RuleX

Jurisprudencia › Consejo de Estado › Radicado 11001-03-15-000-2025-05639-00

Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-05639-00

Fecha
2 de octubre de 2025
Consejero ponente
Luis Alberto Álvarez Parra

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-05639-00

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

FALLA: PRIMERO: DECLARAR la carencia actual de objeto por hecho superado de la acción de tutela promovida por el señor Maicol Esteban Bejarano Muñoz, por las razones expuestas ut supra. SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes y a los intervinientes en la forma prevista en el artículo 30 del Decreto No. 2591 de 1991. TERCERO: Si no fuese impugnada dentro de los 3 días siguientes a su notificación, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2025-05639-00

Consejero ponente: Luis Alberto Álvarez Parra

2 de octubre de 2025

Demandante: Maicol Esteban Bejarano Muñoz
Demandado: Consejo Superior de la Judicatura
Radicado: 11001-03-15-000-2025-05639-00

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA

MAGISTRADO PONENTE: LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA

Dos [2] de octubre de dos mil veinticinco [2025]

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicado: 11001-03-15-000-2025-05639-00
Demandante: MAICOL ESTEBAN BEJARANO MUÑOZ
Demandado: CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA – UNIDAD DE
REGISTRO NACIONAL DE ABOGADOS Y AUXILIARES
DE JUSTICIA

Temas: Tutela de fondo. Petición. Solicitud de licencia temporal de
abogado. Carencia actual del objeto por hecho superado.

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

OBJETO DE LA DECISIÓN

La Sala decide el presente mecanismo constitucional de conformidad con los
Decretos 2591 de 1991, 1069 de 2015, 1983 de 2017 y 333 de 2021, y el
Acuerdo 080 de 2019, de la Sala Plena de esta corporación.

1. ANTECEDENTES

1.1. La solicitud de amparo

El señor Maicol Esteban Bejarano Muñoz, en nombre propio, presentó acción
de tutela con el fin de que se le proteja su derecho fundamental de petición.

La mencionada garantía constitucional la consideró vulnerada por el Consejo
Superior de la Judicatura – Unidad de Registro Nacional de Abogados y
Auxiliares de Justicia, con ocasión a que, a la fecha de radicación de la presente
acción constitucional, la entidad no le dio respuesta a la petición elevada el 13
de agosto de 2025, mediante la cual solicitó la licencia temporal de abogado.

1.2. Pretensiones

Lo requerido en la demanda de tutela es lo siguiente:
1

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Demandante: Maicol Esteban Bejarano Muñoz
Demandado: Consejo Superior de la Judicatura
Radicado: 11001-03-15-000-2025-05639-00

Señor Juez muy respetuosamente le solicito que, en uso de su potestad e
investidura, imparta justicia en el sentido de ordenar a el Consejo Superior
De La Judicatura se sirva contestar la petición elevada de forma satisfactoria
y de fondo, dado que cumplo con todos los requisitos de ley, con el fin de
cese la vulneración a los derechos relacionados anteriormente.1

1.3. Hechos

De la solicitud de tutela, se establecen los siguientes supuestos que, a juicio
de la Sala, son relevantes para la decisión que se adoptará en este fallo:

El 13 de agosto de 2025 el señor Maicol Esteban Bejarano Muñoz presentó una
petición al Consejo Superior de la Judicatura – Unidad de Registro Nacional de
Abogados y Auxiliares de Justicia, mediante la cual solicitó la expedición de la
licencia temporal de abogado.

Después de más de quince días de radicada la petición, el Consejo Superior de
la Judicatura no realizó alguna pronunciación respecto de la súplica realizada
por el accionante.

1.4. Fundamentos de la solicitud

En el sub examine la parte actora expuso que se le vulneró su derecho
fundamental de petición debido a que presentó una solicitud ante el Consejo
Superior de la Judicatura en la que pidió la expedición de la licencia temporal
como abogado. Sin embargo, manifestó que no obtuvo respuesta alguna por
parte de la Unidad de Registro Nacional de Abogados y Auxiliares de Justicia.

1.5. Trámite de la acción

Mediante auto de 15 de septiembre de 2025 el Despacho sustanciador admitió
la acción de tutela y ordenó notificar a la parte actora y al Consejo Superior de
la Judicatura – Unidad de Registro Nacional de Abogados y Auxiliares de
Justicia, como parte demandada.

1.6. Intervención

Remitida la respectiva comunicación, se presentó el siguiente informe:

1.6.1. Consejo Superior de la Judicatura – Unidad de Registro Nacional de
Abogados y Auxiliares de Justicia
1 Transcripción literal del texto original incluyendo posibles errores.

2

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Demandante: Maicol Esteban Bejarano Muñoz
Demandado: Consejo Superior de la Judicatura
Radicado: 11001-03-15-000-2025-05639-00

El director de la Unidad del Registro Nacional de Abogados y Auxiliares de
Justicia solicitó declarar la carencia actual del objeto por hecho superado. Esto,
debido a que mediante acta de registro No. 62464 de 19 de septiembre de 2025,
se expidió la licencia temporal No. 43616 y se registró en el Sistema de
Información del Registro Nacional de Abogados – SIRNA.

A su vez, señaló que el accionante puede descargar directamente el certificado
de vigencia a través de la página web del SIRNA y resaltó que «lo anterior fue
comunicado al interesado mediante correo electrónico remitido el 19 de
septiembre, en el que, además, se le informó que el respectivo plástico físico
sería enviado a la dirección registrada en el aplicativo».

2. CONSIDERACIONES DE LA SALA

2.1. Competencia

Esta Sala es competente para conocer en primera instancia de la acción de
tutela presentada por el señor Maicol Esteban Bejarano Muñoz contra el
Consejo Superior de la Judicatura de conformidad con el Decreto 2591 de 1991,
el Decreto 1069 de 2015, modificado por el Decreto 333 de 2021 y el Acuerdo
080 de 2019 de la Sala Plena de esta corporación.

2.2. Problema jurídico

En el asunto bajo estudio corresponde establecer si el Consejo Superior de la
Judicatura – Unidad de Registro Nacional de Abogados y Auxiliares de Justicia
vulneró el derecho fundamental de petición del señor Maicol Esteban Bejarano
Muñoz, por cuanto, a la fecha de radicación de esta tutela, la autoridad
accionada no había dado respuesta a la solicitud relacionada con la expedición
de la licencia temporal de abogado, presentada el 13 de agosto de 2025-

Para resolver este problema, se analizarán los siguientes aspectos: (i) la
naturaleza de la acción de tutela, (ii) del derecho de petición y (iii) el análisis del
caso en concreto.

2.3. Naturaleza de la acción de tutela

Según el artículo 86 de la Constitución Política, toda persona puede ejercer la
acción de tutela para reclamar ante los jueces la protección inmediata de sus
derechos fundamentales, siempre que sean violados o amenazados por la

3

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Demandante: Maicol Esteban Bejarano Muñoz
Demandado: Consejo Superior de la Judicatura
Radicado: 11001-03-15-000-2025-05639-00

acción u omisión de las autoridades públicas o de los particulares en los
precisos casos en que indica el Decreto 2591 de 1991.

La jurisprudencia constitucional de manera enfática y uniforme ha señalado que
la acción de amparo fue instituida como un instrumento de defensa judicial de
los derechos fundamentales, dotada de un carácter subsidiario y residual. Lo
anterior implica que su ejercicio solo es procedente de manera supletiva, es
decir, cuando no sea posible acudir a otro medio de defensa, salvo que se
promueva para precaver la ocurrencia de un perjuicio irremediable2.

2.4. Del derecho de petición

La Constitución Política de 1991 consagró en su artículo 23 el derecho
fundamental de petición, en virtud del cual, toda persona tiene la posibilidad de
«presentar peticiones respetuosas a las autoridades por motivos de interés
general o particular y a obtener pronta resolución». El mismo artículo superior
precisa que el legislador podrá reglamentar su ejercicio ante organizaciones
privadas para garantizar los derechos fundamentales.

La Corte Constitucional al resolver asuntos en sede de tutela, ha establecido
algunos parámetros acerca del núcleo esencial y contenido de este derecho:
«El núcleo esencial del derecho de petición reside en la resolución pronta y
oportuna de la cuestión, pues de nada serviría la posibilidad de dirigirse a la
autoridad si ésta no resuelve o se reserva para sí el sentido de lo decidido».

Asimismo, se han establecido ciertos requisitos en cuanto a la respuesta a la
petición, respecto a la oportunidad, se acude por regla general a lo previsto en
el artículo 14 de la Ley 1755 de 20153, que señala 15 días para resolver la

2
Ver, entre otras, las sentencias de la corte constitucional SU-037 de 2009 y T-764 de 2010.
3
Los términos para resolver las peticiones están establecidos en el artículo 14 de la Ley 1755
de 2015, que señala:

«ARTÍCULO 14. Términos para resolver las distintas modalidades de peticiones. Salvo norma
legal especial y so pena de sanción disciplinaria, toda petición deberá resolverse dentro de los
quince (15) días siguientes a su recepción. Estará sometida a término especial la resolución de
las siguientes peticiones:

1. Las peticiones de documentos y de información deberán resolverse dentro de los diez (10)
días siguientes a su recepción. Si en ese lapso no se ha dado respuesta al peticionario, se
entenderá, para todos los efectos legales, que la respectiva solicitud ha sido aceptada y, por
consiguiente, la administración ya no podrá negar la entrega de dichos documentos al
peticionario, y como consecuencia las copias se entregarán dentro de los tres (3) días
siguientes.

4

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Demandante: Maicol Esteban Bejarano Muñoz
Demandado: Consejo Superior de la Judicatura
Radicado: 11001-03-15-000-2025-05639-00

misma, de no ser posible, antes de que se cumpla con el término allí dispuesto
y ante la imposibilidad de dar una respuesta en dicho lapso, la autoridad o el
particular deberá explicar los motivos y señalar el término en el cual se realizará
la contestación. Para este efecto, el criterio de razonabilidad del término será
determinante, puesto que deberá tenerse en cuenta el grado de dificultad o la
complejidad de la solicitud.

Además, la petición debe resolverse de fondo, de manera clara, precisa y
congruente con lo solicitado. Ello significa que:

[…] la respuesta al derecho de petición debe versar sobre aquello preguntado
por la persona y no sobre un tema semejante o relativo al asunto principal de la
petición. Quiere decir, que la solución entregada al peticionario debe
encontrarse libre de evasivas o premisas ininteligibles que desorienten el
propósito esencial de la solicitud, sin que ello implique la aceptación de lo
solicitado.

Desde luego, este deber de contestar de manera clara y coherente, no impide
que la autoridad suministre información adicional relacionada con los intereses
del peticionario, pues eventualmente ésta puede significar una aclaración plena
de la respuesta dada.4

Así las cosas, se tiene que la respuesta debe ser puesta en conocimiento del
peticionario, lo que se traduce en el deber de la entidad de agotar «los medios
disponibles para informar al particular de su respuesta y lograr constancia de
ello […] la notificación […] debe ser efectiva, es decir, real y verdadera, y que
cumpla el propósito de que la respuesta de la entidad sea conocida a plenitud
por el solicitante».

En relación con el contenido y alcance del derecho fundamental de petición la
Corte Constitucional ha explicado que:

[…] i) es un derecho fundamental determinante para la efectividad de los
mecanismos de la democracia participativa. En este sentido ha precisado que
mediante él se garantizan otros derechos constitucionales, como los derechos

2. Las peticiones mediante las cuales se eleva una consulta a las autoridades en relación con
las materias a su cargo deberán resolverse dentro de los treinta (30) días siguientes a su
recepción.

PARÁGRAFO. Cuando excepcionalmente no fuere posible resolver la petición en los plazos
aquí señalados, la autoridad debe informar esta circunstancia al interesado, antes del
vencimiento del término señalado en la ley expresando los motivos de la demora y señalando
a la vez el plazo razonable en que se resolverá o dará respuesta, que no podrá exceder del
doble del inicialmente previsto».
4
Sentencia T-149/13, M.P. Luis Guillermo Guerrero Pérez.
5

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Demandante: Maicol Esteban Bejarano Muñoz
Demandado: Consejo Superior de la Judicatura
Radicado: 11001-03-15-000-2025-05639-00

a la información, a la participación política y a la libertad de expresión5; ii) su
contenido esencial comprende los siguientes elementos: a) la posibilidad cierta
y efectiva de elevar, en términos respetuosos, solicitudes ante las autoridades,
sin que éstas se nieguen a recibirlas o se abstengan de tramitarlas; b) la
respuesta oportuna, es decir, dentro de los términos establecidos en el
ordenamiento jurídico; c) la respuesta de fondo o contestación material, lo que
supone que la autoridad entre en la materia propia de la solicitud, sobre la base
de su competencia, refiriéndose de manera completa a todos los asuntos
planteados (plena correspondencia entre la petición y la respuesta), excluyendo
fórmulas evasivas o elusivas; y d) la pronta comunicación de lo decidido al
peticionario, con independencia de que su sentido sea positivo o negativo6.

Así pues, la respuesta requiere cumplir unos lineamientos básicos en orden a
la satisfacción material de los requerimientos invocados en la solicitud y,
además incluye la obligación de ponerla en conocimiento del peticionario,
condición fundamental para entender satisfecho el derecho que se invoca.

Finalmente, sobre el punto debe precisarse que la jurisprudencia constitucional
ha sido enfática en señalar que deben diferenciarse el derecho de petición y el
derecho a lo pedido, por lo que el primero se ejerce y agota en la solicitud y la
respuesta, cuestión distinta a si se decide sobre el reconocimiento o no del
derecho subjetivo.

2.5. Caso concreto

El señor Maicol Esteban Bejarano Muñoz, presentó tutela con el fin de que se
le proteja su derecho fundamental de petición, ello con fundamento en que,
aparentemente a la fecha de radicación de esta acción constitucional, la
autoridad competente no le había dado respuesta a la solicitud del 13 de agosto
de 2025

En la petición, la parte actora manifestó haber adelantado el trámite de la
licencia temporal de abogado, aportando la documentación exigida por la
normativa vigente, y solicitó la expedición de la correspondiente certificación.

Ahora bien, en su intervención, el Consejo Superior de la Judicatura - Unidad
de Registro de Nacional de Abogados y Auxiliares de Justicia allegó a este
trámite tutelar, la copia del mensaje que dicha dependencia le remitió a la parte
actora al correo electrónico bejaranomunozmaicolesteban@gmail.com el 19 de
septiembre de 2025, como se puede observar a continuación:

5 Sentencia T-377 de 2000, M.P. Alejandro Martínez Caballero. En el mismo sentido ver la

sentencia T-796/01 M.P. Jaime Araujo Rentería.
6 Sentencia T-94/99 M.P. José Gregorio Hernández Galindo.

6

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Demandante: Maicol Esteban Bejarano Muñoz
Demandado: Consejo Superior de la Judicatura
Radicado: 11001-03-15-000-2025-05639-00

En la comunicación referida, la entidad le informó al señor Maicol Esteban
Bejarano Muñoz que, mediante acta de registro No. 62464 de 19 de septiembre
de 2025, se expidió a su nombre la licencia temporal No. 43616, la cual fue
incorporada en el Sistema de Información de Registro Nacional de Abogados –
SIRNA.

En consecuencia, se le precisó que contaba con dicha licencia en vigor y por lo
tanto podía obtener el respectivo certificado de validez directamente a través
de la página web del sistema.

Precisado lo anterior, la Sala advierte que el Consejo Superior de la Judicatura
– Unidad de Registro Nacional de Abogados y Auxiliares de Justicia en el
transcurso de este mecanismo constitucional cumplió con el deber de
garantizar el derecho de petición al extremo procesal activo, al otorgar una
7

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Demandante: Maicol Esteban Bejarano Muñoz
Demandado: Consejo Superior de la Judicatura
Radicado: 11001-03-15-000-2025-05639-00

respuesta de fondo y coherente a su solicitud, razón por la cual se declarará la
carencia actual del objeto por hecho superado frente a su inquietud elevada el
13 de agosto de 2025.

De lo anterior, esta Colegiatura destaca que en anteriores oportunidades se ha
referido a la acción de tutela y ha explicado que este mecanismo de defensa
judicial ha sido instituido como un instrumento preferente y sumario, dirigido a
la protección de derechos fundamentales que sean vulnerados o amenazados
de una manera actual e inminente.

Asimismo, se ha señalado que existen eventos en los que la amenaza o efectiva
vulneración al derecho fundamental desaparece en el transcurso de la acción
de tutela, como sucede en el caso concreto, o la vulneración del derecho
fundamental amenazado se materializa en el curso del proceso, de suerte que
el instrumento pierde efectividad, lo que hace inane la intervención del juez
constitucional tendiente a impartir órdenes para que cese la vulneración de los
derechos fundamentales.

En efecto, actualmente la Corte Constitucional ha sostenido que la terminación
del proceso de tutela por carencia actual de objeto puede proceder en tres
supuestos de hecho: (i) por hecho superado; (ii) por daño consumado; y (iii) por
una situación sobreviniente.

En ese sentido, dicha Alta Corporación, en la sentencia T-481 de 2016, que la
Sala cita como criterio auxiliar, señaló que:

La acción de tutela fue concebida como un mecanismo para la protección
efectiva de los derechos fundamentales que son objeto de una amenaza o
afectación actual. Por lo tanto, se ha sostenido en reiterada jurisprudencia que,
ante la alteración o el desaparecimiento de las circunstancias que dieron origen
a la vulneración de los derechos fundamentales objeto de estudio, la solicitud de
amparo pierde su eficacia y sustento, así como su razón de ser como mecanismo
extraordinario y expedito de protección judicial. Lo antedicho, pues, al
desaparecer el objeto jurídico sobre el que recaería la eventual decisión del juez
constitucional, cualquier determinación que se pueda tomar para salvaguardar
las garantías que se encontraban en peligro, se tornaría inocua y contradiría el
objetivo que fue especialmente previsto para esta acción.

A partir de los anteriores razonamientos, en sentencia T-494 de 1993 se
destacó sobre este respecto, que:

La tutela supone la acción protectora del Estado que tiende a proteger un
derecho fundamental ante una acción lesiva o frente a un peligro inminente que
se presente bajo la forma de amenaza. Tanto la vulneración del derecho

8

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Demandante: Maicol Esteban Bejarano Muñoz
Demandado: Consejo Superior de la Judicatura
Radicado: 11001-03-15-000-2025-05639-00

fundamental como su amenaza parten de una objetividad, es decir, de una
certeza sobre la lesión o amenaza, y ello exige que el evento sea actual, que sea
verdadero, no que haya sido o que simplemente -como en el caso sub examine-
que se hubiese presentado un peligro ya subsanado.

Es por esto, que la doctrina constitucional ha desarrollado el concepto de la
“carencia actual de objeto” para identificar este tipo de eventos y, así, denotar la
imposibilidad material en la que se encuentra el juez de la causa para dictar
alguna orden que permita salvaguardar los intereses jurídicos que le han sido
encomendados. Sobre el particular, se tiene que éste se constituye en el género
que comprende el fenómeno previamente descrito, y que puede materializarse a
través de las siguientes figuras: (i) “hecho superado”, (ii) “daño consumado” o
(iii) de aquella que se ha empezado a desarrollar por la jurisprudencia
denominada como el acaecimiento de una “situación sobreviniente”.

Con base en el anterior marco referencial, el Máximo Tribunal Constitucional
ha sostenido que:

[…] (i) El hecho superado obedece a lo regulado en el artículo 26 del Decreto Ley
2591 de 1991, atinente a la cesación de la actuación impugnada, la cual se
materializa cuando en el trámite de una acción de tutela se demuestra que la
autoridad demandada ha realizado las acciones necesarias para eliminar la
vulneración de los derechos fundamentales […].

En ese orden, el Consejo Superior de la Judicatura, Unidad de Registro
Nacional de Abogados y Auxiliares de Justicia resolvió y notificó la petición
realizada por el accionante, de manera que, se declarará la carencia actual de
objeto por hecho superado.

Lo anterior, con ocasión a que durante el trámite de esta acción constitucional
desapareció la circunstancia que podía originar algún quebrantamiento del
derecho fundamental de petición del tutelante, de ahí que cualquier orden que
imparta esta Sala resultaría inane debido a que la presunta vulneración, cesó
con la actuación de la autoridad enjuiciada.

3. DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la ley,

9

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Demandante: Maicol Esteban Bejarano Muñoz
Demandado: Consejo Superior de la Judicatura
Radicado: 11001-03-15-000-2025-05639-00

FALLA:

PRIMERO: DECLARAR la carencia actual de objeto por hecho superado de la
acción de tutela promovida por el señor Maicol Esteban Bejarano Muñoz, por
las razones expuestas ut supra.

SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes y a los intervinientes en la forma prevista
en el artículo 30 del Decreto No. 2591 de 1991.

TERCERO: Si no fuese impugnada dentro de los 3 días siguientes a su
notificación, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual
revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

GLORA MARÍA GÓMEZ MONTOYA
Presidente

LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado

OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ
Magistrado

PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Magistrado

Esta decisión fue generada con firma electrónica, la cual tiene plena validez y efectos
jurídicos, conforme a lo dispuesto en la Ley 527 de 1999 y el Decreto 2364 de 2012.

10

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Sigue leyendo

Lee la providencia completa en RuleX

RuleX es la IA para el trabajo legal: inteligencia artificial y software jurídico, todo en una sola plataforma. Crea tu cuenta y RuleX abre esta providencia completa, te explica sus reglas y la lleva a tu escrito con la cita puesta. Siete días de prueba sin tarjeta.