Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2025-05630-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2025-05630-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 11001-03-15-000-2025-05630-00
Consejero ponente: Maria Adriana Marin
17 de octubre de 2025
Radicado: 11001-03-15-000-2025-05630-00
Demandante: Orlando Sotelo Ávila
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN A
CONSEJERA PONENTE: MARÍA ADRIANA MARÍN
Bogotá, D.C., diecisiete (17) de octubre de dos mil veinticinco (2025)
Radicado: 11001-03-15-000-2025-05630-00
Demandante: ORLANDO SOTELO ÁVILA
Demandado: CONSEJO DE ESTADO, SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN
A, Y OTROS
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
Temas: ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL / Procedencia
excepcional / No procede estudio de fondo porque no se cumplen los requisitos generales
/ RELEVANCIA CONSTITUCIONAL – No se cumple porque el debate propuesto es de
contenido económico / SUBSIDIARIEDAD - El accionante no agotó el recurso de apelación
contra la providencia censurada, dado que pese a haberlo interpuesto oportunamente no
discutió lo concerniente a la imposición de las costas.
La Sala decide la acción de tutela instaurada por el señor Orlando Sotelo Ávila
contra la Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado y la
Subsección D de la Sección Segunda del Tribunal Administrativo de Cundinamarca
y la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones
Parafiscales de la Protección Social, en adelante UGPP.
I. ANTECEDENTES
A. Pretensiones, hechos y argumentos de la demanda
1. El 9 de septiembre de 2025 1 , el señor Orlando Sotelo Ávila, mediante
apoderada, interpuso acción de tutela contra las autoridades mencionadas por
considerar vulnerados sus derechos fundamentales al debido proceso y a la
igualdad, en razón a la sentencia del 10 de febrero de 2015, mediante la cual, el
Tribunal accionado negó las pretensiones de la demanda e impuso condena en
costas a la parte actora, dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho
con radicado 25000-23-42-000-2014-01191-00. Formuló las siguientes pretensiones
(se transcriben):
PRIMERA: SE REVOQUE EL NUMERAL SEGUNDO de la sentencia proferida
por el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA SECCIÓN
SEGUNDA SUBSECCIÓN “D”, de fecha 10 de febrero de 2015, dentro del
proceso de NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO instaurado por
1
Se advierte que el 24 de septiembre de 2025 ingresó el expediente al despacho de la magistrada
ponente, para elaborar el proyecto de sentencia correspondiente.
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Radicado: 11001-03-15-000-2025-05630-00
Demandante: Orlando Sotelo Ávila
ORLANDO SOTELO ÁVILA contra la UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL
DE GESTION PENSIONAL Y CONTRIBUCIONES PARAFISCALES DE LA
PROTECCIÓN SOCIAL - UGPP, con el radicado No. 25000-23-42-000-2014-
01191-00, que condena en costas en el siguiente sentido:
“FALLA: “1.- NIÉGANSE las pretensiones de la demanda. 2.- Se condena en
costas en esta instancia a la parte demandada. fíjense como agencias en
derecho el cinco por ciento (5%) del valor de las pretensiones de la demanda.
Por la Secretaría de la Subsección "D", liquídense. 3.- Una vez en firme ésta
Sentencia, devuélvase a la parte demandante el remanente de los gastos del
proceso si los hubiere y archívese el expediente dejando las constancias del
caso”.
SEGUNDA: DECLARAR que la UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE
GESTION PENSIONAL Y CONTRIBUCIONES PARAFISCALES DE LA
PROTECCIÓN SOCIAL – UGPP no debe realizar el cobro de las Costas en
contra del señor ORLANDO SOTELO ÁVILA.
TERCERA: como consecuencia de lo anterior, ORDENAR a la UNIDAD
ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTION PENSIONAL Y
CONTRIBUCIONES PARAFISCALES DE LA PROTECCIÓN SOCIAL - UGPP
a TERMINAR el proceso de cobro coactivo, iniciado en contra del señor
ORLANDO SOTELO ÁVILA.
2. De la demanda de tutela y de las pruebas aportadas, la Sala extrae los
siguientes supuestos fácticos jurídicamente relevantes:
3. El señor Orlando Sotelo Ávila laboró al servicio de la Contraloría General de
la República por más de 36 años, razón por la cual, al cumplir la edad exigida por la
ley, reclamó ante la extinta CAJANAL EICE la pensión de jubilación, que le fue
reconocida mediante la Resolución UGM 020543 de 14 de diciembre de 2011, bajo
el amparo del régimen de transición previsto en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993
y en aplicación del Decreto 929 de 1976.
4. Inconforme con la liquidación de la prestación presentó recurso de reposición
que se resolvió mediante la Resolución UGM 049288 del 07 de junio de 2012, en la
que se modificó la fecha de efectividad de la prestación y su cuantía (se aumentó).
5. Posteriormente, el accionante nuevamente inició actuación administrativa con
el fin de obtener la reliquidación de su prestación, que se decidió desfavorablemente
mediante las Resoluciones RDP 001736 del 16 de enero de 2013 y RDP 015228 de
4 de abril de 2013 (resolvió apelación).
6. En razón de lo anterior, el señor Orlando Sotelo Ávila ejerció el medio de
control de nulidad y restablecimiento del derecho2, en el que solicitó que se declarara
la nulidad de los actos administrativos mediante los cuales la extinta CAJANAL
E.I.C.E. le negó la reliquidación de la pensión de jubilación bajo el amparo de la Ley
33 de 1985, con la inclusión de todos los factores devengados en el último año de
servicio.
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Radicado 25000-2342 000-2014-01191-00..
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Demandante: Orlando Sotelo Ávila
7. Mediante sentencia del 10 de febrero de 2015, la Subsección D de la Sección
Segunda del Tribunal Administrativo de Cundinamarca negó las pretensiones y
condenó en costas a la parte vencida en la modalidad de agencias en derecho,
equivalentes al 5% del valor de las pretensiones de la demanda.
8. La sentencia se apeló y en segunda instancia el Consejo de Estado, Sección
Segunda, Subsección A, la confirmó con fallo del 27 de agosto de 2020, en el que
determinó que no impondría costas en segunda instancia.
9. Mediante auto del 18 de noviembre de 2021 el Tribunal accionado realizó la
liquidación de las agencias en derecho, y las tasó en $14’010.578. Inconforme con
el valor, la parte accionante repuso la decisión, que se confirmó con auto del 20 de
noviembre de 2024.
10. Señaló que la providencia censurada se profirió con desconocimiento del
precedente jurisprudencial en la materia (Sentencia C-089 de 2002, T-625 de 2016
y SU-427 de 2016) y de la normativa aplicable (artículos 13, 29, 48 y 229 de la
Constitución Política, artículo 20 de la Ley 797 de 2003 y artículo 361 del C.G.P.).
11. Concretamente, considera que con la condena en costas se transgredió su
derecho al debido proceso, dado que no se tuvo en cuenta que el accionante ejerció
el medio de control bajo la égida de la interpretación jurisprudencial realizada por el
Consejo de Estado en la sentencia de unificación del 4 de agosto de 2010, cuestión
que sí fue examinada por el ad quem, al punto que, exoneró al demandante de esta
carga en segunda instancia.
12. Además, reprochó que la liquidación de las agencias en derecho no se realizó
con fundamento en los elementos obrantes en el proceso.
B. Trámite impartido e intervenciones
13. Mediante auto de 15 de septiembre de 2025 se admitió la solicitud de amparo,
se ordenó notificar la decisión a los magistrados que integran la Subsección A de la
Sección Segunda del Consejo de Estado y la Subsección D de la Sección Segunda
del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, así como al director de la UGPP.
También se ordenó notificar a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado y
se tuvo como prueba los documentos aportados con la demanda.
14. Las autoridades judiciales accionadas no intervinieron, pese a ser notificadas
debidamente.
15. La UGPP señaló que la tutela es improcedente porque no satisface los
requisitos de inmediatez y subsidiariedad. Asimismo, advirtió que a todas luces, se
evidencia que la parte actora busca reabrir el debate sobre la imposición de las
costas, para sustituir la decisión acogida por el juez natural de la causa.
16. Se refirió a los principios de la cosa juzgada y a la doble instancia, así como
a la autonomía del juez, para profundizar en la improcedencia de la tutela presentada
por el señor Orlando Sotelo Ávila.
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17. De otra parte, indicó que no es procedente dejar sin efectos el proceso
coactivo, como lo solicita la parte actora, dado que la obligación que se persigue se
encuentra constituida en un título de recaudo -sentencia-, que se presume legal y
que se encuentra debidamente ejecutoriado.
18. La Agencia Nacional de Defensa Jurídica no intervino en esta oportunidad.
II. CONSIDERACIONES
C. Competencia
19. La Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de Estado es
competente para proferir sentencia de tutela de primera instancia, de conformidad
con lo establecido en el artículo 86 de la Constitución Política y los artículos 29 y 37
del Decreto 2591 de 1991, en armonía con los artículos 13, 17 y 25 del Acuerdo 080
de 2019 (Reglamento Interno del Consejo de Estado).
D. Problema Jurídico
20. En primer lugar, la Sala deberá verificar si se superan los requisitos generales
de procedibilidad de la acción de tutela, especialmente los de relevancia
constitucional, inmediatez y subsidiariedad. Solo en el evento de que se reúnan estas
exigencias, se analizará si las autoridades judiciales accionadas vulneraron los
derechos fundamentales invocados por el señor Orlando Sotelo Ávila.
E. Análisis de la Sala
Requisitos generales de procedibilidad
21. Relevancia constitucional. Esta Subsección ha sido consistente en estimar
que el cumplimiento del requisito de relevancia constitucional no se limita a señalar
los derechos fundamentales vulnerados y que se identifiquen los defectos contra la
providencia. Se requiere que la solicitud de amparo contenga (i) una carga
argumentativa mínima y (ii) que no se utilice este instrumento como tercera instancia
o instancia adicional a las establecidas por el legislador.
22. La tesis que viene de exponerse se ajusta al precedente 3 reiterado de la
Corte Constitucional que, de manera consistente y consolidada, sostiene que la
acción de tutela no puede convertirse en una instancia adicional a los procesos
ordinarios, ni en el escenario para discutir aspectos de mera legalidad, de índole
patrimonial o la interpretación propia de los jueces naturales. De manera que este
instrumento constitucional no es el idóneo si lo pretendido es que el juez de tutela
se adentre en juicios de corrección, de rectificación o de interpretación propios de
cada especialidad.
3 Sobre este aspecto pueden consultarse las sentencias SU-128 de 2021, T-131 de 2021, SU-103
de 2022 y SU-215 de 2022 de la Corte Constitucional.
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23. Subsidiariedad. El artículo 86 de la Constitución Política establece que la
pretensión de amparo constitucional procede ante la ausencia de otro mecanismo de
defensa judicial para la protección de los derechos fundamentales, a menos que se
utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable. Esta
condición se encuentra reiterada en el numeral 1 del artículo 6 del Decreto 2591 de
1991 y en la jurisprudencia constitucional4, los cuales, en general, insisten en la
improcedencia de la tutela para propiciar debates respecto de los cuales existen
otros recursos o instrumentos judiciales, salvo que se acredite la falta de eficacia de
esos mecanismos.
24. La tutela procede cuando el interesado no dispone de otro medio de defensa
salvo que se utilice como mecanismo transitorio para evitar la configuración de un
perjuicio irremediable. En todo caso, la otra vía de protección debe ser idónea y
eficaz para satisfacer el derecho fundamental vulnerado o amenazado, pues, de lo
contrario, el juez de tutela deberá examinar si existe perjuicio irremediable y, de
concurrir, concederá el amparo impetrado.
25. La subsidiariedad consiste en impedir que la acción de tutela, que tiene un
campo restrictivo de aplicación, se convierta en un mecanismo principal de
protección de los derechos fundamentales, pues eso sería tanto como desconocer
que la Constitución y la ley determinan una serie de mecanismos judiciales
igualmente eficaces e idóneos para garantizar el ejercicio pleno de los derechos.
26. Entonces, para que el juez estudie una solicitud de tutela, el interesado debe,
por lo menos, probar que agotó los recursos que tenía a su disposición, pues, de lo
contrario, la tutela deviene improcedente, salvo que, valga reiterar, se esté en
presencia de un perjuicio irremediable5, es decir, que se trate de un riesgo cierto y
real de daños provenientes de la amenaza o violación de derechos fundamentales,
riesgo que de llegar a producirse no tendría ninguna forma de reparación auténtica,
esto es, diferente a la mera indemnización del perjuicio.
27. En esos casos, es necesaria la intervención urgente e inmediata del juez de
tutela, pero siempre que ese menoscabo se note sin justificación, es decir, que
provenga de acciones manifiestamente contrarias a la ley, al punto de ser atentados
a los derechos fundamentales.
Caso concreto
28. De entrada, la Sala advierte que la presente tutela deviene improcedente, por
incumplimiento del requisito de relevancia constitucional. En efecto, aunque el
demandante pretenda darle el cariz de vicios o defectos a sus argumentos, incluidos
los relativos a la supuesta inobservancia del precedente jurisprudencial, es evidente
que se encuentra inconforme con la decisión del Tribunal accionado de condenarlo
4
Al respecto, existen numerosos pronunciamientos de la Corte Constitucional, entre los que se
destacan las sentencias T-222 de 2017, T-317 de 2017, T-372 de 2017, T-048 de 2018, T-464 de
2019 y T-451 de 2022.
5
Corte Constitucional, sentencia T-695 de 2014, M.P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo. Citando a:
Corte Constitucional, sentencias T-225 de 1993, SU-086 de 1999, entre otras.
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en costas, inconformidad que, en últimas, tiene un móvil económico, pues, como se
sabe, la condena en costas procesales implica el reconocimiento a favor de la parte
contraria de los gastos en que incurrió para impulsar el proceso (expensas) y de los
honorarios de abogado (agencias en derecho).
29. En suma, se infiere que la parte actora pretende que se le releve de pagar las
agencias en derecho derivadas de la condena en costas que le impusieron por haber
sido vencida en el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho que promovió,
circunstancia que, a todas luces, no comporta la vulneración de ningún derecho
fundamental y, por ende, escapa el ámbito de protección del juez de tutela.
30. Así las cosas, para la Subsección, la acción de tutela interpuesta por el señor
Sotelo Ávila carece de relevancia constitucional, porque las pretensiones
encaminadas a la exoneración del pago de la condena en costas están desprovistas
del carácter iusfundamental, lo que impide su estudio de fondo.
31. De otra parte, en el asunto examinado, la parte actora argumentó que el
Tribunal accionado le vulneró sus derechos fundamentales, porque al imponer las
costas no valoró el cambio de jurisprudencia, ni tuvo en cuenta que actuó de buena
fe, bajo la confianza legítima de que sus pretensiones tenían vocación de
prosperidad.
32. No obstante, de la lectura de la sentencia de segunda instancia, proferida el
27 de agosto de 2020 por el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A,
se advierte que la condena en costas no fue objeto de apelación, razón por la cual,
en virtud del principio de congruencia, el superior no se pronunció al respecto, sino
que se limitó a analizar el escenario, para decidir si, en segunda instancia, imponía
o no dicha carga a la parte vencida.
33. En ese orden de ideas, para la Sala es claro que la tutela tampoco satisface
el requisito de subsidiariedad, pues, pese a que el accionante hizo uso del recurso
de apelación, procedente según lo previsto en el artículo 61 de la Ley 2080 de 2021,
por el cual se modificó el artículo 242 del CPACA6, al ejercer dicho mecanismo no
discutió lo concerniente a la condena en costas, asunto que ahora debate en sede
de tutela, sin previamente agotar el recurso ordinario.
34. Así las cosas, en lo atinente a la condena en costas, la Subsección advierte
que el señor Orlando Sotelo Ávila no agotó el mecanismo ordinario (recurso de
apelación contra sentencia), sino que acudió directamente a la solicitud de amparo,
proceder que desconoce abiertamente el carácter residual de la acción constitucional
y por consiguiente, el requisito de subsidiariedad no se satisface en el caso concreto.
35. Así pues, en asunto examinado, la acción de tutela se torna improcedente
porque (i) no cumple el requisito de relevancia constitucional, por cuanto reviste un
contenido meramente económico; y (iii) el accionante no agotó los mecanismos
6
ARTÍCULO 62. Modifíquese el artículo 243 de la Ley 1437 de 2011, el cual quedará así:
Artículo 243. Apelación. Son apelables las sentencias de primera instancia y los siguientes autos
proferidos en la misma instancia: (…).
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Demandante: Orlando Sotelo Ávila
ordinarios previstos en la legislación para la defensa de sus garantías
constitucionales, esto es, el recurso de apelación procedente contra la sentencia del
10 de febrero de 2015, para discutir la condena en costas.
36. Por las razones anotadas, se declarará improcedente el amparo solicitado.
37. Por lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando justicia en nombre de
la República de Colombia y por autoridad de la ley,
FALLA
PRIMERO. Declarar improcedente la acción de tutela instaurada por el señor
Orlando Sotelo Ávila, por las consideraciones expuestas en esta providencia.
SEGUNDO. Notifíquese esta decisión a las partes y a los interesados por el medio
más expedito y eficaz.
TERCERO. Si no se impugna esta sentencia, por Secretaría General, envíese el
expediente de tutela a la Corte Constitucional para su eventual revisión.
Se deja constancia de que esta providencia fue aprobada por la Sala en la fecha de
su encabezado y que se suscribe en forma electrónica mediante el aplicativo
SAMAI, de manera que el certificado digital que arroja el sistema permite validar la
integridad y autenticidad del presente documento en el enlace
https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/documentos/evalidador.aspx.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
MARÍA ADRIANA MARÍN FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ
Firmado electrónicamente
JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ
VF
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