RuleX

Jurisprudencia › Consejo de Estado › Radicado 11001-03-15-000-2025-05634-01

Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-05634-01

Fecha
9 de diciembre de 2025
Consejero ponente
Jose Roberto Sachica Mendez

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-05634-01

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

RESUELVE PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia de 9 de octubre de 2025, proferida por la Sección Quinta de esta Corporación, que declaró improcedente la acción de tutela, por las consideraciones expuestas en la parte motiva de esta providencia. SEGUNDO: NOTIFICAR la presente decisión a los interesados, por el medio más expedito. TERCERO: Por Secretaría General, ENVIAR a la Corte Constitucional el expediente para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2025-05634-01

Consejero ponente: Jose Roberto Sachica Mendez

9 de diciembre de 2025

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN A

Consejero ponente: JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ

Bogotá D.C., nueve (09) de diciembre de dos mil veinticinco (2025)

Radicación: 11001-03-15-000-2025-05634-01
Accionante: Delber Barbosa Arias
Accionado: Tribunal Administrativo de Santander
Referencia: Acción de tutela

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

Temas: ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL – Sentencia
emitida dentro de proceso de reparación directa / CONFIRMA IMPROCEDENCIA –
No cumple el presupuesto de relevancia constitucional. Reproches tienen como fin
emplear la tutela como una instancia adicional al proceso ordinario y carecen de la
suficiente carga argumentativa

Procede la Sala a decidir la impugnación presentada por la parte actora contra la
sentencia proferida el 9 de octubre de 2025 por la Sección Quinta del Consejo de
Estado, mediante la cual se declaró la improcedencia de la acción de tutela.

I. A N T E C E D E N T E S

A. Demanda y sus fundamentos
1.
El 9 de septiembre de 2025 1 , el señor Delber Barbosa Arias, a través de
apoderado judicial, promovió acción de tutela contra el Tribunal Administrativo de
Santander, con el fin de que se ampararan sus derechos fundamentales de acceso
a la administración de justicia, debido proceso, igualdad y propiedad privada.

2.
Solicitó que se dejara sin efectos la sentencia de 26 de junio del año en curso,
emitida dentro del proceso de reparación directa2 que instauró contra el municipio de
Bucaramanga, encaminado a obtener el resarcimiento, a título de daño especial, de
los perjuicios causados por la construcción de una obra pública3, pues ello implicó
unos cierres viales que derivaron en una ruptura del principio de la igualdad frente a
las cargas públicas y, en consecuencia, en una afectación económica al
establecimiento de comercio de su propiedad denominado Audiollantas, al disminuir
sus ventas.

1 Si bien se presentó el escrito de tutela el 8 de septiembre de 2025, el respectivo correo electrónico fue enviado

a las 5:17 p. m., es decir, por fuera del horario judicial, razón por la que se tiene radicada el siguiente día hábil.
2 Expediente 68001-33-33-001-2018-00440-02.
3 Denominada intercambiador vial Mesón de los Búcaros y obras complementarias.

1

Radicación: 11001-03-15-000-2025-05634-01
Accionante: Delber Barbosa Arias
Accionado: Tribunal Administrativo de Santander

3.
En la providencia acusada se confirmó la decisión judicial de 30 de septiembre de
2022, mediante la cual el Juzgado Primero Administrativo de Bucaramanga negó las
pretensiones de la demanda. Se precisó que no se había acreditado que la causa de
la afectación patrimonial alegada correspondiera de modo exclusivo a la ejecución
de las obras para la construcción del intercambiador vial Mesón de los Búcaros, pues
no se contaba con la información endógena y exógena que permitiera arribar a esa
conclusión. Por tanto, la mera circunstancia del adelantamiento de una obra pública
en la zona de influencia del establecimiento de comercio de propiedad del
demandante, no permite inferir, al menos, alguna restricción protuberante o una
medida excesiva en torno a los derechos de explotación económica, desde el punto
de vista de la función social, económica y ecológica que diera lugar a la
indemnización pretendida. Es decir, no se acreditó la existencia de un daño especial
que excediera las cargas públicas del actor.

4.
La parte actora sostuvo que se configuró defecto fáctico, pues se incurrió en una
serie de errores al valorar el material probatorio que reposa en el proceso de
reparación directa, en cuanto (i) al bloqueo del acceso vehicular y peatonal al local
donde operaba el establecimiento de comercio de su propiedad y (ii) a la afectación
económica de dicho establecimiento de comercio, consistente en la disminución de
las ventas y consecuente merma de utilidades e ingresos, en forma excepcional y
anormal.

5.
En la providencia acusada se indicó que no se había acreditado la restricción total
o absoluta de acceso al local donde funcionaba el establecimiento de comercio
Audiollantas, lo cual no corresponde a lo demostrado con los elementos de
convicción obrantes en el plenario. En particular, con la imagen de la localización del
proyecto contenida en el Plan de Manejo de Tráfico General, que aunque no se
encuentra graficado allí el inmueble donde funcionaba el establecimiento de
comercio (carrera 25 No. 21-25 de Bucaramanga), valorada en conjunto con las
fotografías aportadas con la demanda y el documento titulado “Planos de
Señalización PMT”, se puede establecer con certeza dicha ubicación y el bloqueo
total de acceso vehicular y peatonal a este. En dicho Plan de Manejo se indicó que
fue diseñado para una obra pública categoría III, que implica cierres totales para el
tránsito vehicular y/o peatonal. Por tanto, resulta contrario a las reglas de la
experiencia la inferencia de que tuvo ingreso permanente y pudo continuar con su
actividad comercial durante el desarrollo de los trabajos públicos.

6.
Además, se aportaron unas imágenes satelitales tomadas de la aplicación Google
Maps, para facilitar la ubicación exacta del inmueble, las cuales no fueron valoradas
por la autoridad judicial.

7.
Con base en lo anterior, como el flujo vehicular en sentido sur-norte de la carrera
25 en el tramo desde la altura de la Avenida Quebrada Seca hasta la Avenida Bulevar
Bolívar fue cerrado en su totalidad en razón a la ejecución de la obra pública, y siendo
la carrera 25, precisamente en el punto de intersección con la Avenida Bulevar

2

Radicación: 11001-03-15-000-2025-05634-01
Accionante: Delber Barbosa Arias
Accionado: Tribunal Administrativo de Santander

Bolívar, esquina, una de las vías de acceso al establecimiento de comercio, es
razonable inferir con certeza que ese acceso vehicular al establecimiento de
comercio por esa vía (carrera 25) fue bloqueado en su totalidad. También el flujo
vehicular fue cerrado por la Avenida Bulevar Bolívar, segunda vía de acceso
vehicular, la principal, al establecimiento de comercio, en el tramo desde la altura de
la carrera 24 hasta la intersección donde confluyen la carrera 27, la Avenida
Quebrada Seca y la Bulevar Bolívar, en el sector conocido como El Mesón de los
Búcaros, punto donde terminaba dicho corredor vial para la época de los hechos, en
sentido occidente-oriente, por tanto, es dable deducir que ese acceso también fue
bloqueado en su totalidad.

8.
Por consiguiente, del plano de señalización del Plan de Manejo de Tráfico, donde
se observa el desvío y cierres viales, concretamente de la carrera 25 y de la avenida
Bulevar Bolívar en el punto de intersección de esas dos vías de acceso al local, de
las demás ilustraciones de dicho Plan, de las imágenes satelitales de Google Maps
y de las fotografías, es razonable inferir que dicho Plan no podía contemplar vías
alternas de acceso al establecimiento de comercio porque materialmente era
imposible dada la ubicación del inmueble en relación con la microlocalización de la
ejecución de los trabajos de la obra y dado el nivel o magnitud de la misma.

9.
En cuanto a las fotografías aportadas al plenario, anotó que se omitió valorarlas.
Se señaló que no tenían mérito probatorio sin exponer las razones o argumentos que
conllevó se arribara a esa conclusión, máxime cuando estas cumplen todos los
requisitos para ello4, lo que riñe con la regla probatoria contenida en el artículo 176
del CGP, según la cual el juez expondrá siempre razonadamente el mérito que le
asigne a cada prueba.

10.
Tampoco se valoraron las declaraciones de los testigos Orlando Merchán Basto y
Marlo Sierra Aceros, en las que se indicó que les constaba, por observación directa
de los hechos, que el acceso al inmueble donde operaba el establecimiento de
comercio fue bloqueado totalmente en razón de la obra pública, lo cual no fue negado
por la administración municipal, pues su defensa giró en tono a que debía soportar
el daño sufrido, por haber instalado su establecimiento de comercio en ese lugar
después de iniciada la ejecución de la obra pública, afirmación que fue desvirtuada
por la autoridad accionada.

11.
A pesar de que el ad quem tuvo por falsas o contrarias a los hechos probados las
dos premisas fácticas en las que se fundamentó la sentencia ordinaria de primera
instancia, a saber: (i) que la obra pública había iniciado su ejecución en el año 2014
y (ii) que el establecimiento de comercio de su propiedad (Audiollantas) no
funcionaba en la dirección carrera 25 No. 21-25 de Bucaramanga antes del inicio de
la ejecución de la obra; confirmó dicha decisión judicial, al no hallar acreditada una

4 Cada fotografía tiene impresa la fecha y el lugar en el que fueron tomadas y, junto con estas, se aportó la

declaración extraprocesal juramentada ante notario de la persona que las realizó, por lo que declaró las
circunstancias de tiempo, modo y lugar en que fueron tomadas. Declaración frente a la que no se solicitó su
ratificación, por lo que se le debe otorgar valor legal probatorio.
3

Radicación: 11001-03-15-000-2025-05634-01
Accionante: Delber Barbosa Arias
Accionado: Tribunal Administrativo de Santander

carga pública que le haya sido impuesta con ocasión a la obra pública que fuera
grave, anormal y excepcional. Además, al afirmar que el actor durante todo el tiempo
de ejecución de la obra pública “tuvo un ingreso permanente” y pudo continuar con
normalidad el desarrollo de su negocio o actividad comercial, da por cierto un hecho
sin que exista prueba que lo soporte, cuanto más cuando sobre esto no versó el
litigio, pues no fue un hecho sobre el que la parte demandada haya basado su
defensa.

12.
Por otro lado, en cuanto a la afectación económica que sufrió su establecimiento
de comercio, se indicó, en lo relativo a los estados financieros de los años 2013 a
2016 que (i) no se aplicó en su apreciación probatoria la regla de la sana crítica de
la lógica, pues no se tuvo en cuenta que dichos documentos gozaban del atributo de
presunción de veracidad y no obraba dentro del expediente ordinario elemento de
convicción en su contra; y (ii) se les negó su fuerza demostrativa o mérito probatorio,
al señalar que los hechos allí declarados correspondían a datos del tutelante y no
del establecimiento de comercio del que era propietario, a pesar de que obraba en
el plenario su certificado de matrícula mercantil, que da cuenta que Audiollantas era
el único establecimiento de comercio que tenía registrado. Circunstancia que, en
todo caso, fue aclarada en un documento presentado, junto con el recurso de
apelación interpuesto contra el fallo ordinario de primera instancia, en el que él y una
profesional de contaduría pública, en ejercicio de su función de dar fe pública,
aclararon que los estados financieros adosados pertenecían a “DELBER BARBOSA
ARIAS/AUDIOLLANTAS”.

13.
Frente a las declaraciones de renta y del impuesto de industria y comercio de los
años 2014 a 2016, precisó que no fue debatida su presunción de autenticidad. Ahora
bien, las declaraciones de renta no tienen como finalidad establecer o acreditar la
causa de una afectación económica sufrida por el sujeto que las presenta. No
obstante, de estas, junto con los estados financieros, se deduce que durante ese
período sí sufrió una afectación económica representada en la disminución de las
ventas de su establecimiento de comercio. Además, no se valoraron las
declaraciones del impuesto de industria y comercio, que también demostraban dicha
disminución.

14.
Por lo anterior, no era dable que se concluyera que no se demostró el daño
alegado en la demanda.

15.
De igual modo, se incurrió en defecto procedimental por exceso ritual
manifiesto, pues se exigió para otorgarle validez o mérito probatorio a los estados
financieros y a las declaraciones de renta sobre los hechos o recursos allí declarados
y revelados, el cumplimiento de requisitos no previstos en la ley. Entre estos,
exposición de razones (a modo de notas o constancias explicativas o aclaraciones,
datos o información adicional), que dieran cuenta de la causa de la afectación
económica alegada.

4

Radicación: 11001-03-15-000-2025-05634-01
Accionante: Delber Barbosa Arias
Accionado: Tribunal Administrativo de Santander

16.
Además, la carga impuesta, consistente en que de esos documentos se extrajera
la causa del daño alegado (disminución de las ventas), desconoce que dichos
medios de prueba son medios informativos de carácter objetivo de la situación
financiera de una persona, es decir, dan cuenta de hechos económicos, pero no de
sus causas.

17.
Asimismo, se configuró desconocimiento del precedente, en tanto se aplicó en
forma indebida la sentencia de 31 de julio de 2024 del Consejo de Estado5 y, en todo
caso, dicha providencia no constituye un precedente judicial que sea vinculante y
aplicable al caso concreto, dado que se decidió sobre unos supuestos fácticos que
difieren de su situación, por cuanto en aquel proceso sí se demostró que el
establecimiento de comercio frente al que se alegaba el daño no sufrió un bloqueo o
restricción total a su acceso en atención a la obra pública, mientras que en su caso
se acreditó lo contrario, esto es, dicha obstaculización.

18.
Además, también se inobservó la sentencia C-076 de 2021 de la Corte
Constitucional, en lo relativo a las reglas hermenéuticas establecidas en esa
providencia sobre la manera como se debe interpretar y aplicar el artículo 10 de la
Ley 43 de 1990, en cuanto a las presunciones que se derivan de dicho precepto con
ocasión del ejercicio de la función de dar fe pública de los profesionales de la
contaduría pública en los actos que suscriben, incluidos los estados financieros, los
cuales, con base en ese criterio jurisprudencial, debían tenerse como ciertos y
válidos sin necesidad de comprobación empírica, máxime cuando no existía prueba
alguna que desvirtuara su contenido.

19.
Por último, se presentó la causal de violación directa de la Constitución. La
exigencia de que se demostrara una imposibilidad absoluta en el ejercicio de actos
de comercio, esto es, un cierre o clausura de su negocio, como presupuesto para
que se configure el daño especial, concretamente los aspectos de anormalidad y
excepcionalidad, además de no estar enunciada en las subreglas jurisprudenciales
fijadas por el Consejo de Estado, inobserva los artículos 2, 13, 58 y 90 de la
Constitución. Dicha exigencia comporta un desconocimiento de los fines esenciales
del Estado y de todas sus autoridades de garantizar la efectividad de los derechos,
la vigencia de un orden justo y proteger a todos los asociados en sus bienes, así
como la transgresión a sus derechos fundamentales a la igualdad, al no recibir un
trato equitativo frente a las cargas públicas, y a la propiedad privada.

20.
Asimismo, se desatendió el artículo 90 de la Carta Política y el principio alterum
non laedere o neminem laedere (no dañar al otro). Se probaron los supuestos para
que se configurara el daño especial alegado, es decir, que fue anormal, excepcional
y superior al que normalmente debieron sufrir el resto de los ciudadanos que se
beneficiaron con la obra pública.

5 Sección Tercera, Subsección A. C. P. José Roberto Sáchica Méndez, expediente 68001-23-33-000-2018-
00353-02 (69.823).
5

Radicación: 11001-03-15-000-2025-05634-01
Accionante: Delber Barbosa Arias
Accionado: Tribunal Administrativo de Santander

B. Sentencia de primera instancia

21.
Mediante sentencia de 9 de octubre de 2025, la Sección Quinta del Consejo de
Estado declaró improcedente el trámite constitucional, al no superar el presupuesto
de relevancia constitucional. Se determinó que lo alegado por el actor bajo las
causales de defectos fáctico y procedimental por exceso ritual manifiesto solo
demuestra su inconformidad con lo resuelto por ser contrario a sus intereses, pero
no se encaminó a efectuar un estudio sobre el alcance del derecho fundamental
presuntamente invocado frente a la providencia judicial cuestionada.

22.
En cuanto al presunto desconocimiento del precedente, no cumplió con la carga
argumentativa necesaria para superar el presupuesto de relevancia constitucional,
pues no se indicó cuál regla o subregla de derecho había sido desconocida o por
qué ese caso le aplicaba específicamente al suyo. De igual modo, en lo referente a
la causal de violación directa de la Constitución, también se omitió exponer con
suficiencia las razones que justifiquen la intromisión del juez de tutela.

C. La impugnación

23.
La parte actora adujo que no se indicó concretamente cuál o cuáles de las
subreglas fijadas en la sentencia SU-215 de 2022 de la Corte Constitucional no se
acreditaron y tampoco expuso las razones concretas por las cuales a su juicio no se
cumplieron. Ello impide que se estructuren de manera específica argumentos en su
escrito de impugnación para que se tenga por satisfecho el presupuesto de
relevancia constitucional que se considera incumplido.

24.
En todo caso, anotó que cumplió con todos los criterios o subreglas señaladas por
la Corte Constitucional sobre el mencionado presupuesto general de procedibilidad.
Indicó que no se cuestiona la decisión judicial por una interpretación o alcance que
se le haya dado a un precepto legal ni que se resuelva un asunto puramente
económico, en razón a que, pese a que subyace la controversia de obtener una
indemnización por parte del Estado, el litigio gira en torno al derecho a la igualdad
de los asociados frente a las cargas públicas en razón a la ejecución de una obra
pública que beneficia a toda la comunidad.

25.
También sostuvo que se pretende la aplicación de la cláusula de responsabilidad
del Estado prevista en el artículo 90 de la Constitución Política, un asunto que es de
interés general y de relevancia constitucional. Seguidamente, precisó el alcance de
sus reproches y cómo fundamentó los defectos alegados.

II. CONSIDERACIONES

E. Competencia

6

Radicación: 11001-03-15-000-2025-05634-01
Accionante: Delber Barbosa Arias
Accionado: Tribunal Administrativo de Santander

26.
La Sala es competente para conocer de la impugnación presentada y examinar
su contenido en contraste con el acervo probatorio y el fallo proferido en primera
instancia, según lo establecido en el artículo 32 del Decreto Ley 2591 de 19916.

F. Análisis del caso concreto

27.
La Sala no encuentra que la argumentación desplegada por la parte actora sea
suficiente para tener por satisfecho el presupuesto de relevancia constitucional,
motivo por el cual se confirmará la sentencia impugnada.

28.
Para que se habilite el examen de validez de la decisión judicial censurada, se
debe acreditar la afectación constitucional que se alega, situación que no se
configura en este asunto. Los reproches de la parte actora evidencian una
inconformidad con la manera como se zanjó el litigio en la providencia objeto de
censura. Como lo anotó el a quo, se pretende emplear esta acción como una
instancia adicional del proceso de reparación directa.

29.
Aunque la parte actora invocó las causales específicas de procedibilidad de la
tutela contra providencia judicial de defectos fáctico y procedimental por exceso ritual
manifiesto, desconocimiento del precedente y violación directa de la Constitución,
los argumentos están dirigidos a que se acoja la tesis que pregona sobre la manera
de solucionar la controversia de reparación directa suscitada contra el municipio de
Bucaramanga, frente a la acreditación de que el daño sufrido por el establecimiento
de comercio de su propiedad fue causado por la ejecución de la obra pública. Ello,
por resultarle contrario a sus intereses el modo en que zanjó el litigio la autoridad
judicial accionada.

30.
La parte actora advirtió que la autoridad judicial accionada incurrió en defecto
fáctico, al no tener por acreditado el bloqueo de acceso vehicular y peatonal ni la
afectación económica padecida, pese a que obraban en el plenario elementos de
convicción de demostraban esos supuestos fácticos.

31.
Indicó que existen documentos, como el Plan de Manejo de Tráfico General, las
fotografías del establecimiento de comercio y sus alrededores, los Planos de
Señalización PMT y unas imágenes satelitales tomadas de la aplicación Google
Maps, que acreditaban tanto la ubicación del inmueble como el bloqueo total de
acceso vehicular y peatonal a este. Asimismo, que de los estados financieros de los
años 2013 a 2016 y de las declaraciones de renta de 2014 a 2016 se podía inferir
que la afectación económica padecida por el establecimiento de comercio de su
propiedad tuvo su origen en la disminución de las ventas.

32.
La Sala advierte que el Tribunal accionado no desconoció la ubicación del
inmueble, tanto así que, de hecho, por esa razón se desvirtuó lo señalado en primera
instancia, según lo cual el establecimiento de comercio no estaba ubicado en la zona

6 “por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política”.

7

Radicación: 11001-03-15-000-2025-05634-01
Accionante: Delber Barbosa Arias
Accionado: Tribunal Administrativo de Santander

de influencia de la ejecución de la obra para la época en que inició. Diferente es que,
como también lo precisó el juez de primera instancia, no se haya acreditado que las
presuntas pérdidas económicas padecidas hayan sido por causa de la obra y que se
pueda deducir que sufrió una pérdida económica grave, anormal e injustificable.

33.
Para arribar a tal conclusión, la autoridad judicial no desconoció que para el
desarrollo de las obras se efectuaron distintos cierres viales, pues indicó que estos
fueron ordenados mediante Resoluciones 685 de 4 de diciembre de 2014 y 82 de 25
de febrero de 2016 expedidas por la Dirección de Tránsito de Bucaramanga, por las
cuales se aprobó el Plan de Manejo de Tráfico General. No obstante, de dicha
situación no podía establecer la anormalidad de la carga supuestamente padecida
por el establecimiento de comercio denominado Audiollantas, ya que no se acreditó
la restricción total o absoluta de acceso, ni se puso de manifiesto una
excepcionalidad en la carga de soportar la intervención de las vías públicas para el
beneficio de la comunidad.

34.
Frente a ello aclaró que no desconocía “que, en efecto, pudo existir una alteración
en la vía de ingreso directo al negocio del señor Barbosa Arias como consecuencia
de los cierres viales y, adicionalmente, que es posible la causación de
incomodidades por la construcción de las obras; pero en cualquier caso, esas
circunstancias no pueden considerarse como afectaciones graves y anormales,
comoquiera que se trata de los inconvenientes inmanentes de los trabajos públicos
de construcción de las vías, mas no de una imposibilidad absoluta en el ejercicio de
actos de comercio”.

35.
En ese sentido, concluyó que a pesar “de las molestias que se hubieran podido
causar con los desvíos o cierres viales, lo cierto es que el establecimiento comercial
AUDIOLLANTAS siempre tuvo ingreso permanente y pudo continuar su actividad
comercial durante el desarrollo de los trabajos públicos, lo cual se desprende
precisamente de una presunta disminución en las ventas, conforme se alegó en la
demanda y no en el obstáculo insalvable de continuar con ellas”. Para soportar lo
anterior, también afirmó que no se acreditó que el demandante hubiere puesto en
conocimiento del contratista o del ente territorial demandado alguna dificultad
concreta relativa a bloqueos o restricciones desproporcionadas o condiciones que
causaran graves incomodidades intolerables que no hubiesen sido atendidas en
relación con su establecimiento, o que la obra se hubiera desarrollado sin un plan de
manejo de tráfico que no regulara los accesos al local comercial.

36.
Por lo expuesto, para la Sala, contrario a lo afirmado por la parte actora, no existía
una prueba irrefutable sobre un bloqueo total en el acceso al establecimiento de
comercio de su propiedad, sino algunos cierres viales y alteraciones en las vías,
como, en efecto, lo tuvo en cuenta la autoridad judicial accionada. Circunstancias
que para el juez natural de la causa no reflejaban un exceso en la carga pública por
la ejecución de una obra, conclusión que no comporta arbitrariedad alguna, por el
contrario, tiene su respaldo en el material probatorio que reposaba en el expediente.

8

Radicación: 11001-03-15-000-2025-05634-01
Accionante: Delber Barbosa Arias
Accionado: Tribunal Administrativo de Santander

37.
En cuanto a la afectación económica que se pretendía demostrar con los
documentos financieros a que se hizo alusión en párrafos precedentes, el Tribunal
accionado señaló que en los estados financieros aportados, que se presumían
auténticos, solo se detallaron cifras referentes a la situación económica del tutelante,
pero no reposaba información sobre las causas que propiciaron la supuesta
fluctuación negativa de las ventas y las pérdidas generadas en los años 2015 y 2016,
en comparación con el año 2014.

38.
Es decir, para el juez natural del asunto los estados financieros adosados carecían
de la potencialidad de demostrar que la afectación económica que allí se
representaba tuviera su origen a una causa relacionada con la obra pública. En igual
sentido, la autoridad judicial determinó que, respecto de las declaraciones de renta
de los años 2014 a 2016, de estas no se establecía una disminución concreta de las
ventas. Dichas conclusiones no evidencian asomo alguno de arbitrariedad, pues, en
efecto, aquellos documentos no contenían la mencionada información.

39.
Ahora bien, la parte accionante invoca defecto procedimental absoluto por exceso
ritual manifiesto, fundamentado en el hecho de que se exigieron unos requisitos no
previstos en la ley para darle plena validez y mérito probatorio a los aludidos
documentos financieros.

40.
Sobre el particular, la Sala advierte que ello no corresponde a la realidad, en razón
a que no fueron excluidos de la valoración probatoria efectuada, distinto es que no
se les otorgó el alcance probatorio que la parte actora pretende que se imponga en
este asunto constitucional, finalidad para la cual no fue consagrada la acción de
tutela. La autoridad judicial determinó que aunque de aquellos elementos se
observaba una afectación económica derivada de la disminución en las ventas, no
eran consistentes en acreditar que ello se debió a la ejecución de la aludida obra
pública.

41.
Para acreditar la presunta omisión o indebida valoración probatoria alegada, no
basta con exponer inconformidad con las conclusiones a las que arribó el juez natural
de la causa o que no se consideraron algunas particularidades que demostraban las
pruebas allegadas. Para tal efecto, es indispensable acreditar en ese escenario la
configuración de algún tipo de arbitrariedad, la inobservancia de los postulados de la
sana crítica o que las situaciones que no se tuvieron en cuenta tenían la
potencialidad de influir de manera directa en el sentido de la decisión a adoptar sobre
el litigio, lo cual no se comprobó en este asunto constitucional. Ello, por cuanto al
juez de tutela le está vedado arrogarse la competencia de efectuar un ejercicio
valorativo sobre los elementos de convicción o imponer un grado de certeza sobre
los mismos, como si se tratara de una instancia adicional al proceso ordinario.

42. Con base en lo anterior, se tiene que no se ajusta a la realidad la afirmación de

que la autoridad judicial le haya restado mérito o haya omitido analizar los elementos
de convicción que demostraban las alteraciones viales ocasionadas por la ejecución
9

Radicación: 11001-03-15-000-2025-05634-01
Accionante: Delber Barbosa Arias
Accionado: Tribunal Administrativo de Santander

de la obra pública del intercambiador vial Mesón de los Búcaros y obras
complementarias y la afectación económica sufrida por el establecimiento de
comercio de propiedad del tutelante. Distinto es que carecieran de la potencialidad
para acreditar que dicho detrimento económico se originó por la ejecución de la
aludida obra pública.

43. Por consiguiente, para esta Sala el hecho de que no se hayan valorado los medios

de convicción como lo pregona la parte actora ni se les diera el alcance para
demostrar el daño especial alegado en la demanda ordinaria, lejos de comportar
defecto fáctico, materializa la autonomía judicial de la que están revestidas las
autoridades judiciales para decidir las controversias puestas en su conocimiento.

44.
En tal sentido, la inconformidad sobre la valoración y omisión probatoria denota
un desacuerdo con lo concluido en ese aspecto, por ende, no es aceptable que el
tutelante pretenda que se le imponga al juez natural el grado de certeza que, a su
juicio, se les debió otorgar a los medios de convicción obrantes en el plenario.
Acceder a lo pretendido implicaría invadir la órbita de competencia del juez natural,
como si este escenario constitucional hubiera sido instituido como una tercera
instancia, en el que se valore de nuevo el material probatorio recaudado para arribar

45.
En cuanto al desconocimiento del precedente, se evidencia que, además de que
carece de la suficiente carga argumentativa para que el reproche trascienda a un
plano constitucional, no tiene la potencialidad de modificar la decisión acusada.
Frente a que no era dable aplicar la sentencia de 31 de julio de 2024 del Consejo de
Estado7 a su caso, se tiene que la razón de invocar tal providencia por parte de la
autoridad judicial accionada consistió en que allí se estableció que no era dable
conceder indemnización alguna cuando no se demostrara que el establecimiento de
comercio respecto del cual se alegaba el daño fue objeto de bloqueo o restricción
total para su acceso, lo cual determinó el juez natural había ocurrido en ese caso.
Por tanto, el motivo por el cual el accionante considera que el mencionado fallo no
se aviene a su caso, parte del supuesto de que acreditó el aludido bloqueo o
restricción, sin tener en cuenta que, precisamente, su falta de acreditación para la
autoridad judicial fue lo que la conllevó a referirse a dicha decisión judicial.

46.
De la misma manera, en la inconformidad de que se inobservó la sentencia C-076
de 2021 de la Corte Constitucional, frente a las reglas hermenéuticas allí
establecidas relativas a las presunciones, se omitió explicar en qué consistió dicha
desatención, máxime cuando no se evidencia que se le haya negado el atributo de
la presunción de autenticidad a los documentos financieros a los que alude el actor.
Diferente es que el juez natural de la causa haya considerado que estos carecían de
la potencialidad de demostrar el daño especial alegado.

7 Sección Tercera, Subsección A. C. P. José Roberto Sáchica Méndez, expediente 68001-23-33-000-2018-
00353-02 (69.823).
10

Radicación: 11001-03-15-000-2025-05634-01
Accionante: Delber Barbosa Arias
Accionado: Tribunal Administrativo de Santander

47.
Con base en lo expuesto, tampoco se evidencia la violación directa de la
Constitución alegada, en la medida en que la decisión judicial acusada no evidencia
algún tipo de arbitrariedad o capricho de la autoridad judicial al adoptarla, por lo tanto,
aunque no resulte favorable a los intereses del tutelante, ello no implica por sí solo
la afectación constitucional que reclama, cuanto más si se soportó desde el punto de
vista probatorio la razón por la que se tuvo por no acreditado el daño especial
invocado en la demanda de reparación directa.

48.
Para la Sala las conclusiones a las que arribó el Tribunal accionado no denotan
arbitrariedad alguna ni comportan transgresión a preceptos superiores, por el
contrario, contaron con la debida sustentación y respaldo probatorio, en razón a que
explicó por qué no tenía por demostrado el daño especial alegado. Es decir, no
impactan de manera negativa los derechos fundamentales del tutelante, en razón a
que corresponden a apreciaciones de una autoridad judicial que no vislumbran algún
tipo de arbitrariedad o capricho, sino que materializan el principio de autonomía
judicial. Por lo que no es dable que en sede de tutela se le imponga a la autoridad
accionada criterio jurídico alguno.

49.
En ese orden de ideas, se confirmará la sentencia impugnada, que declaró
improcedente el trámite constitucional, al no superarse el requisito de relevancia
constitucional.

50.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando justicia en nombre de
la República y por autoridad de la ley,

III. RESUELVE

PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia de 9 de octubre de 2025, proferida por la
Sección Quinta de esta Corporación, que declaró improcedente la acción de tutela,
por las consideraciones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: NOTIFICAR la presente decisión a los interesados, por el medio más
expedito.

TERCERO: Por Secretaría General, ENVIAR a la Corte Constitucional el expediente
para su eventual revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE8
FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ

8 VF

11

Radicación: 11001-03-15-000-2025-05634-01
Accionante: Delber Barbosa Arias
Accionado: Tribunal Administrativo de Santander

Nota: se deja constancia de que esta providencia fue aprobada por la Sala en la fecha de su
encabezado y que se suscribe en forma electrónica mediante el aplicativo SAMAI del Consejo de
Estado, de manera que el certificado digital que arroja el sistema permite validar su integridad y
autenticidad en el enlace https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8081/Vistas/documentos/evalidador.
Igualmente puede acceder al aplicativo de validación escaneando con su teléfono celular el código QR
que aparece a la derecha. Se recuerda que, con la finalidad de tener acceso al expediente, los
abogados tienen la responsabilidad de registrarse en el sistema Samai.

12

Sigue leyendo

Lee la providencia completa en RuleX

RuleX es la IA para el trabajo legal: inteligencia artificial y software jurídico, todo en una sola plataforma. Crea tu cuenta y RuleX abre esta providencia completa, te explica sus reglas y la lleva a tu escrito con la cita puesta. Siete días de prueba sin tarjeta.