimiento de los
derechos fundamentales; y (iv) la prevención del uso indebido de la acción como una
instancia adicional de los procesos adelantados ante las jurisdicciones competentes o
para la solución de discusiones de naturaleza eminentemente legal.»
5 Sentencia del 5 de agosto de 2014 proferida por la Sala Plena del Consejo de Estado. Radicado número: 11001
03 15 000 2012 02201 01 (IJ).
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Accionante: Jairo Alarcón
Acción de tutela – Primera instancia
Caso concreto
La Sala observa que el señor Jairo Alarcón promovió acción de tutela contra la
sentencia del 3 de junio de 2025 proferida por el Tribunal Administrativo del Valle del
Cauca dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho, en la cual se
confirmó la decisión del Juzgado Diecisiete Administrativo del Circuito de Cali que
negó las pretensiones orientadas al reconocimiento y pago de las prestaciones
extralegales previstas en el Decreto 0216 de 1991.
El accionante alegó vulneración de sus derechos fundamentales, por estimar que la
providencia cuestionada incurrió en defectos fáctico y sustantivo y desconoció el
precedente de la Sección Segunda del Consejo de Estado relativo a la protección de
las situaciones jurídicas consolidadas durante la vigencia del Decreto 0216 de 1991.
El actor sostuvo que el Tribunal omitió valorar pruebas decisivas, en particular los
tabulados que demostraban que percibió las prestaciones extralegales entre 1993 y
el año 2000. Afirmó que la jurisprudencia que declaró la nulidad del Decreto 0216 de
1991 con efectos ex tunc ordenó respetar los derechos adquiridos, y que su caso
encajaba dentro de esa protección por haber devengado los emolumentos durante
varios años. Con fundamento en ello, alegó que la sentencia del Tribunal desconoció
la protección constitucional de los derechos adquiridos prevista en el artículo 58 de
la Constitución Política y vulneró los principios de progresividad y no regresividad en
materia laboral.
La Sala encuentra que el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, en la sentencia
accionada analizó expresamente la prueba relativa a la percepción de los
emolumentos. La providencia explicó que la percepción material de los beneficios no
bastó para configurar un derecho adquirido. Indicó que:
«En consideración a los derroteros anteriores, se tiene que el concepto de derechos
adquiridos no aplica en el caso bajo estudio, en atención a que los emolumentos
reclamados por el demandante no estaban siendo devengados por ésta para el
momento de la expedición de la sentencia que declaró la nulidad del Decreto 216 de
1991; aunado a que, la reclamación en sede administrativa se radicó mucho tiempo
después de notificada la decisión judicial. »
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Expediente nº. 11001-03-15-000-2025-05623-00
Accionante: Jairo Alarcón
Acción de tutela – Primera instancia
El Tribunal analizó el acervo probatorio contenido en el expediente del medio de
control ordinario, y reconoció el pago de los emolumentos alegados hasta el año
2000, «cuando le fue suspendido el pago de los mismas con ocasión a la expedición
del Decreto 731 del 2000; de manera que, al no haber reclamado en sede
administrativa ni judicial dicha actuación dentro de los tres años siguientes, es claro
que su caso se ve afectado por el fenómeno de la prescripción extintiva prevista en
el artículo 151 del Código de Procedimiento Laboral (3 años). »
En consecuencia, la Sala concluye que la controversia planteada por el señor Jairo
Alarcón no presentó relevancia constitucional. El actor no acreditó la existencia de
un defecto protuberante en la sentencia de segunda instancia, ni demostró que esta
hubiese desconocido abiertamente el precedente o la Constitución. Por el contrario,
la providencia reprochada abordó de forma completa los argumentos planteados en
el proceso ordinario, valoró el acervo probatorio, aplicó el precedente del Consejo de
Estado y definió que los beneficios reclamados no constituían derechos adquiridos,
sino una mera expectativa derivada de un acto expedido sin competencia.
La finalidad real de la acción consistió en reabrir un debate jurídico ya resuelto por la
jurisdicción contencioso administrativa en dos instancias y en obtener una tercera
instancia improcedente en sede de tutela. La sentencia cuestionada se pronunció de
manera expresa y suficiente sobre la inexistencia de derechos adquiridos y explicó
que los pagos derivados del Decreto 0216 de 1991 no consolidaron situaciones
jurídicas protegidas, de modo que no se acreditó un asunto de relevancia
constitucional que justificara la intervención del juez de tutela.
Tampoco se evidenció una amenaza o vulneración actual de los derechos
fundamentales invocados, pues el debate jurídico fue agotado en el trámite ordinario
y el actor contó con la oportunidad de controvertir las pruebas, sin que en el
expediente apareciera actuación arbitraria o caprichosa por parte de las autoridades
judiciales que habilitara la revisión excepcional del juez constitucional. En ese
contexto, la acción de tutela no constituye una instancia adicional ni un mecanismo
para desconocer la autonomía e independencia del juez natural, por lo que la Sala
declarará improcedente la acción al no cumplirse el requisito de relevancia
constitucional exigido para su procedencia.
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Expediente nº. 11001-03-15-000-2025-05623-00
Accionante: Jairo Alarcón
Acción de tutela – Primera instancia
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección C, administrando justicia en nombre de
la República y por autoridad de la ley,
RESUELVE:
PRIMERO: DECLARAR improcedente la acción de tutela presentada por el señor
Jairo Alarcón contra la sentencia del 3 de junio de 2025 proferida por el Tribunal
Administrativo del Valle del Cauca, por no cumplir con el requisito de relevancia
constitucional, conforme a lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.
SEGUNDO: En caso de no ser impugnada la presente providencia, ENVIAR el
expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.
TERCERO: NOTIFICAR a las partes por el medio más expedito y eficaz.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
WILLIAM BARRERA MUÑOZ
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
ADRIANA POLIDURA CASTILLO NICOLÁS YEPES CORRALES
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