Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-05634-00
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-05634-00
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2025-05634-00
Consejero ponente: Omar Joaquín Barreto Suárez
9 de octubre de 2025
Demandante: Delber Barbosa Arias
Demandado: Tribunal Administrativo de Santander
Radicado: 11001-03-15-000-2025-05634-00
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA
Magistrado ponente: OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ
Nueve (9) de octubre de dos mil veinticinco (2025)
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2025-05634-00
Demandante: DELBER BARBOSA ARIAS
Demandado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE SANTANDER
Temas: Tutela contra providencia judicial. Declara improcedente la
acción por no superar el requisito de relevancia
constitucional.
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
OBJETO DE LA DECISIÓN
Procede la Sala a decidir la solicitud presentada por la parte actora, en ejercicio
de la acción constitucional prevista en el artículo 86 de la Constitución y de
conformidad con lo dispuesto en el Decreto 2591 de 1991.
I. ANTECEDENTES
1.1. La demanda
El señor Delber Barbosa Arias, actuando por medio de apoderado judicial,
presentó acción de tutela1 contra el Tribunal Administrativo de Santander. Con
la solicitud de amparo pretende la protección de sus derechos fundamentales al
acceso efectivo a la administración de justicia, al debido proceso, a la igualdad
y a la propiedad privada.
Las anteriores garantías constitucionales las estimó vulneradas con ocasión de
la providencia del 26 de junio de 2025, que confirmó la sentencia del 30 de
septiembre de 2022, por medio de la cual el Juzgado Primero Administrativo del
Circuito Judicial de Bucaramanga negó las pretensiones de la demanda, dentro
del medio de control de reparación directa con radicado 68001-33-33-001-2018-
00440-02, promovido contra el municipio de Bucaramanga.
1.2. Pretensiones
1 Samai, índice 1, mediante escrito presentado el 9 de septiembre de 2025.
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Demandante: Delber Barbosa Arias
Demandado: Tribunal Administrativo de Santander
Radicado: 11001-03-15-000-2025-05634-00
La parte actora solicitó lo siguiente:
PRIMERO. TUTELAR los derechos fundamentales de ACCESO EFECTIVO A LA
ADMINISTRACION DE JUSTICIA, DEBIDO PROCESO, IGUALDAD Y A LA
PROPIEDAD PRIVADA de mi poderdante el señor DELBER BARBOSA ARIAS,
ya identificado.
SEGUNDO. DEJAR SIN EFECTOS la Sentencia de fecha 26 de junio de 2025
proferida por el Tribunal Administrativo de Santander, dentro del proceso
contencioso administrativo radicado bajo el No. 680013333001- 2018-00440-02,
medio de control de reparación directa, instaurado por DELBER BARBOSA ARIAS
contra el MUNICIPIO DE BUCARAMANGA.
TERCERO. ORDENAR al citado Tribunal que en el término razonable que
disponga el juez de tutela, profiera una nueva decisión, en la cual se subsanen los
defectos señalados en las razones expuestas en el presente escrito de tutela y se
garanticen los derechos fundamentales del actor.
CUARTO. VINCULAR al presente proceso de tutela al Juzgado Primero
Administrativo Oral del Circuito de Bucaramanga y al Municipio de Bucaramanga,
este último convocado al proceso contencioso administrativo en el cual se profirió
la sentencia objeto de reproche en calidad de demandado por ende con interés
jurídico en las resultas de la presente acción de tutela.
QUINTO. Las demás órdenes que a bien considere proferir el juez constitucional
para proteger de forma integral los derechos fundamentales de mi poderdante2.
1.3. Hechos
La petición de tutela tuvo como fundamento, los siguientes:
El señor Barbosa Arias reclamó ante la administración de justicia, mediante el
medio de control de reparación directa, la responsabilidad administrativa del
municipio de Bucaramanga por el daño causado al establecimiento comercial de
su propiedad «Audiollantas», derivado de la construcción del «Intercambiador
Vial Mesón de los Búcaros» y las obras públicas complementarias de la Avenida
Quebradaseca con carrera 27, contratadas por dicha entidad territorial.
Aseguró que, en primera instancia, este medio de control, lo conoció el Juzgado
Primero Administrativo Oral del Circuito Judicial de Bucaramanga que, por medio
de la decisión del 30 de septiembre de 2022, negó las pretensiones formuladas.
Mencionó que para el juzgado no se demostró el elemento del daño antijurídico
de la cláusula general de responsabilidad del Estado prevista en el artículo 90
de la Constitución Política, por lo que consideró innecesario analizar el elemento
de la imputación (incluido el nexo causal).
2 Transcripción literal del texto original, por lo que puede contener errores.
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Demandante: Delber Barbosa Arias
Demandado: Tribunal Administrativo de Santander
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Indicó que contra la providencia del juzgado interpuso recurso de apelación, el
cual desató el Tribunal Administrativo de Santander, que confirmó la decisión del
a quo, el 26 de junio de 2025.
Frente a esta decisión, señaló que la citada corporación concluyó que los
elementos de juicio corroboraban que el establecimiento comercial se
encontraba en funcionamiento en el lugar señalado antes del inicio de la
ejecución de la obra pública, la cual no comenzó en el año 2014, como lo sostuvo
el juez de primera instancia, sino en el año 2015.
Explicó que la argumentación de la sentencia de primera instancia estaba
soportada en las siguientes dos premisas fácticas: i) que la obra pública había
iniciado su ejecución en el año 2014 y ii) que el establecimiento de comercio del
propiedad del actor no se encontraba en funcionamiento en la dirección carrera
25 No. 21-25 del municipio de Bucaramanga antes del inicio de la ejecución de
la obra, por lo que tales razones de hecho fueron calificadas por el ad quem
como falsas o contrarias a los hechos probados en el proceso, lo que lo llevo a
confirmar la sentencia del a quo y no acceder a las pretensiones de la demanda.
Aseguró que la sentencia de segunda instancia no encontró demostrado en el
caso concreto el elemento de la cláusula general de responsabilidad del Estado
contenida en el artículo 90 de la Constitución Política correspondiente al «daño
antijurídico», que para el caso concreto debía tener la connotación de un «daño
especial», esto es, una carga pública impuesta al actor en razón a la obra pública
que fuera grave, anormal y excepcional.
Advirtió que la afirmación antes indicada tenía sustento en lo señalado por el
tribunal luego de la valoración que efectuó del documento «Plan de Manejo de
Tráfico General» presentado por el tutelante.
1.4. Sustento de la vulneración
A juicio de la parte actora, con la providencia de segunda instancia se configuró
un defecto fáctico, pues la autoridad judicial, al valorar las pruebas, incurrió en
una serie de errores que la llevaron a conclusiones y argumentos para no dar
por probados los hechos que, según este, sí lo estaban, lo que generaría un
cambio en el sentido del fallo.
Mencionó que el bloqueo total del acceso vehicular y peatonal al inmueble en el
cual operaba su negocio no se tuvo por demostrado, debido a que en la
apreciación de las pruebas se incurrió en una valoración irrazonable y que esto
se realizó en contravía de las reglas de la sana crítica.
Indicó que la autoridad judicial accionada apreció el «Plan de Manejo de Tráfico
General», presentado por el contratista encargado de la ejecución de la obra
pública y aprobado por la Dirección de Tránsito de Bucaramanga, mediante
actos administrativos, a partir del cual concluyó que no se acreditó la restricción
total o absoluta de acceso al local donde funcionaba el establecimiento de
comercio «Audiollantas».
Argumentó que, en la imagen de la localización del proyecto, contenida en el
«Plan de Manejo de Tráfico General», no se encuentra graficado el inmueble
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donde funcionaba el establecimiento de comercio, pero que a partir de una
valoración razonable de los medios de prueba como las fotografías aportadas
con la demanda, se podía establecer con certeza la ubicación y el bloqueo total
de acceso vehicular y peatonal a este.
Resaltó que la autoridad judicial accionada omitió considerar en la valoración del
«Plan de Manejo de Tráfico General» (en adelante, PMT) el tipo de obra con
base en el cual se elaboró este documento, que fue para una obra pública
categoría III. Es decir, aquellas que implican normalmente cierres totales para el
tránsito vehicular y/o peatonal, por lo que resultaba razonable inferir al valorar
dicho documento que tenía que soportar un bloqueo total de acceso vehicular y
peatonal a su establecimiento de comercio y no como equivocadamente lo infirió
el tribunal al valorarlo y señalar que el establecimiento comercial siempre tuvo
ingreso permanente y pudo continuar su actividad comercial durante el desarrollo
de los trabajos públicos.
Aludió que el documento Anexo 1, con los «Planos de Señalización PMT», en el
cual se visualiza la desviación de vehículos por razón del cierre total del tramo
de la vía donde se ejecutaba la obra pública, no fue controvertido ni tachado de
falso por la entidad estatal.
Sostuvo que el flujo vehicular por la Avenida Bulevar Bolívar, segunda vía de
acceso vehicular (la principal al establecimiento de comercio) fue cerrado en su
totalidad en el tramo desde la altura de la carrera 24 hasta la intersección donde
confluyen la Carrera 27, la Avenida Quebrada Seca y el Bulevar Bolívar, en el
sector conocido como "El Mesón de los Búcaros", por lo que era razonable inferir
con certeza que ese acceso al establecimiento de comercio por esa vía (Avenida
Bulevar Bolívar) fue bloqueado en su totalidad.
Aseguró que no era cierto lo afirmado por la autoridad judicial accionada en la
sentencia objeto de reproche, en el sentido que «la obra se hubiera desarrollado
sin un plan de manejo de tráfico que no regulara los accesos al local comercial»,
para argumentar que no existió una anormalidad de la carga pública alegada en
la demanda ordinaria, comoquiera que esa inferencia era contraevidente a lo que
se extraía del PMT, prueba indivisible que debía apreciarse de forma completa
y con apego a las reglas de la sana crítica.
Insistió en que, contrario a lo afirmado en la providencia judicial, de la apreciación
conjunta y conforme a las reglas de la sana crítica del plano de señalización del
PMT, las demás ilustraciones contenidas en esta, las imágenes satelitales de
Google Maps y las fotografías, era razonable inferir que dicho documento no
podía contemplar vías alternas de acceso al establecimiento de comercio, por la
sencilla razón que materialmente era imposible dada la ubicación del inmueble
donde aquel funcionaba con relación a microlocalización de la ejecución de los
trabajos de la obra y el nivel o magnitud de impacto de la misma.
Sustentó que otro medio de prueba del cual se podía inferir el bloqueo total del
acceso vehicular y peatonal al inmueble en el que operaba el establecimiento de
comercio cuya valoración fue omitida por la autoridad judicial accionada,
correspondía a las fotografías aportadas junto con la demanda que cumplían con
todos los requisitos para tener valor probatorio según el criterio de la Sección
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Tercera del Consejo de Estado, en la sentencia de unificación del 28 de agosto
de 2014, radicado 25000-23-26-000-2000-00340-01(28832), pues tenían la
fecha y el lugar en que fueron realizadas y estaban acompañadas de la
declaración extraprocesal juramentada ante notario de la persona que las
realizó.
Afirmó que tampoco valoró las declaraciones de los testigos Orlando Merchán
Basto y Marlo Sierra Aceros, que declararon bajo la gravedad de juramento, de
forma clara, contundente y sin contradecirse, que les constó por observación
directa de los hechos que el acceso al inmueble donde operaba el
establecimiento de comercio fue bloqueado totalmente en razón de la obra
pública.
Manifestó que se vio en la imperiosa necesidad de implementar medidas y
esfuerzos extraordinarios para desarrollar su actividad comercial por fuera del
inmueble, esfuerzos que no pudieron ser objeto de prueba por parte del actor en
las etapas del proceso ordinario, porque la accionada nunca alegó en sus
excepciones ese hecho.
Resaltó que dicho establecimiento de comercio, para la fecha de ejecución de la
obra pública, y por ende del periodo del daño alegado en la demanda, era el
único de propiedad del actor, del cual obtenía sus ingresos económicos para su
sustento y el de su familia, conforme se infiere de forma razonable del Certificado
de Matrícula Mercantil aportado con la demanda, y en el cual claramente se
observa que solamente tenía ese establecimiento de comercio registrado a su
nombre.
Indicó que la afectación económica del establecimiento de comercio consistente
en la disminución de las ventas y consecuente merma de utilidades e ingresos,
de forma excepcional y anormal en razón a ejecución de la obra pública, no fue
dado por probado por la autoridad judicial accionada, pues esta no consideró
ese medio de prueba suficiente para tener convicción o estado de certeza sobre
las cifras y hechos económicos declarados y revelados, y los puso en duda,
justificando una serie de requisitos a modo de constancias y datos adicionales.
Además, no les confirió fuerza demostrativa o mérito probatorio porque a su juicio
en el cuerpo de los mismos no se señaló que los hechos económicos declarados
correspondieran a la empresa «Audiollantas».
Aseguró que si bien en el acervo probatorio del proceso existen tres documentos
que gozan de presunción de veracidad que contenían una información financiera
coherente, como lo son los estados financieros, declaraciones de renta y
declaraciones de impuesto de industria y comercio, no resulta razonable que la
autoridad judicial accionada haya concluido que el actor no logró demostrar el
daño alegado en la demanda ordinaria, esto es, la disminución de las ventas de
su establecimiento de comercio y la consecuente disminución de sus ingresos.
Afirmó que se incurrió en un defecto procedimental por exceso ritual manifiesto,
por incurrir en un rigorismo procedimental en la apreciación de los estados
financieros y las declaraciones de renta, defecto que consistió en establecer
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requisitos de forma y de contenido que no exige la norma sustancial que
consagra la presunción de veracidad de los mismos.
Expuso que la sentencia objeto de reproche incurrió en un desconocimiento del
precedente contenido en la sentencia C-076 de 2021, concretamente en cuanto
las reglas hermenéuticas sobre la manera en que se debe interpretar y aplicar el
artículo 10 de la Ley 43 de 1990, respecto de las presunciones que se derivan
de dicho precepto con ocasión del ejercicio de la función de dar fe pública de los
profesionales de la contaduría pública en los actos que suscriben.
Frente al punto, aseguró que los estados financieros debían tenerse como
ciertos y válidos sin necesidad de comprobación empírica, criterio hermenéutico
del cual se apartó la autoridad judicial accionada al valorar ese medio de prueba
sin exponer en la decisión los argumentos que justificaran decidir de manera
diversa a como lo señala el precedente citado.
Argumentó, adicionalmente, una violación directa de la Constitución Política,
pues consideró que la autoridad judicial accionada estableció como premisa
fáctica de su decisión que el actor no acreditó «una imposibilidad absoluta en el
ejercicio de actos de comercio», como presupuesto para que se configurara el
daño especial, concretamente los aspectos de anormalidad y excepcionalidad
de la carga pública impuesta, por lo que violó de manera directa los artículos 2,
13, 58 y 90 Superiores.
Reiteró que el tribunal le exigió que demostrara «una imposibilidad absoluta en
el ejercicio de actos de comercio» esto es, no realizar actos de comercio en su
negocio, que era el único que para la fecha de los hechos tenía y del cual obtenía
los ingresos para su subsistencia y la de su familia, lo que, según este, constituyó
un trato desigual desproporcionado e injustificado.
Señaló que en el proceso contencioso-administrativo demostró que sufrió un
perjuicio económico, por la disminución de ventas de su establecimiento de
comercio que no estaba en el deber de soportar, pues no se probó que dicho
perjuicio estuviera justificado; asimismo, que dichas pérdidas económicas
ocurrieron durante el periodo del daño alegado en la demanda, esto es, entre los
años 2015 a 2016, lapso que coincide con la ejecución de la obra pública.
Además, refirió que el acceso al inmueble donde operaba su establecimiento de
comercio fue bloqueado y obstruido de forma desproporcionada, especialmente
en cuanto al acceso de vehículos por causa de los trabajos de la obra pública,
por lo que era razonable concluir que dicho daño, contrario a lo señalado en la
providencia objeto de reproche, sí tenía la connotación de «daño especial» es
decir, que fue anormal, excepcional y superior al que normalmente debieron
sufrir el resto de los ciudadanos que se beneficiaron con la obra pública.
Solicitó la aplicación a la siguiente subregla jurisprudencial establecida por la
Corte Constitucional en la Sentencia SU-304 de 2024:
(iii) Las deficiencias del accionante en la selección de los defectos que le atribuye
a la providencia que considera vulneradora de sus derechos fundamentales de
ninguna manera dan lugar a la improcedencia del amparo. El principio según el
cual “el juez conoce el derecho” obliga a este último a interpretar la acción de
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tutela con el fin de establecer el problema jurídico a resolver e identificar los
defectos en los que presuntamente habría incurrido la providencia cuestionada, a
partir de lo narrado por el actor. Esto, siempre y cuando las razones de la demanda
sean suficientes y, por tanto, no se torne en un control constitucional oficioso.
1.5. Trámite en primera instancia
Por medio del auto del 11 de septiembre de 2025 se admitió la solicitud de tutela
y se ordenó notificar esta decisión a los magistrados que integran el Tribunal
Administrativo de Santander en calidad de demandados.
También se ordenó comunicar al Juzgado Primero Administrativo del Circuito
Judicial de Bucaramanga y al municipio de Bucaramanga, para que manifestaran
lo que consideraran pertinente.
1.6 Intervenciones
Realizadas las notificaciones ordenadas de conformidad con las constancias
visibles en el expediente, se presentaron los siguientes informes:
1.6.1. Tribunal Administrativo de Santander
Explicó que no se configura el presupuesto de relevancia constitucional, pues si
bien con la decisión objeto de reparo se confirmó la sentencia apelada que
denegó las pretensiones de la demanda, esto no obedeció a la restricción
desproporcionada de derechos fundamentales de la parte actora, sino al análisis
crítico de las pruebas obrantes en el plenario.
Destacó que la mayoría de los reproches formulados por el actor contra la
sentencia de primera instancia son, en esencia, los mismos argumentos que
ahora expone en la presente acción constitucional. Por ende, al haber sido estos
resueltos por dicha colegiatura en la providencia cuestionada, la tutela no puede
erigirse en una tercera instancia para reabrir el debate sobre lo decidido por el
juez natural, quien juzgó conforme a derecho y atendiendo a las particularidades
del caso y al acervo probatorio.
Indicó que en la argumentación expuesta por la parte accionante se formularon
dos cuestionamientos que condensan los defectos señalados en el extenso
escrito de tutela: i) la supuesta omisión del Tribunal, en la sentencia de segunda
instancia, frente a la valoración racional de las pruebas encaminadas a
demostrar que, en realidad, sí existió un cierre total peatonal y vehicular del
establecimiento comercial, y ii) la indebida apreciación de los estados financieros
correspondientes a los años 2013-2016, suscritos por una contadora pública, así
como de las declaraciones de renta, industria y comercio allegadas al proceso.
Afirmó que, en relación con el primer cuestionamiento, en la demanda de
reparación directa se adujo que los cierres temporales de las vías impidieron el
flujo de 2.605 vehículos diarios frente al establecimiento de comercio
Audiollantas, considerados por el actor como clientes potenciales.
No obstante, no se alegó ni demostró la existencia de un cierre peatonal ni
siquiera temporal, pues, de haber ocurrido, el accionante no habría podido
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mantener abierto su establecimiento. En realidad, la actividad comercial
continuó, aunque con una disminución en las ventas, lo que evidencia no un cese
total de la explotación del establecimiento, sino una merma en sus ingresos.
Incluso el arrendador del local comercial y uno de sus proveedores, en sus
declaraciones testimoniales sostuvieron el funcionamiento del establecimiento
durante los años en discusión
Sostuvo que contrario a lo señalado por el accionante, la Sala de decisión sí
valoró las pruebas obrantes en el expediente. Tan es así que, al analizar el Plan
de Manejo de Tráfico General del proyecto intercambiador vial del Mesón de los
Búcaros, determinó que el establecimiento comercial del señor Barbosa Arias
estaba ubicado en el área de influencia de la obra y sufrió afectaciones de
movilidad. Con todo, «no se acreditó la restricción total o absoluta de acceso al
mismo, ni se puso de manifiesto una excepcionalidad en la carga de soportar la
intervención de las vías públicas para el beneficio de la comunidad».
Aseguró que, en cuanto a la valoración de las fotografías, en la decisión se indicó
que carecían de mérito probatorio, porque no daban cuenta del daño alegado
por la parte demandante. A propósito de su valor acreditativo, manifestó que el
Consejo de Estado «ha considerado que esos elementos carecen de mérito para
probar, por sí mismas, si no existe certeza sobre la persona que las realizó y se
desconocen las circunstancias de tiempo, modo y lugar en las que fueron
tomadas».
Expresó que como bien anotó en la providencia atacada, el establecimiento
comercial «tuvo ingreso permanente y pudo continuar su actividad comercial
durante el desarrollo de los trabajos públicos, lo cual se desprende precisamente
de una presunta disminución en las ventas, conforme se alegó en la demanda y
no en el obstáculo insalvable de continuar con ellas».
Insistió en que tampoco desconoció la existencia de incomodidades ni la
afectación en el acceso directo al negocio del actor, pues se acreditaron cierres
viales de carácter temporal; empero, el demandante no demostró que tales
inconvenientes, propios de la ejecución de obras públicas, le hubieran
ocasionado una imposibilidad absoluta para desarrollar actos de comercio.
Insistió en que la pretensión no se fundamentó en el cierre colateral de su
establecimiento comercial, sino en la disminución de las ventas.
Afirmó que todas las pruebas obrantes en el expediente fueron valoradas en
conjunto con los estados financieros correspondientes a los años 2013-2016,
suscritos por una contadora pública, así como de las declaraciones de renta,
industria y comercio allegadas al proceso, por lo que la sala de decisión
reconoció que los documentos mencionados se presumían auténticos y, como
bien lo destacó el accionante, solo demostraban unos hechos de orden
económico, «pero en tal información no se expuso razón alguna que dé cuenta
de las causas que propiciaron la supuesta fluctuación negativa de las ventas y
las pérdidas generadas en los años 2015 y 2016, en comparación con el año
2014».
Explicó que dicha situación implicaba «una carencia de fuerza demostrativa de
lo que ahí se expresa, en tanto que los datos allí consignados no explican el
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contexto operativo, comercial o externo de la empresa, y tampoco brindan
información sobre la causa de la afectación comercial alegada, de modo que no
es posible concluir que la afectación comercial invocada obedeciera a una causa
relacionada con la obra pública tantas veces mencionada».
Advirtió que las variables allí contenidas bien podrían corresponder a la suma de
las múltiples actividades comerciales del demandante, apreciación que se ve
reforzada con lo expuesto en el escrito de tutela, donde se afirmó que el actor se
vio en la imperiosa necesidad de implementar medidas y esfuerzos
extraordinarios para desarrollar su actividad comercial por fuera del inmueble.
Destacó, para desvirtuar el alegado desconocimiento del precedente, que en la
sentencia de segunda instancia se citó un pronunciamiento del Consejo de
Estado de Estado con similares contornos fácticos. Indicó que en esa
oportunidad, el órgano de cierre de esta jurisdicción, resolvió el caso promovido
por el restaurante Puerta del Sol contra el departamento de Santander, con
ocasión de la ejecución de las obras públicas para la ampliación del corredor vial
primario Bucaramanga–Floridablanca, en el tramo comprendido entre el sector
Puerta del Sol y el Puente de Provenza, en el sentido de negar las pretensiones
de la demanda.
Reiteró la siguiente conclusión: «la mera circunstancia del adelantamiento de
una obra pública en la zona de influencia del establecimiento [AUDIOLLANTAS],
no permite inferir, al menos, alguna restricción protuberante o una medida
excesiva en torno los derechos de explotación económica, desde el punto de
vista de la función social, económica y ecológica que dé lugar a la indemnización
pretendida».
Insistió en que se desplegó un estudio pormenorizado de cada uno de los
elementos de juicio, tal como quedó consignado en la parte motiva del fallo, cuyo
resultado, aunque desfavorable para los intereses de la parte accionante,
obedeció a una valoración razonada y objetiva que descartó la existencia del
daño especial alegado.
Solicitó la declaratoria de improcedencia de la presente acción de tutela, o en
caso contrario, que se denieguen las pretensiones al no estar demostrados los
defectos alegados, toda vez que esta Corporación no ha vulnerado ningún
derecho fundamental del accionante, quien pretende convertir la acción de tutela
en una tercera instancia.
1.6.2. Municipio de Bucaramanga
Advirtió que la decisión proferida por el Tribunal Administrativo de Santander
analizó cada una de las pruebas presentadas por las partes del proceso judicial,
con fundamento en las normas aplicables y vigentes.
Solicitó declarar la falta de legitimación en la causa por pasiva, pues el municipio
no ha realizado acciones encaminadas a la vulneración de los derechos
enunciados por el accionante, comoquiera que la única autoridad competente
para expedir decisiones judiciales al interior de las distintas acciones y procesos
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de carácter judicial es la Rama Judicial. Además, porque la entidad no es
competente para dirimir la situación presentada por el accionante.
1.6.3. Juzgado Primero Administrativo Oral del Circuito Judicial de
Bucaramanga
Señaló que el despacho actuó de manera diligente y célere dentro del medio de
control de la referencia, siguiendo con todas las etapas procesales que dicho
medio de control dispone, las cuales fueron debidamente notificadas a las partes,
garantizando el derecho de defensa y el debido proceso.
Aseguró que mediante el ejercicio de la acción de tutela se pretende el amparo
supralegal, saltando a la vista que la sentencia de primera instancia se profirió el
30 de septiembre de 2022, habiendo transcurrido hasta la fecha,
aproximadamente 3 años y por ende carece del principio de inmediatez, pues se
exige que la solicitud de amparo se presente dentro de un término razonable
después de la vulneración o amenaza a los derechos fundamentales allegados
como presuntamente vulnerados.
Destacó, que sólo hasta septiembre de 2025 se advirtió la presunta vulneración
de las garantías superiores presuntamente trasgredidas estando en firme las
decisiones de primera y segunda instancia, por tanto, solicitó desvincular al
despacho judicial de la presente tutela.
1.6.4. Delber Barbosa Arias
Mediante memorial presentado el 2 de octubre3, el señor Delber Barbosa, por
medio de apoderado, se pronunció con relación a la contestación realizada por
el Tribunal Administrativo de Santander. En esa medida, manifestó que los
cargos formulados contra la providencia enjuiciada fueron: a) defecto fáctico; b)
defecto procedimental por exceso ritual manifiesto por incurrir en un rigorismo
procedimental en la apreciación de las pruebas; c) desconocimiento del
precedente, por indebida aplicación del mismo al caso concreto y d) violación
directa de la Constitución; y no únicamente los dos primeros como lo pretendía
hacer ver la accionada.
Resaltó que dicha corporación, en el informe rendido, omitió pronunciarse sobre
los cargos relacionados con el desconocimiento del precedente y por violación
directa de la Constitución.
Se opuso a la afirmación del tribunal que indicó que no se cumplía el requisito
de relevancia constitucional, pues para este se incluyó una extensa explicación
y argumentación con el fin de acreditar el cumplimiento de ese requisito. Advirtió
que, en el caso concreto, no se limitó a la exposición de unos derechos
fundamentales o manifestar discrepancias contra la decisión judicial objeto de
reproche, como lo hacía ver la accionada.
3 Samai, índices 15 y 16.
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Resaltó que invocó una cuestión eminentemente constitucional para que el juez
de tutela fijara el alcance de los derechos fundamentales a la igualdad y a la
propiedad privada, cuando se trata de personas naturales comerciantes, con un
único establecimiento de comercio inscrito en el registro mercantil y del cual
obtienen la fuente de ingresos para su subsistencia y la de su familia, como
supuesto para que se configure el título de imputación jurídica correspondiente
al daño especial, concretamente los aspectos de anormalidad y excepcionalidad
de la carga pública impuesta.
Destacó que la entidad accionada le imprimió un giro al debate suscitado a partir
de la motivación de la sentencia enjuiciada y concluyó que a partir de la
apreciación del PMT no se demostró la anormalidad de la carga pública alegada
en la demanda porque a su juicio no se acreditó la «restricción total o absoluta
de acceso» al establecimiento de comercio de propiedad del actor.
Manifestó que en la providencia enjuiciada no se expuso como motivación que
el actor no haya alegado y probado «la existencia de un cierre peatonal», y por
el contrario se dio por probado el cierre de vías, que se dijo no pueden
considerarse como afectaciones graves y anormales porque no causaron una
«imposibilidad absoluta en el ejercicio de actos de comercio», por lo que desvió
con este argumento de defensa la atención de un aspecto esencial en el debate
del proceso contencioso-administrativo y es que los clientes del negocio del actor
no eran peatones, sino esencialmente vehículos dado el objeto social de su
establecimiento de comercio.
Afirmó que era disiente lo concluido a partir de la valoración de las declaraciones
de renta de los años 2014 a 2016, en el sentido de que a juicio de la accionada
la información contenida en las mismas resultaba insuficiente para verificar la
afectación económica que se predicaba del establecimiento de comercio
AUDIOLLANTAS, pero contradictoria pues afirma que si existió dicha
disminución de ventas y una merma en los ingresos del actor, que correspondía
al daño antijurídico reclamado.
Con relación a las fotografías, que la autoridad accionada adujo como no
valoradas se demostró que si se cumplieron con estas subreglas probatorias del
Consejo de Estado para que dicha prueba documental tuviera mérito probatorio
y fueran apreciadas en el caso concreto.
II. CONSIDERACIONES
2.1. Competencia
La Sección Quinta del Consejo de Estado es competente para conocer de la
presente acción de tutela, según lo previsto en los Decretos 2591 de 1991 y 1069
de 2015, modificado por el artículo 1. º del Decreto 333 de 2021, así como en el
Acuerdo 80 de 12 de marzo de 2019.
2.2 Cuestión previa
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En este caso, el Juzgado Primero Administrativo Oral del Circuito Judicial de
Bucaramanga solicitó su desvinculación de la presente acción constitucional al
considerar que no se cumplió con el requisito de inmediatez.
Al respecto, se precisa que tal solicitud será denegada, pues su comparecencia
al proceso de tutela se realizó en condición de tercero, debido a que se trata de
la autoridad judicial que emitió la sentencia de primera instancia en el proceso
ordinario objeto de controversia, así que le asiste un interés en las resultas del
trámite constitucional por cuanto puede verse afectado con la decisión que se
adopte.
2.3. Problema jurídico
De conformidad con los antecedentes, corresponde a la Sala determinar si el
Tribunal Administrativo de Santander vulneró los derechos fundamentales al
acceso efectivo a la administración de justicia, al debido proceso, a la igualdad
y a la propiedad privada, con ocasión de la sentencia proferida el 26 de junio de
2025.
Para resolver los interrogantes planteados, se analizarán los siguientes temas:
(i) la procedencia de excepcional de la acción de tutela contra providencias
judiciales, (ii) los requisitos generales de procedibilidad, y de superarse los
anteriores supuestos, (iii) el caso en concreto.
2.4. Procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial.
Reiteración4
La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, en sentencia del 31 de julio de
20125, unificó la diversidad de criterios que la corporación tenía respecto a la
procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales y concluyó, lo
siguiente:
[S]i bien es cierto que el criterio mayoritario de la Sala Plena de lo Contencioso
Administrativo ha sido el de considerar improcedente la acción de tutela contra
providencias judiciales, no lo es menos que las distintas Secciones que la
componen, antes y después del pronunciamiento de 29 de junio de 2004
(Expediente AC-10203), han abierto paso a dicha acción constitucional, de
manera excepcional, cuando se ha advertido la vulneración de derechos
constitucionales fundamentales, de ahí que se modifique tal criterio radical y se
admita, como se hace en esta providencia, que debe acometerse el estudio de
fondo, cuando se esté en presencia de providencias judiciales que resulten
violatorias de tales derechos, observando al efecto los parámetros fijados hasta el
momento Jurisprudencialmente.
Conforme al anterior precedente, la corporación modificó su criterio sobre la
procedencia de la acción de tutela y, en consecuencia, es necesario estudiar
aquellas que se presenten contra providencia judicial y analizar si se vulnera
4 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Decisiones del 13 de marzo de
2025, expedientes n.º 11001-03-15-000-2025-00881-00 y 11001-03-15-000-2025-00808-00.
5 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sentencia del 31 de julio de
2012, expediente n.º 11001-03-15-000-2009-01328-01(IJ).
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algún derecho fundamental, observando al efecto los parámetros fijados hasta
el momento por la jurisprudencia, como expresamente lo indicó la decisión de
unificación.
Así, para la Sala ahora es importante precisar los parámetros bajo los cuales se
hará ese estudio, pues la sentencia de unificación se refirió a los «[…] fijados
hasta el momento jurisprudencialmente […]». En efecto, sabido es que la tutela
es un mecanismo residual y excepcional para la protección de derechos
fundamentales, como lo señala el artículo 86 constitucional y, por ende, la
procedencia de esta acción no puede ser ajena a esas características.
La Corte Constitucional se ha referido en forma amplia a unos requisitos
generales y otros específicos de procedencia de la acción de tutela, los cuales
dan origen a que se conceda o niegue el derecho al amparo (procedencia
sustantiva) o que impiden efectivamente adentrarnos en el fondo del asunto
(procedencia adjetiva).
En ese orden, primero se verifica que la solicitud de tutela cumpla unos
presupuestos generales de procedencia. Estos requisitos son: i) que sea
relevante constitucionalmente, ii) que no se trate de tutela contra tutela; iii)
inmediatez, y iv) subsidiariedad, es decir, agotamiento de los requisitos
ordinarios y extraordinarios, siempre y cuando ellos sean idóneos y eficaces para
la protección del derecho que se dice vulnerado.
Cuando no se cumpla con uno de esos presupuestos, la sección declarará
improcedente el amparo solicitado y no entrará a analizar el fondo del asunto.
Por el contrario, cumplidos esos parámetros corresponderá adentrarse en la
materia objeto del amparo, a partir de los argumentos expuestos en la solicitud
y de los derechos fundamentales que se afirmen vulnerados, en donde para la
prosperidad o negación del amparo se requerirá: i) que la causa, motivo o razón
a la que se atribuya la transgresión sea de tal entidad que incida directamente
en el sentido de la decisión y, ii) que la acción no intente reabrir el debate de
instancia.
Cabe reiterar que esta acción constitucional no puede ser considerada como una
«tercera instancia» que se emplee, por ejemplo, para revivir términos,
interpretaciones o valoraciones probatorias propias del juez natural.
2.5. Análisis de los requisitos generales de procedibilidad
2.5.1. Relevancia constitucional
En lo referente al requisito de relevancia constitucional, cabe señalar que la
Corte Constitucional en la Sentencia SU-215 de 2022 explicó que, dado que las
sentencias hacen tránsito a cosa juzgada, cuando se presente un mecanismo de
amparo constitucional contra una decisión judicial «[...]el juez de tutela debe
limitarse a analizar los yerros puntuales de la providencia cuestionada señalados
por el accionante, pues tiene vedado adelantar un control oficioso y exhaustivo
de la providencia reprochada».
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Enfatizó que el análisis de procedencia, cuando se cuestiona una providencia de
una alta corte, debe ser más restrictivo teniendo en cuenta que la decisión fue
proferida por un órgano de cierre. En ese sentido, el alto tribunal constitucional
consideró que la tutela implica un juicio de validez y no una corrección del fallo
objeto de reparo, por lo que no se puede utilizar este instrumento como una
instancia adicional para discutir cuestiones probatorias o formas de
interpretación de las normas que se zanjaron por el juez natural.
Igualmente, dicha corporación precisó que el requisito de la relevancia
constitucional «protege el carácter subsidiario de la acción de tutela, las
competencias tanto del juez de tutela como del ordinario, y previene que la tutela
se convierta en una instancia o recurso adicional para reabrir debates
meramente legales» y explicó en detalle los criterios que se deben tener en
cuenta para verificar si se supera esta exigencia. Los presupuestos se refieren a
lo siguiente:
i) que el actor cumpla su carga argumentativa, en donde justifique
suficientemente la relevancia constitucional por vulneración de derechos
fundamentales, pues no basta que se aduzca la vulneración de aquellos;
ii) que la acción de tutela no se erija en una instancia adicional al proceso
ordinario en el cual fue proferida la providencia acusada, puesto que este
mecanismo sólo está instituido para proteger derechos fundamentales y no
para discutir la discrepancia que el actor tenga frente a la decisión judicial.
Por ende, no debe ser un debate exclusivamente legal; y
iii) que no se trate de asuntos puramente económicos en los que no se advierta
la tensión entre las decisiones que se enjuician y una vulneración ostensible
de un derecho fundamental. Lo anterior porque estas controversias
corresponde definirlas a los jueces ordinarios y la tutela no puede convertirse
en una tercera instancia.
En esa medida, la acción de tutela contra providencias judiciales implica un juicio
de validez y no una corrección del fallo cuestionado. En ese sentido, no se puede
utilizar este instrumento como una instancia adicional para discutir cuestiones
probatorias o formas de interpretación de las normas que se zanjaron por el juez
natural.
En el presente caso, la parte actora pretende que se le amparen sus derechos
fundamentales al acceso efectivo a la administración de justicia, al debido
proceso, a la igualdad y a la propiedad privada. Le atribuye la presunta
vulneración de estos a la providencia del 26 de junio de 2025, dictada por el
Tribunal Administrativo de Santander, que confirmó la decisión del 30 de
septiembre de 2022, proferida por el Juzgado Primero Administrativo Oral del
Circuito Judicial de Bucaramanga, dentro del medio de control de reparación
directa con radicado 680013333001-2018-00440-02.
A juicio del actor, con la sentencia cuestionada se incurrió en un defecto fáctico,
pues al valorar las pruebas se cometieron en una serie de errores, que llevaron
a conclusiones y argumentos para no dar por probados los hechos formulados.
Básicamente, el accionante formuló dos cuestionamientos que condensan los
defectos señalados en el escrito de tutela: i) la supuesta omisión del Tribunal, en
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la sentencia de segunda instancia, frente a la valoración racional de las pruebas
encaminadas a demostrar que, en realidad, sí existió un cierre total peatonal y
vehicular del establecimiento comercial, y ii) la indebida apreciación de los
estados financieros correspondientes a los años 2013-2016, suscritos por
contadora pública, así como de las declaraciones de renta, industria y comercio
allegadas al proceso.
Además, para la parte actora se incurrió en un defecto procedimental por exceso
ritual manifiesto, por incurrir en un rigorismo procedimental en la apreciación de
los estados financieros y las declaraciones renta, defecto que consistió en
establecer requisitos de forma y de contenido que no exige la norma sustancial
que consagra la presunción de veracidad de los mismos.
Adicionalmente, que se desconoció el precedente contenido en la sentencia C-
076 de 2021, concretamente en cuanto las reglas hermenéuticas sobre la
manera en que se debe interpretar y aplicar el artículo 10 de la Ley 43 de 1990,
en cuanto las presunciones que se derivan de dicho precepto con ocasión del
ejercicio de la función de dar fe pública de los profesionales de la contaduría
pública en los actos que suscriben, pues los estados financieros debían tenerse
como ciertos y válidos sin necesidad de comprobación empírica, criterio
hermenéutico del cual se apartó la autoridad judicial accionada.
También consideró que existió una violación directa de la Constitución Política,
pues aseguró que la autoridad judicial accionada estableció como premisa
fáctica de su decisión que el actor no acreditó «una imposibilidad absoluta en el
ejercicio de actos de comercio», como presupuesto para que se configurara el
daño especial, concretamente los aspectos de anormalidad y excepcionalidad
de la carga pública impuesta, por lo que violó de manera directa los artículos 2,
13, 58 y 90 Superiores.
En esa medida, solicitó la aplicación de la siguiente subregla jurisprudencial
establecida por la Corte Constitucional en la Sentencia SU-304 de 2024:
(iii) Las deficiencias del accionante en la selección de los defectos que le atribuye
a la providencia que considera vulneradora de sus derechos fundamentales de
ninguna manera dan lugar a la improcedencia del amparo. El principio según el
cual “el juez conoce el derecho” obliga a este último a interpretar la acción de
tutela con el fin de establecer el problema jurídico a resolver e identificar los
defectos en los que presuntamente habría incurrido la providencia cuestionada, a
partir de lo narrado por el actor. Esto, siempre y cuando las razones de la demanda
sean suficientes y, por tanto, no se torne en un control constitucional oficioso.
Ahora bien, frente al reparo de la supuesta omisión del tribunal, en la valoración
racional de las pruebas encaminadas a demostrar que, en realidad, sí existió un
cierre total peatonal y vehicular del establecimiento comercial, se evidencia que
dicha autoridad judicial resolvió los reproches que el señor Barbosa Arias formuló
contra la sentencia de primera instancia, que como indicó el tribunal, son los
mismos argumentos que expone en esta acción constitucional. Así, se advierte
en la decisión del tribunal cuando manifiesta lo siguiente:
Para la Sala, la situación que se describe no permite establecer la anormalidad de
la carga supuestamente padecida por el establecimiento de comercio denominado
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AUDIOLLANTAS, ya que no se acreditó la restricción total o absoluta de acceso
al mismo, ni se puso de manifiesto una excepcionalidad en la carga de soportar la
intervención de las vías públicas para el beneficio de la comunidad.
No quiere significar lo anterior que la Sala desconozca que, en efecto, pudo existir
una alteración en la vía de ingreso directo al negocio del señor Barbosa Arias
como consecuencia de los cierres viales y, adicionalmente, que es posible la
causación de incomodidades por la construcción de las obras; pero en cualquier
caso, esas circunstancias no pueden considerarse como afectaciones graves y
anormales, comoquiera que se trata de los inconvenientes inmanentes de los
trabajos públicos de construcción de las vías, mas no de una imposibilidad
absoluta en el ejercicio de actos de comercio.
A pesar de las molestias que se hubieran podido causar con los desvíos o cierres
viales, lo cierto es que el establecimiento comercial AUDIOLLANTAS siempre tuvo
ingreso permanente y pudo continuar su actividad comercial durante el desarrollo
de los trabajos públicos, lo cual se desprende precisamente de una presunta
disminución en las ventas, conforme se alegó en la demanda y no en el obstáculo
insalvable de continuar con ellas.
Frente al segundo reproche, esto es, la indebida apreciación de los estados
financieros correspondientes a los años 2013-2016, suscritos por contadora
pública, así como de las declaraciones de renta, industria y comercio allegadas
al proceso, se evidencia que la providencia del tribunal indicó que los estados
financieros se presumían auténticos pero en la información suministrada no se
expuso razón alguna que diera cuenta de las causas que propiciaron la supuesta
fluctuación negativa de las ventas y las pérdidas generadas en los años 2015 y
2016, en comparación con el año 2014, situación que implicaba una carencia de
fuerza demostrativa de lo expresado.
En relación con las declaraciones de renta, la autoridad accionada expuso en la
sentencia que se allegaron al expediente las declaraciones de renta del
demandante respecto de los años 2014, 2015 y 2016, las cuales resultaban
insuficientes para verificar la afectación económica que se predicaba del
establecimiento de comercio, pues a partir de su contenido, no era posible
establecer una disminución concreta de las ventas.
Además, según lo manifestó dicha corporación, los documentos allegados
contenían datos específicos del señor Barbosa Arias y no de la empresa
Audiollantas y en ninguno de sus apartes se indicó que las variables
correspondían exclusivamente al establecimiento comercial y podrían
corresponder a la suma de las múltiples actividades comerciales del
demandante.
Por lo anterior, resulta claro que los reparos de la parte actora respecto a la
indebida valoración probatoria realizada por la autoridad judicial accionada y el
exceso ritual manifiesto solo demuestran su inconformidad con lo resuelto por
ser contrario a sus intereses, mas no conducen a efectuar un estudio sobre el
alcance del derecho fundamental presuntamente invocado, frente a la
providencia judicial cuestionada.
Adicionalmente, el debate propuesto por el accionante bajo el defecto fáctico no
demuestra que el presunto error en el juicio valorativo de las pruebas
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fuera ostensible, flagrante y manifiesto y tuviera una incidencia directa en las
decisiones, supuesto que requiere que las providencias judiciales se adopten en
ausencia de respaldo probatorio o que se haya dejado de valorar una prueba
determinante.
De otra parte, en lo referente al desconocimiento del precedente, a juicio de la
parte actora, el tribunal accionado desconoció la sentencia C-076 de 2021,
concretamente en relación con las reglas hermenéuticas, sobre la manera en
que se debe interpretar y aplicar el artículo 10 de la Ley 43 de 1990.
No obstante, en criterio de la Sala, el tutelante no cumplió con la carga
argumentativa necesaria para superar el requisito en estudio, toda vez que sus
reproches están dirigidos a señalar que en dicho pronunciamiento se
determinaron reglas hermenéuticas sobre la forma de interpretación de la fe
pública, pero no indicó cual regla o subregla de derecho había sido desconocida
o por qué ese caso le aplicaba específicamente al suyo.
Nótese que, para respaldar la configuración del desconocimiento del precedente,
la parte actora se limitó a referenciar la aplicación de la sentencia C-076 de 2021
dictada por la Corte Constitucional, pero no formuló planteamientos que permitan
deducir con claridad cómo la corporación enjuiciada vulneró sus derechos
fundamentales y desvirtuar las consideraciones que respaldaron la decisión.
Frente al cargo de violación directa de la Constitución Política, el actor consideró
que la autoridad judicial accionada estableció como premisa fáctica de su
decisión que el actor no acreditó «una imposibilidad absoluta en el ejercicio de
actos de comercio», como presupuesto para que se configurara el daño especial,
concretamente los aspectos de anormalidad y excepcionalidad de la carga
pública impuesta, por lo que violó de manera directa los artículos 2, 13, 58 y 90
Superiores.
Sobre este reproche, la Sala considera que el actor omitió exponer con
suficiencia las razones que justifiquen la intromisión del juez de tutela, cuando,
además, no se evidencia, la transgresión de las garantías invocadas, por parte
de la autoridad judicial accionada. Tampoco, precisó cuál es la incidencia que
tienen respecto de la decisión adoptada por el Tribunal Administrativo de
Santander.
Como se observa, la intención del accionante es imponer una postura que resulte
favorable a sus intereses, lo cual escapa del objeto de la acción de tutela e
impide al juez constitucional realizar un pronunciamiento de fondo sobre el
particular.
En esa medida, proceder en contrario implicaría interferir en cuestiones que
desbordan su competencia y, de paso, desnaturalizar el carácter excepcional y
especial de la solicitud de amparo.
Por lo tanto, al no estar acreditados los criterios fijados por la Corte
Constitucional en la sentencia SU-215 de 2022 para encontrar superado el
requisito de relevancia constitucional, ya que la solicitud de amparo solo
pretende reabrir el debate de instancia, la acción de tutela será declarada
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improcedente.
Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad
de la ley,
FALLA
PRIMERO: Deniégase la solicitud de desvinculación presentada por el Juzgado
Primero Administrativo Oral del Circuito Judicial de Bucaramanga.
SEGUNDO: Declárase la improcedencia de la acción de tutela presentada por
el señor Delber Barbosa Arias.
TERCERO: Notifíquese a las partes y a los intervinientes en la forma prevista en
el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.
CUARTO: De no ser impugnada esta decisión, remítase el expediente a la Corte
Constitucional para su eventual revisión, al día siguiente de su ejecutoria.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA
Presidente
LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado
OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ
Magistrado
PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Magistrado
«Este documento fue firmado electrónicamente. Usted puede consultar la providencia
oficial con el número de radicación en el siguiente enlace:
https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/Casos/procesos.aspx»
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