Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2025-05629-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2025-05629-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 11001-03-15-000-2025-05629-01
Consejero ponente: Gloria María Gómez Montoya
11 de diciembre de 2025
Demandante: José Gabriel Espinosa Espinosa
Demandados: Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
Sección Segunda, Subsección C y otro
Radicado: 11001-03-15-000-2025-05629-01
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA
Magistrada Ponente: GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA
Bogotá D. C., once (11) de diciembre de dos mil veinticinco (2025)
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2025-05629-01
Demandante: JOSÉ GABRIEL ESPINOSA ESPINOSA
Demandados: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA,
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN C Y OTRO
Temas: Tutela contra providencia judicial – Confirma improcedencia
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
OBJETO DE LA DECISIÓN
La Sala resuelve la impugnación presentada por la parte accionante contra la
sentencia del 9 de octubre de 2025 proferida por el Consejo de Estado, Sección
Primera, que declaró la improcedencia de la solicitud de amparo.
I. ANTECEDENTES
1.1. Solicitud de amparo
Con escrito presentado el 9 de septiembre de 20251, el señor José Gabriel Espinosa
Espinosa, por medio de apoderado judicial, ejerció acción de tutela contra el
Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección C2, y el
Juzgado 57 Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá, con la que pretende el
amparo de sus derechos fundamentales a la igualdad, al debido proceso, al trabajo
y «primacía de la realidad sobre las formas en las relaciones laborales».
El accionante consideró vulneradas las referidas garantías constitucionales, con
ocasión de la providencia del 5 de marzo de 2025 proferida por el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección C, que, revocó la
sentencia del 19 de diciembre de 2023 dictada por el Juzgado 57 Administrativo del
1 Índice 2 de Samai, cuaderno de primera instancia.
2 Magistrados: Samuel José Ramírez Poveda, Carlos Alberto Orlando Jaiquel y Amparo Oviedo
Pinto.
1
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Demandante: José Gabriel Espinosa Espinosa
Demandados: Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
Sección Segunda, Subsección C y otro
Radicado: 11001-03-15-000-2025-05629-01
Circuito Judicial de Bogotá, mediante la cual, se negó las pretensiones de la
demanda formuladas al interior del medio de control de nulidad y restablecimiento
del derecho con radicado 11001-33-42-057-2021-00288-00/01 adelantado contra la
E.S.E. Hospital Simón Bolívar, hoy Subred Integrada de servicios de Salud Norte.
1.2. Pretensiones
Con base en lo anterior, la parte actora solicitó el amparo de los derechos
fundamentales invocados y, en consecuencia, pidió:
2. Ordenar al HONORABLE TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO
ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA Sección Segunda Sub Sección “C”, que
profiera nueva decisión judicial, en el sentido de que acceda al reconocimiento y
pago de las prestaciones a que tiene derecho el accionante, por la declaratoria de
la existencia de la relación laboral encubierta durante el periodo comprendido entre
el 14 de enero de 2014 hasta el 30 de octubre de 2019 de acuerdo a las
pretensiones del medio de control de Nulidad y Restablecimiento del Derecho3.
1.3. Hechos
La Sala encontró demostrados los siguientes supuestos fácticos relevantes para la
decisión que se adoptará en la sentencia:
El señor Espinosa Espinosa laboró como médico especialista en cardiología desde
el 14 de enero de 2014 hasta el 31 de octubre de 2019 en el Hospital Simón Bolívar
III Nivel E.S.E de Bogotá, hoy Subred Integrada de Servicios de Salud Norte
mediante contratos de prestación de servicios.
El 21 de abril de 2021 solicitó el pago de las prestaciones sociales y acreencias
laborales causadas durante su vinculación, las cuales, fueron negadas mediante
oficio del 6 de mayo de 2021.
Por consiguiente, el actor interpuso demanda en ejercicio del medio de control de
nulidad y restablecimiento del derecho contra la Subred Integrada de Servicios de
Salud Norte, con el fin de que se declarara la existencia de una relación laboral y,
en consecuencia, se declarara la nulidad del oficio que negó el pago de prestaciones
sociales y acreencias laborales.
En primera instancia, el Juzgado 57 Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá
por sentencia del 19 de diciembre de 2023 negó las pretensiones de la demanda al
considerar que no se logró establecer las condiciones mínimas de subordinación o
falta de autonomía del demandante en el cumplimiento del objeto contractual, toda
3 Transcripción literal que puede contener errores.
2
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vez que «no fueron corroborados los supuestos fácticos sobre la naturaleza de las
actividades desarrolladas por el demandante como inherentes y pertenecientes a
las funciones propias de un empleo de la planta de personal de la entidad
demandada, ya que no se encontró plena prueba de la imposición de un horario de
trabajo, ni el cumplimiento de órdenes o directrices dadas por funcionarios o
superiores que le coartaran su autonomía de obrar».
Inconforme con la decisión, el extremo activo interpuso recurso de apelación, el cual
fue conocido por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda,
Subsección C, que, en providencia del 5 de marzo de 2025, resolvió revocar el
pronunciamiento del a quo, para en su lugar: i) declarar la nulidad del oficio del 6 de
mayo de 2021 por medio del cual la entidad demandada negó el pago de las
prestaciones y acreencias laborales; ii) declarar la existencia de la desnaturalización
de los contratos de prestación de servicios desde el 15 de enero de 2014 hasta el
30 de octubre de 2019; iii) declarar la prescripción extintiva de las prestaciones
derivadas de dichos contratos con excepción de los aportes pensionales; y iv)
condenar a la demandada a efectuar con destino al sistema de seguridad social en
pensiones las cotizaciones por el monto que hicieren falta calculada la obligación
patronal y por el período comprendido entre el 15 de enero de 2014 al 30 de abril
de 2014.
Lo anterior al observar que la labor desarrollada por el accionante tenía
características propias de un empleo de carácter permanente, que requería una
ejecución continua y era primordial para el funcionamiento de la institución
hospitalaria. Por consiguiente, respecto de las prestaciones sociales reclamadas se
constató lo siguiente:
[…] se probó que entre los contratos suscritos por las partes, no se presentaron
interrupciones de acuerdo al cuadro elaborado en esta providencia, empero habida
cuenta que el demandante se pensionó a partir del 1° de mayo de 2014, solo tendría
derecho al pago de prestaciones sociales en el periodo comprendido entre el 15 de
enero de 2014 al 30 de abril de 2014, dado que, a partir del 1 de mayo de 2014,
empezó a recibir la mesada reconocida por la Administradora Colombiana de
Pensiones mediante la Resolución No. 143701/2014. Así también, la orden
correspondiente a los aportes pensionales corresponderá exclusivamente al
mencionado interregno.
Ahora bien, como el actor estaba jubilado, no tenía que realizar cotizaciones para
pensión por cuenta del contrato de prestación de servicios, pues si bien, no está
inhabilitado para desarrollar los contratos, su remuneración solo se limita a los
honorarios pactados, sin que le sea posible recibir prestaciones sociales por la
incompatibilidad existente de recibir doble asignación del tesoro público. Y así, aun
cuando se desnaturalice el contrato, no tiene derecho a que se le reconozcan
prestaciones sociales.
Por ello, debió demandar dentro de los tres años siguientes al ingreso en nómina de
3
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pensionados, por los contratos previos a ese evento. No obstante, en lo que atañe
con los aportes pensionales causados con anterioridad al ingreso en nómina, estos
son imprescriptibles de acuerdo a la posición unificada de la jurisprudencia, por lo
que sobre este periodo si deberá realizarse por parte de la entidad, el pago
respectivo.
La providencia fue notificada el 6 de marzo de 20254 a las partes e intervinientes
mediante correo electrónico.
1.4. Fundamentos de la vulneración
Manifestó que el tribunal accionado incurrió en un defecto fáctico al dar por probado
que no tenía derecho al pago de sus prestaciones porque significaba recibir dos
pagos provenientes del tesoro público, así como, por la indebida valoración del
material probatorio allegado al proceso como lo fue con el certificado de pensionado
expedido por Colpensiones y de los contratos de prestación de servicios allegados
al proceso judicial.
Precisó que «los dineros de la seguridad social no son dineros públicos simplemente
por el hecho de que los administre COLPENSIONES. Además, que la labor de
médico permite tener una doble asignación por parte del (Sic)estado, ya que se
encuentra dentro de las excepciones establecidas en el Art. 19 de la Ley 4 de 1992
y el Art. 2 de la Ley 269 de 1996».
Indicó que, también se incurrió en un defecto sustantivo por indebida aplicación del
artículo 128 de la Constitución Política «al entender que porque el demandante
demostró la existencia de una relación laboral, pero era pensionado no se podía
realizar el pago de las prestaciones por que dicha norma prohíbe devengar dos
asignaciones que provengan del erario público, se equiparó el pago resarcitorio ex
post del contrato realidad a una asignación simultánea del art. 128 C.P., cuando la
incompatibilidad opera por simultaneidad real y no por reparación retroactiva por lo
cual se decide aplicar está norma a un caso que no se subsume en la misma».
Igualmente, porque se omitió aplicar la excepción correspondiente a los servidores
de la salud consagrada en el artículo 19 literal e) de la Ley 4 de 1992.
Por lo anterior, refutó que al ser médico cardiólogo podía devengar honorarios
profesionales a pesar de estar vinculado, o de que estuviese trabajando en otra
entidad hospitalaria. Por lo que, afirmó que en su caso particular podía recibir el
pago de las prestaciones correspondientes por la existencia de la relación laboral
sin incurrir en la prohibición legal por el simple hecho de ser pensionado. Para
4 Índice 17 de Samai del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho radicado 11001-33-42-
057-2021-00288-01.
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sustentar la anterior afirmación citó la sentencia del 5 de diciembre de 2022
proferida por la Subsección A de la Sección Segunda de esta Corporación.
Adujo que se desconoció la sentencia de unificación del 9 de septiembre de 2021
radicado: 05001-23-33-000- 2013- 01143-01 (1317-2016)5 y el fallo del 5 de
diciembre de 2022 radicado: 05001-23-33-000-2014-00693-01 (2975-2018)6, a
partir de las cuales se advirtió que el pago de las prestaciones a un pensionado que
fue servidor público no constituye un doble pago del erario y «en el caso de los
médicos y el personal de la salud ellos se encuentran dentro de las excepciones de
orden legal y por ende se hace procedente el reconocimiento y pago de la mismas».
Finalmente, expresó que se incurrió en violación directa de la Constitución por
indebida interpretación de los artículos 13, 29, 48, 53 y 93.
1.5. Trámite de la acción de tutela en primera instancia
El Magistrado Ponente del Consejo de Estado, Sección Primera, en providencia del
15 de septiembre de 2025, admitió la acción tutelar y ordenó notificar al Juzgado 57
Administrativo Oral del Circuito Judicial de Bogotá7 y al Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección C8 como autoridades judiciales
accionadas.
Asimismo, dispuso la vinculación, como terceros con interés jurídico en el resultado
del proceso a la Subred Integrada de Servicios de Salud Norte9.
También, se le reconoció personería al abogado Rosemberg Gutiérrez Bravo10
como apoderado judicial del señor Espinosa.
Finalmente ofició a la secretaria de la Sección Segunda del Tribunal Administrativo
de Cundinamarca, con el propósito de que se remitiera copia integra del expediente
identificado con radicado 1001-33-42-057-2021-00288-01.
5 Consejo de Estado, Sección Segunda. Consejero Ponente: Rafael Francisco Suarez Vargas.
6 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección A.
Consejero Ponente: Gabriel Valbuena Hernández.
7Índice 7 de Samai. Cuaderno de primera instancia. Notificación remitida al correo electrónico:
jadmin57bt@cendoj.ramajudicial.gov.co.
8Índice 7 de Samai. Cuaderno de primera instancia. Notificación remitida a los correos electrónicos:
scs02sb03tadmincdm@notificacionesrj.gov.co scregtadmcun@cendoj.ramajudicial.gov.co
scs02sb04tadmincdm@notificacionesrj.gov.co.
9Índice 7 de Samai. Cuaderno de primera instancia. Notificación remitida al correo electrónico:
notificacionesjudiciales@subrednorte.gov.co.
10Índice 7 de Samai. Cuaderno de primera instancia. Notificación remitida al correo electrónico:
rogubravos@hotmail.com.
5
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1.6. Intervenciones
Realizadas las notificaciones ordenadas de manera electrónica, se presentaron las
siguientes:
1.6.1. Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda,
Subsección C11
El Magistrado ponente de la decisión cuestionada, argumentó que cumplió con lo
establecido en la ley para tramitar y decidir el expediente con radicado No. 11001-
33-42-057-2021-00288-01.
Precisó que, para la resolución del asunto analizó las pruebas y los hechos
conforme al problema jurídico planteado, atendiendo a que este se circunscribió a
si era procedente declarar que entre el actor y la subred demandada existió una
verdadera relación laboral, caso en el que, observó una vez analizados los tres
elementos característicos del contrato realidad, la configuración de la relación
reclamada para el periodo comprendido entre el 15 de enero de 2014 y el 30 octubre
de 2019.
Sin embargo, avizoró una incompatibilidad entre las prestaciones a reconocerse con
ocasión de un contrato realidad simulado y la pensión de jubilación que le había
sido reconocida al señor Espinosa Espinosa, lo que incidió en el restablecimiento
del derecho, ante el hecho de que estaba pensionado, toda vez que, la mencionada
prestación no era compatible con las prestaciones reclamadas en el líbelo derivadas
de la desnaturalización del contrato de prestación de servicios, pues señaló, que,
de accederse se desconocería el artículo 128 de la Constitución Política, sin que
hubiera lugar a la excepción que alega el accionante, porque se trataba de dos
emolumentos originados en el erario público por labores en el sector ídem.
Reiteró, que no se desconoció la excepción que consagra el literal e) del art.19 de
la ley 4ª de 1992, habida cuenta que, dicha norma se refiere exclusivamente a los
honorarios percibidos por concepto de servicios profesionales de salud, mismos que
el percibió el señor Espinosa en contraprestación a sus servicios y que no fueron
objeto de debate, pues se manifestó que le habían sido cancelados.
Por lo anterior, señaló que la decisión adoptada en ningún modo conllevó la
configuración de los defectos aducidos en el escrito de tutela, como que, tampoco
vulneró el derecho al debido proceso, a la igualdad, al trabajo y la primacía de la
realidad sobre las formas del accionante.
11 Índice 8 de Samai. Cuaderno de primera instancia.
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1.6.2. Juzgado 57 Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá12
El titular del despacho argumentó que la acción constitucional de la referencia
resultaba improcedente por cuanto la sentencia dictada en primera instancia fue
proferida con sujeción al ordenamiento jurídico y a los precedentes jurisprudenciales
vigentes en ese momento, razón por la cual no vulneró los derechos fundamentales
alegados por el tutelante.
1.6.3. La Subred Integrada de Servicios de Salud Norte, pese a haber sido notificada
de la existencia del presente asunto, dentro de la oportunidad procesal
correspondiente, guardó silencio.
1.7. Fallo impugnado13
El Consejo de Estado, Sección Primera en sentencia del 9 de octubre de 2025,
declaró la improcedencia de la acción de tutela, tras considerar que no se cumplía
con el requisito de relevancia constitucional, comoquiera que lo perseguido por la
parte actora era convertir el mecanismo en una instancia o recurso adicional para
controvertir las decisiones de los jueces naturales.
1.8. Impugnación
Con escrito enviado el 27 de octubre de 202514, el señor José Gabriel Espinosa
Espinosa impugnó la sentencia de primer grado, alegando que la solicitud de tutela
si cumple con el requisito de relevancia constitucional, por cuanto este se basa en
la vulneración de derechos fundamentales.
Arguyó que la Corte Constitucional ha establecido en la sentencia T-670 de 2001
que la acción de tutela es un mecanismo excepcional y expedito para la protección
de derechos fundamentales y no debe ser restringido de manera excesiva.
Reiteró que, el uso excesivo de contratos de prestación de servicios como lo ha
hecho la Subred Integrada de Servicios de Salud Norte, representa una violación
sistemática de la Constitución y de los derechos fundamentales de los trabajadores
nacionales, como lo es su caso. Situación con la que, enfatizó que según el artículo
53 de la Carta Política, «el principio de primacía de la realidad sobre las
formalidades impuestas por las partes debe aplicarse tanto en las relaciones
laborales entre particulares como en las que el Estado es parte. Por lo cual, en el
presente caso, cuando dicho principio es desconocido por el tribunal hoy accionado
12
Índice 9 de Samai. Cuaderno de primera instancia.
13 Índice 11 de Samai. Cuaderno de primera instancia.
14 El fallo de primer grado fue notificado el 21 de octubre de 2025.
7
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la reclamación se sale de la órbita de una reclamación ordinaria y entra en los
ámbitos del derecho constitucional siendo el Juez de tutela el competente para
estudiar de fondo la reclamación»15.
Replicó que, la Corte Constitucional ha señalado que el uso indiscriminado de
contratos de prestación de servicios constituye una vulneración sustancial a la
Constitución, así como que la Organización Internacional del Trabajo ha reconocido
la gravedad del abuso de esta modalidad contractual.
Insistió que, el asunto constitucional si cumple con el requisito de relevancia
constitucional, dado que, no se limitó simplemente a enlistar los derechos
fundamentales vulnerados, sino que, de una manera clara y veraz enlistó los
defectos de orden fáctico, por las pruebas mal valoradas por parte del fallador, así
como el yerro por desconocimiento del precedente jurisprudencial «vertical»
respecto de la subordinación, y el cargo por violación directa de la Constitución.
Referenció la sentencia T 130 de 2023 la Corte Constitucional y las providencias del
26 de octubre de 202316 y del 6 de marzo de 202517 dictadas por esta corporación,
para argumentar que el juez constitucional no puede negar el estudio de fondo de
la acción de tutela, con fundamento en que se utiliza como una tercera instancia,
sin antes proceder a estudiar todos y cada uno de los defectos alegados por el
interesado, por lo que expuso que, los defectos invocados «tienen la capacidad de
afectar gravemente derechos fundamentales los cuales son determinables y son
evidentes a simple vista, para quien estudie el caso a fondo y no pretenda
desconocer la vulneración y relevancia constitucional, con el simple hecho que se
interponen una acción constitucional contra un fallo judicial».
Manifestó que, en su consideración, «se debe estudiar de fondo cada uno de los
defectos alegados y no limitarse a avalar lo razonado por el Tribunal simplemente
porque era el órgano de cierre. Sin tener en cuenta que se presentó una indebida
valoración de las pruebas», como se pretendió demostrar en el defecto fáctico que
se citó en el escrito de tutela.
Finalmente replicó los argumentos expuestos en el escrito constitucional que
sustentaban los defectos alegados.
1.9. Manifestación de impedimento. El 1° de diciembre de 2025, el magistrado
Omar Joaquín Barreto Suarez manifestó su impedimento, en atención a que tiene
15 Cita del original con posibles errores.
16 Consejo De Estado Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección A-
Consejero Ponente: Jorge Iván Duque Gutiérrez. Radicación: 11001-03-15-000-2023-04083-01
17 Consejo De Estado Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta. Consejero Ponente:
Luis Antonio Rodríguez Montaño. Radicación: 11001- 03-15-000-2025-00480-00
8
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una relación de amistad intima con el accionante José Gabriel Espinosa Espinosa,
quien, además es su médico personal y el de su familia por más de 10 años. En
consecuencia, en providencia del 11 de diciembre de 2025, el impedimento fue
declarado fundado por los demás magistrados que conforman la Sección Quinta de
esta Corporación.
II. CONSIDERACIONES DE LA SALA
2.1. Competencia
El Consejo de Estado es competente para conocer de la impugnación presentada
por el señor José Gabriel Espinosa Espinosa contra la sentencia del 9 de octubre
de 2025 proferida por el Consejo de Estado, Sección Primera, de conformidad con
lo dispuesto por los artículos 86 de la Constitución Política, 37 del Decreto Ley 2591
de 1991, el Decreto 1069 de 2015, modificado por el Decreto 333 de 2021 de 2021
y el artículo 25 del Acuerdo de la Sala Plena del Consejo de Estado 080 del 12 de
marzo de 2019.
2.2. Problemas jurídicos
Le corresponde a la Sala decidir si confirma, modifica o revoca la sentencia del 9 de
octubre de 2025 del Consejo de Estado, Sección Primera, para lo cual deberá
resolver los siguientes problemas jurídicos:
• ¿Se superan en este asunto los requisitos de procedibilidad de la tutela
contra providencia judicial?
De ser positiva la respuesta al interrogante anterior, la Sala analizará lo siguiente:
• ¿El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección
C18 vulneró los derechos fundamentales del señor José Gabriel Espinosa
Espinosa con ocasión de la providencia del 5 de marzo de 2025 dictada al
interior del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho con radicado
11001-33-42-057-2021-00288-00/01?
Para resolver los interrogantes planteados, se analizarán los siguientes temas: (i) el
criterio de la Sección sobre la procedencia excepcional de la acción de tutela contra
providencia judicial; (ii) los requisitos de procedibilidad adjetiva; (iii) las
18 Pese a que la parte actora dirigió su acción de tutela contra la providencia del 19 de diciembre de
2023 dictada por el Juzgado 57 Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá al interior del proceso
ordinario, se tiene que la sentencia del 5 de marzo de 2025 dictada por el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección C, fue el que le puso fin al proceso, razón por la que
será la única decisión que se estudie en el presente trámite.
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Sección Segunda, Subsección C y otro
Radicado: 11001-03-15-000-2025-05629-01
generalidades de los defectos alegados y, (iv) el caso concreto.
2.3. Procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencia judicial
La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, en fallo de 31 de julio de 2012 19
unificó la diversidad de criterios que esta corporación tenía sobre la acción de tutela
contra providencias judiciales, por cuanto las distintas Secciones y la misma Sala
Plena habían adoptado posturas diversas sobre el tema20 y declaró su
procedencia21.
Así pues, esta Sección de manera reiterada ha establecido como parámetros para
realizar su estudio, que cumpla con los siguientes requisitos: i) que supere la
relevancia constitucional; ii) que no se trate de tutela contra tutela; iii) inmediatez; y
iv) subsidiariedad, es decir, agotamiento de los requisitos ordinarios y
extraordinarios, siempre y cuando ellos sean idóneos y eficaces para la protección
del derecho que se dice vulnerado. De modo que, de no observarse el cumplimiento
de uno de estos presupuestos, se declara la improcedencia del amparo solicitado,
sin que se analice el fondo del asunto.
Por el contrario, cumplidos esos parámetros, corresponderá a la Sala adentrarse en
la materia objeto del amparo, a partir de los argumentos expuestos en la solicitud y
de los derechos fundamentales que se afirmen vulnerados, en donde para la
prosperidad o negación del amparo impetrado, se requerirá: i) que la causa, motivo
o razón a la que se atribuya la transgresión sea de tal entidad que incida
directamente en el sentido de la decisión y ii) que la acción no intente reabrir el
debate de instancia.
Igualmente, se debe resaltar que esta acción constitucional no puede ser
considerada como una «tercera instancia» que se emplee, por ejemplo, para revivir
términos, interpretaciones o valoraciones probatorias que son propias del juez
natural. Bajo las anteriores directrices se entrará a estudiar el caso de la referencia.
19 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, M.P. María Elizabeth García
González, Sentencia 31.07.12, Rad. 11001-03-15-000-2009-01328-01.
20 El recuento de esos criterios se encuentra en las páginas 13 a 50 del fallo de la Sala Plena antes
reseñado.
21 Se dijo en la mencionada sentencia «DECLÁRASE la procedencia de la acción de tutela contra
providencias judiciales, de conformidad con lo expresado a folios 2 a 50 de esta providencia».
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2.4. Estudio sobre los requisitos de procedibilidad
2.4.1. Relevancia constitucional
Para el caso en concreto, la Sala anticipa que confirmará la decisión del juez a quo
de declarar la improcedencia por carecer de relevancia constitucional, puesto que
no cumple con las reglas establecidas por la Corte Constitucional en la Sentencia
SU-215 de 202222.
En este fallo de unificación la Corte explicó que, dado que las providencias judiciales
hacen tránsito a cosa juzgada, cuando se interponga un mecanismo de amparo
constitucional contra una decisión judicial:
[…] el juez de tutela debe limitarse a analizar los yerros puntuales de la
providencia cuestionada señalados por el accionante, pues tiene ‘vedado
adelantar un control oficioso y exhaustivo de la providencia reprochada”.
Asimismo, enfatizó en que, cuando se cuestiona una providencia de una alta
corte el análisis de procedencia debe ser más restrictivo teniendo en cuenta que
la decisión fue proferida por un órgano de cierre y “no solo tienen relevancia en
términos de seguridad jurídica, sino que también son fundamentales en la
búsqueda de uniformidad de las decisiones de los jueces de menor jerarquía y,
por esta vía, en la materialización del principio de igualdad.
Al abordar el caso concreto, el alto tribunal constitucional precisó que la acción de
tutela contra providencias judiciales implica un juicio de validez y no una corrección
del fallo cuestionado. En ese sentido, no se puede utilizar este instrumento como
una instancia adicional para discutir cuestiones probatorias o formas de
interpretación de las normas que se zanjaron por el juez natural. Lo anterior como
un eje fundamental para:
[…] lograr un correcto entendimiento de los hechos y del problema jurídico, pues
así se previene la irrupción del juez de tutela en asuntos que no son de su
competencia y se garantiza que la cuestión sea analizada a la luz de la
Constitución.
Refirió que las finalidades de este requisito son las siguientes:
[…] (i) el respeto por las competencias de las jurisdicciones; (ii) la protección de
la autonomía e independencia de los jueces; (iii) la preservación de la específica
finalidad de la acción de tutela, instituida para la protección y restablecimiento
de los derechos fundamentales; y (iv) la prevención del uso indebido de la
acción como una instancia adicional de los procesos adelantados ante las
jurisdicciones competentes o para la solución de discusiones de naturaleza
eminentemente legal23 (Énfasis de la Sala).
22 Corte Constitucional, Sala Plena. Sentencia SU-215 del 16.06.22. M.P. Natalia Ángel Cabo.
23 Sentencia SU-573 de 2019.
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De ese modo, expuso que los criterios relevantes para determinar si un asunto
reviste relevancia constitucional son los siguientes:
En primer lugar, el caso debe involucrar algún debate jurídico que gire en torno
al contenido, alcance y goce de algún derecho fundamental y no referirse
exclusivamente a un asunto meramente legal y/o económico24; es decir, la
cuestión “debe revestir una “clara”, “marcada” e “indiscutible” relevancia
constitucional25.
[…]
En segundo lugar, la controversia no debe limitarse a una puramente legal y/o
económica.
[…]
Al respecto, la jurisprudencia ha sido clara en señalar que “la tutela contra
providencias judiciales no da lugar a una tercera instancia, ni puede reemplazar
los recursos ordinarios, pues la competencia del juez de tutela se restringe a los
asuntos de relevancia constitucional y a la protección efectiva de los derechos
[fundamentales] y no a problemas de carácter legal26”. En este orden, se reitera
que el examen de relevancia constitucional exige que la solicitud de amparo
trascienda la mera “inconformidad con las decisiones adoptadas por los jueces
naturales27”.
En tercer lugar, la acción de tutela debe plantear argumentos suficientes
dirigidos a demostrar que la providencia judicial afectó de manera grave un
derecho fundamental.
[…]
Por último, y como arriba se indicó, el examen de la acción de tutela dirigida
contra decisiones de las altas cortes debe ser estricto28, lo que implica verificar
que en efecto se haya presentado una actuación judicial claramente arbitraria o
violatoria de los derechos fundamentales. Así, la tutela contra providencias
judiciales no debe representar una instancia adicional de los litigios ordinarios,
ni es un escenario para definir controversias doctrinarias o interpretativas de
corrección legal29. (Resaltado de la Sala)
2.4.2. Del carácter subsidiario de la acción de tutela e improcedencia cuando
existen otras vías judiciales disponibles y eficaces.
El inciso 3.º del artículo 86 de la Carta Política contempla el requisito de
24 Sentencia SU-103 de 2022.
25 Sentencia SU-103 de 2022.
26 Sentencia SU-103 de 2022.
27 Sentencia SU-128 de 2021.
28 Sentencia SU-573 de 2019.
29 Ibid.
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subsidiariedad como presupuesto de procedencia de la acción de tutela y determina
que «[e]sta acción sólo procederá cuando el afectado no disponga de otro medio de
defensa judicial, salvo que aquella se utilice como mecanismo transitorio para evitar
un perjuicio irremediable», precepto reglamentado por el numeral 1º del artículo 6º
del Decreto Ley 2591 de 1991.30
La jurisprudencia estableció que, en razón del principio de subsidiariedad, los
conflictos relacionados con los derechos fundamentales deben ser resueltos, en
principio, por las vías ordinarias jurisdiccionales y administrativas, de manera que
únicamente ante la inexistencia de dichas alternativas o cuando estas no resultan
idóneas para evitar la ocurrencia de un perjuicio irremediable, resulta admisible
recurrir a esta acción constitucional.
De modo que el carácter subsidiario de la tutela impone al interesado la obligación
de acudir a los medios ordinarios de defensa ofrecidos dentro del ordenamiento
jurídico para la protección de sus derechos fundamentales, de los cuales debe hacer
uso con diligencia, pues la falta injustificada de agotamiento de los recursos legales
deviene en la improcedencia de este mecanismo31.
El carácter residual o supletorio obedece a la necesidad de preservar las
competencias atribuidas a las diferentes autoridades judiciales en desarrollo de la
independencia y autonomía de la actividad judicial, en los que igualmente se deben
salvaguardar derechos de rango convencional y constitucional, sin que esta acción
pueda convertirse en un mecanismo alternativo, paralelo o complementario de los
procedimientos judiciales «diluyéndose esta exigencia únicamente cuando el juez
constitucional encuentre que se configura un perjuicio irremediable que exige para
el restablecimiento de los derechos involucrados la adopción de medidas
inmediatas, imponiéndose en este evento la tutela como mecanismo transitorio
mientras la autoridad judicial competente decide de fondo la acción
correspondiente»32.
30 «ARTICULO 6º. CAUSALES DE IMPROCEDENCIA DE LA TUTELA. La acción de tutela no
procederá: 1. Cuando existan otros recursos o medios de defensa judiciales, salvo que aquélla se
utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable. La existencia de dichos
medios será apreciada en concreto, en cuanto a su eficacia, atendiendo las circunstancias en que
se encuentra el solicitante».
31Al respecto ver, entre otras, las sentencias de 21 de enero de 2021, M.P. Carlos Enrique Moreno
Rubio, rad. 11001-03-15-000-2020-04371-01, 26 de agosto de 2021, M.P. Rocío Araújo Oñate, rad.
11001-03-15-000-2021-04912-00 y 9 de septiembre de 2021, M.P. Luis Alberto Álvarez Parra, rad.
11001-03-15-000-2021-04731-00.
32 Ver, Corte Constitucional, sentencia T-336 de 2009, T-130 del 2010, T-318 del 2017.
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2.5. Caso concreto
El señor José Gabriel Espinosa Espinosa señaló que se vulneraron sus derechos
fundamentales a la igualdad, al debido proceso, al trabajo y «primacía de la realidad
sobre las formas en las relaciones laborales», con ocasión de la providencia del 5
de marzo de 2025 proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
Sección Segunda, Subsección C.
De la revisión efectuada a la sentencia enjuiciada, se observa que, el tribunal analizó
la normatividad aplicable al caso, las orientaciones jurisprudenciales y las pruebas
obrantes en el proceso, para concluir, que, entre el actor y la Subred Integrada de
servicios de Salud Norte existió una verdadera relación laboral durante el periodo
comprendido entre el 14 de enero de 2014 hasta el 30 de octubre de 2019. Sin
embargo, respecto de lo emolumentos reclamados observó que, siguiendo los
parámetros de la sentencia C-133 de 1993, esto resultaba improcedente dado que,
al contar el actor con el reconocimiento de la mesada pensional, lo cual, lo excluía
de poder percibir dichas prestaciones pese a que el vínculo contractual se había
desnaturalizado.
Tras la revisión de la providencia controvertida, se advierte que no se evidencia a
primera vista vulneración de los derechos fundamentales por parte de la autoridad
judicial accionada, la cual apoyó su decisión en el marco legal y jurisprudencial que
consideró aplicables al caso, y sustentó sus conclusiones en la valoración del
acervo probatorio allegado al expediente.
Así, esta Sala encuentra que las consideraciones realizadas por el tribunal; parten
de un fundamento jurídico y fáctico que no se muestra caprichoso, por lo que resulta
claro que la solicitud de amparo de la referencia carece de suficiencia argumentativa
desde la perspectiva constitucional y se limita a reiterar los planteamientos ya
debatidos y resueltos dentro del proceso ordinario, que por demás se observa que
recalcó lo mismo en cada instancia que decidió agotar.
Además, se evidencia que los argumentos expuestos por el actor para sustentar la
constitución de un defecto fáctico, sustantivo y violación directa de la Constitución
en la decisión cuestionada, son coincidentes o tienen a la misma finalidad, que es
la de cuestionar la decisión del tribunal por considerar que había una
incompatibilidad entre el reconocimiento y el pago de las prestaciones a que tenía
derecho por la declaratoria de la existencia de la relación laboral, y la pensión
reconocida por Colpensiones, con el propósito de reabrir el debate ordinario y que
se realice nuevamente un análisis, a fin de obtener una sentencia favorable a sus
intereses.
Por consiguiente, es evidente que la controversia planteada por el accionante no
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satisface el requisito de relevancia constitucional, debido a que la discusión se
circunscribe a aspectos legales, y lo que busca es imponer su criterio, el cual estima
más acertado, sobre el del operador judicial, lo cual denota un desconcierto respecto
al sentido de la decisión. En este orden de ideas, se advierte que la administración
de justicia garantiza que los funcionarios judiciales gocen de autonomía e
independencia en sus decisiones, circunstancia por la que, en principio, no es
procedente reprochar sus decisiones por la vía de la acción de tutela.
Ahora bien, respecto del desconocimiento de la sentencia de unificación del 9 de
septiembre de 2021 dictada en el radicado: 05001-23-33-000- 2013- 01143-01
(1317-2016) por la Sección Segunda del Consejo de Estado por parte del tribunal
accionado, se indica que, esta colegiatura, investida como juez constitucional, no es
competente para determinar si la decisión bajo cuestionamiento desatendió la regla
contenida en la sentencia de unificación del Consejo de Estado, ya que tal análisis
le correspondía al juez natural del recurso extraordinario de unificación
jurisprudencial.
Frente a este punto, se señala que el recurso extraordinario en mención fue
procedente dentro de los 10 días siguientes a la ejecutoria de la sentencia del 5 de
marzo de 2025 proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección
Segunda, Subsección C según lo indicado en el artículo 261 de la Ley 1437 de 2011,
y de conformidad con el parágrafo del artículo 257 ibídem, modificado por el artículo
71 de la Ley 2080 de 2021, comoquiera que «en los procesos de nulidad y
restablecimiento del derecho de carácter laboral y pensional procederá el recurso
extraordinario sin consideración de la cuantía»
Motivo por el cual, esta Sala de Decisión estima que la acción de tutela es
improcedente, por no superar el requisito de subsidiariedad, pues teniendo el
mecanismo a su disposición desaprovechó la oportunidad.
Debe recordarse que, más allá de la interposición formal de los recursos, los mismos
deben promoverse dentro de la oportunidad procesal legalmente establecida para
ello, situación que no ocurrió en el caso de la referencia.
Se reitera que, la acción de tutela no puede ser utilizada para corregir los errores en
los que incurrió la parte actora o su apoderado en el proceso ordinario, pues, el
abandono en el ejercicio de los mecanismos procesales que tiene a su disposición
excluye la posibilidad que la acción tutelar pueda operar.
Finalmente, se recalca que, los cargos, al enmarcarse en la acción de tutela contra
providencia judicial, exigen con mayor énfasis que el accionante ejecute una
exposición que sin lugar a duda demuestre de forma coherente, el engranaje entre
la orden objeto de reproche y la inescindible afectación de las garantías
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fundamentales en su núcleo esencial.
Por las razones expuestas, se confirmará la declaratoria la improcedencia de la
acción de tutela porque no se encontró satisfecho el requisito general de la
relevancia constitucional y subsidiariedad, toda vez que la parte actora pretende que
el juez constitucional realice nuevamente el estudio zanjado en el proceso ordinario,
contrario a proponer la vulneración de los derechos fundamentales sobre los que
invocó su protección.
III. DECISIÓN
Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad
de la ley,
FALLA:
PRMERO: CONFIRMAR la sentencia del 9 de octubre de 2025, proferida por el
Consejo de Estado, Sección Primera, de conformidad con las razones expuestas en
la parte considerativa de esta providencia.
SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes e intervinientes en la forma prevista en el
artículo 30 del Decreto Ley 2591 de 1991.
TERCERO: Remitir el expediente a la Corte Constitucional, para su eventual
revisión, en los términos del artículo 32 del Decreto Ley 2591 de 1991.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.
GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA
Presidente
LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado
PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Magistrado
Este documento fue firmado electrónicamente. Usted puede consultar la providencia oficial con el número de
radicación en el siguiente enlace:
https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/Casos/procesos.aspx
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